Las pruebas que sustentan la sentencia de la Corte
Estas son las evidencias que sustentaron el fallo condenatorio de la Corte Suprema a Yidis Medina por el delito de cohecho propio, y que van más allá de la confesión de la ex congresista santandereana.
Fecha: 06/27/2008 -
Además de las declaraciones de Yidis Medina, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia basó su polémica sentencia en documentos y testimonios que recopiló durante todo el proceso. La Corte pudo verificar los hechos denunciados por Medina con testimonios y documentos, algunos de los cuales aportó la misma Medina y otros son decretos oficiales en los cuales aparecen los nombramientos de las fichas políticas que según Medina se hicieron como pago por su voto a favor de la reelección.
A continuación presentamos las principales evidencias mencionadas por la Corte en su sentencia:
Medina entregó a la Corte copia de los siguientes documentos suscritos por algunos de sus recomendados políticos.
- Compromiso de colaboración política firmado por Juan Bautista Hernández en el cual consta la intervención de Yidis Medina en el nombramiento como director del Sena en Barrancabermeja de Bautista Hernández. Además una renuncia sin fecha, un pagaré y una letra en blanco firmados también por Hernández.
- Una letra y un pagaré en blanco firmados por Sandra Patricia Domínguez Mujica, designada como Notaria Segunda de Barrancabermeja.
- Compromiso de colaboración política con Yidis Medina firmado por Lucelly Valencia Giraldo. En el documento Valencia reconoce las bondades de la intervención de Medina frente al Gobierno Nacional para su nombramiento. También firmó unas letras de cambio y un pagaré en blanco.
Los ofrecimientos hechos a Yidis Medina se concretaron, según la sentencia, de la siguiente manera:
- El 2 de junio de 2004, durante una reunión en la casa de Nariño, a la que asistieron la entonces congresista Medina, los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, el presidente Uribe, entre otros funcionarios, y el senador Armando Benedetti. La Corte constató que esa reunión se llevó a cabo y que en esta Benedetti le entregó un fax a Medina en el que constaba que el tío político de Yidis, el ginecólogo Eduardo Esquivel, habpia sido reintegrado a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
- Ante la acusación de la ex parlamentaria de que el ministro de Protección Social, Diego Palacios, le ofreció participación en instituciones a cargo de su ministerio en el Magdalena Medio, la corte comprobó que así ocurrió porque nombraron a Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, le otorgaron un contrato a su asesor César Guzmán como delegado de la Regional Oriente de Etesa para Santander y se designó a Juan Bautista Hernández en el Sena de Barrancabermeja.
- A través del Ministerio del Interior y de Justicia se vincularon varios referidos suyos en los siguientes cargos: dos contratos a César Guzmán, como Profesional Universitario de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres, y una orden de servicios con la Oficina de Asuntos Territoriales. Así mismo, fue nombrada como Notaria Segunda de Barrancabermeja Sandra Patricia Domínguez Mujica, quien posteriormente fue reemplazada por María Lucelly Valencia Giraldo, también recomendada suya.
Decretos
Además la Corte recoge los decretos con los cuales se habrían pagado algunos de los favores:
- Decreto No. 1850 de junio 3 de 2005 mediante el cual se encargó a Sandra Patricia Domínguez Mujica como Notaria Segunda del Círculo de Barrancabermeja.
- Decreto No. 4334 de noviembre 25 de 2005, mediante el cual se nombra en a María Lucelly Valencia Giraldo, como Notaria Segunda del Círculo de Barrancabermeja.
- Decreto 4262 de noviembre 23 de 2005, mediante el cual se nombra a Luis Camilo O'meara Riveira como Notario Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá.
- Dos contratos de prestación de servicios entre Etesa y César Augusto Guzmán Areiza. El primero firmado pocos días después de la votación, el 20 de agosto y que terminó en diciembre del 2004. Y otro entre el 21 de enero del 2005 y junio 23 del mismo año.
- Resolución No. 297 de junio 3 de 2004 mediante la cual fue nombrado Carlos Correa Mosquera como Director - en encargo - de la Unidad Hospitalaria Clínica Primero de Mayo y acta de posesión del día 23 del mismo mes y año.
- Copias del proceso de selección y nombramiento de Juan Bautista Hernández como Subdirector del Centro Multisectorial del SENA de Barrancabermeja. Hernández fue uno de los que firmó una constancia de que la intervención de Yidis Medina ante el gobierno fue determinante para su nombramiento, una renuncia en blanco, pagaré y una letra en blanco.
- Resolución No. 1950 de octubre 11 de 2005, mediante la cual se nombra con carácter provisional a César Guzmán Areiza como Profesional Universitario grado 13 de la Planta Global (Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior y de Justicia).
- Actos administrativos de nombramiento, posesión y aceptación de renuncia a Jairo Alfonso Plata Quintero, como Coordinador de la Unidad Territorial de Acción Social en el Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja.
La Corte, además, escuchó el testimonio de las fichas políticas y beneficiarios de las prebendas ofrecidas por el Gobierno a Yidis Medina. En la sentencia citan las declaraciones que coinciden con lo dicho por Medina de César Guzmán, del equipo de trabajo de la ex congresista; de Eduardo Esquivel, contratista de la clínica Luis Carlos Galán Sarmiento a quien le anunciaron que le iban a cancelar los contratos y luego de la intercesión de Medina en su favor, lo llamaron para firmar un nuevo contrato; de Carlos Correa, nombrado director de la Clínica Primero de Mayo en Barrancabermeja, quien dijo que si bien no fue nombrado por ayuda de Yidis, ella sí fue pieza clave en la materialización de algunos proyectos que él propuso.
Con los diferentes documentos y testimonios, la Corte decidió condenar a Yidis Medina a 47 meses y 26 días de prisión, 48 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilidad por el mismo tiempo de la prisión. Por su condición de madre cabeza de familia, la Corte decidió beneficiarla con la detención domiciliaria.
La Corte también pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a los funcionarios que fueron beneficiados con cargos, por intervención de Medina. También pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones investigar a los funcionarios públicos involucrados en el delito de cohecho.
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viernes, 27 de junio de 2008
Procuraduría abre pliego de cargos contra ministros implicados en Yidispolítica
Menos de 24 horas después del fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina, la Procuraduría abrió pliego de cargos en contra de los funcionarios acusados de ofrecerle dádivas a la parlamentaria para que apoyara la reelección.
Fecha: 06/27/2008 -
La Procuraduría abrió este viernes pliego de cargos en contra de el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, el ministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt, el ex Superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafaurie Rivera, el ex Director del DAS Jorge Noguera Cotes, y el ex Jefe de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Hernando Angarita.
Los anteriores funcionarios serán investigados por “ejercer las potestades que su empleo o función les conceden para una finalidad distinta a la prevista, influyendo en la congresista Yidis Medina para conseguir beneficios para sí y para otro; por ofrecer vincular a sus recomendados con ocasión del trámite del proyecto legislativo; y por utilizar sus cargos para participar en actividades partidistas, extralimitándose y abusando del ejercicio de sus cargos y funciones”, según informó en un comunicado el Ministerio Público.
Para tomar la decisión la Procuraduría se basó en la práctica de decenas de pruebas, la recepción de versiones de los disciplinados, el análisis de los antecedentes que sobre el proyecto se encontraban en Senado y Cámara; además de las quejas que algunos Congresistas expresaron respecto a la presión y abuso que estarían ejerciendo desde la rama ejecutiva.
Las motivaciones del pliego de cargos de la Procuraduría coinciden con las motivaciones contenidas en el fallo que emitió también este jueves la Corte Suprema de Justicia en contra de Yidis Medina por cohecho propio.
Ambas coinciden en mencionar el nombramiento de la señora Sandra Dominguez Mujica y posteriormente de Maria Lucelly Valencia, previa recomendación de la señora Yidis Medina Padilla, como titulares de la Notaria Segunda de Barrancabermeja; la vinculación al Ministerio del Interior y de Justicia del señor Cesar Guzmán Areiza asesor y amigo de la Representante Yidis Medina; el trámite fallido para el nombramiento del señor Cesar Guzmán Areiza en la Red de Solidaridad y del nombramiento del señor Carlos Correa Mosquera en la Dirección de la Clínica Primero de Mayo adscrita a la ESE Francisco de Paula Santander del Seguro Social en Santander, entre otros.
Gobierno denuncia a magistrados ante la Comisión de Acusaciones
En el mismo proceso de la Yidispolítica el ministro Diego Palacio dirigió a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de los magistrados por falsas imputaciones en el fallo en contra de la ex congresista Medina.
La otra denuncia la dirigió a la Comisión de Acusaciones el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante italiano Giorgo Sale.
La denuncia interpuesta por Luis Carlos Restrepo está relacionada en las declaraciones que entregó, antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Menos de 24 horas después del fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina, la Procuraduría abrió pliego de cargos en contra de los funcionarios acusados de ofrecerle dádivas a la parlamentaria para que apoyara la reelección.
Fecha: 06/27/2008 -
La Procuraduría abrió este viernes pliego de cargos en contra de el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, el ministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt, el ex Superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafaurie Rivera, el ex Director del DAS Jorge Noguera Cotes, y el ex Jefe de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Hernando Angarita.
Los anteriores funcionarios serán investigados por “ejercer las potestades que su empleo o función les conceden para una finalidad distinta a la prevista, influyendo en la congresista Yidis Medina para conseguir beneficios para sí y para otro; por ofrecer vincular a sus recomendados con ocasión del trámite del proyecto legislativo; y por utilizar sus cargos para participar en actividades partidistas, extralimitándose y abusando del ejercicio de sus cargos y funciones”, según informó en un comunicado el Ministerio Público.
Para tomar la decisión la Procuraduría se basó en la práctica de decenas de pruebas, la recepción de versiones de los disciplinados, el análisis de los antecedentes que sobre el proyecto se encontraban en Senado y Cámara; además de las quejas que algunos Congresistas expresaron respecto a la presión y abuso que estarían ejerciendo desde la rama ejecutiva.
Las motivaciones del pliego de cargos de la Procuraduría coinciden con las motivaciones contenidas en el fallo que emitió también este jueves la Corte Suprema de Justicia en contra de Yidis Medina por cohecho propio.
Ambas coinciden en mencionar el nombramiento de la señora Sandra Dominguez Mujica y posteriormente de Maria Lucelly Valencia, previa recomendación de la señora Yidis Medina Padilla, como titulares de la Notaria Segunda de Barrancabermeja; la vinculación al Ministerio del Interior y de Justicia del señor Cesar Guzmán Areiza asesor y amigo de la Representante Yidis Medina; el trámite fallido para el nombramiento del señor Cesar Guzmán Areiza en la Red de Solidaridad y del nombramiento del señor Carlos Correa Mosquera en la Dirección de la Clínica Primero de Mayo adscrita a la ESE Francisco de Paula Santander del Seguro Social en Santander, entre otros.
Gobierno denuncia a magistrados ante la Comisión de Acusaciones
En el mismo proceso de la Yidispolítica el ministro Diego Palacio dirigió a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de los magistrados por falsas imputaciones en el fallo en contra de la ex congresista Medina.
La otra denuncia la dirigió a la Comisión de Acusaciones el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante italiano Giorgo Sale.
La denuncia interpuesta por Luis Carlos Restrepo está relacionada en las declaraciones que entregó, antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Uribe vs. Corte Suprema: ¿qué salidas hay?
Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. Informe sobre los cálculos de Uribe tras su insólita propuesta de adelantar elecciones y las posibilidades que le quedan a la Corte Constitucional para preservar la institucionalidad.
Fecha: 06/27/2008 -
El ataque del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la sentencia de ésta que condenó Yidis Medina por el delito de cohecho propio y de paso cuestionó la legitimidad del acto legislativo proclamado en 2004 que permitió su reelección, ha derivado en una crisis inédita en la institucionalidad del Estado.
En su sentencia la Corte había dicho que “…el voto que en su calidad de congresista emitió Yidis Medina a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate”. En otro de sus apartes califica de “inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo”. Por las razones que expuso, la sentencia pone en entredicho la legitimidad del procedimiento que sacó avante la reelección: “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, concluye.
La reacción del Presidente fue inmediata. En dos alocuciones televisadas el jueves en la noche y el viernes en la mañana, el mandatario arremetió contra la Corte Suprema de Justicia y le pidió al Congreso convocar a un referendo para ratificar la legitimidad de las elecciones de 2006.
El presidente Uribe acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder” a otros órganos de justicia y de “desvirtuar la transparencia democrática” del Acto Legislativo que permitió la reelección.
En la transcripción de la alocución presidencial de este jueves, publicada por la Presidencia, dijo que la Sala Plena del Alto Tribunal “ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas”.
La mención que hace el Presidente se refiere a una carta que le envió la Corte pidiendo explicaciones por la decisión de extraditar a 14 jefes paramilitares y por haber denunciado a los mismos si continuaban delinquiendo desde las cárceles. En ella decía: “Con respecto de esas dos situaciones, así como en relación con la extradición, la Sala de Casación Penal tiene injerencia jurídica. Respetuosamente se le requiere para que le informe a la Sala las razones oficiales de tal trámite".
Pero la andanada de acusaciones del Ejecutivo a la Corte no paró ahí. En uno de los apartes el Presidente dijo que el ente judicial aplicaba justicia de manera selectiva y añadió que los magistrados de las Sala Penal se han prestado a la trampa del “terrorismo” y, sin que se entienda bien a qué se refería dijo, que “ese hecho no tenía solución judicial”.
Al medio día del viernes, el mandatario fue más explícito y dijo que la Corte había tomado como indicio las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando advirtió que un 35 por ciento del Congreso lo habían puesto las AUC, pero que no había dado credibilidad a las declaraciones del jefe paramilitar cuando dijo que la Corte Suprema también estaba infiltrada. “¿Por qué eso no se ha investigado? ¿Por qué la Sala Penal de la Corte es tan diligente para investigar y condenar a unos congresistas y por qué es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las Farc? (…) un compatriota me decía que estamos frente a los coletazos del terrorismo. Vamos a enfrentarlo”, advirtió un Presidente encolerizado.
El malestar del presidente Uribe quedó en evidencia por el sólo hecho de que en menos de 24 horas quiso poner a la Corte bajo sospecha por presunta infiltración de dos fuerzas opositoras: las guerrillas de las Farc y los paramilitares extraditados. Quizás el desespero lo hizo caer en tan flagrante contradicción, pues no resulta coherente que la Corte pueda estar a la vez infiltrada por el paramilitarismo, como lo aseveró el Presidente, y al mismo tiempo, sirva a los intereses del terrorismo de las Farc.
La andanada gubernamental contra la Corte también se materializó en la anunciada decisión del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de denunciar a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues según Palacios, el fallo contra Yidis Medina contiene “afirmaciones falsas”.
Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. El caso pone en evidencia un peligroso resquebrajamiento institucional y sienta un precedente que tiene escandalizados a juristas, y analistas políticos. El Presidente ha propuesto, ni más ni menos, rebatir una decisión judicial inapelable, en las urnas, y con ello propone un desbarajuste mayor del aparato democrático. En esta lógica la justicia no la ejercen las cortes, sino el voto popular.
Unos enfatizan en que todos los ciudadanos, incluido el Presidente, deben acatar las decisiones judiciales y acudir a los recursos constitucionales para evitar que la tensión entre la rama judicial y la ejecutiva se escale. Otros piden rodear a la Justicia ya que en un régimen presidencialista como el colombiano, donde Uribe tiene un alto índice de favorabilidad, los embates a del gobierno podrían derivar en su debilitamiento. Y otros más cercanos al gobierno argumentan que la Corte fue la que se equivocó y que no obró en derecho sino políticamente.
Algunos sectores de opinión han calificado las declaraciones de Uribe de desproporcionadas y apresuradas. Ante una arremetida contra la Corte de ese tamaño se abre la pregunta por cuáles son los intereses reales del mandatario. ¿Querrá ahorrarse un nuevo y largo trámite para conseguir su tercer mandato, reemplazándolo por un adelanto de elecciones en 2009?, o su salida es simplemente una eficaz movida de “spin”, es decir darle la vuelta rápidamente a una situación que afecta su gobierno gravemente y convertirla en una situación favorable.
¿Por qué la escandola del gobierno?
Unos consideran que la sorpresiva salida del Presidente es apenas una táctica de coyuntura para evitar titulares que le hubieran sido muy adversos, después del fallo de la Corte: “Corte determina que gobierno compró la reforma constitucional que permitió la reelección” o “Corte dice que reelección tiene origen ilegítimo”. En cambio el viernes en la mañana, los titulares de prensa fueron “Uribe propone referendo para repetir elecciones de 2006” y otros por el estilo.
Además, con esta rápida reacción el gobierno logró poner en tela de juicio los motivos de la Corte, y sembrar la duda sobre si compró o no los votos definitivos para aprobar la reelección.
Otra interpretación de los hechos es que la reacción fue mucho más de fondo y que en realidad el gobierno sí se propone sacar adelante el anunciado referendo para ratificar las elecciones presidenciales.
Aplicando la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, Uribe decidió embestir a la Corte Suprema, para encarar la crisis que lo ha venido erosionando en el último año y conjurarla de una vez por todas.
Las candidaturas anticipadas de varios líderes políticos impacientes por salir a la palestra, el debilitamiento del Congreso por cuenta de la parapolítica, la dispersión de las mayorías uribistas, el frenazo de la economía, y el desgaste natural de un gobierno que lleva seis años en funciones, son razones que suficientes para creer que el gobierno pretende con su salida encarar la amenaza de una crisis.
Y para hacerlo, el mandatario echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referendo que le renueve su legitimidad y deje atrás los sucesivos escándalos de parapolítica y yidispolítica. Con esta salida volvió a ratificar su ‘máxima’: “el juez de una democracia es el pueblo”. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia y que garantizan el equilibrio de pesos y contra pesos.
El senador liberal Hector Helí Rojas, en entrevista con Semana.com argumentó que la decisión del gobierno de convocar a un referendo es un pretexto para “lavarse” en el pueblo. Es decir que el gobierno lo que busca es salir airoso de una crisis que puede terminar como terminó en Perú el gobierno de Fujimori, o en Argentina el de Menem: perseguidos por la justicia y con varios de sus más cercanos amigos en la cárcel.
Persiste el lío institucional
No obstante, si la intención del presidente Uribe de repetir las elecciones de 2006 se llevara a cabo, esto no solucionaría el problema jurídico que planteó el Alto Tribunal.
“El presidente ha respondido con un argumento político a una decisión judicial. Repetir la reelección no soluciona un fallo que puso en duda el Acto Legislativo que permitió que se diera la reelección ”, dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández a Semana.com.
En una maniobra política, el gobierno está diciendo que la Corte cuestionó la elección de Uribe en 2006, lo que no es exacto, pues lo que encontró fraudulento la Corte fue la forma como el gobierno logró la modificación constitucional que permitió la reelección inmediata. La distorsión es evidente: dijo el asesor presidencial Jose Obdulio Gaviria durante una rueda de prensa este medio día “Cómo la Corte está insinuando que el presidente se robó las elecciones es necesario repetirlas para comprobar la legitimidad de los comicios para el periodo 2006-2010”.
Pero esa distorsión del fallo de la Corte no parece inocente. Al hacerla, el gobierno enfrenta a la Corte directamente con el pueblo, el soberano que reeligió a Uribe con la más alta votación de la historia. Y en ese enfrentamiento sale claramente perdiendo la Corte.
En todo caso repetir las elecciones parece utópico, pues confirmar la legitimidad de la elección de Uribe en 2006 a través de una nueva votación necesitaría que se repitieran las mismas condiciones de ese entonces.
“¿Vamos a pedirle a Horacio Serpa y a Carlos Gaviria que vuelvan a lanzarse a la presidencia y hagan campaña? Creo que no”, dijo el ex magistrado Hernández quien consideró que la réplica del gobierno genera presión sobre la Corte Constitucional, la cual, en todo caso, no se ha pronunciado.
Es por esto que tantos analistas están diciendo que el llamado a repetir las elecciones de 2006, no es más que un eufemismo para adelantar las elecciones de 2010 a 2009, y ahorrarse así todo el trámite de referendo en curso para una tercera elección. “Unifica los dos referendos en uno que adelante elecciones en 2009 y así se asegura un mandato hasta el 2013, sin pedir otra modificación de la Constitución”, dijo un jurista.
La Corte Constitucional es la que decide
Presente el gobierno o no su proyecto de referendo, debido a la petición que cursa ante la Corte Constitucional y el envío que le hizo del caso la Corte Suprema, es la Corte Constitucional la que define qué sucede ahora.
La Corte Constitucional puede tomar una de dos decisiones: decir que no revisará el Acto Legislativo por ser cosa juzgada o revisar su fallo anterior cuando declaró exequible la norma.
Para tomar el primer camino, la Corte puede argumentar que después de un año venció el plazo para demandar su fallo que tuvo lugar en 2004 y que ya se pronunció al respecto. En este caso sus argumentos además de tener validez jurídica, le sería lo menos traumático desde el puto de vista político. Atajaría los alcances políticos e institucionales del fallo de la Suprema y, como seis 6 de los 9 magistrados terminan su periodo a final de este año, es poco probable que quieran chamuscarse en el último minuto en un enfrentamiento que puede resultar muy impopular.
Pero la Corte puede, sin embargo, revisar el fallo aduciendo que hechos sobrevinientes o posteriores a su fallo (como es la comprobación de que los votos clave para aprobar el Acto Legislativo fueron comprados con prebendas) ameritan que lo vuelva a estudiar.
Si la Corte decide revisar la decisión, también tiene dos alternativas, según explicó Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, un centro académico de estudios jurídicos. La primera, sería devolver la reforma a la Cámara y que allí se vuelva a votar. Esta opción sería casi tan rebuscada como la de repetir las elecciones que propone el Presidente, dado que la actual Cámara no es la misma que votó en 2004 y por tanto sería imposible validar un votación con la otra.
El otro camino más posible, sería el que declare inconstitucional el Acto Legislativo que permitió la reelección, pero aclare que las elecciones de 2006 tuvieron lugar mientras ese artículo estaba vigente y por tanto la elección fue legal. Esta decisión, según varios jurista consultados, sería salomónica, pues evitaría que el Presidente meta al país en una aventura de alto riesgo para la estabilidad democrática, como es la de repetir unas elecciones, en realidad irrepetibles, y a la vez dejaría en firme la decisión de la Corte Suprema de castigar a quienes se involucraron en el acto ilegal.
Entre tanto, la yidis política seguirá su curso. La Fiscalía y la Procuraduría tendrán que decidir acerca de los ministros señalados de haber sido los cómplices de Yidis y la Comisión de Acusaciones evaluará el caso contra el Presidente.
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Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. Informe sobre los cálculos de Uribe tras su insólita propuesta de adelantar elecciones y las posibilidades que le quedan a la Corte Constitucional para preservar la institucionalidad.
Fecha: 06/27/2008 -
El ataque del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la sentencia de ésta que condenó Yidis Medina por el delito de cohecho propio y de paso cuestionó la legitimidad del acto legislativo proclamado en 2004 que permitió su reelección, ha derivado en una crisis inédita en la institucionalidad del Estado.
En su sentencia la Corte había dicho que “…el voto que en su calidad de congresista emitió Yidis Medina a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate”. En otro de sus apartes califica de “inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo”. Por las razones que expuso, la sentencia pone en entredicho la legitimidad del procedimiento que sacó avante la reelección: “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, concluye.
La reacción del Presidente fue inmediata. En dos alocuciones televisadas el jueves en la noche y el viernes en la mañana, el mandatario arremetió contra la Corte Suprema de Justicia y le pidió al Congreso convocar a un referendo para ratificar la legitimidad de las elecciones de 2006.
El presidente Uribe acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder” a otros órganos de justicia y de “desvirtuar la transparencia democrática” del Acto Legislativo que permitió la reelección.
En la transcripción de la alocución presidencial de este jueves, publicada por la Presidencia, dijo que la Sala Plena del Alto Tribunal “ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas”.
La mención que hace el Presidente se refiere a una carta que le envió la Corte pidiendo explicaciones por la decisión de extraditar a 14 jefes paramilitares y por haber denunciado a los mismos si continuaban delinquiendo desde las cárceles. En ella decía: “Con respecto de esas dos situaciones, así como en relación con la extradición, la Sala de Casación Penal tiene injerencia jurídica. Respetuosamente se le requiere para que le informe a la Sala las razones oficiales de tal trámite".
Pero la andanada de acusaciones del Ejecutivo a la Corte no paró ahí. En uno de los apartes el Presidente dijo que el ente judicial aplicaba justicia de manera selectiva y añadió que los magistrados de las Sala Penal se han prestado a la trampa del “terrorismo” y, sin que se entienda bien a qué se refería dijo, que “ese hecho no tenía solución judicial”.
Al medio día del viernes, el mandatario fue más explícito y dijo que la Corte había tomado como indicio las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando advirtió que un 35 por ciento del Congreso lo habían puesto las AUC, pero que no había dado credibilidad a las declaraciones del jefe paramilitar cuando dijo que la Corte Suprema también estaba infiltrada. “¿Por qué eso no se ha investigado? ¿Por qué la Sala Penal de la Corte es tan diligente para investigar y condenar a unos congresistas y por qué es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las Farc? (…) un compatriota me decía que estamos frente a los coletazos del terrorismo. Vamos a enfrentarlo”, advirtió un Presidente encolerizado.
El malestar del presidente Uribe quedó en evidencia por el sólo hecho de que en menos de 24 horas quiso poner a la Corte bajo sospecha por presunta infiltración de dos fuerzas opositoras: las guerrillas de las Farc y los paramilitares extraditados. Quizás el desespero lo hizo caer en tan flagrante contradicción, pues no resulta coherente que la Corte pueda estar a la vez infiltrada por el paramilitarismo, como lo aseveró el Presidente, y al mismo tiempo, sirva a los intereses del terrorismo de las Farc.
La andanada gubernamental contra la Corte también se materializó en la anunciada decisión del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de denunciar a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues según Palacios, el fallo contra Yidis Medina contiene “afirmaciones falsas”.
Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. El caso pone en evidencia un peligroso resquebrajamiento institucional y sienta un precedente que tiene escandalizados a juristas, y analistas políticos. El Presidente ha propuesto, ni más ni menos, rebatir una decisión judicial inapelable, en las urnas, y con ello propone un desbarajuste mayor del aparato democrático. En esta lógica la justicia no la ejercen las cortes, sino el voto popular.
Unos enfatizan en que todos los ciudadanos, incluido el Presidente, deben acatar las decisiones judiciales y acudir a los recursos constitucionales para evitar que la tensión entre la rama judicial y la ejecutiva se escale. Otros piden rodear a la Justicia ya que en un régimen presidencialista como el colombiano, donde Uribe tiene un alto índice de favorabilidad, los embates a del gobierno podrían derivar en su debilitamiento. Y otros más cercanos al gobierno argumentan que la Corte fue la que se equivocó y que no obró en derecho sino políticamente.
Algunos sectores de opinión han calificado las declaraciones de Uribe de desproporcionadas y apresuradas. Ante una arremetida contra la Corte de ese tamaño se abre la pregunta por cuáles son los intereses reales del mandatario. ¿Querrá ahorrarse un nuevo y largo trámite para conseguir su tercer mandato, reemplazándolo por un adelanto de elecciones en 2009?, o su salida es simplemente una eficaz movida de “spin”, es decir darle la vuelta rápidamente a una situación que afecta su gobierno gravemente y convertirla en una situación favorable.
¿Por qué la escandola del gobierno?
Unos consideran que la sorpresiva salida del Presidente es apenas una táctica de coyuntura para evitar titulares que le hubieran sido muy adversos, después del fallo de la Corte: “Corte determina que gobierno compró la reforma constitucional que permitió la reelección” o “Corte dice que reelección tiene origen ilegítimo”. En cambio el viernes en la mañana, los titulares de prensa fueron “Uribe propone referendo para repetir elecciones de 2006” y otros por el estilo.
Además, con esta rápida reacción el gobierno logró poner en tela de juicio los motivos de la Corte, y sembrar la duda sobre si compró o no los votos definitivos para aprobar la reelección.
Otra interpretación de los hechos es que la reacción fue mucho más de fondo y que en realidad el gobierno sí se propone sacar adelante el anunciado referendo para ratificar las elecciones presidenciales.
Aplicando la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, Uribe decidió embestir a la Corte Suprema, para encarar la crisis que lo ha venido erosionando en el último año y conjurarla de una vez por todas.
Las candidaturas anticipadas de varios líderes políticos impacientes por salir a la palestra, el debilitamiento del Congreso por cuenta de la parapolítica, la dispersión de las mayorías uribistas, el frenazo de la economía, y el desgaste natural de un gobierno que lleva seis años en funciones, son razones que suficientes para creer que el gobierno pretende con su salida encarar la amenaza de una crisis.
Y para hacerlo, el mandatario echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referendo que le renueve su legitimidad y deje atrás los sucesivos escándalos de parapolítica y yidispolítica. Con esta salida volvió a ratificar su ‘máxima’: “el juez de una democracia es el pueblo”. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia y que garantizan el equilibrio de pesos y contra pesos.
El senador liberal Hector Helí Rojas, en entrevista con Semana.com argumentó que la decisión del gobierno de convocar a un referendo es un pretexto para “lavarse” en el pueblo. Es decir que el gobierno lo que busca es salir airoso de una crisis que puede terminar como terminó en Perú el gobierno de Fujimori, o en Argentina el de Menem: perseguidos por la justicia y con varios de sus más cercanos amigos en la cárcel.
Persiste el lío institucional
No obstante, si la intención del presidente Uribe de repetir las elecciones de 2006 se llevara a cabo, esto no solucionaría el problema jurídico que planteó el Alto Tribunal.
“El presidente ha respondido con un argumento político a una decisión judicial. Repetir la reelección no soluciona un fallo que puso en duda el Acto Legislativo que permitió que se diera la reelección ”, dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández a Semana.com.
En una maniobra política, el gobierno está diciendo que la Corte cuestionó la elección de Uribe en 2006, lo que no es exacto, pues lo que encontró fraudulento la Corte fue la forma como el gobierno logró la modificación constitucional que permitió la reelección inmediata. La distorsión es evidente: dijo el asesor presidencial Jose Obdulio Gaviria durante una rueda de prensa este medio día “Cómo la Corte está insinuando que el presidente se robó las elecciones es necesario repetirlas para comprobar la legitimidad de los comicios para el periodo 2006-2010”.
Pero esa distorsión del fallo de la Corte no parece inocente. Al hacerla, el gobierno enfrenta a la Corte directamente con el pueblo, el soberano que reeligió a Uribe con la más alta votación de la historia. Y en ese enfrentamiento sale claramente perdiendo la Corte.
En todo caso repetir las elecciones parece utópico, pues confirmar la legitimidad de la elección de Uribe en 2006 a través de una nueva votación necesitaría que se repitieran las mismas condiciones de ese entonces.
“¿Vamos a pedirle a Horacio Serpa y a Carlos Gaviria que vuelvan a lanzarse a la presidencia y hagan campaña? Creo que no”, dijo el ex magistrado Hernández quien consideró que la réplica del gobierno genera presión sobre la Corte Constitucional, la cual, en todo caso, no se ha pronunciado.
Es por esto que tantos analistas están diciendo que el llamado a repetir las elecciones de 2006, no es más que un eufemismo para adelantar las elecciones de 2010 a 2009, y ahorrarse así todo el trámite de referendo en curso para una tercera elección. “Unifica los dos referendos en uno que adelante elecciones en 2009 y así se asegura un mandato hasta el 2013, sin pedir otra modificación de la Constitución”, dijo un jurista.
La Corte Constitucional es la que decide
Presente el gobierno o no su proyecto de referendo, debido a la petición que cursa ante la Corte Constitucional y el envío que le hizo del caso la Corte Suprema, es la Corte Constitucional la que define qué sucede ahora.
La Corte Constitucional puede tomar una de dos decisiones: decir que no revisará el Acto Legislativo por ser cosa juzgada o revisar su fallo anterior cuando declaró exequible la norma.
Para tomar el primer camino, la Corte puede argumentar que después de un año venció el plazo para demandar su fallo que tuvo lugar en 2004 y que ya se pronunció al respecto. En este caso sus argumentos además de tener validez jurídica, le sería lo menos traumático desde el puto de vista político. Atajaría los alcances políticos e institucionales del fallo de la Suprema y, como seis 6 de los 9 magistrados terminan su periodo a final de este año, es poco probable que quieran chamuscarse en el último minuto en un enfrentamiento que puede resultar muy impopular.
Pero la Corte puede, sin embargo, revisar el fallo aduciendo que hechos sobrevinientes o posteriores a su fallo (como es la comprobación de que los votos clave para aprobar el Acto Legislativo fueron comprados con prebendas) ameritan que lo vuelva a estudiar.
Si la Corte decide revisar la decisión, también tiene dos alternativas, según explicó Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, un centro académico de estudios jurídicos. La primera, sería devolver la reforma a la Cámara y que allí se vuelva a votar. Esta opción sería casi tan rebuscada como la de repetir las elecciones que propone el Presidente, dado que la actual Cámara no es la misma que votó en 2004 y por tanto sería imposible validar un votación con la otra.
El otro camino más posible, sería el que declare inconstitucional el Acto Legislativo que permitió la reelección, pero aclare que las elecciones de 2006 tuvieron lugar mientras ese artículo estaba vigente y por tanto la elección fue legal. Esta decisión, según varios jurista consultados, sería salomónica, pues evitaría que el Presidente meta al país en una aventura de alto riesgo para la estabilidad democrática, como es la de repetir unas elecciones, en realidad irrepetibles, y a la vez dejaría en firme la decisión de la Corte Suprema de castigar a quienes se involucraron en el acto ilegal.
Entre tanto, la yidis política seguirá su curso. La Fiscalía y la Procuraduría tendrán que decidir acerca de los ministros señalados de haber sido los cómplices de Yidis y la Comisión de Acusaciones evaluará el caso contra el Presidente.
www.semana.com
El drama de Sísifo
Por: Amylkar D. Acosta (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación: 23/06/2008 Imprimir nota
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Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia
Es de humanos errar, pero es de sabios rectificar.
Sísifo fue un personaje de la mitología griega, quien, por pretender pasarse de listo engañando a la parca, fue condenado por los dioses a la estéril empresa de empujar penosamente una roca hasta alcanzar la cima de una montaña, para, cuando ya no la podía contenerla y se le deslizaba cuesta abajo hasta el abismo, volver a intentarlo una y otra vez hasta la eternidad. Con la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia parece que se estuviera reeditando dicho maleficio. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), las áreas de cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, en lugar de reducirse aumentaron un 27% en 2007 con respecto a 2006, al pasar de 78.000 hectáreas a 99.000, regresando a la cifra del año 2002. Como lo manifestó Aldo Lale - Demoz, representante en Colombia de la Unodc, 'el aumento en el 2007 es un serio y preocupante retroceso de las reducciones reportadas en años anteriores' [2] Ello es tanto más relevante, en la medida en que dicho crecimiento es el mayor en la región, por encima del promedio que se situó en el 16%, no obstante que Colombia es el epicentro de la estrategia antidrogas de los EEUU [3]. El gobierno se muestra desconcertado, pues este repunte de los cultivos de coca no se compadece con los esfuerzos realizados en su erradicación, toda vez que el 2007 es considerado por las autoridades como el año estrella, puesto que, según sus registros, se dieron por erradicadas 220 mil hectáreas, 6.445 más que el año anterior, ya sea por aspersión aérea o erradicación manual.
Al gobierno, desde luego, no le cuadran las cifras, pues a mayor erradicación le siguen mayores áreas cultivadas. Rodolfo Llinás, quien lideró la investigación de la Unodc en Colombia, esta aparente paradoja se explica por el 'efecto globo' provocado por la fumigación, que se traduce en el desplazamiento de los cultivos ilícitos de unas zonas a otras y por la resiembra de aquellos que habían sido destruidos. El gobierno, en cambio, tiene 'serias dudas sobre la metodología' [4] de la medición hecha para la Unodc por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Según él se 'incluyeron áreas que antes no habían detectado, incluyeron, inclusive, un satélite nuevo' [5]; es decir, que no sólo se cuestiona la metodología sino el método de medición, so pretexto de que el resultado que arrojan 'no es compatible con ese gran esfuerzo' [6] erradicador de cultivos ilícitos. A este propósito, el doctor Llinás fue muy categórico al afirmar que este reporte 'se hizo con la misma metodología y la misma calidad con que se ha hecho en estos nueve años. Son procedimientos reconocidos por el gobierno nacional y por el norteamericano' [7].Y, como contentillo, después de tender el manto de duda sobre tan desfavorables cifras, se le da la noticia al país por parte del general Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional, que según la misma Unodc pese al aumento en el área sembrada, la producción de cocaína cayó un pírrico 2% (¡!), al pasar de 610 toneladas métricas en 2006 a 600 en 2007 [8]. Ello se explica por una baja en la productividad de los plantíos, ya sea por la mala calidad de las tierras hacia las que migran los cultivos o por ser estas zonas en conflicto. Esta noticia puede ser en alguna medida tranquilizadora para los Estados Unidos, ya que a ellos 'lo que en realidad les importa es cuántas toneladas de cocaína exportó Colombia' [9]; pero no para el país, para el que 'es muy importante el número de hectáreas con cultivos ilegales, por las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esto tiene' [10]
A este respecto, podemos repetir lo afirmado por la Revista Cambio al referirse a un traspié similar de dicha política en 2005: 'Es como si la fumigación no solo no sirviera para erradicar cultivos de coca, sino que, por el contrario, los multiplicara. La noticia es un verdadero desastre y la comprobación de que recorremos el camino equivocado' [11]. Es obvio de toda obviedad que si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, los resultados no pueden ser otros distintos a los que hemos obtenido en el pasado. Hace 36 años, Nixon declaró la guerra contra las drogas ilícitas y desde entonces a hoy, la producción, el tráfico y el consumo mundial ha crecido exponencialmente; empero, se persiste contumazmente en la estrategia equivocada. Los responsables de esta estrategia fracasada nos dirán con el reputado escritor y orador carlista, Vásquez De Mella, cuando justificaba sus desvaríos, que pueden estar en el error, 'pero, eso sí, firmes!'. Le asiste la razón al Nóbel García Márquez, cuando aseveró premonitoriamente: 'Creo que el primer paso para la solución realista del problema de las drogas en el mundo, es reconocer el fracaso de los métodos con que se están combatiendo. Son esos métodos, más que la droga misma, los que han causado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los países productores, como los consumidores'.
Este planteamiento va muy en línea con lo expresado en su momento por el ex secretario de Estado de los EEUU, Colin Powell: 'El verdadero problema no es causado por la región misma, sino por lo que sucede en las calles de Nueva York y otras grandes ciudades en el país, donde no solo niños pobres, sino abogados y artistas que continúan usando drogas de forma ilegal. Esto es lo que está causando el problema en Colombia y en otras naciones de la región andina. Y, por tanto, tenemos no solo que perseguir la oferta y recurrir a la interdicción. También debemos de asegurarnos que estamos atacando la demanda, recurriendo al tratamiento para ese horrendo problema' [12]. Pero, bien se sabe que del dicho al hecho hay mucho trecho; mientras tanto la droga maldita, con todas sus secuelas, seguirá gravitando sobre la realidad de nuestro país, signado por la tragedia sin par que ella apareja. Hasta cuándo Colombia seguirá comportándose como país satélite de los Estados Unidos, girando en la órbita de su política exterior y asumiendo sin reparos una estrategia antidroga que se ha sido un fiasco total. México, a diferencia de Colombia, le propuso a los Estados Unidos su Iniciativa Mérida para hacer frente, junto con Estados Unidos, al crimen organizado y al narcotráfico en la frontera norte. Y cuando este le quiso imponer sus condiciones para votar una ayuda antidrogas en el Congreso de US $ 400 millones para este 2008 le reviró; el Secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño, rechazó 'cualquier medida o evaluación unilateral que el Congreso estadounidense pretenda condicionar en el ejercicio de los recursos comprometidos en la Iniciativa Mérida…México no solicitó asistencia unilateral. El narcotráfico no es un problema exclusivo de nuestro país ante el que las autoridades estadounidenses puedan ofrecer apoyo'. Así se habla, este es un ejemplo digno de imitar, en lugar de seguir a ciegas la fracasada estrategia antidrogas de los EEUU, sin reparar en los daños irreparables que se le causa al medio ambiente y a la frágil institucionalidad del país.
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Sísifo fue un personaje de la mitología griega, quien, por pretender pasarse de listo engañando a la parca, fue condenado por los dioses a la estéril empresa de empujar penosamente una roca hasta alcanzar la cima de una montaña, para, cuando ya no la podía contenerla y se le deslizaba cuesta abajo hasta el abismo, volver a intentarlo una y otra vez hasta la eternidad. Con la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia parece que se estuviera reeditando dicho maleficio. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), las áreas de cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, en lugar de reducirse aumentaron un 27% en 2007 con respecto a 2006, al pasar de 78.000 hectáreas a 99.000, regresando a la cifra del año 2002. Como lo manifestó Aldo Lale - Demoz, representante en Colombia de la Unodc, 'el aumento en el 2007 es un serio y preocupante retroceso de las reducciones reportadas en años anteriores' [2] Ello es tanto más relevante, en la medida en que dicho crecimiento es el mayor en la región, por encima del promedio que se situó en el 16%, no obstante que Colombia es el epicentro de la estrategia antidrogas de los EEUU [3]. El gobierno se muestra desconcertado, pues este repunte de los cultivos de coca no se compadece con los esfuerzos realizados en su erradicación, toda vez que el 2007 es considerado por las autoridades como el año estrella, puesto que, según sus registros, se dieron por erradicadas 220 mil hectáreas, 6.445 más que el año anterior, ya sea por aspersión aérea o erradicación manual.
Al gobierno, desde luego, no le cuadran las cifras, pues a mayor erradicación le siguen mayores áreas cultivadas. Rodolfo Llinás, quien lideró la investigación de la Unodc en Colombia, esta aparente paradoja se explica por el 'efecto globo' provocado por la fumigación, que se traduce en el desplazamiento de los cultivos ilícitos de unas zonas a otras y por la resiembra de aquellos que habían sido destruidos. El gobierno, en cambio, tiene 'serias dudas sobre la metodología' [4] de la medición hecha para la Unodc por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Según él se 'incluyeron áreas que antes no habían detectado, incluyeron, inclusive, un satélite nuevo' [5]; es decir, que no sólo se cuestiona la metodología sino el método de medición, so pretexto de que el resultado que arrojan 'no es compatible con ese gran esfuerzo' [6] erradicador de cultivos ilícitos. A este propósito, el doctor Llinás fue muy categórico al afirmar que este reporte 'se hizo con la misma metodología y la misma calidad con que se ha hecho en estos nueve años. Son procedimientos reconocidos por el gobierno nacional y por el norteamericano' [7].Y, como contentillo, después de tender el manto de duda sobre tan desfavorables cifras, se le da la noticia al país por parte del general Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional, que según la misma Unodc pese al aumento en el área sembrada, la producción de cocaína cayó un pírrico 2% (¡!), al pasar de 610 toneladas métricas en 2006 a 600 en 2007 [8]. Ello se explica por una baja en la productividad de los plantíos, ya sea por la mala calidad de las tierras hacia las que migran los cultivos o por ser estas zonas en conflicto. Esta noticia puede ser en alguna medida tranquilizadora para los Estados Unidos, ya que a ellos 'lo que en realidad les importa es cuántas toneladas de cocaína exportó Colombia' [9]; pero no para el país, para el que 'es muy importante el número de hectáreas con cultivos ilegales, por las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esto tiene' [10]
A este respecto, podemos repetir lo afirmado por la Revista Cambio al referirse a un traspié similar de dicha política en 2005: 'Es como si la fumigación no solo no sirviera para erradicar cultivos de coca, sino que, por el contrario, los multiplicara. La noticia es un verdadero desastre y la comprobación de que recorremos el camino equivocado' [11]. Es obvio de toda obviedad que si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, los resultados no pueden ser otros distintos a los que hemos obtenido en el pasado. Hace 36 años, Nixon declaró la guerra contra las drogas ilícitas y desde entonces a hoy, la producción, el tráfico y el consumo mundial ha crecido exponencialmente; empero, se persiste contumazmente en la estrategia equivocada. Los responsables de esta estrategia fracasada nos dirán con el reputado escritor y orador carlista, Vásquez De Mella, cuando justificaba sus desvaríos, que pueden estar en el error, 'pero, eso sí, firmes!'. Le asiste la razón al Nóbel García Márquez, cuando aseveró premonitoriamente: 'Creo que el primer paso para la solución realista del problema de las drogas en el mundo, es reconocer el fracaso de los métodos con que se están combatiendo. Son esos métodos, más que la droga misma, los que han causado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los países productores, como los consumidores'.
Este planteamiento va muy en línea con lo expresado en su momento por el ex secretario de Estado de los EEUU, Colin Powell: 'El verdadero problema no es causado por la región misma, sino por lo que sucede en las calles de Nueva York y otras grandes ciudades en el país, donde no solo niños pobres, sino abogados y artistas que continúan usando drogas de forma ilegal. Esto es lo que está causando el problema en Colombia y en otras naciones de la región andina. Y, por tanto, tenemos no solo que perseguir la oferta y recurrir a la interdicción. También debemos de asegurarnos que estamos atacando la demanda, recurriendo al tratamiento para ese horrendo problema' [12]. Pero, bien se sabe que del dicho al hecho hay mucho trecho; mientras tanto la droga maldita, con todas sus secuelas, seguirá gravitando sobre la realidad de nuestro país, signado por la tragedia sin par que ella apareja. Hasta cuándo Colombia seguirá comportándose como país satélite de los Estados Unidos, girando en la órbita de su política exterior y asumiendo sin reparos una estrategia antidroga que se ha sido un fiasco total. México, a diferencia de Colombia, le propuso a los Estados Unidos su Iniciativa Mérida para hacer frente, junto con Estados Unidos, al crimen organizado y al narcotráfico en la frontera norte. Y cuando este le quiso imponer sus condiciones para votar una ayuda antidrogas en el Congreso de US $ 400 millones para este 2008 le reviró; el Secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño, rechazó 'cualquier medida o evaluación unilateral que el Congreso estadounidense pretenda condicionar en el ejercicio de los recursos comprometidos en la Iniciativa Mérida…México no solicitó asistencia unilateral. El narcotráfico no es un problema exclusivo de nuestro país ante el que las autoridades estadounidenses puedan ofrecer apoyo'. Así se habla, este es un ejemplo digno de imitar, en lugar de seguir a ciegas la fracasada estrategia antidrogas de los EEUU, sin reparar en los daños irreparables que se le causa al medio ambiente y a la frágil institucionalidad del país.
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Formulan pliego de cargos contra Sabas Pretelt y Diego Palacios por el caso de la 'yidispolítica'
También fueron afectados el ex superintendente José Félix Lafaurie, el ex viceministro Hernando Angarita y el ex director del DAS Jorge Noguera por haberse extralimitado en sus funciones.
Se retrasa salida de Yidis Medina de la cárcel del Buen Pastor El embajador en Italia y el ministro de Protección Social fueron denunciados por la ex congresista Yidis Medina de haberle ofrecido prebendas burocráticas para que modificara su voto en favor de la reelección presidencial.
Según la Procuraduría, los funcionarios incurrieron en una posible falta diciplinaria al ofrecer vincular a cargos públicos a personas recomendadas por Yidis Medina para influir en ella por su cargo de representante a la Cámara y buscando beneficios "para sí y para otros con ocasión del trámite del proyecto legislativo".
Los implicados también habrían participado en supuestas actividades partidistas, abusando de sus cargos y de sus funciones, estableció el procurador Edgardo Maya Villazón al emitir la decisión.
También fueron afectados el ex superintendente José Félix Lafaurie, el ex viceministro Hernando Angarita y el ex director del DAS Jorge Noguera por haberse extralimitado en sus funciones.
Se retrasa salida de Yidis Medina de la cárcel del Buen Pastor El embajador en Italia y el ministro de Protección Social fueron denunciados por la ex congresista Yidis Medina de haberle ofrecido prebendas burocráticas para que modificara su voto en favor de la reelección presidencial.
Según la Procuraduría, los funcionarios incurrieron en una posible falta diciplinaria al ofrecer vincular a cargos públicos a personas recomendadas por Yidis Medina para influir en ella por su cargo de representante a la Cámara y buscando beneficios "para sí y para otros con ocasión del trámite del proyecto legislativo".
Los implicados también habrían participado en supuestas actividades partidistas, abusando de sus cargos y de sus funciones, estableció el procurador Edgardo Maya Villazón al emitir la decisión.
Presentan dos denuncias contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Foto: David Osorio / EL TIEMPO
El Ministro de Protección Social. Diego Palacio, instauró la denuncia en la Comisión de Acusaciones.
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, radicó la primera ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante Giorgio Sale.
Previamente, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, radicó ante la misma instancia una la petición para que se abra una investigación por falsas imputaciones contra los magistrados en el proceso que se adelantó contra la excongresista Yidis Medina.
EL TIEMPO estableció que en la denuncia de Restrepo también se mencionan los vínculos de miembros de la Corte con Ascencio Reyes, personaje a quien se le vincula con un 'narco' extraditado a Estados Unidos.
La denuncia está relacionada con las afirmaciones del paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que las Autodefensas Unidas de Colombia se habían infiltrado en todos los poderes judiciales, incluyendo la Corte Suprema.
El presidente Álvaro Uribe dijo al mediodía desde la Casa de Nariño que se debe investigar la supuesta infiltración del paramilitarismo en este tribunal.
Uribe dijo que así como unas declaraciones de Mancuso en el sentido de que los paramilitares habían elegido el 35 por ciento del Congreso, debería ocurrir lo mismo con la Corte Suprema. Uribe recordó que antes de ser extraditado, Mancuso dijo que la Corte había sido infiltrada por su organización delectiva.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien debía viajar a México este medio día, fue encargado por el presidente como ministro delegatario y se le asignó la misión de preparar, de manera inmediata, la pregunta que se hará a los colombianos, a través del referendo.
Palacio también confirmó que la elección presidencial que se repetiría, no prolongaría el período actual del mandatario colombiano.
La decisión del Presidente involucra al Congreso de la República en el choque de poderes que se profundizó ayer, tras las acusaciones recíprocas que se hicieron las cabezas de la Corte y el Ejecutivo.
www.eltiempo.com
Foto: David Osorio / EL TIEMPO
El Ministro de Protección Social. Diego Palacio, instauró la denuncia en la Comisión de Acusaciones.
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, radicó la primera ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante Giorgio Sale.
Previamente, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, radicó ante la misma instancia una la petición para que se abra una investigación por falsas imputaciones contra los magistrados en el proceso que se adelantó contra la excongresista Yidis Medina.
EL TIEMPO estableció que en la denuncia de Restrepo también se mencionan los vínculos de miembros de la Corte con Ascencio Reyes, personaje a quien se le vincula con un 'narco' extraditado a Estados Unidos.
La denuncia está relacionada con las afirmaciones del paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que las Autodefensas Unidas de Colombia se habían infiltrado en todos los poderes judiciales, incluyendo la Corte Suprema.
El presidente Álvaro Uribe dijo al mediodía desde la Casa de Nariño que se debe investigar la supuesta infiltración del paramilitarismo en este tribunal.
Uribe dijo que así como unas declaraciones de Mancuso en el sentido de que los paramilitares habían elegido el 35 por ciento del Congreso, debería ocurrir lo mismo con la Corte Suprema. Uribe recordó que antes de ser extraditado, Mancuso dijo que la Corte había sido infiltrada por su organización delectiva.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien debía viajar a México este medio día, fue encargado por el presidente como ministro delegatario y se le asignó la misión de preparar, de manera inmediata, la pregunta que se hará a los colombianos, a través del referendo.
Palacio también confirmó que la elección presidencial que se repetiría, no prolongaría el período actual del mandatario colombiano.
La decisión del Presidente involucra al Congreso de la República en el choque de poderes que se profundizó ayer, tras las acusaciones recíprocas que se hicieron las cabezas de la Corte y el Ejecutivo.
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Actuaciones de Uribe parecen más encaminadas a acentuar la crisis que a resolverla: liberales
El director de la colectividad, César Gaviria, señaló que el mandatario se apresuró al anunciar un referendo sin esperar la decisión que sobre la reelección adoptará la Corte Constitucional.
En su delaración, Gaviria señaló que "el referendo que propone para tratar de comprometer al Congreso en una segunda reelección es totalmente inconstitucional".
"Quiero resaltar que con esa argumentación, el presidente esta abriendo el camino para deslegitimar las actuaciones de la Corte, acusarlos de manera temeraria e inaudita de complicidades terroristas y posiblemente buscar cercenar sus funciones o interferir en su funcionamiento constitucional", señala la declaración del Partido Liberal.
Agregó Gaviria que "les expresiones del presidente Uribe contra la Corte Suprema rompen completamente con la separación de poderes y la colaboración armónica que manda la Constitución, y constituyen un gravísimo precedente".
El siguiente es el texto del comunicado de César Gaviria
El Director del Partido Liberal en relación con la providencia expedida en el día de ayer en la cual condena a la ex parlamentaria Yidis Medina y compulsa copias a la Procuraduría y la Corte Constitucional sobre una desviación de poder en el tramite de la Reforma Constitucional que restableció la figura de la reelección Presidencial en la Constitución, se permite expresar a la opinión pública lo siguiente:
Este es un proceso que recién comienza y corresponde esperar a que la Corte Constitucional examine la información remitida por la Corte Suprema y se pronuncie sobre la manera como se pueda afectar el contenido de dicha norma en nuestra Carta y si de alguna manera se puede afectar la elección y el periodo del presidente Uribe. Los liberales confiamos en la sabiduría y el buen juicio de la Corte Constitucional al examinar esta materia.
El Presidente Uribe se ha precipitado a proponer caminos para anticiparse a un eventual fallo de la Corte Constitucional, lo cual es desde luego totalmente improcedente. El referendo que propone para tratar de comprometer al Congreso en una segunda reelección es totalmente inconstitucional. El Presidente no puede pretender; que como esta en peligro la presencia en nuestra Constitución de la norma de la reelección inmediata por una sola vez; solicitar al Congreso que disponga la repetición de elecciones, figura ajena a la Constitución.
Ese sería un camino expresamente violatorio de la Carta Magna, que dejaría a un lado el respeto al Estado de Derecho y que nos colocaría en el sendero de un régimen autoritario ajeno a nuestra larga tradición jurídica y política de respeto a la democracia.
Las expresiones del presidente Uribe contra la Corte Suprema rompen completamente con la separación de poderes y la colaboración armónica que manda la Constitución, y constituyen un gravísimo precedente. Quiero resaltar que con esa argumentación, el presidente esta abriendo el camino para deslegitimar las actuaciones de la Corte, acusarlos de manera temeraria e inaudita de complicidades terroristas y posiblemente buscar cercenar sus funciones o interferir en su funcionamiento constitucional.
El Partido Liberal dará todas las batallas jurídicas y políticas para defender las decisiones de nuestras Cortes Suprema y Constitucional, y para preservar las Instituciones democráticas plasmadas en la Constitución del 91.
El Partido Liberal esta siempre dispuesto a examinar con el Gobierno del Presidente Uribe y con todas las fuerzas políticas de Gobierno y de oposición, para hacerle frente a la crisis políticas e institucionales que surgen en nuestro accidentado devenir. Pero tales soluciones deben partir del respeto a las decisiones judiciales y no deben estar dirigidas a interferirlas.
Es la hora de que el presidente Uribe reflexione, actué como jefe del Estado, respete la función de las instituciones de justicia y busque salidas institucionales y consensuadas con la oposición para resolver las crisis. Sus actuaciones de hoy parecen más dirigidas a crear crisis que a resolverlas.
Cesar Gaviria Trujillo
27 de junio de 20008.
El director de la colectividad, César Gaviria, señaló que el mandatario se apresuró al anunciar un referendo sin esperar la decisión que sobre la reelección adoptará la Corte Constitucional.
En su delaración, Gaviria señaló que "el referendo que propone para tratar de comprometer al Congreso en una segunda reelección es totalmente inconstitucional".
"Quiero resaltar que con esa argumentación, el presidente esta abriendo el camino para deslegitimar las actuaciones de la Corte, acusarlos de manera temeraria e inaudita de complicidades terroristas y posiblemente buscar cercenar sus funciones o interferir en su funcionamiento constitucional", señala la declaración del Partido Liberal.
Agregó Gaviria que "les expresiones del presidente Uribe contra la Corte Suprema rompen completamente con la separación de poderes y la colaboración armónica que manda la Constitución, y constituyen un gravísimo precedente".
El siguiente es el texto del comunicado de César Gaviria
El Director del Partido Liberal en relación con la providencia expedida en el día de ayer en la cual condena a la ex parlamentaria Yidis Medina y compulsa copias a la Procuraduría y la Corte Constitucional sobre una desviación de poder en el tramite de la Reforma Constitucional que restableció la figura de la reelección Presidencial en la Constitución, se permite expresar a la opinión pública lo siguiente:
Este es un proceso que recién comienza y corresponde esperar a que la Corte Constitucional examine la información remitida por la Corte Suprema y se pronuncie sobre la manera como se pueda afectar el contenido de dicha norma en nuestra Carta y si de alguna manera se puede afectar la elección y el periodo del presidente Uribe. Los liberales confiamos en la sabiduría y el buen juicio de la Corte Constitucional al examinar esta materia.
El Presidente Uribe se ha precipitado a proponer caminos para anticiparse a un eventual fallo de la Corte Constitucional, lo cual es desde luego totalmente improcedente. El referendo que propone para tratar de comprometer al Congreso en una segunda reelección es totalmente inconstitucional. El Presidente no puede pretender; que como esta en peligro la presencia en nuestra Constitución de la norma de la reelección inmediata por una sola vez; solicitar al Congreso que disponga la repetición de elecciones, figura ajena a la Constitución.
Ese sería un camino expresamente violatorio de la Carta Magna, que dejaría a un lado el respeto al Estado de Derecho y que nos colocaría en el sendero de un régimen autoritario ajeno a nuestra larga tradición jurídica y política de respeto a la democracia.
Las expresiones del presidente Uribe contra la Corte Suprema rompen completamente con la separación de poderes y la colaboración armónica que manda la Constitución, y constituyen un gravísimo precedente. Quiero resaltar que con esa argumentación, el presidente esta abriendo el camino para deslegitimar las actuaciones de la Corte, acusarlos de manera temeraria e inaudita de complicidades terroristas y posiblemente buscar cercenar sus funciones o interferir en su funcionamiento constitucional.
El Partido Liberal dará todas las batallas jurídicas y políticas para defender las decisiones de nuestras Cortes Suprema y Constitucional, y para preservar las Instituciones democráticas plasmadas en la Constitución del 91.
El Partido Liberal esta siempre dispuesto a examinar con el Gobierno del Presidente Uribe y con todas las fuerzas políticas de Gobierno y de oposición, para hacerle frente a la crisis políticas e institucionales que surgen en nuestro accidentado devenir. Pero tales soluciones deben partir del respeto a las decisiones judiciales y no deben estar dirigidas a interferirlas.
Es la hora de que el presidente Uribe reflexione, actué como jefe del Estado, respete la función de las instituciones de justicia y busque salidas institucionales y consensuadas con la oposición para resolver las crisis. Sus actuaciones de hoy parecen más dirigidas a crear crisis que a resolverlas.
Cesar Gaviria Trujillo
27 de junio de 20008.
Álvaro Uribe debería renunciar en vez de pedir una nueva elección, afirma Antanas Mockus
El ex alcalde y ex candidato presidencial hizo el planteamiento después de que la Corte Suprema puso en duda la legalidad de su reelección en 2006.
"Una salida es que el presidente renuncie. Si yo estuviera en su lugar habría renunciado", dijo Mockus al reaccionar al pedido que Uribe hizo la noche del jueves al congreso para que convoque un referendo que permita repetir los comicios de 2006, en los que fue reelecto.
El presidente hizo ese anuncio después que la Corte Suprema de Justicia solicitó que se revise la legalidad de la reforma a la constitución que permitió a Uribe aspirar a un segundo período.
La Corte hizo esa petición en un fallo en que condenó a una ex congresista que confesó haber sido sobornada por miembros del Gobierno para votar a favor de esa reforma.
Mockus, un matemático y filósofo que fue alcalde de Bogotá y dos veces candidato presidencial independiente, señaló que la propuesta de Uribe de "realizar una nueva elección, es un acto que antepone lo político a lo jurídico".
El ex candidato presidencial señaló que el gobierno debe admitir que "el acto legislativo que posibilitó la reeleción nació viciado y eso nos pone ante un escenario no previsto en la constitución ni en la ley".
El ex alcalde y ex candidato presidencial hizo el planteamiento después de que la Corte Suprema puso en duda la legalidad de su reelección en 2006.
"Una salida es que el presidente renuncie. Si yo estuviera en su lugar habría renunciado", dijo Mockus al reaccionar al pedido que Uribe hizo la noche del jueves al congreso para que convoque un referendo que permita repetir los comicios de 2006, en los que fue reelecto.
El presidente hizo ese anuncio después que la Corte Suprema de Justicia solicitó que se revise la legalidad de la reforma a la constitución que permitió a Uribe aspirar a un segundo período.
La Corte hizo esa petición en un fallo en que condenó a una ex congresista que confesó haber sido sobornada por miembros del Gobierno para votar a favor de esa reforma.
Mockus, un matemático y filósofo que fue alcalde de Bogotá y dos veces candidato presidencial independiente, señaló que la propuesta de Uribe de "realizar una nueva elección, es un acto que antepone lo político a lo jurídico".
El ex candidato presidencial señaló que el gobierno debe admitir que "el acto legislativo que posibilitó la reeleción nació viciado y eso nos pone ante un escenario no previsto en la constitución ni en la ley".
Polo Democrático calificó al presidente Uribe de "dictador populista" al buscar nueva elección
El presidente de la colectividad, Carlos Gaviria, calificó de "monstruosidad" e "insólita" la propuesta del mandatario y demuestra que es "incapaz de gobernar en un Estado de derecho".
Desconcierto e incertidumbre por propuesta de referendo para repetir elecciones hecha por Uribe "El doctor Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al Ejército o a la Policía. Está inaugurando una dictadura populista", dijo.
Gaviria sostuvo que la voluntad popular no puede superar vicios que son "insuperables", y no puede autorizar al presidente a pasar por encima de la Constitución.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, uno de los más álgidos críticos de Uribe y quien destapó el escándalo de la "parapolítica" que tiene bajo investigación a unos 60 congresistas en su mayoría oficialistas, 30 de ellos presos, por sus supuestos nexos con los paramilitares, aseguró que se está construyendo una tiranía.
El legislador señaló que el falló de la Corte Suprema de Justicia no pone en duda que el mandatario haya obtenido una mayoría de los votos en las elecciones de 2006, sino que para lograr eso "hubo una modificación de la Constitución que se hizo a partir del crimen, que se llama desviación del poder".
"Esa desviación de poder, en otras palabras se llama la construcción de una tiranía. Generalmente los tiranos buscan plebiscitos para tratar de relegitimar sus actos, cosa que el presidente está intentando hacer con el referendo, pero eso no tapa, no oculta lo que ya paso, que fue que la reelección se hizo a partir de un crimen", afirmó Petro.
Asimismo, dijo que cualquier acto legislativo que intente promover el Gobierno, como la convocatoria a un referendo o una reforma constitucional que permita una nueva reelección, va estar viciado porque las mayorías que necesita el Ejecutivo en el Congreso "están al servicio de la mafia y el paramilitarismo".
"Cualquier posibilidad de una nueva reelección, de nuevos cambios constitucionales, incluso del referendo que quiere citar, solo se puede lograr con el concurso de las curules del paramilitarismo y las mafias en Colombia", argumentó.
Diversos analistas calificaron de "exagerada" la propuesta que Uribe hizo hacia la medianoche del jueves en la que dijo que pedirá al Congreso que tramite una ley que convoque a un referendo en el que se decida si se repiten las elecciones de 2006, en las que fue elegido para un segundo mandato de cuatro años.
El analista político Pedro Medellín afirmó que esa propuesta es de una gravedad institucional y jurídica sin precedentes en la historia de Colombia y que está antecedida por un grave señalamiento de parcialidad e incapacidad del sistema judicial por parte de la primera autoridad del país.
"Hace un desafío electoral diciéndole a la Corte Suprema de Justicia, voy a refrendar a mi mandato que ustedes están tratando de cuestionar, y en ese sentido se le va la mano (exagera), de hecho es una situación que se llama presidencia plebiscitaria", dijo Medellín.
Uribe hizo el anuncio poco después de que la Corte Suprema de Justicia pidiera revisar la reforma constitucional del 2005 en la que se aprobó la reelección presidencial y condenara a 47 meses de prisión por cohecho a la ex congresista Yidis Medina, que cambió su voto a última hora para salvar esa reforma a cambio de dádivas.
El mandatario acusó a la sala penal del tribunal supremo de presionar a su Gobierno y puso en duda el anuncio hecho horas antes por la Corte Suprema, en el sentido de que hubo "una clara desviación de poder" en la reforma constitucional que admitió la posibilidad de la reelección para el período inmediato.
"En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", puntualizó.
Con EFE
www.eltiempo.com
El presidente de la colectividad, Carlos Gaviria, calificó de "monstruosidad" e "insólita" la propuesta del mandatario y demuestra que es "incapaz de gobernar en un Estado de derecho".
Desconcierto e incertidumbre por propuesta de referendo para repetir elecciones hecha por Uribe "El doctor Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al Ejército o a la Policía. Está inaugurando una dictadura populista", dijo.
Gaviria sostuvo que la voluntad popular no puede superar vicios que son "insuperables", y no puede autorizar al presidente a pasar por encima de la Constitución.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, uno de los más álgidos críticos de Uribe y quien destapó el escándalo de la "parapolítica" que tiene bajo investigación a unos 60 congresistas en su mayoría oficialistas, 30 de ellos presos, por sus supuestos nexos con los paramilitares, aseguró que se está construyendo una tiranía.
El legislador señaló que el falló de la Corte Suprema de Justicia no pone en duda que el mandatario haya obtenido una mayoría de los votos en las elecciones de 2006, sino que para lograr eso "hubo una modificación de la Constitución que se hizo a partir del crimen, que se llama desviación del poder".
"Esa desviación de poder, en otras palabras se llama la construcción de una tiranía. Generalmente los tiranos buscan plebiscitos para tratar de relegitimar sus actos, cosa que el presidente está intentando hacer con el referendo, pero eso no tapa, no oculta lo que ya paso, que fue que la reelección se hizo a partir de un crimen", afirmó Petro.
Asimismo, dijo que cualquier acto legislativo que intente promover el Gobierno, como la convocatoria a un referendo o una reforma constitucional que permita una nueva reelección, va estar viciado porque las mayorías que necesita el Ejecutivo en el Congreso "están al servicio de la mafia y el paramilitarismo".
"Cualquier posibilidad de una nueva reelección, de nuevos cambios constitucionales, incluso del referendo que quiere citar, solo se puede lograr con el concurso de las curules del paramilitarismo y las mafias en Colombia", argumentó.
Diversos analistas calificaron de "exagerada" la propuesta que Uribe hizo hacia la medianoche del jueves en la que dijo que pedirá al Congreso que tramite una ley que convoque a un referendo en el que se decida si se repiten las elecciones de 2006, en las que fue elegido para un segundo mandato de cuatro años.
El analista político Pedro Medellín afirmó que esa propuesta es de una gravedad institucional y jurídica sin precedentes en la historia de Colombia y que está antecedida por un grave señalamiento de parcialidad e incapacidad del sistema judicial por parte de la primera autoridad del país.
"Hace un desafío electoral diciéndole a la Corte Suprema de Justicia, voy a refrendar a mi mandato que ustedes están tratando de cuestionar, y en ese sentido se le va la mano (exagera), de hecho es una situación que se llama presidencia plebiscitaria", dijo Medellín.
Uribe hizo el anuncio poco después de que la Corte Suprema de Justicia pidiera revisar la reforma constitucional del 2005 en la que se aprobó la reelección presidencial y condenara a 47 meses de prisión por cohecho a la ex congresista Yidis Medina, que cambió su voto a última hora para salvar esa reforma a cambio de dádivas.
El mandatario acusó a la sala penal del tribunal supremo de presionar a su Gobierno y puso en duda el anuncio hecho horas antes por la Corte Suprema, en el sentido de que hubo "una clara desviación de poder" en la reforma constitucional que admitió la posibilidad de la reelección para el período inmediato.
"En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", puntualizó.
Con EFE
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Se repetirán las elecciones de 2006?
En el fallo de condena a Yidis Medina la Corte Suprema de Justicia cuestionó la legitimidad del acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe por haber sido aprobado con métodos poco santos. En respuesta, éste solicitó al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones de 2006.
Fecha: 06/27/2008 -
El presidente Álvaro Uribe pidió al Congreso tramitar un proyecto de ley de referendo para repetir las elecciones de 2006. El anuncio se dio a través de una alocución al finalizar la noche del jueves como respuesta al fallo de la Corte Suprema que condenó a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho.
En esta sentencia, conocida en su totalidad también el jueves, los magistrados de la Corte cuestionaron duramente la legitimidad del Acto Legislativo que modificó la Constitución para permitir la reelección inmediata del Presidente de la República. Criticaron duramente que los más altos funcioanrios del gobierno hayan promovido el resquebrajamiento de las normas básicas del Estado, para conseguir beneficiar al Presidente con la reelección. Dijo la Corte: "...resulta incompatible con el Estado social y democrático de derecho, que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad".
En otras palabras, la Corte consideró que el Ejecutivo consiguió mediante la oferta de prebendas los dos votos que le hacían falta para que se aprobara la modificación a la Constitución que permitió la reelección presidencial, y por ello pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría revisar esa decisión legislativa.
“De lo expuesto se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación para los fines que estimen pertinentes”, indicó la sentencia.
La respuesta del primer mandatario al fallo de la Corte Suprema fue tan severa, como la sentencia. Dijo que la sentencia condenatoria contra Medina era un “abuso de poder” que tenía por objetivo la “usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho”. Acto seguido añadió que la Alta Corte también tenía “el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder”.
Uribe también aseguró que la Sala Penal de la Corte aplicó justicia de manera selectiva y desestimó las pruebas que demuestran que Yidis no incurrió en el delito de cohecho. Según el mandatario, el ente judicial lo "presionó" a través de una "carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas".
Fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Yidis Medina
Ante el grave cuestionamiento que hizo la Corte al origen legal que dio base a su reelección, el mandatario aseguró que esto lo obliga a convocar al “Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006”.
La noticia se produjo cuatro horas después de que el magistrado Leonidas Bustos y el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinoza, leyeran un comunicado en el que dieron a conocer la sentencia condenatoria a Medina. La ex congresista fue condenada a 47 meses y 26 días de arresto domiciliario y a pagar una multa superior a 22 millones de pesos por haber recibido prebendas burocráticas por su voto a favor del proyecto de reelección presidencial, cuando era representante a la Cámara.
Reacciones
En entrevista televisiva con Caracol, una de las investigadoras más connotadas de la parapolítica, Claudia López, dijo estar sorprendida por el anuncio del Presidente. “La Corte Suprema emitió un fallo y el deber de todo ciudadano es acatar la justicia sin sobreactuaciones”, dijo. También aclaró que el pedido que la le hace Corte Suprema a la Constitucional es de revisar el Acto Legislativo, y eso no pone en entredicho que el Presidente hubiera sido reelegido legítimamente por una mayoría. Por esta razón calificó de desproporcionada la reacción del mandatario.
En ese mismo sentido el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Pardo dijo que la determinación del Presidente de convocar a referendo era apresurada. Pardo explicó que un referendo de esa naturaleza tendría que cursar todos los trámites constitucionales para salir avante.
El rifirrafe entre el Ejecutivo y la Corte Suprema viene de tiempo atrás. Analistas y políticos han expresado su preocupación por el interés del gobierno de arremeter contra el poder judicial por no estar de acuerdo con sus decisiones, pues el ente judicial es el encargado de llevar a cabo las investigaciones por parapolítica, en las que se han visto envueltos varios congresistas de los partidos que apoyan al gobierno.
Sin embargo, esta crisis es la más grave, pues afecta la institucionalidad democrática ya que cuestiona la legitimidad de la reelección del propio Presidente.
Éste ya se ha pronunciado varias veces y en tono airado en el caso Medina. La Presidencia, en sólo dos días después de que Medina fue vinculada al caso, llegó a emitir más de cuatro comunicados argumentando que había sido víctima de chantajes. En varias oportunidades el Presidente ha señalado la falta de credibilidad de la ex parlamentaria que ha cambiado sus versiones, como cuando negó haber llamado al hijo del Presidente a presionarlo con favores, y luego de que se hiciera público el récord de sus llamadas, tuvo que admitir que en realidad sí lo había llamado. Lo que no se explica es por qué el Presidente no denunció entonces a Yidis, si esta en realidad lo estaba presionando sin razón alguna.
A las salidas de Uribe se sumaron las del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a quien la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por la presunta violación a la reserva sumarial. Palacio reveló números de teléfonos, desde donde supuestamente Medina llamó a un hijo del Presidente a presionarlo.
La pregunta que queda ahora por resolver es si un nuevo llamado a elecciones, como el que pidió el Presidente, corrige la falla de legitimidad que, según la Corte, tiene la reelección desde su origen en el Legislativo. O si será más bien que tendría que volverse a tramitar un acto legislativo que vuelva a aprobar la reelección inmediata del Presidente de la República para que quede en firme esta reforma Constitucional.
Ahora la Corte Constitucional tendrá que entrar a terciar en la difícil coyuntura para la institucionalidad colombiana. Al parecer la tormenta de la Yidispolítica hasta ahora comienza.
En el fallo de condena a Yidis Medina la Corte Suprema de Justicia cuestionó la legitimidad del acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe por haber sido aprobado con métodos poco santos. En respuesta, éste solicitó al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones de 2006.
Fecha: 06/27/2008 -
El presidente Álvaro Uribe pidió al Congreso tramitar un proyecto de ley de referendo para repetir las elecciones de 2006. El anuncio se dio a través de una alocución al finalizar la noche del jueves como respuesta al fallo de la Corte Suprema que condenó a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho.
En esta sentencia, conocida en su totalidad también el jueves, los magistrados de la Corte cuestionaron duramente la legitimidad del Acto Legislativo que modificó la Constitución para permitir la reelección inmediata del Presidente de la República. Criticaron duramente que los más altos funcioanrios del gobierno hayan promovido el resquebrajamiento de las normas básicas del Estado, para conseguir beneficiar al Presidente con la reelección. Dijo la Corte: "...resulta incompatible con el Estado social y democrático de derecho, que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad".
En otras palabras, la Corte consideró que el Ejecutivo consiguió mediante la oferta de prebendas los dos votos que le hacían falta para que se aprobara la modificación a la Constitución que permitió la reelección presidencial, y por ello pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría revisar esa decisión legislativa.
“De lo expuesto se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación para los fines que estimen pertinentes”, indicó la sentencia.
La respuesta del primer mandatario al fallo de la Corte Suprema fue tan severa, como la sentencia. Dijo que la sentencia condenatoria contra Medina era un “abuso de poder” que tenía por objetivo la “usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho”. Acto seguido añadió que la Alta Corte también tenía “el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder”.
Uribe también aseguró que la Sala Penal de la Corte aplicó justicia de manera selectiva y desestimó las pruebas que demuestran que Yidis no incurrió en el delito de cohecho. Según el mandatario, el ente judicial lo "presionó" a través de una "carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas".
Fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Yidis Medina
Ante el grave cuestionamiento que hizo la Corte al origen legal que dio base a su reelección, el mandatario aseguró que esto lo obliga a convocar al “Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006”.
La noticia se produjo cuatro horas después de que el magistrado Leonidas Bustos y el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinoza, leyeran un comunicado en el que dieron a conocer la sentencia condenatoria a Medina. La ex congresista fue condenada a 47 meses y 26 días de arresto domiciliario y a pagar una multa superior a 22 millones de pesos por haber recibido prebendas burocráticas por su voto a favor del proyecto de reelección presidencial, cuando era representante a la Cámara.
Reacciones
En entrevista televisiva con Caracol, una de las investigadoras más connotadas de la parapolítica, Claudia López, dijo estar sorprendida por el anuncio del Presidente. “La Corte Suprema emitió un fallo y el deber de todo ciudadano es acatar la justicia sin sobreactuaciones”, dijo. También aclaró que el pedido que la le hace Corte Suprema a la Constitucional es de revisar el Acto Legislativo, y eso no pone en entredicho que el Presidente hubiera sido reelegido legítimamente por una mayoría. Por esta razón calificó de desproporcionada la reacción del mandatario.
En ese mismo sentido el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Pardo dijo que la determinación del Presidente de convocar a referendo era apresurada. Pardo explicó que un referendo de esa naturaleza tendría que cursar todos los trámites constitucionales para salir avante.
El rifirrafe entre el Ejecutivo y la Corte Suprema viene de tiempo atrás. Analistas y políticos han expresado su preocupación por el interés del gobierno de arremeter contra el poder judicial por no estar de acuerdo con sus decisiones, pues el ente judicial es el encargado de llevar a cabo las investigaciones por parapolítica, en las que se han visto envueltos varios congresistas de los partidos que apoyan al gobierno.
Sin embargo, esta crisis es la más grave, pues afecta la institucionalidad democrática ya que cuestiona la legitimidad de la reelección del propio Presidente.
Éste ya se ha pronunciado varias veces y en tono airado en el caso Medina. La Presidencia, en sólo dos días después de que Medina fue vinculada al caso, llegó a emitir más de cuatro comunicados argumentando que había sido víctima de chantajes. En varias oportunidades el Presidente ha señalado la falta de credibilidad de la ex parlamentaria que ha cambiado sus versiones, como cuando negó haber llamado al hijo del Presidente a presionarlo con favores, y luego de que se hiciera público el récord de sus llamadas, tuvo que admitir que en realidad sí lo había llamado. Lo que no se explica es por qué el Presidente no denunció entonces a Yidis, si esta en realidad lo estaba presionando sin razón alguna.
A las salidas de Uribe se sumaron las del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a quien la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por la presunta violación a la reserva sumarial. Palacio reveló números de teléfonos, desde donde supuestamente Medina llamó a un hijo del Presidente a presionarlo.
La pregunta que queda ahora por resolver es si un nuevo llamado a elecciones, como el que pidió el Presidente, corrige la falla de legitimidad que, según la Corte, tiene la reelección desde su origen en el Legislativo. O si será más bien que tendría que volverse a tramitar un acto legislativo que vuelva a aprobar la reelección inmediata del Presidente de la República para que quede en firme esta reforma Constitucional.
Ahora la Corte Constitucional tendrá que entrar a terciar en la difícil coyuntura para la institucionalidad colombiana. Al parecer la tormenta de la Yidispolítica hasta ahora comienza.
Referendo para que el pueblo ordene repetir elecciones del 2006 anunció el Presidente
Referendo para que el pueblo ordene repetir elecciones del 2006 anunció el Presidente
El mandatario acusó a la Corte Suprema de Justicia de "abuso de poder y usurpación de competencias" por haber cuestionado la legitimidad de la reelección en el fallo en que condenó a Yidis Medina.
Desconcierto e incertidumbre por propuesta de referendo para repetir elecciones hecha por Uribe
El presidente sorprendió a los colombianos al aparecer anoche por la radio y la televisión, casi al filo de la medianoche, para anunciar la puesta en marcha de un proceso dirigido a repetir las elecciones del 2006 que le otorgaron su segundo mandato.
La alocución presidencial se produjo unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia determinó que la ex representante Yidis Medina recibió prebendas para cambiar su voto a la hora de aprobar el acto legislativo que le dio vía libre al segundo período del Presidente.
"La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder (...) El delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes", dijo el alto tribunal en su providencia.
Los hechos de ayer son, hasta ahora, la expresión más grave de la crisis desatada hace varios meses por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
Cuestionamiento de la Corte
Horas antes de su pronunciamiento, el Presidente se reunió con su abogado, Jaime Lombana; sus secretarios Bernardo Moreno y Alicia Arango; el nuevo ministro del Interior, Fabio Valencia, y el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, a quienes les dijo: "Si la Corte tiene dudas sobre mi elección, consultemos al pueblo a ver qué dice".
Tras el anuncio presidencial, varios analistas se preguntaban anoche si lo que la Corte cuestionó en sí fue la legitimidad del trámite del acto legislativo o la elección misma que se derivó de esa enmienda, como lo interpretó el Presidente.
Así mismo, otro punto de controversia entre los analistas es si el referendo anunciado por el Presidente solo le permitiría culminar su período actual o si podría tener alcance para dar vida a un nuevo mandato. El que debe definir esto, en últimas, será el Congreso a través del texto de de la ley que apruebe y que será sometido a las urnas.
En caso de que se refiera a la segunda posibilidad, sería el camino expedito para la segunda reelección de Uribe.
Una fuente del Gobierno le dijeron a este diario que la decisión de anoche se tomó para evitar otros dos años de "garrote" de la Corte y darle solución definitiva al enfrentamiento con el tribunal, dejando la decisión en manos del pueblo.
"Algunos magistrados de la Corte no están ejerciendo justicia y eso solo se solucionará en las urnas", dijo la fuente.
Al Gobierno le venía rondando la idea de ir a las urnas desde que la Corte le exigió explicaciones por la extradición a Estados Unidos de los 14 ex paramilitares (de quienes Uribe se refirió con sarcasmo como Arcángeles).
Y el detonante se dio anoche, cuando el Presidente fue enterado del fallo de la Corte pasadas las 8 de la noche. A esa hora acabó su intervención en una entrega de créditos en el Palacio de los Deportes, en Bogotá.
Tan pronto supo que la sentencia ponía en tela de juicio su legitimidad, se comunicó telefónicamente con su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y ambos empezaron a construir el texto de la alocución de anoche.
Al llegar a la Casa de Nariño, se dirigió sin rodeos a la oficina de Velásquez, donde se redactaba la comunicación, que tuvo unos cinco borradores.
Uno de esos textos decía que la Sala Penal de la Corte "abusa" en su proceder, pero Uribe corrigió a mano el documento y prefirió decir, para darle contudencia a su mensaje, que el tribunal "aplica justicia selectiva", como quedó consignado en el texto final.
El anuncio de Uribe planteó nuevos interrogantes jurídicos y políticos sobre el desenlace de la crisis institucional.
Carlos Gaviria, jefe del Polo, uno de los principales partidos de oposición, dijo que Uribe "está inaugurando una dictadura populista".
El presidente Uribe aún no ha cancelado su viaje a la cumbre de jefes de Estado en Tuxtla (México). Por eso, al frente de esta polémica quedaría el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien se posesionó ayer.
Los puntos de la respuesta de Uribe a la C. Suprema
"Las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me obligan a expresar al país lo siguiente:
1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder.
2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo.
3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.
4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.
5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.
6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías".
Esperan más claridad frenta a la propuesta
Hay que esperar el desarrollo de lo que dijo el Presidente. Seguimos pensando en su candidatura para el 2010. Luis Guillermo Giraldo, coordinador de la reelección.
"El presidente Uribe está inaugurando un régimen que pudiera llamarse una dictadura populista". Carlos Gaviria. Ex magistrado y presidente del Polo Democrático.
"El Presidente acude a un mecanismo excepcional pasado por un Congreso cuya legitimidad está en duda". Jaime Castro, ex ministro y ex constituyente.
Qué dice la sentencia contra Yidis
Los términos de la condena contra Yidis Medina, más que la decisión en sí misma, convocaron ayer la atención de todo el país. En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia hizo un cuestionamiento de fondo a la aprobación del proyecto de acto legislativo que habilitó la reelección presidencial inmediata en Colombia.
Los magistrados impusieron una pena efectiva de 47 meses y 26 días de cárcel y una multa de 48,1 salarios mínimos (22 millones de pesos) contra la política santandereana, que confesó haber recibido prebendas burocráticas a cambio de su voto.
Por colaborar con la justicia le rebajaron la mitad de la pena original (casi 8 años, la máxima por cohecho) y le dieron la casa por cárcel, pues es madre cabeza de familia.
El monto de la condena no fue una decisión unánime: cuatro de los nueve magistrados de la Sala Penal se apartaron de esa parte del fallo porque consideraban que el castigo debía ser mayor.
En lo que sí hubo unanimidad fue en la decisión de compulsar a la Procuraduría, a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Constitucional copias de su sentencia para una eventual revisión de la legalidad del acto legislativo. En ese último tribunal ya hay en curso una demanda para que se revise el fallo que encontró ajustada a la Carta Política la aprobación de la reelección.
En la sentencia, la Corte dice que "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas".
Y agrega: "Se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes".
La Corte tiene que definir la suerte de los también ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Matéus, presos por el mismo proceso, mientras la Fiscalía y la Procuraduría adelantan sus propias investigaciones por el escándalo de la 'yidispolítica'.
'El voto clave'
Según los magistrados de la Sala Penal y la Corte en pleno -la noticia de la condena la dieron los magistrados José Leonidas Bustos, presidente encargado de la Corte Suprema, y Sigifredo Espinosa, presidente de la Sala-, el voto de Yidis "resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional". "Sin su voto el acto legislativo habría sido historia porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto", aseguran.
La Corte dice que en el cambio de opinión de Yidis hubo "sobornos": "Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles".
¿Condena de la Corte amarraría a la Fiscalía?
La condena a Yidis Medina abrió un debate jurídico: si la Corte ya validó el testimonio de Medina y por eso la condenó, ¿esta decisión amarraría las futuras decisiones de la Fiscalía para el caso de los funcionarios del Gobierno? Un ex magistrado de la Sala Penal asegura que no. "Hay que ver que la condena de Yidis se basó en la aceptación de cargos, mientras que en la Fiscalía no hay esto. Además, son procesos independientes".
Otro ex magistrado sostiene que sí se sienta una posición. "La Corte ya le creyó a Yidis. A la Fiscalía le queda muy difícil quitarle esa credibilidad".
Por ahora, hay abogados trabajando en intentar demostrar que Medina se autoincriminó para hacerle daño a terceros. "Alguien se puede autoacusar e irse a la cárcel para generar un perjuicio a otro", dijo uno de ellos.
REDACCIÓN JUSTICIA
El mandatario acusó a la Corte Suprema de Justicia de "abuso de poder y usurpación de competencias" por haber cuestionado la legitimidad de la reelección en el fallo en que condenó a Yidis Medina.
Desconcierto e incertidumbre por propuesta de referendo para repetir elecciones hecha por Uribe
El presidente sorprendió a los colombianos al aparecer anoche por la radio y la televisión, casi al filo de la medianoche, para anunciar la puesta en marcha de un proceso dirigido a repetir las elecciones del 2006 que le otorgaron su segundo mandato.
La alocución presidencial se produjo unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia determinó que la ex representante Yidis Medina recibió prebendas para cambiar su voto a la hora de aprobar el acto legislativo que le dio vía libre al segundo período del Presidente.
"La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder (...) El delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes", dijo el alto tribunal en su providencia.
Los hechos de ayer son, hasta ahora, la expresión más grave de la crisis desatada hace varios meses por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
Cuestionamiento de la Corte
Horas antes de su pronunciamiento, el Presidente se reunió con su abogado, Jaime Lombana; sus secretarios Bernardo Moreno y Alicia Arango; el nuevo ministro del Interior, Fabio Valencia, y el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, a quienes les dijo: "Si la Corte tiene dudas sobre mi elección, consultemos al pueblo a ver qué dice".
Tras el anuncio presidencial, varios analistas se preguntaban anoche si lo que la Corte cuestionó en sí fue la legitimidad del trámite del acto legislativo o la elección misma que se derivó de esa enmienda, como lo interpretó el Presidente.
Así mismo, otro punto de controversia entre los analistas es si el referendo anunciado por el Presidente solo le permitiría culminar su período actual o si podría tener alcance para dar vida a un nuevo mandato. El que debe definir esto, en últimas, será el Congreso a través del texto de de la ley que apruebe y que será sometido a las urnas.
En caso de que se refiera a la segunda posibilidad, sería el camino expedito para la segunda reelección de Uribe.
Una fuente del Gobierno le dijeron a este diario que la decisión de anoche se tomó para evitar otros dos años de "garrote" de la Corte y darle solución definitiva al enfrentamiento con el tribunal, dejando la decisión en manos del pueblo.
"Algunos magistrados de la Corte no están ejerciendo justicia y eso solo se solucionará en las urnas", dijo la fuente.
Al Gobierno le venía rondando la idea de ir a las urnas desde que la Corte le exigió explicaciones por la extradición a Estados Unidos de los 14 ex paramilitares (de quienes Uribe se refirió con sarcasmo como Arcángeles).
Y el detonante se dio anoche, cuando el Presidente fue enterado del fallo de la Corte pasadas las 8 de la noche. A esa hora acabó su intervención en una entrega de créditos en el Palacio de los Deportes, en Bogotá.
Tan pronto supo que la sentencia ponía en tela de juicio su legitimidad, se comunicó telefónicamente con su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y ambos empezaron a construir el texto de la alocución de anoche.
Al llegar a la Casa de Nariño, se dirigió sin rodeos a la oficina de Velásquez, donde se redactaba la comunicación, que tuvo unos cinco borradores.
Uno de esos textos decía que la Sala Penal de la Corte "abusa" en su proceder, pero Uribe corrigió a mano el documento y prefirió decir, para darle contudencia a su mensaje, que el tribunal "aplica justicia selectiva", como quedó consignado en el texto final.
El anuncio de Uribe planteó nuevos interrogantes jurídicos y políticos sobre el desenlace de la crisis institucional.
Carlos Gaviria, jefe del Polo, uno de los principales partidos de oposición, dijo que Uribe "está inaugurando una dictadura populista".
El presidente Uribe aún no ha cancelado su viaje a la cumbre de jefes de Estado en Tuxtla (México). Por eso, al frente de esta polémica quedaría el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien se posesionó ayer.
Los puntos de la respuesta de Uribe a la C. Suprema
"Las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me obligan a expresar al país lo siguiente:
1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder.
2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo.
3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.
4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.
5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.
6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías".
Esperan más claridad frenta a la propuesta
Hay que esperar el desarrollo de lo que dijo el Presidente. Seguimos pensando en su candidatura para el 2010. Luis Guillermo Giraldo, coordinador de la reelección.
"El presidente Uribe está inaugurando un régimen que pudiera llamarse una dictadura populista". Carlos Gaviria. Ex magistrado y presidente del Polo Democrático.
"El Presidente acude a un mecanismo excepcional pasado por un Congreso cuya legitimidad está en duda". Jaime Castro, ex ministro y ex constituyente.
Qué dice la sentencia contra Yidis
Los términos de la condena contra Yidis Medina, más que la decisión en sí misma, convocaron ayer la atención de todo el país. En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia hizo un cuestionamiento de fondo a la aprobación del proyecto de acto legislativo que habilitó la reelección presidencial inmediata en Colombia.
Los magistrados impusieron una pena efectiva de 47 meses y 26 días de cárcel y una multa de 48,1 salarios mínimos (22 millones de pesos) contra la política santandereana, que confesó haber recibido prebendas burocráticas a cambio de su voto.
Por colaborar con la justicia le rebajaron la mitad de la pena original (casi 8 años, la máxima por cohecho) y le dieron la casa por cárcel, pues es madre cabeza de familia.
El monto de la condena no fue una decisión unánime: cuatro de los nueve magistrados de la Sala Penal se apartaron de esa parte del fallo porque consideraban que el castigo debía ser mayor.
En lo que sí hubo unanimidad fue en la decisión de compulsar a la Procuraduría, a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Constitucional copias de su sentencia para una eventual revisión de la legalidad del acto legislativo. En ese último tribunal ya hay en curso una demanda para que se revise el fallo que encontró ajustada a la Carta Política la aprobación de la reelección.
En la sentencia, la Corte dice que "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas".
Y agrega: "Se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes".
La Corte tiene que definir la suerte de los también ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Matéus, presos por el mismo proceso, mientras la Fiscalía y la Procuraduría adelantan sus propias investigaciones por el escándalo de la 'yidispolítica'.
'El voto clave'
Según los magistrados de la Sala Penal y la Corte en pleno -la noticia de la condena la dieron los magistrados José Leonidas Bustos, presidente encargado de la Corte Suprema, y Sigifredo Espinosa, presidente de la Sala-, el voto de Yidis "resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional". "Sin su voto el acto legislativo habría sido historia porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto", aseguran.
La Corte dice que en el cambio de opinión de Yidis hubo "sobornos": "Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles".
¿Condena de la Corte amarraría a la Fiscalía?
La condena a Yidis Medina abrió un debate jurídico: si la Corte ya validó el testimonio de Medina y por eso la condenó, ¿esta decisión amarraría las futuras decisiones de la Fiscalía para el caso de los funcionarios del Gobierno? Un ex magistrado de la Sala Penal asegura que no. "Hay que ver que la condena de Yidis se basó en la aceptación de cargos, mientras que en la Fiscalía no hay esto. Además, son procesos independientes".
Otro ex magistrado sostiene que sí se sienta una posición. "La Corte ya le creyó a Yidis. A la Fiscalía le queda muy difícil quitarle esa credibilidad".
Por ahora, hay abogados trabajando en intentar demostrar que Medina se autoincriminó para hacerle daño a terceros. "Alguien se puede autoacusar e irse a la cárcel para generar un perjuicio a otro", dijo uno de ellos.
REDACCIÓN JUSTICIA
Un ‘capo’ colombiano será liberado en EE UU tras delatar a otros ‘narcos’
Nunca se sabrá cuál ha sido la ayuda total”, dijo el abogado de ‘El Químico’
EL PAÍS - Madrid - 27/06/2008
Tenía fama sanguinario ex policía cuando a finales de los años 80 se inició como pistolero en el Cartel de Cali. Más adelante, en la década de los 90, ayudó a fundar el Cartel del Norte del Valle y se convirtió en uno de los mayores narcotraficantes colombianos. Actualmente, Víctor Patiño Fomeque, El Químico, cumple una condena de 15 años en una cárcel de Estados Unidos. Pero por poco tiempo: ha logrado un acuerdo con la justicia estadounidense que le permitirá salir de prisión tras delatar a otros miembros de los carteles.
Humberto Domínguez, el abogado defensor de Patiño, confirmó en declaraciones a Radio RCN que su cliente se ha acogido a un programa de protección de testigos y que gracias al acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense podrá salir en libertad en los próximos días.
Domínguez sólo explicó que su defendido recibirá “grandes beneficios”. No aportó nada más. Ni nada menos. “Llegará el momento en que el proceso se abra a la luz pública; entonces se va a saber cómo se manejó todo, aunque nunca sabrá cuál fue esa ayuda”, afirmó.
El diario bogotano El Tiempo indicaba ayer que en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos Patiño Fómeque ya aparece libre. Además, según una fuente oficial citada por el rotativo, el Gobierno estadounidense accedió a que la madre, el padre, la esposa, los tres hijos y una hermana del temido ex capo lo acompañen en la reubicación.
El polémico arreglo con la justicia se logró, siempre según la información del periódico, después de que El Quimico delatase a miembros de la organización de Diego Montoya Sánchez, Don Diego, y a Juan Carlos Ramírez, Chupeta, ambos detenidos.
El rotativo considera que más allá de la novela negra que supone que uno de los grandes narcos colombianos se esfume minimizado en una nueva identidad, “lo que tiene desconcertadas a las autoridades colombianas es la considerable rebaja (de condena) que tuvo”.
La guerra que se desató en el Cartel del Norte del Valle le costó la vida a unos 35 de sus familiares y amigos, que fueron asesinados por capos que Patiño Fomeque ha delatado ante las autoridades de Estados Unidos.
El Químico inició su carrera en el narcotráfico en 1987 como guardaespaldas de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del extinto Cartel de Cali que están presos en Estados Unidos. Después ayudó a formar el Cartel del Norte del Valle hasta que se entregó a la justicia colombiana en julio de 1995 y fue condenado a 12 años de prisión, de los cuales sólo cumplió siete. En 2002 fue capturado de nuevo y extraditado a Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón confió ayer en que los catorce jefes paramilitares extraditados el mes pasado a Estados Unidos no puedan acogerse a reducciones de condena, informa Efe. “Me parece una aberración y espero que no suceda algo similar con otros personajes extraditados”, afirmó el juez ante los micrófonos de la emisora colombiana FM.
El juez español explicó que los recién extraditados cometieron crímenes de mayor gravedad, como actos de terrorismo y matanzas, por lo que el Gobierno del país andino podría revertir la extradición “para que respondan ante la justicia colombiana y no se produzca una burla”, incidió Garzón.
En cuanto al escándalo de la parapolítica que sacude al Gobierno de Álvaro Uribe y por el que ya hay más de 30 legisladores presos, el juez declaró sentir “el mayor respeto” por el presidente y destacó que tiene “la gran responsabilidad de garantizar el respeto por los otros poderes del Estado” y evitar la confrontación.
www,elpais.com
Nunca se sabrá cuál ha sido la ayuda total”, dijo el abogado de ‘El Químico’
EL PAÍS - Madrid - 27/06/2008
Tenía fama sanguinario ex policía cuando a finales de los años 80 se inició como pistolero en el Cartel de Cali. Más adelante, en la década de los 90, ayudó a fundar el Cartel del Norte del Valle y se convirtió en uno de los mayores narcotraficantes colombianos. Actualmente, Víctor Patiño Fomeque, El Químico, cumple una condena de 15 años en una cárcel de Estados Unidos. Pero por poco tiempo: ha logrado un acuerdo con la justicia estadounidense que le permitirá salir de prisión tras delatar a otros miembros de los carteles.
Humberto Domínguez, el abogado defensor de Patiño, confirmó en declaraciones a Radio RCN que su cliente se ha acogido a un programa de protección de testigos y que gracias al acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense podrá salir en libertad en los próximos días.
Domínguez sólo explicó que su defendido recibirá “grandes beneficios”. No aportó nada más. Ni nada menos. “Llegará el momento en que el proceso se abra a la luz pública; entonces se va a saber cómo se manejó todo, aunque nunca sabrá cuál fue esa ayuda”, afirmó.
El diario bogotano El Tiempo indicaba ayer que en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos Patiño Fómeque ya aparece libre. Además, según una fuente oficial citada por el rotativo, el Gobierno estadounidense accedió a que la madre, el padre, la esposa, los tres hijos y una hermana del temido ex capo lo acompañen en la reubicación.
El polémico arreglo con la justicia se logró, siempre según la información del periódico, después de que El Quimico delatase a miembros de la organización de Diego Montoya Sánchez, Don Diego, y a Juan Carlos Ramírez, Chupeta, ambos detenidos.
El rotativo considera que más allá de la novela negra que supone que uno de los grandes narcos colombianos se esfume minimizado en una nueva identidad, “lo que tiene desconcertadas a las autoridades colombianas es la considerable rebaja (de condena) que tuvo”.
La guerra que se desató en el Cartel del Norte del Valle le costó la vida a unos 35 de sus familiares y amigos, que fueron asesinados por capos que Patiño Fomeque ha delatado ante las autoridades de Estados Unidos.
El Químico inició su carrera en el narcotráfico en 1987 como guardaespaldas de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del extinto Cartel de Cali que están presos en Estados Unidos. Después ayudó a formar el Cartel del Norte del Valle hasta que se entregó a la justicia colombiana en julio de 1995 y fue condenado a 12 años de prisión, de los cuales sólo cumplió siete. En 2002 fue capturado de nuevo y extraditado a Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón confió ayer en que los catorce jefes paramilitares extraditados el mes pasado a Estados Unidos no puedan acogerse a reducciones de condena, informa Efe. “Me parece una aberración y espero que no suceda algo similar con otros personajes extraditados”, afirmó el juez ante los micrófonos de la emisora colombiana FM.
El juez español explicó que los recién extraditados cometieron crímenes de mayor gravedad, como actos de terrorismo y matanzas, por lo que el Gobierno del país andino podría revertir la extradición “para que respondan ante la justicia colombiana y no se produzca una burla”, incidió Garzón.
En cuanto al escándalo de la parapolítica que sacude al Gobierno de Álvaro Uribe y por el que ya hay más de 30 legisladores presos, el juez declaró sentir “el mayor respeto” por el presidente y destacó que tiene “la gran responsabilidad de garantizar el respeto por los otros poderes del Estado” y evitar la confrontación.
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Presidente Rafael Correa descarta reanudar relaciones con Colombia mientras Uribe sea presidente
"Ustedes posponen el restablecimiento de relaciones, nosotros las cancelamos indefinidamente hasta que haya un gobierno decente con el cual tratar", dijo dirigiéndose al gobierno colombiano.
El mandatario ecuatoriano se refirió al tema durante un discurso en el puerto de Manta, según la agencia Afp.
Al mandatario ecuatoriano no le gustó que el Gobierno de Colombia haya pospuesto la decisión de restablecer las relaciones entre los dos países a nivel de los encargados de negocios, tal y como se había acordado con la mediación del Grupo Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su declaración se produce tan sólo un día después de que su canciller, María Isabel Salvador, amenazó con restricciones comerciales y antes de que el Grupo de Diálogo Carter llegue a Quito, para intentar un nuevo proceso de mediación entre los dos países.
Precisamente, el Grupo Carter tuvo una reunión ayer con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la que este mandatario dijo que estaba dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador, pero con la advertencia de que no aguanta más insultos de las autoridades del vecino país.
Este grupo de colombianos y ecuatorianos, convocado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter quedado convencido de que era posible acercar de nuevo a los dos gobiernos, luego de una extensa reunión con Uribe, pero tras las declaraciones de Correa esa percepción puede cambiar.
Uribe reconoció el trabajo de la OEA, el Centro Carter y el Grupo Binacional de Diálogo y "consideró conveniente que continúen su labor de acercamiento entre los dos países", les dejó claro que su gobierno no puede aceptar los constantes insultos y agresiones verbales de Correa.
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"Ustedes posponen el restablecimiento de relaciones, nosotros las cancelamos indefinidamente hasta que haya un gobierno decente con el cual tratar", dijo dirigiéndose al gobierno colombiano.
El mandatario ecuatoriano se refirió al tema durante un discurso en el puerto de Manta, según la agencia Afp.
Al mandatario ecuatoriano no le gustó que el Gobierno de Colombia haya pospuesto la decisión de restablecer las relaciones entre los dos países a nivel de los encargados de negocios, tal y como se había acordado con la mediación del Grupo Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su declaración se produce tan sólo un día después de que su canciller, María Isabel Salvador, amenazó con restricciones comerciales y antes de que el Grupo de Diálogo Carter llegue a Quito, para intentar un nuevo proceso de mediación entre los dos países.
Precisamente, el Grupo Carter tuvo una reunión ayer con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la que este mandatario dijo que estaba dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador, pero con la advertencia de que no aguanta más insultos de las autoridades del vecino país.
Este grupo de colombianos y ecuatorianos, convocado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter quedado convencido de que era posible acercar de nuevo a los dos gobiernos, luego de una extensa reunión con Uribe, pero tras las declaraciones de Correa esa percepción puede cambiar.
Uribe reconoció el trabajo de la OEA, el Centro Carter y el Grupo Binacional de Diálogo y "consideró conveniente que continúen su labor de acercamiento entre los dos países", les dejó claro que su gobierno no puede aceptar los constantes insultos y agresiones verbales de Correa.
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Tres años y medio de condena a Yidis Medina
La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles a la ex representante Yidis Medina a 43 meses de prisión por el delito de cohecho. La Corte le concedió detención domiciliaria por colaboración.
Fecha: 06/25/2008 -
La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles a la ex congresista conservadora Yidis Medina a 43 meses de prisión luego de encontrarla culpable por el delito de cohecho propio.
Como Yidis Medina no tiene antecedentes judiciales y se acogió a sentencia anticipada, la Corte decidió beneficiarla con la detención domiciliaria reconociendo su colaboración con la justicia.
En contra de Medina la Corte consideró como agravante que, ostentando un cargo de elección popular, traicionó el interés colectivo a cambio de dádivas para beneficiarse particularmente.
Dossier: Las etapas del caso de Yidis Medina
Abogado Pablo Salah, defensor de Teodolindo Avendaño, dice que su cliente es víctima de Yidis Medina
Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Ministro de la Protección
Según esta decisión de la Corte, Yidis Medina incurrió en el delito de cohecho propio en junio de 2004 cuando durante la votación del Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata votó a favor. La congresista, dos días antes había firmado una propuesta para archivar este proyecto.
Como el delito de cohecho presupone alguien que reciba las prebendas, en este caso Medina, y alguien que las ofrezca, se espera que con esta decisión se agilicen los procesos en contra de quienes son señalados por haber ofrecido beneficios a Medina para que cambiara su voto.
Los principales señalados son el ministro de protección social Diego Palacio Betancourt, y el actual embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega, quienes están siendo procesados por la Fiscalía. Sin embargo, las investigaciones en contra de estos funcionarios no han avanzado demasiado debido a un problema procesal. El Fiscal General Mario Iguarán se declaró impedido para investigar a Pretelt argumentando que fue su superior en el ministerio del interior. Además, dice, los une una amistad de hace varios años. Apenas este martes 24 de junio Pretelt fue escuchado en indagatoria para que responda por las acusaciones que le han hecho.
La Fiscalía, entonces, es la llamada a agilizar este proceso por cohecho que ya tiene a su primer condenado.
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La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles a la ex representante Yidis Medina a 43 meses de prisión por el delito de cohecho. La Corte le concedió detención domiciliaria por colaboración.
Fecha: 06/25/2008 -
La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles a la ex congresista conservadora Yidis Medina a 43 meses de prisión luego de encontrarla culpable por el delito de cohecho propio.
Como Yidis Medina no tiene antecedentes judiciales y se acogió a sentencia anticipada, la Corte decidió beneficiarla con la detención domiciliaria reconociendo su colaboración con la justicia.
En contra de Medina la Corte consideró como agravante que, ostentando un cargo de elección popular, traicionó el interés colectivo a cambio de dádivas para beneficiarse particularmente.
Dossier: Las etapas del caso de Yidis Medina
Abogado Pablo Salah, defensor de Teodolindo Avendaño, dice que su cliente es víctima de Yidis Medina
Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Ministro de la Protección
Según esta decisión de la Corte, Yidis Medina incurrió en el delito de cohecho propio en junio de 2004 cuando durante la votación del Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata votó a favor. La congresista, dos días antes había firmado una propuesta para archivar este proyecto.
Como el delito de cohecho presupone alguien que reciba las prebendas, en este caso Medina, y alguien que las ofrezca, se espera que con esta decisión se agilicen los procesos en contra de quienes son señalados por haber ofrecido beneficios a Medina para que cambiara su voto.
Los principales señalados son el ministro de protección social Diego Palacio Betancourt, y el actual embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega, quienes están siendo procesados por la Fiscalía. Sin embargo, las investigaciones en contra de estos funcionarios no han avanzado demasiado debido a un problema procesal. El Fiscal General Mario Iguarán se declaró impedido para investigar a Pretelt argumentando que fue su superior en el ministerio del interior. Además, dice, los une una amistad de hace varios años. Apenas este martes 24 de junio Pretelt fue escuchado en indagatoria para que responda por las acusaciones que le han hecho.
La Fiscalía, entonces, es la llamada a agilizar este proceso por cohecho que ya tiene a su primer condenado.
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Águilas Negras amenazan a dirigentes sociales en Barrancabermeja
Después de dos años de calma, vuelven a prenderse las alarmas por la violencia contra algunas organizaciones no gubernamentales. En un panfleto, el grupo armado señala como objetivos militares a seis agrupaciones sindicales y de derechos humanos.
Fecha: 06/23/2008 -
Vuelve el terror a Barrancabermeja (Sandander), después de varios años de relativa calma. Seis organizaciones no gubernamentales y asociaciones sindicales que llevan varios años trabajando en el Magdalena Medio fueron declaradas objetivo militar por el grupo emergente conocido como las Aguilas Negras. Todas recibieron un comunicado impreso, con membrete a color y donde se las acusa directamente de ser auxiliadoras de la guerrila.
Con ese panfleto llegó también la preocupación a las organizaciones sindicales Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo de Colombia (Adeco) y Unión Sindical Obrera (Uso) y las ONG Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba) y Organización Femenina Popular (OFP), todas defensoras de derechos humanos.
Las Águilas Negras justifican la amenaza diciendo que “una vez más nos estamos llenando de guerrilleros rasos, que escondidos bajo sucios y burdos engaños a los pobladores, quieren tomar el control de la ciudad para volver a los viejos tiempos en los cuales solo había extorsiones, asesinatos, sindicalistas y ONG a su servicio, para colmar sus fines revolucionarios y con esto buscar la desestabilización del Estado”.
Colombia tiene triste liderazgo mundial en ataques a defensores de derechos humanos
Se crece el enano
En seguida, advierten que “nuestra organización no está dispuesta a permitir la entrada de estos guerrilleros ni de sus auxiliadores, que se han atrevido a poner pie nuevamente en nuestra Barrancabermeja”.
Y señalan que las organizaciones en mención “están llenas de sindicalistas revolucionarios y auxiliadores de la guerrilla, están promoviendo y financiando el nacimiento y accionar de estos grupos insurgentes, por esta razón son declarados enemigos nuestros y objetivo militar por parte de nuestra organización”.
Según le comentó a Semana.com uno de los afectados por esta amenaza, el actuar que vienen notando en las Águilas Negras es idéntico al que utilizaban los paramilitares desmovilizados. “Este tipo de comunicaciones suelen llegar dos o tres veces al año”, dice el dirigente, cuyo nombre omite por su seguridad.
Este año ya van dos. La primera fue el 12 de marzo, cuando un comandante paramilitar que se hace llamar ‘Camilo’ anunció un rearme nacional y declaro “objetivos militares fase A” a varios “medios de comunicación, ONG, embajadas, congresistas y ex congresistas, ciudadanía en general de apoyo y colaboración logística a la narcoguerrilla”. Sin embargo, en esa ocasión no se dieron nombres tan detallados como sí lo hicieron en el reciente comunicado.
Las nuevas amenazas llegaron justo cuando el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos presentó un informe en el que consta que en Colombia el 95 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos queda en la impunidad. Esa cifra sitúa a Colombia entre los peores situados junto a China, República Democrática de Congo, Zimbabwe, Sudán, Somalia, Chad y Uzbekistán.
Entre los problemas más graves que afrontan los defensores de Derechos Humanos es la estigmatización, incluso por parte del presidente Álvaro Uribe. Ese tipo de señalamientos pone en peligro a estos dirigentes, sobre todo ahora, cuando el número de hombres que hay en los nuevos grupos ilegales ha crecido a tal punto, que es como si el 40 por ciento de los paramilitares que dejaron las armas volvieran a tomarlas.
Actualmente están lloviendo nuevamente denuncias por amenazas a organizaciones sociales, no sólo en Barrancabermeja, sino en otras regiones donde han resultado aporreados miles de campesinos como consecuencia de la guerra que vive el país.
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Después de dos años de calma, vuelven a prenderse las alarmas por la violencia contra algunas organizaciones no gubernamentales. En un panfleto, el grupo armado señala como objetivos militares a seis agrupaciones sindicales y de derechos humanos.
Fecha: 06/23/2008 -
Vuelve el terror a Barrancabermeja (Sandander), después de varios años de relativa calma. Seis organizaciones no gubernamentales y asociaciones sindicales que llevan varios años trabajando en el Magdalena Medio fueron declaradas objetivo militar por el grupo emergente conocido como las Aguilas Negras. Todas recibieron un comunicado impreso, con membrete a color y donde se las acusa directamente de ser auxiliadoras de la guerrila.
Con ese panfleto llegó también la preocupación a las organizaciones sindicales Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo de Colombia (Adeco) y Unión Sindical Obrera (Uso) y las ONG Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba) y Organización Femenina Popular (OFP), todas defensoras de derechos humanos.
Las Águilas Negras justifican la amenaza diciendo que “una vez más nos estamos llenando de guerrilleros rasos, que escondidos bajo sucios y burdos engaños a los pobladores, quieren tomar el control de la ciudad para volver a los viejos tiempos en los cuales solo había extorsiones, asesinatos, sindicalistas y ONG a su servicio, para colmar sus fines revolucionarios y con esto buscar la desestabilización del Estado”.
Colombia tiene triste liderazgo mundial en ataques a defensores de derechos humanos
Se crece el enano
En seguida, advierten que “nuestra organización no está dispuesta a permitir la entrada de estos guerrilleros ni de sus auxiliadores, que se han atrevido a poner pie nuevamente en nuestra Barrancabermeja”.
Y señalan que las organizaciones en mención “están llenas de sindicalistas revolucionarios y auxiliadores de la guerrilla, están promoviendo y financiando el nacimiento y accionar de estos grupos insurgentes, por esta razón son declarados enemigos nuestros y objetivo militar por parte de nuestra organización”.
Según le comentó a Semana.com uno de los afectados por esta amenaza, el actuar que vienen notando en las Águilas Negras es idéntico al que utilizaban los paramilitares desmovilizados. “Este tipo de comunicaciones suelen llegar dos o tres veces al año”, dice el dirigente, cuyo nombre omite por su seguridad.
Este año ya van dos. La primera fue el 12 de marzo, cuando un comandante paramilitar que se hace llamar ‘Camilo’ anunció un rearme nacional y declaro “objetivos militares fase A” a varios “medios de comunicación, ONG, embajadas, congresistas y ex congresistas, ciudadanía en general de apoyo y colaboración logística a la narcoguerrilla”. Sin embargo, en esa ocasión no se dieron nombres tan detallados como sí lo hicieron en el reciente comunicado.
Las nuevas amenazas llegaron justo cuando el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos presentó un informe en el que consta que en Colombia el 95 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos queda en la impunidad. Esa cifra sitúa a Colombia entre los peores situados junto a China, República Democrática de Congo, Zimbabwe, Sudán, Somalia, Chad y Uzbekistán.
Entre los problemas más graves que afrontan los defensores de Derechos Humanos es la estigmatización, incluso por parte del presidente Álvaro Uribe. Ese tipo de señalamientos pone en peligro a estos dirigentes, sobre todo ahora, cuando el número de hombres que hay en los nuevos grupos ilegales ha crecido a tal punto, que es como si el 40 por ciento de los paramilitares que dejaron las armas volvieran a tomarlas.
Actualmente están lloviendo nuevamente denuncias por amenazas a organizaciones sociales, no sólo en Barrancabermeja, sino en otras regiones donde han resultado aporreados miles de campesinos como consecuencia de la guerra que vive el país.
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Más de 100 fueron las personas asesinadas por 'paras' en masacre del Salado, revela la Fiscalía
Foto: Archivo-EL TIEMPO
La masacre de El Salado se recuerda como una de las más brutales en la historia criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia. Unos 300 'paras' se prepararon durante tres meses para ejecutarla.
Hasta ahora en los registros judiciales se hablaba de entre 38 y medio centenar de muertos.
Pero gracias a las confesiones de varios ex 'paras' acogidos a Justicia y Paz y a las versiones de las víctimas que han perdido el temor a declarar, la Fiscalía tiene argumentos para afirmar que la de El Salado bien puede ser la matanza más grande cometida por los paramilitares en toda su historia.
La revelación se da ocho años y cuatro meses después de que al menos 300 paramilitares sembraron el terror en el caserío de El Salado, municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar).
"Se cometieron actos de barbarie", dice uno de los apartes de un reporte que recibió Luis González, el coordinador de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, por parte de la comisión encargada de investigar los hechos cometidos por el tenebroso bloque 'Norte' de las autodefensas que comandaba Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', hoy preso en una cárcel de E.U.
En los próximos días, la Fiscalía desplegará un equipo de investigadores para reconstruir la masacre.
"Como la población quedó destruida se deberá obtener el censo de la población de El Salado en la Asamblea Departamental, donde se habría radicado un proyecto para convertirlo en municipio", dice la Fiscalía.
¿Qué ha logrado establecer hasta ahora?
Dos de los principales paramilitares implicados en la masacre son Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, 'el Tigre' y Uber Enrique Bánquez Martínez, 'Juancho Dique'. Ellos aceptaron la responsabilidad en los hechos y han entregado información clave a la justicia.
En el expediente se cuenta con pruebas de que los 300 paramilitares se prepararon durante por lo menos tres meses para la incursión. Se dividieron en tres grupos y llegaron a El Salado a través de las poblaciones de Zambrano, San Juan y Córdoba (Bolívar) y Ovejas (Sucre).
Los 'paras' habrían contado con la colaboración de algunos miembros de la Fuerza Pública y habrían sido guiados por cuatro desertores de las Farc que se encargaron de señalar a varias personas.
Las Auc señalaron a las víctimas como colaboradores del frente 37 de las Farc.
Las informaciones revelaron que no fueron solo tres días los que los 'paras' duraron allí, sino que se trató de por lo menos dos semanas de barbarie.
Con los datos obtenidos, la Fiscalía no solo busca ayudar a las víctimas sino reabrir la investigación por orden directa del fiscal general, Mario Iguarán Arana.
La Fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar la investigación hacia mandos policiales y militares, autoridades civiles y ganaderos de la zona que habrían facilitado, o por lo menos no hicieron lo suficiente para impedir la masacre.
La llegada de los paramilitares a la zona provocó el desplazamiento forzado de por lo menos 280 personas, entre hombres, mujeres y niños, que tuvieron que dejar sus tierras.
Durante esos días de terror se supo que los 'paras' torturaron a sus víctimas con métodos salvajes y después los decapitaron.
Hay testimonios que aseguran que luego se pusieron a jugar fútbol con las cabezas.
"Utilizaron crueles métodos de ejecución, como el ahorcamiento y el cercenamiento de partes del cuerpo y luego les propinaron tiros de gracia", dice un testigo.
Ahora, también se conoció que varias mujeres fueron víctimas de violación. El ex jefe 'para' 'Jorge 40' reconoció en Justicia y Paz su participación en la masacre. Aseguró que lo hizo por orden del entonces máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Carlos Castaño.
También declaró que en la acción criminal estuvo acompañado de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Rodrigo Cadena', los jefes de los bloques 'Catatumbo' y 'Montes de María', respectivamente.
Cuatro ex jefes 'paras' y un ex militar, involucrados en la masacre
La más reciente determinación de las autoridades judiciales sobre la masacre de El Salado ocurrió en febrero pasado. En ese mes la Fiscalía llamó a juicio al militar retirado Héctor Martín Pita Vásquez, quien era capitán de corbeta de la Armada en la zona donde ocurrieron los hechos.
Pita Vásquez es procesado por homicidio agravado y está privado de la libertad en un batallón de la Armada. Por los mismos hechos un fiscal de Derechos Humanos llamó a juicio, en julio del 2007, a Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', extraditado a Estados Unidos, como presunto determinador. De hecho, tres meses después de la decisión de la Fiscalía, '40' confesó su participación en la masacre ante un juez de Justicia y Paz.
En diciembre de ese mismo año otro de los 'paras' implicados en los hechos de El Salado admitió su responsabilidad. Se trata de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, 'el Tigre', quien en el 2006 resultó afectado con una medida de aseguramiento. Según 'el Tigre', la masacre se ejecutó por orden de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, que aparece vinculado, y 'Jorge 40'. En ese periodo, la Fiscalía aseguró a Luis Francisco Robles, '07'.
Y en julio del 2004 la Fiscalía había llamado a juicio a Carlos Castaño. Lo acusó de homicidio agravado, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
Algunas verdades en Justicia y Paz
La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz halló entre el 29 de marzo del 2006 y el 16 de junio de este año 1.261 fosas comunes en diferentes regiones del país.
En las fosas se han encontrado 1.525 cadáveres.
Autoridades han entregado a familiares de las víctimas 171 cuerpos.
524 cadáveres presentan algún rastro de identificación y están siendo sometidos a pruebas de ADN y estudios de laboratorio.
Las próximas exhumaciones están programadas en Antioquia, César, La Guajira, Magdalena, Meta y Putumayo.
Un grupo de fiscales, técnicos, investigadores y expertos en exhumaciones trabajan en el hallazgo de otras fosas.
REDACCIÓN JUSTICIA
Foto: Archivo-EL TIEMPO
La masacre de El Salado se recuerda como una de las más brutales en la historia criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia. Unos 300 'paras' se prepararon durante tres meses para ejecutarla.
Hasta ahora en los registros judiciales se hablaba de entre 38 y medio centenar de muertos.
Pero gracias a las confesiones de varios ex 'paras' acogidos a Justicia y Paz y a las versiones de las víctimas que han perdido el temor a declarar, la Fiscalía tiene argumentos para afirmar que la de El Salado bien puede ser la matanza más grande cometida por los paramilitares en toda su historia.
La revelación se da ocho años y cuatro meses después de que al menos 300 paramilitares sembraron el terror en el caserío de El Salado, municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar).
"Se cometieron actos de barbarie", dice uno de los apartes de un reporte que recibió Luis González, el coordinador de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, por parte de la comisión encargada de investigar los hechos cometidos por el tenebroso bloque 'Norte' de las autodefensas que comandaba Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', hoy preso en una cárcel de E.U.
En los próximos días, la Fiscalía desplegará un equipo de investigadores para reconstruir la masacre.
"Como la población quedó destruida se deberá obtener el censo de la población de El Salado en la Asamblea Departamental, donde se habría radicado un proyecto para convertirlo en municipio", dice la Fiscalía.
¿Qué ha logrado establecer hasta ahora?
Dos de los principales paramilitares implicados en la masacre son Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, 'el Tigre' y Uber Enrique Bánquez Martínez, 'Juancho Dique'. Ellos aceptaron la responsabilidad en los hechos y han entregado información clave a la justicia.
En el expediente se cuenta con pruebas de que los 300 paramilitares se prepararon durante por lo menos tres meses para la incursión. Se dividieron en tres grupos y llegaron a El Salado a través de las poblaciones de Zambrano, San Juan y Córdoba (Bolívar) y Ovejas (Sucre).
Los 'paras' habrían contado con la colaboración de algunos miembros de la Fuerza Pública y habrían sido guiados por cuatro desertores de las Farc que se encargaron de señalar a varias personas.
Las Auc señalaron a las víctimas como colaboradores del frente 37 de las Farc.
Las informaciones revelaron que no fueron solo tres días los que los 'paras' duraron allí, sino que se trató de por lo menos dos semanas de barbarie.
Con los datos obtenidos, la Fiscalía no solo busca ayudar a las víctimas sino reabrir la investigación por orden directa del fiscal general, Mario Iguarán Arana.
La Fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar la investigación hacia mandos policiales y militares, autoridades civiles y ganaderos de la zona que habrían facilitado, o por lo menos no hicieron lo suficiente para impedir la masacre.
La llegada de los paramilitares a la zona provocó el desplazamiento forzado de por lo menos 280 personas, entre hombres, mujeres y niños, que tuvieron que dejar sus tierras.
Durante esos días de terror se supo que los 'paras' torturaron a sus víctimas con métodos salvajes y después los decapitaron.
Hay testimonios que aseguran que luego se pusieron a jugar fútbol con las cabezas.
"Utilizaron crueles métodos de ejecución, como el ahorcamiento y el cercenamiento de partes del cuerpo y luego les propinaron tiros de gracia", dice un testigo.
Ahora, también se conoció que varias mujeres fueron víctimas de violación. El ex jefe 'para' 'Jorge 40' reconoció en Justicia y Paz su participación en la masacre. Aseguró que lo hizo por orden del entonces máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Carlos Castaño.
También declaró que en la acción criminal estuvo acompañado de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Rodrigo Cadena', los jefes de los bloques 'Catatumbo' y 'Montes de María', respectivamente.
Cuatro ex jefes 'paras' y un ex militar, involucrados en la masacre
La más reciente determinación de las autoridades judiciales sobre la masacre de El Salado ocurrió en febrero pasado. En ese mes la Fiscalía llamó a juicio al militar retirado Héctor Martín Pita Vásquez, quien era capitán de corbeta de la Armada en la zona donde ocurrieron los hechos.
Pita Vásquez es procesado por homicidio agravado y está privado de la libertad en un batallón de la Armada. Por los mismos hechos un fiscal de Derechos Humanos llamó a juicio, en julio del 2007, a Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', extraditado a Estados Unidos, como presunto determinador. De hecho, tres meses después de la decisión de la Fiscalía, '40' confesó su participación en la masacre ante un juez de Justicia y Paz.
En diciembre de ese mismo año otro de los 'paras' implicados en los hechos de El Salado admitió su responsabilidad. Se trata de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, 'el Tigre', quien en el 2006 resultó afectado con una medida de aseguramiento. Según 'el Tigre', la masacre se ejecutó por orden de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, que aparece vinculado, y 'Jorge 40'. En ese periodo, la Fiscalía aseguró a Luis Francisco Robles, '07'.
Y en julio del 2004 la Fiscalía había llamado a juicio a Carlos Castaño. Lo acusó de homicidio agravado, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
Algunas verdades en Justicia y Paz
La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz halló entre el 29 de marzo del 2006 y el 16 de junio de este año 1.261 fosas comunes en diferentes regiones del país.
En las fosas se han encontrado 1.525 cadáveres.
Autoridades han entregado a familiares de las víctimas 171 cuerpos.
524 cadáveres presentan algún rastro de identificación y están siendo sometidos a pruebas de ADN y estudios de laboratorio.
Las próximas exhumaciones están programadas en Antioquia, César, La Guajira, Magdalena, Meta y Putumayo.
Un grupo de fiscales, técnicos, investigadores y expertos en exhumaciones trabajan en el hallazgo de otras fosas.
REDACCIÓN JUSTICIA
El montaje
La retractación del ex paramilitar 'Tasmania' demuestra que había una clara voluntad de desprestigiar a la Corte y frenar la para-política.
Fecha: 06/21/2008 -1364
El año pasado cuando a un preso llamado 'Tasmania' denunció que un magistrado de la Corte Suprema le había ofrecido beneficios si enlodaba al Presidente, todo olía a montaje. Era una puesta en escena donde casi ninguna pieza encajaba y donde había coincidencias que no pasaban inadvertidas.
En octubre el presidente Álvaro Uribe denunció ante la Fiscalía al magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador estrella de la para-política. El Presidente se basó en una carta que había recibido firmada por el ex paramilitar José Orlando Moncada , conocido como 'Tasmania', en la que decía que Velásquez le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que declarara que Uribe había mandado matar a un paramilitar del suroeste antioqueño, alias 'René', en 2003.
El testimonio de 'Tasmania', al que Uribe y el gobierno le dieron credibilidad, generó toda clase de suspicacias. Primero, porque se empezaba a perfilar un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema, que con los meses se ha agravado. Segundo, la denuncia de 'Tasmania' se dio a conocer apenas unos días después de que la Corte decidió investigar al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares.
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Extrañamente, 'Tasmania' había sido trasladado a la celda de Juan Carlos el 'Tuso' Sierra, narcotraficante y jefe de las autodefensas, detenido en la cárcel de Itagüí. Sierra, como se ha sabido por denuncias de los medios de comunicación, no sólo es paisano de Mario Uribe, sino que ambos habían hecho algunos negocios de compra y venta de fincas. Como si fuera poco, el abogado de 'Tasmania' era Sergio González, el mismo del 'Tuso', y fue la persona a la que se le atribuyó posteriormente la redacción de la carta que firmó 'Tasmania'.
En su momento, la mayoría de los medios de comunicación dudaron de las denuncias de 'Tasmania', dada la trayectoria de Iván Velásquez como procurador delegado, fiscal y magistrado. Pero si los sectores más informados veían con extrañeza toda la puesta en escena de 'Tasmania', la opinión pública general tendía a creer más en la versión de que el Presidente estaba siendo víctima de una emboscada jurídica por parte de la Corte.
El tema se volvió para ambos lados un asunto de honor. Al punto de que hace pocas semanas el propio presidente Álvaro Uribe, cuando percibió que Velásquez podía ser exonerado, pidió ser escuchado como parte en el proceso de la Fiscalía. Algo definitivamente atípico en una persona de su estatura política, y que muestra la afectación personal que le causaba el tema.
De otro lado, el abogado Ramiro Bejarano, como columnista de prensa, interpuso un derecho de petición para preguntarle a la Presidencia quién había llevado la carta de 'Tasmania' a la Casa de Nariño, puesto que esta llegó a Palacio el mismo día en el que fue redactada. La Presidencia respondió que había sido la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Lo que nadie se explica es cómo se conectaron todos los personajes en tan poco tiempo, por qué un organismo de inteligencia tan calificado como el DAS le dio credibilidad a un documento sin verificarlo, y por qué el gobierno decidió usarlo en esas condiciones como parte de su agria disputa con el alto tribunal de la justicia.
El misterio sobre cómo se fraguó semejante montaje para desprestigiar a la Corte Suprema está por conocerse. La semana pasada, 'Tasmania' se retractó de su acusación contra Velásquez. La Fiscalía también decidió que escuchará de nuevo su testimonio, el cual seguramente será una verdadera bomba. Extraoficialmente SEMANA conoció que el ex paramilitar 'Tuso' Sierra le habría ofrecido una jugosa suma de dinero a 'Tasmania' para enlodar al magistrado Velásquez. Pero la sorpresiva extradición de Sierra a Estados Unidos dejó en ascuas lo que habían pactado.
La rectificación de 'Tasmania' demostraría que, como dijo el Presidente, los jefes paramilitares como Sierra seguían haciendo fechorías desde la cárcel, y que bien merecían la extradición. La pregunta es: si Sierra es un paramilitar y no un congresista, ¿por qué quería hacerle daño a Iván Velásquez, que investiga únicamente a los parlamentarios? ¿Lo hizo por su paisano y amigo Mario Uribe? ¿Cómo es que el DAS se dejó usar en semejante tramoya?
Posiblemente esta vez 'Tasmania' cuente la verdad y, sin duda, cada respuesta tendrá consecuencias judiciales y políticas muy graves.
www.semana.com
La retractación del ex paramilitar 'Tasmania' demuestra que había una clara voluntad de desprestigiar a la Corte y frenar la para-política.
Fecha: 06/21/2008 -1364
El año pasado cuando a un preso llamado 'Tasmania' denunció que un magistrado de la Corte Suprema le había ofrecido beneficios si enlodaba al Presidente, todo olía a montaje. Era una puesta en escena donde casi ninguna pieza encajaba y donde había coincidencias que no pasaban inadvertidas.
En octubre el presidente Álvaro Uribe denunció ante la Fiscalía al magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador estrella de la para-política. El Presidente se basó en una carta que había recibido firmada por el ex paramilitar José Orlando Moncada , conocido como 'Tasmania', en la que decía que Velásquez le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que declarara que Uribe había mandado matar a un paramilitar del suroeste antioqueño, alias 'René', en 2003.
El testimonio de 'Tasmania', al que Uribe y el gobierno le dieron credibilidad, generó toda clase de suspicacias. Primero, porque se empezaba a perfilar un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema, que con los meses se ha agravado. Segundo, la denuncia de 'Tasmania' se dio a conocer apenas unos días después de que la Corte decidió investigar al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares.
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Extrañamente, 'Tasmania' había sido trasladado a la celda de Juan Carlos el 'Tuso' Sierra, narcotraficante y jefe de las autodefensas, detenido en la cárcel de Itagüí. Sierra, como se ha sabido por denuncias de los medios de comunicación, no sólo es paisano de Mario Uribe, sino que ambos habían hecho algunos negocios de compra y venta de fincas. Como si fuera poco, el abogado de 'Tasmania' era Sergio González, el mismo del 'Tuso', y fue la persona a la que se le atribuyó posteriormente la redacción de la carta que firmó 'Tasmania'.
En su momento, la mayoría de los medios de comunicación dudaron de las denuncias de 'Tasmania', dada la trayectoria de Iván Velásquez como procurador delegado, fiscal y magistrado. Pero si los sectores más informados veían con extrañeza toda la puesta en escena de 'Tasmania', la opinión pública general tendía a creer más en la versión de que el Presidente estaba siendo víctima de una emboscada jurídica por parte de la Corte.
El tema se volvió para ambos lados un asunto de honor. Al punto de que hace pocas semanas el propio presidente Álvaro Uribe, cuando percibió que Velásquez podía ser exonerado, pidió ser escuchado como parte en el proceso de la Fiscalía. Algo definitivamente atípico en una persona de su estatura política, y que muestra la afectación personal que le causaba el tema.
De otro lado, el abogado Ramiro Bejarano, como columnista de prensa, interpuso un derecho de petición para preguntarle a la Presidencia quién había llevado la carta de 'Tasmania' a la Casa de Nariño, puesto que esta llegó a Palacio el mismo día en el que fue redactada. La Presidencia respondió que había sido la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Lo que nadie se explica es cómo se conectaron todos los personajes en tan poco tiempo, por qué un organismo de inteligencia tan calificado como el DAS le dio credibilidad a un documento sin verificarlo, y por qué el gobierno decidió usarlo en esas condiciones como parte de su agria disputa con el alto tribunal de la justicia.
El misterio sobre cómo se fraguó semejante montaje para desprestigiar a la Corte Suprema está por conocerse. La semana pasada, 'Tasmania' se retractó de su acusación contra Velásquez. La Fiscalía también decidió que escuchará de nuevo su testimonio, el cual seguramente será una verdadera bomba. Extraoficialmente SEMANA conoció que el ex paramilitar 'Tuso' Sierra le habría ofrecido una jugosa suma de dinero a 'Tasmania' para enlodar al magistrado Velásquez. Pero la sorpresiva extradición de Sierra a Estados Unidos dejó en ascuas lo que habían pactado.
La rectificación de 'Tasmania' demostraría que, como dijo el Presidente, los jefes paramilitares como Sierra seguían haciendo fechorías desde la cárcel, y que bien merecían la extradición. La pregunta es: si Sierra es un paramilitar y no un congresista, ¿por qué quería hacerle daño a Iván Velásquez, que investiga únicamente a los parlamentarios? ¿Lo hizo por su paisano y amigo Mario Uribe? ¿Cómo es que el DAS se dejó usar en semejante tramoya?
Posiblemente esta vez 'Tasmania' cuente la verdad y, sin duda, cada respuesta tendrá consecuencias judiciales y políticas muy graves.
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Víctimas a la carga
El gobierno quería hundirla. Los congresistas no habían hecho cálculos económicos. Pero, finalmente, la Ley de Víctimas se aprobó en el Senado con un acuerdo que parece haberla salvado. Pero falta todavía otro debate.
Fecha: 06/21/2008 -1364
A las víctimas en Colombia siempre les toca un camino tortuoso. Esta vez, con la Ley que busca que sean reparadas, no fue la excepción. A pesar de que había sido discutida con muchas organizaciones nacionales e internacionales y tenía el apoyo de varios partidos, el gobierno estaba decidido a hundirla, sobre la base de un solo argumento: no había plata para ponerla en práctica.
Sin embargo, por esos azares de la política, cuando el gobierno se dio cuenta, estaba en minoría, tenía una rebelión en sus propias filas y la ley iba a resultar aprobada por una mayoría aplastante. Entonces se sentó a negociar y logró finalmente darle una peluqueada que dejó tranquilo a casi todo el mundo.
Esta ley es uno de esos casos en los que las buenas intenciones, la filantropía y los derechos humanos entran en colisión con la realidad económica del país.
El Senado aprueba Estatuto de Víctimas
El gobierno anuncia 60 reparos al estatuto para las víctimas
Los puntos del desacuerdo
El saliente ministro del Interior Carlos Holguín Sardi creyó que podía hundir el proyecto de ley diciendo que no había plata. Pero sus argumentos cayeron muy mal y sectores uribistas se aliaron con la oposición para sacarla adelante. E l senador Juan Fernando Cristo dice que este Congreso tiene que reivindicarse con las víctimas y la Ley es el camino El gobierno insistió hasta el final que la reparación se hiciera sólo por vía administrativa. Finalmente aceptó que las víctimas también puedan acudir a la vía judicial, pero sin duplicar la indemnización
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Por un lado, el Congreso estaba tratando de reivindicar a las víctimas del conflicto, con una Ley que les garantiza no sólo la reparación económica, sino el derecho a la verdad, a la memoria y a ser resarcidos por la violencia sufrida. De paso, el Congreso, que carga la vergüenza de tener a casi el 20 por ciento de sus miembros señalados de alianzas con para-políticos, y que no fue capaz de autocastigarse con la silla vacía, tendría en esta Ley una reivindicación con el país.
Pero, por otro lado, estaba el temor del gobierno. Como en el país aún no se sabe cuál es el universo real de víctimas de la guerra, ni la magnitud del costo de su reparación, la ley abría la puerta para un desangre financiero sin fin, que resultaba peligroso porque podría quebrar al Estado, o simplemente convertirse en fuente de nuevos incumplimientos a las víctimas, o nuevos conflictos. De hecho, el gobierno ya tiene la experiencia que le ha dejado la Ley de Desplazados, que ha tenido que cumplir al pie de la letra, so pena de que la Corte Constitucional mande a la cárcel a varios ministros si la incumplen.
Unos y otros tienen argumentos de fondo. Las víctimas reclaman porque a pesar de las dificultades fiscales, el gobierno ha sacado dinero de la cooperación internacional para financiar, por ejemplo, la reinserción de los más de 40.000 desmovilizados de las AUC y las guerrillas, y nunca se ha dicho que no hay plata para ello. También gasta millonarias sumas en recompensas, en políticas de cuestionada eficacia como la fumigación de cultivos ilícitos, gasta seis puntos del PIB en la guerra, y otorga oportunos y generosos subsidios a empresarios golpeados por la revaluación. Por eso para muchos congresistas y líderes de las víctimas resultaba mezquino que el gobierno sacara el argumento de la falta de dinero.
De parte del gobierno, aunque los argumentos no eran deleznables, fueron tan mal presentados, que terminaron propiciando la rebelión en las propias filas uribistas. La principal preocupación que expuso era que la Ley abriera la puerta para que las víctimas accedieran a una doble reparación: una por vía administrativa y otra por vía judicial. Para el saliente ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, los siete billones que el gobierno ha destinado para la reparación por vía administrativa eran suficientes para pagar a lo largo de una década, indemnizaciones de hasta 40 salarios mínimos a cada víctima. También le preocupaba que si los desplazados se sumaban al universo de las víctimas, el asunto se volviera inmanejable.
El gobierno ha puesto como ejemplo la experiencia internacional, que ha sido más frustrante que afortunada para las víctimas. En casi ningún país ha habido verdadera reparación, y en los cuatro donde realmente hubo (Chile, Argentina, España y Alemania) se hizo por vía administrativa y con restricciones al número de personas beneficiadas. Alemania, que se responsabilizó del holocausto judío, indemnizó a 1'800.000 víctimas. La Ley de Colombia, en cambio, tendría que reparar a cerca de tres millones.
Sin embargo, tanto congresistas como finalmente el gobierno entendieron que había que encontrar un punto medio que garantizara los derechos y el resarcimiento de quienes más han sufrido en el país, y que lo han perdido todo, y al mismo tiempo ser realista. Acogieron la doctrina de Naciones Unidas, que en temas de reparación reconoce que ésta debe ser justa con las víctimas; viable políticamente, es decir, que tenga respaldo de todos los sectores, y sostenible en lo económico. En el mundo entero las políticas de reparación se hacen de acuerdo con las capacidades del país y eso parece ser finalmente lo que se logró como acuerdo. La Ley, tal como pasa a ser debatida en la Cámara, contempla que a quienes sean reparados por vía administrativa y que de todas maneras recurran a la vía judicial, se les descontará el monto recibido, para no incurrir en un doble pago.
Pero el gobierno también aceptó no confundir la reparación con las políticas sociales generales que tiene para combatir la pobreza. Es decir, que a las víctimas no podrán despacharlas con un carné del Sisbén y unos cupos en el Sena, sino que la reparación será una política integral que contempla un derecho a la memoria, a que su voz sea escuchada y a que su dignidad sea también restablecida. También se logró una protección especial para las tierras que han sido usurpadas mientras se llevan a cabo los procesos de restitución e indemnización.
Pero muchos aspectos siguen siendo controvertidos, especialmente los que a juicio del gobierno comprometen la responsabilidad del Estado. "El gran avance de la ley es la universalidad que les da derecho a todas las víctimas, incluidas las víctimas de los agentes del Estado, de paramilitares y guerrilla. Con esta Ley se habla de que el Estado va a reparar a las víctimas por su responsabilidad y no sólo por solidaridad", dice el senador Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto.
Otro aspecto importante es que a último minuto el senador Rodrigo Lara incluyó un artículo para que los miembros de las organizaciones armadas que negociaron con el gobierno en el pasado contribuyan con la verdad histórica y la reparación simbólica de las víctimas. Lo que dejó tranquilos a muchos en el gobierno que tienen puesto el espejo retrovisor con aquellos ex guerrilleros que hoy hacen parte de la oposición. El senador Gustavo Petro respaldó el artículo.
La Ley todavía tiene un largo camino por recorrer y aunque el gobierno y los congresistas parecían satisfechos de haber logrado un buen punto medio, muchos aspectos siguen levantando ampolla y seguramente seguirán siendo fuente de debate en la Cámara. Sin embargo, es un gran avance que ya por lo menos esté a medio camino una ley que convierte la protección a las víctimas en una política de Estado. Esa puede ser la primera piedra de la tan mencionada consolidación de las políticas de seguridad o, en el mejor de los casos, el principio del cierre de varios ciclos de violencia que han desangrado el país.
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El gobierno quería hundirla. Los congresistas no habían hecho cálculos económicos. Pero, finalmente, la Ley de Víctimas se aprobó en el Senado con un acuerdo que parece haberla salvado. Pero falta todavía otro debate.
Fecha: 06/21/2008 -1364
A las víctimas en Colombia siempre les toca un camino tortuoso. Esta vez, con la Ley que busca que sean reparadas, no fue la excepción. A pesar de que había sido discutida con muchas organizaciones nacionales e internacionales y tenía el apoyo de varios partidos, el gobierno estaba decidido a hundirla, sobre la base de un solo argumento: no había plata para ponerla en práctica.
Sin embargo, por esos azares de la política, cuando el gobierno se dio cuenta, estaba en minoría, tenía una rebelión en sus propias filas y la ley iba a resultar aprobada por una mayoría aplastante. Entonces se sentó a negociar y logró finalmente darle una peluqueada que dejó tranquilo a casi todo el mundo.
Esta ley es uno de esos casos en los que las buenas intenciones, la filantropía y los derechos humanos entran en colisión con la realidad económica del país.
El Senado aprueba Estatuto de Víctimas
El gobierno anuncia 60 reparos al estatuto para las víctimas
Los puntos del desacuerdo
El saliente ministro del Interior Carlos Holguín Sardi creyó que podía hundir el proyecto de ley diciendo que no había plata. Pero sus argumentos cayeron muy mal y sectores uribistas se aliaron con la oposición para sacarla adelante. E l senador Juan Fernando Cristo dice que este Congreso tiene que reivindicarse con las víctimas y la Ley es el camino El gobierno insistió hasta el final que la reparación se hiciera sólo por vía administrativa. Finalmente aceptó que las víctimas también puedan acudir a la vía judicial, pero sin duplicar la indemnización
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Por un lado, el Congreso estaba tratando de reivindicar a las víctimas del conflicto, con una Ley que les garantiza no sólo la reparación económica, sino el derecho a la verdad, a la memoria y a ser resarcidos por la violencia sufrida. De paso, el Congreso, que carga la vergüenza de tener a casi el 20 por ciento de sus miembros señalados de alianzas con para-políticos, y que no fue capaz de autocastigarse con la silla vacía, tendría en esta Ley una reivindicación con el país.
Pero, por otro lado, estaba el temor del gobierno. Como en el país aún no se sabe cuál es el universo real de víctimas de la guerra, ni la magnitud del costo de su reparación, la ley abría la puerta para un desangre financiero sin fin, que resultaba peligroso porque podría quebrar al Estado, o simplemente convertirse en fuente de nuevos incumplimientos a las víctimas, o nuevos conflictos. De hecho, el gobierno ya tiene la experiencia que le ha dejado la Ley de Desplazados, que ha tenido que cumplir al pie de la letra, so pena de que la Corte Constitucional mande a la cárcel a varios ministros si la incumplen.
Unos y otros tienen argumentos de fondo. Las víctimas reclaman porque a pesar de las dificultades fiscales, el gobierno ha sacado dinero de la cooperación internacional para financiar, por ejemplo, la reinserción de los más de 40.000 desmovilizados de las AUC y las guerrillas, y nunca se ha dicho que no hay plata para ello. También gasta millonarias sumas en recompensas, en políticas de cuestionada eficacia como la fumigación de cultivos ilícitos, gasta seis puntos del PIB en la guerra, y otorga oportunos y generosos subsidios a empresarios golpeados por la revaluación. Por eso para muchos congresistas y líderes de las víctimas resultaba mezquino que el gobierno sacara el argumento de la falta de dinero.
De parte del gobierno, aunque los argumentos no eran deleznables, fueron tan mal presentados, que terminaron propiciando la rebelión en las propias filas uribistas. La principal preocupación que expuso era que la Ley abriera la puerta para que las víctimas accedieran a una doble reparación: una por vía administrativa y otra por vía judicial. Para el saliente ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, los siete billones que el gobierno ha destinado para la reparación por vía administrativa eran suficientes para pagar a lo largo de una década, indemnizaciones de hasta 40 salarios mínimos a cada víctima. También le preocupaba que si los desplazados se sumaban al universo de las víctimas, el asunto se volviera inmanejable.
El gobierno ha puesto como ejemplo la experiencia internacional, que ha sido más frustrante que afortunada para las víctimas. En casi ningún país ha habido verdadera reparación, y en los cuatro donde realmente hubo (Chile, Argentina, España y Alemania) se hizo por vía administrativa y con restricciones al número de personas beneficiadas. Alemania, que se responsabilizó del holocausto judío, indemnizó a 1'800.000 víctimas. La Ley de Colombia, en cambio, tendría que reparar a cerca de tres millones.
Sin embargo, tanto congresistas como finalmente el gobierno entendieron que había que encontrar un punto medio que garantizara los derechos y el resarcimiento de quienes más han sufrido en el país, y que lo han perdido todo, y al mismo tiempo ser realista. Acogieron la doctrina de Naciones Unidas, que en temas de reparación reconoce que ésta debe ser justa con las víctimas; viable políticamente, es decir, que tenga respaldo de todos los sectores, y sostenible en lo económico. En el mundo entero las políticas de reparación se hacen de acuerdo con las capacidades del país y eso parece ser finalmente lo que se logró como acuerdo. La Ley, tal como pasa a ser debatida en la Cámara, contempla que a quienes sean reparados por vía administrativa y que de todas maneras recurran a la vía judicial, se les descontará el monto recibido, para no incurrir en un doble pago.
Pero el gobierno también aceptó no confundir la reparación con las políticas sociales generales que tiene para combatir la pobreza. Es decir, que a las víctimas no podrán despacharlas con un carné del Sisbén y unos cupos en el Sena, sino que la reparación será una política integral que contempla un derecho a la memoria, a que su voz sea escuchada y a que su dignidad sea también restablecida. También se logró una protección especial para las tierras que han sido usurpadas mientras se llevan a cabo los procesos de restitución e indemnización.
Pero muchos aspectos siguen siendo controvertidos, especialmente los que a juicio del gobierno comprometen la responsabilidad del Estado. "El gran avance de la ley es la universalidad que les da derecho a todas las víctimas, incluidas las víctimas de los agentes del Estado, de paramilitares y guerrilla. Con esta Ley se habla de que el Estado va a reparar a las víctimas por su responsabilidad y no sólo por solidaridad", dice el senador Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto.
Otro aspecto importante es que a último minuto el senador Rodrigo Lara incluyó un artículo para que los miembros de las organizaciones armadas que negociaron con el gobierno en el pasado contribuyan con la verdad histórica y la reparación simbólica de las víctimas. Lo que dejó tranquilos a muchos en el gobierno que tienen puesto el espejo retrovisor con aquellos ex guerrilleros que hoy hacen parte de la oposición. El senador Gustavo Petro respaldó el artículo.
La Ley todavía tiene un largo camino por recorrer y aunque el gobierno y los congresistas parecían satisfechos de haber logrado un buen punto medio, muchos aspectos siguen levantando ampolla y seguramente seguirán siendo fuente de debate en la Cámara. Sin embargo, es un gran avance que ya por lo menos esté a medio camino una ley que convierte la protección a las víctimas en una política de Estado. Esa puede ser la primera piedra de la tan mencionada consolidación de las políticas de seguridad o, en el mejor de los casos, el principio del cierre de varios ciclos de violencia que han desangrado el país.
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¿Sólo 8 años de cárcel?
'Don Berna' fue el primero de los 15 extraditados en negociar con Estados Unidos. Él le apostó a máximo ocho años de cárcel, pero los abogados de otros 'paras' dicen que se equivocó.
Fecha: 06/21/2008 -1364
A diferencia de los grandes capos del narcotráfico que han marcado la historia criminal de Colombia, como Pablo Escobar y Carlos Castaño, que se caracterizaban por su parafernalia mediática o por sus extravagancias, 'Don Berna' siempre ha aparecido como el tradicional mafioso: extremadamente reservado y calculador.
Y con la jugada maestra que pretendía hacer esta semana parecía ratificarlo: no sólo demostraría que es el más sagaz de todos los capos extraditados, sino también daría un ejemplo de por qué es uno de los grandes sobrevivientes de las guerras de 25 años de coca en Colombia.
SEMANA conoció, por diversas fuentes cercanas al capo, que 'Don Berna' cerró una negociación con Estados Unidos con la cual esperaba estar de vuelta en Colombia o libre en ese país al cabo de cinco años o, máximo, ocho.
Tan sólo en Medellín 13.000 habitantes se declararon víctimas de ‘Don Berna’ Las dos caras de la moneda en las rebajas de penas en Estados Unidos: a Jorge Eliécer Asprilla (izquierda) le prometieron 10 años de cárcel y está condenado a 30. Víctor Patiño enfrentaba 40 años de cárcel y lo condenaron a 15
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Hace apenas 40 días, cuando fue extraditado con 13 jefes paramilitares más, las opiniones se dividieron. Medio país se indignó porque consideraba que quedarían en la impunidad crímenes de lesa humanidad, y que los extraditaban para que no siguieran contando la verdad que ya estaba pisando callos poderosos. Y la otra mitad respiró tranquila, convencida de que por lo menos allá los comandantes paras iban a tener condenas ejemplares, de 30 años mínimo, en cárceles de alta seguridad.
Con la jugada de 'Berna' todo parecía indicar que unos y otros se equivocaban. 'Don Berna' no se pudriría en una cárcel gringa. Y el país no se quedaría sin saber la verdad sobre sus crímenes. O por lo menos, la 'verdad' que él esté dispuesto a contar.
¿Cómo 'negoció'?
Desde hace un par de años se comenzó a especular que muchos de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban buscando negociar con Estados Unidos. Algunos como Salvatore Mancuso hicieron todo lo posible para tener un buen acuerdo bajo el brazo para cuando llegara la inevitable extradición.
En los corrillos judiciales se decía que en conversaciones como esa también estaba 'Don Berna'. Y los rumores tenían algo de verdad. Durante los casi tres años que estuvo preso en Colombia recibió visitas de funcionarios de diferentes agencias federales de Estados Unidos que le propusieron negociar su condena.
Sin embargo, según sus allegados, nunca consolidó contactos formales. Entre otras cosas, porque el ex jefe paramilitar se resistió a la idea de delatar a otros. Como buen mafioso, pensaba que era mejor ser condenado por matón, que ganar la libertad por ser sapo.
La negociación la hizo días después de ser extraditado. El pasado 14 de mayo, 48 horas después de haber llegado a Estados Unidos, en su primera presentación ante Richard Berman, juez de la corte federal de Manhattan, se declaró "no culpable".
Regresó a la prisión y allí nuevamente fue abordado por agentes federales y de la Fiscalía que le mostraron todas las posibilidades de conseguir rebajas de penas.
Y lo convencieron con una fórmula aparentemente light. No se trataba de delatar a sus socios de la mafia, sino que podía acogerse a la figura de colaboración. Esta implica que debe declararse culpable de los cargos por los que fue extraditado -como ya lo hizo- y después puede 'escoger' los temas y las personas sobre los que estaría dispuesto a entregar información.
"Más que sobre temas del pasado, lo que les importa a los gringos es que él cuente y aporte datos sobre los nuevos capos, rutas y estructuras", dijo a SEMANA uno de los colaboradores de 'Don Berna' que conoce parte del acuerdo.
Y de los 14 extraditados, sin duda es él quien más sabe lo que está pasando hoy con el negocio del narcotráfico en Colombia. Como 'Macaco' -otro que fue extraditado días antes-, aún tenía sus tenazas afiladas en distintos puntos del mapa.
'Don Berna' podría entregar información sobre 'Don Mario', el hombre que ahora infunde miedo en zonas de Antioquia, Córdoba y los Llanos. Delatarlo, sin duda, no será trabajo, pues se trata de su más reciente enemigo.
También podría dar pistas sobre los personajes que están al frente de la llamada Oficina de Envigado, estructura mafiosa que él controló hace varios años y que hoy está en manos de antiguos lugartenientes.
Y un punto que llama la atención del 'acuerdo' es que a 'Don Berna' también le pidieron entregar información de políticos -algunos de ellos detenidos y otros no- que están comprometidos con estructuras de tráfico de drogas en Antioquia y Córdoba.
En teoría, según dijo el Departamento de Justicia el martes, la condena debe ser de 27 a 33 años. Sin embargo, de la teoría a la práctica son muchos los números que se han desinflado en las cárceles de ese país. William Rodríguez, por ejemplo, el hijo del capo Miguel Rodríguez Orejuela, había sido condenado a 30 años de cárcel. Luego, con las rebajas, le quedó en 20 y pagará 10 efectivos.
Lo que ocurre en estos casos es que de ese tope, de 27 a 33 años, se empiezan a descontar las rebajas. Los fiscales y los jueces evalúaran durante los próximos meses y antes de proferir la condena qué tan útiles son los datos que les dará 'Don Berna'.
La cifra de cinco a ocho años de prisión -revelada a SEMANA por gente del capo- es el resultado de las cuentas hechas entre él y las autoridades estadounidenses a partir de los datos que el paramilitar prometió aportar.
Este hombre, que por muchos años ejerció control total sobre las bandas de sicarios de Medellín, aspiraba a lograr una abultada rebaja de penas a cambio de unos cuantos de los secretos que ha conocido en media vida dedicada al narcotráfico.
Pero esa rebaja sería sólo la mitad de la jugada maestra. La otra mitad tiene que ver con las deudas que tiene con la justicia en Colombia. Por los crímenes que él ha confesado en Colombia (apenas 11 en total, es el más parco de todos), 'Don Berna' tendría que pagar, aquí, condenas de hasta 40 años. Pero si logra mantenerse en la Ley de Justicia y Paz, no sólo lograría que le apliquen pena de máximo ocho años, sino que en la práctica podría desaparecer por completo su condena, pues la ley contempla que los beneficiados pueden pagarla en cárceles de otro país.
Es decir, con el pago de cinco u ocho años de prisión en Estados Unidos saldaría de una vez su deuda con la justicia colombiana. Como dice el refrán popular, mataría dos pájaros de un solo tiro.
La pregunta que queda abierta es: ¿el gobierno o los magistrados mantendrán en la Ley de Justicia y Paz a los extraditados? ¿Cómo puede ser esto posible si se tiene en cuenta que justamente el argumento que dio el presidente Álvaro Uribe para enviarlos a Estados Unidos fue que habían incumplido la ley?
La versión no rosa
Hasta este punto todo pintaba color de rosa. Y el propio 'Berna' había mandado a Colombia unos primeros mensajes de satisfacción por el negocio. Sin embargo, no todos piensan igual. Abogados de otros jefes paramilitares extraditados, fogueados en las cortes de Estados Unidos, consideran que la defensa de 'Berna' cometió errores de primero de primaria. Y la jugada maestra se podría convertir en su primera y gran derrota.
"El caso de 'Berna' lo trataron como si fuera el de una mula cualquiera y no el de un hombre como él, tan poderoso en el mundo del narcotráfico y con antecedentes tan graves en materia de derechos humanos", explicó un apoderado a SEMANA.
Según esta fuente, antes de reconocer cualquier delito, como hizo 'Berna' al confesarse narcotraficante, tiene que quedar por escrito el acuerdo al que se llegue con la justicia de Estados Unidos. De otra manera, queda expuesto a que le cambien las reglas de juego. Y en este caso en particular, ya no podría 'elegir' los casos a delatar, sino que perdería los beneficios de rebajas de pena si no confiesa todo lo que le exijan, o incurre en una mentira.
"En los años que yo llevo, el máximo de rebajas que se ha logrado conseguir en casos similares es de 50 por ciento -comentó el abogado de otro de los paramilitares extraditados-. El caso de Patiño Fómeque fue diferente porque él negoció desde Colombia. Cualquier otra oferta, como la que le hicieron a 'Berna', más parece un cuento de hadas".
A 'Berna' le podría ocurrir lo que le sucedió a Jorge Eliécer el 'Negro' Asprilla, por estos días popular en Colombia por la telenovela El Cartel. Asprilla también llegó a Estados Unidos sin negociar, se acusó de narcotráfico por la promesa que le hicieron de que no pagaría más de 10 años y hasta ahora su condena sigue firme en 30 años.
El panorama de 'Berna' podría empeorar. La semana pasada llegó a Washington una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) y empezó a mirar los casos de 'Berna', Mancuso, 'Macaco' y Hernán Giraldo. Y ahí está el otro error de la negociación, según los abogados de los demás paras. Si bien Estados Unidos no ha firmado el tratado de la CPI, al no quedar nada por escrito sobre ese punto, en cualquier momento Washington podría atender una petición que le haga el tribunal con sede en La Haya.
Y el último error tiene que ver con haberse apresurado a aceptar su condición de narcotraficante, con lo cual cerró la posibilidad de argumentar ante el jurado que todos sus delitos, asesinatos y tráfico de drogas, tenían como único propósito dar una lucha política para combatir a la guerrilla que por décadas ha azotado a Colombia. Tal y como lo piensan hacer muchos de los otros paras.
El siete vidas
Que Diego Fernando Murillo (el nombre de pila de 'Don Berna') haya sido el primero en intentar negociar con la justicia de Estados Unidos no resulta extraño para quienes conocen a fondo su historia.
Si bien los papeles protagónicos de la tragedia del narcotráfico en Colombia se los han robado Pablo Escobar y Carlos Castaño, no cabe duda de que 'Don Berna' es el tercero en esa diabólica trinidad.
El otrora líder paramilitar, además de su extraordinario poder, tiene una característica que pocos mafiosos del mundo, por no decir ninguno, pueden reclamar: ha sobrevivido. Todavía no cumple 50 años y ya ha salido ileso de varias de las peores guerras que se han dado en Colombia.
Es el único, de todos los capos, que puede contar que ha participado de las dos conspiraciones en las que terminaron muertos precisamente los dos íconos del crimen: hizo parte de los Pepes (grupo de delincuentes que ayudaron a las autoridades a matar a Pablo Escobar) y estaba en la mesa con los otros 30 comandantes que cubrieron con su silencio el asesinato de Carlos Castaño por parte del guardaespaldas de su hermano Vicente Castaño.
De la vida privada de Diego Fernando Murillo se sabe muy poco. Sólo que nació en Tulúa (Valle). Pero su vida criminal es una historia de película. El gusto por violar las leyes se le vio desde temprano, a finales de los años 70, cuando se alistó, como simple miliciano, en el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Muy rápidamente se dio cuenta de que su gusto de matón se ajustaba más a una estructura como la de la mafia. Terminó haciendo carrera en el cartel de Medellín como escolta de Fernando el 'Negro' Galeano, para entonces mandamás en Itagüí y socio de Pablo Escobar.
Fue en ese entonces cuando sobrevivió por primera vez. Si bien no perdió la vida en un ajuste de cuentas entre un grupo de universitarios metidos en la guerrilla del EPL y la banda de los Galeano, a 'Don Berna', con apenas 23 años, le quedó de recuerdo la cojera que hoy lo caracteriza.
Una segunda vida la quemó unos ocho años después. Cuando Pablo Escobar, preso en La Catedral, llamó al 'Negro' Galeano, en julio de 1992, a rendir cuentas por 20 millones de dólares que tenía escondidos. 'Don Berna' no acompañó a su jefe a la cita porque, según relató otro jefe paramilitar, tenía que acompañar a la esposa de el 'Negro' a una diligencia. Escobar ordenó acribillar a Galeano, lo cortó en pedacitos y lo quemó en una hoguera para tratar de borrar las huellas. Al fin y al cabo, se suponía que esa era una cárcel.
'Don Berna' se le midió entonces a una tercera guerra: matar a Pablo Escobar. Hizo parte del famoso grupo de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), pero no como un apuntado cualquiera. En las reuniones en las que atendían unos 20 informantes no fallaban el mayor de la Policía Danilo González, el agente de la DEA Javier Peña y 'Don Berna'.
Su cuarto gran combate fue contra la banda conocida como La Terraza. Tras la muerte de Escobar en 1993, 'Don Berna' se convirtió en el capo de capos en Medellín y utilizaba como su brazo armado a La Terraza. Un día cualquiera, cuando la banda intentó salírsele de control, 'Don Berna' buscó refugio donde su amigo Carlos Castaño en Córdoba y desde allá le tendió una trampa al líder de aquella cuadrilla.
En 2002, a Diego Murillo le tocó enfrentar una quinta guerra. Quizá la más dura para él. El bajo mundo de Medellín estaba dividido entre los suyos y los del comandante 'Doble cero', aliado de Castaño y fundador de los paramilitares en su etapa más pura. La guerra no tuvo control. 'Don Berna' le ganó el pulso no sólo en la capital, sino también en 35 municipios antioqueños. 'Doble cero' se fue al exilio y poco tiempo después apareció asesinado en Santa Marta.
Después llegarían tiempos de aparente calma. O por lo menos, el cuarto de hora de su oscuro reinado. Convocó a una reunión a todas las bandas de Medellín, más de 200, en Santa Fe de Antioquia y les dio el ultimátum: "O se calman y trabajan para mí, o se mueren". Todos obedecieron y desde entonces las estadísticas de asesinatos empezaron a bajar como un tobogán en Medellín.
Luego llegó la fase de Santa Fe Ralito. De los 33 comandantes paras, era de los que más bloques tenía a cuestas: por lo menos cinco, si no más, y cerca de 5.000 hombres respondían a sus órdenes.
Desde hace tres años Diego Fernando Murillo está preso. Desde su reclusión en Colombia ha tenido que librar otras contiendas a través de sus herederos, como ha sido el control de la Oficina de Envigado, un centro de cobros de la mafia.
Pero el resultado de su séptima guerra, y tal vez última, se conocerá sólo el 18 de diciembre de este año. Para esa fecha está programado el anuncio de su condena en Estados Unidos. Mientras tanto, en Medellín, más de 13.000 personas que se inscribieron como sus víctimas estarán esperando.
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'Don Berna' fue el primero de los 15 extraditados en negociar con Estados Unidos. Él le apostó a máximo ocho años de cárcel, pero los abogados de otros 'paras' dicen que se equivocó.
Fecha: 06/21/2008 -1364
A diferencia de los grandes capos del narcotráfico que han marcado la historia criminal de Colombia, como Pablo Escobar y Carlos Castaño, que se caracterizaban por su parafernalia mediática o por sus extravagancias, 'Don Berna' siempre ha aparecido como el tradicional mafioso: extremadamente reservado y calculador.
Y con la jugada maestra que pretendía hacer esta semana parecía ratificarlo: no sólo demostraría que es el más sagaz de todos los capos extraditados, sino también daría un ejemplo de por qué es uno de los grandes sobrevivientes de las guerras de 25 años de coca en Colombia.
SEMANA conoció, por diversas fuentes cercanas al capo, que 'Don Berna' cerró una negociación con Estados Unidos con la cual esperaba estar de vuelta en Colombia o libre en ese país al cabo de cinco años o, máximo, ocho.
Tan sólo en Medellín 13.000 habitantes se declararon víctimas de ‘Don Berna’ Las dos caras de la moneda en las rebajas de penas en Estados Unidos: a Jorge Eliécer Asprilla (izquierda) le prometieron 10 años de cárcel y está condenado a 30. Víctor Patiño enfrentaba 40 años de cárcel y lo condenaron a 15
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Hace apenas 40 días, cuando fue extraditado con 13 jefes paramilitares más, las opiniones se dividieron. Medio país se indignó porque consideraba que quedarían en la impunidad crímenes de lesa humanidad, y que los extraditaban para que no siguieran contando la verdad que ya estaba pisando callos poderosos. Y la otra mitad respiró tranquila, convencida de que por lo menos allá los comandantes paras iban a tener condenas ejemplares, de 30 años mínimo, en cárceles de alta seguridad.
Con la jugada de 'Berna' todo parecía indicar que unos y otros se equivocaban. 'Don Berna' no se pudriría en una cárcel gringa. Y el país no se quedaría sin saber la verdad sobre sus crímenes. O por lo menos, la 'verdad' que él esté dispuesto a contar.
¿Cómo 'negoció'?
Desde hace un par de años se comenzó a especular que muchos de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban buscando negociar con Estados Unidos. Algunos como Salvatore Mancuso hicieron todo lo posible para tener un buen acuerdo bajo el brazo para cuando llegara la inevitable extradición.
En los corrillos judiciales se decía que en conversaciones como esa también estaba 'Don Berna'. Y los rumores tenían algo de verdad. Durante los casi tres años que estuvo preso en Colombia recibió visitas de funcionarios de diferentes agencias federales de Estados Unidos que le propusieron negociar su condena.
Sin embargo, según sus allegados, nunca consolidó contactos formales. Entre otras cosas, porque el ex jefe paramilitar se resistió a la idea de delatar a otros. Como buen mafioso, pensaba que era mejor ser condenado por matón, que ganar la libertad por ser sapo.
La negociación la hizo días después de ser extraditado. El pasado 14 de mayo, 48 horas después de haber llegado a Estados Unidos, en su primera presentación ante Richard Berman, juez de la corte federal de Manhattan, se declaró "no culpable".
Regresó a la prisión y allí nuevamente fue abordado por agentes federales y de la Fiscalía que le mostraron todas las posibilidades de conseguir rebajas de penas.
Y lo convencieron con una fórmula aparentemente light. No se trataba de delatar a sus socios de la mafia, sino que podía acogerse a la figura de colaboración. Esta implica que debe declararse culpable de los cargos por los que fue extraditado -como ya lo hizo- y después puede 'escoger' los temas y las personas sobre los que estaría dispuesto a entregar información.
"Más que sobre temas del pasado, lo que les importa a los gringos es que él cuente y aporte datos sobre los nuevos capos, rutas y estructuras", dijo a SEMANA uno de los colaboradores de 'Don Berna' que conoce parte del acuerdo.
Y de los 14 extraditados, sin duda es él quien más sabe lo que está pasando hoy con el negocio del narcotráfico en Colombia. Como 'Macaco' -otro que fue extraditado días antes-, aún tenía sus tenazas afiladas en distintos puntos del mapa.
'Don Berna' podría entregar información sobre 'Don Mario', el hombre que ahora infunde miedo en zonas de Antioquia, Córdoba y los Llanos. Delatarlo, sin duda, no será trabajo, pues se trata de su más reciente enemigo.
También podría dar pistas sobre los personajes que están al frente de la llamada Oficina de Envigado, estructura mafiosa que él controló hace varios años y que hoy está en manos de antiguos lugartenientes.
Y un punto que llama la atención del 'acuerdo' es que a 'Don Berna' también le pidieron entregar información de políticos -algunos de ellos detenidos y otros no- que están comprometidos con estructuras de tráfico de drogas en Antioquia y Córdoba.
En teoría, según dijo el Departamento de Justicia el martes, la condena debe ser de 27 a 33 años. Sin embargo, de la teoría a la práctica son muchos los números que se han desinflado en las cárceles de ese país. William Rodríguez, por ejemplo, el hijo del capo Miguel Rodríguez Orejuela, había sido condenado a 30 años de cárcel. Luego, con las rebajas, le quedó en 20 y pagará 10 efectivos.
Lo que ocurre en estos casos es que de ese tope, de 27 a 33 años, se empiezan a descontar las rebajas. Los fiscales y los jueces evalúaran durante los próximos meses y antes de proferir la condena qué tan útiles son los datos que les dará 'Don Berna'.
La cifra de cinco a ocho años de prisión -revelada a SEMANA por gente del capo- es el resultado de las cuentas hechas entre él y las autoridades estadounidenses a partir de los datos que el paramilitar prometió aportar.
Este hombre, que por muchos años ejerció control total sobre las bandas de sicarios de Medellín, aspiraba a lograr una abultada rebaja de penas a cambio de unos cuantos de los secretos que ha conocido en media vida dedicada al narcotráfico.
Pero esa rebaja sería sólo la mitad de la jugada maestra. La otra mitad tiene que ver con las deudas que tiene con la justicia en Colombia. Por los crímenes que él ha confesado en Colombia (apenas 11 en total, es el más parco de todos), 'Don Berna' tendría que pagar, aquí, condenas de hasta 40 años. Pero si logra mantenerse en la Ley de Justicia y Paz, no sólo lograría que le apliquen pena de máximo ocho años, sino que en la práctica podría desaparecer por completo su condena, pues la ley contempla que los beneficiados pueden pagarla en cárceles de otro país.
Es decir, con el pago de cinco u ocho años de prisión en Estados Unidos saldaría de una vez su deuda con la justicia colombiana. Como dice el refrán popular, mataría dos pájaros de un solo tiro.
La pregunta que queda abierta es: ¿el gobierno o los magistrados mantendrán en la Ley de Justicia y Paz a los extraditados? ¿Cómo puede ser esto posible si se tiene en cuenta que justamente el argumento que dio el presidente Álvaro Uribe para enviarlos a Estados Unidos fue que habían incumplido la ley?
La versión no rosa
Hasta este punto todo pintaba color de rosa. Y el propio 'Berna' había mandado a Colombia unos primeros mensajes de satisfacción por el negocio. Sin embargo, no todos piensan igual. Abogados de otros jefes paramilitares extraditados, fogueados en las cortes de Estados Unidos, consideran que la defensa de 'Berna' cometió errores de primero de primaria. Y la jugada maestra se podría convertir en su primera y gran derrota.
"El caso de 'Berna' lo trataron como si fuera el de una mula cualquiera y no el de un hombre como él, tan poderoso en el mundo del narcotráfico y con antecedentes tan graves en materia de derechos humanos", explicó un apoderado a SEMANA.
Según esta fuente, antes de reconocer cualquier delito, como hizo 'Berna' al confesarse narcotraficante, tiene que quedar por escrito el acuerdo al que se llegue con la justicia de Estados Unidos. De otra manera, queda expuesto a que le cambien las reglas de juego. Y en este caso en particular, ya no podría 'elegir' los casos a delatar, sino que perdería los beneficios de rebajas de pena si no confiesa todo lo que le exijan, o incurre en una mentira.
"En los años que yo llevo, el máximo de rebajas que se ha logrado conseguir en casos similares es de 50 por ciento -comentó el abogado de otro de los paramilitares extraditados-. El caso de Patiño Fómeque fue diferente porque él negoció desde Colombia. Cualquier otra oferta, como la que le hicieron a 'Berna', más parece un cuento de hadas".
A 'Berna' le podría ocurrir lo que le sucedió a Jorge Eliécer el 'Negro' Asprilla, por estos días popular en Colombia por la telenovela El Cartel. Asprilla también llegó a Estados Unidos sin negociar, se acusó de narcotráfico por la promesa que le hicieron de que no pagaría más de 10 años y hasta ahora su condena sigue firme en 30 años.
El panorama de 'Berna' podría empeorar. La semana pasada llegó a Washington una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) y empezó a mirar los casos de 'Berna', Mancuso, 'Macaco' y Hernán Giraldo. Y ahí está el otro error de la negociación, según los abogados de los demás paras. Si bien Estados Unidos no ha firmado el tratado de la CPI, al no quedar nada por escrito sobre ese punto, en cualquier momento Washington podría atender una petición que le haga el tribunal con sede en La Haya.
Y el último error tiene que ver con haberse apresurado a aceptar su condición de narcotraficante, con lo cual cerró la posibilidad de argumentar ante el jurado que todos sus delitos, asesinatos y tráfico de drogas, tenían como único propósito dar una lucha política para combatir a la guerrilla que por décadas ha azotado a Colombia. Tal y como lo piensan hacer muchos de los otros paras.
El siete vidas
Que Diego Fernando Murillo (el nombre de pila de 'Don Berna') haya sido el primero en intentar negociar con la justicia de Estados Unidos no resulta extraño para quienes conocen a fondo su historia.
Si bien los papeles protagónicos de la tragedia del narcotráfico en Colombia se los han robado Pablo Escobar y Carlos Castaño, no cabe duda de que 'Don Berna' es el tercero en esa diabólica trinidad.
El otrora líder paramilitar, además de su extraordinario poder, tiene una característica que pocos mafiosos del mundo, por no decir ninguno, pueden reclamar: ha sobrevivido. Todavía no cumple 50 años y ya ha salido ileso de varias de las peores guerras que se han dado en Colombia.
Es el único, de todos los capos, que puede contar que ha participado de las dos conspiraciones en las que terminaron muertos precisamente los dos íconos del crimen: hizo parte de los Pepes (grupo de delincuentes que ayudaron a las autoridades a matar a Pablo Escobar) y estaba en la mesa con los otros 30 comandantes que cubrieron con su silencio el asesinato de Carlos Castaño por parte del guardaespaldas de su hermano Vicente Castaño.
De la vida privada de Diego Fernando Murillo se sabe muy poco. Sólo que nació en Tulúa (Valle). Pero su vida criminal es una historia de película. El gusto por violar las leyes se le vio desde temprano, a finales de los años 70, cuando se alistó, como simple miliciano, en el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Muy rápidamente se dio cuenta de que su gusto de matón se ajustaba más a una estructura como la de la mafia. Terminó haciendo carrera en el cartel de Medellín como escolta de Fernando el 'Negro' Galeano, para entonces mandamás en Itagüí y socio de Pablo Escobar.
Fue en ese entonces cuando sobrevivió por primera vez. Si bien no perdió la vida en un ajuste de cuentas entre un grupo de universitarios metidos en la guerrilla del EPL y la banda de los Galeano, a 'Don Berna', con apenas 23 años, le quedó de recuerdo la cojera que hoy lo caracteriza.
Una segunda vida la quemó unos ocho años después. Cuando Pablo Escobar, preso en La Catedral, llamó al 'Negro' Galeano, en julio de 1992, a rendir cuentas por 20 millones de dólares que tenía escondidos. 'Don Berna' no acompañó a su jefe a la cita porque, según relató otro jefe paramilitar, tenía que acompañar a la esposa de el 'Negro' a una diligencia. Escobar ordenó acribillar a Galeano, lo cortó en pedacitos y lo quemó en una hoguera para tratar de borrar las huellas. Al fin y al cabo, se suponía que esa era una cárcel.
'Don Berna' se le midió entonces a una tercera guerra: matar a Pablo Escobar. Hizo parte del famoso grupo de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), pero no como un apuntado cualquiera. En las reuniones en las que atendían unos 20 informantes no fallaban el mayor de la Policía Danilo González, el agente de la DEA Javier Peña y 'Don Berna'.
Su cuarto gran combate fue contra la banda conocida como La Terraza. Tras la muerte de Escobar en 1993, 'Don Berna' se convirtió en el capo de capos en Medellín y utilizaba como su brazo armado a La Terraza. Un día cualquiera, cuando la banda intentó salírsele de control, 'Don Berna' buscó refugio donde su amigo Carlos Castaño en Córdoba y desde allá le tendió una trampa al líder de aquella cuadrilla.
En 2002, a Diego Murillo le tocó enfrentar una quinta guerra. Quizá la más dura para él. El bajo mundo de Medellín estaba dividido entre los suyos y los del comandante 'Doble cero', aliado de Castaño y fundador de los paramilitares en su etapa más pura. La guerra no tuvo control. 'Don Berna' le ganó el pulso no sólo en la capital, sino también en 35 municipios antioqueños. 'Doble cero' se fue al exilio y poco tiempo después apareció asesinado en Santa Marta.
Después llegarían tiempos de aparente calma. O por lo menos, el cuarto de hora de su oscuro reinado. Convocó a una reunión a todas las bandas de Medellín, más de 200, en Santa Fe de Antioquia y les dio el ultimátum: "O se calman y trabajan para mí, o se mueren". Todos obedecieron y desde entonces las estadísticas de asesinatos empezaron a bajar como un tobogán en Medellín.
Luego llegó la fase de Santa Fe Ralito. De los 33 comandantes paras, era de los que más bloques tenía a cuestas: por lo menos cinco, si no más, y cerca de 5.000 hombres respondían a sus órdenes.
Desde hace tres años Diego Fernando Murillo está preso. Desde su reclusión en Colombia ha tenido que librar otras contiendas a través de sus herederos, como ha sido el control de la Oficina de Envigado, un centro de cobros de la mafia.
Pero el resultado de su séptima guerra, y tal vez última, se conocerá sólo el 18 de diciembre de este año. Para esa fecha está programado el anuncio de su condena en Estados Unidos. Mientras tanto, en Medellín, más de 13.000 personas que se inscribieron como sus víctimas estarán esperando.
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