La mayoría de las amenazas proviene de las Farc, señaló el presidente de la Federación Nacional de Concejales (Fenacon), Fabio Estrada. El Gobierno dijo que la cifra es de 73.
"La información que se tiene con la Policía Nacional es que de manera directa son 73 los concejales amenazados de muerte y cerca de 1.200 se encuentran en un programa colectivo ya que de alguna manera sus vidas corren riesgos", señaló el ministro dl Interior, Fabio Valencia Cossio.
Según el ministro, en declaraciones a la radio 'Caracol', luego de las denuncias del vocero de Fenacon, se reunirá el lunes próximo con ese gremio "para estudiar las cifras que él maneja", según dijo.
Estrada indicó que "las amenazas no sólo vienen de las Farc o del Eln (Ejército de Liberación Nacional). El acoso también proviene del narcotráfico o de las llamadas bandas emergentes, que están conformadas por antiguos combatientes de los grupos paramilitares (de ultraderecha)", añadió.
"Lo más triste es que esta situación genera incertidumbre y mucho temor a la hora de realizar su trabajo. Ellos no pueden salir de cierto perímetro porque o si no los matan y el Gobierno debe garantizar su libre movilidad que es lo mínino a que tiene derecho un colombiano", enfatizó Estrada.
Según el vocero de Fenacon, los principales amenazados son los ediles de los departamentos (provincias) de Caquetá (centro), Huila, Nariño, Putumayo Valle, Cauca, Tolima (sur), Arauca, Norte de Santander y Meta (este), Chocó (oeste); y, Sucre y Córdoba (norte).
"En los últimos ocho años han sido asesinado más de 400 concejales y tan sólo en lo que va de este año han muerto cuatro.
La situación para los concejales colombianos es dramática", concluyó.
Ante esta situación denunciada, el director de seguridad ciudadana de la Policía colombiana, general Orlando Páez, aseguró que esa institución hace un gran esfuerzo para garantizar la protección a los concejales amenazados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos.
"Hemos tomado medidas. Los concejales están viviendo cerca a las estaciones de Policía o a las brigadas del Ejército y los hemos intentado ubicar a todos juntos en puntos clave para poderlos proteger de una manera más eficaz", señaló Páez a la cadena radial privada Caracol.
El viernes, el concejal Norberto Clavijo, de San Vicente del Caguán, hizo unas denuncias similares, aunque señaló que eran unos 60 concejales amenazados.
Indicó que las Farc los considera colaboradores del gobierno del presidente Alvaro Uribe y por ello los declaró 'objetivo militar'.
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martes, 21 de julio de 2009
Tres delaciones a la DEA desataron guerra entre bandas que vive actualmente Medellín
Hombres de la 'Oficina de Envigado' delataron ante la DEA a Luis Fernando Castaño Alzate, alias 'la Firma' o 'Botija', y a los 'G', dos poderosos hermanos que manejan el narcotráfico en Antioquia.
El cerrado grupo de mafiosos que actúa en Medellín fue sacudido el pasado 17 de febrero, cuando agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Luis Fernando Castaño Alzate, cabecilla de la organización criminal conocida como la 'Oficina de Envigado'.
'La Firma' -como le dicen a Castaño sus socios en el negocio- era uno de los narcos más custodiados. Por eso nadie entendía cómo lograron sorprenderlo saliendo de su oficina, cerca del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.
La respuesta se filtró horas más tarde: dos miembros de la propia 'Oficina de Envigado' le dieron su nombre y ubicación a la DEA.
Tal como lo reveló EL TIEMPO el pasado martes, la 'Oficina' sindica a Mauricio López Cardona, alias 'Yiyo', y a alias 'Valenciano', miembros de la cúpula de la tenebrosa banda sicarial, de estar negociando con E.U.
Incluso, hablan de cumbres sostenidas por estos dos hombres con la DEA, en Panamá y Costa Rica, a expensas de Carlos Mario Aguilar, 'Rogelio', quien ya se sometió a la justicia gringa.
Esta delación desató parte de los 30 crímenes que se registraron en Medellín en menos de cinco días y que llevaron al director de la Policía, general Óscar Naranjo, a ordenar el traslado a esa ciudad de una comisión de 30 investigadores de la Dijín, 15 unidades de Inteligencia de la Dipol y un grupo de la Fuerza de Control Urbano.
Los hermanos 'G'
'La Firma' o 'Botija', será extraditado en las próximas semanas para que responda ante una corte Federal de Tampa (Florida) por el envío de 5 toneladas de droga.
Pero él no es el único narco que está en la mira de E.U. por cuenta de las delaciones entre la mafia.
Dos viejos narcotraficantes del cartel de Medellín y conocidos como los hermanos 'G', también serán requeridos.
Ambos traficaban actualmente con alias 'Rogelio' y aunque en el pasado la justicia los ha indagado en varias oportunidades -incluso tras la muerte del jugador de fútbol Andrés Escobar- nunca se les ha podido comprobar nada en Colombia. Por eso, EL TIEMPO omite por ahora sus nombres.
La presión sobre los 'G' es tal que incluso se dice que ya enviaron a un abogado a E.U. para averiguar qué cargos hay en su contra. Ese mismo camino lo tomó hace algunos meses, su socio Gustavo Alberto Tapias Ospina.
Tapias, de 58 años, conocido como 'Techo', era otro de los viejos capos intocables de Antioquia, con nexos en varios círculos políticos. Hoy duerme en la Federal Detention Center de Miami, después de ser condenado (en febrero) por narcotráfico.
Ahora, se indaga si él tuvo algo que ver con la polémica visita de Antonio López, alias 'Job' -emisario de 'Don Berna'- a la Casa de Nariño.
Ofensiva oficial
Para controlar estas vendettas y los coletazos por la captura de Fabio Édison Gómez, alias 'Riñón' -otro miembro importante de la 'Oficina de Envigado'-, Policía y Ejército ejecutan una estrategia de seguridad que esta semana culminó con la captura de 36 miembros de varios de los combos enfrentados.
De acuerdo con el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de la IV Brigada, las tropas del Ejército se sumarán a la ofensiva contra los 154 combos identificados en Medellín, con 250 soldados en la zona Noroccidental, 150 en la Nororiental
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El cerrado grupo de mafiosos que actúa en Medellín fue sacudido el pasado 17 de febrero, cuando agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Luis Fernando Castaño Alzate, cabecilla de la organización criminal conocida como la 'Oficina de Envigado'.
'La Firma' -como le dicen a Castaño sus socios en el negocio- era uno de los narcos más custodiados. Por eso nadie entendía cómo lograron sorprenderlo saliendo de su oficina, cerca del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.
La respuesta se filtró horas más tarde: dos miembros de la propia 'Oficina de Envigado' le dieron su nombre y ubicación a la DEA.
Tal como lo reveló EL TIEMPO el pasado martes, la 'Oficina' sindica a Mauricio López Cardona, alias 'Yiyo', y a alias 'Valenciano', miembros de la cúpula de la tenebrosa banda sicarial, de estar negociando con E.U.
Incluso, hablan de cumbres sostenidas por estos dos hombres con la DEA, en Panamá y Costa Rica, a expensas de Carlos Mario Aguilar, 'Rogelio', quien ya se sometió a la justicia gringa.
Esta delación desató parte de los 30 crímenes que se registraron en Medellín en menos de cinco días y que llevaron al director de la Policía, general Óscar Naranjo, a ordenar el traslado a esa ciudad de una comisión de 30 investigadores de la Dijín, 15 unidades de Inteligencia de la Dipol y un grupo de la Fuerza de Control Urbano.
Los hermanos 'G'
'La Firma' o 'Botija', será extraditado en las próximas semanas para que responda ante una corte Federal de Tampa (Florida) por el envío de 5 toneladas de droga.
Pero él no es el único narco que está en la mira de E.U. por cuenta de las delaciones entre la mafia.
Dos viejos narcotraficantes del cartel de Medellín y conocidos como los hermanos 'G', también serán requeridos.
Ambos traficaban actualmente con alias 'Rogelio' y aunque en el pasado la justicia los ha indagado en varias oportunidades -incluso tras la muerte del jugador de fútbol Andrés Escobar- nunca se les ha podido comprobar nada en Colombia. Por eso, EL TIEMPO omite por ahora sus nombres.
La presión sobre los 'G' es tal que incluso se dice que ya enviaron a un abogado a E.U. para averiguar qué cargos hay en su contra. Ese mismo camino lo tomó hace algunos meses, su socio Gustavo Alberto Tapias Ospina.
Tapias, de 58 años, conocido como 'Techo', era otro de los viejos capos intocables de Antioquia, con nexos en varios círculos políticos. Hoy duerme en la Federal Detention Center de Miami, después de ser condenado (en febrero) por narcotráfico.
Ahora, se indaga si él tuvo algo que ver con la polémica visita de Antonio López, alias 'Job' -emisario de 'Don Berna'- a la Casa de Nariño.
Ofensiva oficial
Para controlar estas vendettas y los coletazos por la captura de Fabio Édison Gómez, alias 'Riñón' -otro miembro importante de la 'Oficina de Envigado'-, Policía y Ejército ejecutan una estrategia de seguridad que esta semana culminó con la captura de 36 miembros de varios de los combos enfrentados.
De acuerdo con el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de la IV Brigada, las tropas del Ejército se sumarán a la ofensiva contra los 154 combos identificados en Medellín, con 250 soldados en la zona Noroccidental, 150 en la Nororiental
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'Debemos ser muy incisivos y críticos con las Farc', dice Carlos Lozano
"Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora", reconoce el director del Semanario Voz.
Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.
El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.
¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?
La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.
¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?
Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.
Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?
Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.
Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?
Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.
¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?
Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.
El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?
Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA
Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.
El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.
¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?
La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.
¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?
Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.
Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?
Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.
Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?
Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.
¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?
Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.
El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?
Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA
Ofensiva, recuperación y control social del territorio, tiene 'salto estratégico' contra las Farc
El ministro de Defensa señaló que la misión que ha cumplido la Fuerza Pública en los últimos años ha sido recuperar "a Colombia para los colombianos", y por eso hay que redireccionar la estrategia.
"Tenemos que acabar de doblegar a la bestia del terrorismo. La bestia está herida, y tenemos que darle la estocada final, para llevarla a un punto de no retorno", dijo Juan Manuel Santos al presentarlo.
Según Santos, esta estrategia hace parte del Plan Consolidación. El anuncio, hecho en la ceremonia de entrega de dagas a las primeras cadetes mujeres del Ejército,
Este 'salto estratégico' consta de seis puntos
Empiezan por la campaña militar "masiva y sostenida" que se ha puesto en marcha en el último semestre en las zonas donde la guerrilla aún tienen capacidad de concentración.
"Vamos a llegar donde las Farc aún tengan alguna capacidad militar creíble, recogiendo medios y hombres de varios puntos del país y concentrándolos allí, bajo criterios de operaciones conjuntas y combinadas", dijo Santos.
El otro punto se refiere al trabajo de inteligencia enfocada a localizar y golpear objetivos de alto valor.
En tercer lugar habrá un trabajo coordinado con la Fiscalía para lograr la captura y condena de guerrilleros, milicianos y otros integrantes de grupos al margen de la ley. También se mantendrá el trabajo contra el narcotráfico con la aspersión y la erradicación manual.
En quinto punto y tal vez uno de los más importantes, es el trabajo que se hará en las fronteras. "Es un trabajo de contención en las fronteras y en las áreas a donde se moverían sus estructuras (las Farc) cuando ataquemos sus zonas de base, anticipando sus movimientos", indicó.
Por último, señalo que seguirá en pie el esfuerzo por la recuperación social de las zonas donde antes estaban las Farc.
El ministro señaló que aparte de estos seis puntos, la Fuerza Pública se enfrenta a la guerra política y jurídica de las Farc, que responde con infiltraciones con milicias a las universidades y organizaciones sociales a través del PC3.
"Con esta campaña militar y social, y acciones contra la guerra política y jurídica, daremos el 'salto estratégico' para vencer el narcoterrorismo y sentar las bases de una paz duradera", concluyó.
Publicado en
www.semana.com
"Tenemos que acabar de doblegar a la bestia del terrorismo. La bestia está herida, y tenemos que darle la estocada final, para llevarla a un punto de no retorno", dijo Juan Manuel Santos al presentarlo.
Según Santos, esta estrategia hace parte del Plan Consolidación. El anuncio, hecho en la ceremonia de entrega de dagas a las primeras cadetes mujeres del Ejército,
Este 'salto estratégico' consta de seis puntos
Empiezan por la campaña militar "masiva y sostenida" que se ha puesto en marcha en el último semestre en las zonas donde la guerrilla aún tienen capacidad de concentración.
"Vamos a llegar donde las Farc aún tengan alguna capacidad militar creíble, recogiendo medios y hombres de varios puntos del país y concentrándolos allí, bajo criterios de operaciones conjuntas y combinadas", dijo Santos.
El otro punto se refiere al trabajo de inteligencia enfocada a localizar y golpear objetivos de alto valor.
En tercer lugar habrá un trabajo coordinado con la Fiscalía para lograr la captura y condena de guerrilleros, milicianos y otros integrantes de grupos al margen de la ley. También se mantendrá el trabajo contra el narcotráfico con la aspersión y la erradicación manual.
En quinto punto y tal vez uno de los más importantes, es el trabajo que se hará en las fronteras. "Es un trabajo de contención en las fronteras y en las áreas a donde se moverían sus estructuras (las Farc) cuando ataquemos sus zonas de base, anticipando sus movimientos", indicó.
Por último, señalo que seguirá en pie el esfuerzo por la recuperación social de las zonas donde antes estaban las Farc.
El ministro señaló que aparte de estos seis puntos, la Fuerza Pública se enfrenta a la guerra política y jurídica de las Farc, que responde con infiltraciones con milicias a las universidades y organizaciones sociales a través del PC3.
"Con esta campaña militar y social, y acciones contra la guerra política y jurídica, daremos el 'salto estratégico' para vencer el narcoterrorismo y sentar las bases de una paz duradera", concluyó.
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Así se está viviendo la guerra entre bandas en las comunas del nororiente de Medellín
Un equipo de EL TIEMPO recorrió los barrios donde Mauricio López o 'Yiyo' -actual jefe de la Oficina de Envigado y sucesor de nombres que producen temor, como 'don Berna' y 'Rogelio'- es amo y señor.
La violencia que se reactivó en Medellín y que en la última semana deja casi una treintena de muertos ha revivido en las comunas del oriente de la ciudad los fantasmas que algunos creían desterrados tras casi cinco años de relativa tranquilidad.
Los últimos asesinatos son atribuidos a una purga interna en la temida 'Oficina de Envigado' por el intento de dos de sus jefes ('Yiyo' y 'Valenciano') para buscar una negociación con E.U. Pero desde hace meses la ciudad siente los coletazos de la guerra entre 'Los Paisas' y la gente de 'don Mario', que quiere manejar combos y bandas que llevan hasta dos generaciones dedicadas al narcotráfico y el sicariato.
Vigilancia y 'desenguayabe'
A las 11 de la mañana del domingo 29 de marzo, mientras en el Palacio de Exposiciones de Medellín se realizaba con todo éxito la histórica Asamblea 50 del BID, en los barrios altos, a no más de una hora de allí, los jóvenes de las bandas apenas empezaban el 'desenguayabe'.
Pero estaban vigilantes, a pesar de que seguían tomando aguardiente de caja.
Literalmente, ningún desconocido se mueve en esa zona si no tiene el permiso de 'Yiyo', aunque en los últimos días él también ha estado en la mira de sus antiguos socios, que temen que una delación. Sagradamente, taxistas, choferes de bus y hasta los carros de la leche pagan la 'vacuna' establecida por 'La Oficina'. Y 'Yiyo' y sus socios autorizan y reciben parte por los robos que se cometen en 'su zona'.
En la parte alta del barrio Popular, en la comuna 8, el grupo de muchachos que parecía una horda inspeccionando la presa no tenía problema en dejar ver las pistolas que llevaban al cinto.
Con los estragos de la noche anterior plasmados en la cara, uno
de ellos se atravesó en el camino del vehículo en el que iba el equipo periodístico, pero se tranquilizó cuando confirmó que el recorrido estaba 'autorizado'.
"No hay problema, pero no se calienten", dijo el hombre, que no pasaba de los 25 años.
Los 'permisos' regresaron porque desde finales del año pasado 'don Mario' empezó a meterse en su territorio. Según dicen en las calles, este hombre ha pagado miles de millones de pesos para comprar barrios enteros y ha infiltrado a su gente, en su mayoría antiguos hombres de 'Doble Cero' que luego de su muerte pasaron a las filas de 'don Berna'.
Ahora, después de desmovilizarse con el bloque Nutibara, regresaron al lado del hombre que nunca se le 'torció' a Carlos Castaño, al igual que su hermano Freddy Rendón, el 'Alemán'.
"Ellos han logrado controlar algunas rutas que antes tenía 'Berna' y ahora quieren sacarnos, pero no van poder. Aquí los recibimos y se les atiende con cariño", dice uno de los muchachos que custodian esa comuna.
¿Qué está en juego? Corredores urbanos por donde se mueven cargamentos de droga y armas, y 'combos' de sicarios que eran niños cuando algunos de sus hermanos ya mataban para Pablo Escobar.
Aunque nadie de la oficina de Envigado certifica que 'don Mario' ya haya podido ocupar alguna comuna, lo que sí está claro, es que dentro de sus planes hay un afán por desplazar a 'don Berna' de barrios donde todavía hacen misas en memoria del capo abatido hace 15 años.
Los asesinatos, dicen fuentes de la zona y de inteligencia, tienen un nuevo sello: el de 'Los Cuquitas', una banda que ocupó negocios que antes fueron de Los Priscos y La Terraza. "Esa gente tiene aproximadamente 100 hombres, 70 fusiles, pistolas,
carros y motos", señaló una fuente oficial.
Todos, a la vez, subcontratan los crímenes con 'combos' que trabajan en microtráfico de estupefacientes y asesinatos por encargo. La Policía cree que hay al menos 120 de ellos.
REDACCIÓN JUSTICIA
BOGOTÁ
Publicado en
www.eltiempo.com
La violencia que se reactivó en Medellín y que en la última semana deja casi una treintena de muertos ha revivido en las comunas del oriente de la ciudad los fantasmas que algunos creían desterrados tras casi cinco años de relativa tranquilidad.
Los últimos asesinatos son atribuidos a una purga interna en la temida 'Oficina de Envigado' por el intento de dos de sus jefes ('Yiyo' y 'Valenciano') para buscar una negociación con E.U. Pero desde hace meses la ciudad siente los coletazos de la guerra entre 'Los Paisas' y la gente de 'don Mario', que quiere manejar combos y bandas que llevan hasta dos generaciones dedicadas al narcotráfico y el sicariato.
Vigilancia y 'desenguayabe'
A las 11 de la mañana del domingo 29 de marzo, mientras en el Palacio de Exposiciones de Medellín se realizaba con todo éxito la histórica Asamblea 50 del BID, en los barrios altos, a no más de una hora de allí, los jóvenes de las bandas apenas empezaban el 'desenguayabe'.
Pero estaban vigilantes, a pesar de que seguían tomando aguardiente de caja.
Literalmente, ningún desconocido se mueve en esa zona si no tiene el permiso de 'Yiyo', aunque en los últimos días él también ha estado en la mira de sus antiguos socios, que temen que una delación. Sagradamente, taxistas, choferes de bus y hasta los carros de la leche pagan la 'vacuna' establecida por 'La Oficina'. Y 'Yiyo' y sus socios autorizan y reciben parte por los robos que se cometen en 'su zona'.
En la parte alta del barrio Popular, en la comuna 8, el grupo de muchachos que parecía una horda inspeccionando la presa no tenía problema en dejar ver las pistolas que llevaban al cinto.
Con los estragos de la noche anterior plasmados en la cara, uno
de ellos se atravesó en el camino del vehículo en el que iba el equipo periodístico, pero se tranquilizó cuando confirmó que el recorrido estaba 'autorizado'.
"No hay problema, pero no se calienten", dijo el hombre, que no pasaba de los 25 años.
Los 'permisos' regresaron porque desde finales del año pasado 'don Mario' empezó a meterse en su territorio. Según dicen en las calles, este hombre ha pagado miles de millones de pesos para comprar barrios enteros y ha infiltrado a su gente, en su mayoría antiguos hombres de 'Doble Cero' que luego de su muerte pasaron a las filas de 'don Berna'.
Ahora, después de desmovilizarse con el bloque Nutibara, regresaron al lado del hombre que nunca se le 'torció' a Carlos Castaño, al igual que su hermano Freddy Rendón, el 'Alemán'.
"Ellos han logrado controlar algunas rutas que antes tenía 'Berna' y ahora quieren sacarnos, pero no van poder. Aquí los recibimos y se les atiende con cariño", dice uno de los muchachos que custodian esa comuna.
¿Qué está en juego? Corredores urbanos por donde se mueven cargamentos de droga y armas, y 'combos' de sicarios que eran niños cuando algunos de sus hermanos ya mataban para Pablo Escobar.
Aunque nadie de la oficina de Envigado certifica que 'don Mario' ya haya podido ocupar alguna comuna, lo que sí está claro, es que dentro de sus planes hay un afán por desplazar a 'don Berna' de barrios donde todavía hacen misas en memoria del capo abatido hace 15 años.
Los asesinatos, dicen fuentes de la zona y de inteligencia, tienen un nuevo sello: el de 'Los Cuquitas', una banda que ocupó negocios que antes fueron de Los Priscos y La Terraza. "Esa gente tiene aproximadamente 100 hombres, 70 fusiles, pistolas,
carros y motos", señaló una fuente oficial.
Todos, a la vez, subcontratan los crímenes con 'combos' que trabajan en microtráfico de estupefacientes y asesinatos por encargo. La Policía cree que hay al menos 120 de ellos.
REDACCIÓN JUSTICIA
BOGOTÁ
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Así cuadraron las cuentas
Nación Estas son las maromas con que los organizadores del referendo buscan justificar la violación de los topes electorales, la misma que los tiene en la mira de las autoridades.
Ya está claro que los promotores del referendo para la reelección se rajaron en gramática. La manera como redactaron la pregunta a la cual la gente debe responder 'Sí' o 'No' tiene en entredicho la reelección de Álvaro Uribe para 2010. También se ha destapado que esos mismos promotores también tienen serias fallas de contabilidad.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que podría calificarse de valiente en el actual contexto político del país y abrió investigación a los promotores por la posible violación de los topes individuales previstos por la ley para la financiación del referendo.
Más allá de los topes, al ponerles la lupa a cientos de documentos recogidos en el expediente, se puede trazar un mapa de todas las acrobacias que han tenido que desplegar para tratar de hacer aparecer como legales las cuantiosas contribuciones recibidas.
El 17 de julio del año pasado Luis Guillermo Giraldo concretó la fórmula para financiar la costosa recolección de firmas. Se había puesto como meta recoger cinco millones de ellas para que no quedara duda de que los colombianos querían convocar un referendo para reelegir a Uribe. Eso le costaba 2.000 millones de pesos. Para ajustarse a los topes que impone la ley tenía dos alternativas. La primera, que cerca de 700 personas se metieran la mano al bolsillo y le dieran tres millones de pesos cada una. Y la segunda, buscarle una presentación acorde con la ley al dinero que ya habían aportado un puñado de amigos contratistas, comerciantes e industriales en donaciones de 20 millones a 150 millones de pesos.
La decisión fue presentarlo como un préstamo. Para eso aprovechó que el equipo que le estaba haciendo fuerza al referendo que hasta ese momento era uno solo, en el papel podía verse como dos distintos: por una parte la Asociación Colombia Primero y por otra el Comité de Promotores para la Reelección. Ambos eran presididos por Giraldo y tenían casi los mismos miembros. Ese día Giraldo autorizó un préstamo que para todo efecto práctico era, como se dice coloquialmente, de 'yo con yo'. Como presidente de la Asociación convocó a su junta directiva y le solicitó "autorización para dar un préstamo al Comité, a fin de formalizar las gestiones que se han venido adelantando". Así consta en las actas de la Asociación.
Ese mismo día, ésta firmó un 'contrato de préstamo' con el Comité de Promotores con unas gabelas muy especiales: no tenía un monto definido, el dinero ni siquiera tenía que pasar por manos del Comité porque la Asociación podría pagar directamente sus cuentas, el Comité no tendría que cancelar ningún tipo de interés y podría pagar el préstamo hasta un año después de que la Asociación se lo cobrara.
Hay dos detalles que han despertado inquietud sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. Por un lado, quien firma el préstamo por parte de la Asociación no es Giraldo como su presidente o representante legal que era en ese momento, sino Doris Ángel, como representante legal suplente. Giraldo habría podido firmarlo, pero el contrato quedaba con la firma de él estampada en dos partes: como quien da el dinero y como quien lo recibe. El otro aspecto, y quizás el más importante, es que la Asociación para ese momento, es decir, antes de que se concediera el préstamo, ya había desembolsado 1.180 millones de pesos de la campaña de recolección de firmas, según consta en su contabilidad. ¿Cómo van a justificar que el gasto de estos 1.180 millones de pesos se ajusta a los topes electorales sin préstamo de por medio? ¿Cómo se soporta ese desembolso sin que la junta de la Asociación lo hubiera autorizado? ¿En realidad era la Asociación la encargada de recoger la mayor parte del dinero para el referendo y la idea de la triangulación llegó tarde?
En la práctica, a la campaña del referendo sólo entraron 68 millones de pesos en efectivo y cheques, y 38 pagarés a su favor por 74 millones de pesos (que luego se endosaron a la Asociación y nadie ha hecho efectivos). Los otros cerca de 2.000 millones que se gastaron, se canalizaron a través de la Asociación.
El 11 de agosto, los promotores de la reelección con Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, entregaron poco más de cinco millones de firmas en la Registraduría. El 2 de septiembre era el plazo máximo de rendición de cuentas. Ese día aplicaron la estrategia y presentaron una cuenta de cobro de la Asociación al Comité por un préstamo de 1.903 millones de pesos y un pagaré de Giraldo como vocero del Comité por ese mismo valor. Pero las autoridades electorales no cayeron en la maraña contable, construida para desviar la atención de los recursos realmente recibidos.
En la sorprendente contabilidad del referendo también aparece otro detalle que deja abiertos interrogantes. Se trata de un "evento artístico cultural en apoyo de la reelección presidencial", realizado el 28 de julio en el Hotel Dann de Bogotá. Los 500 invitados pagaban un bono de medio millón de pesos y a cambio les entregarían un cuadro del maestro Pío Uribe. También se rifaría otra obra del mismo artista avaluada en 15 millones de pesos. Es decir, se trataba de un aporte en especie equivalente a 265 millones de pesos, que no aparece en la contabilidad. Además, ese día sólo aparecen ingresos por cerca de 19 millones de pesos ¿Qué sucedió con el resto? ¿Acaso la asistencia fue baja? Más llamativo aún, en la contabilidad figura que al maestro le dieron 20 millones, es decir a razón de 40.000 pesos por cuadro.
Más allá de los malabares del préstamo, en cuanto a las donaciones hechas a la Asociación también hay reparos. Si se acepta que esas donaciones eran aportes que hacían particulares a una organización sin ánimo de lucro, lo mínimo que debían cumplir era un requisito en notaría que se conoce como escritura pública de insinuación notarial. Cuando las autoridades revisaron este punto encontraron que de las decenas de donaciones sólo una, la de RCN, se hizo antes de la entrega del dinero, el resto fueron posteriores, incluso algunas con ocho meses de retraso, cuando las autoridades indagaron sobre el tema.
Las dudas sobre este punto, que algunos pueden considerar menor, podría enredarles la vida a los aportantes si se llega a comprobar que se orquestó un tinglado para evadir el control de las autoridades. No sólo habrían violado los topes, sino que podrían iniciarse procesos contra ellos, al igual que contra los miembros del Comité de Promotores del referendo, por fraude procesal.
El otro hecho que sorprende en la documentación que han entregado los promotores del referendo para explicar sus actuaciones tiene que ver con los certificados que la Asociación Colombia Primero les ha dado a sus aportantes para efectos tributarios. En ellas (ver facsímil) dicen que el objeto de Colombia Primero es, entre otras "fomentar la solidaridad a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia" y "prestar ayuda económica y sicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto". SEMANA buscó en la Cámara de Comercio los registros de esta Asociación y encontró que el principal objeto es ciertamente distinto al mencionado. Dice: "El fomento de todo tipo de actividades cívicas, culturales, ideológicas, sociales, investigativas, de iniciativas populares, de participación ciudadana y comunitaria, que se dirijan hacia la promoción de la democracia". ¿Qué buscaban los organizadores del referendo con este tipo de certificaciones? ¿Sería esta la forma de sustentar que los aportes que la Asociación recibió no eran para la recolección de firmas sino para las víctimas de la violencia?.
El manejo financiero de la campaña de recolección de firmas para el referendo no brilló propiamente por su trasparencia. El hecho de que la ley imponga unos topes para los aportes individuales no es un mero capricho del legislador, tiene una razón de ser fundamental y es que la convocatoria de un referendo -y más si se trata de uno como este que transforma la historia de las costumbres políticas en el país- tiene que surgir de un auténtico clamor del pueblo y no como resultado de una campaña montada por ciertos poderes económicos.
Con el buen desempeño del presidente Álvaro Uribe en las encuestas, es muy probable que se podrían recoger los millones de firmas necesarios para el referendo, sin tener que acudir a estos abultados aportes. Pero lo que no se puede admitir es que una iniciativa que propende por la democracia burle las normas mínimas del derecho.
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Ya está claro que los promotores del referendo para la reelección se rajaron en gramática. La manera como redactaron la pregunta a la cual la gente debe responder 'Sí' o 'No' tiene en entredicho la reelección de Álvaro Uribe para 2010. También se ha destapado que esos mismos promotores también tienen serias fallas de contabilidad.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que podría calificarse de valiente en el actual contexto político del país y abrió investigación a los promotores por la posible violación de los topes individuales previstos por la ley para la financiación del referendo.
Más allá de los topes, al ponerles la lupa a cientos de documentos recogidos en el expediente, se puede trazar un mapa de todas las acrobacias que han tenido que desplegar para tratar de hacer aparecer como legales las cuantiosas contribuciones recibidas.
El 17 de julio del año pasado Luis Guillermo Giraldo concretó la fórmula para financiar la costosa recolección de firmas. Se había puesto como meta recoger cinco millones de ellas para que no quedara duda de que los colombianos querían convocar un referendo para reelegir a Uribe. Eso le costaba 2.000 millones de pesos. Para ajustarse a los topes que impone la ley tenía dos alternativas. La primera, que cerca de 700 personas se metieran la mano al bolsillo y le dieran tres millones de pesos cada una. Y la segunda, buscarle una presentación acorde con la ley al dinero que ya habían aportado un puñado de amigos contratistas, comerciantes e industriales en donaciones de 20 millones a 150 millones de pesos.
La decisión fue presentarlo como un préstamo. Para eso aprovechó que el equipo que le estaba haciendo fuerza al referendo que hasta ese momento era uno solo, en el papel podía verse como dos distintos: por una parte la Asociación Colombia Primero y por otra el Comité de Promotores para la Reelección. Ambos eran presididos por Giraldo y tenían casi los mismos miembros. Ese día Giraldo autorizó un préstamo que para todo efecto práctico era, como se dice coloquialmente, de 'yo con yo'. Como presidente de la Asociación convocó a su junta directiva y le solicitó "autorización para dar un préstamo al Comité, a fin de formalizar las gestiones que se han venido adelantando". Así consta en las actas de la Asociación.
Ese mismo día, ésta firmó un 'contrato de préstamo' con el Comité de Promotores con unas gabelas muy especiales: no tenía un monto definido, el dinero ni siquiera tenía que pasar por manos del Comité porque la Asociación podría pagar directamente sus cuentas, el Comité no tendría que cancelar ningún tipo de interés y podría pagar el préstamo hasta un año después de que la Asociación se lo cobrara.
Hay dos detalles que han despertado inquietud sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. Por un lado, quien firma el préstamo por parte de la Asociación no es Giraldo como su presidente o representante legal que era en ese momento, sino Doris Ángel, como representante legal suplente. Giraldo habría podido firmarlo, pero el contrato quedaba con la firma de él estampada en dos partes: como quien da el dinero y como quien lo recibe. El otro aspecto, y quizás el más importante, es que la Asociación para ese momento, es decir, antes de que se concediera el préstamo, ya había desembolsado 1.180 millones de pesos de la campaña de recolección de firmas, según consta en su contabilidad. ¿Cómo van a justificar que el gasto de estos 1.180 millones de pesos se ajusta a los topes electorales sin préstamo de por medio? ¿Cómo se soporta ese desembolso sin que la junta de la Asociación lo hubiera autorizado? ¿En realidad era la Asociación la encargada de recoger la mayor parte del dinero para el referendo y la idea de la triangulación llegó tarde?
En la práctica, a la campaña del referendo sólo entraron 68 millones de pesos en efectivo y cheques, y 38 pagarés a su favor por 74 millones de pesos (que luego se endosaron a la Asociación y nadie ha hecho efectivos). Los otros cerca de 2.000 millones que se gastaron, se canalizaron a través de la Asociación.
El 11 de agosto, los promotores de la reelección con Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, entregaron poco más de cinco millones de firmas en la Registraduría. El 2 de septiembre era el plazo máximo de rendición de cuentas. Ese día aplicaron la estrategia y presentaron una cuenta de cobro de la Asociación al Comité por un préstamo de 1.903 millones de pesos y un pagaré de Giraldo como vocero del Comité por ese mismo valor. Pero las autoridades electorales no cayeron en la maraña contable, construida para desviar la atención de los recursos realmente recibidos.
En la sorprendente contabilidad del referendo también aparece otro detalle que deja abiertos interrogantes. Se trata de un "evento artístico cultural en apoyo de la reelección presidencial", realizado el 28 de julio en el Hotel Dann de Bogotá. Los 500 invitados pagaban un bono de medio millón de pesos y a cambio les entregarían un cuadro del maestro Pío Uribe. También se rifaría otra obra del mismo artista avaluada en 15 millones de pesos. Es decir, se trataba de un aporte en especie equivalente a 265 millones de pesos, que no aparece en la contabilidad. Además, ese día sólo aparecen ingresos por cerca de 19 millones de pesos ¿Qué sucedió con el resto? ¿Acaso la asistencia fue baja? Más llamativo aún, en la contabilidad figura que al maestro le dieron 20 millones, es decir a razón de 40.000 pesos por cuadro.
Más allá de los malabares del préstamo, en cuanto a las donaciones hechas a la Asociación también hay reparos. Si se acepta que esas donaciones eran aportes que hacían particulares a una organización sin ánimo de lucro, lo mínimo que debían cumplir era un requisito en notaría que se conoce como escritura pública de insinuación notarial. Cuando las autoridades revisaron este punto encontraron que de las decenas de donaciones sólo una, la de RCN, se hizo antes de la entrega del dinero, el resto fueron posteriores, incluso algunas con ocho meses de retraso, cuando las autoridades indagaron sobre el tema.
Las dudas sobre este punto, que algunos pueden considerar menor, podría enredarles la vida a los aportantes si se llega a comprobar que se orquestó un tinglado para evadir el control de las autoridades. No sólo habrían violado los topes, sino que podrían iniciarse procesos contra ellos, al igual que contra los miembros del Comité de Promotores del referendo, por fraude procesal.
El otro hecho que sorprende en la documentación que han entregado los promotores del referendo para explicar sus actuaciones tiene que ver con los certificados que la Asociación Colombia Primero les ha dado a sus aportantes para efectos tributarios. En ellas (ver facsímil) dicen que el objeto de Colombia Primero es, entre otras "fomentar la solidaridad a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia" y "prestar ayuda económica y sicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto". SEMANA buscó en la Cámara de Comercio los registros de esta Asociación y encontró que el principal objeto es ciertamente distinto al mencionado. Dice: "El fomento de todo tipo de actividades cívicas, culturales, ideológicas, sociales, investigativas, de iniciativas populares, de participación ciudadana y comunitaria, que se dirijan hacia la promoción de la democracia". ¿Qué buscaban los organizadores del referendo con este tipo de certificaciones? ¿Sería esta la forma de sustentar que los aportes que la Asociación recibió no eran para la recolección de firmas sino para las víctimas de la violencia?.
El manejo financiero de la campaña de recolección de firmas para el referendo no brilló propiamente por su trasparencia. El hecho de que la ley imponga unos topes para los aportes individuales no es un mero capricho del legislador, tiene una razón de ser fundamental y es que la convocatoria de un referendo -y más si se trata de uno como este que transforma la historia de las costumbres políticas en el país- tiene que surgir de un auténtico clamor del pueblo y no como resultado de una campaña montada por ciertos poderes económicos.
Con el buen desempeño del presidente Álvaro Uribe en las encuestas, es muy probable que se podrían recoger los millones de firmas necesarios para el referendo, sin tener que acudir a estos abultados aportes. Pero lo que no se puede admitir es que una iniciativa que propende por la democracia burle las normas mínimas del derecho.
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"Si se consiguieron las firmas del referendo con ilegalidad no se deben validar"
Política El congresista Germán Navas, el primero en denunciar la Yidispolítica y las maniobras financieras para conseguir el respaldo al referendo reeleccionista habló duro: " No me gusta cuando se le dan visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura".
César Paredes, periodista de Semana.com
Quizás quien más ha insistido en denunciar las irregularidades en el trámite del referendo reeleccionista es el representante a la Cámara Germán Navas Talero del Polo.
El 8 de enero pasado, Talero denunció ante la Fiscalía a los promotores del referendo pues con las falencias en la contabilidad pudieron incurrir en el delito de fraude procesal. Una semana después, denunció penalmente a los 86 representantes que votaron la propuesta en la plenaria de la Cámara. Según él, ellos podrían haber incurrido en el delito de prevaricato por votar a conciencia un proyecto viciado por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.
El 25 de febrero entuteló al Fiscal, Mario Iguarán, para que le respondiera un derecho de petición que le preguntaba por qué cambió la fiscal que investigaba a los promotores de la consulta popular por sus cuentas enredadas.
Pero las denuncias de Germán Navas son de vieja data. En 2004, mientras se tramitaba el proyecto de reelección presidencial en la Cámara, denunció las reuniones que sostuvieron varios ministros de entonces y funcionarios del gobierno con los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según Navas estas reuniones tenían el propósito de llegar a los “acuerdos” para que con sus decisiones los parlamentarios favorecieran la aprobación del proyecto de Ley que permitió la reelección.
Medina ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia porque aceptó los cargos por el delito de cohecho y Avendaño está en proceso de juzgamiento. Su denuncia también dio origen a investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía contra Ministro de Protección, Diego Palacio y al embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega. La primera ya falló en favor de los ministros, pero la segunda aún está investigando.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de investigación a los integrantes del Comité Promotor del Referendo por la posible violación a los topes individuales establecidos por la Ley en la financiación del referendo.
A propósito, Semana.com habló con el representante Navas, quien defendió las razones de sus denuncias, vaticinó lo que puede pasar con el trámite del referendo y explicó la importancia de denunciar los delitos con argumentos jurídicos.
Semana.com: ¿Cómo recibió usted el anuncio de que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación contra los promotores del referendo reeleccionista?
Germán Navas: Eso prueba que yo no me equivoqué cuando denuncié por fraude procesal al Comité Promotor del Referendo. El hecho de que la Asociación Colombia Primero -que son los mismos promotores de la iniciativa- consiga el dinero para auto prestárselo al comité, fue un engaño para que el Registrador expidiera la certificación del proyecto. Eso se llama inducción en error. La Ley dice que el que induzca en error a un servidor público a fin de que produzca providencia o acto contrario de derecho, incurrirá en varias sanciones. Si el Registrador hubiera sabido desde el principio la verdad, no les da ninguna certificación.
Semana.com: Usted ha entutelado al Fiscal, ha hecho varias diligencias y denuncias. ¿Cuál es su interés de echar por tierra un proyecto que respaldan varios millones de firmas?
G.N.: Primero que todo, no son cinco millones de firmas, como han dicho. Las firmas que validó el Registrador son 3 millones 890 mil.
En segundo lugar, mi formación ha sido jurídica, he sido abogado y profesor de derecho penal. Me gusta que la Ley se cumpla. Es más, en mi condición de servidor público, la Ley me impone la obligación de denunciar los hechos punibles de que tenga conocimiento. Si no lo hago incurro en un abuso de autoridad por omisión de denuncia. Es imperativo de la Ley.
Tercero: no me gustan las reelecciones de quien tiene el poder para hacer donaciones, para hacer obras públicas. No me gustan las dictaduras. No me gusta que se engañe al pueblo para hablarle de una democracia cuando todas estas maniobras fraudulentas lo que hacen es darle visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura.
Cuarto: Aquí se engaña a la gente diciéndole que el número de firmas es lo único importante, y no es así. Uno tiene que estudiar también el origen de esas firmas. Supóngase que esas firmas se hubieran obtenido amenazando a la gente con un arma, a nadie le cabría en la cabeza validarlas. Ahora, si las firmas se consiguieron comprándolas, tampoco. Puede que muchas personas hubieran firmado, pero si hubiesen sabido lo que estaba pasando no firman.
Semana.com: ¿Cuál cree que será el futuro del referendo en el Senado?
G.N.: La fuerza uribista es de tal magnitud que se convierte en algo irracional. No les importa (a los uribistas) aprobar algo sin mirar lo que hay detrás, con tal de cumplir las órdenes del jefe.
Semana.com: ¿Cómo ha visto la actuación de la Fiscalía frente a las investigaciones que usted ha denunciado?
G.N.: Permítame plagiar al señor Procurador: tengo una duda razonable frente al comportamiento del señor Fiscal en este caso. Porque yo presenté una denuncia en una oficina de reparto, como cualquier ciudadano, preciso el tipo de delito: fraude procesal, y señalo a los autores.
La Fiscal asignada comienza a trabajar. Esta señora fijó la fecha para audiencia de imputación de cargos contra los promotores del referendo. Pero el 12 de febrero le quitaron la investigación. El Fiscal Iguarán le entregó la investigación al fiscal José Edgar Collazos, de quien sé que es bastante amigo del Fiscal y del abogado del señor Luis Guillermo Giraldo (cerebro del referendo reeleccionista), que es el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Yo pregunto por qué el cambio de fiscal y las demoras en la investigación, y la respuesta que me dan es que están haciendo unas diligencias reservadas.
Semana.com: ¿y por qué no acude al Procurador?
G.N.: Por lo mismo, porque tengo una duda razonable frente a estas instituciones.
Semana.com: En 2004, usted también denunció ante la Corte Suprema las reuniones entre ministros y congresistas, en las que posiblemente se fraguaron componendas para favorecer el proyecto de reelección…
G.N.: Inicialmente hubo quienes se mofaron de la denuncia. Un periodista dijo que ese parecía un buen libreto de televisión hecho por mi hermano Mauricio. No era un libreto, era la verdad contada con sencillas palabras. La presencia de los ministros en la oficina de Teodolindo yo la denuncié ahí. Aquí, en mi oficina, los trajimos para preguntarles por qué estaban encerrados. De manera que la presencia de los ministros en la oficina está más que demostrada como indicio. Pero tengo mi duda razonable con la suerte de ese caso, en el que Yidis ya aceptó el cohecho y los demás están disfrutando de las mieles del poder.
Semana.com: ¿Qué otra denuncia está preparando?
G.N.: Estoy trabajando en algunas cosas. Cuando las tenga claras les diré.
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César Paredes, periodista de Semana.com
Quizás quien más ha insistido en denunciar las irregularidades en el trámite del referendo reeleccionista es el representante a la Cámara Germán Navas Talero del Polo.
El 8 de enero pasado, Talero denunció ante la Fiscalía a los promotores del referendo pues con las falencias en la contabilidad pudieron incurrir en el delito de fraude procesal. Una semana después, denunció penalmente a los 86 representantes que votaron la propuesta en la plenaria de la Cámara. Según él, ellos podrían haber incurrido en el delito de prevaricato por votar a conciencia un proyecto viciado por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.
El 25 de febrero entuteló al Fiscal, Mario Iguarán, para que le respondiera un derecho de petición que le preguntaba por qué cambió la fiscal que investigaba a los promotores de la consulta popular por sus cuentas enredadas.
Pero las denuncias de Germán Navas son de vieja data. En 2004, mientras se tramitaba el proyecto de reelección presidencial en la Cámara, denunció las reuniones que sostuvieron varios ministros de entonces y funcionarios del gobierno con los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según Navas estas reuniones tenían el propósito de llegar a los “acuerdos” para que con sus decisiones los parlamentarios favorecieran la aprobación del proyecto de Ley que permitió la reelección.
Medina ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia porque aceptó los cargos por el delito de cohecho y Avendaño está en proceso de juzgamiento. Su denuncia también dio origen a investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía contra Ministro de Protección, Diego Palacio y al embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega. La primera ya falló en favor de los ministros, pero la segunda aún está investigando.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de investigación a los integrantes del Comité Promotor del Referendo por la posible violación a los topes individuales establecidos por la Ley en la financiación del referendo.
A propósito, Semana.com habló con el representante Navas, quien defendió las razones de sus denuncias, vaticinó lo que puede pasar con el trámite del referendo y explicó la importancia de denunciar los delitos con argumentos jurídicos.
Semana.com: ¿Cómo recibió usted el anuncio de que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación contra los promotores del referendo reeleccionista?
Germán Navas: Eso prueba que yo no me equivoqué cuando denuncié por fraude procesal al Comité Promotor del Referendo. El hecho de que la Asociación Colombia Primero -que son los mismos promotores de la iniciativa- consiga el dinero para auto prestárselo al comité, fue un engaño para que el Registrador expidiera la certificación del proyecto. Eso se llama inducción en error. La Ley dice que el que induzca en error a un servidor público a fin de que produzca providencia o acto contrario de derecho, incurrirá en varias sanciones. Si el Registrador hubiera sabido desde el principio la verdad, no les da ninguna certificación.
Semana.com: Usted ha entutelado al Fiscal, ha hecho varias diligencias y denuncias. ¿Cuál es su interés de echar por tierra un proyecto que respaldan varios millones de firmas?
G.N.: Primero que todo, no son cinco millones de firmas, como han dicho. Las firmas que validó el Registrador son 3 millones 890 mil.
En segundo lugar, mi formación ha sido jurídica, he sido abogado y profesor de derecho penal. Me gusta que la Ley se cumpla. Es más, en mi condición de servidor público, la Ley me impone la obligación de denunciar los hechos punibles de que tenga conocimiento. Si no lo hago incurro en un abuso de autoridad por omisión de denuncia. Es imperativo de la Ley.
Tercero: no me gustan las reelecciones de quien tiene el poder para hacer donaciones, para hacer obras públicas. No me gustan las dictaduras. No me gusta que se engañe al pueblo para hablarle de una democracia cuando todas estas maniobras fraudulentas lo que hacen es darle visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura.
Cuarto: Aquí se engaña a la gente diciéndole que el número de firmas es lo único importante, y no es así. Uno tiene que estudiar también el origen de esas firmas. Supóngase que esas firmas se hubieran obtenido amenazando a la gente con un arma, a nadie le cabría en la cabeza validarlas. Ahora, si las firmas se consiguieron comprándolas, tampoco. Puede que muchas personas hubieran firmado, pero si hubiesen sabido lo que estaba pasando no firman.
Semana.com: ¿Cuál cree que será el futuro del referendo en el Senado?
G.N.: La fuerza uribista es de tal magnitud que se convierte en algo irracional. No les importa (a los uribistas) aprobar algo sin mirar lo que hay detrás, con tal de cumplir las órdenes del jefe.
Semana.com: ¿Cómo ha visto la actuación de la Fiscalía frente a las investigaciones que usted ha denunciado?
G.N.: Permítame plagiar al señor Procurador: tengo una duda razonable frente al comportamiento del señor Fiscal en este caso. Porque yo presenté una denuncia en una oficina de reparto, como cualquier ciudadano, preciso el tipo de delito: fraude procesal, y señalo a los autores.
La Fiscal asignada comienza a trabajar. Esta señora fijó la fecha para audiencia de imputación de cargos contra los promotores del referendo. Pero el 12 de febrero le quitaron la investigación. El Fiscal Iguarán le entregó la investigación al fiscal José Edgar Collazos, de quien sé que es bastante amigo del Fiscal y del abogado del señor Luis Guillermo Giraldo (cerebro del referendo reeleccionista), que es el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Yo pregunto por qué el cambio de fiscal y las demoras en la investigación, y la respuesta que me dan es que están haciendo unas diligencias reservadas.
Semana.com: ¿y por qué no acude al Procurador?
G.N.: Por lo mismo, porque tengo una duda razonable frente a estas instituciones.
Semana.com: En 2004, usted también denunció ante la Corte Suprema las reuniones entre ministros y congresistas, en las que posiblemente se fraguaron componendas para favorecer el proyecto de reelección…
G.N.: Inicialmente hubo quienes se mofaron de la denuncia. Un periodista dijo que ese parecía un buen libreto de televisión hecho por mi hermano Mauricio. No era un libreto, era la verdad contada con sencillas palabras. La presencia de los ministros en la oficina de Teodolindo yo la denuncié ahí. Aquí, en mi oficina, los trajimos para preguntarles por qué estaban encerrados. De manera que la presencia de los ministros en la oficina está más que demostrada como indicio. Pero tengo mi duda razonable con la suerte de ese caso, en el que Yidis ya aceptó el cohecho y los demás están disfrutando de las mieles del poder.
Semana.com: ¿Qué otra denuncia está preparando?
G.N.: Estoy trabajando en algunas cosas. Cuando las tenga claras les diré.
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