Noviembre 22 de 2007 - LA SORPRESIVA DECISIÓN SE CONOCIÓ HACIA LA MEDIANOCHE
Uribe rompe mediación de Chávez
Una llamada del presidente venezolano al general Mario Montoya, comandante del Ejército colombiano, para preguntar por los secuestrados provocó la decisión. Uribe le había advertido, en la reunión que tuvieron en Santiago de Chile, que no lo hiciera.
A eso de la 1:15 de la tarde de ayer, el general Mario Montoya, comandante del Ejército, recibió una llamada de la senadora Piedad Córdoba pidiéndole información sobre los secuestrados en poder de las Farc.
Sin embargo, una vez el general se puso al teléfono, quien tomó el mando de la comunicación fue el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Fuentes del Gobierno creen que la llamada se pudo haber hecho desde Cuba, donde el presidente Chávez y la senadora Córdoba hicieron escala, en su vuelo procedente de Europa.
Sorprendido por el hecho, tan pronto terminó la llamada y sin revelar datos sustanciales a Chávez, el general Montoya se dirigió a la Casa de Nariño, para poner el asunto en conocimiento del presidente Álvaro Uribe.
Montoya hizo el relato de la situación a Uribe a eso de las 2 de la tarde y desde ese momento el Presidente inició una ronda de consultas con diferentes autoridades y consejeros, que solo terminaron pasadas las 10 de la noche con la decisión anunciada: el fin de la mediación de Chávez y Córdoba en el acuerdo humanitario.
Aunque Uribe se sorprendió con el hecho, la situación no le era ajena. En Santiago de Chile, hace dos semanas, Chávez le sugirió a Uribe la posibilidad de llamar a algunos generales, pero el mandatario colombiano fue tajante en su negativa. Con ánimo conciliador, Uribe bromeó en esa situación: "Hugo: no me llames a los generales, porque se me vuelven chavistas".
El presidente colombiano entendió que el episodio de Santiago había servido para echar una especie de seguro a esa posibilidad considerada como "imposible de aceptar".
Hubo otros contactos
Pero la situación parece tener más antecedentes. Luego de las consultas realizadas por el presidente Uribe durante toda la tarde de ayer, la Casa de Nariño pudo establecer que no había sido el único caso. Chávez y Córdoba habían utilizado el mismo procedimiento con otras autoridades y personalidades, por lo que el Gobierno colombiano cree ahora que los dos "desarrollaban una agenda paralela", a la que desplegaban regularmente frente a las pantallas de televisión.
Analizada esta situación, Uribe consideró "intolerable este hecho, por ser violatorio de la soberanía nacional".
EL TIEMPO supo que los dos mandatarios no hablaron ayer. El pasado lunes, Uribe había fijado la fecha del 31 de diciembre como plazo para que la gestión de Chávez mostrara resultados.
La senadora Córdoba, quien se encontraba con el presidente Chávez, no había arribado a Colombia hasta anoche, según dijeron fuentes allegadas a su residencia.
El presidente Uribe, después de conocer los detalles de lo ocurrido y haber estudiado la situación, tomó la decisión de asumir personalmente el proceso y no permitirá, por ahora, la intervención de cualquier otro agente en el llamado acuerdo humanitario.
Uribe relatará hoy más detalles de los hechos que lo llevaron a poner fin a la mediación de Chávez y Córdoba en este asunto.
Ayer, antes de conocer la llamada de Chávez, Uribe había renovado toda su confianza en Chávez y hasta dijo que estaba seguro de que no había hoy en el mundo otra persona mejor a la que la guerrilla le entregara a los secuestrados.
El comunicado de anoche
El Presidente de la República se permite informar:
1. Hoy, la senadora Piedad Córdoba llamó telefónicamente al comandante del Ejército, General Mario Montoya, le pidió una cita y, a continuación, le pasó al teléfono al Presidente Hugo Chávez de Venezuela. El Presidente Chávez le hizo al General Montoya preguntas sobre secuestrados por las FARC.
2. En la reunión de Santiago de Chile, el Presidente Uribe le había dicho al Presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia.
3. En consecuencia, el Presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando.
La semana había empezado mal
El pasado lunes, el Gobierno anunció que le daba hasta el 31 de diciembre a Chávez para lograr resultados en su mediación. El ultimátum lo hizo luego de un evidente malestar por las declaraciones de Chávez a su llegada a Francia, al revelar que Uribe le había dicho que él estaba dispuesto a reunirse con 'Marulanda'. El Gobierno señaló que ese era un diálogo confidencial.
El martes, Chávez llegó a su reunión con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, sin las anunciadas pruebas de vida de los secuestrados por las Farc. Sarkozy dijo que tales pruebas eran indispensables "para asegurarse de la sinceridad de las Farc en la búsqueda de una solución humanitaria".
Unos apoyan decisión de Uribe, otros que se precipitó
LÁZARO VIVERO
Ex asesor de Paz.
No se entiende qué tiene que hablar el presidente Chávez y Piedad Córdoba con el general Montoya, pasando por encima del conducto regular, que a mi modo de ver son el Comisionado de Paz y el Presidente.
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ
Ex mindefensa.
Hay que apoyar al presidente Uribe porque el presidente Chávez se excedió en la labor de mediación. Uribe se jugó una carta muy arriesgada, que había que jugarse, pero que no dio los resultados esperados.
FERNANDO GIRALDO
Analista político
Hay cosas que al Gobierno le incomodan y que el país no sabe. A Uribe le da miedo que Chávez termine concediéndole demasiado a la guerrilla. El Gobierno estaba buscando la forma de retirarse.
ANA TERESA BERNAL
Directora de Redepaz
Es un hecho muy precipitado, y aunque ha habido errores en la facilitación me parece que se esta jugando con el dolor de las víctimas. El país tenía mucha expectativa y merece saber la verdad de lo que está pasando.
sábado, 24 de noviembre de 2007
De manera fulminante, el Presidente Uribe le pone fin a la mediación de Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba con las Farc
De manera fulminante, el Presidente Uribe le pone fin a la mediación de Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba con las Farc
La razón para tan tajante decisión se originó en una llamada telefónica del presidente venezolano al comandante del Ejército, General Mario Montoya, para hacerle preguntas sobre los secuestrados por las FARC. Fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que el presidente Uribe no iba a permitir intromisión de Chávez en la institucionalidad colombiana.
Colombia se despertó hoy jueves con una noticia de consecuencias impredecibles para las relaciones con la hermana nación de Venezuela. De manera fulminante, el Presidente Uribe le puso fin a la labor de mediador que venía ejerciendo el Presidente Hugo Chávez. El hecho también afecta a la senadora Piedad Córdoba. La razón para tan monumental decisión se originó en una llamada telefónica. Resulta que la congresista llamó por teléfono al comandante del Ejército, General Mario Montoya con quien conversó algunos minutos. Esta es una situación normal porque es cotidiano y legal que los legisladores conversen con los integrantes de la cúpula del Alto Mando militar. Sin embargo, le pidió que esperara en la línea y le pasó a Chávez. El oficial lo saludó y con cortesía le colgó.
El hecho ocurrió en horas de la tarde. El general Montoya se fue de inmediato a donde su superior, el general Freddy Padilla de León, y le informó de lo sucedido. Éste, por su parte, fue hasta donde el Presidente Uribe y le hizo el reporte. El Jefe del Estado se encerró con sus asesores más cercanos. Y luego de varias horas de reflexión tomó tan drástica medida.
Fue informada al país bien entrada la noche de este miércoles. En un contundente comunicado se recuerda que “en la reunión de Santiago de Chile, el Presidente Uribe le había dicho al Presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia”.
Y que “en consecuencia, el Presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando”.
La noticia se produjo en desarrollo de una semana especialmente intensa por el tema. A principios de ésta (el lunes), el presidente Álvaro Uribe le había puesto términos precisos a la labor de mediación de su colega Hugo Chávez para los acercamientos con las Farc y había asegurado, a través del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, que dichas gestiones debían terminar el 31 de diciembre.
Una imprudencia total
El anuncio había sido hecho también mediante un sorpresivo comunicado emitido en vísperas de la reunión de su homólogo venezolano con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, cuyo tema central era el de la paz en Colombia y la libertad de los cautivos. En ese momento, la decisión del mandatario colombiano fue interpretada como una manifestación de molestia de la Casa de Nariño contra la ligereza de palabras de Chávez, quien minutos atrás había divulgado a su llegada a Paris, detalles de la conversación privada que sostuvo con Uribe sobre el tema de los secuestrados. Ambos mandatarios se habían encontrado en Santiago de Chile en una cita de casi una hora en la que compartieron información de los avances del proceso.
La profunda molestia en particular se produjo con el comentario según el cual Uribe habría aceptado la posibilidad de reunirse con Manuel Marulanda, Tirofijo, máximo jefe del grupo guerrillero.
Según aceptó el comisionado de paz, la afirmación sí la hizo Uribe, durante la reunión sostenida en Santiago el pasado 9 de noviembre, pero “para ser manejada en secreto como herramienta de negociación… siempre y cuando se hubieran liberado previamente a todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso”.
La imprudencia de Chávez fue considerada por el Gobierno colombiano como muy grande. En ese momento ya el jefe de Estado venezolano había llevado el tema de los secuestrados a cuanto escenario internacional había acudido, con lo cual no solo había puesto en evidencia el drama de sus familias, sino que le había vuelto a dar a las Farc un baño de popularidad que hacía rato no tenían. Y siempre poniendo a las partes en la misma condición.
Peor que antes
El gobierno Colombia sintió que el impacto en algunos de los escenarios seguía siendo dañino pues en muchos sectores –especialmente en Europa- ponen en las mismas condiciones de culpabilidad por la suerte de los secuestrados a Uribe y a las Farc, hecho que en la Casa de Nariño se rechaza tajantemente.
Para el asesor presidencial José Obdulio Gaviria las Farc “son los criminales” que no “sólo durante el Gobierno de Uribe” sino que durante “los últimos diez años, es decir tres presidente distintos” han dado muestras de una frialdad de terroristas impresionantes.
Durante la mañana de ayer miércoles el presidente Uribe había agradecido a su colega Chávez la gestión pero siempre había usado el término de “terroristas” para los miembros de las Farc.
En efecto, Uribe había destacado en las primeras horas la “voluntad generosa” del mandatario venezolano Hugo Chávez y dijo que esperaba que su mediación permita la liberación de los secuestrados en manos de las Farc, pero a la vez había ratificado la orden a los mandos militares de dar con el paradero de los cautivos. “Nosotros tenemos una contradicción profunda con el terrorismo, que lo vamos a derrotar, pero tenemos respeto y gratitud por la gestión humanitaria del presidente Chávez. Y eso hay que repetirlo hoy y mañana, en Colombia y en el extranjero, en privado y en público”, había señalado.
En conclusión, las cosas ahora no solo vuelven a un punto muerto en relación con la búsqueda de un acuerdo humanitario sino lo que también es muy grave es que la decisión tendrá unas consecuencias impredecibles en las relaciones de los dos países.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
La razón para tan tajante decisión se originó en una llamada telefónica del presidente venezolano al comandante del Ejército, General Mario Montoya, para hacerle preguntas sobre los secuestrados por las FARC. Fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que el presidente Uribe no iba a permitir intromisión de Chávez en la institucionalidad colombiana.
Colombia se despertó hoy jueves con una noticia de consecuencias impredecibles para las relaciones con la hermana nación de Venezuela. De manera fulminante, el Presidente Uribe le puso fin a la labor de mediador que venía ejerciendo el Presidente Hugo Chávez. El hecho también afecta a la senadora Piedad Córdoba. La razón para tan monumental decisión se originó en una llamada telefónica. Resulta que la congresista llamó por teléfono al comandante del Ejército, General Mario Montoya con quien conversó algunos minutos. Esta es una situación normal porque es cotidiano y legal que los legisladores conversen con los integrantes de la cúpula del Alto Mando militar. Sin embargo, le pidió que esperara en la línea y le pasó a Chávez. El oficial lo saludó y con cortesía le colgó.
El hecho ocurrió en horas de la tarde. El general Montoya se fue de inmediato a donde su superior, el general Freddy Padilla de León, y le informó de lo sucedido. Éste, por su parte, fue hasta donde el Presidente Uribe y le hizo el reporte. El Jefe del Estado se encerró con sus asesores más cercanos. Y luego de varias horas de reflexión tomó tan drástica medida.
Fue informada al país bien entrada la noche de este miércoles. En un contundente comunicado se recuerda que “en la reunión de Santiago de Chile, el Presidente Uribe le había dicho al Presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia”.
Y que “en consecuencia, el Presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando”.
La noticia se produjo en desarrollo de una semana especialmente intensa por el tema. A principios de ésta (el lunes), el presidente Álvaro Uribe le había puesto términos precisos a la labor de mediación de su colega Hugo Chávez para los acercamientos con las Farc y había asegurado, a través del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, que dichas gestiones debían terminar el 31 de diciembre.
Una imprudencia total
El anuncio había sido hecho también mediante un sorpresivo comunicado emitido en vísperas de la reunión de su homólogo venezolano con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, cuyo tema central era el de la paz en Colombia y la libertad de los cautivos. En ese momento, la decisión del mandatario colombiano fue interpretada como una manifestación de molestia de la Casa de Nariño contra la ligereza de palabras de Chávez, quien minutos atrás había divulgado a su llegada a Paris, detalles de la conversación privada que sostuvo con Uribe sobre el tema de los secuestrados. Ambos mandatarios se habían encontrado en Santiago de Chile en una cita de casi una hora en la que compartieron información de los avances del proceso.
La profunda molestia en particular se produjo con el comentario según el cual Uribe habría aceptado la posibilidad de reunirse con Manuel Marulanda, Tirofijo, máximo jefe del grupo guerrillero.
Según aceptó el comisionado de paz, la afirmación sí la hizo Uribe, durante la reunión sostenida en Santiago el pasado 9 de noviembre, pero “para ser manejada en secreto como herramienta de negociación… siempre y cuando se hubieran liberado previamente a todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso”.
La imprudencia de Chávez fue considerada por el Gobierno colombiano como muy grande. En ese momento ya el jefe de Estado venezolano había llevado el tema de los secuestrados a cuanto escenario internacional había acudido, con lo cual no solo había puesto en evidencia el drama de sus familias, sino que le había vuelto a dar a las Farc un baño de popularidad que hacía rato no tenían. Y siempre poniendo a las partes en la misma condición.
Peor que antes
El gobierno Colombia sintió que el impacto en algunos de los escenarios seguía siendo dañino pues en muchos sectores –especialmente en Europa- ponen en las mismas condiciones de culpabilidad por la suerte de los secuestrados a Uribe y a las Farc, hecho que en la Casa de Nariño se rechaza tajantemente.
Para el asesor presidencial José Obdulio Gaviria las Farc “son los criminales” que no “sólo durante el Gobierno de Uribe” sino que durante “los últimos diez años, es decir tres presidente distintos” han dado muestras de una frialdad de terroristas impresionantes.
Durante la mañana de ayer miércoles el presidente Uribe había agradecido a su colega Chávez la gestión pero siempre había usado el término de “terroristas” para los miembros de las Farc.
En efecto, Uribe había destacado en las primeras horas la “voluntad generosa” del mandatario venezolano Hugo Chávez y dijo que esperaba que su mediación permita la liberación de los secuestrados en manos de las Farc, pero a la vez había ratificado la orden a los mandos militares de dar con el paradero de los cautivos. “Nosotros tenemos una contradicción profunda con el terrorismo, que lo vamos a derrotar, pero tenemos respeto y gratitud por la gestión humanitaria del presidente Chávez. Y eso hay que repetirlo hoy y mañana, en Colombia y en el extranjero, en privado y en público”, había señalado.
En conclusión, las cosas ahora no solo vuelven a un punto muerto en relación con la búsqueda de un acuerdo humanitario sino lo que también es muy grave es que la decisión tendrá unas consecuencias impredecibles en las relaciones de los dos países.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
Jefe paramilitar Hernán Giraldo confesó crimen de directora del parque Tayrona
Noviembre 22 de 2007 -
Jefe paramilitar Hernán Giraldo confesó crimen de directora del parque Tayrona
Martha Lucía Hernández Turriago fue asesinada por hombres del Bloque Tayrona de las Auc el 29 de enero del 2004.
Este asesinato fue en su momento una evidencia más del imperio del terror que los 'paras' establecieron en esta reserva natural.
Pero no fue el único que sacudió al Magdalena. De hecho, Giraldo se ha atribuido también esta semana la escalada de crímenes que a comienzos de esta década cobró la vida a estudiantes y profesores de la Universidad del Magdalena, y de dirigentes sindicales.
Según Giraldo, estas muertes estuvieron enmarcadas en la consigna paramilitar de que "todo aquello que olía a guerrilla había que darlo de baja".Para intentar justificar la gravedad de estos homicidios Giraldo, conocido también como 'El Patrón ', recurrió a frases que a muchos sonaron huecas como: "Era un activista de la Juco (Juventud Comunista)", y otras vagas e imprecisas como: "Estaba adelantando gestiones para la guerrilla en Santa Marta".
En esta cadena de asesinatos alcanzó a reconocer los cometidos contra el estudiante Hugo Maduro, el vicerrector Julio Alberto Otero Muñoz; y el decano de la facultad de Educación, Roque Morelli Zárate. También admitió el crimen de Zully Codina, líder sindical del Hospital Central de Santa Marta.
Roces con las víctimas
De otro lado, para resolver algunos 'roces' que se han venido dando en las audiencias entre los ex jefes 'paras' y las víctimas, la fiscal Zeneida López aclaró que los argumentos que unos y otros expongan allí, serán objeto de verificación por parte de la Fiscalía.
Con esa sentencia la funcionaria dirimió un nuevo incidente entre ambas partes, surgido esta vez entre Giraldo y los familiares de Severino De Jesús Durán, que señalan a aquel de su muerte.
Según la familia Durán, a Severino lo mataron por negarse a sembrar coca en su finca de la Sierra Nevada, como lo ordenaron los 'paras'.
Giraldo niega la versión, y responsabiliza a las Farc de la muerte de Durán, a quien además reconoce como su amigo. Añadió que la familia está torpedeando su versión, bajo manipulación.
La Fiscal entró a zanjar la discusión y dijo: "Le solicito, señor Giraldo, no estigmatizar a las víctimas, la verdad será finalmente verificada y documentada".
"No estábamos en contra del Estado, pero si alguien llevaba el Estado allá inmediatamente era enemigo de la organización, y se le daba de baja", dijo Giraldo.
ROBERTO LLANOS RODADO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
BARRANQUILLA
Jefe paramilitar Hernán Giraldo confesó crimen de directora del parque Tayrona
Martha Lucía Hernández Turriago fue asesinada por hombres del Bloque Tayrona de las Auc el 29 de enero del 2004.
Este asesinato fue en su momento una evidencia más del imperio del terror que los 'paras' establecieron en esta reserva natural.
Pero no fue el único que sacudió al Magdalena. De hecho, Giraldo se ha atribuido también esta semana la escalada de crímenes que a comienzos de esta década cobró la vida a estudiantes y profesores de la Universidad del Magdalena, y de dirigentes sindicales.
Según Giraldo, estas muertes estuvieron enmarcadas en la consigna paramilitar de que "todo aquello que olía a guerrilla había que darlo de baja".Para intentar justificar la gravedad de estos homicidios Giraldo, conocido también como 'El Patrón ', recurrió a frases que a muchos sonaron huecas como: "Era un activista de la Juco (Juventud Comunista)", y otras vagas e imprecisas como: "Estaba adelantando gestiones para la guerrilla en Santa Marta".
En esta cadena de asesinatos alcanzó a reconocer los cometidos contra el estudiante Hugo Maduro, el vicerrector Julio Alberto Otero Muñoz; y el decano de la facultad de Educación, Roque Morelli Zárate. También admitió el crimen de Zully Codina, líder sindical del Hospital Central de Santa Marta.
Roces con las víctimas
De otro lado, para resolver algunos 'roces' que se han venido dando en las audiencias entre los ex jefes 'paras' y las víctimas, la fiscal Zeneida López aclaró que los argumentos que unos y otros expongan allí, serán objeto de verificación por parte de la Fiscalía.
Con esa sentencia la funcionaria dirimió un nuevo incidente entre ambas partes, surgido esta vez entre Giraldo y los familiares de Severino De Jesús Durán, que señalan a aquel de su muerte.
Según la familia Durán, a Severino lo mataron por negarse a sembrar coca en su finca de la Sierra Nevada, como lo ordenaron los 'paras'.
Giraldo niega la versión, y responsabiliza a las Farc de la muerte de Durán, a quien además reconoce como su amigo. Añadió que la familia está torpedeando su versión, bajo manipulación.
La Fiscal entró a zanjar la discusión y dijo: "Le solicito, señor Giraldo, no estigmatizar a las víctimas, la verdad será finalmente verificada y documentada".
"No estábamos en contra del Estado, pero si alguien llevaba el Estado allá inmediatamente era enemigo de la organización, y se le daba de baja", dijo Giraldo.
ROBERTO LLANOS RODADO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
BARRANQUILLA
Parapolíticos’ ganan primer ‘round’ en el Consejo de Estado
Parapolíticos’ ganan primer ‘round’ en el Consejo de Estado
Al fallar sobre el caso del senador William Montes, el alto tribunal consideró que haber firmado el pacto de Ralito no necesariamente implica pertenecer a las AUC. El concepto puede cambiar todo el proceso.
Mientras nadie se atreve a apostar sobre lo que pasará con los procesos penales que lleva al Corte Suprema de Justicia contra los congresistas acusados de ‘parapolítica’, los dirigentes cuestionados acaban de ganar su primer ‘round’ ante el Consejo de Estado.
Este tribunal, encargado de decidir si las actuaciones de los legisladores se ajustan o no a la ley, tiene en sus manos la potestad de retirarles la investidura a los senadores y representantes procesados por supuestos vínculos con grupos de autodefensas.
Según el Consejo de Estado, en el caso del senador conservador William Montes no hay evidencias de que “pertenece” a las estructuras políticas de los grupos al margen de la ley y por tal razón no debe ser despojado de su condición de congresista.
Montes fue uno de los 28 políticos que en junio de 2001 se reunieron en Tierralta, Córdoba, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Ernesto Báez para suscribir un acuerdo con el fin de “refundar la Patria”. La cita se cumplió en el mismo lugar que un año después fue escogido por el presidente Álvaro Uribe como zona de despeje para la desmovilización paramilitar y ocurrió en momentos en que el frustrado proceso de paz de Andrés Pastrana con las Farc atravesaba una fase de crisis, precisamente por el auge del paramilitarismo en el país.
El tema es investigado penalmente por la Corte (indaga las responsabilidades de los congresistas activos) y la Fiscalía (encargada de los que ya no son legisladores) pero al mismo tiempo el Consejo de Estado decide en proceso separado –y más breve- si unos y otros pueden o no desempeñar el cargo de congresistas.
La de Montes es solo una de las 11 demandas de pérdida de investidura instauradas ante el Consejo contra los suscriptores del Pacto de Ralito.
Según el Consejo, Montes debe permanecer con su investidura por cuanto no está demostrado que tuviera vínculos con las autodefensas.
El argumento del Consejo es el mismo de muchos de los implicados en el caso, quienes sostienen que acudieron a la cita por presión de los paramilitares y que no sabían lo que estaban firmando.
Aun cuando es públicamente conocido que para el momento de los hechos los paramilitares eran quienes mandaban en esa región del país, diversas fuentes sostienen que no lo habrían podido lograr sin el apoyo decidido de los políticos de la región, varios de los cuales asistieron a la reunión de Ralito. Algunos, como la ex representante Eleonora Pineda, hasta aceptaron su pertenencia al grupo armado y se acogieron a sentencia anticipada por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas.
De otro lado está la tesis de quienes sostienen que el solo hecho de reunirse con paramilitares en momentos en que esos mismos actores sembraron de terror el país dice mucho de la actitud ética de los implicados. Hasta se les cuestiona por mantener el pacto en secreto durante cinco años, pese a haber tenido la oportunidad de denunciarlo.
Las decisiones de la Corte y la Fiscalía no tienen por qué coincidir con las del Consejo de Estado. Si bien existe un principio de colaboración entre los distintos órganos de la justicia, los procesos en este caso son separados. Puede ocurrir que uno no halle pruebas contra un dirigente y el otro sí.
Sin embargo, el caso de Montes no es la primera buena noticia para los salpicados. Hace una semana la propia Corte Suprema, pionera en las investigaciones, archivó el proceso contra el congresista José de los Santos Negrete, también procesado por el pacto de Ralito. Como en ese momento, todos los involucrados buscan a esta hora la forma más rápida de hacer que la decisión favorable para uno los cobije de inmediato a ellos también.
Al fallar sobre el caso del senador William Montes, el alto tribunal consideró que haber firmado el pacto de Ralito no necesariamente implica pertenecer a las AUC. El concepto puede cambiar todo el proceso.
Mientras nadie se atreve a apostar sobre lo que pasará con los procesos penales que lleva al Corte Suprema de Justicia contra los congresistas acusados de ‘parapolítica’, los dirigentes cuestionados acaban de ganar su primer ‘round’ ante el Consejo de Estado.
Este tribunal, encargado de decidir si las actuaciones de los legisladores se ajustan o no a la ley, tiene en sus manos la potestad de retirarles la investidura a los senadores y representantes procesados por supuestos vínculos con grupos de autodefensas.
Según el Consejo de Estado, en el caso del senador conservador William Montes no hay evidencias de que “pertenece” a las estructuras políticas de los grupos al margen de la ley y por tal razón no debe ser despojado de su condición de congresista.
Montes fue uno de los 28 políticos que en junio de 2001 se reunieron en Tierralta, Córdoba, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Ernesto Báez para suscribir un acuerdo con el fin de “refundar la Patria”. La cita se cumplió en el mismo lugar que un año después fue escogido por el presidente Álvaro Uribe como zona de despeje para la desmovilización paramilitar y ocurrió en momentos en que el frustrado proceso de paz de Andrés Pastrana con las Farc atravesaba una fase de crisis, precisamente por el auge del paramilitarismo en el país.
El tema es investigado penalmente por la Corte (indaga las responsabilidades de los congresistas activos) y la Fiscalía (encargada de los que ya no son legisladores) pero al mismo tiempo el Consejo de Estado decide en proceso separado –y más breve- si unos y otros pueden o no desempeñar el cargo de congresistas.
La de Montes es solo una de las 11 demandas de pérdida de investidura instauradas ante el Consejo contra los suscriptores del Pacto de Ralito.
Según el Consejo, Montes debe permanecer con su investidura por cuanto no está demostrado que tuviera vínculos con las autodefensas.
El argumento del Consejo es el mismo de muchos de los implicados en el caso, quienes sostienen que acudieron a la cita por presión de los paramilitares y que no sabían lo que estaban firmando.
Aun cuando es públicamente conocido que para el momento de los hechos los paramilitares eran quienes mandaban en esa región del país, diversas fuentes sostienen que no lo habrían podido lograr sin el apoyo decidido de los políticos de la región, varios de los cuales asistieron a la reunión de Ralito. Algunos, como la ex representante Eleonora Pineda, hasta aceptaron su pertenencia al grupo armado y se acogieron a sentencia anticipada por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas.
De otro lado está la tesis de quienes sostienen que el solo hecho de reunirse con paramilitares en momentos en que esos mismos actores sembraron de terror el país dice mucho de la actitud ética de los implicados. Hasta se les cuestiona por mantener el pacto en secreto durante cinco años, pese a haber tenido la oportunidad de denunciarlo.
Las decisiones de la Corte y la Fiscalía no tienen por qué coincidir con las del Consejo de Estado. Si bien existe un principio de colaboración entre los distintos órganos de la justicia, los procesos en este caso son separados. Puede ocurrir que uno no halle pruebas contra un dirigente y el otro sí.
Sin embargo, el caso de Montes no es la primera buena noticia para los salpicados. Hace una semana la propia Corte Suprema, pionera en las investigaciones, archivó el proceso contra el congresista José de los Santos Negrete, también procesado por el pacto de Ralito. Como en ese momento, todos los involucrados buscan a esta hora la forma más rápida de hacer que la decisión favorable para uno los cobije de inmediato a ellos también.
Crispación a la criolla
Noviembre 20 de 2007 - COLUMNA DEL DÍA
Crispación a la criolla
Víctor Manuel Ruiz . Columnista de EL TIEMPO
Los españoles, que con agrado o por fuerza tienen en la política (con la siesta, el fútbol y los toros) uno de los mayores atractivos de su vida diaria, han acuñado una expresión muy gráfica para designar el estado de ánimo que a toda hora alienta en la oposición al Gobierno: porque sí, porque no, porque bien, porque mal, porque menos, porque más o por si acaso. Es la crispación.
En el Congreso, la Administración Pública y aun la Justicia, los principales partidos, grupos o movimientos que piensan distinto de quienes detentan el poder ejercen su legítimo derecho a la crítica entre tal cúmulo de garantías que, superados los límites de la cordura, la sensatez y el equilibrio, caen pronto, además del ridículo, en la irritación, la cólera y la descalificación indiscriminada de cuanto tenga, o parezca tener, origen oficial.
En ocasiones, claro, es una oposición gástrica y cosmética más que política. Pero, en todo caso, es ejercicio inherente al disentimiento, característico de las sociedades plurales y demostrativo de que en una auténtica democracia las voces discordantes del Gobierno tienen que oírse a plenitud, no solo porque expresan alternativas de poder, sino, principalmente, porque representan derechos fundamentales de muchísimos ciudadanos: esos que en un Estado de Derecho deben respeto a quien gobierna, pero jamás devoción a sus designios, a menudo sacrosantos y mesiánicos, como ocurre hoy en Colombia.
Entre nosotros, en efecto, pese a las garantías consagradas en los textos vigentes (Constitución, leyes, jurisprudencia, doctrina), la mera intención de oponerse al régimen se ha convertido en un motivo de estigmatización, oprobio y repudio gubernamental de tales dimensiones que hoy se la asimila a un ser diabólico frente al cual, a juicio del Gobierno, hay que defender a las abrumadoras mayorías que, según las encuestas, siguen mostrándose cada día más incondicionales del presidente Uribe, con sus rabietas, sus miedos, sus desafueros, sus inconsistencias y desvaríos.
Convencido de ser amo y señor de todos y de que sin su augusta perpetuidad en la Casa de Nariño sobre el país lloverán lenguas de fuego, abundarán hecatombes y antes de tres años los colombianos padeceríamos el fin del mundo, el Presidente (afligido, como buen cristiano, por la suerte de sus amigos en la Picota, pero soliviantado por sus amanuenses menos lúcidos) se duele, se irrita, se enfurece (es decir, se crispa) ante cualquier expresión contraria a sus propósitos, ataviados de campechanismo y bonhomía paisas, pero en realidad absolutistas y monárquicos.
Es a partir de ahí, entonces, cuando el triunfo de Samuel Moreno en Bogotá se torna inexistente; cualquier panfleto anónimo se le achaca a un magistrado de probadas calidades éticas y profesionales como Carlos Gaviria; la palabra rotunda y certera de Gustavo Petro se convierte en un tiro a la sien de la "patria amada"; los buenos oficios de Piedad Córdoba por la humanización del conflicto empiezan a generar suspicacias, y todo lo que se mueva sin anuencia de la Casa de Nariño es connivente con las peores formas criminales de la subversión, la ilegalidad y el terrorismo.
De modo que mientras en el reino de Su Majestad De Borbón la oposición se crispa, porque se ejercita a plenitud, en Colombia no puede abrir la boca: cuidado, no sea el diablo y una cólera terrible acabe con el señor Presidente.
vimaruiz@hotmail.com
Crispación a la criolla
Víctor Manuel Ruiz . Columnista de EL TIEMPO
Los españoles, que con agrado o por fuerza tienen en la política (con la siesta, el fútbol y los toros) uno de los mayores atractivos de su vida diaria, han acuñado una expresión muy gráfica para designar el estado de ánimo que a toda hora alienta en la oposición al Gobierno: porque sí, porque no, porque bien, porque mal, porque menos, porque más o por si acaso. Es la crispación.
En el Congreso, la Administración Pública y aun la Justicia, los principales partidos, grupos o movimientos que piensan distinto de quienes detentan el poder ejercen su legítimo derecho a la crítica entre tal cúmulo de garantías que, superados los límites de la cordura, la sensatez y el equilibrio, caen pronto, además del ridículo, en la irritación, la cólera y la descalificación indiscriminada de cuanto tenga, o parezca tener, origen oficial.
En ocasiones, claro, es una oposición gástrica y cosmética más que política. Pero, en todo caso, es ejercicio inherente al disentimiento, característico de las sociedades plurales y demostrativo de que en una auténtica democracia las voces discordantes del Gobierno tienen que oírse a plenitud, no solo porque expresan alternativas de poder, sino, principalmente, porque representan derechos fundamentales de muchísimos ciudadanos: esos que en un Estado de Derecho deben respeto a quien gobierna, pero jamás devoción a sus designios, a menudo sacrosantos y mesiánicos, como ocurre hoy en Colombia.
Entre nosotros, en efecto, pese a las garantías consagradas en los textos vigentes (Constitución, leyes, jurisprudencia, doctrina), la mera intención de oponerse al régimen se ha convertido en un motivo de estigmatización, oprobio y repudio gubernamental de tales dimensiones que hoy se la asimila a un ser diabólico frente al cual, a juicio del Gobierno, hay que defender a las abrumadoras mayorías que, según las encuestas, siguen mostrándose cada día más incondicionales del presidente Uribe, con sus rabietas, sus miedos, sus desafueros, sus inconsistencias y desvaríos.
Convencido de ser amo y señor de todos y de que sin su augusta perpetuidad en la Casa de Nariño sobre el país lloverán lenguas de fuego, abundarán hecatombes y antes de tres años los colombianos padeceríamos el fin del mundo, el Presidente (afligido, como buen cristiano, por la suerte de sus amigos en la Picota, pero soliviantado por sus amanuenses menos lúcidos) se duele, se irrita, se enfurece (es decir, se crispa) ante cualquier expresión contraria a sus propósitos, ataviados de campechanismo y bonhomía paisas, pero en realidad absolutistas y monárquicos.
Es a partir de ahí, entonces, cuando el triunfo de Samuel Moreno en Bogotá se torna inexistente; cualquier panfleto anónimo se le achaca a un magistrado de probadas calidades éticas y profesionales como Carlos Gaviria; la palabra rotunda y certera de Gustavo Petro se convierte en un tiro a la sien de la "patria amada"; los buenos oficios de Piedad Córdoba por la humanización del conflicto empiezan a generar suspicacias, y todo lo que se mueva sin anuencia de la Casa de Nariño es connivente con las peores formas criminales de la subversión, la ilegalidad y el terrorismo.
De modo que mientras en el reino de Su Majestad De Borbón la oposición se crispa, porque se ejercita a plenitud, en Colombia no puede abrir la boca: cuidado, no sea el diablo y una cólera terrible acabe con el señor Presidente.
vimaruiz@hotmail.com
miércoles, 21 de noviembre de 2007
Desplazamiento forzado bajó a la mitad, dice Acnur
Noviembre 20 de 2007
Desplazamiento forzado bajó a la mitad, dice Acnur
Sin embargo, llama la atención sobre el bajo presupuesto para acciones de prevención y la impunidad, pues apenas van 13 procesados por el destierro de más de 600 mil personas entre el 2003 y el 2006.
Con las personas que salieron de sus viviendas a causa de la violencia en el 2006 casi se podría repoblar una ciudad como Itagüí.
Cada año, entre el 2003 y el 2006, fueron desterradas unas 200 mil personas, que no obstante representan apenas la mitad con relación al éxodo anual de 412 mil personas que se registró en el 2002, según un informe que presentó ayer en Medellín la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El documento no lo menciona, pero las fechas coinciden con la desmovilización de más de 30 mil paramilitares y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe.
Hoy día el fenómeno no se da de manera homogénea en todas
las regiones, pues el 73 por ciento se van de 15 zonas donde reside apenas el 17 por ciento de la población de nuestro país.
Estas quedan sobre todo en Nariño, Cauca, Valle y sur de Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, el norte de Caldas, Meta, Arauca, Caquetá, el Atrato y el Magdalena Medio.
Según el análisis de Acnur, entran a jugar factores como la disputa territorial entre grupos armados, las acciones para la erradicación de cultivos ilícitos, los paros que declara la guerrilla y la presencia de campos minados.
Cuatro de los puntos rojos del mapa quedan en Antioquia que, a la vez, continúa siendo el departamento que más expulsa gente. En el trienio fueron cerca de 70 mil personas, y eso que la cifra bajó al mismo ritmo que el promedio nacional, es decir en un 50 por ciento.
La situación se muestra todavía peor cuando se examina la microzona del suroriente de ese departamento que linda con Caldas, donde no viven ni el medio por ciento de los colombianos pero registra el 6 por ciento de los desplazados.
Luces y sombras
"Es un panorama de luces y sombras", dijo el representante de la Acnur, Roberto Mignone, al advertir que esta realidad se da en la nación del mundo que tiene la legislación más avanzada para atender el problema.
Mignone destacó como hechos positivos la existencia de una política pública al respecto, los fallos de la Corte Constitucional que obligan al Estado a proteger a esta población vulnerable y las acciones que en igual sentido han emprendido la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y varios gobiernos regionales.
Según la Gerencia de Acción Social de la Presidencia de la República, en el primer cuatrienio del gobierno Uribe se invirtieron 1,8 billones de pesos y del 2007 al 2010 serán 4,1 billones, el mayor presupuesto de la historia.
Acnur reconoce los avances en la atención de las víctimas en el primer momento de la emergencia, pero advierte que estamos en pañales en generación de ingresos para los afectados, recuperación de tierras y vivienda.
En deuda con la prevención
Además, critica que apenas el uno por ciento de lo que se destina para desplazados vaya para programas de prevención.
Además, advierte una gran impunidad, pues solamente van 13 personas procesadas por desplazamiento, mientras que las víctimas de este crimen en tres años suman 619 mil.
Para completar, en el mismo periodo han asesinado a 85 desplazados.
"Nuestra recomendación sería fortalecer la presencia civil del Estado en muchas zonas de conflicto. En particular, mecanismos como los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo son muy valiosos y pueden contribuir a disminuir el riesgo de la población", sostiene Mignone.
MEDELLÍN
Desplazamiento forzado bajó a la mitad, dice Acnur
Sin embargo, llama la atención sobre el bajo presupuesto para acciones de prevención y la impunidad, pues apenas van 13 procesados por el destierro de más de 600 mil personas entre el 2003 y el 2006.
Con las personas que salieron de sus viviendas a causa de la violencia en el 2006 casi se podría repoblar una ciudad como Itagüí.
Cada año, entre el 2003 y el 2006, fueron desterradas unas 200 mil personas, que no obstante representan apenas la mitad con relación al éxodo anual de 412 mil personas que se registró en el 2002, según un informe que presentó ayer en Medellín la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El documento no lo menciona, pero las fechas coinciden con la desmovilización de más de 30 mil paramilitares y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe.
Hoy día el fenómeno no se da de manera homogénea en todas
las regiones, pues el 73 por ciento se van de 15 zonas donde reside apenas el 17 por ciento de la población de nuestro país.
Estas quedan sobre todo en Nariño, Cauca, Valle y sur de Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, el norte de Caldas, Meta, Arauca, Caquetá, el Atrato y el Magdalena Medio.
Según el análisis de Acnur, entran a jugar factores como la disputa territorial entre grupos armados, las acciones para la erradicación de cultivos ilícitos, los paros que declara la guerrilla y la presencia de campos minados.
Cuatro de los puntos rojos del mapa quedan en Antioquia que, a la vez, continúa siendo el departamento que más expulsa gente. En el trienio fueron cerca de 70 mil personas, y eso que la cifra bajó al mismo ritmo que el promedio nacional, es decir en un 50 por ciento.
La situación se muestra todavía peor cuando se examina la microzona del suroriente de ese departamento que linda con Caldas, donde no viven ni el medio por ciento de los colombianos pero registra el 6 por ciento de los desplazados.
Luces y sombras
"Es un panorama de luces y sombras", dijo el representante de la Acnur, Roberto Mignone, al advertir que esta realidad se da en la nación del mundo que tiene la legislación más avanzada para atender el problema.
Mignone destacó como hechos positivos la existencia de una política pública al respecto, los fallos de la Corte Constitucional que obligan al Estado a proteger a esta población vulnerable y las acciones que en igual sentido han emprendido la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y varios gobiernos regionales.
Según la Gerencia de Acción Social de la Presidencia de la República, en el primer cuatrienio del gobierno Uribe se invirtieron 1,8 billones de pesos y del 2007 al 2010 serán 4,1 billones, el mayor presupuesto de la historia.
Acnur reconoce los avances en la atención de las víctimas en el primer momento de la emergencia, pero advierte que estamos en pañales en generación de ingresos para los afectados, recuperación de tierras y vivienda.
En deuda con la prevención
Además, critica que apenas el uno por ciento de lo que se destina para desplazados vaya para programas de prevención.
Además, advierte una gran impunidad, pues solamente van 13 personas procesadas por desplazamiento, mientras que las víctimas de este crimen en tres años suman 619 mil.
Para completar, en el mismo periodo han asesinado a 85 desplazados.
"Nuestra recomendación sería fortalecer la presencia civil del Estado en muchas zonas de conflicto. En particular, mecanismos como los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo son muy valiosos y pueden contribuir a disminuir el riesgo de la población", sostiene Mignone.
MEDELLÍN
Las águilas negras apunta a los jóvenes
Las águilas negras apunta a los jóvenes
Los nuevos grupos paramilitares están disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga a través de la frontera. El caso de lo que ocurre en Cúcuta se puede replicar peligrosamente en el resto del país.
Por Agencia de Prensa IPC
En los barrios de Cúcuta y en algunos municipios vecinos a la capital nortesantandereana, los jóvenes corren riesgos si llevan el cabello largo, están tatuados o se adornan con piercing y si están en las calles después de las 10 de la noche. Sobre ellos vuelan las Águilas Negras, un grupo armado emergente asociado al paramilitarismo que ejerce estricto control social desde comienzos de este año.
Quienes se atreven a hablar de la situación, la califican como una “bomba de tiempo” a punto de estallar. Y es que al “sobrevuelo” constante de las Águilas Negras se le suman el incremento de los asesinatos por sicariato y las denuncias reiteradas de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre casos de reclutamiento de jóvenes.
Cifras oficiales demuestran que Cúcuta experimenta un aumento en los homicidios, al pasar de 259 entre enero y septiembre de 2006 a 327 en el mismo período de este año, situación que no se registraba desde el año 2002, época en que los bloques Catatumbo y Frontera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incrementaron su accionar en el oriente del país.
Para diversas organizaciones no gubernamentales nortesantandereanas, el incremento de muertes violentas coincide con la aparición de nuevos grupos emergentes como las denominadas ‘Águilas Negras’, que estarían disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga, a través de la frontera, con pequeños grupos delincuenciales y mandos medios desmovilizados de las AUC.
La lista negra
La presencia de las llamadas Águilas Negras ya había sido advertida a mediados del presente año, cuando hicieron circular una ‘lista negra’ en varios barrios de la ciudadela Juan Atalaya, como Belén, Barrio Nuevo, Camilo Daza y Cuberos, a través de la cual anunciaban el inicio de un gran campaña de ‘limpieza social’.
Varios de los allí señalados debieron abandonar sus hogares. Los que quedaron simplemente acataron las órdenes tácitas que impuso el nuevo grupo armado ilegal. Toques de queda, principalmente para los más jóvenes, cobros a comerciantes y habitantes por concepto de vigilancia y un silencio generalizado constituyen el pan de cada día en los barrios de la populosa ciudadela, localidad compuesta por más de 140 barrios y donde habitan cerca de 350.000 personas.
“Ellos son los que vigilan que nadie robe ni consuma vicio en las calles. A los pelados les dicen que es mejor que no estén tarde en la noche porque, como dicen ellos: ¿qué tiene que hacer un pelado de bien después de las 10 de noche en la calle?”, responde un habitante de Barrio Nuevo, en pleno corazón de la Comuna 9, al ser consultado por la Agencia de Prensa IPC sobre la presencia de las llamadas Águilas Negras.
Frontera caliente
Situaciones semejantes se viven también en municipios del área metropolitana como Villa del Rosario. En la Parada, pleno sector fronterizo con Venezuela, las intimidaciones son aun más severas, al punto de que una organización que adelantaba trabajo con la comunidad debió suspender sus procesos comunitarios debido a un delicado incidente.
“Un día llegamos al salón donde hacíamos el trabajo con la comunidad y las paredes estaban pintadas con letreros que decían: ‘fuera sapos de aquí’. Decidimos parar el proceso por un tiempo para no poner en riesgo a nuestros funcionarios”, dijo el líder social, quien no quiso dar más detalles al respecto.
La población juvenil vive su propio calvario. En julio pasado, ‘Jota’, un joven de 19 años de la localidad, recibió fuertes amenazas por parte de las Águilas Negras, que lo acusaron de drogadicto debido a su apariencia personal, en la que sobresale el pelo largo, los tatuajes en ambos brazos y los piercing que lleva en orejas y cejas.
‘Jota’ debió salir de la ciudad, junto con varios amigos suyos sobre los que pesaba la misma amenaza. Hace pocos días él regresó a su casa, pues, como él mismo dice: “yo no he hecho nada malo”; sin embargo, afirma que su vida ya no es la misma.
“Mis amigos no quieren volver porque les da miedo. Yo salgo poco, me tocó cambiar de ‘look’ para evitar problemas y me siento sólo en mi propia tierra”, relata.
El tesoro en disputa
Norte de Santander se ha convertido en un fortín para las Águilas Negras, grupo emergente surgido luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, comandado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Diversas investigaciones señalan que sólo en este departamento está integrado por más de 300 hombres, un buen porcentaje de los cuales tiene asiento en los barrios de Cúcuta, sobre todo en la ciudadela Juan Atalaya.
Para algunos investigadores sociales consultados por la Agencia de Prensa IPC, la presencia cada vez más fuerte de este grupo armado ilegal en la capital nortesantandereana podría responder a un factor estratégico: recuperar el corredor natural El Catatumbo-Cúcuta-Venezuela, utilizado por los hombres de Mancuso como fuente inagotable de financiación.
Desde finales de la década de los 90, los hombres del Bloque Catatumbo consolidaron una fuerte red de narcotráfico que iniciaba con el dominio sobre los cultivos de hoja de coca ubicados en municipios como El Tarra, Teorama, La Gabarra y Tibú; pasando por el control sobre la vía que une a dichos municipios con la ciudad de Cúcuta y de ésta con las localidades de Ureña, Capacho y San Antonio del Táchira, en Venezuela, hasta donde llegaba la droga para ser enviada a las Antillas caribeñas, Estados Unidos y Europa.
La misma ruta fue utilizada para el transporte de armas procedentes del vecino país. Además, los paramilitares llegaron a controlar actividades económicas tan importantes como el cambio de divisa (bolívares, pesos colombianos y dólares) y el comercio de gasolina.
En una ciudad como Cúcuta, la venta de gasolina al menudeo a través de las famosas ‘pimpinas’ puede significar ingresos superiores a 100 millones de pesos diarios, si se tiene en cuenta que un galón de gasolina en Venezuela cuesta alrededor de 350 pesos colombianos, y ésta se comercializa en las calles entre 3.500 y 4.000 pesos.
“Era un negocio redondo. Les entraba plata por todos lados”, explica Gerardo Rincón, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de Norte de Santander, quien no duda en afirmar que el recrudecimiento de la violencia en la capital nortesantandereana obedezca a disputas por el control de ese “gran tesoro” entre mandos medios que quedaron como “cabos sueltos” luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, y las llamadas Águilas Negras.
Presencia extraña
Los hechos así parecen confirmarlo. Según Rincón, en los últimos meses se ha registrado un alto número de asesinatos de desmovilizados de las AUC en extrañas circunstancias. Paralelo a esto, líderes de Tibú y La Gabarra vienen denunciando la llegada de hombres de Antioquia, que están copando territorios y negocios (como el control de los cultivos de coca) que antes eran de las AUC.
Los mismos líderes han denunciado el reclutamiento de jóvenes, bien para trabajar como raspachines o bien como informantes. “Hay mucha gente que viene de Tarso, Ituango y Támesis. A los pelados les están ofreciendo trabajo como raspachines y varios me han dicho que les están dando celulares de gama alta, y que les pagan 5.000 pesos por foto que tomen de gente extraña”, relata una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC.
Ahora, ¿por qué la preocupación entre los habitantes de Cúcuta por lo que suceda en el Catatumbo? En Juan Atalaya saben que esa es la puerta de entrada a la capital y de ahí a la Costa Norte y el interior del país, lo que significa que los nuevos grupos armados ilegales no vacilarán en someter a fuerzas contrarias, como ocurrió en el pasado para no perder su dominio.
En Juan de Atalaya aún recuerdan la lucha frontal que libraron milicias de la guerrilla y grupos paramilitares, entre los años 2000 y 2002, que causó gran afectación entre la población civil. De ahí que cada día sea aún mayor la preocupación por lo que ocurre en la actualidad, pues no quieren el retorno de aquellos días amargos.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
Los nuevos grupos paramilitares están disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga a través de la frontera. El caso de lo que ocurre en Cúcuta se puede replicar peligrosamente en el resto del país.
Por Agencia de Prensa IPC
En los barrios de Cúcuta y en algunos municipios vecinos a la capital nortesantandereana, los jóvenes corren riesgos si llevan el cabello largo, están tatuados o se adornan con piercing y si están en las calles después de las 10 de la noche. Sobre ellos vuelan las Águilas Negras, un grupo armado emergente asociado al paramilitarismo que ejerce estricto control social desde comienzos de este año.
Quienes se atreven a hablar de la situación, la califican como una “bomba de tiempo” a punto de estallar. Y es que al “sobrevuelo” constante de las Águilas Negras se le suman el incremento de los asesinatos por sicariato y las denuncias reiteradas de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre casos de reclutamiento de jóvenes.
Cifras oficiales demuestran que Cúcuta experimenta un aumento en los homicidios, al pasar de 259 entre enero y septiembre de 2006 a 327 en el mismo período de este año, situación que no se registraba desde el año 2002, época en que los bloques Catatumbo y Frontera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incrementaron su accionar en el oriente del país.
Para diversas organizaciones no gubernamentales nortesantandereanas, el incremento de muertes violentas coincide con la aparición de nuevos grupos emergentes como las denominadas ‘Águilas Negras’, que estarían disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga, a través de la frontera, con pequeños grupos delincuenciales y mandos medios desmovilizados de las AUC.
La lista negra
La presencia de las llamadas Águilas Negras ya había sido advertida a mediados del presente año, cuando hicieron circular una ‘lista negra’ en varios barrios de la ciudadela Juan Atalaya, como Belén, Barrio Nuevo, Camilo Daza y Cuberos, a través de la cual anunciaban el inicio de un gran campaña de ‘limpieza social’.
Varios de los allí señalados debieron abandonar sus hogares. Los que quedaron simplemente acataron las órdenes tácitas que impuso el nuevo grupo armado ilegal. Toques de queda, principalmente para los más jóvenes, cobros a comerciantes y habitantes por concepto de vigilancia y un silencio generalizado constituyen el pan de cada día en los barrios de la populosa ciudadela, localidad compuesta por más de 140 barrios y donde habitan cerca de 350.000 personas.
“Ellos son los que vigilan que nadie robe ni consuma vicio en las calles. A los pelados les dicen que es mejor que no estén tarde en la noche porque, como dicen ellos: ¿qué tiene que hacer un pelado de bien después de las 10 de noche en la calle?”, responde un habitante de Barrio Nuevo, en pleno corazón de la Comuna 9, al ser consultado por la Agencia de Prensa IPC sobre la presencia de las llamadas Águilas Negras.
Frontera caliente
Situaciones semejantes se viven también en municipios del área metropolitana como Villa del Rosario. En la Parada, pleno sector fronterizo con Venezuela, las intimidaciones son aun más severas, al punto de que una organización que adelantaba trabajo con la comunidad debió suspender sus procesos comunitarios debido a un delicado incidente.
“Un día llegamos al salón donde hacíamos el trabajo con la comunidad y las paredes estaban pintadas con letreros que decían: ‘fuera sapos de aquí’. Decidimos parar el proceso por un tiempo para no poner en riesgo a nuestros funcionarios”, dijo el líder social, quien no quiso dar más detalles al respecto.
La población juvenil vive su propio calvario. En julio pasado, ‘Jota’, un joven de 19 años de la localidad, recibió fuertes amenazas por parte de las Águilas Negras, que lo acusaron de drogadicto debido a su apariencia personal, en la que sobresale el pelo largo, los tatuajes en ambos brazos y los piercing que lleva en orejas y cejas.
‘Jota’ debió salir de la ciudad, junto con varios amigos suyos sobre los que pesaba la misma amenaza. Hace pocos días él regresó a su casa, pues, como él mismo dice: “yo no he hecho nada malo”; sin embargo, afirma que su vida ya no es la misma.
“Mis amigos no quieren volver porque les da miedo. Yo salgo poco, me tocó cambiar de ‘look’ para evitar problemas y me siento sólo en mi propia tierra”, relata.
El tesoro en disputa
Norte de Santander se ha convertido en un fortín para las Águilas Negras, grupo emergente surgido luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, comandado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Diversas investigaciones señalan que sólo en este departamento está integrado por más de 300 hombres, un buen porcentaje de los cuales tiene asiento en los barrios de Cúcuta, sobre todo en la ciudadela Juan Atalaya.
Para algunos investigadores sociales consultados por la Agencia de Prensa IPC, la presencia cada vez más fuerte de este grupo armado ilegal en la capital nortesantandereana podría responder a un factor estratégico: recuperar el corredor natural El Catatumbo-Cúcuta-Venezuela, utilizado por los hombres de Mancuso como fuente inagotable de financiación.
Desde finales de la década de los 90, los hombres del Bloque Catatumbo consolidaron una fuerte red de narcotráfico que iniciaba con el dominio sobre los cultivos de hoja de coca ubicados en municipios como El Tarra, Teorama, La Gabarra y Tibú; pasando por el control sobre la vía que une a dichos municipios con la ciudad de Cúcuta y de ésta con las localidades de Ureña, Capacho y San Antonio del Táchira, en Venezuela, hasta donde llegaba la droga para ser enviada a las Antillas caribeñas, Estados Unidos y Europa.
La misma ruta fue utilizada para el transporte de armas procedentes del vecino país. Además, los paramilitares llegaron a controlar actividades económicas tan importantes como el cambio de divisa (bolívares, pesos colombianos y dólares) y el comercio de gasolina.
En una ciudad como Cúcuta, la venta de gasolina al menudeo a través de las famosas ‘pimpinas’ puede significar ingresos superiores a 100 millones de pesos diarios, si se tiene en cuenta que un galón de gasolina en Venezuela cuesta alrededor de 350 pesos colombianos, y ésta se comercializa en las calles entre 3.500 y 4.000 pesos.
“Era un negocio redondo. Les entraba plata por todos lados”, explica Gerardo Rincón, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de Norte de Santander, quien no duda en afirmar que el recrudecimiento de la violencia en la capital nortesantandereana obedezca a disputas por el control de ese “gran tesoro” entre mandos medios que quedaron como “cabos sueltos” luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, y las llamadas Águilas Negras.
Presencia extraña
Los hechos así parecen confirmarlo. Según Rincón, en los últimos meses se ha registrado un alto número de asesinatos de desmovilizados de las AUC en extrañas circunstancias. Paralelo a esto, líderes de Tibú y La Gabarra vienen denunciando la llegada de hombres de Antioquia, que están copando territorios y negocios (como el control de los cultivos de coca) que antes eran de las AUC.
Los mismos líderes han denunciado el reclutamiento de jóvenes, bien para trabajar como raspachines o bien como informantes. “Hay mucha gente que viene de Tarso, Ituango y Támesis. A los pelados les están ofreciendo trabajo como raspachines y varios me han dicho que les están dando celulares de gama alta, y que les pagan 5.000 pesos por foto que tomen de gente extraña”, relata una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC.
Ahora, ¿por qué la preocupación entre los habitantes de Cúcuta por lo que suceda en el Catatumbo? En Juan Atalaya saben que esa es la puerta de entrada a la capital y de ahí a la Costa Norte y el interior del país, lo que significa que los nuevos grupos armados ilegales no vacilarán en someter a fuerzas contrarias, como ocurrió en el pasado para no perder su dominio.
En Juan de Atalaya aún recuerdan la lucha frontal que libraron milicias de la guerrilla y grupos paramilitares, entre los años 2000 y 2002, que causó gran afectación entre la población civil. De ahí que cada día sea aún mayor la preocupación por lo que ocurre en la actualidad, pues no quieren el retorno de aquellos días amargos.
Agencia de Prensa IPC
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Colombia: plazo a mediación de Chávez
Colombia: plazo a mediación de Chávez
Hernando Salazar
Bogotá
El gobierno colombiano decidió ponerle plazo hasta el 31 de diciembre próximo a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para buscar un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita la liberación de medio centenar de secuestrados.
Al mismo tiempo, el gobierno de Bogotá dijo que el presidente Álvaro Uribe solo estaría dispuesto a reunirse con Manuel Marulanda, el máximo jefe de las FARC, cuando este grupo haya liberado a todos los secuestrados en su poder.
Los anuncios fueron hechos en Bogotá por el Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Fuentes de la presidencia colombiana le dijeron a BBC Mundo que el comunicado leído por Restrepo es una respuesta a las declaraciones que dio Chávez a su llegada a París y a la no aparición de nuevas pruebas de supervivencia de los secuestrados.
Las FARC piden un canje de guerrilleros presos por políticos, policías y militares que llevan varios años en poder de ese grupo.
Al llegar a Paris, para reunirse con su colega francés, Nicolás Sarkozy, Chávez declaró a los periodistas que Uribe le habría dicho que estaría dispuesto a asistir a una reunión suya con el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda.
Las condiciones de Uribe
El comunicado leído por el comisionado Restrepo señala que el pasado 9 de noviembre, en Santiago de Chile, Uribe le dijo en "secreto" a Chávez que él sí estaría dispuesto a asistir a una reunión entre el presidente venezolano y Marulanda, pero "siempre y cuando se hubiesen liberado previamente todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso".
El comunicado agrega que "el Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez. Hoy piensa el Gobierno que el límite debe ser el mes de diciembre".
Uno de los principales temas a tratar entre Sarkozy y Chávez serán las gestiones para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también es ciudadana francesa.
Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002 por guerrilleros de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sur de Colombia
Aunque recientemente Chávez recibió en Caracas a Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, y la guerrilla anunció la entrega de pruebas de supervivencia de los secuestrados, estas siguen aparecer.
Preocupación
Entre tanto, el comunicado de la Presidencia de Colombia produjo preocupación entre los familiares de los políticos secuestrados por las FARC.
...El Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez...
Comunicado del gobierno colombiano
El congresista Mauricio Lizcano, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, le dijo a BBC Mundo que "es importante ponerle límites a la mediación (de Chávez), pero el 31 de diciembre es un plazo muy corto".
"El gobierno colombiano tiene que ser más coherente y no puede dejarle toda la responsabilidad a Chávez sin moverse un centímetro", añadió el congresista, quien es hijo del ex representante a la Cámara Oscar Lizcano, secuestrado en 2001.
Lizcano reconoció que el anuncio de las FARC de nuevas pruebas de supervivencia, que no se conocen, "no deja un buen sabor".
"No tener las pruebas significa que la intermediación no es tan efectiva. Las pruebas son un elemento fundamental para generar confianza y tranquilidad a los familiares", añadió Lizcano.
Decisión "grave"
Por su parte, Ángela de Pérez, esposa del ex senador Luis Eladio Pérez, le dijo a BBC Mundo que le parece "muy grave" el comunicado del presidente Uribe.
"Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares", dijo la señora de Pérez.
Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares
Ángela de Pérez, esposa de uno de los secuestrados
Según ella, "si en tan corto plazo no se han logrado pruebas de supervivencia, menos se podrá negociar un acuerdo humanitario".
"Como vocera de Luis Eladio Pérez, y quien fui a pedirle al presidente de Venezuela que mediara en un acuerdo humanitario, voy a solicitarle a Chávez que continúe sus gestiones", agregó.
Pérez concluyó que las FARC tienen que hacer llegar pruebas de supervivencia, "porque sin ellas es muy difícil que se avance hacia a un acuerdo humanitario".
La decisión de Colombia se conoce en momentos en que el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el caminante por la paz, emprendió este lunes en Bogotá un recorrido a pie hacia Caracas.
El maestro es el padre del agente de la policía Pablo Emilio Moncayo, quien en diciembre próximo cumplirá diez años de haber caído en poder de las FARC.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7102000/7102919.stm
Publicada: 2007/11/20 02:44:35 GMT
© BBC MMVII
Hernando Salazar
Bogotá
El gobierno colombiano decidió ponerle plazo hasta el 31 de diciembre próximo a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para buscar un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita la liberación de medio centenar de secuestrados.
Al mismo tiempo, el gobierno de Bogotá dijo que el presidente Álvaro Uribe solo estaría dispuesto a reunirse con Manuel Marulanda, el máximo jefe de las FARC, cuando este grupo haya liberado a todos los secuestrados en su poder.
Los anuncios fueron hechos en Bogotá por el Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Fuentes de la presidencia colombiana le dijeron a BBC Mundo que el comunicado leído por Restrepo es una respuesta a las declaraciones que dio Chávez a su llegada a París y a la no aparición de nuevas pruebas de supervivencia de los secuestrados.
Las FARC piden un canje de guerrilleros presos por políticos, policías y militares que llevan varios años en poder de ese grupo.
Al llegar a Paris, para reunirse con su colega francés, Nicolás Sarkozy, Chávez declaró a los periodistas que Uribe le habría dicho que estaría dispuesto a asistir a una reunión suya con el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda.
Las condiciones de Uribe
El comunicado leído por el comisionado Restrepo señala que el pasado 9 de noviembre, en Santiago de Chile, Uribe le dijo en "secreto" a Chávez que él sí estaría dispuesto a asistir a una reunión entre el presidente venezolano y Marulanda, pero "siempre y cuando se hubiesen liberado previamente todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso".
El comunicado agrega que "el Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez. Hoy piensa el Gobierno que el límite debe ser el mes de diciembre".
Uno de los principales temas a tratar entre Sarkozy y Chávez serán las gestiones para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también es ciudadana francesa.
Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002 por guerrilleros de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sur de Colombia
Aunque recientemente Chávez recibió en Caracas a Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, y la guerrilla anunció la entrega de pruebas de supervivencia de los secuestrados, estas siguen aparecer.
Preocupación
Entre tanto, el comunicado de la Presidencia de Colombia produjo preocupación entre los familiares de los políticos secuestrados por las FARC.
...El Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez...
Comunicado del gobierno colombiano
El congresista Mauricio Lizcano, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, le dijo a BBC Mundo que "es importante ponerle límites a la mediación (de Chávez), pero el 31 de diciembre es un plazo muy corto".
"El gobierno colombiano tiene que ser más coherente y no puede dejarle toda la responsabilidad a Chávez sin moverse un centímetro", añadió el congresista, quien es hijo del ex representante a la Cámara Oscar Lizcano, secuestrado en 2001.
Lizcano reconoció que el anuncio de las FARC de nuevas pruebas de supervivencia, que no se conocen, "no deja un buen sabor".
"No tener las pruebas significa que la intermediación no es tan efectiva. Las pruebas son un elemento fundamental para generar confianza y tranquilidad a los familiares", añadió Lizcano.
Decisión "grave"
Por su parte, Ángela de Pérez, esposa del ex senador Luis Eladio Pérez, le dijo a BBC Mundo que le parece "muy grave" el comunicado del presidente Uribe.
"Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares", dijo la señora de Pérez.
Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares
Ángela de Pérez, esposa de uno de los secuestrados
Según ella, "si en tan corto plazo no se han logrado pruebas de supervivencia, menos se podrá negociar un acuerdo humanitario".
"Como vocera de Luis Eladio Pérez, y quien fui a pedirle al presidente de Venezuela que mediara en un acuerdo humanitario, voy a solicitarle a Chávez que continúe sus gestiones", agregó.
Pérez concluyó que las FARC tienen que hacer llegar pruebas de supervivencia, "porque sin ellas es muy difícil que se avance hacia a un acuerdo humanitario".
La decisión de Colombia se conoce en momentos en que el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el caminante por la paz, emprendió este lunes en Bogotá un recorrido a pie hacia Caracas.
El maestro es el padre del agente de la policía Pablo Emilio Moncayo, quien en diciembre próximo cumplirá diez años de haber caído en poder de las FARC.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7102000/7102919.stm
Publicada: 2007/11/20 02:44:35 GMT
© BBC MMVII
El Caribe se pellizca
El Caribe se pellizca
La para-política ha llevado al Caribe a la peor crisis de su historia. Un grupo de líderes se la juega por salvar su región.
Vientos distintos a los acostumbrados soplan por estos días en la costa. Después de que el ciclón de la para-política dejó devastada la precaria institucionalidad que existía, los coletazos de la violencia han dejado una cicatriz imborrable en su geografía y la racha de malos gobiernos han sumido en la pobreza a la mayoría de la población, esta región acaba de poner el primer ladrillo de lo que podría ser un mejor futuro.
Cuando hace exactamente un año los titulares de prensa anunciaban las primeras capturas de congresistas de esa región del país por sus vínculos con los paramilitares, hoy, sobre los escombros que dejó esa nefasta alianza, un grupo de líderes políticos, intelectuales, empresariales y cívicos, selló la firma de un manifiesto para sacar adelante su región.
En medio de la mirada expectante pero entusiasta de muchos costeños, los alcaldes electos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, el actual gobernador del Atlántico y gobernadores electos del mismo departamento, las Cámaras de Comercio, los rectores de las principales universidades, los medios de comunicación más importantes, los más insignes representantes de los gremios y los más respetados académicos, lanzaron el proyecto 'Compromiso Caribe'.
El escándalo de la para-política había ocultado una realidad social explosiva y estaba desviando el verdadero debate. El proceso y las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dieron pie para que se escucharan voces regionales que hablaban de una siniestra "conspiración" de los cachacos del centro contra la región caribe. Se buscaba remover así las fibras del regionalismo, pero las evidencias que saltaron a los medios de comunicación hicieron perder peso a la "conspiración", que acabó siendo un raquítico argumento populista.
No era la primera vez que tal argumento se esgrimía desde sectores de la política, precisamente aquellos que han estado más comprometidos en las maniobras del clientelismo, la corrupción administrativa y, en últimas, con las actividades criminales del paramilitarismo.
La para-política había empezado a tachonar con relieves el mapa de los departamentos de la costa Caribe. Poco a poco extendería su mancha hacia otras zonas del país. Por ello se llegó a hablar del proyecto paramilitar clandestino de "fabricar" un líder que, desde la costa y a corto plazo, podría presentarse al país como una alternativa presidencial.
Si varios políticos ya habían suscrito un acuerdo en Ralito para "refundar la patria" con los paramilitares, resultaba coherente con esta pretensión que buscaran, además, llegar a la Presidencia. Al fin y al cabo, los grupos paramilitares estaban en su vertiginoso proceso de expansión, tenían control territorial, tenían capturado el Estado en varias regiones, se financiaban del narcotráfico o de los zarpazos a las finanzas públicas, y contaban con miles de funcionarios y decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas a su servicio.
Pero mientras la política se corrompía aun más en las garras de los grupos armados, en las universidades y centros de estudio del Caribe, o desde los sectores limpios de la política regional -también arrinconados por el avance paramilitar- se estaban madurando diagnósticos y propuestas distintas al maniqueísmo regionalista que provoca disputas irracionales entre costeños y cachacos. Mientras mucho político se reunía con los jefes paras y sellaban pactos, en otros sectores había líderes que estaban produciendo en silencio corrientes de pensamiento y opinión que apuestan por un cambio de rumbo. En muchos casos, corriendo el riesgo de estar en la mira de la alianza que las fuerzas ilegales estaban sellando con administraciones locales y regionales. Porque nadie desconocía la influencia que los tentáculos del paramilitarismo tenía en las universidades de Atlántico, Magdalena y Córdoba, donde no escasearon los docentes y estudiantes asesinados, y de la guerra a muerte que se declaró a profesionales de las ciencias sociales, investigadores de la cultura y dirigentes políticos.
Algo estaba cambiando, así fuera en la actitud y el compromiso, para que gremios y empresarios de nuevo cuño reclamaran a la academia el diagnóstico de las realidades de la región caribe y se mostraran preocupados por un presente de monstruosas desigualdades sociales y de inciertas soluciones de futuro.
El panorama, más allá de la crisis de la para-política, es patético. La región caribe, esa parte de la geografía colombiana que muchos llaman aún 'Costa Atlántica', es una región que comprende ocho departamentos, con una extensión total de 132.288 kilómetros cuadrados. En esa región vive la quinta parte de la población del país (más de nueve millones de personas). Una población que sigue creciendo, pues la región tiene las tasas de crecimiento demográfico más altas del país.
Sin embargo, en 2004, los índices de pobreza eran superiores al 60 por ciento. Según el Bienestar Familiar, 30 por ciento de los niños de la costa tiene déficit de aprendizaje por desnutrición. Otros estudios dejan cifras igualmente preocupantes: el gasto social en la costa es muy inferior que en el resto del país. Por ejemplo, mientras en el país el 16 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, en el Caribe esa cifra sube a 33 por ciento de los hogares.
Esta bomba de tiempo fue motivo de reflexión hace algunos días, cuando varios de los nuevos gobernantes electos se reunieron con empresarios e intelectuales para buscarle soluciones a la grave situación de la región. Las conclusiones de este encuentro, conocidas como 'Compromiso Caribe', pueden ser el primer paso para convertir la crisis en oportunidad.
Lo que salió a flote en este documento fue la evidencia de un profundo desequilibrio en las relaciones de las regiones, no sólo la del Caribe, con el Estado central. Se señala también la rica acumulación de capital cultural y artístico de la región. Hoy día, no hay costeño que no esté seguro de la contribución que la región ha hecho a Colombia en todos los órdenes de la cultura y las artes y en la universalización de muchas de sus expresiones populares. Pero hay una preocupante asimetría en lo que significa el desarrollo, la libertad y la calidad de vida de la gente entre la región caribe y otras regiones del país.
¿Qué es el Compromiso Caribe?
Cuando en los años 80 Medellín parecía sucumbir ante la égida diabólica de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que todo lo habían contaminado, un grupo de líderes decidió alimentar los liderazgos positivos y sacar adelante la ciudad. Empresarios, medios de comunicación, líderes cívicos se pusieron en la otra orilla, para mirar al futuro. Algo similar es lo que podría resultar del compromiso que acaban de firmar los líderes de la región caribe.
Esta vez, la iniciativa del acuerdo surgió de varios intelectuales, pero a ella se han vinculado activamente empresarios y otros sectores sociales. "Es una respuesta decantada desde sectores de la academia y la cultura a la profunda crisis política que han vivido los departamentos de la costa en las últimas décadas y que llegaron hasta a golpear la autoestima regional", le dijo a SEMANA Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de Colombia y ahora director del diario El Heraldo de Barranquilla. "Se trata de dejar atrás el manido discurso regionalista para asumir una nueva visión y concepción de la Región Caribe (…)".
En la misma dirección se ha expresado Alberto Abello Vives, cofundador y ex director del 'Observatorio del Caribe', hoy decano de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar: "el Compromiso Caribe refleja la profunda insatisfacción con el estado de la región, con su economía y con su baja capacidad de generar empleos de calidad, con las administraciones públicas y con los altos niveles de corrupción".
Por su parte, el historiador Adolfo Meisel Roca, que dirige la sede del Banco de la República en Cartagena y ha estudiado como pocos la situación económica del Caribe, dice que "el Compromiso Caribe llega en un momento en que la región quiere voltear una de las páginas más oscuras de su Historia".
Pero la percepción de Meisel va más allá y coincide con la de Bell, Eduardo Verano de la Rosa y otros muchos: "La costa expresa la voluntad de ejercer de múltiples maneras un liderazgo nacional." ¿Nada más? No, mucho más, se puede deducir por la intención que ninguno de ellos oculta: después de más de un siglo, Colombia no ha vuelto a tener un Presidente costeño.
Meisel insiste en un vacío de liderazgo producido "por la quemazón de la para-política, pero también de un relevo generacional que probablemente se va a acelerar."
¿Es el 'Compromiso Caribe' el motor de esa aceleración? Es posible. Pero la situación no es fácil y se han perdido muchos años para el desarrollo de la región. En su columna de El Tiempo, el historiador y profesor de la Universidad de Oxford Eduardo Posada Carbó reprodujo y comentó un estudio realizado por Meisel y cuyas conclusiones son alarmantes. En ellas se revela, por ejemplo, que la costa caribe ha tenido un crecimiento económico en los últimos 50 años al 1 por ciento, el mismo ritmo que África Subsahariana, que es una de las regiones más pobres del mundo. Ese mismo crecimiento es apenas la mitad de lo que crecen las demás regiones del país, cuyo promedio es del 2 por ciento anual en las últimas décadas. El mismo estudio demuestra cómo en el largo plazo las regiones ricas tienden a hacerse más ricas, y las pobres, a empeorar. Lo cual es un pésimo indicador para el Caribe.
Toda esta mezcla explosiva de lo social, lo político y lo económico, con un ingrediente adicional: que para el desarrollo de la costa, según los estudios, en el corto plazo el mercado, por sí solo, no va a cerrar la brechas regionales. De allí que la reducción de las desigualdades tenga que venir de políticas de Estado "integradas a las otras políticas públicas y enfocadas sobre todo en invertir en capital humano: educación, salud y nutrición".
En ese mismo espíritu, uno de los puntos pactados por los firmantes del Compromiso Caribe es convertir en política de Estado la reducción de las enormes disparidades regionales en el ingreso. Uno de los aspectos que empezaría a materializar esta idea es la creación de un fondo de compensación regional que haga más justa la repartición del gasto público, y así los colombianos, no importa de qué región sean, puedan tener más acceso a los bienes y servicios del Estado.
Otras metas trazadas tienen que ver con mejorar la productividad de la región, que es estratégica para el comercio globalizado. En concreto se busca fortalecer el aparato productivo de la región caribe; avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la desnutrición de la población infantil de 0 a 4 años; eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre las restantes inversiones, buscando universalizar la educación secundaria, fortaleciendo la educación bilingüe. Todo ello en un espíritu de fortalecer el sentimiento regional.
La agenda parece ajustada a las necesidades del Caribe, pero, a pesar de la buenas intenciones y del entusiasmo, llevarla a la práctica no será tan fácil.
¿Quién liderará este proceso en el largo plazo? ¿Le camina la gente de la costa a esta iniciativa? ¿Se pueden conciliar estos ideales con los intereses particulares de cada político o sector? ¿Podrán estos nuevos líderes que piensan en el bien común y el largo plazo imponerse sobre las poderosas mafias que han gobernado por tantos años esa bella región del país? ¿Fueron los inesperados resultados en las elecciones de Cartagena y Atlántico la semilla del cambio en la política costeña? ¿Podrá el Caribe colombiano trazarse un norte común como región para aprovechar su ubicación estratégica para el comercio en un mundo globalizado y de libre comercio?
Si bien proponerse una agenda de futuro es un primer paso urgente y necesario, es esencial que otros factores de poder sean convocados y se comprometan, no en la retórica, de palabra, sino en la acción. Como en el caso de Medellín, hace 20 años, los empresarios juegan un papel esencial. En una región con una ubicación geográfica tan privilegiada, si se elevan los niveles de productividad y el talento humano, se puede recuperar en poco tiempo las décadas perdidas. Y junto a los empresarios, una nueva clase política, confiable y dispuesta a trabajar para el largo plazo.
En esta especie de manifiesto que firmaron estos notables líderes regionales se señala la necesidad de "superar la fragilidad de las instituciones regionales y mejorar la calidad de las administraciones locales" mediante la erradicación de la corrupción. En este punto, la declaración es tajante: "promovemos la condena social a la corrupción por los perversos efectos (que tiene) sobre la legitimidad del Estado y el demérito de lo público." Este es el reto más grande. El de reivindicar la política en una región que para la mayoría de la población ha sido un símbolo de saqueo, clientelismo y corrupción.
Las pasadas elecciones del 28 de octubre registraron triunfos inesperados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Significaron un duro golpe a la política tradicional: Judith Pinedo, Álex Char y Juan Pablo Díaz Granados salieron elegidos alcaldes de sus respectivas ciudades y, contra todo pronóstico, Eduardo Verano de la Rosa se hizo con la Gobernación del Atlántico. Es posible que en estas ciudades estuviera asomando ya la cabeza el voto de opinión, indispensable en todo cambio de rumbo político. A pocos días de estos hechos alentadores en la política regional, se hacía público el manifiesto más serio y coherente para salvar la región caribe de su grave crisis. Había pasado exactamente un año desde el día en que la Corte Suprema de Justicia promulgó orden de captura contra los primeros para-políticos. Pero, más allá de esta irónica coincidencia, había nacido, en el corazón de una clase dirigente renovada, una inusitada fortaleza para recuperar la autoestima. Y ese es el verdadero primer paso para cambiar la cosas.
Semana.com ©2000.
La para-política ha llevado al Caribe a la peor crisis de su historia. Un grupo de líderes se la juega por salvar su región.
Vientos distintos a los acostumbrados soplan por estos días en la costa. Después de que el ciclón de la para-política dejó devastada la precaria institucionalidad que existía, los coletazos de la violencia han dejado una cicatriz imborrable en su geografía y la racha de malos gobiernos han sumido en la pobreza a la mayoría de la población, esta región acaba de poner el primer ladrillo de lo que podría ser un mejor futuro.
Cuando hace exactamente un año los titulares de prensa anunciaban las primeras capturas de congresistas de esa región del país por sus vínculos con los paramilitares, hoy, sobre los escombros que dejó esa nefasta alianza, un grupo de líderes políticos, intelectuales, empresariales y cívicos, selló la firma de un manifiesto para sacar adelante su región.
En medio de la mirada expectante pero entusiasta de muchos costeños, los alcaldes electos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, el actual gobernador del Atlántico y gobernadores electos del mismo departamento, las Cámaras de Comercio, los rectores de las principales universidades, los medios de comunicación más importantes, los más insignes representantes de los gremios y los más respetados académicos, lanzaron el proyecto 'Compromiso Caribe'.
El escándalo de la para-política había ocultado una realidad social explosiva y estaba desviando el verdadero debate. El proceso y las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dieron pie para que se escucharan voces regionales que hablaban de una siniestra "conspiración" de los cachacos del centro contra la región caribe. Se buscaba remover así las fibras del regionalismo, pero las evidencias que saltaron a los medios de comunicación hicieron perder peso a la "conspiración", que acabó siendo un raquítico argumento populista.
No era la primera vez que tal argumento se esgrimía desde sectores de la política, precisamente aquellos que han estado más comprometidos en las maniobras del clientelismo, la corrupción administrativa y, en últimas, con las actividades criminales del paramilitarismo.
La para-política había empezado a tachonar con relieves el mapa de los departamentos de la costa Caribe. Poco a poco extendería su mancha hacia otras zonas del país. Por ello se llegó a hablar del proyecto paramilitar clandestino de "fabricar" un líder que, desde la costa y a corto plazo, podría presentarse al país como una alternativa presidencial.
Si varios políticos ya habían suscrito un acuerdo en Ralito para "refundar la patria" con los paramilitares, resultaba coherente con esta pretensión que buscaran, además, llegar a la Presidencia. Al fin y al cabo, los grupos paramilitares estaban en su vertiginoso proceso de expansión, tenían control territorial, tenían capturado el Estado en varias regiones, se financiaban del narcotráfico o de los zarpazos a las finanzas públicas, y contaban con miles de funcionarios y decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas a su servicio.
Pero mientras la política se corrompía aun más en las garras de los grupos armados, en las universidades y centros de estudio del Caribe, o desde los sectores limpios de la política regional -también arrinconados por el avance paramilitar- se estaban madurando diagnósticos y propuestas distintas al maniqueísmo regionalista que provoca disputas irracionales entre costeños y cachacos. Mientras mucho político se reunía con los jefes paras y sellaban pactos, en otros sectores había líderes que estaban produciendo en silencio corrientes de pensamiento y opinión que apuestan por un cambio de rumbo. En muchos casos, corriendo el riesgo de estar en la mira de la alianza que las fuerzas ilegales estaban sellando con administraciones locales y regionales. Porque nadie desconocía la influencia que los tentáculos del paramilitarismo tenía en las universidades de Atlántico, Magdalena y Córdoba, donde no escasearon los docentes y estudiantes asesinados, y de la guerra a muerte que se declaró a profesionales de las ciencias sociales, investigadores de la cultura y dirigentes políticos.
Algo estaba cambiando, así fuera en la actitud y el compromiso, para que gremios y empresarios de nuevo cuño reclamaran a la academia el diagnóstico de las realidades de la región caribe y se mostraran preocupados por un presente de monstruosas desigualdades sociales y de inciertas soluciones de futuro.
El panorama, más allá de la crisis de la para-política, es patético. La región caribe, esa parte de la geografía colombiana que muchos llaman aún 'Costa Atlántica', es una región que comprende ocho departamentos, con una extensión total de 132.288 kilómetros cuadrados. En esa región vive la quinta parte de la población del país (más de nueve millones de personas). Una población que sigue creciendo, pues la región tiene las tasas de crecimiento demográfico más altas del país.
Sin embargo, en 2004, los índices de pobreza eran superiores al 60 por ciento. Según el Bienestar Familiar, 30 por ciento de los niños de la costa tiene déficit de aprendizaje por desnutrición. Otros estudios dejan cifras igualmente preocupantes: el gasto social en la costa es muy inferior que en el resto del país. Por ejemplo, mientras en el país el 16 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, en el Caribe esa cifra sube a 33 por ciento de los hogares.
Esta bomba de tiempo fue motivo de reflexión hace algunos días, cuando varios de los nuevos gobernantes electos se reunieron con empresarios e intelectuales para buscarle soluciones a la grave situación de la región. Las conclusiones de este encuentro, conocidas como 'Compromiso Caribe', pueden ser el primer paso para convertir la crisis en oportunidad.
Lo que salió a flote en este documento fue la evidencia de un profundo desequilibrio en las relaciones de las regiones, no sólo la del Caribe, con el Estado central. Se señala también la rica acumulación de capital cultural y artístico de la región. Hoy día, no hay costeño que no esté seguro de la contribución que la región ha hecho a Colombia en todos los órdenes de la cultura y las artes y en la universalización de muchas de sus expresiones populares. Pero hay una preocupante asimetría en lo que significa el desarrollo, la libertad y la calidad de vida de la gente entre la región caribe y otras regiones del país.
¿Qué es el Compromiso Caribe?
Cuando en los años 80 Medellín parecía sucumbir ante la égida diabólica de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que todo lo habían contaminado, un grupo de líderes decidió alimentar los liderazgos positivos y sacar adelante la ciudad. Empresarios, medios de comunicación, líderes cívicos se pusieron en la otra orilla, para mirar al futuro. Algo similar es lo que podría resultar del compromiso que acaban de firmar los líderes de la región caribe.
Esta vez, la iniciativa del acuerdo surgió de varios intelectuales, pero a ella se han vinculado activamente empresarios y otros sectores sociales. "Es una respuesta decantada desde sectores de la academia y la cultura a la profunda crisis política que han vivido los departamentos de la costa en las últimas décadas y que llegaron hasta a golpear la autoestima regional", le dijo a SEMANA Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de Colombia y ahora director del diario El Heraldo de Barranquilla. "Se trata de dejar atrás el manido discurso regionalista para asumir una nueva visión y concepción de la Región Caribe (…)".
En la misma dirección se ha expresado Alberto Abello Vives, cofundador y ex director del 'Observatorio del Caribe', hoy decano de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar: "el Compromiso Caribe refleja la profunda insatisfacción con el estado de la región, con su economía y con su baja capacidad de generar empleos de calidad, con las administraciones públicas y con los altos niveles de corrupción".
Por su parte, el historiador Adolfo Meisel Roca, que dirige la sede del Banco de la República en Cartagena y ha estudiado como pocos la situación económica del Caribe, dice que "el Compromiso Caribe llega en un momento en que la región quiere voltear una de las páginas más oscuras de su Historia".
Pero la percepción de Meisel va más allá y coincide con la de Bell, Eduardo Verano de la Rosa y otros muchos: "La costa expresa la voluntad de ejercer de múltiples maneras un liderazgo nacional." ¿Nada más? No, mucho más, se puede deducir por la intención que ninguno de ellos oculta: después de más de un siglo, Colombia no ha vuelto a tener un Presidente costeño.
Meisel insiste en un vacío de liderazgo producido "por la quemazón de la para-política, pero también de un relevo generacional que probablemente se va a acelerar."
¿Es el 'Compromiso Caribe' el motor de esa aceleración? Es posible. Pero la situación no es fácil y se han perdido muchos años para el desarrollo de la región. En su columna de El Tiempo, el historiador y profesor de la Universidad de Oxford Eduardo Posada Carbó reprodujo y comentó un estudio realizado por Meisel y cuyas conclusiones son alarmantes. En ellas se revela, por ejemplo, que la costa caribe ha tenido un crecimiento económico en los últimos 50 años al 1 por ciento, el mismo ritmo que África Subsahariana, que es una de las regiones más pobres del mundo. Ese mismo crecimiento es apenas la mitad de lo que crecen las demás regiones del país, cuyo promedio es del 2 por ciento anual en las últimas décadas. El mismo estudio demuestra cómo en el largo plazo las regiones ricas tienden a hacerse más ricas, y las pobres, a empeorar. Lo cual es un pésimo indicador para el Caribe.
Toda esta mezcla explosiva de lo social, lo político y lo económico, con un ingrediente adicional: que para el desarrollo de la costa, según los estudios, en el corto plazo el mercado, por sí solo, no va a cerrar la brechas regionales. De allí que la reducción de las desigualdades tenga que venir de políticas de Estado "integradas a las otras políticas públicas y enfocadas sobre todo en invertir en capital humano: educación, salud y nutrición".
En ese mismo espíritu, uno de los puntos pactados por los firmantes del Compromiso Caribe es convertir en política de Estado la reducción de las enormes disparidades regionales en el ingreso. Uno de los aspectos que empezaría a materializar esta idea es la creación de un fondo de compensación regional que haga más justa la repartición del gasto público, y así los colombianos, no importa de qué región sean, puedan tener más acceso a los bienes y servicios del Estado.
Otras metas trazadas tienen que ver con mejorar la productividad de la región, que es estratégica para el comercio globalizado. En concreto se busca fortalecer el aparato productivo de la región caribe; avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la desnutrición de la población infantil de 0 a 4 años; eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre las restantes inversiones, buscando universalizar la educación secundaria, fortaleciendo la educación bilingüe. Todo ello en un espíritu de fortalecer el sentimiento regional.
La agenda parece ajustada a las necesidades del Caribe, pero, a pesar de la buenas intenciones y del entusiasmo, llevarla a la práctica no será tan fácil.
¿Quién liderará este proceso en el largo plazo? ¿Le camina la gente de la costa a esta iniciativa? ¿Se pueden conciliar estos ideales con los intereses particulares de cada político o sector? ¿Podrán estos nuevos líderes que piensan en el bien común y el largo plazo imponerse sobre las poderosas mafias que han gobernado por tantos años esa bella región del país? ¿Fueron los inesperados resultados en las elecciones de Cartagena y Atlántico la semilla del cambio en la política costeña? ¿Podrá el Caribe colombiano trazarse un norte común como región para aprovechar su ubicación estratégica para el comercio en un mundo globalizado y de libre comercio?
Si bien proponerse una agenda de futuro es un primer paso urgente y necesario, es esencial que otros factores de poder sean convocados y se comprometan, no en la retórica, de palabra, sino en la acción. Como en el caso de Medellín, hace 20 años, los empresarios juegan un papel esencial. En una región con una ubicación geográfica tan privilegiada, si se elevan los niveles de productividad y el talento humano, se puede recuperar en poco tiempo las décadas perdidas. Y junto a los empresarios, una nueva clase política, confiable y dispuesta a trabajar para el largo plazo.
En esta especie de manifiesto que firmaron estos notables líderes regionales se señala la necesidad de "superar la fragilidad de las instituciones regionales y mejorar la calidad de las administraciones locales" mediante la erradicación de la corrupción. En este punto, la declaración es tajante: "promovemos la condena social a la corrupción por los perversos efectos (que tiene) sobre la legitimidad del Estado y el demérito de lo público." Este es el reto más grande. El de reivindicar la política en una región que para la mayoría de la población ha sido un símbolo de saqueo, clientelismo y corrupción.
Las pasadas elecciones del 28 de octubre registraron triunfos inesperados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Significaron un duro golpe a la política tradicional: Judith Pinedo, Álex Char y Juan Pablo Díaz Granados salieron elegidos alcaldes de sus respectivas ciudades y, contra todo pronóstico, Eduardo Verano de la Rosa se hizo con la Gobernación del Atlántico. Es posible que en estas ciudades estuviera asomando ya la cabeza el voto de opinión, indispensable en todo cambio de rumbo político. A pocos días de estos hechos alentadores en la política regional, se hacía público el manifiesto más serio y coherente para salvar la región caribe de su grave crisis. Había pasado exactamente un año desde el día en que la Corte Suprema de Justicia promulgó orden de captura contra los primeros para-políticos. Pero, más allá de esta irónica coincidencia, había nacido, en el corazón de una clase dirigente renovada, una inusitada fortaleza para recuperar la autoestima. Y ese es el verdadero primer paso para cambiar la cosas.
Semana.com ©2000.
Deja seis muertos ataque de las FARC en zona cocalera de Colombia
Agencias / La Jornada On Line
Los rebeldes llegaron primero la comunidad de Buenos Aires donde dieron muerte a tres de sus habitantes, después en la aldea de Caño Tigre ultimaron a otras personas, informó la policía.
Bogotá. Al menos seis civiles murieron hoy sábado en una incursión de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la región del Guaviare, en el suroriente del país, informó la policía.
Los guerrilleros llegaron primero al caserío de Buenos Aires, donde tras recorrer la zona, dieron muerte a tres de sus habitantes, dijeron este sábado testigos a autoridades policiales del sector.
Posteriormente, los integrantes de las FARC se desplazaron a la aldea de Caño Tigre, 500 kilómetros al suroriente de Bogotá, donde abrieron fuego contra otras tres personas, precisaron las fuentes.
Según los primeros informes, los cuerpos de dos de los campesinos muertos en el ataque fueron llevados por los rebeldes en su repliegue hacia la selva.
Las autoridades investigan si la acción armada está relacionada con el enfrentamiento que mantienen las FARC y grupos paramilitares por el control militar de esa región cocalera colombiana.
Agencias / La Jornada On Line
Los rebeldes llegaron primero la comunidad de Buenos Aires donde dieron muerte a tres de sus habitantes, después en la aldea de Caño Tigre ultimaron a otras personas, informó la policía.
Bogotá. Al menos seis civiles murieron hoy sábado en una incursión de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la región del Guaviare, en el suroriente del país, informó la policía.
Los guerrilleros llegaron primero al caserío de Buenos Aires, donde tras recorrer la zona, dieron muerte a tres de sus habitantes, dijeron este sábado testigos a autoridades policiales del sector.
Posteriormente, los integrantes de las FARC se desplazaron a la aldea de Caño Tigre, 500 kilómetros al suroriente de Bogotá, donde abrieron fuego contra otras tres personas, precisaron las fuentes.
Según los primeros informes, los cuerpos de dos de los campesinos muertos en el ataque fueron llevados por los rebeldes en su repliegue hacia la selva.
Las autoridades investigan si la acción armada está relacionada con el enfrentamiento que mantienen las FARC y grupos paramilitares por el control militar de esa región cocalera colombiana.
La frontera de Colombia con Ecuador, cada vez más ‘caliente’
La frontera de Colombia con Ecuador, cada vez más ‘caliente’
En las últimas horas, agentes de la Policía del vecino país dispararon sus armas de fuego, en un incidente con comerciantes colombianos que habían pasado la frontera para traer contrabando. El hecho se suma a la insólita afirmación del ministro de Defensa de Ecuador: “Al norte, no limitamos con Colombia sino con las Farc”. ¿Qué está pasando? Informe Especial de Semana.com
Por César Paredes
La situación en la frontera con Ecuador no da síntomas de mejoría. Al contrario, es raro la semana que pasa sin que ocurra algo grave. En las últimas horas, los televidentes colombianos se sorprendieron al ver las imágenes que emitió el Canal RCN y en la que se veía a policías ecuatorianos disparándo sus armas para dispersar a los comerciantes que trasladaban mercancía de contrabando de la provincia de El Carchi y se negaban a entregarla. En la misma escena, las autoridades de ese país atravesaban el río que divide a los dos países en persecución de los nacionales. El hecho se produjo en el momento en que aún no se disipa la polémica por las explosivas declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador Wellington Sandoval, que había cuestionado la soberanía colombiana al decir que las fronteras de su país, en el norte, no eran con Colombia sino con las Farc y el ELN. La declaración es aún más grave si se tiene en cuenta que su similar de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló que hace poco tiempo cuando los dos funcionarios tuvieron una cumbre no le mostró ninguna preocupación al respecto sino que, al contrario, alabó los esfuerzos de las autoridades por imponer el orden en tan conflictivo lugar.
Pero los problemas en las frontera tienen sus antecedentes. Las denuncias del pasado 2 de noviembre de pobladores de Yanamarum de Santa Rosa, en Sucumbíos, frontera colombo-ecuatoriana, revivieron las preocupaciones sobre los problemas de esta región, que trascienden a la esfera diplomática. Los ecuatorianos aseguraron que aeronaves colombianas sobrevolaron el territorio, atravesaron la frontera, y desde allí dispararon a objetivos en Colombia. En esta incursión habrían dejado huellas de impactos de balas en algunas de las casas de los pobladores.
El jueves de la semana pasada, la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), integrada por autoridades militares de Colombia y Ecuador, se reunió en el lado colombiano del Puente Internacional, con el fin de estudiar las evidencias para determinar si hubo una incursión de aeronaves colombianas en ese territorio.
Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, las versiones resultan disímiles y revelan las tensiones, producto de la presión que ejerce el conflicto colombiano, que con los países vecinos pueden surgir. Por un lado las autoridades colombianas entregaron un reporte cartográfico que niega el sobrevuelo en territorio ecuatoriano y los radares ecuatorianos no registraron ninguna incursión. Por otro las declaraciones del lunes a Ecuadoradio del Ministro de Defensa del vecino país, al asegurar que el gobierno de Colombia no tiene soberanía en su frontera y por eso Ecuador limita con las Farc y el ELN, dejan ver el inconformismo por las medidas de seguridad en esa región. El canciller colombiano Fernando Araújo reaccionó diciendo que las Fuerzas Militares mantienen un combate “frontal” y “decisivo” contra el terrorismo respetando las fronteras y no quiso responder a las declaraciones de Sandoval para no entrar en debates que pueden afectar las relaciones con Ecuador que calificó de “excelentes”.
Con esta, según el diario ecuatoriano El Comercio, son cinco las denuncias de incursiones militares en el vecino país desde agosto del año pasado. En las cuatro ocasiones anteriores se comprobó la responsabilidad de Colombia que hasta ahora no ha cumplido con el compromiso de las indemnizaciones por los daños causados.
También hay quejas de incursiones de otros grupos armados. “Para el gobierno ecuatoriano hay una molestia profunda, porque desconoce de dónde provienen esas incursiones. Unas veces puede ser la guerrilla, otras los paramilitares. Pero el tema central es la falta de coordinación entre las Fuerzas Militares de ambos países”, explicó Grace Jaramillo, profesora de relaciones exteriores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador.
Pero esta es sólo una parte del problema surgido a raíz de la lucha antidrogas y contrainsurgente que sostienen las Fuerzas Militares colombianas en la frontera con el vecino país. En el mismo plano se encuentran los reclamos de Quito por la aspersión aérea y el tema de los refugiados. El gobierno ecuatoriano ha manifestado quejas reiteradas por los costos que genera la fumigación con glifosato, en términos de salubridad. A la par la cantidad de desplazados que buscan refugio en Ecuador ha aumentado a lo largo de los 586 kilómetros de frontera, tema que ha cobrado suma importancia para la política exterior de ese país.
Para Jaramillo, la tesis de Sandoval no pretende un cuestionamiento a la soberanía del gobierno colombiano, sino específicamente a la “falta de ocupación real de las Fuerzas Militares colombianas en la zona”. Lo que en otras palabras podría ser la ausencia del ejercicio de la soberanía.
El reclamo no es nuevo. Quito se ha mostrado constantemente preocupado por el problema fronterizo debido a la presión que ejerce el conflicto colombiano en ese país. Sin embargo, lo que Jaramillo prevé es que los incidentes diplomáticos seguirán presentándose porque no existe un deseo binacional de acordar soluciones sobre un problema que ya sobrepasó las fronteras. A esto se suma el nuevo incidente relacionado con el contrabando, un tema que hasta ahora poco se había mencionado en la agenda diplomática (Ver artículo relacionado: El Rumichaca de los pobres).
En las últimas horas, agentes de la Policía del vecino país dispararon sus armas de fuego, en un incidente con comerciantes colombianos que habían pasado la frontera para traer contrabando. El hecho se suma a la insólita afirmación del ministro de Defensa de Ecuador: “Al norte, no limitamos con Colombia sino con las Farc”. ¿Qué está pasando? Informe Especial de Semana.com
Por César Paredes
La situación en la frontera con Ecuador no da síntomas de mejoría. Al contrario, es raro la semana que pasa sin que ocurra algo grave. En las últimas horas, los televidentes colombianos se sorprendieron al ver las imágenes que emitió el Canal RCN y en la que se veía a policías ecuatorianos disparándo sus armas para dispersar a los comerciantes que trasladaban mercancía de contrabando de la provincia de El Carchi y se negaban a entregarla. En la misma escena, las autoridades de ese país atravesaban el río que divide a los dos países en persecución de los nacionales. El hecho se produjo en el momento en que aún no se disipa la polémica por las explosivas declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador Wellington Sandoval, que había cuestionado la soberanía colombiana al decir que las fronteras de su país, en el norte, no eran con Colombia sino con las Farc y el ELN. La declaración es aún más grave si se tiene en cuenta que su similar de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló que hace poco tiempo cuando los dos funcionarios tuvieron una cumbre no le mostró ninguna preocupación al respecto sino que, al contrario, alabó los esfuerzos de las autoridades por imponer el orden en tan conflictivo lugar.
Pero los problemas en las frontera tienen sus antecedentes. Las denuncias del pasado 2 de noviembre de pobladores de Yanamarum de Santa Rosa, en Sucumbíos, frontera colombo-ecuatoriana, revivieron las preocupaciones sobre los problemas de esta región, que trascienden a la esfera diplomática. Los ecuatorianos aseguraron que aeronaves colombianas sobrevolaron el territorio, atravesaron la frontera, y desde allí dispararon a objetivos en Colombia. En esta incursión habrían dejado huellas de impactos de balas en algunas de las casas de los pobladores.
El jueves de la semana pasada, la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), integrada por autoridades militares de Colombia y Ecuador, se reunió en el lado colombiano del Puente Internacional, con el fin de estudiar las evidencias para determinar si hubo una incursión de aeronaves colombianas en ese territorio.
Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, las versiones resultan disímiles y revelan las tensiones, producto de la presión que ejerce el conflicto colombiano, que con los países vecinos pueden surgir. Por un lado las autoridades colombianas entregaron un reporte cartográfico que niega el sobrevuelo en territorio ecuatoriano y los radares ecuatorianos no registraron ninguna incursión. Por otro las declaraciones del lunes a Ecuadoradio del Ministro de Defensa del vecino país, al asegurar que el gobierno de Colombia no tiene soberanía en su frontera y por eso Ecuador limita con las Farc y el ELN, dejan ver el inconformismo por las medidas de seguridad en esa región. El canciller colombiano Fernando Araújo reaccionó diciendo que las Fuerzas Militares mantienen un combate “frontal” y “decisivo” contra el terrorismo respetando las fronteras y no quiso responder a las declaraciones de Sandoval para no entrar en debates que pueden afectar las relaciones con Ecuador que calificó de “excelentes”.
Con esta, según el diario ecuatoriano El Comercio, son cinco las denuncias de incursiones militares en el vecino país desde agosto del año pasado. En las cuatro ocasiones anteriores se comprobó la responsabilidad de Colombia que hasta ahora no ha cumplido con el compromiso de las indemnizaciones por los daños causados.
También hay quejas de incursiones de otros grupos armados. “Para el gobierno ecuatoriano hay una molestia profunda, porque desconoce de dónde provienen esas incursiones. Unas veces puede ser la guerrilla, otras los paramilitares. Pero el tema central es la falta de coordinación entre las Fuerzas Militares de ambos países”, explicó Grace Jaramillo, profesora de relaciones exteriores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador.
Pero esta es sólo una parte del problema surgido a raíz de la lucha antidrogas y contrainsurgente que sostienen las Fuerzas Militares colombianas en la frontera con el vecino país. En el mismo plano se encuentran los reclamos de Quito por la aspersión aérea y el tema de los refugiados. El gobierno ecuatoriano ha manifestado quejas reiteradas por los costos que genera la fumigación con glifosato, en términos de salubridad. A la par la cantidad de desplazados que buscan refugio en Ecuador ha aumentado a lo largo de los 586 kilómetros de frontera, tema que ha cobrado suma importancia para la política exterior de ese país.
Para Jaramillo, la tesis de Sandoval no pretende un cuestionamiento a la soberanía del gobierno colombiano, sino específicamente a la “falta de ocupación real de las Fuerzas Militares colombianas en la zona”. Lo que en otras palabras podría ser la ausencia del ejercicio de la soberanía.
El reclamo no es nuevo. Quito se ha mostrado constantemente preocupado por el problema fronterizo debido a la presión que ejerce el conflicto colombiano en ese país. Sin embargo, lo que Jaramillo prevé es que los incidentes diplomáticos seguirán presentándose porque no existe un deseo binacional de acordar soluciones sobre un problema que ya sobrepasó las fronteras. A esto se suma el nuevo incidente relacionado con el contrabando, un tema que hasta ahora poco se había mencionado en la agenda diplomática (Ver artículo relacionado: El Rumichaca de los pobres).
Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands
Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands
Un grupo de familiares de personas que fueron masacradas por los paramilitares consideran que la empresa debe indemnizarlos con cerca de 8.000 millones de dólares por haber patrocinado a los escuadrones de la muertes en particular en Urabá.
Los familiares de las víctimas de los paramilitares quieren llevar sus reclamos fuera de las fronteras donde, muchos de ellos consideran tendrán más éxitos pues consideran que en Colombia la reparación no surtirá efectos reales. La última acción es una demanda multimillonaria. Víctimas del sangriento conflicto civil en Colombia entablaron en las últimas horas una demanda por casi 8.000 millones de dólares contra la importadora de bananas Chiquita Brands International Inc., por hacer pagos a un grupo paramilitar acusado de millares de asesinatos.
La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Manhattan, acusa a la compañía de complicidad en centenares de asesinatos por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles de la nación suramericana.
Entre los demandantes hay familiares de 387 personas que se cree fueron asesinadas por las AUC. El gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre de 2001.
Las familias han exigido a Chiquita el pago de 7.860 millones de dólares por daños y perjuicios.
Michael Mitchell, vocero de Chiquita, dijo que la compañía, con sede en Cincinnati, luchará en el tribunal para evitar la demanda civil.
La compañía bananera admitió que su ex subsidiaria, Banadex, pagó cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a las AUC.
Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas bananeras.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril de 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.
Chiquita ha dicho que no tenía otra opción que aceptar la extorsión de la AUC y de la guerrilla.
“Reiteramos que Chiquita y sus empleados eran víctimas, y que las acciones adoptadas por la compañía tuvieron como motivación proteger las vidas de nuestros empleados y de sus familias”, dijo Mitchell.
CON INFORMACIÓN DE AP
Un grupo de familiares de personas que fueron masacradas por los paramilitares consideran que la empresa debe indemnizarlos con cerca de 8.000 millones de dólares por haber patrocinado a los escuadrones de la muertes en particular en Urabá.
Los familiares de las víctimas de los paramilitares quieren llevar sus reclamos fuera de las fronteras donde, muchos de ellos consideran tendrán más éxitos pues consideran que en Colombia la reparación no surtirá efectos reales. La última acción es una demanda multimillonaria. Víctimas del sangriento conflicto civil en Colombia entablaron en las últimas horas una demanda por casi 8.000 millones de dólares contra la importadora de bananas Chiquita Brands International Inc., por hacer pagos a un grupo paramilitar acusado de millares de asesinatos.
La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Manhattan, acusa a la compañía de complicidad en centenares de asesinatos por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles de la nación suramericana.
Entre los demandantes hay familiares de 387 personas que se cree fueron asesinadas por las AUC. El gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre de 2001.
Las familias han exigido a Chiquita el pago de 7.860 millones de dólares por daños y perjuicios.
Michael Mitchell, vocero de Chiquita, dijo que la compañía, con sede en Cincinnati, luchará en el tribunal para evitar la demanda civil.
La compañía bananera admitió que su ex subsidiaria, Banadex, pagó cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a las AUC.
Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas bananeras.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril de 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.
Chiquita ha dicho que no tenía otra opción que aceptar la extorsión de la AUC y de la guerrilla.
“Reiteramos que Chiquita y sus empleados eran víctimas, y que las acciones adoptadas por la compañía tuvieron como motivación proteger las vidas de nuestros empleados y de sus familias”, dijo Mitchell.
CON INFORMACIÓN DE AP
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Noviembre 17 de 2007
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Se refirió así al video publicado en la página del partido de izquierda, en el que el mandatario, durante su campaña política para la presidencia en 2001, comparte tarima con dos 'parapolíticos'.
En llamada a Radio Caracol, Uribe reconoció que Carlos Clavijo y Rocío Arias lo apoyaron en su aspiración presidencial, pero que esto siempre fue público (ver video) y que ambos eran personajes reconocidos en la sociedad del Magdalena Medio.
"Mis relaciones con los políticos siempre han sido públicas, las ha conocido la opinión, a diferencia de las relaciones de algunos integrantes con el Polo que son clandestinas, esa es la diferencia", dijo el mandatario.
En el mismo sentido, un comunicado de la Casa de Nariño hizo énfasis en que este gobierno es el que ha desmantelado el paramilitarismo.
El martes pasado, Rocío Arias aseguró en su indagatoria ante un fiscal que tanto ella como Carlos Clavijo, el del movimiento 'No al Despeje', fueron financiados por las Auc y se acogió a sentencia anticipada.
Clavijo, ganadero del Magdalena Medio, se conoció nacionalmente cuando hizo una campaña contra el despeje para el Eln en el sur de Bolívar, a finales del gobierno de Andrés Pastrana.
Cuando fue senador, en fórmula con Rocío Arias, se habló de sus supuestos vínculos con 'paras'.
En otro video de octubre del 2001, Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', invita a líderes de Barranca a votar por Clavijo, como candidato de las Auc.
El Polo responde
Por su parte, el senador del Polo Gustavo Petro, que también fue entrevistado por Caracol Radio, dijo que esta vinculación del Polo con las Farc es una muestra más del malestar que ese partido le causa al Presidente.
"Él quiere ocultar las evidencias con calumnias. -afirmó Petro- Las evidencias indican que la tercera parte de las bancadas de gobierno en el Congreso están sindicadas de paramilitarismo. Las evidencias indican que él mismo se paró en las tarimas a pedirle a los colombianos que votaran por esas personas sindicadas de paramilitarismo".
El senador desestimó el argumento de que todas las manifestaciones políticas de Uribe fueran públicas, y aseguró que también hacía reuniones a puerta cerrada donde participaban paramilitares, como, según él, lo demuestra un video grabado en Barrancabermeja y que fue revelado por Noticias Uno
"El Presidente como los presidentes de los partidos deberían pedirle perdón a la sociedad colombiana por haber llevado al Congreso, a hacer leyes, a voceros del narcotráfico y paramilitarismo genocidas de este país", finalizó.
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Se refirió así al video publicado en la página del partido de izquierda, en el que el mandatario, durante su campaña política para la presidencia en 2001, comparte tarima con dos 'parapolíticos'.
En llamada a Radio Caracol, Uribe reconoció que Carlos Clavijo y Rocío Arias lo apoyaron en su aspiración presidencial, pero que esto siempre fue público (ver video) y que ambos eran personajes reconocidos en la sociedad del Magdalena Medio.
"Mis relaciones con los políticos siempre han sido públicas, las ha conocido la opinión, a diferencia de las relaciones de algunos integrantes con el Polo que son clandestinas, esa es la diferencia", dijo el mandatario.
En el mismo sentido, un comunicado de la Casa de Nariño hizo énfasis en que este gobierno es el que ha desmantelado el paramilitarismo.
El martes pasado, Rocío Arias aseguró en su indagatoria ante un fiscal que tanto ella como Carlos Clavijo, el del movimiento 'No al Despeje', fueron financiados por las Auc y se acogió a sentencia anticipada.
Clavijo, ganadero del Magdalena Medio, se conoció nacionalmente cuando hizo una campaña contra el despeje para el Eln en el sur de Bolívar, a finales del gobierno de Andrés Pastrana.
Cuando fue senador, en fórmula con Rocío Arias, se habló de sus supuestos vínculos con 'paras'.
En otro video de octubre del 2001, Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', invita a líderes de Barranca a votar por Clavijo, como candidato de las Auc.
El Polo responde
Por su parte, el senador del Polo Gustavo Petro, que también fue entrevistado por Caracol Radio, dijo que esta vinculación del Polo con las Farc es una muestra más del malestar que ese partido le causa al Presidente.
"Él quiere ocultar las evidencias con calumnias. -afirmó Petro- Las evidencias indican que la tercera parte de las bancadas de gobierno en el Congreso están sindicadas de paramilitarismo. Las evidencias indican que él mismo se paró en las tarimas a pedirle a los colombianos que votaran por esas personas sindicadas de paramilitarismo".
El senador desestimó el argumento de que todas las manifestaciones políticas de Uribe fueran públicas, y aseguró que también hacía reuniones a puerta cerrada donde participaban paramilitares, como, según él, lo demuestra un video grabado en Barrancabermeja y que fue revelado por Noticias Uno
"El Presidente como los presidentes de los partidos deberían pedirle perdón a la sociedad colombiana por haber llevado al Congreso, a hacer leyes, a voceros del narcotráfico y paramilitarismo genocidas de este país", finalizó.
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