1º. DE MAYO
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo - MODEP
¡LA BATALLA POR LA REELECCION ES LA TAREA DE LOS FASCISTAS NEOLIBERALES,
LA LUCHA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y POR LA DEMOCRACIA ES LA TAREA DEL PUEBLO!.
En los próximos años, la situación social, política y económica del pueblo y la nación colombiana estará condicionada por la lucha entre las clases dominantes por definir qué facción conduce y se sigue lucrando de los beneficios del modelo económico, militar y político, bajo el dominio del imperialismo norteamericano; y de otra parte, la lucha entre las clases dominantes y el imperialismo contra el pueblo y sus expresiones democráticas y revolucionarias, que trabajan porque otra Colombia sea posible.
Las clases dominantes, enfrentadas en torno a la reelección de Uribe, le apuestan a la continuidad del modelo económico y político, siendo la facción fascista la que muestra mayores posibilidades de darle continuidad a su proyecto. La reelección es la garantía que se requiere para mantener el sistema de privilegios y beneficios que el tipo de orden político y económico, impuesto a sangre y fuego en las dos últimas décadas, le ha dado a un puñado de magnates y multimillonarios, este es el modelo de las 5 M: Monopolios imperialistas y criollos, Megaproyectos, Monocultivos de exportación, gobierno Mafioso y Militarización de la vida social 1. Para asegurar la reelección se ha puesto en marcha un conjunto de mecanismos de tipo jurídico, político, militar, económico e ideológico, en función de amarrar la red de lealtades al proyecto.
El apoyo que ha tenido en el Senado el proyecto reeleccionista, ha sido resultado de la maquinaria de corrupción uribista, que a pesar de los escándalos y fraudes y la evidencia de delitos como el cohecho, la presencia de dineros del narcotráfico y las pirámides, aseguró el piso jurídico del continuismo fascista.
Simultáneamente, las clases dominantes han venido generando estrategias de “opinión pública” para asegurarse el respaldo de amplias franjas de la población. En ciudades como Bogotá y en otras ciudades con administraciones no uribistas, las clases dominantes se esmeran en mostrar la ingobernabilidad e inseguridad, para que la gente rechace cualquier posibilidad de respaldar gobiernos locales distintos y apoye el cambio por un tipo de administración neoliberal.
En ese sentido, debe entenderse la generalización y sistematicidad de las amenazas de “limpieza social” contra los jóvenes de sectores populares. Se trata de un plan de miedo y aceptación de que el fascismo es la solución, que así se logra el orden, ante la incapacidad de algunas administraciones de enfrentar las poblaciones “peligrosas”, contra quienes se aplica un plan de varias fases: circulación del rumor, generalización de las amenazas, imposición de toques de queda y asesinatos selectivos. Se espera que una población asustada pero a la vez complaciente con esas políticas de criminalización y estigmatización apoye con su voto a los fascistas y sus medidas autoritarias, al tiempo que se justifica desde una moral ultra conservadora, la eliminación de los “indeseables” e “improductivos”, los desempleados, jóvenes populares, campesinos sin tierra, desplazados, y también de los revolucionarios y de las organizaciones antifascistas. En este ambiente se ha generalizado la estrategia Estatal de crímenes extrajudiciales o “falsos positivos”, que sirve a múltiples propósitos, mostrar resultados, criminalizar, buscar respaldo social al fascismo.
Así mismo, la estrategia guerrerista de golpes a la guerrilla cuya publicidad ensalza la capacidad del Ministro de Defensa, busca asegurar la reelección de Uribe o la candidatura de Santos y el proyecto de guerra reaccionaria, como la única vía para la prosperidad nacional, escondiendo los verdaderos intereses que defienden las fuerzas armadas.
El proyecto reeleccionista, se completa con las medidas que el gobierno está proponiendo para asegurar que los efectos de la crisis económica mundial, y su reflejo en Colombia los pague el pueblo y no los ricos. Así se propone, rebajar el salario, mantener e incluso aumentar impuestos como el IVA, flexibilizar aún más los sistemas de contratación, disminuir las pensiones, desmontar los parafiscales, mantener el sobrecosto de los combustibles, todo esto para que los grandes empresarios monopolistas no se vean afectados.
A nivel internacional, la estrategia reeleccionista se basa en buscar el apoyo y el respaldo de los imperialistas, Uribe Vélez busca desesperadamente que la Unión Europea y Canadá legitimen su proyecto económico firmando respectivos TLC, y sirvan de precedente para que las clases dominantes norteamericanas sigan el ejemplo. Tanto Europa, Canadá como Estados Unidos, requieren de estos mecanismos neocoloniales, y saben que Uribe está dispuesto a entregar aún más la soberanía nacional a cambio de Tratados aún más lesivos para la nación colombiana.
Otra pieza del rompecabezas reeleccionista son las muestras de servilismo y sumisión hacia la política expansionista y militarista que el nuevo presidente norteamericano, Barak Obama impulsa en América Latina. Uribe y los altos mandos militares vienen negociando el uso de bases militares en Colombia para suplir el cierre de la base de Manta, acción ordenada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, según lo ha dicho recientemente el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, esto se hace a cambio de no perder los dólares del Plan Colombia y otras ayudas en la lucha mundial del imperialismo contra las drogas y el “terrorismo”.
El proyecto reeleccionista, como apuntalamiento del modelo económico y político de las clases dominantes y el imperialismo, implica una mayor agresión contra el pueblo, por tanto es necesario enarbolar la lucha por los derechos del pueblo y por la democracia, como propuesta que aglutine a las fuerzas democráticas y progresistas.
Los derechos del pueblo y la democracia son condiciones para garantizar que las fuerzas populares podamos reconstruirnos, para organizar nuestras fuerzas y hacer frente a las agresiones, al recorte de libertades y derechos, a la criminalización y a la desbandada ante el terror y las prebendas que propagan los fascistas.
Oponernos al proyecto reeleccionista implica también rechazar la entrega del territorio colombiano para asentar bases militares imperialistas, las nuevas firmas de TLC con Canadá y Europa; el rechazo contra la criminalización y la represión contra los pobladores de los barrios populares. Debemos también luchar por la desmilitarización de barrios, campos y universidades impulsar la consigna “que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo”; por la defensa de los derechos sindicales, el empleo digno y el no recorte al gasto social en salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico.
Debemos trabajar por vincular al pueblo a la organización y movilización por la transformación de la sociedad en una de Nueva Democracia y el Socialismo, como la posibilidad de construir una Colombia diferente, una Colombia socialista.
En este primero de Mayo, día del Internacionalismo Proletario, llamamos a la movilización, solidaridad y apoyo con los gobiernos y pueblos que en América Latina y en el mundo buscan alternativas al modelo imperialista, razón por la cual son desprestigiados, perseguidos y aislados, por atreverse a proponer un mundo sin opresión imperialista.
Contra el fascismo y por la Democracia, ¡No a la reelección de Uribe Vélez!
¡Defender los derechos del pueblo y organizar la protesta popular!
Primero de Mayo de 2009
1 La militarización implica guerra contra la insurgencia y criminalización de la protesta social.
EL MODEP LO INVITA A MARCHAR CON NOSOTROS ESTE PRIMERO DE MAYO
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sábado, 2 de mayo de 2009
lunes, 27 de abril de 2009
Matrimonio por conveniencia
Nación Por qué Juan Manuel Santos puso contra la pared al Presidente y por qué Álvaro Uribe no le pidió la renuncia.
Juan Manuel Santos, a quien le fascina que lo asocien con la imagen de un jugador, esta vez se volvió trapecista. Porque lo que hizo, más que un cañazo, fue un triple salto mortal sin red. Sobre todo sabiendo que la geopolítica fronteriza está más delicada que nunca y que sus relaciones con el presidente Álvaro Uribe no están en luna de miel.
Desafiar en la misma semana a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y luego poner al Presidente contra la pared, no es cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo Santos. La explicación radica en una mezcla de un legítimo interés nacional y de un táctico oportunismo electoral.
Interés nacional, porque en su insistencia de que Colombia tiene el derecho de ir por los terroristas que atacan al país, estén donde estén, involucra conceptos tan importantes como soberanía nacional y legítima defensa. Ningún Estado serio puede permitir que a un kilómetro de sus fronteras esté instalado en forma permanente el comando central del grupo subversivo que intenta derrocarlo. Y a pesar de que el gobierno colombiano no lo dice en público, tiene la convicción y la evidencia de que la mitad de los miembros del Secretariado están refugiados al otro lado de la frontera, principalmente en Venezuela.
Pero esta realidad militar se enfrenta con la realidad política de que ningún Estado serio tampoco puede permitir que un país vecino se le meta en las fronteras cuando lo considera necesario. Y si no fuera porque existe la sospecha de que Chávez y Correa han sido tolerantes y hasta condescendientes con las Farc, se esperaría que los gobiernos de Venezuela y Ecuador persiguieran a esos guerrilleros.
Porque tanto el computador de 'Raúl Reyes', como las confesiones del ex viceministro ecuatoriano José Ignacio Chauvín, han dejado razones suficientes para desconfiar de esa actitud. Aun así, una operación militar como la que se llevó a cabo contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano tiene que ser excepcional y, en ningún caso, puede considerarse como norma general o como un derecho adquirido.
La Operación Fénix, como fue denominada, acabó siendo un gran éxito. No sólo por el golpe sicológico de haber dado de baja al número dos de las Farc sino, sobre todo, por haber encontrado el computador de 'Raúl Reyes', que acabó siendo la caja negra y el archivo de la guerrilla y donde estaban consignados, palmo a palmo, todos los tentáculos políticos, logísticos y militares de la misma.
Pero al lado de la valiosa información y del golpe moral a las Farc, se presentó el problema del rompimiento de relaciones con Ecuador, la cuasideclaratoria de guerra de Chávez y la posible gestación de pleitos contra el Estado colombiano por los extranjeros que murieron en el ataque. No hay que descartar que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aunque algunos han considerado que esto es inviable porque se necesitaría que ambos gobiernos reconocieran la competencia de ese tribunal y Colombia renunció a ello en vísperas de la demanda de Nicaragua por el diferendo sobre San Andrés.
Lo cierto es que en los últimos días varios congresistas de México visitaron Ecuador para averiguar sobre los cuatro mexicanos muertos en el operativo, con miras a entablar una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con todos estos antecedentes, pretender que la incursión de un país vecino sea una doctrina oficial o ventilar públicamente el tema como lo hizo Santos es una gran imprudencia. La real politik, como la ropa sucia, se lava en casa. Montar el espectáculo de un mano a mano con el Canciller de la República por el tono diplomático que éste le da al tema, y posteriormente alinear a los generales para que obliguen al Presidente a respaldar al Ministro de Defensa no es sólo una imprudencia sino, como lo han advertido algunos observadores, una encerrona al Jefe de Estado.
La estructura castrense es un mundo de órdenes y no de debates públicos. Y las órdenes son de arriba para abajo con el Presidente como jefe supremo. Por desacuerdos entre el estamento militar y el Jefe de Estado han sido llamados a calificar servicios generales como Álvaro Valencia Tovar, bajo Alfonso López Michelsen, y ministros de Defensa como Rodrigo Lloreda bajo Andrés Pastrana. Como se recordará, este último apoyó a los militares que consideraban que ese gobierno le estaba entregando el país a las Farc en el despeje del Caguán, y esta opinión, que resultó profética, le costó su puesto.
Algo parecido se podría interpretar con los hechos promovidos por Juan Manual Santos la semana pasada. Sin embargo, sucede que el presidente Uribe, aunque no asume actitudes desafiantes con los jefes de Estado vecinos, considera que no se le puede cerrar la puerta a la opción de perseguir a uno de los jefes de las Farc si es ubicado en el extranjero.
Esta doctrina de legítima defensa enfrenta dos conceptos de soberanía diametralmente opuestos. El que se acordó en la tensa cumbre de República Dominicana donde terminaron abrazándose Uribe, Chávez y Correa, en la cual todos los países de América Latina reiteraron de forma categórica que las fronteras son inviolables.
Y el otro concepto, enormemente impopular, pero necesario en ocasiones excepcionales, es el de guerra preventiva, doctrina practicada con estruendoso fracaso en Irak por el gobierno de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 y con amargos resultados por Israel en Líbano Esta doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, no puede ser enarbolada oficialmente como la política de Estado de Colombia, sino que tiene que ser guardada en un cajón, como último recurso y en circunstancias extremas.
Por eso el episodio de la carta del Ministro de Defensa y sus generales al presidente Uribe para convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa creó un revuelo nacional e internacional y puso en peligro la permanencia de Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa. ¿Qué lo llevó a una acción tan arriesgada? ¿Por qué el Presidente no lo destituyó?
Juan Manuel Santos, que considera reales los riesgos de demandas internacionales y el peligro de tener santuarios de subversivos en las selvas de los países, ha visto con preocupación la política de 'apaciguamiento' de la Cancillería. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, quien ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela y reactivar las de Ecuador, ve que la posición del Ministro de Defensa puede terminar por echarle leña al fuego de unas relaciones de por sí muy tensas. Para limar estos roces y "unificar criterios" se dio una reunión la semana pasada entre el Canciller, el Ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Militares.
Pero muchos consideran que al lado de la evidente preocupación de la seguridad nacional hay un interés electoral. En vísperas de su salida del Ministerio, Santos logró monopolizar las noticias de la semana al posicionarse como contradictor de dos presidentes extranjeros, y como contraparte de su jefe, Álvaro Uribe. En otras palabras, quedó nivelado por lo alto. Como contraparte, no del Canciller, sino del Presidente.
Para la opinión pública quedó como un hombre con pantalones y no hay duda de que esa percepción le va a dar un impulso importante en las encuestas que, después de muchos años, le empiezan a favorecer en intención de voto.
Este pantallazo, no obstante, tiene sus costos. Que Chávez y Correa lo llamen "amenaza" o "factor desestabilizante" para la región, hace anticipar que la proyección de su candidatura, si bien le da votos, agudiza la crisis con los países vecinos y genera un ambiente de hostilidad en el área ante la eventualidad de que llegue al poder. En algunos sectores empresariales, que viven de las exportaciones entre Venezuela y Ecuador, las apuestas machistas de Santos son vistas con bastante angustia.
Otra consecuencia de la carta de los generales es que agrieta más la relación entre Uribe y Juan Manuel. A pesar del comunicado en el cual se respalda su gestión es claro que el Presidente, a quien le gusta tener a sus subalternos juiciosos en el redil, considera a Santos un ministro indomable. Y no le podía pedir la renuncia porque eso sería entregarles a Chávez y a Correa, en bandeja, la cabeza de su Ministro de Defensa.
Las relaciones entre Uribe y Santos son en la actualidad un matrimonio por conveniencia. Comparten la misma filosofía sobre la seguridad nacional y los éxitos militares de la misma, pero se tienen desconfianza mutua no sólo por diferencias de temperamento sino por ambiciones electorales. Y como todos los matrimonios por conveniencia, la relación en la vida diaria es muy cordial. Uribe es paternal con Santos y lo regaña menos que a sus otros ministros.
A corto plazo, Santos indudablemente emergió como el ganador en ese río revuelto. Pasó de estar desautorizado y casi destituido por Uribe, a respaldado, ratificado y con una posición de liderazgo que no tenía antes. Por otra parte, se proyecta ante la opinión pública como un dirigente con autonomía y no como una ficha más del ajedrez uribista. Sin embargo, todos sus actos como Ministro son interpretados como jugadas electorales y esta es una posición insostenible. Tendría que renunciar para ser candidato a finales de mayo, es decir dentro de dos meses y medio. Pero en el ambiente político actual y con la seguridad nacional del país de por medio, eso es una eternidad.
Publicado en
www.semana.com
Juan Manuel Santos, a quien le fascina que lo asocien con la imagen de un jugador, esta vez se volvió trapecista. Porque lo que hizo, más que un cañazo, fue un triple salto mortal sin red. Sobre todo sabiendo que la geopolítica fronteriza está más delicada que nunca y que sus relaciones con el presidente Álvaro Uribe no están en luna de miel.
Desafiar en la misma semana a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y luego poner al Presidente contra la pared, no es cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo Santos. La explicación radica en una mezcla de un legítimo interés nacional y de un táctico oportunismo electoral.
Interés nacional, porque en su insistencia de que Colombia tiene el derecho de ir por los terroristas que atacan al país, estén donde estén, involucra conceptos tan importantes como soberanía nacional y legítima defensa. Ningún Estado serio puede permitir que a un kilómetro de sus fronteras esté instalado en forma permanente el comando central del grupo subversivo que intenta derrocarlo. Y a pesar de que el gobierno colombiano no lo dice en público, tiene la convicción y la evidencia de que la mitad de los miembros del Secretariado están refugiados al otro lado de la frontera, principalmente en Venezuela.
Pero esta realidad militar se enfrenta con la realidad política de que ningún Estado serio tampoco puede permitir que un país vecino se le meta en las fronteras cuando lo considera necesario. Y si no fuera porque existe la sospecha de que Chávez y Correa han sido tolerantes y hasta condescendientes con las Farc, se esperaría que los gobiernos de Venezuela y Ecuador persiguieran a esos guerrilleros.
Porque tanto el computador de 'Raúl Reyes', como las confesiones del ex viceministro ecuatoriano José Ignacio Chauvín, han dejado razones suficientes para desconfiar de esa actitud. Aun así, una operación militar como la que se llevó a cabo contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano tiene que ser excepcional y, en ningún caso, puede considerarse como norma general o como un derecho adquirido.
La Operación Fénix, como fue denominada, acabó siendo un gran éxito. No sólo por el golpe sicológico de haber dado de baja al número dos de las Farc sino, sobre todo, por haber encontrado el computador de 'Raúl Reyes', que acabó siendo la caja negra y el archivo de la guerrilla y donde estaban consignados, palmo a palmo, todos los tentáculos políticos, logísticos y militares de la misma.
Pero al lado de la valiosa información y del golpe moral a las Farc, se presentó el problema del rompimiento de relaciones con Ecuador, la cuasideclaratoria de guerra de Chávez y la posible gestación de pleitos contra el Estado colombiano por los extranjeros que murieron en el ataque. No hay que descartar que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aunque algunos han considerado que esto es inviable porque se necesitaría que ambos gobiernos reconocieran la competencia de ese tribunal y Colombia renunció a ello en vísperas de la demanda de Nicaragua por el diferendo sobre San Andrés.
Lo cierto es que en los últimos días varios congresistas de México visitaron Ecuador para averiguar sobre los cuatro mexicanos muertos en el operativo, con miras a entablar una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con todos estos antecedentes, pretender que la incursión de un país vecino sea una doctrina oficial o ventilar públicamente el tema como lo hizo Santos es una gran imprudencia. La real politik, como la ropa sucia, se lava en casa. Montar el espectáculo de un mano a mano con el Canciller de la República por el tono diplomático que éste le da al tema, y posteriormente alinear a los generales para que obliguen al Presidente a respaldar al Ministro de Defensa no es sólo una imprudencia sino, como lo han advertido algunos observadores, una encerrona al Jefe de Estado.
La estructura castrense es un mundo de órdenes y no de debates públicos. Y las órdenes son de arriba para abajo con el Presidente como jefe supremo. Por desacuerdos entre el estamento militar y el Jefe de Estado han sido llamados a calificar servicios generales como Álvaro Valencia Tovar, bajo Alfonso López Michelsen, y ministros de Defensa como Rodrigo Lloreda bajo Andrés Pastrana. Como se recordará, este último apoyó a los militares que consideraban que ese gobierno le estaba entregando el país a las Farc en el despeje del Caguán, y esta opinión, que resultó profética, le costó su puesto.
Algo parecido se podría interpretar con los hechos promovidos por Juan Manual Santos la semana pasada. Sin embargo, sucede que el presidente Uribe, aunque no asume actitudes desafiantes con los jefes de Estado vecinos, considera que no se le puede cerrar la puerta a la opción de perseguir a uno de los jefes de las Farc si es ubicado en el extranjero.
Esta doctrina de legítima defensa enfrenta dos conceptos de soberanía diametralmente opuestos. El que se acordó en la tensa cumbre de República Dominicana donde terminaron abrazándose Uribe, Chávez y Correa, en la cual todos los países de América Latina reiteraron de forma categórica que las fronteras son inviolables.
Y el otro concepto, enormemente impopular, pero necesario en ocasiones excepcionales, es el de guerra preventiva, doctrina practicada con estruendoso fracaso en Irak por el gobierno de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 y con amargos resultados por Israel en Líbano Esta doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, no puede ser enarbolada oficialmente como la política de Estado de Colombia, sino que tiene que ser guardada en un cajón, como último recurso y en circunstancias extremas.
Por eso el episodio de la carta del Ministro de Defensa y sus generales al presidente Uribe para convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa creó un revuelo nacional e internacional y puso en peligro la permanencia de Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa. ¿Qué lo llevó a una acción tan arriesgada? ¿Por qué el Presidente no lo destituyó?
Juan Manuel Santos, que considera reales los riesgos de demandas internacionales y el peligro de tener santuarios de subversivos en las selvas de los países, ha visto con preocupación la política de 'apaciguamiento' de la Cancillería. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, quien ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela y reactivar las de Ecuador, ve que la posición del Ministro de Defensa puede terminar por echarle leña al fuego de unas relaciones de por sí muy tensas. Para limar estos roces y "unificar criterios" se dio una reunión la semana pasada entre el Canciller, el Ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Militares.
Pero muchos consideran que al lado de la evidente preocupación de la seguridad nacional hay un interés electoral. En vísperas de su salida del Ministerio, Santos logró monopolizar las noticias de la semana al posicionarse como contradictor de dos presidentes extranjeros, y como contraparte de su jefe, Álvaro Uribe. En otras palabras, quedó nivelado por lo alto. Como contraparte, no del Canciller, sino del Presidente.
Para la opinión pública quedó como un hombre con pantalones y no hay duda de que esa percepción le va a dar un impulso importante en las encuestas que, después de muchos años, le empiezan a favorecer en intención de voto.
Este pantallazo, no obstante, tiene sus costos. Que Chávez y Correa lo llamen "amenaza" o "factor desestabilizante" para la región, hace anticipar que la proyección de su candidatura, si bien le da votos, agudiza la crisis con los países vecinos y genera un ambiente de hostilidad en el área ante la eventualidad de que llegue al poder. En algunos sectores empresariales, que viven de las exportaciones entre Venezuela y Ecuador, las apuestas machistas de Santos son vistas con bastante angustia.
Otra consecuencia de la carta de los generales es que agrieta más la relación entre Uribe y Juan Manuel. A pesar del comunicado en el cual se respalda su gestión es claro que el Presidente, a quien le gusta tener a sus subalternos juiciosos en el redil, considera a Santos un ministro indomable. Y no le podía pedir la renuncia porque eso sería entregarles a Chávez y a Correa, en bandeja, la cabeza de su Ministro de Defensa.
Las relaciones entre Uribe y Santos son en la actualidad un matrimonio por conveniencia. Comparten la misma filosofía sobre la seguridad nacional y los éxitos militares de la misma, pero se tienen desconfianza mutua no sólo por diferencias de temperamento sino por ambiciones electorales. Y como todos los matrimonios por conveniencia, la relación en la vida diaria es muy cordial. Uribe es paternal con Santos y lo regaña menos que a sus otros ministros.
A corto plazo, Santos indudablemente emergió como el ganador en ese río revuelto. Pasó de estar desautorizado y casi destituido por Uribe, a respaldado, ratificado y con una posición de liderazgo que no tenía antes. Por otra parte, se proyecta ante la opinión pública como un dirigente con autonomía y no como una ficha más del ajedrez uribista. Sin embargo, todos sus actos como Ministro son interpretados como jugadas electorales y esta es una posición insostenible. Tendría que renunciar para ser candidato a finales de mayo, es decir dentro de dos meses y medio. Pero en el ambiente político actual y con la seguridad nacional del país de por medio, eso es una eternidad.
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El cerco al ‘Mono Jojoy’
Hambre, incomunicación, deslealtad, y los golpes de las Fuerzas Armadas, amenazan la supervivencia del temido cabecilla de las Farc.
Por primera vez Jorge Briceño está mordiendo el polvo. El guerrillero más temido de las Farc, que llegó pisando fuerte al Caguán después de haberle asestado duros golpes al Ejército. El que inspiraba respeto entre sus subalternos y odio en sus adversarios. El que se exhibía en las cámaras de televisión pasando revista a los secuestrados en sus campos de concentración; y que le anunció al país hace ocho años que en la selva sólo quedarían pajuiles porque la guerrilla se iba para la ciudad, ha perdido terreno, movilidad, capacidad de mando y acaba de sufrir una de las más grandes derrotas de su vida.
Hace dos años, 'Jojoy' les había encargado a sus mejores hombres retomar a Cundinamarca, mientras él resistía con el grueso del Bloque Oriental la ofensiva del gobierno en lo profundo de los Llanos del Yarí. La idea era que los frentes 51, 53 y el Antonio Nariño crearan una tenaza sobre Bogotá para recuperar el terreno perdido en el último lustro. Pero todo se fue al traste la semana pasada cuando tanto los hombres armados que venían ascendiendo por la cuchilla de Tamizal, como los que avanzaban por el páramo de Sumapaz, fueron duramente golpeados por el Ejército. Murieron 10 guerrilleros, entre ellos 'Gaitán', que era un verdadero álter ego de 'Jojoy' en el plano militar.
Se trataba de un curtido guerrillero, de casi 60 años, que había dirigido en terreno las tomas de Miraflores, Mitú y Teteyé; y que durante los primeros años de la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe había servido como parte de la seguridad cercana de 'Tirofijo'. Su experiencia militar le sirvió de credencial para que a finales de 2007 el 'Mono Jojoy' le confiara una de las metas más importantes de la organización: la retoma de Cundinamarca antes de 2010. Una misión que ya había fracasado en dos ocasiones. Primero cuando se la encomendó a 'Romaña', quien a pesar de ser muy popular, carece de talento militar. Y luego, cuando un bombardeo que casi mata a Carlos Antonio Losada, hizo replegar a los hombres del Bloque Oriental hacia los Llanos.
La muerte de 'Gaitán', así como la de 'Mariana Páez', son duros golpes para las huestes del 'Mono Jojoy'. Ella era una veterana ideóloga de la guerrilla, conocida por su papel en los diálogos del Caguán como coordinadora de las audiencias. Su larga trayectoria la habría llevado a ocupar un lugar en el estado mayor de esa guerrilla, compuesto por 31 miembros, de los cuales era la única mujer.
Como si fuera poco, durante la operación en el Sumapaz también fueron capturados 13 insurgentes, entre ellos Bernardo Mosquera, el temido 'negro Antonio', quien tenía 23 órdenes de captura y cuatro condenas por secuestros y homicidios.
El 'negro Antonio' intentó huir del ataque del Ejército en medio de unas desfavorables condiciones del clima y el terreno. A 3.000 metros de altura, entre frailejones, rocas, cortinas de niebla y pequeñas lagunas donde se hunden las piernas al caminar, es difícil librar una batalla. Se corre en cámara lenta, la respiración es difícil y el frío amenaza con paralizar el cuerpo. Por eso, al verse rodeado y sin refugio, él y sus hombres, incluido un sindicalista que estaba allí, no tuvieron más remedio que rendirse. "Esta vez ganaste", le dijo el cetrino guerrillero al general Jairo Antonio Herazo, comandante de la Quinta División cuando ya estaba detenido en el puesto de mando del Ejército. Con la aviación y los batallones de alta montaña, el páramo dejó de ser una guarida segura para los guerrilleros. .
"El 'Mono Jojoy' nunca había sido probado en la adversidad", dice el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León. Y este revés le llega justo cuando se cumple el primer año de la muerte de 'Raúl Reyes', y ha comenzado un franco declive de las Farc y el resquebrajamiento de un Secretariado que parecía invulnerable. Ahora todos los ojos están puestos en el 'Mono Jojoy', y el cerco que se le ha tendido desde hace más de seis meses empieza a arrojar algunos resultados.
'Jojoy' tiene un enorme liderazgo dentro de las Farc, gracias a su arrojo, pero también a la protección que recibió desde joven de Jacobo Arenas y de 'Tirofijo', que lo vieron como un guerrero de largo aliento. Muy pronto se proyectó como el más tropero de los mandos medios de la guerrilla y pronto llegó al Secretariado. Bajo su mando, los rebeldes atacaron sin piedad a las Fuerzas Armadas, tomaron como rehenes a cerca de 500 policías y soldados e impusieron la ley del secuestro y la extorsión en los territorios que controlaban. Además, 'Jojoy' garantizaba con el narcotráfico buena parte de los ingresos de las Farc. En el Caguán se le veía boyante, montado en sus camionetas de doble tracción, exhibiendo una prominente barriga que delataba una vida sedentaria y poco austera. Tenía, él solo, 6.000 hombres bajo su mando, y su palabra era ley en pueblos y veredas de La Macarena.
Ahora la realidad es otra. Hoy se calcula que este bloque tiene alrededor de la mitad de los hombres, su logística y economía están fuertemente golpeadas, varios de sus frentes desarticulados y ha perdido control de muchos territorios.
Las operaciones contra el 'negro Acacio', 'John 40', y la Operación Jaque, han diezmado varios frentes y compañías. Su influencia en la antigua zona de distensión es cada vez menor, y el acoso de las Fuerzas Militares ha empezado a hacer mella en su círculo cercano. Se han desmovilizado algunas personas de sus anillos de seguridad, lo que ha hecho que se reduzca a 18 guerrilleros su grupo más cercano y a 300 los que protegen su entorno. Tal como lo mostraron los militares hace poco, en ocasiones 'Jojoy' ha tenido que moverse de manera subterránea en la manigua, en cavernas que se extienden a lo largo de varios kilómetros. En varios momentos 'Jojoy' ha estado a punto de ser herido por bombardeos y asaltos a sus campamentos.
Su respuesta, no obstante, ha sido violenta. La llegada de las tropas oficiales a La Macarena, y a los reductos históricos de las Farc como el río Guayabero han costado mucha sangre. Los francotiradores y las minas antipersona han sido mortales para los soldados que andan tras sus huellas por tierra. En lo que va corrido del año en la Fuerza Tarea Omega han muerto 11 militares y han sido heridos 41, la mitad por minas antipersona. Según Ariel Sánchez, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, el 'Mono Jojoy' creó tres unidades especiales para sembrar explosivos a las cuales denomina "pisasuaves" y las que van cubriendo su retirada y armando cercos de dinamita a su alrededor.
Pero lejos de mostrar fuerza, los hechos recientes dejan en evidencia que el 'Mono Jojoy' está en su peor hora y que todos sus esfuerzos están centrados en protegerse e intentar sobrevivir. Si lo logra, seguramente no cejará en su intento de volver a rodear con violencia a Bogotá. Pero el cerco a su alrededor parece cerrarse cada vez más.
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Por primera vez Jorge Briceño está mordiendo el polvo. El guerrillero más temido de las Farc, que llegó pisando fuerte al Caguán después de haberle asestado duros golpes al Ejército. El que inspiraba respeto entre sus subalternos y odio en sus adversarios. El que se exhibía en las cámaras de televisión pasando revista a los secuestrados en sus campos de concentración; y que le anunció al país hace ocho años que en la selva sólo quedarían pajuiles porque la guerrilla se iba para la ciudad, ha perdido terreno, movilidad, capacidad de mando y acaba de sufrir una de las más grandes derrotas de su vida.
Hace dos años, 'Jojoy' les había encargado a sus mejores hombres retomar a Cundinamarca, mientras él resistía con el grueso del Bloque Oriental la ofensiva del gobierno en lo profundo de los Llanos del Yarí. La idea era que los frentes 51, 53 y el Antonio Nariño crearan una tenaza sobre Bogotá para recuperar el terreno perdido en el último lustro. Pero todo se fue al traste la semana pasada cuando tanto los hombres armados que venían ascendiendo por la cuchilla de Tamizal, como los que avanzaban por el páramo de Sumapaz, fueron duramente golpeados por el Ejército. Murieron 10 guerrilleros, entre ellos 'Gaitán', que era un verdadero álter ego de 'Jojoy' en el plano militar.
Se trataba de un curtido guerrillero, de casi 60 años, que había dirigido en terreno las tomas de Miraflores, Mitú y Teteyé; y que durante los primeros años de la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe había servido como parte de la seguridad cercana de 'Tirofijo'. Su experiencia militar le sirvió de credencial para que a finales de 2007 el 'Mono Jojoy' le confiara una de las metas más importantes de la organización: la retoma de Cundinamarca antes de 2010. Una misión que ya había fracasado en dos ocasiones. Primero cuando se la encomendó a 'Romaña', quien a pesar de ser muy popular, carece de talento militar. Y luego, cuando un bombardeo que casi mata a Carlos Antonio Losada, hizo replegar a los hombres del Bloque Oriental hacia los Llanos.
La muerte de 'Gaitán', así como la de 'Mariana Páez', son duros golpes para las huestes del 'Mono Jojoy'. Ella era una veterana ideóloga de la guerrilla, conocida por su papel en los diálogos del Caguán como coordinadora de las audiencias. Su larga trayectoria la habría llevado a ocupar un lugar en el estado mayor de esa guerrilla, compuesto por 31 miembros, de los cuales era la única mujer.
Como si fuera poco, durante la operación en el Sumapaz también fueron capturados 13 insurgentes, entre ellos Bernardo Mosquera, el temido 'negro Antonio', quien tenía 23 órdenes de captura y cuatro condenas por secuestros y homicidios.
El 'negro Antonio' intentó huir del ataque del Ejército en medio de unas desfavorables condiciones del clima y el terreno. A 3.000 metros de altura, entre frailejones, rocas, cortinas de niebla y pequeñas lagunas donde se hunden las piernas al caminar, es difícil librar una batalla. Se corre en cámara lenta, la respiración es difícil y el frío amenaza con paralizar el cuerpo. Por eso, al verse rodeado y sin refugio, él y sus hombres, incluido un sindicalista que estaba allí, no tuvieron más remedio que rendirse. "Esta vez ganaste", le dijo el cetrino guerrillero al general Jairo Antonio Herazo, comandante de la Quinta División cuando ya estaba detenido en el puesto de mando del Ejército. Con la aviación y los batallones de alta montaña, el páramo dejó de ser una guarida segura para los guerrilleros. .
"El 'Mono Jojoy' nunca había sido probado en la adversidad", dice el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León. Y este revés le llega justo cuando se cumple el primer año de la muerte de 'Raúl Reyes', y ha comenzado un franco declive de las Farc y el resquebrajamiento de un Secretariado que parecía invulnerable. Ahora todos los ojos están puestos en el 'Mono Jojoy', y el cerco que se le ha tendido desde hace más de seis meses empieza a arrojar algunos resultados.
'Jojoy' tiene un enorme liderazgo dentro de las Farc, gracias a su arrojo, pero también a la protección que recibió desde joven de Jacobo Arenas y de 'Tirofijo', que lo vieron como un guerrero de largo aliento. Muy pronto se proyectó como el más tropero de los mandos medios de la guerrilla y pronto llegó al Secretariado. Bajo su mando, los rebeldes atacaron sin piedad a las Fuerzas Armadas, tomaron como rehenes a cerca de 500 policías y soldados e impusieron la ley del secuestro y la extorsión en los territorios que controlaban. Además, 'Jojoy' garantizaba con el narcotráfico buena parte de los ingresos de las Farc. En el Caguán se le veía boyante, montado en sus camionetas de doble tracción, exhibiendo una prominente barriga que delataba una vida sedentaria y poco austera. Tenía, él solo, 6.000 hombres bajo su mando, y su palabra era ley en pueblos y veredas de La Macarena.
Ahora la realidad es otra. Hoy se calcula que este bloque tiene alrededor de la mitad de los hombres, su logística y economía están fuertemente golpeadas, varios de sus frentes desarticulados y ha perdido control de muchos territorios.
Las operaciones contra el 'negro Acacio', 'John 40', y la Operación Jaque, han diezmado varios frentes y compañías. Su influencia en la antigua zona de distensión es cada vez menor, y el acoso de las Fuerzas Militares ha empezado a hacer mella en su círculo cercano. Se han desmovilizado algunas personas de sus anillos de seguridad, lo que ha hecho que se reduzca a 18 guerrilleros su grupo más cercano y a 300 los que protegen su entorno. Tal como lo mostraron los militares hace poco, en ocasiones 'Jojoy' ha tenido que moverse de manera subterránea en la manigua, en cavernas que se extienden a lo largo de varios kilómetros. En varios momentos 'Jojoy' ha estado a punto de ser herido por bombardeos y asaltos a sus campamentos.
Su respuesta, no obstante, ha sido violenta. La llegada de las tropas oficiales a La Macarena, y a los reductos históricos de las Farc como el río Guayabero han costado mucha sangre. Los francotiradores y las minas antipersona han sido mortales para los soldados que andan tras sus huellas por tierra. En lo que va corrido del año en la Fuerza Tarea Omega han muerto 11 militares y han sido heridos 41, la mitad por minas antipersona. Según Ariel Sánchez, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, el 'Mono Jojoy' creó tres unidades especiales para sembrar explosivos a las cuales denomina "pisasuaves" y las que van cubriendo su retirada y armando cercos de dinamita a su alrededor.
Pero lejos de mostrar fuerza, los hechos recientes dejan en evidencia que el 'Mono Jojoy' está en su peor hora y que todos sus esfuerzos están centrados en protegerse e intentar sobrevivir. Si lo logra, seguramente no cejará en su intento de volver a rodear con violencia a Bogotá. Pero el cerco a su alrededor parece cerrarse cada vez más.
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Colombia: ¿de un país de secuestrados a un país de desaparecidos?
Seguridad Mientras el secuestro en Colombia ha venido disminuyendo sustancialmente en los últimos años, las denuncias por desaparición que atiende la fundación País Libre han ido en aumento. ¿Por qué?
Desde hace siete años, el secuestro ha dejado de golpear a Colombia. Mientras en el 2.000 fueron denunciados 3.571 casos de secuestro extorsivo y simple, el año pasado se reportaron 242 casos en todo el país.
Gran parte de esa disminución se debe a la ofensiva sin precedentes del gobierno de Alvaro Uribe contra las Farc, una guerrilla que por años convirtió el atroz delito del secuestro en una de sus principales fuentes de financiación, terror y chantaje político.
A diferencia de otros años, la guerrilla no es la principal responsable de los secuestros que ocurren en el país. Las bandas criminales, atomizadas y autónomas, son hoy las principales responsables (ver artículo ¿Quiénes secuestran en Colombia?).
Sin embargo, pese al logro notable de haber reducido el secuestro en más del 70 por ciento, desde el año pasado hay una tendencia al aumento en los casos denunciados por desaparición. ¿Por qué?
“La ley de Justicia y Paz ha facilitado que las víctimas denuncien a sus desaparecidos. Segundo, muchos secuestrados han aparecido en fosas comunes. Y tercero, hoy las víctimas son mucho más visibles que hace 10 años, a pesar del miedo profundo que todavía las retiene para denunciar”, dijo Olga Gómez, directora de la Fundación País Libre, la cual se creó hace más de diez años para atender a familiares y víctimas del secuestro. “Todo esto hace posible que las denuncias por este delito hayan aumentado”
Según la organización País Libre, de los 217 casos que el año pasado se atendieron, 110 corresponden a secuestro, 95 a desaparición y ocho a extorsión, lo que muestra que la brecha entre el secuestro y la desaparición está disminuyendo. En 2007, País Libre atendió 73 casos de desaparición.
Los sorprendente, es que hace cinco años, el grueso de la atención que prestaba País Libre era para víctimas de secuestro y casi ninguno por desaparición.
Sin embargo el aumento de estas denuncias no implica que los grupos armados ilegales estén desapareciendo más gente. Como señala Gómez muchos casos que ocurrieron en años anteriores han empezado a hacerse visibles.
La Ley de Justicia y Paz, la cual da beneficios a quien cuente la verdad sobre sus crímenes, también ha ayudado a saber más sobre estos casos. Dentro de Justicia y Paz,
la Fiscalía ha investigado 210 casos por el delito de desaparición forzada y otros 147 casos que han sido denunciados en versiones libre de paramilitares aún están por investigar.
“Hay secuestrados de los cuales hace mucho no tenemos noticias, no sabemos si están vivos o muertos. Prácticamente ellos pasan a ser en la práctica desaparecidos”, dice Olga Lucía Gómez.
La dimensión del problema de los desaparecidos en Colombia aún no se conoce a fondo. El gran problema es que todavía no se ha logrado unificar los datos sobre este delito. Organismos como Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército o Defensoría del Pueblo manejan cada uno sus cifras, y pocas veces coinciden.
Lo mejor que se ha podido hacer intentar consolidar esos números en el Registro Único Nacional de Desaparecidos, donde varias entidades que manejan el tema comparten información y la cruzan. Fue precisamente gracias a esta coordinación que se puso en evidencia el caso de los falsos positivos de Soacha (ver artículo).
Colombia está aún está en mora de organizar su burocracia para responder con eficiencia ante este atroz crimen. Y si se deja pasar mucho tiempo, podrá ufanarse de que es un país que dejó de secuestrar, pero tendrá que avergonzarse de ser una nación que comenzó a desaparecer.
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Desde hace siete años, el secuestro ha dejado de golpear a Colombia. Mientras en el 2.000 fueron denunciados 3.571 casos de secuestro extorsivo y simple, el año pasado se reportaron 242 casos en todo el país.
Gran parte de esa disminución se debe a la ofensiva sin precedentes del gobierno de Alvaro Uribe contra las Farc, una guerrilla que por años convirtió el atroz delito del secuestro en una de sus principales fuentes de financiación, terror y chantaje político.
A diferencia de otros años, la guerrilla no es la principal responsable de los secuestros que ocurren en el país. Las bandas criminales, atomizadas y autónomas, son hoy las principales responsables (ver artículo ¿Quiénes secuestran en Colombia?).
Sin embargo, pese al logro notable de haber reducido el secuestro en más del 70 por ciento, desde el año pasado hay una tendencia al aumento en los casos denunciados por desaparición. ¿Por qué?
“La ley de Justicia y Paz ha facilitado que las víctimas denuncien a sus desaparecidos. Segundo, muchos secuestrados han aparecido en fosas comunes. Y tercero, hoy las víctimas son mucho más visibles que hace 10 años, a pesar del miedo profundo que todavía las retiene para denunciar”, dijo Olga Gómez, directora de la Fundación País Libre, la cual se creó hace más de diez años para atender a familiares y víctimas del secuestro. “Todo esto hace posible que las denuncias por este delito hayan aumentado”
Según la organización País Libre, de los 217 casos que el año pasado se atendieron, 110 corresponden a secuestro, 95 a desaparición y ocho a extorsión, lo que muestra que la brecha entre el secuestro y la desaparición está disminuyendo. En 2007, País Libre atendió 73 casos de desaparición.
Los sorprendente, es que hace cinco años, el grueso de la atención que prestaba País Libre era para víctimas de secuestro y casi ninguno por desaparición.
Sin embargo el aumento de estas denuncias no implica que los grupos armados ilegales estén desapareciendo más gente. Como señala Gómez muchos casos que ocurrieron en años anteriores han empezado a hacerse visibles.
La Ley de Justicia y Paz, la cual da beneficios a quien cuente la verdad sobre sus crímenes, también ha ayudado a saber más sobre estos casos. Dentro de Justicia y Paz,
la Fiscalía ha investigado 210 casos por el delito de desaparición forzada y otros 147 casos que han sido denunciados en versiones libre de paramilitares aún están por investigar.
“Hay secuestrados de los cuales hace mucho no tenemos noticias, no sabemos si están vivos o muertos. Prácticamente ellos pasan a ser en la práctica desaparecidos”, dice Olga Lucía Gómez.
La dimensión del problema de los desaparecidos en Colombia aún no se conoce a fondo. El gran problema es que todavía no se ha logrado unificar los datos sobre este delito. Organismos como Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército o Defensoría del Pueblo manejan cada uno sus cifras, y pocas veces coinciden.
Lo mejor que se ha podido hacer intentar consolidar esos números en el Registro Único Nacional de Desaparecidos, donde varias entidades que manejan el tema comparten información y la cruzan. Fue precisamente gracias a esta coordinación que se puso en evidencia el caso de los falsos positivos de Soacha (ver artículo).
Colombia está aún está en mora de organizar su burocracia para responder con eficiencia ante este atroz crimen. Y si se deja pasar mucho tiempo, podrá ufanarse de que es un país que dejó de secuestrar, pero tendrá que avergonzarse de ser una nación que comenzó a desaparecer.
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Colombia confirma la muerte de la mano derecha del jefe militar de las FARC
Mariana Paz era la única mujer que ocupaba un puesto en la dirección de la guerrilla, que agrupa a unas treinta personas
El Ejército colombiano informó este miércoles de la muerte de la guerrillera Martha Isabel Ardila Castellanos, la mano derecha de Mono Jojoy, el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrillera, conocida con el alias 'Mariana Paz', fue abatida el pasado 27 de febrero, durante unos combates entre las FARC y soldados colombianos en la zona de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca (centro del país) en el que murieron además otros 10 rebeldes, según ha informado en rueda de prensa el jefe del Ejército, Oscar González Peña.
En la misma operación, el Ejército abatió a 11 insurgentes y detuvo a otros 11, entre ellos Bernardo Mosquera Machado, alias 'El negro Antonio', responsable de decenas de secuestros en Colombia. También murió el guerrillero conocido como Gaitán, cabecilla del frente Antonio Nariño de las FARC, y fue rescatado el rehén Gregorio Aguilar Alba, por cuya libertad los guerrilleros exigían el equivalente a 270.000 dólares.
Pero no fue hasta la madrugada del jueves en España cuando las autoridades militares y policiales confirmaron la muerte de la mano derecha del Mono Jojoy, del que se rumorea que está muy enfermo.
Según el general González, Mariana Paz era considerada "la jefe de comunicaciones" del Bloque Oriental de las FARC que lidera Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, miembro del secretariado y comando superior de esa organización insurgente.
La rebelde tenía a su cargo la emisora clandestina de radio Voz Resistencia y participó en los fallidos diálogos de paz celebrados por las FARC entre 1999 y el 2002 con el gobierno del anterior presidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Según las autoridades colombianas, Mariana Paz era la única mujer dentro del mando superior de las FARC, conformado por unos 30 rebeldes.
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www.elpais.com
El Ejército colombiano informó este miércoles de la muerte de la guerrillera Martha Isabel Ardila Castellanos, la mano derecha de Mono Jojoy, el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrillera, conocida con el alias 'Mariana Paz', fue abatida el pasado 27 de febrero, durante unos combates entre las FARC y soldados colombianos en la zona de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca (centro del país) en el que murieron además otros 10 rebeldes, según ha informado en rueda de prensa el jefe del Ejército, Oscar González Peña.
En la misma operación, el Ejército abatió a 11 insurgentes y detuvo a otros 11, entre ellos Bernardo Mosquera Machado, alias 'El negro Antonio', responsable de decenas de secuestros en Colombia. También murió el guerrillero conocido como Gaitán, cabecilla del frente Antonio Nariño de las FARC, y fue rescatado el rehén Gregorio Aguilar Alba, por cuya libertad los guerrilleros exigían el equivalente a 270.000 dólares.
Pero no fue hasta la madrugada del jueves en España cuando las autoridades militares y policiales confirmaron la muerte de la mano derecha del Mono Jojoy, del que se rumorea que está muy enfermo.
Según el general González, Mariana Paz era considerada "la jefe de comunicaciones" del Bloque Oriental de las FARC que lidera Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, miembro del secretariado y comando superior de esa organización insurgente.
La rebelde tenía a su cargo la emisora clandestina de radio Voz Resistencia y participó en los fallidos diálogos de paz celebrados por las FARC entre 1999 y el 2002 con el gobierno del anterior presidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Según las autoridades colombianas, Mariana Paz era la única mujer dentro del mando superior de las FARC, conformado por unos 30 rebeldes.
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El misterio de la última tragedia de los kankuamos
Problemas Sociales Semana.com estuvo en Atánquez, el corregimiento donde el 31 de diciembre estalló una granada en una fiesta de los indígenas que dejó 5 muertos y 85 heridos, y reconstruyó cómo sucedió la masacre y por qué sigue impune.
A Manuel Martínez le salvó al vida el chico de billar que jugaba el pasado 31 de diciembre. Esa noche, decidió no apresurarse para ir a la rumba que cada fin de año se hacía en la caseta Patio Fresco en el corregimiento de Atánquez, en el resguardo indígena Kankuamo, en Valledupar.
En cambio, su esposa, Maria Teresa Arias, no se quería perder la fiesta. Por eso, pasó a recogerlo para llevárselo al baile. “Déjame acabar y ya voy pa’ allá”, le respondió Manuel, queriendo seguir concentrado en su juego. “Está bien. Entonces me voy a ir sola”, le dijo la mujer, haciéndole mimos con los ojos. “Vete, ¿qué te va a pasá de aquí allá?”, le respondió Manuel, antes de volver a tacar.
La mirada de Maria Teresa parecía premonitoria de lo que pasaría minutos más tarde. Ella, en efecto, se fue para la caseta. A eso de las 11 de la noche, mientras Manuel estaba pagando la cuenta, algo explotó. Cuando Manuel salió del establecimiento, había gente corriendo y gritando por las estrechas, pedregosas y arenosas calles de Atánquez. Mientras más se acercaba a la caseta donde se hacía el baile de fin de año, más caos había.
Cuando por fin pudo entrar, vio a Maria Teresa en el suelo, sangrando por el pecho. Estaba muerta. En el sitio, acababa de estallar una granada que alguien activó dentro del establecimiento donde bailaban unos 200 indígenas kankuamos.
Ni médicos, ni policía
Entre los tantos que corrían, no había ni un policía. Los apenas 18 uniformados que había ese día en el pueblo se acuartelaron tras la explosión pensando que se había hecho efectiva la advertencia que habían recibido días antes en cuanto a que las Farc se iban a tomar el corregimiento. Tras esperar unos 20 minutos y al no sentir más explosiones, salieron a acordonar el lugar de los hechos.
Pero ya era tarde para mantener intacta la escena del suceso. Las pruebas se afectaron por los cientos de personas que corrieron a sacar a los heridos para llevarlos al centro médico, que estaba al pie de la caseta. Pero, la pronta y agitada reacción fue en vano. En el centro de urgencias no se encontraba el personal médico que debía estar de turno, pese a que en el corregimiento había para esa fecha unas 9.000 personas.
Entonces los mismos kankuamos hicieron diagnósticos improvisados para determinar quiénes necesitaban atención inmediata. Montaron a ocho heridos en la única ambulancia que había en Atánquez para trasladarlos hasta Valledupar, a una hora del corregimiento. Los otros heridos fueron embarcados en camperos de servicio público, rumbo a Valledupar también.
En la emisora Tayrona Stereo, el locutor, que a esa hora estaba emitiendo música decembrina, interrumpió la programación para anunciarles a los pueblos vecinos que “algo acaba de explotar en Atánquez. Tal vez es un petardo, una bomba, pero puede haber muertos”, dijo apenas escuchó el ruido de afuera. “Necesitamos ambulancias”, clamó.
Las ambulancias que corrieron a socorrer la tragedia se encontraron con los camperos en la vía. En la oscuridad, hicieron el trasbordo de los heridos. Al día siguiente, muy temprano, se conoció el atroz resultado de la noche de fin de año. Murieron cinco personas: Gloría Lucía Arias, Marelvis Mindiola Díaz, María Teresa Arias, Azael Arias Pinto y Érika María Fuentes.
La explosión de la granada también dejó a 85 kankuamos heridos. A dos de ellos les tuvieron que amputar la pierna derecha y los demás presentaron heridas por esquirlas en diversas partes del cuerpo. Todos fueron trasladados a Valledupar y entre el primero y el dos de enero fueron dados de alta.
Siguen enfermos
Pese a que los médicos los enviaron a sus casas tras considerarlos estables de salud, muchos debían atender la recomendación de estar presentándose para chequeos periódicos.
Este fin de semana, una comisión viajó a Atánquez para ver, entre otras, la situación médica y sicológica actual de los afectados. Los resultados no son para nada alentadores.
Pocos heridos han podido desplazarse hasta Valledupar para sus controles y lo han hecho asumiendo sus gastos, que son altos para una población que vive prácticamente con lo necesario para cada día. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho algunos aportes pero no alcanzan para todos. Y la IPS Kankuama, que trabaja en Atánquez, no se ha podido hacer cargo de las terapias o las revisiones porque sólo presta servicios de prevención de enfermedades.
En consecuencia, hay varios heridos que están recuperándose sin el acompañamiento médico sugerido por quienes los atendieron y han empezado a aparecer nuevos malestares. el miedo ha dejado a varios con insomnio permanente y a otros con la tensión arterial por las nubes.
Según le contó a Semana.com Beatriz Uribe, de la Fundación Infancia Feliz, hay un común sentimiento de culpa entre los kankuamos. “Muchos sienten que debieron impedir que sus familiares estuvieran en el sitio o que no hicieron lo necesario para atenderlos a tiempo por haberse dejado paralizar por el miedo del momento”, explica.
Fuera de eso, hay mucho temor por lo que la sicóloga Uribe denomina lo conocido y lo desconocido. “Lo conocido son las épocas de violencia que ya vivieron”, explica. Se refiere a los 14 años en que las Farc ejercieron como única autoridad en la región entre los 80 y 90 y a las confrontaciones que tuvo esa guerrilla luego con los paramilitares, que generó masacres y muertes, incluso en lugares públicos, y que se hicieron parte del paisaje hasta hace muy poco.
“Lo desconocido – continúa explicando la sicóloga- es el posible actor que se encuentre detrás de quien arrojó la granada el pasado 31 de diciembre”. Como no está claro qué es realmente lo que está pasando, los kankuamos temen contar qué pasó esa noche.
“Esa falta de hablar de lo que pasó los está llevando a cargar con su tristeza y su rabia. Después de un hecho de estos, hay que expulsar lo que se siente. Y la manera de hacerlo es hablando. Pero, como no lo están haciendo, se están cargando de odios, ganas de venganza, inseguridad y desconfianza. La solidaridad entre ellos se va a fragmentar”, explica Uribe tras algunos ejercicios terapéuticos hechos con los kankuamos.
Ese silencio ha llevado a que policías y fiscales, ante la dificultad de obtener testimonios de quienes estuvieron ese día en el sitio, estén ventilando versiones contradictorias y sin que haya concluido ninguna investigación sobre lo ocurrido esa noche. Pero los kankuamos no creen en ninguna.
Reserva del sumario
El primero en dar una versión apresurada fue el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez. Él dijo al día siguiente de la explosión que se trató de un accidente. Pero el cuestionamiento es, ¿cómo se habla de un accidente si para que la granada explotara debía retirársele la espoleta?
En menos de dos meses, el secretario de gobierno del Cesar, Rubén Carrillo, dijo que la conclusión del general Páez no fue suficiente y que las investigaciones seguirían. Ante la dificultad de obtener testimonios de los testigos, el funcionario explicó que se trataba de un posible “pacto de silencio” para no revelar la verdad.
Su versión fue rechazada de inmediato por el cabildo gobernador de la Organización Indígena Kankuama (OIK), Jaime Arias, al explicar que su gente sí quiere que se sepa la verdad, pero que aún existe mucho miedo de hablar.
La versión más reciente habla de que se trató de un lío pasional. El pasado 24 de febrero fue capturado en Valledupar un joven de 26 años sindicado de haber activado la granada dentro de la caseta. Se trata de un muchacho que acaba de terminar el servicio militar y que está trabajando en una empresa de vigilancia. El 31 de diciembre de 2008 estaba en Atánquez pasando el fin de año con su familia.
Con base en tres testigos que al parecer se decidieron hablar, la Fiscalía dice que el muchacho llegó borracho a la fiesta y sacó a bailar a una mujer que le gustaba. Ella se negó y, más tarde, la vio bailando con otro kankuamo. Los celos lo enloquecieron y arrojó la granada.
Ya hay un capturado, pero puede no ser el culpable. Las autoridades también se han referido a que la explosión pudo ser producto de enfrentamientos internos entre los indígenas, y es quizá la declaración más grave.
Tensiones políticas
Es evidente, y de eso sí hablan todos en el corregimiento, que los kankuamos están divididos. Algunos apoyan a la OIK, que es la autoridad del resguardo y tiene vocería ante el gobierno desde 1993. En la contraparte, ha venido creciendo una disidencia organizada en el movimiento Atánquez Libre, conformada por varios indígenas que en algún momento formaron parte de la OIK.
Las diferencias son ideológicas y políticas. Así, la OIK promueve proyectos educativos y de medios de comunicación para rescatar la cultura kankuama, como sus vestidos, música, lenguaje, mitos y hasta la medicina. Y Atanquez Libre prefiere que el dinero, que proviene las transferencias y regalías, se invierta urgentemente en un alcantarillado, en vías, en subsidios, en préstamos para la producción agrícola y que no les importa seguir vistiendo jean y camisa y escuchar vallenato.
Esa diferencia ideológica ha llevado a la tensión política. Para los dirigentes de la OIK, los opositores quieren beneficiarse individualmente de prácticas clientelistas a las que estuvieron acostumbrados por los políticos tradicionales. Y acusan que son estimulados por esos políticos de la región que quieren dividirlos para hacerles perder la autonomía indígena que tienen.
En contraste los integrantes de Atánquez Libre critican que el actual gobernador, Jaime Arias, lleva 13 años dirigiendo la organización, que no ha explicado por qué tiene un informe donde relaciona la ejecución de 93 proyectos por 15 mil millones de pesos que no conocen y que sus familiares ocupan importantes cargos en la IPS Kankuama y en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Peligran medidas cautelares
Un grupo de abogados que está asesorando a los indígenas sobre cómo llevar el caso del 31 de diciembre encontró que “las entrevistas realizadas con las personas directa e indirectamente afectadas con la explosión revelaron la existencia de incertidumbres y desconfianzas que dificultan la comunicación”. Y eso también explica el silencio que impera en Atánquez.
Al no encontrar testimonios que permitan avanzar en la investigación, las autoridades se limitan a decir que se trata de meras riñas domésticas. Para Jaime Arias, el cabildo gobernador de la OIK, esas conclusiones le pueden traer graves consecuencia a la seguridad de los kankuamos.
Estos indígenas gozan de medidas cautelares dictadas en septiembre de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno les brinde especial protección, pues desde 1985 hasta ese año, murieron 312 kankuamos a manos de grupos ilegales. “Entonces decir que hechos violentos como el del pasado 31 de diciembre son producto de problemas internos, pueden darle al gobierno argumentos para pedir a la CIDH que retire las medidas cautelares, como lo ha sugerido ya dos veces”, explica Arias.
Además, minimizar las responsabilidades a cuestiones pasionales o de discusiones políticas ha desviado la atención a preguntas que implicarían a más responsables diferentes al indígena supuestamente despechado.
Los abogados asesores consideran que está pendiente que el gobierno aclare por qué no había médicos en el centro de urgencias ese día. Por qué sólo había 18 policías, cuando lo necesario es que haya mínimo 36 en ese corregimiento y por qué esos pocos uniformados no tomaron medidas preventivas, pues sólo visitaron la caseta Patio Fresco a las 7 de la noche, cuando no había gente, y no volvieron a pasar más tarde, cuando sí era necesario hacer requisas. Por qué ese día no había soldados, como suele haberlos, haciendo patrullajes. Y por qué un civil portaba una granada de uso único del Ejército.
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A Manuel Martínez le salvó al vida el chico de billar que jugaba el pasado 31 de diciembre. Esa noche, decidió no apresurarse para ir a la rumba que cada fin de año se hacía en la caseta Patio Fresco en el corregimiento de Atánquez, en el resguardo indígena Kankuamo, en Valledupar.
En cambio, su esposa, Maria Teresa Arias, no se quería perder la fiesta. Por eso, pasó a recogerlo para llevárselo al baile. “Déjame acabar y ya voy pa’ allá”, le respondió Manuel, queriendo seguir concentrado en su juego. “Está bien. Entonces me voy a ir sola”, le dijo la mujer, haciéndole mimos con los ojos. “Vete, ¿qué te va a pasá de aquí allá?”, le respondió Manuel, antes de volver a tacar.
La mirada de Maria Teresa parecía premonitoria de lo que pasaría minutos más tarde. Ella, en efecto, se fue para la caseta. A eso de las 11 de la noche, mientras Manuel estaba pagando la cuenta, algo explotó. Cuando Manuel salió del establecimiento, había gente corriendo y gritando por las estrechas, pedregosas y arenosas calles de Atánquez. Mientras más se acercaba a la caseta donde se hacía el baile de fin de año, más caos había.
Cuando por fin pudo entrar, vio a Maria Teresa en el suelo, sangrando por el pecho. Estaba muerta. En el sitio, acababa de estallar una granada que alguien activó dentro del establecimiento donde bailaban unos 200 indígenas kankuamos.
Ni médicos, ni policía
Entre los tantos que corrían, no había ni un policía. Los apenas 18 uniformados que había ese día en el pueblo se acuartelaron tras la explosión pensando que se había hecho efectiva la advertencia que habían recibido días antes en cuanto a que las Farc se iban a tomar el corregimiento. Tras esperar unos 20 minutos y al no sentir más explosiones, salieron a acordonar el lugar de los hechos.
Pero ya era tarde para mantener intacta la escena del suceso. Las pruebas se afectaron por los cientos de personas que corrieron a sacar a los heridos para llevarlos al centro médico, que estaba al pie de la caseta. Pero, la pronta y agitada reacción fue en vano. En el centro de urgencias no se encontraba el personal médico que debía estar de turno, pese a que en el corregimiento había para esa fecha unas 9.000 personas.
Entonces los mismos kankuamos hicieron diagnósticos improvisados para determinar quiénes necesitaban atención inmediata. Montaron a ocho heridos en la única ambulancia que había en Atánquez para trasladarlos hasta Valledupar, a una hora del corregimiento. Los otros heridos fueron embarcados en camperos de servicio público, rumbo a Valledupar también.
En la emisora Tayrona Stereo, el locutor, que a esa hora estaba emitiendo música decembrina, interrumpió la programación para anunciarles a los pueblos vecinos que “algo acaba de explotar en Atánquez. Tal vez es un petardo, una bomba, pero puede haber muertos”, dijo apenas escuchó el ruido de afuera. “Necesitamos ambulancias”, clamó.
Las ambulancias que corrieron a socorrer la tragedia se encontraron con los camperos en la vía. En la oscuridad, hicieron el trasbordo de los heridos. Al día siguiente, muy temprano, se conoció el atroz resultado de la noche de fin de año. Murieron cinco personas: Gloría Lucía Arias, Marelvis Mindiola Díaz, María Teresa Arias, Azael Arias Pinto y Érika María Fuentes.
La explosión de la granada también dejó a 85 kankuamos heridos. A dos de ellos les tuvieron que amputar la pierna derecha y los demás presentaron heridas por esquirlas en diversas partes del cuerpo. Todos fueron trasladados a Valledupar y entre el primero y el dos de enero fueron dados de alta.
Siguen enfermos
Pese a que los médicos los enviaron a sus casas tras considerarlos estables de salud, muchos debían atender la recomendación de estar presentándose para chequeos periódicos.
Este fin de semana, una comisión viajó a Atánquez para ver, entre otras, la situación médica y sicológica actual de los afectados. Los resultados no son para nada alentadores.
Pocos heridos han podido desplazarse hasta Valledupar para sus controles y lo han hecho asumiendo sus gastos, que son altos para una población que vive prácticamente con lo necesario para cada día. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho algunos aportes pero no alcanzan para todos. Y la IPS Kankuama, que trabaja en Atánquez, no se ha podido hacer cargo de las terapias o las revisiones porque sólo presta servicios de prevención de enfermedades.
En consecuencia, hay varios heridos que están recuperándose sin el acompañamiento médico sugerido por quienes los atendieron y han empezado a aparecer nuevos malestares. el miedo ha dejado a varios con insomnio permanente y a otros con la tensión arterial por las nubes.
Según le contó a Semana.com Beatriz Uribe, de la Fundación Infancia Feliz, hay un común sentimiento de culpa entre los kankuamos. “Muchos sienten que debieron impedir que sus familiares estuvieran en el sitio o que no hicieron lo necesario para atenderlos a tiempo por haberse dejado paralizar por el miedo del momento”, explica.
Fuera de eso, hay mucho temor por lo que la sicóloga Uribe denomina lo conocido y lo desconocido. “Lo conocido son las épocas de violencia que ya vivieron”, explica. Se refiere a los 14 años en que las Farc ejercieron como única autoridad en la región entre los 80 y 90 y a las confrontaciones que tuvo esa guerrilla luego con los paramilitares, que generó masacres y muertes, incluso en lugares públicos, y que se hicieron parte del paisaje hasta hace muy poco.
“Lo desconocido – continúa explicando la sicóloga- es el posible actor que se encuentre detrás de quien arrojó la granada el pasado 31 de diciembre”. Como no está claro qué es realmente lo que está pasando, los kankuamos temen contar qué pasó esa noche.
“Esa falta de hablar de lo que pasó los está llevando a cargar con su tristeza y su rabia. Después de un hecho de estos, hay que expulsar lo que se siente. Y la manera de hacerlo es hablando. Pero, como no lo están haciendo, se están cargando de odios, ganas de venganza, inseguridad y desconfianza. La solidaridad entre ellos se va a fragmentar”, explica Uribe tras algunos ejercicios terapéuticos hechos con los kankuamos.
Ese silencio ha llevado a que policías y fiscales, ante la dificultad de obtener testimonios de quienes estuvieron ese día en el sitio, estén ventilando versiones contradictorias y sin que haya concluido ninguna investigación sobre lo ocurrido esa noche. Pero los kankuamos no creen en ninguna.
Reserva del sumario
El primero en dar una versión apresurada fue el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez. Él dijo al día siguiente de la explosión que se trató de un accidente. Pero el cuestionamiento es, ¿cómo se habla de un accidente si para que la granada explotara debía retirársele la espoleta?
En menos de dos meses, el secretario de gobierno del Cesar, Rubén Carrillo, dijo que la conclusión del general Páez no fue suficiente y que las investigaciones seguirían. Ante la dificultad de obtener testimonios de los testigos, el funcionario explicó que se trataba de un posible “pacto de silencio” para no revelar la verdad.
Su versión fue rechazada de inmediato por el cabildo gobernador de la Organización Indígena Kankuama (OIK), Jaime Arias, al explicar que su gente sí quiere que se sepa la verdad, pero que aún existe mucho miedo de hablar.
La versión más reciente habla de que se trató de un lío pasional. El pasado 24 de febrero fue capturado en Valledupar un joven de 26 años sindicado de haber activado la granada dentro de la caseta. Se trata de un muchacho que acaba de terminar el servicio militar y que está trabajando en una empresa de vigilancia. El 31 de diciembre de 2008 estaba en Atánquez pasando el fin de año con su familia.
Con base en tres testigos que al parecer se decidieron hablar, la Fiscalía dice que el muchacho llegó borracho a la fiesta y sacó a bailar a una mujer que le gustaba. Ella se negó y, más tarde, la vio bailando con otro kankuamo. Los celos lo enloquecieron y arrojó la granada.
Ya hay un capturado, pero puede no ser el culpable. Las autoridades también se han referido a que la explosión pudo ser producto de enfrentamientos internos entre los indígenas, y es quizá la declaración más grave.
Tensiones políticas
Es evidente, y de eso sí hablan todos en el corregimiento, que los kankuamos están divididos. Algunos apoyan a la OIK, que es la autoridad del resguardo y tiene vocería ante el gobierno desde 1993. En la contraparte, ha venido creciendo una disidencia organizada en el movimiento Atánquez Libre, conformada por varios indígenas que en algún momento formaron parte de la OIK.
Las diferencias son ideológicas y políticas. Así, la OIK promueve proyectos educativos y de medios de comunicación para rescatar la cultura kankuama, como sus vestidos, música, lenguaje, mitos y hasta la medicina. Y Atanquez Libre prefiere que el dinero, que proviene las transferencias y regalías, se invierta urgentemente en un alcantarillado, en vías, en subsidios, en préstamos para la producción agrícola y que no les importa seguir vistiendo jean y camisa y escuchar vallenato.
Esa diferencia ideológica ha llevado a la tensión política. Para los dirigentes de la OIK, los opositores quieren beneficiarse individualmente de prácticas clientelistas a las que estuvieron acostumbrados por los políticos tradicionales. Y acusan que son estimulados por esos políticos de la región que quieren dividirlos para hacerles perder la autonomía indígena que tienen.
En contraste los integrantes de Atánquez Libre critican que el actual gobernador, Jaime Arias, lleva 13 años dirigiendo la organización, que no ha explicado por qué tiene un informe donde relaciona la ejecución de 93 proyectos por 15 mil millones de pesos que no conocen y que sus familiares ocupan importantes cargos en la IPS Kankuama y en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Peligran medidas cautelares
Un grupo de abogados que está asesorando a los indígenas sobre cómo llevar el caso del 31 de diciembre encontró que “las entrevistas realizadas con las personas directa e indirectamente afectadas con la explosión revelaron la existencia de incertidumbres y desconfianzas que dificultan la comunicación”. Y eso también explica el silencio que impera en Atánquez.
Al no encontrar testimonios que permitan avanzar en la investigación, las autoridades se limitan a decir que se trata de meras riñas domésticas. Para Jaime Arias, el cabildo gobernador de la OIK, esas conclusiones le pueden traer graves consecuencia a la seguridad de los kankuamos.
Estos indígenas gozan de medidas cautelares dictadas en septiembre de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno les brinde especial protección, pues desde 1985 hasta ese año, murieron 312 kankuamos a manos de grupos ilegales. “Entonces decir que hechos violentos como el del pasado 31 de diciembre son producto de problemas internos, pueden darle al gobierno argumentos para pedir a la CIDH que retire las medidas cautelares, como lo ha sugerido ya dos veces”, explica Arias.
Además, minimizar las responsabilidades a cuestiones pasionales o de discusiones políticas ha desviado la atención a preguntas que implicarían a más responsables diferentes al indígena supuestamente despechado.
Los abogados asesores consideran que está pendiente que el gobierno aclare por qué no había médicos en el centro de urgencias ese día. Por qué sólo había 18 policías, cuando lo necesario es que haya mínimo 36 en ese corregimiento y por qué esos pocos uniformados no tomaron medidas preventivas, pues sólo visitaron la caseta Patio Fresco a las 7 de la noche, cuando no había gente, y no volvieron a pasar más tarde, cuando sí era necesario hacer requisas. Por qué ese día no había soldados, como suele haberlos, haciendo patrullajes. Y por qué un civil portaba una granada de uso único del Ejército.
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El Estado le pidió perdón a Pueblo Bello
Conflicto armado En 1990 los paramilitares se llevaron a 43 habitantes del caserío antioqueño bajo la mirada indiferente de los militares. Por esta desaparición forzada, ahora el Estado reconoció su responsabilidad en no haber evitado el hecho.
José Monsalve
“Los hechos por los cuales estamos hoy aquí reunidos son hechos tristes, porque le han causado un inmenso daño a muchos de los presentes (…) Rechazamos estos actos y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, sus padres, sus madres, sus hijos e hijas, sus hermanos y hermanas, esposas y compañeras. Lamentamos no haber escuchado sus voces antes y haberlos hecho transitar este largo camino para alcanzar justicia”.
Esas fueron las palabras del ministro de Defensa Juan Manuel Santos a las víctimas de la desaparición más grande de la historia, ocurrida en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo, Antioquia, el 14 de enero de 1990.
Por la omisión en la que incurrieron el gobierno y las Fuerzas Militares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno de Colombia pedir perdón en un acto público a las familias de las víctimas y a pagar una multimillonaria indemnización.
Los familiares de las 43 personas que fueron torturadas escucharon el perdón de Santos. Y al mismo tiempo, recordaban las horribles palabras de un militar que les habló al día siguiente de la tragedia: “Ustedes cambiaron gente por ganado”. Una frase así era lo último que esperaban escuchar los habitantes desesperados de este corregimiento, ubicado en el Urabá antioqueño. Varios oyeron al teniente del Ejército Fabio Enrique Rincón Pulido, adscrito a la base militar de San Pedro de Urabá, repetirla como una sentencia: “Cambiaron gente por ganado”.
La afirmación del teniente hacía referencia a la más reciente furia de Fidel Castaño Gil, el temible jefe paramilitar de la zona y cuyo enojo, a la postre, desencadenó el más escalofriante episodio de desaparición forzada del que se tenga registro en la historia de Colombia.
A Castaño le habían robado 42 cabezas de ganado a finales de 1989. La información que corría por todo el norte del Urabá Antioqueño indicaba que la guerrilla era la responsable del robo y que, en su huida con las reces, habían pasado por Pueblo Bello por lo que el jefe paramilitar consideraba a sus habitantes cómplices. Así se lo hizo saber a “Los Tangueros”, su escuadrón de muerte compuesto por cerca de 60 hombres fuertemente armados, entrenados y descorazonados para darle forma a la más abominable empresa criminal. Se denominaban “Los Tangueros” en honor a la finca Las Tangas en la que Fidel Castaño conformó este escuadrón paramilitar que luego sería modelo para cientos y cientos que también llevaron el horror a las más apartadas zonas del país. En Las Tangas, Fidel Castaño le dijo a sus hombres la sentencia para que estos se encargaran de hacer correr entre la gente antes de cumplirla. “Él (Fidel) había dicho que esas cuarenta y dos cabezas de ganado iban a valer cuarenta y dos personas”, afirmó un habitante de la zona que narró su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 13 de enero empezó Castaño a cumplir su amenaza con creces: no se llevó 42 sino 43 pobladores de Pueblo Bello, tres de estos menores de edad. “Los tangueros” arribaron al municipio pasadas las ocho de la noche, luego de superar los retenes del Ejército instaurados en varios puntos de una zona declara “de emergencia y de operaciones militares”. Se movilizaban en dos camiones y portaban armas de diferentes calibres, algunos vestían prendas de uso privativo del Ejército y otros iban de civil y cubrían su rostro con pañuelos. Cuando llegaron al parque central se distribuyeron por todo el pueblo y poco a poco y con violencia fueron sacando de las casas a 43 hombres que tenían reseñados por sus nombres en una lista. Los concentraron en el parque, los amarraron y los amordazaron y -como al ganado que le hurtaron a Castaño-, los metieron apretujados en los dos camiones de carga que de regreso pasaron nuevamente frente a los puestos de control militar al margen de la vía. Para ese entonces no se supo a dónde se los llevaron. Nadie dijo nada. Y nadie volvió a saber de ellos con vida.
Las investigaciones posteriores permitieron establecer que hacia a las primeras horas de la madrugada del 15 de enero, “Los Tangueros” arribaron con su “cargamento” a la finca Santa Mónica. Allí los aguardaba Fidel Castaño, quien ordenó dividir a los 43 hombres en varios grupos y someterlos a un interrogatorio atroz con la idea de saber dónde estaba su ganado. “Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos” dice otro testimonio ante la Corte. Se estima que unas veinte personas no sobrevivieron a tal procedimiento. Varias habrían sido desmembradas y sepultadas en fosas clandestinas. Las víctimas, vivas y muertas, fueron repartidas en toda la zona y hasta hoy no se tiene rastro de 37 de los desaparecidos.
A las primeras horas del 15 de enero, cuando los familiares de los desaparecidos se presentaron ante las autoridades buscando noticias de sus seres queridos, se encontraron con el teniente Rincón que furioso les hizo un cuestionamiento demoledor: “Y ahora por qué sí vienen, cuando se llevaron los ganados de Fidel Castaño no vinieron a denunciar eso pero ahora que se llevan a la gente sí denuncian. Eso seguro se trata de una venganza, ustedes cambiaron la gente por ganado”. No valió de nada la insistencia de que se practicara un allanamiento en Las Tangas pues “no tenía tropas para mandar”.
El luto, la desazón y la rabia de las familias afectadas se volvieron una indignación dura una semana después, cuando un grupo de militares procedente de la base militar de Carepa, Antioquia, arribaron en un helicóptero a Pueblo Bello. Al descender de la aeronave lucían uniformes y traían sobres con sumas de cincuenta mil pesos. Siguiendo una lista como la de “Los Tangueros” fueron buscando por el pueblo a las familias victimizadas para entregarles el dinero. Muchas no aceptaron la vil compra de su silencio. Por el contrario, desde entonces, empezaron a buscar la forma de encontrar justicia. Luego de agotar las instancias nacionales lograron que la Corte Interamericana juzgara el caso y el 31 de enero de 2006 lograron su propósito.
El Estado colombiano fue condenado a indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de los desparecidos de Pueblo Bello. A pesar de que la justicia nacional condenó a una decena de personas, entre ellas al desaparecido Fidel Castaño por su responsabilidad en estos hechos, la CIDDHH determinó en su sentencia que el Estado creó una situación de riesgo para la población de Pueblo Bello al no tomar las medidas oportunas y eficaces para desactivar los grupos paramilitares que operaban en el Urabá antioqueño y que posteriormente faltó a su deber de garantizar los derechos de acceso a la justicia.
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José Monsalve
“Los hechos por los cuales estamos hoy aquí reunidos son hechos tristes, porque le han causado un inmenso daño a muchos de los presentes (…) Rechazamos estos actos y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, sus padres, sus madres, sus hijos e hijas, sus hermanos y hermanas, esposas y compañeras. Lamentamos no haber escuchado sus voces antes y haberlos hecho transitar este largo camino para alcanzar justicia”.
Esas fueron las palabras del ministro de Defensa Juan Manuel Santos a las víctimas de la desaparición más grande de la historia, ocurrida en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo, Antioquia, el 14 de enero de 1990.
Por la omisión en la que incurrieron el gobierno y las Fuerzas Militares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno de Colombia pedir perdón en un acto público a las familias de las víctimas y a pagar una multimillonaria indemnización.
Los familiares de las 43 personas que fueron torturadas escucharon el perdón de Santos. Y al mismo tiempo, recordaban las horribles palabras de un militar que les habló al día siguiente de la tragedia: “Ustedes cambiaron gente por ganado”. Una frase así era lo último que esperaban escuchar los habitantes desesperados de este corregimiento, ubicado en el Urabá antioqueño. Varios oyeron al teniente del Ejército Fabio Enrique Rincón Pulido, adscrito a la base militar de San Pedro de Urabá, repetirla como una sentencia: “Cambiaron gente por ganado”.
La afirmación del teniente hacía referencia a la más reciente furia de Fidel Castaño Gil, el temible jefe paramilitar de la zona y cuyo enojo, a la postre, desencadenó el más escalofriante episodio de desaparición forzada del que se tenga registro en la historia de Colombia.
A Castaño le habían robado 42 cabezas de ganado a finales de 1989. La información que corría por todo el norte del Urabá Antioqueño indicaba que la guerrilla era la responsable del robo y que, en su huida con las reces, habían pasado por Pueblo Bello por lo que el jefe paramilitar consideraba a sus habitantes cómplices. Así se lo hizo saber a “Los Tangueros”, su escuadrón de muerte compuesto por cerca de 60 hombres fuertemente armados, entrenados y descorazonados para darle forma a la más abominable empresa criminal. Se denominaban “Los Tangueros” en honor a la finca Las Tangas en la que Fidel Castaño conformó este escuadrón paramilitar que luego sería modelo para cientos y cientos que también llevaron el horror a las más apartadas zonas del país. En Las Tangas, Fidel Castaño le dijo a sus hombres la sentencia para que estos se encargaran de hacer correr entre la gente antes de cumplirla. “Él (Fidel) había dicho que esas cuarenta y dos cabezas de ganado iban a valer cuarenta y dos personas”, afirmó un habitante de la zona que narró su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 13 de enero empezó Castaño a cumplir su amenaza con creces: no se llevó 42 sino 43 pobladores de Pueblo Bello, tres de estos menores de edad. “Los tangueros” arribaron al municipio pasadas las ocho de la noche, luego de superar los retenes del Ejército instaurados en varios puntos de una zona declara “de emergencia y de operaciones militares”. Se movilizaban en dos camiones y portaban armas de diferentes calibres, algunos vestían prendas de uso privativo del Ejército y otros iban de civil y cubrían su rostro con pañuelos. Cuando llegaron al parque central se distribuyeron por todo el pueblo y poco a poco y con violencia fueron sacando de las casas a 43 hombres que tenían reseñados por sus nombres en una lista. Los concentraron en el parque, los amarraron y los amordazaron y -como al ganado que le hurtaron a Castaño-, los metieron apretujados en los dos camiones de carga que de regreso pasaron nuevamente frente a los puestos de control militar al margen de la vía. Para ese entonces no se supo a dónde se los llevaron. Nadie dijo nada. Y nadie volvió a saber de ellos con vida.
Las investigaciones posteriores permitieron establecer que hacia a las primeras horas de la madrugada del 15 de enero, “Los Tangueros” arribaron con su “cargamento” a la finca Santa Mónica. Allí los aguardaba Fidel Castaño, quien ordenó dividir a los 43 hombres en varios grupos y someterlos a un interrogatorio atroz con la idea de saber dónde estaba su ganado. “Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos” dice otro testimonio ante la Corte. Se estima que unas veinte personas no sobrevivieron a tal procedimiento. Varias habrían sido desmembradas y sepultadas en fosas clandestinas. Las víctimas, vivas y muertas, fueron repartidas en toda la zona y hasta hoy no se tiene rastro de 37 de los desaparecidos.
A las primeras horas del 15 de enero, cuando los familiares de los desaparecidos se presentaron ante las autoridades buscando noticias de sus seres queridos, se encontraron con el teniente Rincón que furioso les hizo un cuestionamiento demoledor: “Y ahora por qué sí vienen, cuando se llevaron los ganados de Fidel Castaño no vinieron a denunciar eso pero ahora que se llevan a la gente sí denuncian. Eso seguro se trata de una venganza, ustedes cambiaron la gente por ganado”. No valió de nada la insistencia de que se practicara un allanamiento en Las Tangas pues “no tenía tropas para mandar”.
El luto, la desazón y la rabia de las familias afectadas se volvieron una indignación dura una semana después, cuando un grupo de militares procedente de la base militar de Carepa, Antioquia, arribaron en un helicóptero a Pueblo Bello. Al descender de la aeronave lucían uniformes y traían sobres con sumas de cincuenta mil pesos. Siguiendo una lista como la de “Los Tangueros” fueron buscando por el pueblo a las familias victimizadas para entregarles el dinero. Muchas no aceptaron la vil compra de su silencio. Por el contrario, desde entonces, empezaron a buscar la forma de encontrar justicia. Luego de agotar las instancias nacionales lograron que la Corte Interamericana juzgara el caso y el 31 de enero de 2006 lograron su propósito.
El Estado colombiano fue condenado a indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de los desparecidos de Pueblo Bello. A pesar de que la justicia nacional condenó a una decena de personas, entre ellas al desaparecido Fidel Castaño por su responsabilidad en estos hechos, la CIDDHH determinó en su sentencia que el Estado creó una situación de riesgo para la población de Pueblo Bello al no tomar las medidas oportunas y eficaces para desactivar los grupos paramilitares que operaban en el Urabá antioqueño y que posteriormente faltó a su deber de garantizar los derechos de acceso a la justicia.
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