Colombia contra el secuestro
Hernando Salazar
BBC Mundo, Bogotá
Más de un millón de personas pidieron este jueves en toda Colombia la liberación de más de 3.000 secuestrados y la entrega de los cadáveres de once ex diputados que murieron hace tres semanas en poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La demostración, con pocos antecedentes en la historia reciente del país, sirvió también para pedirles a las FARC y al gobierno del presidente Álvaro Uribe que lleguen a un acuerdo humanitario que permita liberar a más de medio centenar de rehenes.
Las actividades en los centros urbanos del país se paralizaron transitoriamente al mediodía, cuando sonaron silbatos, campanas, hubo misas, marchas, se lanzaron papeles blancos desde los edificios y se formaron cadenas humanas como rechazo al secuestro.
En Bogotá la parálisis fue grande y la jornada empezó con una concentración de miles de personas en la Plaza de Bolívar, a la que acudieron el presidente Uribe y el alcalde de la ciudad, Luis Eduardo Garzón.
Mientras Uribe y sus ministros asistieron a una misa en la catedral, Garzón encabezó una cadena humana contra el secuestro.
De la cadena humana -formada por miles de personas- hicieron parte Yolanda Pulecio y Astrid Betancourt, madre y hermana de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero de 2002.
Mensajes encontrados
No obstante el rechazo unánime al secuestro, en la plaza y en las calles por donde avanzaron la cadena y las marchas se escucharon mensajes encontrados. Unos, a favor del acuerdo humanitario y pidiendo la desmilitarización de dos pueblos, que exigen las FARC para discutir los términos de ese eventual intercambio. Y otros diciendo "no al despeje".
El alcalde Garzón dijo que el secuestro está "completamente deslegitimado en Colombia" y pidió que no se haga sufrir más a la gente.
"A mí me interesa el acuerdo humanitario. El despeje (la desmilitarización) lo define solamente el presidente y las FARC", dijo Garzón a BBC Mundo, cuando se le preguntó por los mensajes encontrados que se escuchaban.
El presidente Uribe, quien lució una camiseta que decía: "Libertad sin condiciones, ya", insistió en que no despejará un solo milímetro del país, como lo exigen las FARC para negociar un acuerdo humanitario.
Murales por la libertad
En un rincón de la Plaza de Bolívar un grupo de comerciantes le daba pintura a la gente para que pusiera las palmas de sus manos en un mural.
"Estamos poniendo huellas a ver si dejan de secuestrar. Que sepan que los colombianos estamos en pie de lucha contra el secuestro", declaró a BBC Mundo Víctor Clavijo.
En el centro de la plaza, los familiares de los policías y militares en poder de las FARC pedían "acuerdo humanitario ya" y "no al rescate militar".
A los pies de la estatua de Simón Bolívar estaba acostado Manuel Fandiño, padre del agente de policía Edixon Fandiño Chávez, secuestrado en septiembre de 2000 por el frente 32 de las FARC.
"No hemos recibido ninguna noticia de ninguna índole. Nada nos han dicho. Le pedimos al Señor que nos ayude a que nuestros hijos vuelvan a casa. Al presidente y a las FARC que no queremos más derrame de sangre", le dijo Fandiño a BBC Mundo.
Llamado a las FARC y gobierno
Marleny Orjuela, líder de la asociación de familiares de policías y militares en poder de las FARC, le dijo a BBC Mundo que ella espera que la demostración de este jueves tenga eco en las FARC y en el gobierno.
"Yo pienso que las FARC tienen que repensarlo. Tienen que entregar los once cadáveres de los ex diputados y del mayor Guevara (un oficial de la policía que murió en su poder)", dijo.
Según Orjuela, "es viable un acuerdo humanitario si hay voluntad política de las dos partes, que están radicalizadas".
No lejos de ahí, otro grupo sostenía una pancarta que decía: "FARC terroristas, fuera de Colombia". En la plaza también estaba la señora Eider Lasso, de 59 años, con su nieta de diez meses. Lasso dijo que estaba por solidaridad con la gente que tiene familiares secuestrados, pero expresó su pesimismo sobre su liberación: "Esa gente es muy mala y no tiene compasión".
Pero otro de los asistentes, Carlos Arturo Córdoba, comentó: "Todo sirve. La peor diligencia es la que no se hace".
Después del mediodía, comenzaron a llegar a la Plaza de Bolívar de Bogotá marchas de todo tipo, en las que participaron sindicatos, grupos de víctimas, asociaciones de familiares de secuestrados, colegios, empleados públicos y gente del común.
Publicado en www.bbc.com
viernes, 6 de julio de 2007
Colombia pide la libertad de secuestrados
María Pérez-Plá
El Universal
Viernes 06 de julio de 2007
El país sudamericano se paraliza durante cinco minutos y exige el fin de la violencia a grupos insurgentes; en Cali todos portaban flores blancas, en Bogotá hicieron sonar sus silbatos durante cinco minutos y en Medellín escucharon al cantante Juanes
BOGOTÁ.— Colombia despertó por fin de un letargo que dura ya años y salió ayer a las calles para exigir la liberación de todos los secuestrados. En las principales ciudades del país cientos de miles de personas se unieron en un único grito a través de distintos actos: en Cali todos portaban flores blancas, en Bogotá hicieron sonar sus silbatos durante cinco minutos y en Medellín escucharon al cantante Juanes. El país se paralizó a las 12 del mediodía como habían solicitado personalidades y organizaciones de todas las ideologías.
Las autoridades estiman que al menos un millón de personas participaron en estas marchas en el país. Colombianos en otros 19 países, entre ellos Francia, España, Panamá y Estados Unidos también realizaron marchas similares.
Tuvieron que morir en cautiverio 11 diputados secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace cinco años, según se conoció la semana pasada, para que, por primera vez en la historia de este país, y sin importar el bando al que pertenecía cada uno o la manera en que querían alcanzar la paz, todos salieran a la calle a exigir a gritos el fin de la violencia, la liberación de los secuestrados y la entrega de los cadáveres.
La plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, era el perfecto reflejo de lo que estaba ocurriendo en todo el país. La gente fue llenando poco a poco el lugar hasta que, a las 12 en punto, la estatua del libertador pudo divisar por primera vez en muchos años un escenario completamente abarrotado.
Mientras unos clamaban por la realización de un acuerdo humanitario que, según ellos, depende de que el presidente Álvaro Uribe desmilitarice dos municipios cercanos a Cali para sentarse a negociar el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, como exigen las FARC, otros pedían la liberación incondicional de los plagiados, sin acuerdos ni despejes.
“El acuerdo humanitario depende de las FARC y del gobierno, pero más del gobierno porque en sus manos está el despeje”, explicó Julio Hernández, padre de un teniente de la policía secuestrado hace más de 8 años, cuya prueba de vida tuvo la oportunidad de ver el pasado martes a través de un video entregado por las FARC al canal de televisón qatarí Al-Jazeera. “Lo vi muy acabado, han acabado con la vida de mi hijo” se lamenta Julio que, como todos los miembros de Asfamipaz, organización que representa a los policías y soldados secuestrados, lucía una camiseta con la foto de su hijo. Todos los martes, desde hace cuatro años, la organización se manifiesta en esta misma plaza para pedir por sus seres queridos. Nunca pensaron que algún día tanta gente se les fuera a unir.
Marleny Orjuela, cabeza de Asfamipaz, dijo a EL UNIVERSAL que pedir a las FARC la liberación incondicional es inútil: “Es muy difícil que los liberen de manera unilateral, por eso la única solución es el acuerdo humanitario”.
No opinó lo mismo Adriana, cuya precaria pancarta decía “FARC, asesinos, cobardes, no al despeje”. Su voz temblaba de ira y rabia contenida mientras explicaba que “estoy cansada de secuestros, de violencia y de que este grupo asesino nos mate” a lo que añadió: “Yo no estoy aquí pidiendo, no estoy arrodillada, no puedo rogarle a un asesino, les estoy exigiendo que los liberen”.
A pesar de las ideas encontradas que confluyeron ayer en el centro de Bogotá, el acto no se politizó como muchos vaticinaron y todos pudieron expresar sus sentimientos. La locura se tomó la Plaza cuando el presidente Uribe llegó caminando desde el adyacente palacio de Nariño para ser el primero, acompañado por su mujer y sus dos hijos, en formar parte de la cadena humana que por unos minutos se desplegó por el centro de la ciudad. Luego entró en la Catedral para asistir a una misa por todos los secuestrados en la que también participaron Lucho Garzón, alcalde de Bogotá, y Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada hace cinco años, cuyas diferencias con el presidente son de sobra conocidas.
Las protestas se sucedieron por todo el país. En las principales ciudades la gente se tomó de las manos, ondeó banderas blancas y el tráfico se paralizó, mientras en Medellín el cantante Juanes interpretaba la canción “Volverte a ver”.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
María Pérez-Plá
El Universal
Viernes 06 de julio de 2007
El país sudamericano se paraliza durante cinco minutos y exige el fin de la violencia a grupos insurgentes; en Cali todos portaban flores blancas, en Bogotá hicieron sonar sus silbatos durante cinco minutos y en Medellín escucharon al cantante Juanes
BOGOTÁ.— Colombia despertó por fin de un letargo que dura ya años y salió ayer a las calles para exigir la liberación de todos los secuestrados. En las principales ciudades del país cientos de miles de personas se unieron en un único grito a través de distintos actos: en Cali todos portaban flores blancas, en Bogotá hicieron sonar sus silbatos durante cinco minutos y en Medellín escucharon al cantante Juanes. El país se paralizó a las 12 del mediodía como habían solicitado personalidades y organizaciones de todas las ideologías.
Las autoridades estiman que al menos un millón de personas participaron en estas marchas en el país. Colombianos en otros 19 países, entre ellos Francia, España, Panamá y Estados Unidos también realizaron marchas similares.
Tuvieron que morir en cautiverio 11 diputados secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace cinco años, según se conoció la semana pasada, para que, por primera vez en la historia de este país, y sin importar el bando al que pertenecía cada uno o la manera en que querían alcanzar la paz, todos salieran a la calle a exigir a gritos el fin de la violencia, la liberación de los secuestrados y la entrega de los cadáveres.
La plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, era el perfecto reflejo de lo que estaba ocurriendo en todo el país. La gente fue llenando poco a poco el lugar hasta que, a las 12 en punto, la estatua del libertador pudo divisar por primera vez en muchos años un escenario completamente abarrotado.
Mientras unos clamaban por la realización de un acuerdo humanitario que, según ellos, depende de que el presidente Álvaro Uribe desmilitarice dos municipios cercanos a Cali para sentarse a negociar el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, como exigen las FARC, otros pedían la liberación incondicional de los plagiados, sin acuerdos ni despejes.
“El acuerdo humanitario depende de las FARC y del gobierno, pero más del gobierno porque en sus manos está el despeje”, explicó Julio Hernández, padre de un teniente de la policía secuestrado hace más de 8 años, cuya prueba de vida tuvo la oportunidad de ver el pasado martes a través de un video entregado por las FARC al canal de televisón qatarí Al-Jazeera. “Lo vi muy acabado, han acabado con la vida de mi hijo” se lamenta Julio que, como todos los miembros de Asfamipaz, organización que representa a los policías y soldados secuestrados, lucía una camiseta con la foto de su hijo. Todos los martes, desde hace cuatro años, la organización se manifiesta en esta misma plaza para pedir por sus seres queridos. Nunca pensaron que algún día tanta gente se les fuera a unir.
Marleny Orjuela, cabeza de Asfamipaz, dijo a EL UNIVERSAL que pedir a las FARC la liberación incondicional es inútil: “Es muy difícil que los liberen de manera unilateral, por eso la única solución es el acuerdo humanitario”.
No opinó lo mismo Adriana, cuya precaria pancarta decía “FARC, asesinos, cobardes, no al despeje”. Su voz temblaba de ira y rabia contenida mientras explicaba que “estoy cansada de secuestros, de violencia y de que este grupo asesino nos mate” a lo que añadió: “Yo no estoy aquí pidiendo, no estoy arrodillada, no puedo rogarle a un asesino, les estoy exigiendo que los liberen”.
A pesar de las ideas encontradas que confluyeron ayer en el centro de Bogotá, el acto no se politizó como muchos vaticinaron y todos pudieron expresar sus sentimientos. La locura se tomó la Plaza cuando el presidente Uribe llegó caminando desde el adyacente palacio de Nariño para ser el primero, acompañado por su mujer y sus dos hijos, en formar parte de la cadena humana que por unos minutos se desplegó por el centro de la ciudad. Luego entró en la Catedral para asistir a una misa por todos los secuestrados en la que también participaron Lucho Garzón, alcalde de Bogotá, y Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada hace cinco años, cuyas diferencias con el presidente son de sobra conocidas.
Las protestas se sucedieron por todo el país. En las principales ciudades la gente se tomó de las manos, ondeó banderas blancas y el tráfico se paralizó, mientras en Medellín el cantante Juanes interpretaba la canción “Volverte a ver”.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
Julio 5 de 2007 -
Unidad contra el secuestro contrastó con división frente a cómo lograr libertad de plagiados
Muchas personas levantaron pancartas con mensajes como "No al despeje" y "¡Gobierno, firmeza, siempre firmeza!", y otras con "Sí al intercambio humanitario, no al rescate a sangre y fuego".
En todas las ciudades fue igual, pero donde más se evidenció la realidad del país dividido fue en Cali. Rechiflas apagaron la voz de Carolina Charry, hija del ex diputado muerto Carlos Alberto Charry, cuando después de presentarse dijo que su papá había sido "asesinado por las Farc con la complicidad del Gobierno Nacional, que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida".
Los familiares de los ex diputados asesinados delegaron sus palabras en ella, que no fue más blanda con la guerrilla, de la que dijo, Colombia "se avergüenza porque perdió el rumbo y ha sido incapaz militar, ideológica y políticamente de lograr el respaldo del país".
Remató con un reclamo firme: "Nuestros muertos nos pertenecen".
Reacción del Gobierno
La idea era que solo ella hablara, pero ante las palabras contra el Gobierno, el ministro del Interior, Carlos Holguín, no se pudo contener y tomó el micrófono: "A mí me da pena, respeto el dolor de Carolina y de todos los familiares, respeto sus palabras, pero tengo que rechazar la acusación de que el Gobierno haya sido cómplice", dijo.
Los sentimientos distintos que tiene el país sobre la firmeza de Uribe -que por evidentes fueron reseñados por distintas agencias internacionales de noticias y por la CNN en español- son los que aprovechan las Farc y los que ponen al Presidente en una encrucijada.
Él mismo contó el viernes, después de su visita a los familiares de los ex diputados, sobre el dolor que le causaron los reclamos y lo difícil que fue oír esa misma noche a Lina, su esposa. Ella le dijo que él podía bendecir a sus hijos antes de acostarse, pero que otros muchachos, refiriéndose a los hijos de los ex diputados, ya no podían recibir una bendición.
Ayer, horas antes de que se manifestaran en la calle los colombianos que respaldan su política y los que le piden ceder, había dicho en Chaparral (Tolima): "Sí despejaré a Pradera y a Florida, pero del terrorismo y no de las instituciones del Estado".
La manera de actuar frente a la guerrilla de 'Marulanda', cuando se sabe que es capaz de matar a sus secuestrados si se siente acosada, ha dividido incluso a la izquierda.
La carta del senador Gustavo Petro al presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, en la que dice que a ese partido le ha faltado "actuar de manera más decidida contra las Farc", así lo muestra.
Esa guerrilla, sin duda, tenderá a endurecerse aprovechando la presión que hay sobre Uribe
Publicado en www.eltiempo.com
Unidad contra el secuestro contrastó con división frente a cómo lograr libertad de plagiados
Muchas personas levantaron pancartas con mensajes como "No al despeje" y "¡Gobierno, firmeza, siempre firmeza!", y otras con "Sí al intercambio humanitario, no al rescate a sangre y fuego".
En todas las ciudades fue igual, pero donde más se evidenció la realidad del país dividido fue en Cali. Rechiflas apagaron la voz de Carolina Charry, hija del ex diputado muerto Carlos Alberto Charry, cuando después de presentarse dijo que su papá había sido "asesinado por las Farc con la complicidad del Gobierno Nacional, que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida".
Los familiares de los ex diputados asesinados delegaron sus palabras en ella, que no fue más blanda con la guerrilla, de la que dijo, Colombia "se avergüenza porque perdió el rumbo y ha sido incapaz militar, ideológica y políticamente de lograr el respaldo del país".
Remató con un reclamo firme: "Nuestros muertos nos pertenecen".
Reacción del Gobierno
La idea era que solo ella hablara, pero ante las palabras contra el Gobierno, el ministro del Interior, Carlos Holguín, no se pudo contener y tomó el micrófono: "A mí me da pena, respeto el dolor de Carolina y de todos los familiares, respeto sus palabras, pero tengo que rechazar la acusación de que el Gobierno haya sido cómplice", dijo.
Los sentimientos distintos que tiene el país sobre la firmeza de Uribe -que por evidentes fueron reseñados por distintas agencias internacionales de noticias y por la CNN en español- son los que aprovechan las Farc y los que ponen al Presidente en una encrucijada.
Él mismo contó el viernes, después de su visita a los familiares de los ex diputados, sobre el dolor que le causaron los reclamos y lo difícil que fue oír esa misma noche a Lina, su esposa. Ella le dijo que él podía bendecir a sus hijos antes de acostarse, pero que otros muchachos, refiriéndose a los hijos de los ex diputados, ya no podían recibir una bendición.
Ayer, horas antes de que se manifestaran en la calle los colombianos que respaldan su política y los que le piden ceder, había dicho en Chaparral (Tolima): "Sí despejaré a Pradera y a Florida, pero del terrorismo y no de las instituciones del Estado".
La manera de actuar frente a la guerrilla de 'Marulanda', cuando se sabe que es capaz de matar a sus secuestrados si se siente acosada, ha dividido incluso a la izquierda.
La carta del senador Gustavo Petro al presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, en la que dice que a ese partido le ha faltado "actuar de manera más decidida contra las Farc", así lo muestra.
Esa guerrilla, sin duda, tenderá a endurecerse aprovechando la presión que hay sobre Uribe
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Los colombianos cierran filas contra las FARC con una histórica jornada de manifestaciones
Sectores de toda la sociedad salen a la calle para exigir la liberación de los secuestrados y a denunciar los crímenes de la guerrilla
EFE - Bogotá - 05/07/2007
Como en muy pocas ocasiones en la historia reciente de Colombia, la sociedad ha salido este jueves a las calles para protestar contra la guerrilla de las FAR y exigir a los secuestradores la liberación de todos sus cautivos. En cada ciudad y pueblo ha habido manifestaciones de repudio contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una jornada a la que se han sumado los más variados sectores de la actividad nacional.
Sindicatos, empresarios, partidos de todas las tendencias, entes estatales, el Gobierno y las autoridades regionales y municipales, han convocado a la población a protestar y exigir a ese grupo rebelde la libertad de los secuestrados y el respeto por la vida. La iniciativa, promovida inicialmente la semana pasada por el Gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, se planteó como una protesta por la muerte el pasado 18 de junio de once colombianos cautivos de las FARC, a los que el grupo rebelde había secuestrado hace cinco años, cuando eran diputados de ese departamento. La guerrilla atribuyó estas muertes a un "ataque militar" al campamento, una versión que rechazó de plano el Gobierno de Uribe.
Los familiares exigen sus muertos
La movilización, que en las grandes urbes como Bogotá, Medellín y Cali, ha colapsado el tráfico, ha exigido además que las FARC entreguen los cadáveres de los diputados a sus familiares, así como los de otros secuestrados que se sabe murieron en cautiverio y de cuyos restos mortales se desconoce el paradero.
El presidente del país, Álvaro Uribe, ha insistido en que no habrá "desmilitarización" de dos municipios, como exigen las FARC para negociar un acuerdo humanitario que permita liberar a secuestrados, y ha dicho que, en vez de despejar territorios, es preciso despejar de terroristas el país.
Cuatro décadas de guerra
Tras más de cuatro décadas de conflicto armado, con millones de desplazado internos y emigrados, millares de muertos y secuestrados, muchos en zonas rurales, el principal escenario de la violencia, Colombia no ha encontrado aún la solución a esa encrucijada alimentada por el narcotráfico, otro flagelo de vieja data que ha financiado la violencia y permeado la sociedad.
La jornada de este jueves ha estado enmarcada por una multitudinaria participación -"ríos humanos" como describían la radio y la televisión-, que se ha concentrado al mediodía, cuando por unos pocos minutos, se han paralizado todas las actividades cotidianas.
Las FARC es una organización que está calificada como grupo terrorista desde hace varios años por Estados Unidos y por la Unión Europea. De los varios centenares de secuestrados que retienen, las FARC consideran a 45 de ellos "canjeables" (entre ellos la candidata Ingrid Betacour) por miembros de su organización presos en cárceles colombianas y de Estados Unidos.
Publicado en www.elpais.com
Sectores de toda la sociedad salen a la calle para exigir la liberación de los secuestrados y a denunciar los crímenes de la guerrilla
EFE - Bogotá - 05/07/2007
Como en muy pocas ocasiones en la historia reciente de Colombia, la sociedad ha salido este jueves a las calles para protestar contra la guerrilla de las FAR y exigir a los secuestradores la liberación de todos sus cautivos. En cada ciudad y pueblo ha habido manifestaciones de repudio contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una jornada a la que se han sumado los más variados sectores de la actividad nacional.
Sindicatos, empresarios, partidos de todas las tendencias, entes estatales, el Gobierno y las autoridades regionales y municipales, han convocado a la población a protestar y exigir a ese grupo rebelde la libertad de los secuestrados y el respeto por la vida. La iniciativa, promovida inicialmente la semana pasada por el Gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, se planteó como una protesta por la muerte el pasado 18 de junio de once colombianos cautivos de las FARC, a los que el grupo rebelde había secuestrado hace cinco años, cuando eran diputados de ese departamento. La guerrilla atribuyó estas muertes a un "ataque militar" al campamento, una versión que rechazó de plano el Gobierno de Uribe.
Los familiares exigen sus muertos
La movilización, que en las grandes urbes como Bogotá, Medellín y Cali, ha colapsado el tráfico, ha exigido además que las FARC entreguen los cadáveres de los diputados a sus familiares, así como los de otros secuestrados que se sabe murieron en cautiverio y de cuyos restos mortales se desconoce el paradero.
El presidente del país, Álvaro Uribe, ha insistido en que no habrá "desmilitarización" de dos municipios, como exigen las FARC para negociar un acuerdo humanitario que permita liberar a secuestrados, y ha dicho que, en vez de despejar territorios, es preciso despejar de terroristas el país.
Cuatro décadas de guerra
Tras más de cuatro décadas de conflicto armado, con millones de desplazado internos y emigrados, millares de muertos y secuestrados, muchos en zonas rurales, el principal escenario de la violencia, Colombia no ha encontrado aún la solución a esa encrucijada alimentada por el narcotráfico, otro flagelo de vieja data que ha financiado la violencia y permeado la sociedad.
La jornada de este jueves ha estado enmarcada por una multitudinaria participación -"ríos humanos" como describían la radio y la televisión-, que se ha concentrado al mediodía, cuando por unos pocos minutos, se han paralizado todas las actividades cotidianas.
Las FARC es una organización que está calificada como grupo terrorista desde hace varios años por Estados Unidos y por la Unión Europea. De los varios centenares de secuestrados que retienen, las FARC consideran a 45 de ellos "canjeables" (entre ellos la candidata Ingrid Betacour) por miembros de su organización presos en cárceles colombianas y de Estados Unidos.
Publicado en www.elpais.com
Julio 5 de 2007 - 2:30 p.m.
Un grito unánime contra el secuestro se tomó hoy las calles y plazas de Colombia
Marchas, misas, pancartas con mensajes de aliento para los secuestrados, pitos, sirenas y una cadena humana en Bogotá unieron en un solo sentimiento a todos los colombianos.
El clamor central de la protesta masiva de los ciudadanos fue para que las Farc devuelvan los cadáveres de los 11 diputados del Valle asesinados el pasado 18 de junio, después de cinco años en poder del grupo guerrillero.
Las marchas en todas las ciudades del país las encabezaron los familiares de las víctimas de los secuestrados con pancartas, mensajes de aliento, y una sola petición: que devuelvan a todas las personas secuestradas.
En Neiva (Huila) la marcha la encabezaron el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el director Nacional de la Policía, general Óscar Naranjo y los altos mandos militares.
Detrás de ellos, personas con los ojos vendados y encadenados exigieron el acuerdo humanitario. La marcha pasó por el sitio Torres de Miraflores, de donde las Farc sacaron a 16 personas el 21 de julio del 2001.
"Contra el secuestro, por la libertad de los secuestrados, por la entrega, sin condiciones de los cuerpos de los diputados, sin condiciones", se leía en un pendón gigante ubicado en la fachada de la Gobernación del Valle, de donde partió la marcha en Cali.
En la sede de la Asamblea, el mismo sitio donde fueron sacados por las Farc, hace cinco años los 12 ex diputados del Valle, también se instaló otro pendón gigante con la misma leyenda, solo que finaliza con un ¡No más! y tenía las fotos de las 11 personas que murieron en cautiverio.
En Medellín, la jornada comenzó con coin una misa para pedir la liberación de todos los secuestrados y la entrega sin condiciones de los cuerpos de los 11 diputados del Valle del Cauca, muertos en cautiverio.
Unas cinco mil personas con camisas blancas se reunieron esta mañana en las afueras de la Basílica Metropolitana de Medellín en la eucaristía con la que comenzó la jornada. En la homilía la Iglesia pidió de nuevo que haya acercamiento entre el Gobierno Nacional y la guerrilla con miras a la liberación de los secuestrados.
La marcha la encabezaron el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en representación del Gobierno Nacional; el gobernador, Aníbal Gaviria; el alcalde, Sergio Fajardo; el cantante Juanes y la medallista olímpica, María Luisa Calle.
En la costa Caribe también predominó el blanco. La gente se dió cita con pancartas en las que se vieron conmovedores mensajes para los secuestrados y fotografías de quienes permanecen en cautiverio.
Las marchas se reunieron en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en celebraciones religiosas. Al mediodía hubo parálisis total y el sonaron pitos y sirenas.
En Bogotá, una gran bandera de colombia se extiendía sobre el costado oriental de la carrera Séptima. Miles de personas se unieron en una gran cadena humana a las 12 del día.
Protesta en Madrid y Washington
En Washington, unos cien colombianos se congregaron en la residencia de la embajadora, Carolina Barco, donde un sacerdote ofreció una oración por la liberación de los secuestrados.
Entre los asistentes estaba Julián Hoyos, hermano de Jairo Hoyos, uno de los diputados que murió en poder de las Farc. Hoyos dijo que Colombia tenía que unirse para derrotar a los terroristas que estaban acabando con el país.
Unas 200 personas se reunieron en los jardines de la Casa de América de Madrid (Madrid) para unirse a la protesta. Además de los colombianos, asistieron algunos españoles.
Los presentes guardaron un minuto de silencio y el cantante Andrés Cabas entonó el himno nacional colombiano. Se apostaron velas en varias hileras alrededor del jardín, además de las que portaban los participantes.
Vicepresidente teme que no devuelvan los cadáveres
Aunque los colombianos esperan que esta protesta sirva para que las Farc devuelvan los cadáveres de los diputados, el Vicepresidente manifestó a primera hora de la mañana su temor de que no ocurra así porque se demostraría que los mataron a sangre fría.
"Yo creo que hubo un error no se de qué dimensiones y los asesinaron a sangre fría, y ahora están buscando una disculpa", dijo Francisco Santos.
El Vicepresidente apoyó su opinión en el hecho de que veinte días después de la muerte de los 11 diputados del Valle, las Farc no han devuelto los cadáveres.
"Mucho me temo que no los vaya a devolver", dijo Santos, al asegurar que "si los devuelven todos los colombianos nos vamos a dar cuenta que fue un asesinato sin absolutamente ninguna provocación".
Santos reiteró la posición del Gobierno en el sentido de que no hubo operativos ni acciones militares que provocaran a la guerrilla de las Farc en el caso del crimen de los diputados.
Publicado en www.eltiempo.com
Un grito unánime contra el secuestro se tomó hoy las calles y plazas de Colombia
Marchas, misas, pancartas con mensajes de aliento para los secuestrados, pitos, sirenas y una cadena humana en Bogotá unieron en un solo sentimiento a todos los colombianos.
El clamor central de la protesta masiva de los ciudadanos fue para que las Farc devuelvan los cadáveres de los 11 diputados del Valle asesinados el pasado 18 de junio, después de cinco años en poder del grupo guerrillero.
Las marchas en todas las ciudades del país las encabezaron los familiares de las víctimas de los secuestrados con pancartas, mensajes de aliento, y una sola petición: que devuelvan a todas las personas secuestradas.
En Neiva (Huila) la marcha la encabezaron el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el director Nacional de la Policía, general Óscar Naranjo y los altos mandos militares.
Detrás de ellos, personas con los ojos vendados y encadenados exigieron el acuerdo humanitario. La marcha pasó por el sitio Torres de Miraflores, de donde las Farc sacaron a 16 personas el 21 de julio del 2001.
"Contra el secuestro, por la libertad de los secuestrados, por la entrega, sin condiciones de los cuerpos de los diputados, sin condiciones", se leía en un pendón gigante ubicado en la fachada de la Gobernación del Valle, de donde partió la marcha en Cali.
En la sede de la Asamblea, el mismo sitio donde fueron sacados por las Farc, hace cinco años los 12 ex diputados del Valle, también se instaló otro pendón gigante con la misma leyenda, solo que finaliza con un ¡No más! y tenía las fotos de las 11 personas que murieron en cautiverio.
En Medellín, la jornada comenzó con coin una misa para pedir la liberación de todos los secuestrados y la entrega sin condiciones de los cuerpos de los 11 diputados del Valle del Cauca, muertos en cautiverio.
Unas cinco mil personas con camisas blancas se reunieron esta mañana en las afueras de la Basílica Metropolitana de Medellín en la eucaristía con la que comenzó la jornada. En la homilía la Iglesia pidió de nuevo que haya acercamiento entre el Gobierno Nacional y la guerrilla con miras a la liberación de los secuestrados.
La marcha la encabezaron el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en representación del Gobierno Nacional; el gobernador, Aníbal Gaviria; el alcalde, Sergio Fajardo; el cantante Juanes y la medallista olímpica, María Luisa Calle.
En la costa Caribe también predominó el blanco. La gente se dió cita con pancartas en las que se vieron conmovedores mensajes para los secuestrados y fotografías de quienes permanecen en cautiverio.
Las marchas se reunieron en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en celebraciones religiosas. Al mediodía hubo parálisis total y el sonaron pitos y sirenas.
En Bogotá, una gran bandera de colombia se extiendía sobre el costado oriental de la carrera Séptima. Miles de personas se unieron en una gran cadena humana a las 12 del día.
Protesta en Madrid y Washington
En Washington, unos cien colombianos se congregaron en la residencia de la embajadora, Carolina Barco, donde un sacerdote ofreció una oración por la liberación de los secuestrados.
Entre los asistentes estaba Julián Hoyos, hermano de Jairo Hoyos, uno de los diputados que murió en poder de las Farc. Hoyos dijo que Colombia tenía que unirse para derrotar a los terroristas que estaban acabando con el país.
Unas 200 personas se reunieron en los jardines de la Casa de América de Madrid (Madrid) para unirse a la protesta. Además de los colombianos, asistieron algunos españoles.
Los presentes guardaron un minuto de silencio y el cantante Andrés Cabas entonó el himno nacional colombiano. Se apostaron velas en varias hileras alrededor del jardín, además de las que portaban los participantes.
Vicepresidente teme que no devuelvan los cadáveres
Aunque los colombianos esperan que esta protesta sirva para que las Farc devuelvan los cadáveres de los diputados, el Vicepresidente manifestó a primera hora de la mañana su temor de que no ocurra así porque se demostraría que los mataron a sangre fría.
"Yo creo que hubo un error no se de qué dimensiones y los asesinaron a sangre fría, y ahora están buscando una disculpa", dijo Francisco Santos.
El Vicepresidente apoyó su opinión en el hecho de que veinte días después de la muerte de los 11 diputados del Valle, las Farc no han devuelto los cadáveres.
"Mucho me temo que no los vaya a devolver", dijo Santos, al asegurar que "si los devuelven todos los colombianos nos vamos a dar cuenta que fue un asesinato sin absolutamente ninguna provocación".
Santos reiteró la posición del Gobierno en el sentido de que no hubo operativos ni acciones militares que provocaran a la guerrilla de las Farc en el caso del crimen de los diputados.
Publicado en www.eltiempo.com
miércoles, 4 de julio de 2007
Porqué Uribe no quiere facilitar la entrega de los cadáveres?
Porqué Uribe no quiere facilitar la entrega de los cadáveres?
Uribe Vélez, presidente narcoparamilitar de Colombia!
Según las Farc han pedido "la disminución de la confrontación militar" en la zona donde murieron los diputados para proceder a entregar los despojos mortales. Llamamos a los colombianos a no dejarse engañar con la marcha-farsa de mañana. A que continuemos levantando las consignas: ¡A facilitar la entrega de los cuerpos de los diputados muertos en fuego cruzado! ¡Si al intercambio Humanitario! ¡No al rescate a sangre y fuego! ¡Solución Política al conflicto armado colombiano!
[ANNCOL]
Apoyado en los grandes monopolios informativos, el presidente Uribe continúa mintiéndole al país. Según los comunicados y la última carta enviada a los familiares de los retenidos en medio del conflicto, las Farc no han solicitado un despeje de ninguna zona del país para proceder a entregar los cadáveres de los 11 diputados del Valle que murieron el 18 de junio en medio del fuego cruzado, cuando un grupo no identificado atacó el campamento donde se encontraban.
Han pedido, eso si, la “disminución de la confrontación militar en la zona donde se sucedieron los hechos” para proceder a entregar los despojos mortales a sus familiares, como lo anunció de buena voluntad el Jefe de la Comisión Internacional de las Farc, Raúl Reyes. De esto para nada ha hecho mención Uribe Vélez actuando como un verdadero autista.
Pero la demencial actitud de Uribe para obtener una supuesta victoria propagandística sobre la insurgencia revolucionaria, que los acontecimientos militares le niegan, y sin importarle ninguna otra consideración humanitaria, tuerce una vez más los hechos y dice a su falsimedia, que las Farc solicitan un despeje de territorios.
Según informaciones llegadas a ANNCOl, la zona Sur-occidental del país es la región en donde se concentra el mayor número de enfrentamientos y de tropas.
¿Qué busca Uribe y las FF.MM que él comanda? Una cosa muy sencilla: convertir la entrega de los cadáveres de los diputados en una batalla militar que le permita en medio de los terribles bombardeos que se están dando, hacer desaparecer los cadáveres, para que NO se sepa la Verdad de lo que ocurrió en aquel ataque. Que no se sepa cuales armas extranjeras de altísima potencia muchas de ellas desconocidas en el país, se utilizaron aquel día. Que solo se entreguen huesos roídos como los que presentan como victorias contra la guerrilla sus Paramilitares. Que no se sepa la verdad. Que no haya evidencias que lo comprometan en un futuro como criminal de guerra.
Por esa misma razón insulta a más no poder, a los pases facilitadores como Suiza, Francia, España y últimamente Alemania, que hicieron “únicamente” la propuesta de crear una Comisión de Encuesta que basada en el DIH y desde una posición objetiva y neutral, aclarara estos hechos de guerra.
En alianza con el moderno monseñor Rubiano, actual capellán que bendice sus fuerzas armadas y maldice con odio satánico a los guerrilleros, llaman desde el púlpito mediático puesto a su servicio, a una manifestación callejera para pedir a las Farc que entreguen los cadáveres, que saben de antemano no serán entregados, mientras existan los terribles combates que se están dando en la región y que los países facilitadores o la misma ONU, bien podrían comprobar en el terreno. Ya no solo se trata de proteger a los guerrilleros vivos, sino también a los cadáveres de los diputados. Se trata de que los casos del cura Camilo Torres o el reciente de Lacuture en la Sierra Nevada, no se vuelvan a repetir.
Pretenden en un acto más de fariseos, torcer para sus grandes intereses guerreristas, las expresiones espontáneas y el clamor ciudadano en Colombia y el mundo, para que se realice un intercambio humanitario en Florida y Pradera, y se suspenda la orden militar presidencial de los rescates a sangre fuego.
Llamamos a los colombianos a no dejarse engañar con la marcha-farsa de mañana. A que continuemos levantando las consignas: ¡A facilitar la entrega de los cuerpos de los diputados muertos en fuego cruzado! ¡Si al intercambio Humanitario! ¡No al rescate a sangre y fuego! ¡Solución Política al conflicto armado colombiano!
Publicado en www.anncol.org
Uribe Vélez, presidente narcoparamilitar de Colombia!
Según las Farc han pedido "la disminución de la confrontación militar" en la zona donde murieron los diputados para proceder a entregar los despojos mortales. Llamamos a los colombianos a no dejarse engañar con la marcha-farsa de mañana. A que continuemos levantando las consignas: ¡A facilitar la entrega de los cuerpos de los diputados muertos en fuego cruzado! ¡Si al intercambio Humanitario! ¡No al rescate a sangre y fuego! ¡Solución Política al conflicto armado colombiano!
[ANNCOL]
Apoyado en los grandes monopolios informativos, el presidente Uribe continúa mintiéndole al país. Según los comunicados y la última carta enviada a los familiares de los retenidos en medio del conflicto, las Farc no han solicitado un despeje de ninguna zona del país para proceder a entregar los cadáveres de los 11 diputados del Valle que murieron el 18 de junio en medio del fuego cruzado, cuando un grupo no identificado atacó el campamento donde se encontraban.
Han pedido, eso si, la “disminución de la confrontación militar en la zona donde se sucedieron los hechos” para proceder a entregar los despojos mortales a sus familiares, como lo anunció de buena voluntad el Jefe de la Comisión Internacional de las Farc, Raúl Reyes. De esto para nada ha hecho mención Uribe Vélez actuando como un verdadero autista.
Pero la demencial actitud de Uribe para obtener una supuesta victoria propagandística sobre la insurgencia revolucionaria, que los acontecimientos militares le niegan, y sin importarle ninguna otra consideración humanitaria, tuerce una vez más los hechos y dice a su falsimedia, que las Farc solicitan un despeje de territorios.
Según informaciones llegadas a ANNCOl, la zona Sur-occidental del país es la región en donde se concentra el mayor número de enfrentamientos y de tropas.
¿Qué busca Uribe y las FF.MM que él comanda? Una cosa muy sencilla: convertir la entrega de los cadáveres de los diputados en una batalla militar que le permita en medio de los terribles bombardeos que se están dando, hacer desaparecer los cadáveres, para que NO se sepa la Verdad de lo que ocurrió en aquel ataque. Que no se sepa cuales armas extranjeras de altísima potencia muchas de ellas desconocidas en el país, se utilizaron aquel día. Que solo se entreguen huesos roídos como los que presentan como victorias contra la guerrilla sus Paramilitares. Que no se sepa la verdad. Que no haya evidencias que lo comprometan en un futuro como criminal de guerra.
Por esa misma razón insulta a más no poder, a los pases facilitadores como Suiza, Francia, España y últimamente Alemania, que hicieron “únicamente” la propuesta de crear una Comisión de Encuesta que basada en el DIH y desde una posición objetiva y neutral, aclarara estos hechos de guerra.
En alianza con el moderno monseñor Rubiano, actual capellán que bendice sus fuerzas armadas y maldice con odio satánico a los guerrilleros, llaman desde el púlpito mediático puesto a su servicio, a una manifestación callejera para pedir a las Farc que entreguen los cadáveres, que saben de antemano no serán entregados, mientras existan los terribles combates que se están dando en la región y que los países facilitadores o la misma ONU, bien podrían comprobar en el terreno. Ya no solo se trata de proteger a los guerrilleros vivos, sino también a los cadáveres de los diputados. Se trata de que los casos del cura Camilo Torres o el reciente de Lacuture en la Sierra Nevada, no se vuelvan a repetir.
Pretenden en un acto más de fariseos, torcer para sus grandes intereses guerreristas, las expresiones espontáneas y el clamor ciudadano en Colombia y el mundo, para que se realice un intercambio humanitario en Florida y Pradera, y se suspenda la orden militar presidencial de los rescates a sangre fuego.
Llamamos a los colombianos a no dejarse engañar con la marcha-farsa de mañana. A que continuemos levantando las consignas: ¡A facilitar la entrega de los cuerpos de los diputados muertos en fuego cruzado! ¡Si al intercambio Humanitario! ¡No al rescate a sangre y fuego! ¡Solución Política al conflicto armado colombiano!
Publicado en www.anncol.org
El Ubérrimo satisfecho
El Ubérrimo satisfecho
Por: Miguel Suárez (RADIO CAFE STEREO) *
En un escueto comunicado de la guerrilla de las FARC-EP, publicado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, se dio a conocer esta semana la muerte luego de un intento de rescate a sangre y fuego ordenado por Uribe, de 11 diputados del valle del cauca, retenidos por esta organización política militar alzada en armas en el año 2002 cuando fungían como representantes de ese estado, al que esta organización combate.
El infausto desenlace se había previsto en diferentes ocasiones por parte de esta organización guerrillera que el mismo comunicado contó como habían logrado sacar del medio del fuego a estos diputados en otro intento de rescatarlos.
La historia de otros intentos de rescate fallidos ordenados por la oligarquía colombiana no fue óbice para que Uribe mantuviera su orden de rescate a sangre y fuego.
El fallido intento de rescate de Consuelo Araújo Noguera, quien fue asesinada por balas del ejercito y donde uno de los guerrilleros que la acompañaba fue arrojado a un abismo, caso que se dio el 21 de septiembre del 2001, en momentos en que en la practica, siendo candidato, Alvaro Uribe Vélez, era quien gobernaba el país, gracias al pacto de refundar la patria firmado por los paramiitares que dio al traste con el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP.
Pero el caso mas conocido y el fracaso mayor de la política de rescate a sangre y fuego de Alvaro Uribe Vélez, hasta ahora sucedido, fue el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, caídos bajo las balas del ejercito en el combate junto a seis militares cuando el Ejército intentaba rescatarlos en zona rural de Urrao, en el 2003.
Claro, aunque ellos, como los actuales diputados eran parte del estamento, no eran parte de la rancia oligarquía, o hermano de algún presidente, por lo tanto sus vidas no tenían mas valor que el de uso para la imagen del terrorismo de estado.
Juan Carlos Lecompte, compañero de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, en una entrevista a Radio Café Stéreo, predijo que si Alvaro Uribe Vélez, era reelecto, los retenidos sé podrirían en la selva.
Por su parte Yolanda Pulecio, madre de Ingrid había predicho este fatal desenlace cuando advirtió: 'Intentar rescatar por la vía militar a nuestros seres queridos sería condenarlos a muerte'.
Ahora los fatídicos hechos confirman lo todos conocíamos, la nula disposición de Uribe y de la oligarquía colombiana para propiciar un canje de prisioneros de guerra, tema que ha utilizado el actual presidente de la oligarquía colombiana, solo como pararrayos, porque el tema del canje no es de sus intereses.
Este tema solo ha sido del interés de la oligarquía cuando toca los intereses de alguno de sus miembros o alto representantes. Tenemos el caso del hermano del expresidente Cesar Gaviria, Juan Carlos Gaviria, fue canjeado con el grupo Gega, luego de la participación como negociador del propio jefe de la policía, el conocido hoy como general 'Serrucho', Rozo José serrano.
Otro caso conocido fue el del hoy vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, miembro de esa rancia oligarquía quien fue liberado por el cartel de Medellín, luego de una negociación entre Pablo Escobar y Cesar Gaviria Trujillo, el presidente de turno.
Pero como hoy los que están retenidos no son hermanos de ningún presidente ni miembros de rancia oligarquía, las posibilidades de canje son mínimas, a no ser de que la presión nacional e internacional, así como el cerco del escándalo del parauribismo obligue a Uribe y a la oligarquía colombiana a ceder en sus sanguinarias pretensiones, que hoy dejan el trágico saldo.
Los diputados fueron retenidos por las FARC-EP, en una cinematográfica acción en la cuidad de Cali, la segunda ciudad del país, cuando, en uso de su representación estatal seccionaban.
Conocido el insuceso Alvaro Uribe Vélez y su ejercito de ocupación negaron el haber dado orden de rescate militar y pretende tapar el hechos bajo una cantidad de mentiras que van pasado de loa absurdo hasta lo ridículo. Con la complicidad de algunos de los mal llamados periodistas.
Las órdenes de rescate militar de los retenidos han sido una constante dentro del gobierno de Uribe.
Antes de viajar a Cali, donde pretendió limpiar si imagen ante los familiares, Uribe, con el mayor descaro dijo que no había orden de rescate y que no realizaban en la zona ninguna operación militar, cosa contraria a la realidad ya que esta orden es reiterada por Uribe casi semanalmente.
El año pasado, en octubre (2006) el presidente Alvaro Uribe, a raíz del atentado al cantón norte del Ejército, en Bogotá, acabando con los acercamiento para el canje, ordeno una vez mas a sus esbirros el rescate militar, orden que ocasiono el inmediato repudio de los familiares de los diputados que hoy lloran esas ordenes.
El pasado 19 de Mayo (2007) durante la ceremonia de ascenso a director de la Policía del general Oscar Naranjo, Alvaro Uribe ordenó a la cúpula militar el rescate de los retenidos y especialmente el de Ingrid Betancourt.
La ultima orden de rescate a sangre y fuego fue reiterada por Alvaro Uribe, el pasado 18 de junio durante una visita a la base militar de Larandia, mismo día que una comisión internacional se reunía con el comandante Raúl Reyes para hablar del canje, orden que fue acatada por su ejército que horas después lanzo el mortal ataque.
Hoy gritan que no había operaciones de rescate pero en la pagina web del ejercito de ocupación reportaban acciones militares como la donde supuestamente cayo Jota Jota, que reportan fue una 'operación conjunta entre el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana'.
También reportan que la 'Columna móvil Jacobo Arenas de las FARC es diezmada por la Vigésima Novena Brigada' en combates en el departamento de Cauca así como las detenciones masivas y arbitrarias y señalamientos de terroristas en Florida.
Hoy muchos de estos falsos positivos han sido borrados para que concuerden con la versión que pretende venderle al mundo.
Así satisfechas sus ansias de sangre, con el mayor cinismo, hoy niega Uribe que ordeno el rescate a sangre y fuego, niegan las acciones militares y hasta llegan al ridículo de mentir, como los hace Alvaro Uribe, diciendo que las FARC-EP, mediante llamadas a los familiares de los diputados se han atribuido el hecho, cosa desmentida por los propios familiares.
La técnica de bombardear sin importarle a quien ni donde es confirmada por el mismo Fernando Araujo, hoy ministro de relaciones de exteriores, quien contaba que aprovechando un bombardeo del ejército se le escapo a la guerrilla.
Hoy dicen que no sabían de su ubicación y que no han habido operativos militares, no ordenes de rescate y que no saben quien ataco al grupo guerrillero, pero a renglón seguido dicen saber muchos detalles que según atribuyen a la guerrilla el asesinato a sangre fría. Luego si no habían ordenes de rescate, ni operativos militares en la zona que desconocían, ni conocían de la ubicación de los retenidos como alegan saber mínimos detalles que según ellos tiene su inteligencia militar?
Ante lo terrible del hecho, han optado por negar el ataque militar y juzgando a partir de su condición delincuencial, Alvaro Uribe y sus ministros del interior y de guerra, iniciaron, sin ninguna prueba, una gran campaña mediática para atribuir la responsabilidad del hecho a las propias FARC.
De mentiras, saben ellos. Es de recodar el embuste a la familia de Ingrid Betancourt y al gobierno francés, cuando Uribe asevero que un guerrillero llegado del monte directamente a su súper vigilado palacio y llego directo a su oficina y le contó que Ingrid iba a ser liberada porque estaba enferma.
Allí esta el caso del Club el Nogal, cuando al minuto y sin mediar investigación dijeron que eran las FARC y valiéndose de los medios de desinformación le vendieron ese embuste a algunos gobiernos bananeros, pero hasta hoy no presentan las pruebas de este hecho, en cambio si han aparecido muchos señalamiento de que ese sitio era lugar de reunión entre sus ministros y los narcoparamilitares que incluso tenían una oficina allí.
La cobardía y la complicidad llegan al extremo que un 'periodista' del medio de desinformación Caracol, plegándose a las falaces afirmaciones del gobierno, colocándose al servicio de la guerra ya anuncia, sin ninguna base, que los prisioneros fueron asesinados por las FARC, y ahora pretenden voltear este crimen de estado, causado por las bombas del Plan Colombia en contra de su opositor político la guerrilla de FARC-EP.
Pasando de un embuste a otro, como lo de que no había orden de rescate militar se cae por su propio peso, ya Uribe reiteraba esta casi a diario, negaron el que había operaciones militares, que ayer anunciaban victoriosamente y que hoy desaparecieron de sus pagina web, pasaron a la falsedad sacada de su mente criminal de que las FARC los había asesinado, tal parece que previendo lo que sucederá cuando lleguen los cadáveres, ahora anuncian que al fin y al cabo los responsables de la seguridad eran las FARC, porque ellos los retuvieron en el 2002, llegando a otra falacia, ya que los culpables del actual conflicto, que Uribe se empeña en negar, es la oligarquía colombiana, su intolerancia y su terrorismo de estado aplicado al pueblo colombiano hace mas de 50 años.
Este terrible hecho nos muestra una vez más la necesidad de una ley de canje y de la necesidad de una solución política al conflicto económico, social y militar en que estamos inmersos los colombianos por culpa de la intolerancia de esa santanderista oligarquía colombiana.
Hoy el Ubérrimo, Alvaro Uribe Vélez descansará luego de satisfecha su sed de sangre.
Publicado en www.argenpress.org
Por: Miguel Suárez (RADIO CAFE STEREO) *
En un escueto comunicado de la guerrilla de las FARC-EP, publicado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, se dio a conocer esta semana la muerte luego de un intento de rescate a sangre y fuego ordenado por Uribe, de 11 diputados del valle del cauca, retenidos por esta organización política militar alzada en armas en el año 2002 cuando fungían como representantes de ese estado, al que esta organización combate.
El infausto desenlace se había previsto en diferentes ocasiones por parte de esta organización guerrillera que el mismo comunicado contó como habían logrado sacar del medio del fuego a estos diputados en otro intento de rescatarlos.
La historia de otros intentos de rescate fallidos ordenados por la oligarquía colombiana no fue óbice para que Uribe mantuviera su orden de rescate a sangre y fuego.
El fallido intento de rescate de Consuelo Araújo Noguera, quien fue asesinada por balas del ejercito y donde uno de los guerrilleros que la acompañaba fue arrojado a un abismo, caso que se dio el 21 de septiembre del 2001, en momentos en que en la practica, siendo candidato, Alvaro Uribe Vélez, era quien gobernaba el país, gracias al pacto de refundar la patria firmado por los paramiitares que dio al traste con el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP.
Pero el caso mas conocido y el fracaso mayor de la política de rescate a sangre y fuego de Alvaro Uribe Vélez, hasta ahora sucedido, fue el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, caídos bajo las balas del ejercito en el combate junto a seis militares cuando el Ejército intentaba rescatarlos en zona rural de Urrao, en el 2003.
Claro, aunque ellos, como los actuales diputados eran parte del estamento, no eran parte de la rancia oligarquía, o hermano de algún presidente, por lo tanto sus vidas no tenían mas valor que el de uso para la imagen del terrorismo de estado.
Juan Carlos Lecompte, compañero de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, en una entrevista a Radio Café Stéreo, predijo que si Alvaro Uribe Vélez, era reelecto, los retenidos sé podrirían en la selva.
Por su parte Yolanda Pulecio, madre de Ingrid había predicho este fatal desenlace cuando advirtió: 'Intentar rescatar por la vía militar a nuestros seres queridos sería condenarlos a muerte'.
Ahora los fatídicos hechos confirman lo todos conocíamos, la nula disposición de Uribe y de la oligarquía colombiana para propiciar un canje de prisioneros de guerra, tema que ha utilizado el actual presidente de la oligarquía colombiana, solo como pararrayos, porque el tema del canje no es de sus intereses.
Este tema solo ha sido del interés de la oligarquía cuando toca los intereses de alguno de sus miembros o alto representantes. Tenemos el caso del hermano del expresidente Cesar Gaviria, Juan Carlos Gaviria, fue canjeado con el grupo Gega, luego de la participación como negociador del propio jefe de la policía, el conocido hoy como general 'Serrucho', Rozo José serrano.
Otro caso conocido fue el del hoy vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, miembro de esa rancia oligarquía quien fue liberado por el cartel de Medellín, luego de una negociación entre Pablo Escobar y Cesar Gaviria Trujillo, el presidente de turno.
Pero como hoy los que están retenidos no son hermanos de ningún presidente ni miembros de rancia oligarquía, las posibilidades de canje son mínimas, a no ser de que la presión nacional e internacional, así como el cerco del escándalo del parauribismo obligue a Uribe y a la oligarquía colombiana a ceder en sus sanguinarias pretensiones, que hoy dejan el trágico saldo.
Los diputados fueron retenidos por las FARC-EP, en una cinematográfica acción en la cuidad de Cali, la segunda ciudad del país, cuando, en uso de su representación estatal seccionaban.
Conocido el insuceso Alvaro Uribe Vélez y su ejercito de ocupación negaron el haber dado orden de rescate militar y pretende tapar el hechos bajo una cantidad de mentiras que van pasado de loa absurdo hasta lo ridículo. Con la complicidad de algunos de los mal llamados periodistas.
Las órdenes de rescate militar de los retenidos han sido una constante dentro del gobierno de Uribe.
Antes de viajar a Cali, donde pretendió limpiar si imagen ante los familiares, Uribe, con el mayor descaro dijo que no había orden de rescate y que no realizaban en la zona ninguna operación militar, cosa contraria a la realidad ya que esta orden es reiterada por Uribe casi semanalmente.
El año pasado, en octubre (2006) el presidente Alvaro Uribe, a raíz del atentado al cantón norte del Ejército, en Bogotá, acabando con los acercamiento para el canje, ordeno una vez mas a sus esbirros el rescate militar, orden que ocasiono el inmediato repudio de los familiares de los diputados que hoy lloran esas ordenes.
El pasado 19 de Mayo (2007) durante la ceremonia de ascenso a director de la Policía del general Oscar Naranjo, Alvaro Uribe ordenó a la cúpula militar el rescate de los retenidos y especialmente el de Ingrid Betancourt.
La ultima orden de rescate a sangre y fuego fue reiterada por Alvaro Uribe, el pasado 18 de junio durante una visita a la base militar de Larandia, mismo día que una comisión internacional se reunía con el comandante Raúl Reyes para hablar del canje, orden que fue acatada por su ejército que horas después lanzo el mortal ataque.
Hoy gritan que no había operaciones de rescate pero en la pagina web del ejercito de ocupación reportaban acciones militares como la donde supuestamente cayo Jota Jota, que reportan fue una 'operación conjunta entre el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana'.
También reportan que la 'Columna móvil Jacobo Arenas de las FARC es diezmada por la Vigésima Novena Brigada' en combates en el departamento de Cauca así como las detenciones masivas y arbitrarias y señalamientos de terroristas en Florida.
Hoy muchos de estos falsos positivos han sido borrados para que concuerden con la versión que pretende venderle al mundo.
Así satisfechas sus ansias de sangre, con el mayor cinismo, hoy niega Uribe que ordeno el rescate a sangre y fuego, niegan las acciones militares y hasta llegan al ridículo de mentir, como los hace Alvaro Uribe, diciendo que las FARC-EP, mediante llamadas a los familiares de los diputados se han atribuido el hecho, cosa desmentida por los propios familiares.
La técnica de bombardear sin importarle a quien ni donde es confirmada por el mismo Fernando Araujo, hoy ministro de relaciones de exteriores, quien contaba que aprovechando un bombardeo del ejército se le escapo a la guerrilla.
Hoy dicen que no sabían de su ubicación y que no han habido operativos militares, no ordenes de rescate y que no saben quien ataco al grupo guerrillero, pero a renglón seguido dicen saber muchos detalles que según atribuyen a la guerrilla el asesinato a sangre fría. Luego si no habían ordenes de rescate, ni operativos militares en la zona que desconocían, ni conocían de la ubicación de los retenidos como alegan saber mínimos detalles que según ellos tiene su inteligencia militar?
Ante lo terrible del hecho, han optado por negar el ataque militar y juzgando a partir de su condición delincuencial, Alvaro Uribe y sus ministros del interior y de guerra, iniciaron, sin ninguna prueba, una gran campaña mediática para atribuir la responsabilidad del hecho a las propias FARC.
De mentiras, saben ellos. Es de recodar el embuste a la familia de Ingrid Betancourt y al gobierno francés, cuando Uribe asevero que un guerrillero llegado del monte directamente a su súper vigilado palacio y llego directo a su oficina y le contó que Ingrid iba a ser liberada porque estaba enferma.
Allí esta el caso del Club el Nogal, cuando al minuto y sin mediar investigación dijeron que eran las FARC y valiéndose de los medios de desinformación le vendieron ese embuste a algunos gobiernos bananeros, pero hasta hoy no presentan las pruebas de este hecho, en cambio si han aparecido muchos señalamiento de que ese sitio era lugar de reunión entre sus ministros y los narcoparamilitares que incluso tenían una oficina allí.
La cobardía y la complicidad llegan al extremo que un 'periodista' del medio de desinformación Caracol, plegándose a las falaces afirmaciones del gobierno, colocándose al servicio de la guerra ya anuncia, sin ninguna base, que los prisioneros fueron asesinados por las FARC, y ahora pretenden voltear este crimen de estado, causado por las bombas del Plan Colombia en contra de su opositor político la guerrilla de FARC-EP.
Pasando de un embuste a otro, como lo de que no había orden de rescate militar se cae por su propio peso, ya Uribe reiteraba esta casi a diario, negaron el que había operaciones militares, que ayer anunciaban victoriosamente y que hoy desaparecieron de sus pagina web, pasaron a la falsedad sacada de su mente criminal de que las FARC los había asesinado, tal parece que previendo lo que sucederá cuando lleguen los cadáveres, ahora anuncian que al fin y al cabo los responsables de la seguridad eran las FARC, porque ellos los retuvieron en el 2002, llegando a otra falacia, ya que los culpables del actual conflicto, que Uribe se empeña en negar, es la oligarquía colombiana, su intolerancia y su terrorismo de estado aplicado al pueblo colombiano hace mas de 50 años.
Este terrible hecho nos muestra una vez más la necesidad de una ley de canje y de la necesidad de una solución política al conflicto económico, social y militar en que estamos inmersos los colombianos por culpa de la intolerancia de esa santanderista oligarquía colombiana.
Hoy el Ubérrimo, Alvaro Uribe Vélez descansará luego de satisfecha su sed de sangre.
Publicado en www.argenpress.org
Hay algo aquí que no va
Hay algo aquí que no va
Enviado por elturbion el Lun, 02/07/2007 - 12:26am. Editorial
Con el anuncio de la muerte de once de los doce ex diputados de la Asamblea departamental del Valle que, desde hace cinco años, permanecían retenidos por la guerrilla de las FARC, se ha abierto la puerta a un gigantesco debate nacional en el que han imperado la confusión, la multiplicidad de vagas hipótesis y la manipulación gubernamental del dolor de las familias de las víctimas.
Mientras las acusaciones corren de un lado para el otro, las lágrimas de las familias de los diputados secuestrados son mostradas a todo el país, ‘en vivo y a todo color’, por los principales monopolios mediáticos, que no muestran el más mínimo respeto por las víctimas, ni tampoco ningún interés por escuchar su quejas ante la indiferencia de un gobierno que insiste fanáticamente en un rescate militar de los rehenes que ya ha probado su inutilidad.
Desde la madrugada del jueves, cuando la agencia Anncol publicó un comunicado del Comando conjunto de occidente de la organización guerrillera señalando la muerte de estas personas “En medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”, el alud de versiones emitido por algunos medios, basadas solamente en conjeturas, sólo han contribuido a la confusión y la incertidumbre que han reinado desde entonces en el país.
Si bien es cierto que la vaguedad de los datos ofrecidos por los comunicados de la organización armada dejan un manto de duda importante sobre el caso, también es cierto que una plausibilidad de las hipótesis basada exclusivamente en suposiciones contradictorias y datos dispersos, ha sido una valiosa excusa para que el gobierno sostenga su versión de los hechos y se encuentren desarrollando una ofensiva diplomática y de opinión para negarse a pactar el intercambio humanitario.
En irresponsables, pero muy calculadas declaraciones, emitidas en cadena nacional al medio día del jueves y repetidas a las nueve de la noche de ese mismo día, Uribe Vélez y los más altos funcionarios de su gobierno insistieron en mantener la versión de una ejecución masiva practicada por las FARC. Partiendo de una conjetura, buscaron establecer una cortina de humo sobre el caso para eludir su responsabilidad en la muerte de estas personas, posible no sólo en el supuesto de un operativo militar secreto para liberarlas, o eliminarlas; sino por su intransigencia en la negociación del acuerdo.
Aún cuando desobedezca los mandatos del gobierno de Bush, que busca desesperadamente la liberación de los tres mercenarios de la empresa Dyncorp en poder la guerrilla; del gobierno de Sarkozy, que ha usado el caso de Ingrid Betancourt como comodín de su campaña política y la de su partido en las elecciones legislativas francesas; de la comunidad internacional, que se ha pronunciado vehementemente en diferentes espacios por el acuerdo; y hasta los de la propia ciudadanía colombiana, que ha apoyado el pedido de canje como una forma de reducir los efectos negativos que tiene la confrontación militar entre las partes, Uribe busca salir nuevamente fortalecido de esta situación para mejorar las condiciones en las que se desarrolla su proyecto autoritario. Exigiendo condenas a la guerrilla, negándose a cualquier propuesta que reactive las negociaciones o permita esclarecer la verdad sobre el caso, como la comisión de encuesta planteada por Francia, Suiza y España, y elevando una rabiosa y fanática voz de condena, el mandatario ha conseguido hacer eco en los sectores de opinión que le son más leales, entre ellos los monopolios de comunicación más poderosos del país, para convencer a la nación y al mundo de las nobles intenciones de su gobierno y de la inviabilidad de cualquier intento de negociación del canje con lo que él insiste en llamar una organización terrorista.
Los gritos de indignación del mandatario contrastan con la amnesia colectiva que se trata de imponer en este caso. Durante las últimas semanas, mientras el gobierno cedía a las presiones internacionales para liberar a un grupo de desertores de la organización armada y presos comunes, presentándolos como insurgentes, decía a los cuatro vientos que no iba a dejar de buscar el rescate militar de los retenidos, ordenando a los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía la realización de operativos de alta contundencia en las zonas en las que pudieran encontrarse los secuestrados. Operativos que, en pasadas ocasiones, causaron la muerte de numerosas personas.
Cabe resaltar aquí, sólo para ofrecer un ejemplo, que el veintidós de mayo cayó muerto en La Guajira Mauricio Vives Lacouture, quien había sido retenido por el ELN desde noviembre de 2005, durante un operativo de rescate negado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Vives, miembro de uno de los más poderosos clanes familiares de la Costa Atlántica, habría sido presentado inicialmente por el ejército como un insurgente muerto en combate y su cuerpo escondido para evitar investigaciones, lo cual ha sido denunciado por su hermano, el congresista Luís Eduardo Vives quien se encuentra detenido por presuntos nexos con el narcoparamilitarismo.
La ejecución de los secuestrados, sin dejar de ser posible, habría sido una torpeza política de enorme magnitud para la guerrilla. En un momento en que la presión internacional y de la opinión pública nacional había logrado que el gobierno aceptara la posibilidad de un intercambio, la entrega de estos retenidos habría sido su más grande carta política para avanzar en sus planes estratégicos y generar un respaldo más amplio a su propuesta y acciones.
No obstante, la pregunta fundamental en este punto es saber qué hacían los once diputados juntos en la zona en la que se calcula que cayeron. Si se recurre al sentido común y a los elementos básicos de cualquier lógica militar, no es posible pensar que el grupo guerrillero tuviese a tantas personas de tal importancia reunidas en un solo sitio, menos aún en una zona tan vulnerable como las montañas del sur del Valle del Cauca, donde se especula pudieron presentarse los hechos. Sin excluir ninguna posibilidad, incluido algún error de comando de la guerrilla que haya traído consigo el trágico desenlace, cabe preguntarse: ¿qué interés, entonces, podrían tener las FARC para tener concentrados a estos retenidos, arriesgándose a perder una poderosa carta de negociación? ¿acaso se estaban preparando las condiciones para un posible despeje de los municipios de Pradera y Florida que esa guerrilla ha exigido para realizar el canje?
La necesidad de conocer la verdad, cualquiera que sea, es una exigencia que los colombianos y las colombianas no podemos dejar de lado para conocer una cómoda versión oficial que no ofrece pruebas ni argumentos para sustentarse. Una situación de esta gravedad, impone el reclamo a las partes: gobierno y FARC, para que respondan por los hechos ante una población que, mayoritariamente, insiste en que el intercambio es una necesidad para frenar la degradación de la guerra que se ha impuesto en Colombia.
Publicado en www.elturbion.modep.org
Enviado por elturbion el Lun, 02/07/2007 - 12:26am. Editorial
Con el anuncio de la muerte de once de los doce ex diputados de la Asamblea departamental del Valle que, desde hace cinco años, permanecían retenidos por la guerrilla de las FARC, se ha abierto la puerta a un gigantesco debate nacional en el que han imperado la confusión, la multiplicidad de vagas hipótesis y la manipulación gubernamental del dolor de las familias de las víctimas.
Mientras las acusaciones corren de un lado para el otro, las lágrimas de las familias de los diputados secuestrados son mostradas a todo el país, ‘en vivo y a todo color’, por los principales monopolios mediáticos, que no muestran el más mínimo respeto por las víctimas, ni tampoco ningún interés por escuchar su quejas ante la indiferencia de un gobierno que insiste fanáticamente en un rescate militar de los rehenes que ya ha probado su inutilidad.
Desde la madrugada del jueves, cuando la agencia Anncol publicó un comunicado del Comando conjunto de occidente de la organización guerrillera señalando la muerte de estas personas “En medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”, el alud de versiones emitido por algunos medios, basadas solamente en conjeturas, sólo han contribuido a la confusión y la incertidumbre que han reinado desde entonces en el país.
Si bien es cierto que la vaguedad de los datos ofrecidos por los comunicados de la organización armada dejan un manto de duda importante sobre el caso, también es cierto que una plausibilidad de las hipótesis basada exclusivamente en suposiciones contradictorias y datos dispersos, ha sido una valiosa excusa para que el gobierno sostenga su versión de los hechos y se encuentren desarrollando una ofensiva diplomática y de opinión para negarse a pactar el intercambio humanitario.
En irresponsables, pero muy calculadas declaraciones, emitidas en cadena nacional al medio día del jueves y repetidas a las nueve de la noche de ese mismo día, Uribe Vélez y los más altos funcionarios de su gobierno insistieron en mantener la versión de una ejecución masiva practicada por las FARC. Partiendo de una conjetura, buscaron establecer una cortina de humo sobre el caso para eludir su responsabilidad en la muerte de estas personas, posible no sólo en el supuesto de un operativo militar secreto para liberarlas, o eliminarlas; sino por su intransigencia en la negociación del acuerdo.
Aún cuando desobedezca los mandatos del gobierno de Bush, que busca desesperadamente la liberación de los tres mercenarios de la empresa Dyncorp en poder la guerrilla; del gobierno de Sarkozy, que ha usado el caso de Ingrid Betancourt como comodín de su campaña política y la de su partido en las elecciones legislativas francesas; de la comunidad internacional, que se ha pronunciado vehementemente en diferentes espacios por el acuerdo; y hasta los de la propia ciudadanía colombiana, que ha apoyado el pedido de canje como una forma de reducir los efectos negativos que tiene la confrontación militar entre las partes, Uribe busca salir nuevamente fortalecido de esta situación para mejorar las condiciones en las que se desarrolla su proyecto autoritario. Exigiendo condenas a la guerrilla, negándose a cualquier propuesta que reactive las negociaciones o permita esclarecer la verdad sobre el caso, como la comisión de encuesta planteada por Francia, Suiza y España, y elevando una rabiosa y fanática voz de condena, el mandatario ha conseguido hacer eco en los sectores de opinión que le son más leales, entre ellos los monopolios de comunicación más poderosos del país, para convencer a la nación y al mundo de las nobles intenciones de su gobierno y de la inviabilidad de cualquier intento de negociación del canje con lo que él insiste en llamar una organización terrorista.
Los gritos de indignación del mandatario contrastan con la amnesia colectiva que se trata de imponer en este caso. Durante las últimas semanas, mientras el gobierno cedía a las presiones internacionales para liberar a un grupo de desertores de la organización armada y presos comunes, presentándolos como insurgentes, decía a los cuatro vientos que no iba a dejar de buscar el rescate militar de los retenidos, ordenando a los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía la realización de operativos de alta contundencia en las zonas en las que pudieran encontrarse los secuestrados. Operativos que, en pasadas ocasiones, causaron la muerte de numerosas personas.
Cabe resaltar aquí, sólo para ofrecer un ejemplo, que el veintidós de mayo cayó muerto en La Guajira Mauricio Vives Lacouture, quien había sido retenido por el ELN desde noviembre de 2005, durante un operativo de rescate negado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Vives, miembro de uno de los más poderosos clanes familiares de la Costa Atlántica, habría sido presentado inicialmente por el ejército como un insurgente muerto en combate y su cuerpo escondido para evitar investigaciones, lo cual ha sido denunciado por su hermano, el congresista Luís Eduardo Vives quien se encuentra detenido por presuntos nexos con el narcoparamilitarismo.
La ejecución de los secuestrados, sin dejar de ser posible, habría sido una torpeza política de enorme magnitud para la guerrilla. En un momento en que la presión internacional y de la opinión pública nacional había logrado que el gobierno aceptara la posibilidad de un intercambio, la entrega de estos retenidos habría sido su más grande carta política para avanzar en sus planes estratégicos y generar un respaldo más amplio a su propuesta y acciones.
No obstante, la pregunta fundamental en este punto es saber qué hacían los once diputados juntos en la zona en la que se calcula que cayeron. Si se recurre al sentido común y a los elementos básicos de cualquier lógica militar, no es posible pensar que el grupo guerrillero tuviese a tantas personas de tal importancia reunidas en un solo sitio, menos aún en una zona tan vulnerable como las montañas del sur del Valle del Cauca, donde se especula pudieron presentarse los hechos. Sin excluir ninguna posibilidad, incluido algún error de comando de la guerrilla que haya traído consigo el trágico desenlace, cabe preguntarse: ¿qué interés, entonces, podrían tener las FARC para tener concentrados a estos retenidos, arriesgándose a perder una poderosa carta de negociación? ¿acaso se estaban preparando las condiciones para un posible despeje de los municipios de Pradera y Florida que esa guerrilla ha exigido para realizar el canje?
La necesidad de conocer la verdad, cualquiera que sea, es una exigencia que los colombianos y las colombianas no podemos dejar de lado para conocer una cómoda versión oficial que no ofrece pruebas ni argumentos para sustentarse. Una situación de esta gravedad, impone el reclamo a las partes: gobierno y FARC, para que respondan por los hechos ante una población que, mayoritariamente, insiste en que el intercambio es una necesidad para frenar la degradación de la guerra que se ha impuesto en Colombia.
Publicado en www.elturbion.modep.org
Julio 3 de 2007 - 8:05 a.m.
Poner fin a impunidad en asesinatos de sindicalistas, pide Amnistía Internacional al Gobierno
De los 115 sindicalistas asesinados en 2006 en el mundo, "77 eran colombianos", y en lo que va de 2007 "han muerto 18", dijo Estebán Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional.
AI Instó a buscar medidas "más eficaces para protegerlos" y propuso que la primera de ellas sea "encontrar a los responsables" de los homicidios que ascienden a más de 2.200 casos desde los años noventa.
La petición fue formulada durante la presentación, este martes, del informe de la organización defensora de los derechos humanos 'Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia'.
El ejercicio del sindicalismo en Colombia se convierte "en una de las profesiones más peligrosas del mundo", dijo Beltrán.
"Muchos de ellos (los sindicalistas) -añadió- tienen que negociar con chalecos anti balas, viven con escolta armada y se desplazan en coches blindados".
Además, subrayó Beltrán, sus familiares sufren amenazas y en muchos casos "mueren a manos de escuadrones de la muerte, del Ejército y, en menor medida, de la guerrilla".
En total, destacó Beltrán, 2.245 sindicalistas "han muerto por homicidio en Colombia desde 1991, 138 han desaparecido forzosamente y casi tres mil quinientos han recibido amenazas".
Subrayó también el aumento de las muertes de mujeres sindicalistas en Colombia y cifró "en 28 las sindicalistas muertas en los dos últimos años".
Estebán Beltrán advirtió al Gobierno colombiano que no pueden transcurrir más de 20 años "de represión continuada de sindicalistas sin que prácticamente nadie pague por ello".
AI también pidió a la guerrilla colombiana que "pare las amenazas y homicidios a los sindicalistas" y pidió a las empresas multinacionales que operan en Colombia que "hagan gestiones ante las autoridades para detener y prevenir los abusos contra sindicalistas".
Beltrán anunció hoy que AI expondrá al Ejecutivo español, en entrevistas con distintos representantes los próximos días, que "no puede seguir unido al Gobierno de Colombia sin que parezca que ocurra nada en materia de derechos humanos".
Consideró que es importante que el "Gobierno de Madrid se distancie del proceso de 'farsa desmovilización de paramilitares' y hable con el colombiano para conseguir que varios de los investigados por crímenes sindicalistas respondan ante los tribunales".
Al acto de AI asistió Peter Drury, investigador de AI para Colombia y encargado de elaborar el informe, además del sindicalista colombiano Javier Orozco.
"Los sindicalistas son objeto de abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de su trabajo legítimo", afirmó el representante de AI.
Para Drury "la crisis continúa, porque la impunidad es casi total y el Gobierno colombiano está consolidando los mecanismos de impunidad".
Drury también advirtió de "que las empresas que operan en Colombia tienen responsabilidades".
Y fue Javier Orozco quien relató como ha visto "perseguir, apresar y asesinar" a muchos de sus compañeros.
Indicó como un total "512 personas del movimiento sindical han sido asesinadas durante el Gobierno de Alvaro Uribe".
Madrid
EFE.-
Publicado en www.eltiempo.com
Poner fin a impunidad en asesinatos de sindicalistas, pide Amnistía Internacional al Gobierno
De los 115 sindicalistas asesinados en 2006 en el mundo, "77 eran colombianos", y en lo que va de 2007 "han muerto 18", dijo Estebán Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional.
AI Instó a buscar medidas "más eficaces para protegerlos" y propuso que la primera de ellas sea "encontrar a los responsables" de los homicidios que ascienden a más de 2.200 casos desde los años noventa.
La petición fue formulada durante la presentación, este martes, del informe de la organización defensora de los derechos humanos 'Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia'.
El ejercicio del sindicalismo en Colombia se convierte "en una de las profesiones más peligrosas del mundo", dijo Beltrán.
"Muchos de ellos (los sindicalistas) -añadió- tienen que negociar con chalecos anti balas, viven con escolta armada y se desplazan en coches blindados".
Además, subrayó Beltrán, sus familiares sufren amenazas y en muchos casos "mueren a manos de escuadrones de la muerte, del Ejército y, en menor medida, de la guerrilla".
En total, destacó Beltrán, 2.245 sindicalistas "han muerto por homicidio en Colombia desde 1991, 138 han desaparecido forzosamente y casi tres mil quinientos han recibido amenazas".
Subrayó también el aumento de las muertes de mujeres sindicalistas en Colombia y cifró "en 28 las sindicalistas muertas en los dos últimos años".
Estebán Beltrán advirtió al Gobierno colombiano que no pueden transcurrir más de 20 años "de represión continuada de sindicalistas sin que prácticamente nadie pague por ello".
AI también pidió a la guerrilla colombiana que "pare las amenazas y homicidios a los sindicalistas" y pidió a las empresas multinacionales que operan en Colombia que "hagan gestiones ante las autoridades para detener y prevenir los abusos contra sindicalistas".
Beltrán anunció hoy que AI expondrá al Ejecutivo español, en entrevistas con distintos representantes los próximos días, que "no puede seguir unido al Gobierno de Colombia sin que parezca que ocurra nada en materia de derechos humanos".
Consideró que es importante que el "Gobierno de Madrid se distancie del proceso de 'farsa desmovilización de paramilitares' y hable con el colombiano para conseguir que varios de los investigados por crímenes sindicalistas respondan ante los tribunales".
Al acto de AI asistió Peter Drury, investigador de AI para Colombia y encargado de elaborar el informe, además del sindicalista colombiano Javier Orozco.
"Los sindicalistas son objeto de abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de su trabajo legítimo", afirmó el representante de AI.
Para Drury "la crisis continúa, porque la impunidad es casi total y el Gobierno colombiano está consolidando los mecanismos de impunidad".
Drury también advirtió de "que las empresas que operan en Colombia tienen responsabilidades".
Y fue Javier Orozco quien relató como ha visto "perseguir, apresar y asesinar" a muchos de sus compañeros.
Indicó como un total "512 personas del movimiento sindical han sido asesinadas durante el Gobierno de Alvaro Uribe".
Madrid
EFE.-
Publicado en www.eltiempo.com
Costa Rica deshace plan para asesinar funcionarios
José Meléndez
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
Sicarios querían matar al hermano del presidente
SAN JOSÉ.— La policía de Costa Rica desarticuló una conspiración del cártel del Norte del Valle, Colombia, que contrató a cinco sicarios colombianos para asesinar a los ministros costarricenses de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, en represalia por una cadena de operaciones lanzadas en los últimos meses en este país en contra del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Berrocal confirmó públicamente que los cinco colombianos —de apellidos Olaya, Angulo, Martínez, Flores y Casares— fueron detenidos entre el jueves y viernes anteriores en dos ciudades costarricenses y que el sábado fueron expulsados hacia Colombia.
“Había un grupo de sicarios en Costa Rica con el objetivo de atentar contra la vida de altos funcionarios de esta administración”, aseguró Berrocal. El cártel del Norte del Valle, que opera en la región del litoral Pacífico de Colombia, contrató a los sicarios para que ejecutaran los asesinatos en respuesta a los decomisos de más de 40 toneladas de cocaína ejecutados por la policía antidroga costarricense en los últimos 12 meses, agregó.
La información preliminar sobre la conspiración fue suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) a las autoridades costarricenses. Según los datos policiales, los individuos fueron detectados hace unos 10 días, tras una serie de intervenciones telefónicas a narcotraficantes en las que se revelaba el plan para asesinar a dos jerarcas gubernamentales de esta nación.
De acuerdo con lo que trascendió en esta capital, la vigilancia en torno a Berrocal y Arias —hermano del presidente Óscar Arias— fue reforzada, mientras proseguían las investigaciones combinadas de cuerpos judiciales y gubernamentales.
Entran en una lancha rápida
Las indagatorias determinaron que los sicarios ingresaron a Costa Rica por la localidad de Punta Burica, ubicada en el extremo sur del litoral Pacífico de este país y fronteriza con Panamá, a bordo de una lancha rápida utilizada para el tráfico de drogas. Los individuos decidieron separarse y alojarse en hoteles del puerto de Puntarenas, a unos 120 kilómetros al oeste de San José, en el Pacífico Central, y de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital.
Las autoridades costarricenses los detuvieron en ambos lugares entre jueves y viernes. De inmediato, se comunicó el arresto al DAS y el sábado, en horas de la mañana, fueron deportados a Bogotá, en un vuelo de una aerolínea comercial y bajo fuerte vigilancia de 10 oficiales, dos por cada sicario.
El director de Migración de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que son “los sujetos más peligrosos que se haya logrado detener en muchos años. Estos hombres definitivamente rompen los niveles de violencia que conocíamos hasta ahora”.
El viceministro costarricense de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez, y Zamora explicaron que como los sicarios no tienen “cuentas pendientes” con la justicia de Costa Rica, se optó por la rápida expulsión, además de que habían ingresado en forma ilegal. “Por su peligrosidad, pensando en la seguridad del país, se decidió deportarlos a Colombia, donde son investigados”, puntualizó Gutiérrez.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
José Meléndez
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
Sicarios querían matar al hermano del presidente
SAN JOSÉ.— La policía de Costa Rica desarticuló una conspiración del cártel del Norte del Valle, Colombia, que contrató a cinco sicarios colombianos para asesinar a los ministros costarricenses de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, en represalia por una cadena de operaciones lanzadas en los últimos meses en este país en contra del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Berrocal confirmó públicamente que los cinco colombianos —de apellidos Olaya, Angulo, Martínez, Flores y Casares— fueron detenidos entre el jueves y viernes anteriores en dos ciudades costarricenses y que el sábado fueron expulsados hacia Colombia.
“Había un grupo de sicarios en Costa Rica con el objetivo de atentar contra la vida de altos funcionarios de esta administración”, aseguró Berrocal. El cártel del Norte del Valle, que opera en la región del litoral Pacífico de Colombia, contrató a los sicarios para que ejecutaran los asesinatos en respuesta a los decomisos de más de 40 toneladas de cocaína ejecutados por la policía antidroga costarricense en los últimos 12 meses, agregó.
La información preliminar sobre la conspiración fue suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) a las autoridades costarricenses. Según los datos policiales, los individuos fueron detectados hace unos 10 días, tras una serie de intervenciones telefónicas a narcotraficantes en las que se revelaba el plan para asesinar a dos jerarcas gubernamentales de esta nación.
De acuerdo con lo que trascendió en esta capital, la vigilancia en torno a Berrocal y Arias —hermano del presidente Óscar Arias— fue reforzada, mientras proseguían las investigaciones combinadas de cuerpos judiciales y gubernamentales.
Entran en una lancha rápida
Las indagatorias determinaron que los sicarios ingresaron a Costa Rica por la localidad de Punta Burica, ubicada en el extremo sur del litoral Pacífico de este país y fronteriza con Panamá, a bordo de una lancha rápida utilizada para el tráfico de drogas. Los individuos decidieron separarse y alojarse en hoteles del puerto de Puntarenas, a unos 120 kilómetros al oeste de San José, en el Pacífico Central, y de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital.
Las autoridades costarricenses los detuvieron en ambos lugares entre jueves y viernes. De inmediato, se comunicó el arresto al DAS y el sábado, en horas de la mañana, fueron deportados a Bogotá, en un vuelo de una aerolínea comercial y bajo fuerte vigilancia de 10 oficiales, dos por cada sicario.
El director de Migración de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que son “los sujetos más peligrosos que se haya logrado detener en muchos años. Estos hombres definitivamente rompen los niveles de violencia que conocíamos hasta ahora”.
El viceministro costarricense de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez, y Zamora explicaron que como los sicarios no tienen “cuentas pendientes” con la justicia de Costa Rica, se optó por la rápida expulsión, además de que habían ingresado en forma ilegal. “Por su peligrosidad, pensando en la seguridad del país, se decidió deportarlos a Colombia, donde son investigados”, puntualizó Gutiérrez.
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lunes, 2 de julio de 2007
Lo humanitario y lo político
Lo humanitario y lo político
Reconocer a las Farc como agente político le impondría obligaciones políticas. La primera sería no comportarse como una simple pandilla de bandidos
Por Antonio Caballero
El horrendo asesinato colectivo de los diputados secuestrados hace cinco años por las Farc y guardados desde entonces como rehenes en cautiverio vuelve a poner sobre la mesa el tema del llamado “intercambio humanitario”. Más allá del inane e infame peloteo mutuo de las responsabilidades entre las Farc y el gobierno, lo que importa es ver que en este episodio todos salen perdiendo. Da vergüenza tener que recordar que quienes pierden en primer lugar son los secuestrados asesinados, que dos veces han perdido sus vidas: por secuestrados primero, y por asesinados después. Y pierden también, en ese pulso político, las dos partes enfrentadas (si es que en el frenesí reinante es posible llamar “partes” a las dos sin que eso sea interpretado como una toma de partido por una de ellas). Pierden las Farc porque fueron incapaces de conservar con vida a sus rehenes, que eran –con Íngrid Betancourt– su principal carta de negociación para el propuesto intercambio. Pierden el gobierno y sus Fuerzas Armadas porque fueron incapaces de rescatarlos y no habían podido ni siquiera encontrarlos. Esta es una guerra de ineptos.
Por eso (aunque no sólo por eso) ha durado medio siglo. Pues no es cierta ni mucho menos la teoría del presidente Uribe según la cual el país entero ha estado “militarmente despejado” durante cuarenta años, y que por eso han podido crecer y sostenerse las guerrillas. Ha estado en guerra –mejor: en guerras– sin cesar. Guerras en que los dos lados consiguen no ser derrotados, pero ninguno consigue derrotar al adversario. Y en mantener ese pulso de prestigio consumen los recursos morales y económicos de todo el país, y prolongan, multiplican y agravan sus sufrimientos.
Lo acaba de resumir un familiar de uno de los secuestrados muertos diciendo que “ni el Presidente ni las Farc tienen corazón”. Pero nadie tiene corazón, en las guerras. Por eso de lo que se trata es de imponer mecanismos que, por el interés político, sustituyan el corazón que las partes no tienen. Los mecanismos de la civilización, que pueden conseguir que la crueldad no sea rentable y beneficiosa para quien la ejerce, en la medida en que inspira temor. Creo que uno de esos mecanismos es en el momento actual, y desde hace ya años, el intercambio humanitario.
El presidente Uribe lo ha rechazado siempre con el argumento de que favorece a las Farc. No por humanitario: está dispuesto por su parte a hacer gestos humanitarios, con tal de que sean unilaterales: que no constituyan intercambio, pues considera que eso los convertiría en gestos políticos, de reconocimiento político del adversario. Y así es. Pero es justamente eso lo que lo hace valioso. El reconocimiento de las Farc como agente político, y no ya como la simple pandilla de bandidos a la que quiere reducir el Presidente, le impondría a la vez obligaciones políticas. Es un derecho que implica deberes. Y el primero de esos deberes es el de comportarse como una fuerza política legítima, y no como una simple pandilla de bandidos que se ilegitima a sí misma por sus métodos.
El deber de no recurrir al secuestro, y a la toma de rehenes, y al asesinato fuera de combate de los secuestrados y de los rehenes cuando no puede conservarlos, como acaba de suceder con los diputados del Valle.
Decía aquí hace una semana, y he dicho otras veinte veces, que la guerra que vivimos no es una causa, sino una consecuencia. Y que seguiremos hundidos en ella mientras el establecimiento en su conjunto, y no sólo tal o cual gobierno, se niegue a reconocer que existen causas que han generado esa consecuencia. Pero mientras llega el momento de ese reconocimiento (insinuado hace años por el presidente Belisario Betancur, pero nunca llevado a efecto) es posible, por lo menos, humanizar la guerra. Eso es exactamente lo que está intentando hacer con las guerrillas del ELN ese mismo gobierno de Álvaro Uribe que se niega a intentarlo frente a las de las Farc, acordando una tregua cuyo primer resultado sería, según han anunciado los negociadores, la liberación de los secuestrados en poder de ese grupo. “Ojalá se le diera esa felicidad al país de una vez”, comenta el Presidente. Una felicidad que no es sólo, claro está, para los secuestrados mismos; sino, como lo proclama el propio Uribe, para “el país”. Porque no es de índole humanitaria, sino política.
Valdría la pena que Uribe, que no escucha a nadie, se escuchara esta vez por lo menos a sí mismo.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
Reconocer a las Farc como agente político le impondría obligaciones políticas. La primera sería no comportarse como una simple pandilla de bandidos
Por Antonio Caballero
El horrendo asesinato colectivo de los diputados secuestrados hace cinco años por las Farc y guardados desde entonces como rehenes en cautiverio vuelve a poner sobre la mesa el tema del llamado “intercambio humanitario”. Más allá del inane e infame peloteo mutuo de las responsabilidades entre las Farc y el gobierno, lo que importa es ver que en este episodio todos salen perdiendo. Da vergüenza tener que recordar que quienes pierden en primer lugar son los secuestrados asesinados, que dos veces han perdido sus vidas: por secuestrados primero, y por asesinados después. Y pierden también, en ese pulso político, las dos partes enfrentadas (si es que en el frenesí reinante es posible llamar “partes” a las dos sin que eso sea interpretado como una toma de partido por una de ellas). Pierden las Farc porque fueron incapaces de conservar con vida a sus rehenes, que eran –con Íngrid Betancourt– su principal carta de negociación para el propuesto intercambio. Pierden el gobierno y sus Fuerzas Armadas porque fueron incapaces de rescatarlos y no habían podido ni siquiera encontrarlos. Esta es una guerra de ineptos.
Por eso (aunque no sólo por eso) ha durado medio siglo. Pues no es cierta ni mucho menos la teoría del presidente Uribe según la cual el país entero ha estado “militarmente despejado” durante cuarenta años, y que por eso han podido crecer y sostenerse las guerrillas. Ha estado en guerra –mejor: en guerras– sin cesar. Guerras en que los dos lados consiguen no ser derrotados, pero ninguno consigue derrotar al adversario. Y en mantener ese pulso de prestigio consumen los recursos morales y económicos de todo el país, y prolongan, multiplican y agravan sus sufrimientos.
Lo acaba de resumir un familiar de uno de los secuestrados muertos diciendo que “ni el Presidente ni las Farc tienen corazón”. Pero nadie tiene corazón, en las guerras. Por eso de lo que se trata es de imponer mecanismos que, por el interés político, sustituyan el corazón que las partes no tienen. Los mecanismos de la civilización, que pueden conseguir que la crueldad no sea rentable y beneficiosa para quien la ejerce, en la medida en que inspira temor. Creo que uno de esos mecanismos es en el momento actual, y desde hace ya años, el intercambio humanitario.
El presidente Uribe lo ha rechazado siempre con el argumento de que favorece a las Farc. No por humanitario: está dispuesto por su parte a hacer gestos humanitarios, con tal de que sean unilaterales: que no constituyan intercambio, pues considera que eso los convertiría en gestos políticos, de reconocimiento político del adversario. Y así es. Pero es justamente eso lo que lo hace valioso. El reconocimiento de las Farc como agente político, y no ya como la simple pandilla de bandidos a la que quiere reducir el Presidente, le impondría a la vez obligaciones políticas. Es un derecho que implica deberes. Y el primero de esos deberes es el de comportarse como una fuerza política legítima, y no como una simple pandilla de bandidos que se ilegitima a sí misma por sus métodos.
El deber de no recurrir al secuestro, y a la toma de rehenes, y al asesinato fuera de combate de los secuestrados y de los rehenes cuando no puede conservarlos, como acaba de suceder con los diputados del Valle.
Decía aquí hace una semana, y he dicho otras veinte veces, que la guerra que vivimos no es una causa, sino una consecuencia. Y que seguiremos hundidos en ella mientras el establecimiento en su conjunto, y no sólo tal o cual gobierno, se niegue a reconocer que existen causas que han generado esa consecuencia. Pero mientras llega el momento de ese reconocimiento (insinuado hace años por el presidente Belisario Betancur, pero nunca llevado a efecto) es posible, por lo menos, humanizar la guerra. Eso es exactamente lo que está intentando hacer con las guerrillas del ELN ese mismo gobierno de Álvaro Uribe que se niega a intentarlo frente a las de las Farc, acordando una tregua cuyo primer resultado sería, según han anunciado los negociadores, la liberación de los secuestrados en poder de ese grupo. “Ojalá se le diera esa felicidad al país de una vez”, comenta el Presidente. Una felicidad que no es sólo, claro está, para los secuestrados mismos; sino, como lo proclama el propio Uribe, para “el país”. Porque no es de índole humanitaria, sino política.
Valdría la pena que Uribe, que no escucha a nadie, se escuchara esta vez por lo menos a sí mismo.
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Cómo nos duele...
Cómo nos duele...
El asesinato de los 11 diputados del Valle enluta a todo el país.
Los países, como los seres humanos, son frágiles y tienen momentos en que no pueden contener su dolor. Así como los familiares de los 11 diputados se estremecieron en llanto cuando supieron que habían sido vilmente asesinados después de cinco años de secuestro, el país amaneció ese día con un nudo en la garganta. Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldado de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.
Y que en las últimas semanas leía señales para ese optimismo. Un acuerdo humanitario para facilitar la liberación de los secuestrados se empezaba a tomar más en serio. La comunidad internacional, con el nuevo Presidente de Francia a la cabeza, se había empeñado en empujarlo. Representantes de Francia, España y Suiza se habían reunido recientemente con 'Raúl Reyes', del Secretariado de las Farc, para hablar sobre el tema. En Europa se produjo un encuentro de alto nivel en el que se aprobó una declaración a favor del acuerdo. El ex ministro Álvaro Leyva se había reunido con el presidente Uribe para hacerle una propuesta más digerible de despeje militar. Hasta la insólita liberación de Rodrigo Granda, criticada por su improvisación y falta de realismo, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio altísimo para buscar la liberación de los secuestrados.
Pero las ilusiones que generaron estos hechos en las familias de las víctimas se desplomaron como un castillo de naipes con la masacre de los diputados. La noticia fue confusa e incompleta y se conoció por un canal poco usual: la agencia de noticias Anncol, cercana a las Farc, publicó un comunicado del Comando Conjunto de Occidente. En él la guerrilla atribuyó la muerte de los 11 diputados a un intento de rescate de un "grupo militar no identificado".
En medio de la incertidumbre sólo había un hecho cierto, lamentable y contundente: 11 diputados habían sido asesinados en la espesura de la selva. Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio. La otra verdad irrefutable, y que a veces se desdibuja en la intensidad del dolor y la rabia, es que la responsabilidad de esta tragedia es de las Farc: cometieron el secuestro, mantuvieron el encierro cruel y ejecutaron el sangriento desenlace.
La información sobre los hechos es todavía precaria. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. El gobierno ha tratado de dejar claro que fue lo que no pasó: que no hubo una operación de rescate ni se habían producido operaciones militares en la zona, y que los organismos de seguridad no conocían el lugar donde estaban cautivos los diputados.
¿Qué pasó?
Las circunstancias de los hechos dejan algunas cosas más o menos claras. La primera es que seguramente hubo una confrontación militar y que los secuestradores cumplieron la orden de matar a sangre fría a sus víctimas para evitar un rescate. Descartadas las Fuerzas Militares -el gobierno y las Farc coinciden en este punto-, habría que plantear otras alternativas.
La primera es que un grupo paramilitar haya atacado a las Farc en uno de sus campamentos, sabiendo o no que allí se encontraban los diputados. En la región donde se supone que estaban los diputados -las selvas del Valle o el Cauca- hay una fuerte presencia de grupos emergentes del narcotráfico, así como ejércitos de los capos del norte del Valle, como los Rastrojos y los Machos. De hecho, las propias Farc en su comunicado dicen que en la zona ha habido permanentes enfrentamientos con grupos paramilitares.
Sin embargo, esta hipótesis es poco probable. Estos hijos bastardos del paramilitarismo están más dedicados al narcotráfico y al crimen organizado que a combatir a las Farc. Es difícil imaginar a una banda más delincuencial que militar haciendo una operación que requiere penetrar en lo profundo de la selva, atravesando varios anillos de seguridad de la guerrilla. Grupos como las Águilas Negras están más dedicados a defender negocios, comprar políticos locales y hacer vendettas selectivas, que a patrullar las impenetrables selvas de la cordillera Occidental.
Otra posibilidad es que los combates de las Farc hayan sido con el ELN. Varios argumentos le darían fuerza a esta hipótesis. Se sabe que en el último año ha habido cruentos enfrentamientos entre ambas guerrillas en el occidente del país, que es una guerra a muerte, y que si alguien tiene la capacidad de penetrar en el campamento de una fuerza insurgente, es exactamente otra fuerza idéntica que conoce la montaña y las tácticas guerrilleras. Las Farc y el ELN son enemigos íntimos. Los guerrilleros habrían identificado fácilmente a sus atacantes y no se referirían a ellos como un grupo desconocido, pudiendo endilgarles la culpa de lo acontecido. Pablo Beltrán, vocero del ELN, le aseguró a SEMANA que sus frentes no realizan operaciones ofensivas contra las Farc, sino que apenas se defienden en caso de ser atacados por éstas. Adicionalmente, el ELN está en un momento relativamente avanzado en sus acercamientos con el gobierno y difícilmente se jugaría el poco capital político que le queda en una acción con consecuencias tan graves.
La tercera posibilidad es que un comando especial de fuerzas especiales, con información muy precisa, se haya infiltrado en la selva para ubicar el campamento donde estaban los diputados, bien fuera para planear una operación de rescate o para hacer un asalto sorpresivo. Se trataría de un grupo elite, colaborador del Ejército y hasta compuesto por mercenarios extranjeros, tal como lo han insinuado las Farc. Ante la inminente presencia de un grupo de esta naturaleza, los guerrilleros habrían asesinado a los diputados.
Esta tesis no es tan descabellada si se tiene en cuenta que el gobierno nunca ha renunciado a la opción de los rescates, y que en otros casos ya se han usado estos 'rambos'. En enero pasado, el propio gobierno entregó versiones sobre la infiltración de un grupo de estos en las montañas de Bolívar para ubicar a Fernando Araújo y proceder a su rescate. Según el relato oficial, este grupo podía incluso ver el campamento donde estaba como rehén el actual Canciller. Comandos de este tipo se habrían empezado a utilizar después de que fracasara el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en Urrao, donde se hizo una operación militar convencional. Un grupo especializado, con buena tecnología y altamente capacitado, tiene mejores posibilidades de lograr su objetivo. Y con menor riesgo político, porque un fracaso eventual no recae en cabeza institucional del Ejército.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene una grave falencia: el gobierno la niega tajantemente. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, asegura que las operaciones de rescate sólo se planean y hacen bajo orden presidencial. Uribe arriesgaría demasiado su legitimidad y la del gobierno si mintiera en un caso tan delicado. Y en estos caso hay que darle el beneficio de la duda al gobierno.
Otra hipótesis, la menos creíble de todas, es que la masacre fue una retaliación de un grupo de guerrilleros de base porque las Fuerzas Militares mataron a uno de los más importantes dirigentes de las Farc en esa región. El 5 de junio, Milton Sierra Gómez, alias 'J. J.', murió de un disparo en la cabeza y otro en el pecho, disparados por un francotirador de fuerzas especiales mimetizado en las selvas de Buenaventura. J. J. había sido el cerebro del sofisticado secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002. Esta hipótesis tiene poco asidero. Las Farc no suelen hacer actos de implicaciones políticas y militares tan graves por razones emocionales como la venganza. En su mentalidad, la muerte en combate es un avatar de la guerra, no un agravio del enemigo.
Cabrían otras posibilidades: ¿reaccionaron los guerrilleros a un intento de fuga? ¿Intentaron escapar los diputados, estimulados por las experiencias del canciller Fernando Araújo y del policía John Frank Pinchao? La flaqueza de esta interpretación radica en que si todos los cuerpos están en poder de las Farc, se deduce que no habrían logrado el objetivo de la fuga. Y si fueron recapturados, ¿para qué matarlos? Adicionalmente, según información oficial, los secuestrados no estaban juntos y en tal condición era poco probable que pudieran planear una fuga. Tampoco se explicaría que la guerrilla callara el motivo de su acción criminal, ni que la disfrazara con el argumento de que hubo "fuego cruzado".
¿Y ahora?
Las implicaciones de esta masacre se van a sentir por mucho tiempo. Una desgracia de semejantes proporciones deja una sensación generalizada de pesimismo y desilusión. ¿Qué será de la suerte de los demás secuestrados? ¿Se cerraron definitivamente las puertas para un acuerdo humanitario? ¿Queda el gobierno maniatado para intentar otros rescates?
Las reacciones inmediatas son pesimistas para una negociación sobre intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Nadie quiere premiar a las Farc con un despeje después de su criminal acción. Pero pueden cambiar a la larga: ante una falta de solución para las decenas de secuestrados, obligará al gobierno a repensar con pragmatismo sus opciones. Y la presión internacional, después de que tantos países e instituciones se han involucrado en el tema, se va a seguir incrementando a favor de un acuerdo.
Mientras 'Raúl Reyes' insistió el viernes pasado a través de un comunicado en el despeje de Pradera y Florida, el Presidente volvió a pronunciarse en contra de esa posibilidad. En el fondo, Uribe considera que un despeje de 45 días sin una agenda pactada previamente puede empantanar al gobierno. Después de hecho el despeje, es difícil levantarse de la mesa sin lograr el acuerdo, y las prórrogas, en una situación de tanta desconfianza entre las partes como la que existe, son prácticamente inevitables. No hay que olvidar que el Caguán empezó también con 45 días, con un reglamento supuestamente claro, que terminaron en tres años en los que la guerrilla ganó la ventaja militar que le ha permitido soportar cinco años de ofensiva oficial.
Para Uribe sigue siendo más importante la política de seguridad democrática que los esfuerzos por negociar la liberación de secuestrados. ¿Cambiará ese balance luego del asesinato de los diputados? ¿Perderán significado Florida y Pradera ahora que los diputados del Valle no forman parte del grupo de canjeables?
Por el lado de las Farc, la masacre de los diputados las deja mal paradas ante la comunidad internacional, y el grupo de canjeables se debilita. A la pérdida de 11 políticos se suman el canciller Araújo y el policía Pinchao, que lograron soltarse las amarras de sus cautiverios. La mayoría de los miembros de las Farc que estaban presos en 2002, cuando el Secretariado planteó el intercambio, han salido a la libertad por decisiones del gobierno, por vencimientos de términos o por cumplimientos de las condenas. El panorama cambió totalmente. ¿Insistirán en el canje?
Más que liberar guerrilleros, a Manuel Marulanda le interesa el intercambio por su obsesión en ser considerado contraparte del Estado, por su terquedad en lograr que el gobierno acepte su idea y por su apego al mecanismo del despeje militar. Eventualmente quisiera convertirlo en la primera piedra de un proceso de paz. Pero es muy poco probable que pueda lograr todo esto sin una modificación de su posición. Después de la tragedia de la semana pasada, la comunidad internacional va a presionar a la guerrilla tanto, o más, que al gobierno. Y las Farc han demostrado una enorme incapacidad para ajustarse a nuevas realidades.
La otra gran pregunta tiene que ver con el futuro de las operaciones de rescate. Los argumentos a favor de un acuerdo se convierten, con frecuencia, en demandas al gobierno para que renuncie a buscar a los secuestrados para evitar poner en peligro sus vidas. El caso del presidente francés Sarkozy es el ejemplo más palpable, pero no es el único. Varios comunicados de ONG imploran que el gobierno se abstenga de acudir a la vía militar.
Pero el presidente Uribe tiene razones para no hacerlo. En primer lugar, su obligación constitucional de mantener el control sobre todo el territorio nacional. El Estado tiene la obligación moral y legal de buscar a los secuestrados. Eludir estas responsabilidades con el objeto de evitar el costo político de posibles fracasos mostraría una debilidad del Estado que sólo incentivaría a las Farc para seguir secuestrando. Renunciar a los rescates es perpetuar la espiral del secuestro y oficializar su impunidad. Una paradoja que surge de la lógica de la guerra colombiana es que mientras el Ejército más les respire en la nuca a los guerrilleros en la selva, más riesgo correrán los secuestrados debido a la orden de matarlos si se intenta un rescate. Pero así como hay un imperativo militar, hay una dimensión humanitaria del conflicto colombiano que también lo obliga a buscar un camino más político, como lo es el acuerdo humanitario. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) lo obliga a proteger a los civiles en el fuego cruzado entre los bandos de la guerra. La pregunta es si es posible intentar rescates con un mínimo de riesgo para los rehenes. O si toda operación de rescate es siempre una apuesta donde se pueden salvar todas las vidas o ninguna. En ese escenario ¿vale la pena correr el riesgo?
Lo cierto es que la prolongación indefinida de los secuestros es inaceptable e insostenible. Por consideraciones humanitarias -hay plagiados que llevan más de ocho años bajo las inclementes condiciones de la selva- y también por razones políticas: un gobierno reelegido no puede terminar en el mismo punto en que encontró la situación. Es decir, con un alto número de ciudadanos inocentes en poder de las Farc. Pero la responsabilidad frente al flagelo de la violencia y los dolorosos golpes de las Farc a la yugular del país no es sólo del Estado, sino de toda la sociedad. En cualquier otro país, una masacre como la que acaba de ocurrir en Colombia motivaría manifestaciones masivas y actos dirigidos a obstaculizar las acciones violentas contra los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde el viernes pasado se han movilizado algunas protestas en varias ciudades. Pero falta mucho terreno para que ellas tengan la contundencia del rechazo que muestran los españoles contra ETA, por ejemplo, cuando hace sus fechorías. Y si hay algo que está demostrado es que la pasividad y el conformismo, a la larga, son licencias para que todo siga igual. Y realidades como el secuestro y los asesinatos en Colombia sencillamente no pueden continuar toda la vida.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
El asesinato de los 11 diputados del Valle enluta a todo el país.
Los países, como los seres humanos, son frágiles y tienen momentos en que no pueden contener su dolor. Así como los familiares de los 11 diputados se estremecieron en llanto cuando supieron que habían sido vilmente asesinados después de cinco años de secuestro, el país amaneció ese día con un nudo en la garganta. Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldado de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.
Y que en las últimas semanas leía señales para ese optimismo. Un acuerdo humanitario para facilitar la liberación de los secuestrados se empezaba a tomar más en serio. La comunidad internacional, con el nuevo Presidente de Francia a la cabeza, se había empeñado en empujarlo. Representantes de Francia, España y Suiza se habían reunido recientemente con 'Raúl Reyes', del Secretariado de las Farc, para hablar sobre el tema. En Europa se produjo un encuentro de alto nivel en el que se aprobó una declaración a favor del acuerdo. El ex ministro Álvaro Leyva se había reunido con el presidente Uribe para hacerle una propuesta más digerible de despeje militar. Hasta la insólita liberación de Rodrigo Granda, criticada por su improvisación y falta de realismo, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio altísimo para buscar la liberación de los secuestrados.
Pero las ilusiones que generaron estos hechos en las familias de las víctimas se desplomaron como un castillo de naipes con la masacre de los diputados. La noticia fue confusa e incompleta y se conoció por un canal poco usual: la agencia de noticias Anncol, cercana a las Farc, publicó un comunicado del Comando Conjunto de Occidente. En él la guerrilla atribuyó la muerte de los 11 diputados a un intento de rescate de un "grupo militar no identificado".
En medio de la incertidumbre sólo había un hecho cierto, lamentable y contundente: 11 diputados habían sido asesinados en la espesura de la selva. Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio. La otra verdad irrefutable, y que a veces se desdibuja en la intensidad del dolor y la rabia, es que la responsabilidad de esta tragedia es de las Farc: cometieron el secuestro, mantuvieron el encierro cruel y ejecutaron el sangriento desenlace.
La información sobre los hechos es todavía precaria. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. El gobierno ha tratado de dejar claro que fue lo que no pasó: que no hubo una operación de rescate ni se habían producido operaciones militares en la zona, y que los organismos de seguridad no conocían el lugar donde estaban cautivos los diputados.
¿Qué pasó?
Las circunstancias de los hechos dejan algunas cosas más o menos claras. La primera es que seguramente hubo una confrontación militar y que los secuestradores cumplieron la orden de matar a sangre fría a sus víctimas para evitar un rescate. Descartadas las Fuerzas Militares -el gobierno y las Farc coinciden en este punto-, habría que plantear otras alternativas.
La primera es que un grupo paramilitar haya atacado a las Farc en uno de sus campamentos, sabiendo o no que allí se encontraban los diputados. En la región donde se supone que estaban los diputados -las selvas del Valle o el Cauca- hay una fuerte presencia de grupos emergentes del narcotráfico, así como ejércitos de los capos del norte del Valle, como los Rastrojos y los Machos. De hecho, las propias Farc en su comunicado dicen que en la zona ha habido permanentes enfrentamientos con grupos paramilitares.
Sin embargo, esta hipótesis es poco probable. Estos hijos bastardos del paramilitarismo están más dedicados al narcotráfico y al crimen organizado que a combatir a las Farc. Es difícil imaginar a una banda más delincuencial que militar haciendo una operación que requiere penetrar en lo profundo de la selva, atravesando varios anillos de seguridad de la guerrilla. Grupos como las Águilas Negras están más dedicados a defender negocios, comprar políticos locales y hacer vendettas selectivas, que a patrullar las impenetrables selvas de la cordillera Occidental.
Otra posibilidad es que los combates de las Farc hayan sido con el ELN. Varios argumentos le darían fuerza a esta hipótesis. Se sabe que en el último año ha habido cruentos enfrentamientos entre ambas guerrillas en el occidente del país, que es una guerra a muerte, y que si alguien tiene la capacidad de penetrar en el campamento de una fuerza insurgente, es exactamente otra fuerza idéntica que conoce la montaña y las tácticas guerrilleras. Las Farc y el ELN son enemigos íntimos. Los guerrilleros habrían identificado fácilmente a sus atacantes y no se referirían a ellos como un grupo desconocido, pudiendo endilgarles la culpa de lo acontecido. Pablo Beltrán, vocero del ELN, le aseguró a SEMANA que sus frentes no realizan operaciones ofensivas contra las Farc, sino que apenas se defienden en caso de ser atacados por éstas. Adicionalmente, el ELN está en un momento relativamente avanzado en sus acercamientos con el gobierno y difícilmente se jugaría el poco capital político que le queda en una acción con consecuencias tan graves.
La tercera posibilidad es que un comando especial de fuerzas especiales, con información muy precisa, se haya infiltrado en la selva para ubicar el campamento donde estaban los diputados, bien fuera para planear una operación de rescate o para hacer un asalto sorpresivo. Se trataría de un grupo elite, colaborador del Ejército y hasta compuesto por mercenarios extranjeros, tal como lo han insinuado las Farc. Ante la inminente presencia de un grupo de esta naturaleza, los guerrilleros habrían asesinado a los diputados.
Esta tesis no es tan descabellada si se tiene en cuenta que el gobierno nunca ha renunciado a la opción de los rescates, y que en otros casos ya se han usado estos 'rambos'. En enero pasado, el propio gobierno entregó versiones sobre la infiltración de un grupo de estos en las montañas de Bolívar para ubicar a Fernando Araújo y proceder a su rescate. Según el relato oficial, este grupo podía incluso ver el campamento donde estaba como rehén el actual Canciller. Comandos de este tipo se habrían empezado a utilizar después de que fracasara el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en Urrao, donde se hizo una operación militar convencional. Un grupo especializado, con buena tecnología y altamente capacitado, tiene mejores posibilidades de lograr su objetivo. Y con menor riesgo político, porque un fracaso eventual no recae en cabeza institucional del Ejército.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene una grave falencia: el gobierno la niega tajantemente. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, asegura que las operaciones de rescate sólo se planean y hacen bajo orden presidencial. Uribe arriesgaría demasiado su legitimidad y la del gobierno si mintiera en un caso tan delicado. Y en estos caso hay que darle el beneficio de la duda al gobierno.
Otra hipótesis, la menos creíble de todas, es que la masacre fue una retaliación de un grupo de guerrilleros de base porque las Fuerzas Militares mataron a uno de los más importantes dirigentes de las Farc en esa región. El 5 de junio, Milton Sierra Gómez, alias 'J. J.', murió de un disparo en la cabeza y otro en el pecho, disparados por un francotirador de fuerzas especiales mimetizado en las selvas de Buenaventura. J. J. había sido el cerebro del sofisticado secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002. Esta hipótesis tiene poco asidero. Las Farc no suelen hacer actos de implicaciones políticas y militares tan graves por razones emocionales como la venganza. En su mentalidad, la muerte en combate es un avatar de la guerra, no un agravio del enemigo.
Cabrían otras posibilidades: ¿reaccionaron los guerrilleros a un intento de fuga? ¿Intentaron escapar los diputados, estimulados por las experiencias del canciller Fernando Araújo y del policía John Frank Pinchao? La flaqueza de esta interpretación radica en que si todos los cuerpos están en poder de las Farc, se deduce que no habrían logrado el objetivo de la fuga. Y si fueron recapturados, ¿para qué matarlos? Adicionalmente, según información oficial, los secuestrados no estaban juntos y en tal condición era poco probable que pudieran planear una fuga. Tampoco se explicaría que la guerrilla callara el motivo de su acción criminal, ni que la disfrazara con el argumento de que hubo "fuego cruzado".
¿Y ahora?
Las implicaciones de esta masacre se van a sentir por mucho tiempo. Una desgracia de semejantes proporciones deja una sensación generalizada de pesimismo y desilusión. ¿Qué será de la suerte de los demás secuestrados? ¿Se cerraron definitivamente las puertas para un acuerdo humanitario? ¿Queda el gobierno maniatado para intentar otros rescates?
Las reacciones inmediatas son pesimistas para una negociación sobre intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Nadie quiere premiar a las Farc con un despeje después de su criminal acción. Pero pueden cambiar a la larga: ante una falta de solución para las decenas de secuestrados, obligará al gobierno a repensar con pragmatismo sus opciones. Y la presión internacional, después de que tantos países e instituciones se han involucrado en el tema, se va a seguir incrementando a favor de un acuerdo.
Mientras 'Raúl Reyes' insistió el viernes pasado a través de un comunicado en el despeje de Pradera y Florida, el Presidente volvió a pronunciarse en contra de esa posibilidad. En el fondo, Uribe considera que un despeje de 45 días sin una agenda pactada previamente puede empantanar al gobierno. Después de hecho el despeje, es difícil levantarse de la mesa sin lograr el acuerdo, y las prórrogas, en una situación de tanta desconfianza entre las partes como la que existe, son prácticamente inevitables. No hay que olvidar que el Caguán empezó también con 45 días, con un reglamento supuestamente claro, que terminaron en tres años en los que la guerrilla ganó la ventaja militar que le ha permitido soportar cinco años de ofensiva oficial.
Para Uribe sigue siendo más importante la política de seguridad democrática que los esfuerzos por negociar la liberación de secuestrados. ¿Cambiará ese balance luego del asesinato de los diputados? ¿Perderán significado Florida y Pradera ahora que los diputados del Valle no forman parte del grupo de canjeables?
Por el lado de las Farc, la masacre de los diputados las deja mal paradas ante la comunidad internacional, y el grupo de canjeables se debilita. A la pérdida de 11 políticos se suman el canciller Araújo y el policía Pinchao, que lograron soltarse las amarras de sus cautiverios. La mayoría de los miembros de las Farc que estaban presos en 2002, cuando el Secretariado planteó el intercambio, han salido a la libertad por decisiones del gobierno, por vencimientos de términos o por cumplimientos de las condenas. El panorama cambió totalmente. ¿Insistirán en el canje?
Más que liberar guerrilleros, a Manuel Marulanda le interesa el intercambio por su obsesión en ser considerado contraparte del Estado, por su terquedad en lograr que el gobierno acepte su idea y por su apego al mecanismo del despeje militar. Eventualmente quisiera convertirlo en la primera piedra de un proceso de paz. Pero es muy poco probable que pueda lograr todo esto sin una modificación de su posición. Después de la tragedia de la semana pasada, la comunidad internacional va a presionar a la guerrilla tanto, o más, que al gobierno. Y las Farc han demostrado una enorme incapacidad para ajustarse a nuevas realidades.
La otra gran pregunta tiene que ver con el futuro de las operaciones de rescate. Los argumentos a favor de un acuerdo se convierten, con frecuencia, en demandas al gobierno para que renuncie a buscar a los secuestrados para evitar poner en peligro sus vidas. El caso del presidente francés Sarkozy es el ejemplo más palpable, pero no es el único. Varios comunicados de ONG imploran que el gobierno se abstenga de acudir a la vía militar.
Pero el presidente Uribe tiene razones para no hacerlo. En primer lugar, su obligación constitucional de mantener el control sobre todo el territorio nacional. El Estado tiene la obligación moral y legal de buscar a los secuestrados. Eludir estas responsabilidades con el objeto de evitar el costo político de posibles fracasos mostraría una debilidad del Estado que sólo incentivaría a las Farc para seguir secuestrando. Renunciar a los rescates es perpetuar la espiral del secuestro y oficializar su impunidad. Una paradoja que surge de la lógica de la guerra colombiana es que mientras el Ejército más les respire en la nuca a los guerrilleros en la selva, más riesgo correrán los secuestrados debido a la orden de matarlos si se intenta un rescate. Pero así como hay un imperativo militar, hay una dimensión humanitaria del conflicto colombiano que también lo obliga a buscar un camino más político, como lo es el acuerdo humanitario. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) lo obliga a proteger a los civiles en el fuego cruzado entre los bandos de la guerra. La pregunta es si es posible intentar rescates con un mínimo de riesgo para los rehenes. O si toda operación de rescate es siempre una apuesta donde se pueden salvar todas las vidas o ninguna. En ese escenario ¿vale la pena correr el riesgo?
Lo cierto es que la prolongación indefinida de los secuestros es inaceptable e insostenible. Por consideraciones humanitarias -hay plagiados que llevan más de ocho años bajo las inclementes condiciones de la selva- y también por razones políticas: un gobierno reelegido no puede terminar en el mismo punto en que encontró la situación. Es decir, con un alto número de ciudadanos inocentes en poder de las Farc. Pero la responsabilidad frente al flagelo de la violencia y los dolorosos golpes de las Farc a la yugular del país no es sólo del Estado, sino de toda la sociedad. En cualquier otro país, una masacre como la que acaba de ocurrir en Colombia motivaría manifestaciones masivas y actos dirigidos a obstaculizar las acciones violentas contra los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde el viernes pasado se han movilizado algunas protestas en varias ciudades. Pero falta mucho terreno para que ellas tengan la contundencia del rechazo que muestran los españoles contra ETA, por ejemplo, cuando hace sus fechorías. Y si hay algo que está demostrado es que la pasividad y el conformismo, a la larga, son licencias para que todo siga igual. Y realidades como el secuestro y los asesinatos en Colombia sencillamente no pueden continuar toda la vida.
Semana.com ©2000.
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El ELN niega estar tras la muerte de legisladores
El ELN niega estar tras la muerte de legisladores
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
El Papa lamenta la matanza de los 11 ex diputados colombianos secuestrados
BOGOTÁ (Agencias).— El Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como improbable que uno de sus frentes haya sido la fuerza armada que presuntamente sostuvo hace trece días un enfrentamiento con las FARC en el suroeste colombiano, donde fueron asesinados 11 ex diputados regionales, según una entrevista publicada ayer por la prensa local.
Pablo Beltrán, como se hace llamar uno de los representantes del ELN en los acercamientos de paz que realiza el grupo rebelde con el gobierno colombiano en La Habana, aseguró que sus frentes rebeldes “tienen la orden de mantener una actitud defensiva y no ofensiva”.
“Siempre en el terreno se sabe quién está en la zona. Sindicar al ELN de que ha hecho ese ataque no tiene mucha argumentación”, declaró Beltrán en entrevista con la revista Semana”.
Mientras tanto, desde París, Mélanie Betancourt, cuya madre, Ingrid, es rehén de la guerrilla colombiana desde 2002, pidió ayer a las FARC un “gesto significativo” y que muestren que “aún les queda una sombra de humanidad”, tras la “terrible” muerte de los ex diputados secuestrados.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son “los primeros responsables y los primeros culpables de la muerte de los 11 ex diputados del Valle, pero el presidente Álvaro Uribe también es responsable porque en esos cinco años no hizo lo que debía hacer para encontrar una solución para un acuerdo humanitario”, dijo la hija de Ingrid Bétancourt ante la prensa.
Mélanie, su hermano Lorenzo y el padre de ambos, Fabrice Delloye, acudieron ayer por la tarde tarde a una misa en la Iglesia Española de París en homenaje a los 11 ex diputados del Valle del Cauca, que eran rehenes de las FARC desde 2002.
La guerrilla anunció la semana pasada que los 11 habían muerto el pasado día 18 en un supuesto “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”. El gobierno colombiano negó que hubiera habido una operación del Ejército y acusó a las FARC de haber matado a los ex diputados.
También el papa Benedicto XVI lamentó ayer la matanza de los 11 legisladores colombianos y pidió la liberación del resto de los rehenes en Colombia.
El Pontífice rezó por el fin del “odio fratricida” en Colombia y se unió el dolor de los familiares de las víctimas.
Renuevo mi apelación de que “todo tipo de secuestros cese inmediatamente y que todas las víctimas de esas inadmisibles formas de violencia sean devueltas a sus familias”, dijo a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro.
En Bogotá, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, manifestó su respaldo a la creación de una Comisión Internacional Humanitaria para verificar las circunstancias en las que fallecieron los 11 ex legisladores.
“Ahora que los países amigos del acuerdo humanitario (España, Francia y Suiza) plantean la posibilidad de la Comisión de Encuesta, hay que considerarla”, declaró el prelado a periodistas colombianos.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
El Papa lamenta la matanza de los 11 ex diputados colombianos secuestrados
BOGOTÁ (Agencias).— El Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como improbable que uno de sus frentes haya sido la fuerza armada que presuntamente sostuvo hace trece días un enfrentamiento con las FARC en el suroeste colombiano, donde fueron asesinados 11 ex diputados regionales, según una entrevista publicada ayer por la prensa local.
Pablo Beltrán, como se hace llamar uno de los representantes del ELN en los acercamientos de paz que realiza el grupo rebelde con el gobierno colombiano en La Habana, aseguró que sus frentes rebeldes “tienen la orden de mantener una actitud defensiva y no ofensiva”.
“Siempre en el terreno se sabe quién está en la zona. Sindicar al ELN de que ha hecho ese ataque no tiene mucha argumentación”, declaró Beltrán en entrevista con la revista Semana”.
Mientras tanto, desde París, Mélanie Betancourt, cuya madre, Ingrid, es rehén de la guerrilla colombiana desde 2002, pidió ayer a las FARC un “gesto significativo” y que muestren que “aún les queda una sombra de humanidad”, tras la “terrible” muerte de los ex diputados secuestrados.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son “los primeros responsables y los primeros culpables de la muerte de los 11 ex diputados del Valle, pero el presidente Álvaro Uribe también es responsable porque en esos cinco años no hizo lo que debía hacer para encontrar una solución para un acuerdo humanitario”, dijo la hija de Ingrid Bétancourt ante la prensa.
Mélanie, su hermano Lorenzo y el padre de ambos, Fabrice Delloye, acudieron ayer por la tarde tarde a una misa en la Iglesia Española de París en homenaje a los 11 ex diputados del Valle del Cauca, que eran rehenes de las FARC desde 2002.
La guerrilla anunció la semana pasada que los 11 habían muerto el pasado día 18 en un supuesto “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”. El gobierno colombiano negó que hubiera habido una operación del Ejército y acusó a las FARC de haber matado a los ex diputados.
También el papa Benedicto XVI lamentó ayer la matanza de los 11 legisladores colombianos y pidió la liberación del resto de los rehenes en Colombia.
El Pontífice rezó por el fin del “odio fratricida” en Colombia y se unió el dolor de los familiares de las víctimas.
Renuevo mi apelación de que “todo tipo de secuestros cese inmediatamente y que todas las víctimas de esas inadmisibles formas de violencia sean devueltas a sus familias”, dijo a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro.
En Bogotá, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, manifestó su respaldo a la creación de una Comisión Internacional Humanitaria para verificar las circunstancias en las que fallecieron los 11 ex legisladores.
“Ahora que los países amigos del acuerdo humanitario (España, Francia y Suiza) plantean la posibilidad de la Comisión de Encuesta, hay que considerarla”, declaró el prelado a periodistas colombianos.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
Julio 1 de 2007 -
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
El presidente Uribe habló ayer con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y le pidió concretar su colaboración. Aceptar una comisión de encuesta implica admitir que hay conflicto.
Además, el Gobierno se siente más cómodo y confiado con la OEA para la tarea de recuperar los cuerpos y hacer los exámenes del caso, pues, de hecho, considera que el papel que ha jugado el organismo en el proceso con los paramilitares avalaría ese papel, aunque es una incógnita cuál será la respuesta de las Farc.
El viernes pasado, cuando el Gobierno esperaba que los delegados de Francia, Suiza y España condenaran a las Farc por el asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en el 2002, se conoció el comunicado en el que los ministerios de Exteriores de esos países proponían que se acudiera a la comisión de encuesta, creada en los protocolos de Ginebra para situaciones de guerra.
Pero la tesis de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, que ha defendido a lo largo de sus cinco años de gobierno, está detrás de la dura reacción del Presidente a la propuesta de los tres países amigos del acuerdo humanitario de convocar a la comisión de encuesta.
Por esa sugerencia, el Gobierno cree que los países facilitadores hicieron una "interpretación acomodada" de la petición que el presidente Uribe hizo el pasado jueves, cuando pidió a la comunidad internacional solidaridad y apoyo para conformar una comisión forense que investigue el asesinato de los 11 diputados.
La Cancillería colombiana aseguró que los tres países "desconocen los esfuerzos hechos por el Gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados" y que tratan de poner al Estado y a las Farc en el mismo nivel.
"Nos sentimos mal interpretados. Eso no fue lo que el presidente pidió", explicó el canciller Fernando Araújo a EL TIEMPO.
El asunto es que esa figura es vista por los Estados como una especie de sanción, pues implica que en sus territorios hay una situación que se sale de su control.
De hecho, parte de la estrategia diplomática de Colombia en los últimos años ha sido desactivar las propuestas de comisiones de encuesta para el país por derechos humanos, especialmente la violencia contra sindicalistas.
Otras reacciones
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, llamó a estar abiertos a la ayuda externa para resolver el conflicto, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia, encontró válida la reacción del Presidente.
"Me parece que toda injerencia de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a la política de paz debe ser rechazada, porque esto debe ser competencia exclusiva del Estado colombiano", dijo el prelado.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por su lado, señaló que ese tipo de mecanismos suelen "no reconocer la realidad que se vive en los diferentes países y no reconocer los esfuerzos de los Estados por resolver los problemas".
El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo señaló que el mecanismo podría servir y recordó en el caso de Machuca, por ejemplo, el gobierno Pastrana sugirió utilizarlo.
Los estados la ven como un castigo
En 1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya función es "investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH".
Es un organismo independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las "partes beligerantes" en una situación de guerra o conflicto, un término que precisamente es visto con reserva por los países que tienen conflicto interno, como Colombia.
Aceptarla en este caso, según internacionalistas consultados por EL TIEMPO, podría ser interpretado como un reconocimiento a las Farc como opositor legítimo.
Publicado en www.eltiempo.com
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
El presidente Uribe habló ayer con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y le pidió concretar su colaboración. Aceptar una comisión de encuesta implica admitir que hay conflicto.
Además, el Gobierno se siente más cómodo y confiado con la OEA para la tarea de recuperar los cuerpos y hacer los exámenes del caso, pues, de hecho, considera que el papel que ha jugado el organismo en el proceso con los paramilitares avalaría ese papel, aunque es una incógnita cuál será la respuesta de las Farc.
El viernes pasado, cuando el Gobierno esperaba que los delegados de Francia, Suiza y España condenaran a las Farc por el asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en el 2002, se conoció el comunicado en el que los ministerios de Exteriores de esos países proponían que se acudiera a la comisión de encuesta, creada en los protocolos de Ginebra para situaciones de guerra.
Pero la tesis de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, que ha defendido a lo largo de sus cinco años de gobierno, está detrás de la dura reacción del Presidente a la propuesta de los tres países amigos del acuerdo humanitario de convocar a la comisión de encuesta.
Por esa sugerencia, el Gobierno cree que los países facilitadores hicieron una "interpretación acomodada" de la petición que el presidente Uribe hizo el pasado jueves, cuando pidió a la comunidad internacional solidaridad y apoyo para conformar una comisión forense que investigue el asesinato de los 11 diputados.
La Cancillería colombiana aseguró que los tres países "desconocen los esfuerzos hechos por el Gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados" y que tratan de poner al Estado y a las Farc en el mismo nivel.
"Nos sentimos mal interpretados. Eso no fue lo que el presidente pidió", explicó el canciller Fernando Araújo a EL TIEMPO.
El asunto es que esa figura es vista por los Estados como una especie de sanción, pues implica que en sus territorios hay una situación que se sale de su control.
De hecho, parte de la estrategia diplomática de Colombia en los últimos años ha sido desactivar las propuestas de comisiones de encuesta para el país por derechos humanos, especialmente la violencia contra sindicalistas.
Otras reacciones
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, llamó a estar abiertos a la ayuda externa para resolver el conflicto, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia, encontró válida la reacción del Presidente.
"Me parece que toda injerencia de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a la política de paz debe ser rechazada, porque esto debe ser competencia exclusiva del Estado colombiano", dijo el prelado.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por su lado, señaló que ese tipo de mecanismos suelen "no reconocer la realidad que se vive en los diferentes países y no reconocer los esfuerzos de los Estados por resolver los problemas".
El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo señaló que el mecanismo podría servir y recordó en el caso de Machuca, por ejemplo, el gobierno Pastrana sugirió utilizarlo.
Los estados la ven como un castigo
En 1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya función es "investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH".
Es un organismo independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las "partes beligerantes" en una situación de guerra o conflicto, un término que precisamente es visto con reserva por los países que tienen conflicto interno, como Colombia.
Aceptarla en este caso, según internacionalistas consultados por EL TIEMPO, podría ser interpretado como un reconocimiento a las Farc como opositor legítimo.
Publicado en www.eltiempo.com
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Julio 2 de 2007 -
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Por eso, toma fuerza la hipótesis de que los asesinatos pudieron ser cometidos por un grupo emergente de los paramilitares.
Fueron unos ocho hombres con camuflado, pasamontañas, chaquetas negras y fuertemente armados los que masacraron este domingo a las cinco personas, entre ellos un menor de unos 14 años, en una gallera ubicada en la vereda San Gabriel, a una hora de Viotá.
En el hecho también resultó herido un niño de 10 años, quien fue remitido, al igual que los cuerpos, al municipio de Girardot. Según las autoridades locales, las heridas del menor fueron leves.
Desde hace unos 10 años, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 17 personas entre Viotá y Tocaima, en esta región no había ocurrido un hecho como el de ayer en la madrugada.
Los adultos muertos fueron identificados como José Rodríguez, a quien llamaban 'El Marrano'; Jairo Alarcón, conocido como 'El Tunjano'; Néstor Espitia Sánchez y Florián Rodríguez, quien era el dueño de la gallera llamada El Tigre.
Asesinato selectivo
Sobre una posible incursión de paramilitares en la zona, hay versiones encontradas entre las autoridades y algunos de los pobladores.
La Policía aseguró que no conocen el grupo que hizo la masacre y agregó que está esperando los resultados de la investigación.
Por su parte, habitantes de Viotá difieren en sus versiones acerca del color de los camuflados que utilizaron los hombres: unos dicen que era verde y otros azul. Algunos, sin embargo, se atreven a decir que fueron los 'paras'.
Primeras indagaciones de las autoridades revelan que el asesinato de estas personas fue selectivo, debido a que los cadáveres tienen impactos de bala disparadas a corta distancia.
Incluso, la Policía cree que en la gallera, donde a esa hora había unas 70 personas, estaban personas que informaban al grupo armado de la ubicación de las víctimas.
También, se cree que tanto el menor muerto, como el herido -quien es hijo del dueño de la gallera- resultaron afectados en el cruce de disparos en el establecimiento.
Se supo en la zona del homicidio que Florián Rodríguez, propietario del establecimiento, había sido amenazado hace cuatro años por un jefe de las Farc cuyo alias era 'Chicharrón', debido a una pelea, según pobladores de Viotá, en el occidente de Cundinamarca.
Anuncian recompensa
Es por eso que algunos vecinos de la región sostienen que pudo ser esa la razón de la masacre.
Esta zona, incluyendo la vereda, que tiene unos 300 habitantes y donde la gallera El Tigre es el establecimiento más grande, tuvo históricamente la influencia del frente 42 de las Farc.
Según informaciones de la Policía, desde hace cuatro años la guerrilla no actúa en la región. Sin embargo, el año pasado se desmovilizaron 30 milicianos de las Farc en este municipio.
Ayer en la tarde, el DAS anunció que entregará 50 millones de pesos de recompensa a los que informen sobre los responsables de este ataque.
VIOTÁ (CUNDINAMARCA)
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Por eso, toma fuerza la hipótesis de que los asesinatos pudieron ser cometidos por un grupo emergente de los paramilitares.
Fueron unos ocho hombres con camuflado, pasamontañas, chaquetas negras y fuertemente armados los que masacraron este domingo a las cinco personas, entre ellos un menor de unos 14 años, en una gallera ubicada en la vereda San Gabriel, a una hora de Viotá.
En el hecho también resultó herido un niño de 10 años, quien fue remitido, al igual que los cuerpos, al municipio de Girardot. Según las autoridades locales, las heridas del menor fueron leves.
Desde hace unos 10 años, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 17 personas entre Viotá y Tocaima, en esta región no había ocurrido un hecho como el de ayer en la madrugada.
Los adultos muertos fueron identificados como José Rodríguez, a quien llamaban 'El Marrano'; Jairo Alarcón, conocido como 'El Tunjano'; Néstor Espitia Sánchez y Florián Rodríguez, quien era el dueño de la gallera llamada El Tigre.
Asesinato selectivo
Sobre una posible incursión de paramilitares en la zona, hay versiones encontradas entre las autoridades y algunos de los pobladores.
La Policía aseguró que no conocen el grupo que hizo la masacre y agregó que está esperando los resultados de la investigación.
Por su parte, habitantes de Viotá difieren en sus versiones acerca del color de los camuflados que utilizaron los hombres: unos dicen que era verde y otros azul. Algunos, sin embargo, se atreven a decir que fueron los 'paras'.
Primeras indagaciones de las autoridades revelan que el asesinato de estas personas fue selectivo, debido a que los cadáveres tienen impactos de bala disparadas a corta distancia.
Incluso, la Policía cree que en la gallera, donde a esa hora había unas 70 personas, estaban personas que informaban al grupo armado de la ubicación de las víctimas.
También, se cree que tanto el menor muerto, como el herido -quien es hijo del dueño de la gallera- resultaron afectados en el cruce de disparos en el establecimiento.
Se supo en la zona del homicidio que Florián Rodríguez, propietario del establecimiento, había sido amenazado hace cuatro años por un jefe de las Farc cuyo alias era 'Chicharrón', debido a una pelea, según pobladores de Viotá, en el occidente de Cundinamarca.
Anuncian recompensa
Es por eso que algunos vecinos de la región sostienen que pudo ser esa la razón de la masacre.
Esta zona, incluyendo la vereda, que tiene unos 300 habitantes y donde la gallera El Tigre es el establecimiento más grande, tuvo históricamente la influencia del frente 42 de las Farc.
Según informaciones de la Policía, desde hace cuatro años la guerrilla no actúa en la región. Sin embargo, el año pasado se desmovilizaron 30 milicianos de las Farc en este municipio.
Ayer en la tarde, el DAS anunció que entregará 50 millones de pesos de recompensa a los que informen sobre los responsables de este ataque.
VIOTÁ (CUNDINAMARCA)
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