miércoles, 15 de agosto de 2007

Un uribismo ‘sedicioso’

Un uribismo ‘sedicioso’
Enviado por elturbion el Mié, 15/08/2007 - 1:34am.



El Derecho distingue, entre las conductas punibles en la sociedad, dos tipos de delitos: el delito común y el delito político. Con la construcción de los estados modernos, esta última clasificación aparece y se va haciendo cada vez más clara, dada la evolución histórica de los movimientos populares y sociales que buscan una sociedad más justa. Así, el delito político tiene su fundamento en el derecho primordial de los pueblos a rebelarse contra un poder que no les representa o que les oprime, lo cual no sólo se encuentra consagrado en las constituciones de inspiración liberal –como la de los propios Estados Unidos– sino también en la Carta de los Derechos de los Pueblos, firmada en Argel el 4 de julio de 1976. La existencia del delito político supone la existencia de un poder que una parte de la sociedad considera ilegítimo, o que no le representa, y de formas de organización y de acción de ésta para oponerse a aquel. Por esto, la lucha de importantes sectores por el reconocimiento de este tipo de delitos se ha expresado en las constituciones y legislaciones de distintos países, con los matices propios que ofrece la lucha contra las desigualdades sociales en cada uno de ellos.

Por esto, no deja de llamar la atención la propuesta de Uribe Vélez, actual inquilino de la Casa de Nariño, de ofrecer el tratamiento de criminales políticos a los jefes paramilitares y a sus representantes en el Congreso de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia considerase que la figura contemplada por la Ley 975 de 2005, la mal llamada ‘Ley de justicia y paz’, para que a estos criminales se les juzgase por sedición no es aplicable, dado que nunca se han opuesto al Estado y a que han actuado siempre en complicidad con las fuerzas militares.

Las razones, en realidad son muy simples: de acuerdo a la Constitución de 1991, los delitos políticos –rebelión, asonada y sedición– son indultables y sólo basta la voluntad política del Ejecutivo para la liberación de quienes se encuentren cautivos por ellos. En el caso particular, las componendas políticas que los jefes narcoparamilitares han realizado con el Jefe de Estado para garantizar la legalización de sus fortunas –obtenidas a partir del narcotráfico, el despojo a los campesinos, la falsificación de escrituras, el desplazamientos y toda la suerte de atrocidades que han cometido– y su inserción a la vida política como respetables hombres de negocios condicionan el comportamiento del presidente en esta materia.

El caso no es nuevo: en Centroamérica, durante las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los gobiernos dictatoriales que subsistían gracias a la velada intervención militar de los EEUU crearon ejércitos completos de mercenarios que, además de recibir entrenamiento, armamento y pertrechos de la CIA, fueron constituyéndose en la principal herramienta de las clases dominantes locales para acceder al poder local y nacional. De ser criminales de guerra condenados por la comunidad internacional, organizaciones como la ‘mano blanca’ salvadoreña pasaron a camuflarse en los partidos políticos que sus dirigentes habían formado para acceder al poder como Alianza de Renovación Nacional (Arena) –cuyo nombre coincide casi completamente con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que los jefes paramilitares colombianos formaron hace casi 20 años en Puerto Boyacá–, con los que fueron accediendo poco a poco al poder hasta que los indultos del proceso de paz en los 90 los dejaron libres para participar en el Paralamento y, finalmente, en el Ejecutivo, desde donde garantizan, sin titubeos, la aplicación de las políticas neoliberales y el favorecimiento de los intereses de la élite dominante y de sus aliados en EEUU.

El llamado ‘proceso de paz’ con los narcoparamilitares colombianos se ha convertido en un curioso monólogo, donde lo que se está entrando a discutir es la inserción de los jefes militares y los financiadores del proyecto más autoritario que se ha gestado en Colombia durante el último medio siglo en una estructura estatal que, desde antes de 2002, se ha venido adaptando a sus mandatos y se define actualmente por la introducción en el gobierno y la legitimación de un gigantesco poder venido de la cocaína, la usurpación, el desplazamiento y la motosierra.

De esta manera, no sorprende que el mandatario emplee su característica flexibilidad moral para ingeniarse el doble rasero que le permita mantener un cierto estatus político sobre los jefes de las AUC. Mientras niega la existencia de la guerra y el conflicto en Colombia, calificando la actual situación como de enfrentamiento a una “amenaza terrorista”; mientras niega la condición de contendiente político a las guerrillas, descalificándolas constantemente, y mientras se niega a cualquier discusión de fondo con estas organizaciones para realizar un acuerdo humanitario, Uribe Vélez se muestra sumiso a los deseos de los inquilinos de la cárcel de Itagüí, cumple sin dudar sus demandas, intenta parecer independiente de sus mandatos y trata de reconocerlos como criminales políticos, sin que cumplan las condiciones esenciales para ello.

El mismo delito político que Uribe y sus ministros del Interior y de Justicia han intentado desaparecer de la Constitución, con el frustrado Estatuto Antiterrorista; el mismo que quieren excluir de la práctica judicial, con el abuso de la calificación de ‘terrorista’ a cualquier actividad de oposición, y el mismo que ha venido disolviéndose en las constantes operaciones de capturas masivas y detenciones arbitrarias, características del paquidérmico aparato de inteligencia del Estado, es el que se pretende aplicar sobre quienes han sido y siguen siendo las principales herramientas de control de un modelo autoritario de Estado, basado en el control y la cooptación de la población a favor de los intereses de los sectores que encabezan el gobierno, para facilitar que sus jefes –nunca sus combatientes de base– se puedan proyectar como miembros del gobierno o sean aceptados en la estructura interna de las clases dominantes, a través de la limpieza de sus historiales penales y de la legalización de sus fortunas.

Curiosamente, dos coincidencias refuerzan esta situación. En primer lugar, que el 15 de septiembre de 2000 el gobierno de Colombia recibe la visita de Charles E. Wilhelm, jefe del Comando del Sur de EEUU, para la verificación de resultados de la primera parte del Plan Colombia. Como dato interesante hay que anotar que Wilhelm fue nombrado, en julio de 1990, como asesor jefe de la oficina del subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, instancia del Pentágono directamente relacionada con el escándalo Irán-Contras y con el proceso de inserción de la ‘mano blanca’ en el gobierno salvadoreño, y que su visita fue seguida, algunas semanas después, del anuncio de que las AUC se habían confederado, nombrando a Carlos Castaño como jefe militar y a alias ‘Ernesto Báez’ como jefe político, estableciendo un programa político único y determinando un modelo de Estado a instituir en Colombia. En segundo lugar, porque, al igual que con Arena, el proceso de legalización del narcoparamilitarismo les ha dado acceso a alianzas con barones políticos del orden nacional y regional, que no sólo se limitan al 35% del Congreso que dicen controlar, a las insuficientes investigaciones de la parapolítica y a las comprobadas malversaciones de los fondos de los gobiernos locales y regionales hacia las cuentas mafiosas, sino que también se extienden a las campañas electorales para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, donde ya se ha comprobado la participación de algunos cuadros regionales de las AUC, supuestamente desmovilizados, en las listas de diversos partidos políticos de la coalición de gobierno, a pesar del compromiso gubernamental porque esto no pasara.

Mientras tanto, las cárceles colombianas siguen abarrotadas de los verdaderos criminales políticos. Miles de colombianos permanecen encerrados por acusaciones realizadas al amparo de la ‘seguridad democrática’ en procesos dudosos que incluyen el uso de informantes a sueldo, pruebas falsas y capturas ilegales. Otros tantos, se mantienen desde allí siendo prisioneros de guerra, presos políticos y presos de conciencia que siguen planteándose como opositores a un sistema y un modelo de Estado excluyentes. Ninguno de ellos recibe el trato de los ocupantes del centro vacacional de Itagüí ni las mismas consideraciones de parte del gobierno.

Siendo las cosas así, lo que está en juego es la usurpación del derecho colectivo de los pueblos a rebelarse por parte de quienes les han negado, por medio de una violencia sistemática y salvaje, la mínima posibilidad de manifestarse a amplios sectores de la población colombiana. Los masacradores de opositores, los desplazadores de campesinos, indígenas y afrocolombianos, los ejecutores de los miles de asesinatos selectivos, los comerciantes de la cocaína y los torturadores de oficio no merecen el calificativo de sediciosos porque nunca se han opuesto al orden injusto que impera en Colombia. Su labor, por el contrario, ha sido la de profundizar la injusticia y la desigualdad a favor de intereses espurios. Es deber de la sociedad y del pueblo colombiano hacer que sus crímenes sean juzgados como lo que son, delitos de lesa humanidad, y se haga verdadera justicia con las víctimas de sus actos.


Publicado en http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/169
Agosto 12 de 2007 - ENTRE TULUÁ Y ANDALUCÍA HAY RESTOS DE DOS CEMENTERIOS DEJADOS POR LOS 'PARAS'
Solas, víctimas buscan fosas
Venciendo el miedo, tres mujeres hallaron los restos de dos personas entre Tuluá y Andalucía. Cerca de allí, en 'El Pueblito', hay huesos regados en la montaña, perforada como si le hubieran llovido rocas. Las autoridades dicen que no saben de fosas.


Por su cuenta, usando tapabocas y guantes, tres mujeres subieron una montaña del centro del Valle del Cauca a buscar un cadáver. Un día antes les informaron a algunas autoridades de la pista que tenían, pero encontraron muchos 'requisitos'.

Entonces, viajaron solas y con una pala cavaron menos de un metro. Las piernas les flaquearon cuando supieron que estaban equivocadas de fosa, en ese sitio conocido como 'Las Cruces', entre Tuluá y Andalucía: en vez de un hombre hallaron una mujer.
Se tuvieron que ir pero luego un campesino les hizo saber: "Es al lado de un limón". Y volvieron hasta hallar los que serían los restos de Bernardo Rodríguez, de 48 años.

Una camisa y un calzoncillo sirvieron para reconocer, en principio, los restos de ese campesino que el 19 de agosto del 2001 cayó en manos de los paramilitares del Bloque Calima, que lo señalaron como auxiliar de la guerrilla.

Las mujeres metieron los huesos y las prendas de ambas personas en cajas de cartón y las llevaron al cementerio de Tuluá.

La búsqueda ocurrió meses atrás pero solo a fines de junio de este año las pruebas de ADN probaron que era él. De los restos de la mujer no hay certeza. La semana pasada el Instituto de Medicina Legal les entregó los restos para sepultar a Rodríguez.

'Las Cruces' es uno de los dos sitios a donde llegó EL TIEMPO en esa zona de la cordillera Central, a escasos 25 minutos de las cabeceras urbanas de Tulúa y Andalucía.

Todavía las autoridades municipales no han verificado los hallazgos. El comandante de la Tercera Brigada, general Leonardo Gómez, dijo que "hemos acudido a 8 o 9 sitios, pero no hallamos nada. No sabemos de esos casos".

Hace dos meses, internos de la cárcel de Palmira, condenados por la matanza del Alto Naya (entre Valle y Cauca), ofrecieron decir dónde hay fosas (en cinco municipios) a cambio de beneficios, pero el asunto está pendiente.

El secretario de Gobierno de Tuluá, Luis Eduardo Pineda, no sabe de fosas. "Hace rato se supo de unas en Galicia, corregimiento de Bugalagrande pero en nuestra área, no".

Cinco años de muerte

Los 'paras' llegaron al Valle el 31 de julio de 1999 cuando se celebraba la fiesta de la Virgen del Carmen en el corregimiento tulueño de La Moralia.

En solo un año cometieron 35 matanzas y provocaron un desplazamiento que no se ha terminado. Se les atribuyen cerca de 300 muertes y unas 200 desapariciones. El entonces defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo, envió varias alertas tempranas sin respuesta. El 28 de agosto del 99, el gobernador encargado Juan Bonilla admitió la presencia de los 'paras', mientras que el Ejército lo hizo después de tres meses.

Nadie subía a buscar los muertos, excepto algunos carros funerarios. Había temor desde cuando un campesino fue asesinado por los 'paras' que lo acusaron de revelar dónde estaba el cadáver de un líder sindical en zona rural de Bugalagrande.

El Bloque Calima se desmovilizó el 18 de diciembre del 2004 pero los paramilitares siguen rondando la montaña.

Dónde están las fosas

Los dos cementerios entre Tuluá y Andalucía fueron hallados gracias a distintas fuen-tes, incluidos desmovilizados del Calima, que manchó con su nombre una de las culturas indígenas del Valle.

El lugar donde aparecieron los restos de Rodríguez, está en el corregimiento Pardo Alto (Andalucía), en una ladera a la que se llega por La Marina o La Iberia. Se cruza una trocha enmarañada de 300 metros por la cual no pasan carros desde hace varios meses.

En la parte alta de ese cementerio hay pedazos de una casa. En el terreno hay semienterradas guaduas, que serían marcas de tumbas. El sitio era campamento y cancha de fútbol de los 'paras'.

Alfonso Zapata, un campesino, subió una vez a buscar a dos parientes allí pero se asustó. "Creo que mi hermano Juan está muerto. De mi sobrino Luis, no sé nada. Da miedo volver a buscar", dice.

Miedo en 'El Pueblito'

A menos de un kilómetro está 'El Pueblito' en Naranjal (Tuluá). Todo quien subía atado a ese cerro no volvía a bajar. Los gritos y disparos se perdían entre gigantes cedros, yarumos y siete cueros.

Queda arriba de una escuela y en límites de fincas. A varias víctimas las obligaron a cavar sus fosas, luego les disparaban o los mataban a machete, motosierra o pala.

Los muertos fueron enterrados a distintas profundidades, incluso hay huesos a flor de montaña como los de una persona, a la que, al parecer, le separaron sus extremidades, su cabeza y su dentadura.

La montaña tiene huecos dispersos y de distintos tamaños, como si le hubiera caído una lluvia de rocas.

Un campesino dice que dejó de pensar en hallar a una hermana desde cuando le informó a un funcionario que sabía donde estaban y él le respondió que no iba porque "eso nos perjudica para las estadísticas de muertos".

Un pacto con el diablo

Al tendero Ómar Murillo lo mataron antes de ser llevado a 'El Pueblito'. Tres paramilitares le cobraron que no les fiara una botella de aguardiente, pero su acto se les convirtió en un trago amargo.

Le dispararon tres veces y él les gritaba: "Belcebú, ¿por qué me abandonaste?". Uno de los 'paras' sacó entonces un machete y lo decapitó. Cuentan que esa noche la montaña se llenó de quejidos.

Pero el susto aumentó cuando, según la leyenda, un gato del difunto subió varias veces a maullar en 'El Pueblito'. Unos días después, los 'paras' lo desenterraron y lo llevaran al camposanto rural. Murillo fue el primero que pudo descansar fuera de las fosas regadas por los 'paras' en esa montaña.

En el Valle, de acuerdo con distintos testimonios, hay más de 15 cementerios.

En la lista están la vereda La Morena en Bugalagrande; La Sonora, en Trujillo; El Arenillo y La Ruiza, entre Palmira y Pradera; Montañitas en La Cumbre; zonas rurales y urbanas de Buenaventura. Las montañas de Ginebra, Buga, Sevilla, La Unión y El Dovio también guardan secretos.

Una sola condena
Dos cabecillas del Calima eran ex militares: Francisco García, 'Juan González', muerto el 28 de marzo del 2001; y Norberto Hernández, 'Román', muerto el 28 de julio del 2002 porque se quedó con 'donaciones'. El 1 de diciembre del 2004 fue muerto 'Fernando', otro vocero. Aunque detrás de ellos habría narcos y empresarios, no hay datos concretos.

La semana pasada el Tribunal Superior de Buga condenó a Dairo Antonio Castaño, procesado por la matanza de 24 campesinos el 10 de octubre de 2001 en la vereda Alaska, centro del Valle. Varias mujeres lo identificaron como quien dirigió el ataque de hombres que vestían prendas de uso privativo del Ejército, con brazaletes de las Auc.

Hasta ahora no se ha puesto al descubierto la existencia de fosas en Nariño y Cauca, pero varias fuentes sostienen que en zonas rurales como El Alto Naya falta localizar a muchos desaparecidos. También en los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Tumaco, Barbacoas, Santander de Quilichao, Miranda, El Bordo y Balboa.

JOSÉ LUIS VALENCIA
WILLIAM LOAIZA AMADOR
ENVIADOS ESPECIALES DE EL TIEMPO
EL NARANJAL Y PARDO ALTO (VALLE)

Publicado en www.eltiempo.com

El ‘Suizo’, el hombre que voló avión de Avianca durante los aciagos tiempos del narcoterrorismo

El ‘Suizo’, el hombre que voló avión de Avianca durante los aciagos tiempos del narcoterrorismo
Darío Uzma planeó el atentado del HK-1803. En el vuelo murió uno de los sicarios del cartel de Medellín junto a otros 106 pasajeros. Estas y otras sorprendentes revelaciones están en el libro De Rasguño y otros secretos del bajo mundo, del periodista Juan Carlos Giraldo. Semana.com publica a continuación el sorprendente capítulo.
El curtido investigador judicial, al que simplemente le decían Carrillo, llegó al lugar de los hechos seis horas después de divulgada la noticia de la caída de un avión jet de la empresa Avianca, con 101 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

La aeronave hk 1803, que debía cubrir la ruta BogotáCali, había salido del Aeropuerto Eldorado a las siete y trece minutos de la mañana de ese lunes 27 de noviembre de 1989.
El Boeing 727100 cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura, y se desparramó en mil pedazos sobre una montaña rocosa, en jurisdicción de la población de Soacha, ubicada al extremo sur de la capital colombiana.

Muchas personas vieron cuando explotó en el aire y pudieron observar los pedazos del aparato cayendo a tierra. Esas mismas personas llamaron a las emisoras locales y nacionales, pero nadie quiso dar crédito a «semejante vaina», a esa hora de la mañana, cuando el cielo se abría y daba paso a un sol radiante que comenzaba a iluminar la ciudad.

El investigador Carrillo era el duro de los explosivos en el naciente Cuerpo Especial de Investigaciones de la Unidad de Instrucción Criminal. Cuando llegó al lugar de los hechos o, dicho en términos judiciales, a la escena del crimen, ya se encontraba invadido de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, policías, curiosos y saqueadores que aprovechaban cualquier descuido de la sorprendida autoridad para hacerse a una prenda, un collar o un reloj.

Partes de cuerpos se encontraban regadas en un radio de unos tres kilómetros, vísceras humanas y retazos de ropa colgaban de las ramas de los eucaliptos que abundan en ese lugar. El espectáculo era macabro. Nadie se salvó.

Un pedazo de unos doce metros del fuselaje del avión fue la parte más intacta que quedó. Tres letras de la palabra Avianca se podían leer sobre un fondo rojo y blanco, los colores oficiales de la empresa aérea más grande e importante del país.

Carrillo era un hombre muy conocido en los pasillos judiciales por todos los periodistas que cubrían las noticias de su sector, y seguramente por eso fue abordado de inmediato cuando los comunicadores descubrieron su menuda figura agazapada a un lado del fuselaje, tomando las primeras impresiones de la tragedia.

¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, mal tiempo? Todos sus amigos periodistas le querían preguntar, al mismo tiempo, en desorden. «Fue un atentado terrorista», se atrevió a asegurar, no sin antes advertir que lo decía «off the record», pues aún era muy prematuro hablar de forma oficial.

Carrillo tomó del brazo a uno de los periodistas que más le generaba confianza, y apartándolo le confió el motivo de su intuición. «¿No le huele raro, como a dulce?», le preguntó al reportero. «Sí, huele como a dulce, como a gasolina dulce», le respondió aquél. «No, guevón, es el olor del explosivo plástico, del C4».

Nadie le paró bolas al investigador, pese a que Colombia vivía uno de los capítulos más sangrientos de su historia reciente, derivado de la guerra que el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, le había declarado al Estado, con el fin de evitar que se aprobara la extradición de narcotraficantes como él a Estados Unidos.

A diario, y a veces hasta en intervalos de horas, las explosiones de las bombas sacudían las calles de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, sembrando el pánico y la desolación. Decenas de personas, inocentes en su mayoría, murieron por culpa de la arremetida de los llamados Extraditables, el grupo militar que formó Escobar Gaviria para enfrentar una guerra que él calificó como «sin cuartel».

«Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos», era el lema de los comunicados que los Extraditables publicaban cada vez que se adjudicaban un atentado criminal o un ataque terrorista.

Aunque esta vez no hubo comunicado alguno que se atribuyera semejante crimen, las conclusiones de Carrillo no eran tan descabelladas como a priori lo asumieron los periodistas que llegaron al lugar. ¿Sería posible que la caída de un gigante de los cielos como el Boeing de Avianca hiciera parte de un plan fraguado por la mente criminal de Pablo Escobar? En principio el tema se quedó en simples especulaciones de un investigador tercer mundista. Y si se tiene en cuenta que Colombia es un país de altísima accidentalidad aérea, pues la hipótesis de un atentado parecía esfumarse con el mismo viento que soplaba fuerte contra las rocas de la montaña donde descansaban los restos de los pasajeros del avión.

Dos días más tarde, en el lugar de la tragedia aparecieron regados por todas partes agentes del fbi enviados desde Estados Unidos, de la dea y de la Agencia de Aviación.

Y sólo entonces los periodistas comenzaron a sospechar, a aceptar la posibilidad de un atentado terrorista, a no descartar con tanto facilismo que la siniestra mente de Pablo Escobar había ideado un nuevo ataque sin antecedentes recientes en el mundo.
Para entonces, Carrillo ya se había embolatado en otros asuntos, en otras áreas de su trabajo, sin saber que su olfato era aún más acertado que los sofisticados aparatos con los que se vio llegar al grupo de gringos vestidos por completo de negro, con gorra y comida enlatada que cargaban en gruesos morrales color militar.

Tomaron muestras de los árboles, de las ramas de las que todavía, cincuenta horas después, pendían restos humanos ya putrefactos; tomaron muestras de los pedazos de cadáveres que habían sido acomodados en fila, cubiertos con sábanas blancas para que los curiosos y fotógrafos de periódicos sensacionalistas no le dieran rienda suelta al morbo. Y también se llevaron muestras de los restos del avión y de la tierra donde cayeron sus pedazos.

La escena del crimen, que en cualquier otra parte del mundo es lo más sagrado en una investigación, había sido docenas de veces manipulada por los primeros curiosos, por los policías inexpertos que acudieron al lugar cuando escucharon el golpe del fuselaje contra la tierra y, obviamente, por los saqueadores que se robaron las pocas prendas que quedaron buenas y los billetes rotos que alcanzaron a llegar al suelo como plumas que se desprenden de un colchón.

Pero, gracias al cielo, los investigadores colombianos no necesitaron los pocos elementos que se lograron salvar. Mientras en los laboratorios de Estados Unidos se comprobaba la presencia de explosivos en partes del avión y en el tejido blando de algunos trozos de cadáveres, en Bogotá un juez recibía el testimonio de una mujer que, sin proponérselo, allanaría el camino para aclarar los hechos o, por lo menos, una de las razones del hecho.

Con el corazón destrozado y el desespero de saber noticias de su esposo que iba en el vuelo, la mujer se presentó al despacho judicial como una viuda más.

La investigación la asumió en principio el juez Antonio Cadena Farfán, quien atiborró en su estrecha oficina del complejo judicial de Paloquemao, los cientos de papeles de las diligencias iniciales, los cientos de folios con testimonios de familiares de víctimas y testigos y los cientos de actas de defunción. El juez Cadena se vio en la necesidad de habilitar el baño de su despacho para acomodar allí las bolsas plásticas con los restos más pequeños del avión y algunas pertenencias de los pasajeros.

El caso judicial tomó forma cuando llegó a manos de un segundo juez, en ese entonces un joven abogado tolimense que tuvo la fortuna de contar con el testimonio que revelaría una parte de la verdad. Jaime Gómez Méndez llevaba pocos meses al frente del Juzgado Séptimo de Orden Público cuando, por una comisión especial del gobierno, le entregaron el expediente con las diligencias previas y los resultados de las agencias estadounidenses que estuvieron en el lugar. Y fue a él a quien una tarde visitó en su oficina la viuda, argumentando que quería reclamar el carro que su esposo había dejado en el parqueadero del aeropuerto en Bogotá. La mujer explicó que era un Renault 9 de color blanco y que ahora, después de identificado el cadáver de su esposo, debían devolvérselo a ella, la legítima heredera.

El juez Gómez Méndez echó mano de su olfato como investigador especializado en criminalística para detectar en el relato de la viuda un elemento importantísimo que le podría dar un giro a las pesquisas que en ese instante se encontraban bajo el rótulo de «determinadores sin identificar».

Le tomó declaración bajo juramento, como requisito para la devolución del vehículo, aunque ésa no fuera su verdadera intención. Ella entregó documentos: la tarjeta de propiedad del carro, fotocopias de la cédula del esposo, el registro civil de matrimonio y su pasado judicial. En la declaración, reveló el verdadero nombre de su cónyuge y explicó, además, que él siempre viajaba «con chapa», por razones de seguridad. Chapa, según explicó, era la cédula falsa que el hombre cargaba para pasar controles oficiales, pues confesó que se trataba de un importante ex empleado del cartel de Medellín que había decidido entregarse a la justicia norteamericana para convertirse en testigo de cargo contra Pablo Escobar.

Y relató, con lujo de detalles, que ese día iba para Cali a encontrarse con los agentes de la dea que lo iban a trasladar; pues la idea era sacarlo por una ciudad distinta de Bogotá o Medellín, porque los sicarios de Pablo Escobar ya lo estaban siguiendo para asesinarlo antes de salir del país.

Aunque con beneficio de inventario, el juez Gómez tomó aquel relato como un elemento trascendental para empezar a dirigir la investigación hacia el grupo de los Extraditables, que para esos días ya habían enviado mensajes anónimos grabados a las emisoras radiales, atribuyéndose el plan criminal.

Si hasta entonces se mantenían algunas dudas sobre los móviles y los autores del hecho, la versión de la viuda las disipó. Pero el juez nunca creyó que semejante plan terrorista, que seguramente contó con asesoría de empresas criminales extranjeras, se hubiera montado con la exclusiva intención de asesinar a un solo hombre, por muy amenazante que éste resultara para los intereses del cartel de Medellín.

Y tenía razón el juez, pero nunca pudo saber esa otra parte de la verdad, porque la investigación se enredó en asuntos más administrativos, como la entrega de las pertenencias a las familias, la identificación plena de los pasajeros y las llamadas actas de defunción. Para ello, debió releer las versiones de todos los familiares, con el fin de confrontarlas con los documentos de identidad hallados en el lugar, y poder así hacer entrega física y oficial de los cadáveres, para que recibieran los oficios religiosos de rigor y cristiana o católica sepultura.

Aunque el juez Gómez Méndez encontró méritos suficientes para abrir investigación formal y vincular como autores a los jefes del cartel de Medellín, nunca conoció un segundo testimonio que acabaría de confirmar las especulaciones que ya se habían convertido en verdades callejeras. Testimonio que, más que reiterar quiénes fueron los autores intelectuales, arrojó luces sobre la forma como se desarrolló el macabro plan, desde su inicio en Medellín hasta su ejecución a 10.400 pies de altura en los cielos de Bogotá.

Lo entregó una persona muy cercana a la familia de Pablo Escobar Gaviria, casi diez años después de ocurrido el hecho, época en que la investigación ya había sido archivada y olvidada. Sucedió cuando se encontraba preso en Estados Unidos uno de los sicarios más sanguinarios al servicio del capo, conocido como La Quica y señalado por la dea de haber sido parte del grupo encargado de volar el avión, donde además figuraba en la lista de víctimas un ciudadano estadounidense.

Según ese último testimonio -del que existe evidencia magnetofónica-, uno de los jefes del ala terrorista de Pablo Escobar, y quien fuera asesinado años después al salir de la cárcel, fue el encargado de organizar a los hombres y dotarlos de todos los elementos necesarios para el atentado.

Aunque se presume que hubo asesoría de un terrorista español, al parecer ex miembro de la eta, la bomba con que volaron el avión de Avianca resultó ser un aparato sencillo de fabricación casera, que mandó a hacer un joven sicario del cartel de Medellín, bajo de estatura, grueso y de tez trigueña. Un bigote que sólo se le pobló en los extremos del labio superior, le daba a su rostro un parecido al memorable humorista mexicano Mario Moreno. Pero dentro del cartel de Medellín no se le conocía con el alias de Cantinflas sino así, simplemente Uzma, por su apellido.

Darío Uzma tenía una mirada penetrante y agresiva, y aunque nunca cursó estudios superiores -apenas hasta primero de bachillerato-, sobresalía por su astucia innata, su arrojo y su despiadada forma de acabar con sus víctimas. Pocas veces utilizaba armas de fuego para cumplir las órdenes de Pablo. Generalmente lo hacía con cuchillos o dagas. En las comunas de Medellín, una zona que frecuentaba, le adjudicaban la leyenda de haberle propinado cincuenta puñaladas a un joven que se le había quedado con una plata.

Uzma fue el elegido por el extinto jefe terrorista al que a su vez Escobar había confiado toda la organización y la logística del plan por el que el capo había ofrecido un millón de dólares si se cumplía al pie de la letra.

La información de inteligencia, que los sabuesos de Escobar habían recogido mediante infiltrados y la interceptación de llamadas telefónicas, daba cuenta de la posibilidad de que en ese vuelo de Avianca viajarían los dos hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de drogas de Cali, para esa época ya clasificados como archienemigos del capo de Medellín. También se decía tener la certeza de que el avión sería abordado por el político colombiano César Gaviria Trujillo, quien había sido declarado objetivo militar.

Seguramente Escobar también sabía de la presencia del testigo de la dea que declararía en su contra en Estados Unidos. Siendo así, la mesa estaba servida para que el jefe del cartel de Medellín se deshiciera de un solo golpe de cuatro enemigos que en ese momento representaban su mayor amenaza. Y todo por un mismo precio, un millón de dólares, que para él no significaban mucho, si se tiene en cuenta que manejaba una caja menor permanente de 10 millones de dólares en una caleta que él en persona había construido en su ciudad.

Por eso, cuando Uzma se enteró del encargo y de la importancia que ese trabajo significaba para el Patrón, expresó a sus allegados la inmensa alegría que le producía el anuncio y prometió cumplirlo a cabalidad. Buscó al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de idear la manera más eficaz y desapercibida posible de hacerla llegar al interior de la aeronave y camuflarla en un lugar que no pudiera ser escudriñado por la seguridad aeroportuaria. Lo demás, lo más fácil, sería conseguir a alguien que la llevara y la activara en pleno vuelo.
Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del atentado. «Conseguime un suizo», le pidió a su amigo. Y éste no tuvo mucha dificultad para convencer a un muchacho de 18 años, recién cedulado, hijo de humildes recogedores de basura, pobres y desahuciados de la sociedad.

La de los suizos era una de las muchas formas que utilizaban los jefes de sicarios de Pablo Escobar para llevar a cabo sus objetivos sin mancharse las manos de sangre, sin tener que apretar el gatillo, cuando las condiciones del atentado se tornaran difíciles.
En varios de los atentados que cobraron la vida de dirigentes políticos, los matones de Escobar habían acudido a esta desalmada figura que tristemente hizo carrera como la de los suizos.

Suizo, invento paisa, es una derivación de la palabra «suicida», acomodada a los jovencitos hambrientos que harían cualquier cosa por conseguir dinero, para comprarle una casa a la mamá o algún electrodoméstico que les aliviara las cargas domésticas. En algunos casos sabían de antemano que morirían en el intento, y por eso exigían la mitad del pago por anticipado antes de ejecutar el trabajo.

Otras veces eran engañados por los reclutadores, que los convencían diciéndoles que se trataba de vueltas fáciles y con pocos riesgos, o que contarían con el apoyo de otros sicarios si encontraban dificultades en el camino.

Así se lo hicieron saber, por ejemplo, a Jerry, un niño de 17 años al que le dieron un arma para que asesinara a un candidato presidencial en el interior de un avión, concidencialmente de la misma empresa de aviación.

En este caso, a Jerry le aseguraron que dos hombres irían con él cubriéndole la espalda, para ayudarlo a huir una vez cumplido el trabajo. Pero no fue así. Cuando apretó el gatillo de la 9 mm contra la humanidad del dirigente de izquierda Carlos Pizarro, el supuesto compañero que le habían enviado para apoyarlo lo asesinó para borrar cualquier vestigio.

Lo mismo hicieron con el terrorista que llevó un carro cargado con explosivos para volarlo en el periódico El Espectador de Bogotá. Lo convencieron de que, una vez estacionado el vehículo, sólo debía accionar el freno de aire y salir corriendo. Le aseguraron que tendría entre cinco y siete minutos para huir, pero tan pronto activó el supuesto freno, el carro voló en mil pedazos, con él adentro.

Y, claro está, el atentado al avión de Avianca no sería la excepción. También iban a engañar al terrorista. Cuando su amigo del barrio Zamora lo llevó hasta donde Uzma, éste le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos del Patrón que viajarían allí.

Los detalles del plan se ultimaron en una casa de la loma El Esmeraldal de Medellín, adonde llevaron al suizo para explicarle lo que debía hacer. Ya entonces Uzma había decidido que el explosivo sería introducido en un maletín, similar al que utilizan los ejecutivos de las empresas. Negro, que combinara perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión sin despertar sospechas y no fuera objeto de una excesiva requisa, o de un cuestionario antes de abordar.

En esa casa de El Esmeraldal solían reunirse jefes y sicarios de Pablo Escobar a planificar los atentados terroristas y los homicidios. De allí salían las órdenes y llegaban los mensajes del Patrón. Muchas veces Pablo los mandaba a llamar, y entonces el grupo se iba hasta una de las fincas de Envigado donde él les daba instrucciones de forma directa y personal.

El Combo, le llamaban a este grupo de asesinos de confianza del capo, al que pertenecían los mejores en cada especialidad. Había explosivistas, ladrones de carros, armadores de caletas y expertos en alistar carros bomba, en conseguir armas, y los sicarios con mayor destreza en el manejo de pistolas automáticas y que hubieran sobresalido por su puntería a la hora de disparar desde una motocicleta en movimiento.

Chopo, Arete, Carlos Chocao, el Negro, eran los alias de cuatro de los más temibles del Combo que acostumbraban reunirse en El Esmeraldal. Un político muy importante de Bogotá les enviaba los datos necesarios sobre los movimientos de las posibles víctimas, especialmente cuando se trataba de funcionarios del gobierno o de personalidades de la vida nacional que vivían en la capital del país. Por eso, confiaban tanto en la información acerca de que el avión sería abordado por los personajes que tanto trasnochaban a Pablo Escobar.

En la casa le explicaron al suizo que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del maletín, y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. «Cuando yo le diga, usted la pone a grabar», le explicó Uzma, quien, para darle más confianza, le aseguró que estaría con él durante el viaje, a su lado, en la silla contigua.

Eso sí, Uzma siempre insistió en que debía ponerla a funcionar únicamente cuando el avión hubiera ganado buena altura, antes no. «Cuando vos veás que vamos altos, zas, la ponés a grabar, porque si lo hacés antes, la grabadora interfiere con las comunicaciones internas del avión y te hacen bajar». El muchachito entendió la advertencia, emocionado no sólo porque sería su primer trabajo grande para Pablo Escobar, sino porque del resutado de esta tarea dependía su ingreso definitivo al Combo. La exaltación crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión.

Y todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, dinero para viajar por tierra hasta Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que, en vez de grabadora, lo que llevaría era una bomba que mataría a 107 personas.

Aparentemente Darío Uzma arregló otros detalles con anterioridad, pues no de otra manera se explica la facilidad con la que ingresaron el maletín a la aeronave, sin requisas y sin mayores controles por parte de las autoridades encargadas del filtro de ingreso y de los equipos de rayos x que se ubican en las puertas de los terminales aéreos.
Uzma y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las sillas 18a y 18k, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del hk 1803.

Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje; incluso, al azar, señaló a tres robustos pasajeros de la otra fila y le explicó que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo, y justo cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba en la correa del pantalón, y con cara de resignación, le notificó al muchacho que debía regresar de urgencia a Medellín por instrucciones del Patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el viaje solo y que él lo recogería en la noche, cuando regresara de Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín. Se bajó.

Desde el mismo aeropuerto Eldorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y satisfacción. Pensó en su Patrón y, claro está, en el millón de dólares que se acababa de ganar.

Darío Uzma regresó a Medellín por vía terrestre y esa noche durmió tranquilo. Al otro día, según lo convenido, se reuniría con otro de los jefes de confianza de Pablo Escobar, a quien el capo ya le había dado indicaciones para recoger el millón de dólares de una de las tantas caletas que mantenía repletas de billetes en casas y apartamentos de diferentes barrios de la ciudad.

Pero alguien todavía más tramposo, sagaz y malo que Uzma ya tenía planes muy diferentes para él. Tres días después, Uzma sólo recibió 100.000 dólares del millón acordado, con la promesa de que más tarde, quizás en semanas, el resto le sería entregado por un emisario del cartel.

Aunque entre las víctimas no figuraron los hermanos Rodríguez ni César Gaviria, el atentado terrorista había causado otros efectos que Pablo agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él, si de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. Pablo había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma.

Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en este mundo del hampa organizada, era ver al Patrón como un hombre de palabra: que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación.

En el cartel, las palabras de Pablo eran recibidas como decretos que no admitían reposición. Una orden suya se regaba como pólvora en Medellín, y de inmediato las veinte «oficinas de cobro» se disponían a trabajar en esa dirección. La que primero comenzara el trabajo, se ganaba la gran bonificación.

Eso explica que varios crímenes se cumplieron años después de haber salido la orden de boca de Escobar, cuando ya ni siquiera el capo se acordaba del asunto. El ministro de Justicia Enrique Low Murtra, un jurista bonachón y amigable, murió acribillado a bala en una calle del centro de Bogotá, muchos años después de haber dejado el cargo desde el cual autorizó la extradición de Escobar y el resto de jefes del cartel. Ya nadie se acordaba del doctor Low Murtra, que en esa época, desprovisto de cualquier temor, caminaba por las calles al regresar de dictar sus clases nocturnas de derecho penal en una universidad. Pero su cabeza ya tenía precio desde tiempo atrás, y el capo ya lo había pagado.

Uzma cumplió su misión a cabalidad, sin dejar un solo rastro. Tenía claro, eso sí, que no fue culpa suya que los enemigos del Patrón no hubieran abordado el avión o que se arrepintieran a última hora de viajar. El jefe ya estaría averiguando eso; seguramente, ya habría ordenado investigar esos detalles, porque lo cierto es que las labores previas de inteligencia habían fallado, o la información se había filtrado hasta llegar a oídos de los narcos caleños. Pero nada de eso tenía por qué preocupar a Uzma, que sólo esperaba el dinero pendiente.

Pasaron las semanas y el saldo no llegó. Decidió entonces acudir a la fuente de información, ir directamente adonde el hombre encargado por Pablo de pagar todo el plan criminal. Y fue cuando Uzma descubrió que su dinero estaba más embolatado de lo que temía. Le respondieron con un «no» rotundo, sin más explicación. Pero antes que rendirse, decidido a todo, envió un mensaje de reclamo a Pablo para que éste recriminara al jefe y lo obligara a pagar. Sin proponérselo, con esos reclamos estaba firmando su propia condena de muerte.

A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los sicarios del cartel a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó Uzma una noche a contar el motivo de su frustración. Que Pablo ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro. Y, en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada.

No estaba en su día el temible Uzma. Abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante de la persona equivocada: un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza. Y no contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero.

Las lealtades en la mafia suben y bajan con el precio del dólar. El que tiene más poder, tiene más plata. Y era evidente quién pesaba más en el cartel, quién era más allegado al Patrón. El amigo con quien departía en la mesa lo escuchó con atención, sin interrumpir, y en una supuesta visita al baño, telefoneó al hombre del dinero para ponerlo al tanto de las palabras de Uzma y de sus intenciones de delatarlo ante el Patrón. Al otro lado de la línea, se alcanzó a escuchar la orden de asesinarlo de inmediato. Un escuadrón de sicarios preparó el ataque esa misma noche, aprovechando que el resentido Uzma estaba pasado de tragos. Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas. Tres hombres llegaron hasta su mesa y, delante de todos los presentes que gozaban de la rumba del lugar, lo acribillaron sin piedad. Recibió casi toda la descarga en el estómago, pero no murió.

Cuando los sicarios ya no estaban en el sitio, un moribundo Uzma se paró como pudo y salió de la discoteca para salvar su vida en una clínica de la ciudad. Eso sí, nunca más pudo caminar. Quedó postrado en una silla de ruedas y prácticamente se apartó de las actividades del cartel. Pensaría que se salvó.

Cinco meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia, en una casa del barrio Fátima de Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y, al salir, dejó abierta a propósito la puerta de la calle; y por ahí, sólo unos segundos más tarde, dos sicarios entraron sigilosos, silenciosos, y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de Medellín. Esta vez sí. Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo traicionó su mejor amigo en el cartel, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo que contrató para volar el HK 1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989.

Publicado en www.semana.com
Según la ONIC, el Estado es el principal causante de violaciones a los derechos de los indígenas
En la semana de celebración de las minorías étnicas la Corte Interamericana de Derechos Humanos reveló la condena al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de un líder indígena.
Por César Paredes
Desplazamiento, confinamiento, acoso y exclusión son algunas de las violaciones a los derechos que les toca enfrentar a los pueblos indígenas. Debido a la grave situación que atraviesan, celebran la semana de las minorías étnicas y este 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como un gesto de resistencia.

Esta semana, casualmente, se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección y garantías judiciales de Germán Escué. Este líder indígena habría sido ejecutado extrajudicialmente por integrantes del ejército, en 1.988.

Por eso la celebración estuvo acompañada de protestas pacíficas que buscaron denunciar la desprotección por parte del Estado. Con actos simbólicos, 600 indígenas recorrieron las calles y lugares emblemáticos de Bogotá, llegaron de distintas regiones con el objetivo de hacer notorias sus demandas y su presencia.

En la celebración de su día visitaron al Congreso. Allí hablaron de sus propuestas y denunciaron la grave situación por la que atraviesan. “Si bien existen leyes, hay unas que van en detrimento de los pueblos indígenas y otras que no se cumplen”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Dar a conocer las problemáticas por las que atraviesan debido al conflicto armado y proponer un sistema legal alternativo que rija al interior de sus comunidades, fueron las metas que se trazaron en su visita. Todo, en aras de hacer respetar su derecho de autonomía. Esta es la segunda fase de una movilización que empezó desde el mes pasado cuando arribaron más de 2 mil indígenas del departamento del Cauca.

En Colombia hay 1.738.884 indígenas repartidos en 84 grupos étnicos del país. Son una minoría que representa el 3.4% de la población colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este grupo de la población colombiana es de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. En cercanías a sus territorios se encuentran grupos armados ilegales, que los han obligado a desplazarse, o a confinarse, en algunos casos. Además, ellos manifiestan las constantes violaciones a sus derechos por parte de la fuerza pública cuando hace presencia.

Muestra de ello fue lo ocurrido la noche del lunes 1 de febrero de 1.988 un grupo de militares irrumpieron en la casa de la familia Escué, en la vereda Vitoyó, Cauca. Con golpes y amenazas preguntaron por Germán. Luego de preguntarle por las “armas”, que supuestamente tenía escondidas, y ante la imposibilidad de encontrar alguna evidencia se lo llevaron y lo ejecutaron.

Casi veinte años tuvieron que pasar para que en este caso se encontrara culpable al Estado que deberá pagar en el término de un año, una suma de 232 mil dólares por los daños causados a la familia. Pero no sólo deberá reparar económicamente a la familia, sino que también tendrá que indemnizar con 40 mil dólares a la comunidad paez de Jambaló, en Cauca, debido a que Escué era un líder indígena muy importante para su comunidad.

Este hecho sienta un precedente para las comunidades indígenas. Es la primera vez que el Estado deberá reparar a una familia y a una comunidad indígena. Esto sucedió luego de un incansable esfuerzo por que se hiciera justicia, al punto de que se tuvo que acudir a una corte internacional. “Aquí queda demostrado que el Estado ha cometido crímenes contra los derechos de los pueblos indígenas y que no es capaz de resolver las violaciones a los derechos de los indígenas”, señaló Andrade.

En un informe presentado por la ONIC, entre enero y agosto del presente año se reportaron casi 17 mil casos de violaciones a sus derechos, entre las cuales la amenaza ha sido la más recurrente con 7.922 casos. Casos de homicidio reportaron 36, entre los cuáles 28 fue de líderes de sus comunidades.

La mayor parte de estas violaciones registradas se le imputan al Estado. Según el informe, el 38% de las violaciones a los derechos humanos fue responsabilidad de este, 11% de la guerrilla y 10 % de los paramilitares.

A esto se suma la falta de políticas que protejan a esta población. A pesar de que a partir de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas gozan de representatividad y reconocimiento, Colombia todavía no cuenta con una legislación consecuente con la protección de sus derechos. Antes bien, las organizaciones indígenas se quejan de que las políticas de desarrollo para los territorios rurales van en detrimento de sus derechos.

Estos pueblos en algunos resguardos cuentan con títulos coloniales. Sin embargo, el recién aprobado Estatuto Rural concede la posibilidad de igualar títulos de propiedad si alguien lleva explotando un territorio más de cinco años. Las organizaciones indígenas en todo Colombia coinciden en que esto arremete contra la protección de sus territorios. “Es una verdadera crisis humanitaria la que vivimos en todo el territorio”, dijo Andrade.

La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas. Esto indica que legalmente ellos serían los dueños de casi el 30 % del territorio. Pero debido a la apropiación ilegal de sus territorios por parte de grupos armados para la explotación de cultivos ilícitos, muchos de ellos se han desplazado a las ciudades a vivir en condiciones de mendicidad.

Otra razón que argumentan, los afectará, es que los resguardos no podrán sanearse donde haya intereses de explotación de territorios con fines de “desarrollo”. Esto quiere decir que donde las grandes industrias decidan ejecutar proyectos de extracción de recursos o explotación, en territorios que pertenecen a estos pueblos, lo podrán hacer. De esta manera se ve amenazada, no solamente la preservación de la identidad de estos pueblos, sino su trabajo de protección al medio ambiente.

Según la WWF Adena, en Colombia se ha perdido el 30 % de los bosques nativos que en un tiempo cubrían el 80 % del territorio nacional. El 40% del bosque que queda se sitúa en territorios afro colombianos e indígenas.

Por eso la celebración de su día no podía hacerse sin una búsqueda de llamar la atención sobre los problemas que ellos consideran neurálgicos para lograr una pervivencia a pesar de las circunstancias e increpar al Estado: “Hoy no sólo los invitamos a observar un proceso de paz y desmovilización con nuestros victimarios, sino también a apoyar, acompañar e invertir mayores recursos en la reparación integral, la verdad y la justicia, para las víctimas”, manifestó Andrade.


La iniciativa del Ejército

Debido a la preocupación que suscita la situación de las etnias colombianas, las Fuerzas Armadas decidieron crear la Oficina de Asuntos Indígenas. El objetivo es poder capacitar a los militares en materia de diversidad y cuidado de estos pueblos .

La iniciativa contiene un plan de orientación con la cual el Ejército busca que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas para no incurrir en atropellos.
“La idea es que las Fuerzas Militares conozcan sobre los pueblos indígenas para que respeten sus costumbres, leyes, resguardos y territorios sagrados”, dijo Fanny Romero, asesora de la Oficina de Asuntos indígenas.

Con esto también pretenden acercarse a las comunidades para poder ganarse su confianza. A través de medios de comunicación y talleres de instrucción, buscan llegar a los lugares donde hay población indígena.

“Desde el punto de vista formal es bueno”, dijo Andrade. Sin embargo, las organizaciones indígenas están a la expectativa de que esto funcione en términos reales, pues hasta ahora la presencia militar no les ha garantizado su protección. Porque según la ONIC, son los principales causantes de violaciones a sus derechos.

Publicado en www.semna.com

martes, 14 de agosto de 2007

Petroleras y Estado son declarados violadores de Derechos Humanos

Petroleras y Estado son declarados violadores de Derechos Humanos


La audiencia realizada el 3 y 4 de agosto en Bogotá fue el escenario del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para el análisis del contexto de impactos de las petroleras. A través de numerosos testimonios y pruebas documentales, se dictaminó la condena, por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al Estado Colombiano, a las transnacionales Oxy, Repsol y BP, a los Estados a los cuales pertenecen las multinacionales y, especialmente, al gobierno de los Estados Unidos.


La audiencia petrolera contó con jueces internacionales de reconocida procedencia y trayectoria y con una gran cantidad de testigos y representantes, principalmente de organizaciones y municipios de Arauca, que dieron cuenta de los impactos lesivos en la población de los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander en el oriente colombiano.

La sesión, que fue convocada por diferentes organizaciones sindicales y sociales, hace parte de una serie de audiencias que conformarán una audiencia final a realizar a mediados de 2008, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo Colombia. El primer tribunal de los pueblos se realizó en 1979, para el tema de la guerra de Vietnam.

Como acto de inauguración se realizó, el pasado jueves 2 de agosto, un evento simbólico en la Plaza Manuel Gustavo Chacón, ubicada frente a la sede de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), consistente en acto de conmemoración político y cultural para revivir la memoria histórica por los múltiples asesinatos de dirigentes sociales y sindicales como: Manuel Chacón, Alirio Martinez, José Trinidad Torres, Juan Guerra, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche. Esta actividad contó con la participación de distintos grupos musicales de los departamentos de Arauca y Casanare, una compañía de danza infantil y varias agrupaciones de Bogotá, como las destacadas El Furibundo y Skartel.

La audiencia petrolera fue instalada formalmente el viernes, a través de un acto de presentación de los jueces y de las características de un tribunal de Opinión.



Las impunes y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos: actuación de las petroleras con la colaboración del Estado Colombiano

Los jueces y los numerosos asistentes a la audiencia escucharon la presentación de peritos y pruebas documentales, así como gran número de desgarradores testimonios directos.

"Las industrias petroleras son las más poderosas del mundo y se dedican a la acumulación de capital y de recursos de hidrocarburos", mencionó Marcelo Ferreira, integrante del grupo de jueces del Tribunal. El problema de las petroleras, tiene un trasfondo ambiental en el sentido energético: los combustibles fósiles son cada vez más escasos y costosos, lo que hace preciado el recurso de hidrocarburos en todo el mundo. Los mayores consumidores de energía son las empresas y los individuos de Norteamérica y Europa, crecientes consumos que explican, aún más, el interés de las multinacionales petroleras.

En este interés de acumular capital y control de los recursos energéticos, han existido múltiples violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal en muchos municipios de Arauca. Allí no son aisladas las torturas, las amenazas y, en general, las persecuciones y hostigamientos a sindicalistas que, en muchos casos, han terminado en asesinatos que hasta hoy permanecen en completa impunidad.

Cabe recordar que la persecución de sindicalistas en Colombia es de las más graves en el mundo: según el último informe de Amnistía Internacional, ya suman más de 3.000 aesinatos de estos líderes sociales. En el área petrolera, las muertes suman un total de 105 miembros de la Unión Sindical Obrera (USO).

El derecho a la libertad también ha sido esquemáticamente vulnerado a través de numerosas detenciones arbitrarias e ilegales, y más grave aún, fueron denunciados casos de detenciones masivas, como una denunciada en Saravena, Arauca.

También fueron condenadas las llamadas “Zonas de Exclusión”, en donde se restringe el derecho a la libre circulación por medio de excesiva militarización, compuesta por fuerza pública y organismos de seguridad privada, quienes no permiten que los ciudadanos lleven mercados mayores a $150.000, pues son tildados de colaboradores de la guerrilla.

Los derechos de las comunidades indígenas también han sido vulnerados de forma grave y reiterada. Siendo los territorios ancestrales un obstáculo para la extracción del crudo, las expulsiones de grupos completos de sus zonas propias ha sido una constante en las operaciones de exploración y extracción petrolera. A 18 comunidades indígenas se les han vulnerado sus derechos, por lo que se denunciaron etnocidios y desconocimientos de la consulta previa indígena y del Convenio 169 de la OIT.

Otro gran afectado, de manera impune y frontal, es el medio ambiente: la deforestación de miles de hectáreas, las graves contaminaciones en la cuenca del río Orinoco y las alteraciones en los cuerpos de agua son consecuencias directas de las actividades extractivas, entre las cuales se resaltan: pozos de extracción, piscinas de tratamientos de aguas, lagunas de estabilización, campamentos militares, helipuertos y aeropuertos, que han destruido bosques y, en general, la biodiversidad y los territorios ancestrales de las comunidades indígenas.

Es tan grave y evidente el impacto al medio ambiente que, incluso, los funcionarios públicos son víctimas: el propio gerente de la autoridad ambiental Corpoorinoco fue asesinado.

Todos estos crímenes se han realizado de forma sistemática y han sido perpetrados por las petroleras con la tolerancia del Estado colombiano, obedeciendo al contexto del problema energético y de las ganancias de las multinacionales, por lo cual han permanecido en completa impunidad, desconociendo la obligación estatal de investigar, juzgar y de brindar un recurso efectivo de acceso a la justicia. Ni siquiera existen investigaciones preliminares en muchos de los casos.



Todo esto se agrava con el tema de la parapolítica: “se vestían de senadores por la mañana, comerciaban cocaína en la tarde, y daban ordenes a paramilitares en la noche”, mencionó uno de los expertos peritos de la zona.



La sentencia

Llamando a “tomar distancia de la información ordinaria que se vierte sobre Colombia”, en uno de sus apartes, y añadiendo que la comunidad internacional debe “tener en cuenta que en un país donde ocurren tantas atrocidades [...] no puede considerarse viable a la fuente oficial ni a las fuentes que han permitido silenciar todos estos crímenes”, la sentencia anunció responsabilidades directas emanadas de la normatividad interna, y de la internacional en materia de Derechos Humanos, que indican crímenes de lesa humanidad

Occidental Petroleum Corporation (Oxy), Repsol y British Petroleum Company (BP) sonseñalados por el tribunal como culpables por explotar, contaminar y violar los derechos humanos de sindicalistas y comunidades enteras, a través de la excesiva militarización. Así mismo el gobierno de Colombia, por no proteger a los individuos y comunidades amenazadas, por la utilización de la fuerza publica frente a la población civil, por desconocer la consulta indígena y por no investigar, perseguir y juzgar a los responsables.

También se condenó a los gobiernos de los países de las multinacionales y, especialmente, al de los Estados Unidos, por la extrema militarización y persecución a la población civil.

Estas condenas, se resolvió dirigirlas a la audiencia final y se expresó el deber de difundirlas ampliamente a la opinión pública, con el fin de lograr reconocimiento y solidaridad hacia todos los afectados, con miras a llegar a una real reparación integral de las víctimas.

El tribunal recomendó varias medidas. Entre ellas, que organizaciones sociales e intelectuales elaboren propuestas de tipificación de los daños ambientales y control de las empresas multinacionales que sean eficientes y adoptadas por el Estado Colombiano. También hizo un llamado a los accionistas de las empresas petroleras para que se informen y controlen las actividades de sus filiales.

El tribunal, finalmente, se dirigió a la Corte Penal Internacional para que no retarde más la decisión de admitir el caso de Colombia entre los crímenes de Lesa Humanidad.

Publicado por http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/139
Agosto 9 de 2007 -
Ya son cinco los altos oficiales del Ejército en el Valle capturados por infiltración de la mafia
El coronel Álvaro Quijano, ex comandante de Fuerzas Especiales, fue detenido hoy, sindicado de hacer parte de la red de militares que trabajaba para 'don Diego', capo del cartel del norte del Valle.


Al momento de su captura, Quijano estaba adscrito al comando general de las Fuerzas Militares.

Su captura se suma a la del mayor del Ejército Carlos Gilberto Gil Londoño, comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 57 de Cartago, registrada hace dos días.

También a la del ex jefe de operaciones de la Tercera Brigada en Cali, coronel Javier Escobar Martínez, preso en un batallón de Bogotá, al igual que el segundo comandante de la Escuela de Comandos de Zarzal, mayor Wilmer Manuel Mora Daza.

El mayor William Ortegón, segundo comandante del Batallón Palacé, fue retirado del servicio en junio por el Comando del Ejército, que ya investigaba la infiltración. Hoy está prófugo.

Por el caso también están detenidos dos suboficiales de los batallones Palacé de Buga y Vencedores de Cartago. Sin embargo, la investigación cobija a más de 20 uniformados activos y retirados.

Según el capitán Manuel Enrique Pinzón, ficha clave en la investigación y quien fue capturado el 21 de junio en Bogotá, ellos fueron contactados y reclutados por el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, presunto jefe de seguridad de 'don Diego'.

Estos hombres integraban una especie de 'fuerzas especiales' que, además de brindarle seguridad al capo del Norte del Valle, también custodiaba cargamentos de droga que se movían por los corredores que salen hacia el Pacífico desde el sur del Chocó hasta Nariño.

Uno de los aspectos desconocidos de la investigación es que, en esa tarea, los hombres de 'don Diego' trabaron combates con reductos de las Farc que se mueven entre la cordillera Occidental y el océano. En varios de ellos, según fuentes cercanas al caso, tuvieron fuertes bajas.

Según el testimonio de Pinzón, uno de los enlaces del mayor Rodríguez con los oficiales activos era el cabo primero Efraín Porras (también detenido), quien dependía del mayor Gil Londoño.

Consultado por EL TIEMPO, el comandante de la III División del Ejército, general Hernando Pérez Molina, señaló que las capturas de los militares en el Valle no comprometen la parte operacional en la zona y resaltó que las propias investigaciones del Ejército han facilitado las capturas.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicado en www.eltiempo.com

lunes, 13 de agosto de 2007

El ‘Suizo’, el hombre que voló avión de Avianca

El ‘Suizo’, el hombre que voló avión de Avianca durante los aciagos tiempos del narcoterrorismo

Darío Uzma planeó el atentado del HK-1803. En el vuelo murió uno de los sicarios del cartel de Medellín junto a otros 106 pasajeros. Estas y otras sorprendentes revelaciones están en el libro De Rasguño y otros secretos del bajo mundo, del periodista Juan Carlos Giraldo. Semana.com publica a continuación el sorprendente capítulo.
El curtido investigador judicial, al que simplemente le decían Carrillo, llegó al lugar de los hechos seis horas después de divulgada la noticia de la caída de un avión jet de la empresa Avianca, con 101 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

La aeronave hk 1803, que debía cubrir la ruta BogotáCali, había salido del Aeropuerto Eldorado a las siete y trece minutos de la mañana de ese lunes 27 de noviembre de 1989.
El Boeing 727100 cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura, y se desparramó en mil pedazos sobre una montaña rocosa, en jurisdicción de la población de Soacha, ubicada al extremo sur de la capital colombiana.

Muchas personas vieron cuando explotó en el aire y pudieron observar los pedazos del aparato cayendo a tierra. Esas mismas personas llamaron a las emisoras locales y nacionales, pero nadie quiso dar crédito a «semejante vaina», a esa hora de la mañana, cuando el cielo se abría y daba paso a un sol radiante que comenzaba a iluminar la ciudad.

El investigador Carrillo era el duro de los explosivos en el naciente Cuerpo Especial de Investigaciones de la Unidad de Instrucción Criminal. Cuando llegó al lugar de los hechos o, dicho en términos judiciales, a la escena del crimen, ya se encontraba invadido de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, policías, curiosos y saqueadores que aprovechaban cualquier descuido de la sorprendida autoridad para hacerse a una prenda, un collar o un reloj.

Partes de cuerpos se encontraban regadas en un radio de unos tres kilómetros, vísceras humanas y retazos de ropa colgaban de las ramas de los eucaliptos que abundan en ese lugar. El espectáculo era macabro. Nadie se salvó.

Un pedazo de unos doce metros del fuselaje del avión fue la parte más intacta que quedó. Tres letras de la palabra Avianca se podían leer sobre un fondo rojo y blanco, los colores oficiales de la empresa aérea más grande e importante del país.

Carrillo era un hombre muy conocido en los pasillos judiciales por todos los periodistas que cubrían las noticias de su sector, y seguramente por eso fue abordado de inmediato cuando los comunicadores descubrieron su menuda figura agazapada a un lado del fuselaje, tomando las primeras impresiones de la tragedia.

¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, mal tiempo? Todos sus amigos periodistas le querían preguntar, al mismo tiempo, en desorden. «Fue un atentado terrorista», se atrevió a asegurar, no sin antes advertir que lo decía «off the record», pues aún era muy prematuro hablar de forma oficial.

Carrillo tomó del brazo a uno de los periodistas que más le generaba confianza, y apartándolo le confió el motivo de su intuición. «¿No le huele raro, como a dulce?», le preguntó al reportero. «Sí, huele como a dulce, como a gasolina dulce», le respondió aquél. «No, guevón, es el olor del explosivo plástico, del C4».

Nadie le paró bolas al investigador, pese a que Colombia vivía uno de los capítulos más sangrientos de su historia reciente, derivado de la guerra que el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, le había declarado al Estado, con el fin de evitar que se aprobara la extradición de narcotraficantes como él a Estados Unidos.

A diario, y a veces hasta en intervalos de horas, las explosiones de las bombas sacudían las calles de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, sembrando el pánico y la desolación. Decenas de personas, inocentes en su mayoría, murieron por culpa de la arremetida de los llamados Extraditables, el grupo militar que formó Escobar Gaviria para enfrentar una guerra que él calificó como «sin cuartel».

«Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos», era el lema de los comunicados que los Extraditables publicaban cada vez que se adjudicaban un atentado criminal o un ataque terrorista.

Aunque esta vez no hubo comunicado alguno que se atribuyera semejante crimen, las conclusiones de Carrillo no eran tan descabelladas como a priori lo asumieron los periodistas que llegaron al lugar. ¿Sería posible que la caída de un gigante de los cielos como el Boeing de Avianca hiciera parte de un plan fraguado por la mente criminal de Pablo Escobar? En principio el tema se quedó en simples especulaciones de un investigador tercer mundista. Y si se tiene en cuenta que Colombia es un país de altísima accidentalidad aérea, pues la hipótesis de un atentado parecía esfumarse con el mismo viento que soplaba fuerte contra las rocas de la montaña donde descansaban los restos de los pasajeros del avión.

Dos días más tarde, en el lugar de la tragedia aparecieron regados por todas partes agentes del fbi enviados desde Estados Unidos, de la dea y de la Agencia de Aviación.

Y sólo entonces los periodistas comenzaron a sospechar, a aceptar la posibilidad de un atentado terrorista, a no descartar con tanto facilismo que la siniestra mente de Pablo Escobar había ideado un nuevo ataque sin antecedentes recientes en el mundo.
Para entonces, Carrillo ya se había embolatado en otros asuntos, en otras áreas de su trabajo, sin saber que su olfato era aún más acertado que los sofisticados aparatos con los que se vio llegar al grupo de gringos vestidos por completo de negro, con gorra y comida enlatada que cargaban en gruesos morrales color militar.

Tomaron muestras de los árboles, de las ramas de las que todavía, cincuenta horas después, pendían restos humanos ya putrefactos; tomaron muestras de los pedazos de cadáveres que habían sido acomodados en fila, cubiertos con sábanas blancas para que los curiosos y fotógrafos de periódicos sensacionalistas no le dieran rienda suelta al morbo. Y también se llevaron muestras de los restos del avión y de la tierra donde cayeron sus pedazos.

La escena del crimen, que en cualquier otra parte del mundo es lo más sagrado en una investigación, había sido docenas de veces manipulada por los primeros curiosos, por los policías inexpertos que acudieron al lugar cuando escucharon el golpe del fuselaje contra la tierra y, obviamente, por los saqueadores que se robaron las pocas prendas que quedaron buenas y los billetes rotos que alcanzaron a llegar al suelo como plumas que se desprenden de un colchón.

Pero, gracias al cielo, los investigadores colombianos no necesitaron los pocos elementos que se lograron salvar. Mientras en los laboratorios de Estados Unidos se comprobaba la presencia de explosivos en partes del avión y en el tejido blando de algunos trozos de cadáveres, en Bogotá un juez recibía el testimonio de una mujer que, sin proponérselo, allanaría el camino para aclarar los hechos o, por lo menos, una de las razones del hecho.

Con el corazón destrozado y el desespero de saber noticias de su esposo que iba en el vuelo, la mujer se presentó al despacho judicial como una viuda más.

La investigación la asumió en principio el juez Antonio Cadena Farfán, quien atiborró en su estrecha oficina del complejo judicial de Paloquemao, los cientos de papeles de las diligencias iniciales, los cientos de folios con testimonios de familiares de víctimas y testigos y los cientos de actas de defunción. El juez Cadena se vio en la necesidad de habilitar el baño de su despacho para acomodar allí las bolsas plásticas con los restos más pequeños del avión y algunas pertenencias de los pasajeros.

El caso judicial tomó forma cuando llegó a manos de un segundo juez, en ese entonces un joven abogado tolimense que tuvo la fortuna de contar con el testimonio que revelaría una parte de la verdad. Jaime Gómez Méndez llevaba pocos meses al frente del Juzgado Séptimo de Orden Público cuando, por una comisión especial del gobierno, le entregaron el expediente con las diligencias previas y los resultados de las agencias estadounidenses que estuvieron en el lugar. Y fue a él a quien una tarde visitó en su oficina la viuda, argumentando que quería reclamar el carro que su esposo había dejado en el parqueadero del aeropuerto en Bogotá. La mujer explicó que era un Renault 9 de color blanco y que ahora, después de identificado el cadáver de su esposo, debían devolvérselo a ella, la legítima heredera.

El juez Gómez Méndez echó mano de su olfato como investigador especializado en criminalística para detectar en el relato de la viuda un elemento importantísimo que le podría dar un giro a las pesquisas que en ese instante se encontraban bajo el rótulo de «determinadores sin identificar».

Le tomó declaración bajo juramento, como requisito para la devolución del vehículo, aunque ésa no fuera su verdadera intención. Ella entregó documentos: la tarjeta de propiedad del carro, fotocopias de la cédula del esposo, el registro civil de matrimonio y su pasado judicial. En la declaración, reveló el verdadero nombre de su cónyuge y explicó, además, que él siempre viajaba «con chapa», por razones de seguridad. Chapa, según explicó, era la cédula falsa que el hombre cargaba para pasar controles oficiales, pues confesó que se trataba de un importante ex empleado del cartel de Medellín que había decidido entregarse a la justicia norteamericana para convertirse en testigo de cargo contra Pablo Escobar.

Y relató, con lujo de detalles, que ese día iba para Cali a encontrarse con los agentes de la dea que lo iban a trasladar; pues la idea era sacarlo por una ciudad distinta de Bogotá o Medellín, porque los sicarios de Pablo Escobar ya lo estaban siguiendo para asesinarlo antes de salir del país.

Aunque con beneficio de inventario, el juez Gómez tomó aquel relato como un elemento trascendental para empezar a dirigir la investigación hacia el grupo de los Extraditables, que para esos días ya habían enviado mensajes anónimos grabados a las emisoras radiales, atribuyéndose el plan criminal.

Si hasta entonces se mantenían algunas dudas sobre los móviles y los autores del hecho, la versión de la viuda las disipó. Pero el juez nunca creyó que semejante plan terrorista, que seguramente contó con asesoría de empresas criminales extranjeras, se hubiera montado con la exclusiva intención de asesinar a un solo hombre, por muy amenazante que éste resultara para los intereses del cartel de Medellín.

Y tenía razón el juez, pero nunca pudo saber esa otra parte de la verdad, porque la investigación se enredó en asuntos más administrativos, como la entrega de las pertenencias a las familias, la identificación plena de los pasajeros y las llamadas actas de defunción. Para ello, debió releer las versiones de todos los familiares, con el fin de confrontarlas con los documentos de identidad hallados en el lugar, y poder así hacer entrega física y oficial de los cadáveres, para que recibieran los oficios religiosos de rigor y cristiana o católica sepultura.

Aunque el juez Gómez Méndez encontró méritos suficientes para abrir investigación formal y vincular como autores a los jefes del cartel de Medellín, nunca conoció un segundo testimonio que acabaría de confirmar las especulaciones que ya se habían convertido en verdades callejeras. Testimonio que, más que reiterar quiénes fueron los autores intelectuales, arrojó luces sobre la forma como se desarrolló el macabro plan, desde su inicio en Medellín hasta su ejecución a 10.400 pies de altura en los cielos de Bogotá.

Lo entregó una persona muy cercana a la familia de Pablo Escobar Gaviria, casi diez años después de ocurrido el hecho, época en que la investigación ya había sido archivada y olvidada. Sucedió cuando se encontraba preso en Estados Unidos uno de los sicarios más sanguinarios al servicio del capo, conocido como La Quica y señalado por la dea de haber sido parte del grupo encargado de volar el avión, donde además figuraba en la lista de víctimas un ciudadano estadounidense.

Según ese último testimonio -del que existe evidencia magnetofónica-, uno de los jefes del ala terrorista de Pablo Escobar, y quien fuera asesinado años después al salir de la cárcel, fue el encargado de organizar a los hombres y dotarlos de todos los elementos necesarios para el atentado.

Aunque se presume que hubo asesoría de un terrorista español, al parecer ex miembro de la eta, la bomba con que volaron el avión de Avianca resultó ser un aparato sencillo de fabricación casera, que mandó a hacer un joven sicario del cartel de Medellín, bajo de estatura, grueso y de tez trigueña. Un bigote que sólo se le pobló en los extremos del labio superior, le daba a su rostro un parecido al memorable humorista mexicano Mario Moreno. Pero dentro del cartel de Medellín no se le conocía con el alias de Cantinflas sino así, simplemente Uzma, por su apellido.

Darío Uzma tenía una mirada penetrante y agresiva, y aunque nunca cursó estudios superiores -apenas hasta primero de bachillerato-, sobresalía por su astucia innata, su arrojo y su despiadada forma de acabar con sus víctimas. Pocas veces utilizaba armas de fuego para cumplir las órdenes de Pablo. Generalmente lo hacía con cuchillos o dagas. En las comunas de Medellín, una zona que frecuentaba, le adjudicaban la leyenda de haberle propinado cincuenta puñaladas a un joven que se le había quedado con una plata.

Uzma fue el elegido por el extinto jefe terrorista al que a su vez Escobar había confiado toda la organización y la logística del plan por el que el capo había ofrecido un millón de dólares si se cumplía al pie de la letra.

La información de inteligencia, que los sabuesos de Escobar habían recogido mediante infiltrados y la interceptación de llamadas telefónicas, daba cuenta de la posibilidad de que en ese vuelo de Avianca viajarían los dos hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de drogas de Cali, para esa época ya clasificados como archienemigos del capo de Medellín. También se decía tener la certeza de que el avión sería abordado por el político colombiano César Gaviria Trujillo, quien había sido declarado objetivo militar.

Seguramente Escobar también sabía de la presencia del testigo de la dea que declararía en su contra en Estados Unidos. Siendo así, la mesa estaba servida para que el jefe del cartel de Medellín se deshiciera de un solo golpe de cuatro enemigos que en ese momento representaban su mayor amenaza. Y todo por un mismo precio, un millón de dólares, que para él no significaban mucho, si se tiene en cuenta que manejaba una caja menor permanente de 10 millones de dólares en una caleta que él en persona había construido en su ciudad.

Por eso, cuando Uzma se enteró del encargo y de la importancia que ese trabajo significaba para el Patrón, expresó a sus allegados la inmensa alegría que le producía el anuncio y prometió cumplirlo a cabalidad. Buscó al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de idear la manera más eficaz y desapercibida posible de hacerla llegar al interior de la aeronave y camuflarla en un lugar que no pudiera ser escudriñado por la seguridad aeroportuaria. Lo demás, lo más fácil, sería conseguir a alguien que la llevara y la activara en pleno vuelo.
Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del atentado. «Conseguime un suizo», le pidió a su amigo. Y éste no tuvo mucha dificultad para convencer a un muchacho de 18 años, recién cedulado, hijo de humildes recogedores de basura, pobres y desahuciados de la sociedad.

La de los suizos era una de las muchas formas que utilizaban los jefes de sicarios de Pablo Escobar para llevar a cabo sus objetivos sin mancharse las manos de sangre, sin tener que apretar el gatillo, cuando las condiciones del atentado se tornaran difíciles.
En varios de los atentados que cobraron la vida de dirigentes políticos, los matones de Escobar habían acudido a esta desalmada figura que tristemente hizo carrera como la de los suizos.

Suizo, invento paisa, es una derivación de la palabra «suicida», acomodada a los jovencitos hambrientos que harían cualquier cosa por conseguir dinero, para comprarle una casa a la mamá o algún electrodoméstico que les aliviara las cargas domésticas. En algunos casos sabían de antemano que morirían en el intento, y por eso exigían la mitad del pago por anticipado antes de ejecutar el trabajo.

Otras veces eran engañados por los reclutadores, que los convencían diciéndoles que se trataba de vueltas fáciles y con pocos riesgos, o que contarían con el apoyo de otros sicarios si encontraban dificultades en el camino.

Así se lo hicieron saber, por ejemplo, a Jerry, un niño de 17 años al que le dieron un arma para que asesinara a un candidato presidencial en el interior de un avión, concidencialmente de la misma empresa de aviación.

En este caso, a Jerry le aseguraron que dos hombres irían con él cubriéndole la espalda, para ayudarlo a huir una vez cumplido el trabajo. Pero no fue así. Cuando apretó el gatillo de la 9 mm contra la humanidad del dirigente de izquierda Carlos Pizarro, el supuesto compañero que le habían enviado para apoyarlo lo asesinó para borrar cualquier vestigio.

Lo mismo hicieron con el terrorista que llevó un carro cargado con explosivos para volarlo en el periódico El Espectador de Bogotá. Lo convencieron de que, una vez estacionado el vehículo, sólo debía accionar el freno de aire y salir corriendo. Le aseguraron que tendría entre cinco y siete minutos para huir, pero tan pronto activó el supuesto freno, el carro voló en mil pedazos, con él adentro.

Y, claro está, el atentado al avión de Avianca no sería la excepción. También iban a engañar al terrorista. Cuando su amigo del barrio Zamora lo llevó hasta donde Uzma, éste le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos del Patrón que viajarían allí.

Los detalles del plan se ultimaron en una casa de la loma El Esmeraldal de Medellín, adonde llevaron al suizo para explicarle lo que debía hacer. Ya entonces Uzma había decidido que el explosivo sería introducido en un maletín, similar al que utilizan los ejecutivos de las empresas. Negro, que combinara perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión sin despertar sospechas y no fuera objeto de una excesiva requisa, o de un cuestionario antes de abordar.

En esa casa de El Esmeraldal solían reunirse jefes y sicarios de Pablo Escobar a planificar los atentados terroristas y los homicidios. De allí salían las órdenes y llegaban los mensajes del Patrón. Muchas veces Pablo los mandaba a llamar, y entonces el grupo se iba hasta una de las fincas de Envigado donde él les daba instrucciones de forma directa y personal.

El Combo, le llamaban a este grupo de asesinos de confianza del capo, al que pertenecían los mejores en cada especialidad. Había explosivistas, ladrones de carros, armadores de caletas y expertos en alistar carros bomba, en conseguir armas, y los sicarios con mayor destreza en el manejo de pistolas automáticas y que hubieran sobresalido por su puntería a la hora de disparar desde una motocicleta en movimiento.

Chopo, Arete, Carlos Chocao, el Negro, eran los alias de cuatro de los más temibles del Combo que acostumbraban reunirse en El Esmeraldal. Un político muy importante de Bogotá les enviaba los datos necesarios sobre los movimientos de las posibles víctimas, especialmente cuando se trataba de funcionarios del gobierno o de personalidades de la vida nacional que vivían en la capital del país. Por eso, confiaban tanto en la información acerca de que el avión sería abordado por los personajes que tanto trasnochaban a Pablo Escobar.

En la casa le explicaron al suizo que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del maletín, y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. «Cuando yo le diga, usted la pone a grabar», le explicó Uzma, quien, para darle más confianza, le aseguró que estaría con él durante el viaje, a su lado, en la silla contigua.

Eso sí, Uzma siempre insistió en que debía ponerla a funcionar únicamente cuando el avión hubiera ganado buena altura, antes no. «Cuando vos veás que vamos altos, zas, la ponés a grabar, porque si lo hacés antes, la grabadora interfiere con las comunicaciones internas del avión y te hacen bajar». El muchachito entendió la advertencia, emocionado no sólo porque sería su primer trabajo grande para Pablo Escobar, sino porque del resutado de esta tarea dependía su ingreso definitivo al Combo. La exaltación crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión.

Y todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, dinero para viajar por tierra hasta Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que, en vez de grabadora, lo que llevaría era una bomba que mataría a 107 personas.

Aparentemente Darío Uzma arregló otros detalles con anterioridad, pues no de otra manera se explica la facilidad con la que ingresaron el maletín a la aeronave, sin requisas y sin mayores controles por parte de las autoridades encargadas del filtro de ingreso y de los equipos de rayos x que se ubican en las puertas de los terminales aéreos.
Uzma y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las sillas 18a y 18k, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del hk 1803.

Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje; incluso, al azar, señaló a tres robustos pasajeros de la otra fila y le explicó que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo, y justo cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba en la correa del pantalón, y con cara de resignación, le notificó al muchacho que debía regresar de urgencia a Medellín por instrucciones del Patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el viaje solo y que él lo recogería en la noche, cuando regresara de Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín. Se bajó.

Desde el mismo aeropuerto Eldorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y satisfacción. Pensó en su Patrón y, claro está, en el millón de dólares que se acababa de ganar.

Darío Uzma regresó a Medellín por vía terrestre y esa noche durmió tranquilo. Al otro día, según lo convenido, se reuniría con otro de los jefes de confianza de Pablo Escobar, a quien el capo ya le había dado indicaciones para recoger el millón de dólares de una de las tantas caletas que mantenía repletas de billetes en casas y apartamentos de diferentes barrios de la ciudad.

Pero alguien todavía más tramposo, sagaz y malo que Uzma ya tenía planes muy diferentes para él. Tres días después, Uzma sólo recibió 100.000 dólares del millón acordado, con la promesa de que más tarde, quizás en semanas, el resto le sería entregado por un emisario del cartel.

Aunque entre las víctimas no figuraron los hermanos Rodríguez ni César Gaviria, el atentado terrorista había causado otros efectos que Pablo agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él, si de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. Pablo había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma.

Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en este mundo del hampa organizada, era ver al Patrón como un hombre de palabra: que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación.

En el cartel, las palabras de Pablo eran recibidas como decretos que no admitían reposición. Una orden suya se regaba como pólvora en Medellín, y de inmediato las veinte «oficinas de cobro» se disponían a trabajar en esa dirección. La que primero comenzara el trabajo, se ganaba la gran bonificación.

Eso explica que varios crímenes se cumplieron años después de haber salido la orden de boca de Escobar, cuando ya ni siquiera el capo se acordaba del asunto. El ministro de Justicia Enrique Low Murtra, un jurista bonachón y amigable, murió acribillado a bala en una calle del centro de Bogotá, muchos años después de haber dejado el cargo desde el cual autorizó la extradición de Escobar y el resto de jefes del cartel. Ya nadie se acordaba del doctor Low Murtra, que en esa época, desprovisto de cualquier temor, caminaba por las calles al regresar de dictar sus clases nocturnas de derecho penal en una universidad. Pero su cabeza ya tenía precio desde tiempo atrás, y el capo ya lo había pagado.

Uzma cumplió su misión a cabalidad, sin dejar un solo rastro. Tenía claro, eso sí, que no fue culpa suya que los enemigos del Patrón no hubieran abordado el avión o que se arrepintieran a última hora de viajar. El jefe ya estaría averiguando eso; seguramente, ya habría ordenado investigar esos detalles, porque lo cierto es que las labores previas de inteligencia habían fallado, o la información se había filtrado hasta llegar a oídos de los narcos caleños. Pero nada de eso tenía por qué preocupar a Uzma, que sólo esperaba el dinero pendiente.

Pasaron las semanas y el saldo no llegó. Decidió entonces acudir a la fuente de información, ir directamente adonde el hombre encargado por Pablo de pagar todo el plan criminal. Y fue cuando Uzma descubrió que su dinero estaba más embolatado de lo que temía. Le respondieron con un «no» rotundo, sin más explicación. Pero antes que rendirse, decidido a todo, envió un mensaje de reclamo a Pablo para que éste recriminara al jefe y lo obligara a pagar. Sin proponérselo, con esos reclamos estaba firmando su propia condena de muerte.

A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los sicarios del cartel a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó Uzma una noche a contar el motivo de su frustración. Que Pablo ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro. Y, en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada.

No estaba en su día el temible Uzma. Abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante de la persona equivocada: un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza. Y no contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero.

Las lealtades en la mafia suben y bajan con el precio del dólar. El que tiene más poder, tiene más plata. Y era evidente quién pesaba más en el cartel, quién era más allegado al Patrón. El amigo con quien departía en la mesa lo escuchó con atención, sin interrumpir, y en una supuesta visita al baño, telefoneó al hombre del dinero para ponerlo al tanto de las palabras de Uzma y de sus intenciones de delatarlo ante el Patrón. Al otro lado de la línea, se alcanzó a escuchar la orden de asesinarlo de inmediato. Un escuadrón de sicarios preparó el ataque esa misma noche, aprovechando que el resentido Uzma estaba pasado de tragos. Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas. Tres hombres llegaron hasta su mesa y, delante de todos los presentes que gozaban de la rumba del lugar, lo acribillaron sin piedad. Recibió casi toda la descarga en el estómago, pero no murió.

Cuando los sicarios ya no estaban en el sitio, un moribundo Uzma se paró como pudo y salió de la discoteca para salvar su vida en una clínica de la ciudad. Eso sí, nunca más pudo caminar. Quedó postrado en una silla de ruedas y prácticamente se apartó de las actividades del cartel. Pensaría que se salvó.

Cinco meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia, en una casa del barrio Fátima de Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y, al salir, dejó abierta a propósito la puerta de la calle; y por ahí, sólo unos segundos más tarde, dos sicarios entraron sigilosos, silenciosos, y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de Medellín. Esta vez sí. Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo traicionó su mejor amigo en el cartel, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo que contrató para volar el HK 1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989.

Publicado en www.semana.com
Agosto 8 de 2007 -
Al menos seis cirugías para despistar a las autoridades se practicó 'Chupeta'
Las operaciones (algunas realizadas en Colombia) transformaron la fisonomía del capo a tal punto solo hasta cuando se le tomaron las huellas decadactilares se pudo confirmar su identidad.


Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', "se desvaneció los pómulos, se adelgazó y partió el mentón y se perfiló la nariz", aseguró un experto.

Pero de nada sirvieron las cirugías. Tras 22 años de vida delictiva (hoy tienen 44), fue capturado este martes por un comando de agentes de la DEA y de la Policía de Brasil, a las 2:55 a.m., quienes le notificaron que tenía una orden de captura con fines de extradición.

Autoridades le 'pisaban los talones'

Al momento de su detención, 'Chupeta' posaba como un respetable ciudadano italiano, de nombre Marcelo Javier Unzue, que se movía por Suramérica con el pasaporte argentino No. 16036657.

El documento fue expedido el 23 de noviembre del 2005 por el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires.

Allí estuvo a punto de ser capturado a mediados del 2006, pero un movimiento en falso de la policía argentina echó por tierra la operación.

Luego, la cacería se extendió a Paraguay y Uruguay e incluso informes de inteligencia daban cuenta de su presencia en Tijuana (México).

En ese país fue en donde se graduó de capo de la mano de Rafael Aguilar Guajardo, narco asesinado hace una década por el extinto Amado Carrillo, 'El señor de los cielos'.

'Chupeta' llegó allí por órdenes de Hélmer 'Pacho' Herrera, el cuarto hombre del cartel de Cali, asesinado en octubre de 1998 en medio de una sangrienta guerra entre mafias.

La historia de 'Chupeta'

En 1985, Juan Carlos Ramírez Abadía era un joven de clase media, aficionado al fisicoculturismo, con fama de mal estudiante y experto en montar caballos finos.

Esa última característica llevó al poderoso capo Iván Urdinola Grajales a reclutarlo para que se hiciera cargo del manejo de sus pura sangre.

Ese talento se convirtió en su pasaporte a las ligas mayores de la mafia, que escaló hasta llegar a ser uno de los sucesores de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez en la cúpula del cartel de Cali.

Pese a su ascendente carrera delictiva, su nombre era prácticamente anónimo.

Pero en 1995, tras la caída de la cúpula del cartel de Cali, 'Chupeta' y su amigo Juan Carlos Ortiz, alias 'Cuchilla', asumieron el control de la mafia del Valle y empezaron a figurar en expedientes.

"Era el consentido de Miguel Rodríguez", comenta un oficial de la Dijín.

Por el acoso de la Policía, en 1996 'Chupeta' y 'Cuchilla' decidieron someterse a la justicia en un arreglo inusual:pese a que confesaron haber traficado más de 30 toneladas de cocaína, para el 2000 ya estaban en libertad.

'Cuchilla' fue asesinado y 'Chupeta' solo gozó seis meses de su libertad. Tuvo que volver a la clandestinidad cuando una corte de Washington emitió una orden de captura en su contra. En ese momento, el gobierno colombiano le puso precio a su cabeza: 5 millones de dólares.

Computador y muerte

Sin embargo, hasta enero pasado, no se sabía casi nada de sus narconegocios y menos de su paradero.

Pero tras el decomiso en Cali de 89 millones de dólares, que el capo tenía ocultos en cinco caletas, y la incautación de su computador personal, se inició la operación final en su contra.

Las principales pistas las dio Laureano Rentería, su mano derecha por años, capturado en una de las casas donde estaba oculta una caleta.

Sin embargo, Rentería murió en prisión -envenenado con cianuro- poco antes de reunirse con autoridades de E.U. que tramitaban su extradición relámpago.

En junio, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, y la DEA encontraron las pistas suficientes para dar con su paradero.

Incluso, ante su inminente captura, 'Chupeta' echó a rodar la semana pasada la versión de su muerte. Como parte del plan, uno de los oficiales del Ejército reclutados por el capo Diego Montoya, 'Don Diego', entregó dos agendas con las supuestas coordenadas donde estaría el cadáver de 'Chupeta'.

El dato fue divulgado por algunos medios, como desarrollo al escándalo revelado por EL TIEMPO.

El pasado lunes, el director de la Dijín, coronel César Pinzón, desmintió el rumor.

Y anoche, un grupo élite de la Dijín viajó a Brasil para interrogar a 'Chupeta' antes de su envío a Washington.

Van 6 capos que caen en el exterior

Acoso oficial de la Policía. A esto atribuye E.U. el hecho de que al menos media docena de peces gordos del narcotráfico colombiano hayan caído en el exterior. Aún faltan Diego Montoya, Wílber Varela, Alberto Rentería, Vicente Castaño, Fabio Ochoa Vasco y los mellizos Mejía.

Marzo del 2007: Wenceslao Caicedo Mosquera, el 'hombre de la motosierra', cayó en Manta, Ecuador.
Septiembre del 2006: Jaime Maya, narco del Valle primera línea, cayó en México.
Octubre del 2006: Orlando Sabogal Gamboa cayó en Majadahonda (España).
Julio de 2004: Hernando Gómez, 'Rasguño', gran capo del norte del Valle, fue capturado en Cuba con pasaporte mexicano.
Enero del 2004: Jesús Henao Montoya, segundo al amando del cartel del Norte del Valle, cayó en Panamá en operativo de policía y de agentes de la agencia DEA. Ese mismo día fue capturada la gran viuda de la mafia, Lorena Henao, esposa del extinto capo del norte del Valle Iván Urdinola.

Pubñlicado en www.eltiempo.com