Se cierra el cerco de las autoridades sobre Vicente Castaño Gil
Los tentáculos de ‘El Profe’
Grabaciones en poder de la justicia revelan cómo se mueve el narcoimperio que, desde la sombra, ha construido el mayor de los Castaño Gil y cómo ha penetrado las ramas del poder público.
Redacción Judicial
sábado, 14 de julio de 2007
“Esto parece una pelea del Estado contra el Estado”. Con esta frase lapidaria un alto mando de las autoridades colombianas describe secamente los primeros hallazgos de los investigadores sobre el narcoimperio que ha edificado desde la sombra y bajo su égida asesina Vicente Castaño Gil, El Profe, el jefe paramilitar que tiene en jaque a la justicia. Y razón no le falta para sostener semejante afirmación. “La empresa”, como llaman las Águilas Negras a su maquinaria de guerra, ha infiltrado milimétricamente las tres ramas del poder público.
Sin embargo, con fineza de costurero, las autoridades han venido rastreando las huellas criminales de su organización y han empezado a ajustar las piezas sueltas de este complejo rompecabezas. Interceptaciones telefónicas, meticulosos seguimientos a sus hombres de confianza, pacientes exploraciones a los movimientos de sus finanzas y hasta infiltrados de las autoridades en su red de narcotraficantes, han sido piedras angulares para articular la más neurálgica investigación de la justicia contra el mayor de la saga de los Castaño.
Los investigadores ya tienen claro cuál es el radio de operaciones de El Profe: se mueve a sus anchas, y ante la mirada complaciente de muchos organismos judiciales, en La Guajira, Cesar, los Santanderes, Magdalena, Córdoba, Huila y Venezuela. No menos de cinco mil hombres conforman su macabro organigrama de seguridad y narcotráfico, y sus enlaces van desde altos funcionarios del Legislativo, pasando por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas hasta connotados políticos regionales que no despertarían la menor sospecha.
El Espectador conoció varias grabaciones de algunos lugartenientes de Castaño que son analizadas con lupa por las autoridades (ver grabaciones). En éstas, se detalla minuciosamente cómo su engranaje criminal continúa intacto, desplazándose a su antojo por despachos judiciales, casas de cambio y empresas de transporte, y, en particular, cómo ha desplegado sus tentáculos para recoger los cabos sueltos que dejaron a su paso, luego de su desmovilización, los jefes paramilitares hoy detenidos en la cárcel de Itagüí.
En una de ellas se revela que un reinsertado al servicio de la organización de Castaño declaró favorablemente en un proceso que adelantaba la justicia en Montería (Córdoba) por una masacre perpetrada por los hombre de El Profe. En la conversación se detalla que, debido a esa colaboración, El Patrón, como también se le dice, se encontraba muy agradecido y que, por ello, le iba a regalar cinco hectáreas de tierra en esa zona. Pero lo más grave: la grabación da cuenta de que “ya se arregló” el expediente y que, uno por uno, todos los implicados en él recuperarían su libertad.
En otra interceptación, dos de sus hombres más importantes —este semanario se abstiene de publicar sus nombres para no afectar la investigación— comentan, preocupados, que las autoridades incautaron un camión en Norte de Santander que traía insumos químicos para procesar droga. El vehículo fue decomisado a finales de mayo último y, curiosamente, cuando algunos investigadores llegaron al lugar para apersonarse del ‘positivo’, se percataron que varios policías custodiaban el carro, en un parqueadero privado, sin siquiera haber reportado el hallazgo.
La afinada investigación adelantada por agentes especializados del DAS, la Dijín de la Policía y la Fiscalía, ha desenmascarado la cortina vedada tras la cual ha venido moviendo los hilos el aparentemente invisible, pero certero, poder mafioso de Vicente Castaño. Se sabe, por ejemplo, que Magdalena es su escampadero, su sitio de descanso, en donde tempera plácidamente a la espera de que se ejecuten sus órdenes. La Guajira es el enclave estratégico de su red para mover cerca de 2 mil kilos mensuales de narcóticos al exterior.
En aviones ultralivianos y lanchas de poco cilindraje sacan la droga hacia islas Caimán y de allí a Estados Unidos. También los investigadores han encontrado varias rutas de narcotráfico por Venezuela. Las autoridades de ambos países trabajan conjuntamente en el asunto. En La Guajira asimismo se han concentrado en otro negocio estratégico para sus finanzas: el robo de hidrocarburos, que les reporta mensualmente, según las pesquisas preliminares de la justicia, más de $1.000 millones.
En los Santanderes, en cambio, los hombres de El Profe han trazado corredores para mover la base de coca y los insumos para procesarla. En Córdoba se sabe, por ejemplo, que reside la mayoría de sicarios que utiliza su organización para implantar su poder a la sombra y que en los últimos meses da cuenta de cadáveres por centenares. La mayoría de ellos ya están plenamente identificados por la justicia.
La voluminosa investigación también ha establecido que el Huila es uno de los departamentos primordiales para Castaño. La razón: es desde esta región donde la célula logística de la organización consigue la base de coca y el dinero para sus millonarias transacciones ilícitas. Por primera vez en muchos años, en el Huila, una zona que ha sido históricamente considerada como la retaguardia estratégica de las Farc hacia el sur del país, el poderío de las Águilas Negras de Castaño se viene enfrentando al brazo armado más compacto de esa guerrilla: la columna móvil Teófilo Forero.
Asimismo, está completamente aclarada la alianza entre el capo del cartel del norte del Valle, Diego León Montoya Henao, Don Diego, con las Águilas Negras que comanda El Profe. Dos pesos pesados del narcotráfico, objetivos primordiales de la agencia antimafia de los Estados Unidos, fusionaron su máquina criminal para guarecerse de la mano de la justicia. Y, un dato revelador: Castaño libra actualmente una guerra a muerte con el llamado Clan de los Mellizos, los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, otrora también, como él, protagonistas de los diálogos de Ralito con el Gobierno.
A través de estas grabaciones las autoridades conocieron, por ejemplo, que Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, el desaparecido jefe paramilitar de Sucre, famoso por los centenares de cadáveres que enterró en la hacienda El Palmar, en San Onofre, se encuentra en México y, desde allí, en permanente contacto con la organización de El Profe. Existen interceptaciones de lugartenientes de Castaño, en plena época de los diálogos de Ralito, que develan que muchas veces se escondieron en esa zona para evadir el cerco de las autoridades.
Los investigadores hallaron que para lavar dinero, las esposas del séquito de jefes paramilitares bajo las órdenes de Castaño están estratégicamente ubicadas en casas de cambio de todo el país. También se ha establecido que su narcoimperio, para darle visos de legalidad a su ilícito negocio, ha adquirido taxis, buses, tractomulas, entre otros, y los ha afiliado a empresas de transporte regionales, en las que movilizan armas, drogas e insumos químicos.
El aparato militar de Castaño está conformado, en su mayoría, por reinsertados que ganan por partida doble. De hecho, hace un mes la Fiscalía capturó a cerca de 20 de ellos que hacían parte de las Águilas Negras de El Profe en el Magdalena. La investigación concluyó que mientras los miércoles estas personas recogían la plata de las vacunas y extorsiones a comerciantes y empresarios, todos los jueves hacían fila para recibir la ayuda económica que les daba el Gobierno. Todos fueron capturados mientras reclamaban el subsidio.
Las autoridades también rastrean a varios funcionarios públicos, penetrados por la organización de El Profe, a quienes semanalmente se les consignan en nóminas paralelas, dependiendo del éxito de sus servicios, hasta $1.500.000. Se calcula que los réditos semestrales del narconegocio de Castaño ascienden a unos US$20 millones. En los departamentos donde tiene influencia ya es una ley el cobro de $20 por galón vendido en las estaciones de gasolina. En algunos lugares incluso se cobra una vacuna de $100 pesos por galón.
Sin embargo, con paciencia, la justicia ha empezado a desenredar el laberinto de poderes que maneja la máquina sangrienta de Castaño. La DEA y las autoridades colombianas están terminando por conectar las últimas piezas de este rompecabezas. Falta poco, dicen. El cerco de la justicia se cierne sobre el mayor de los Castaño.
Grabación 1
Un reinsertado y un lugarteniente de El Profe hablan de unas tierras que les va a entregar Castaño como recompensa por haber declarado en un proceso en Montería, y cómo se ‘arregló’ el expediente judicial.
H1: Usted sabe que El Profe me dijo que tenía cinco hectáreas por allá arriba (Córdoba). Yo le dije para que nos diera una vainita y dijo que nos daba cinco ahí para nosotros dos para trabajar. Él tiene la semilla (droga).
H2: Pero se necesitan papelitos para esa vaina.
H1: Él tiene 10 (hectáreas) para sembrar. (...) Esa vaina da más plata que el putas. El Profe dijo que sí.
H2: Por aquí hay una cuestión. Ahorita todo el mundo está organizándose para sacar (arreglar) a ese man. Ya mandó a cerrarle la investigación a toditos. Eso se agiliza en seguida, ahí hay solución y como todos estaban pegados por su testimonio, pero como ya no hay base ni nada, todo lo que llegue donde ese señor, se cae. A mí me mandaron a decir que apenas empezaran a soltar de a uno a uno, se iba cuadrando la situación de la palabra que ellos dieron.
H1: (...) Eso demora sus meses (...) Voy a timbrarle al viejo y depende lo que me diga yo le informo. Apenas reciba eso me voy allá donde El Profe.
Grabación 2
Hablan los mismos dos personajes sobre el ‘arreglo’ del proceso y confirman que todo es un hecho.
H1: Ya hablé con el flaquito.
H2: ¿Y qué dijo el hombre?
H1: Está contento y ya me dijo que la vaina es segura. Que mañana habla con él.
H2: Entonces vaya consiguiendo un número de cuenta...
Grabación 3
El jefe de las Águilas Negras en Norte de Santander reporta que las autoridades les decomisaron un camión, en mayo último, con insumos químicos.
H1: Cómo le parece que cogieron el camioncito con una pinturita pa abajo...
H2: ¿Dónde lo cogieron?
H1: Saliendo pal sur.
H2: Ay, no sea marica.
H1: A las 7 u 8 por ahí estoy allá.
Grabación 4
Otro jefe paramilitar le reporta a un subalterno de confianza de Castaño el decomiso del camión y plantea que si sus fichas “arriba” pueden ayudar a recuperarlo.
H1: ¿Hicieron la vuelta?
H2: No, eso se perdió.
H1: ¿Cómo así?
H2: Lo echaron pal batallón, y control de la Fiscalía.
H1: ¿Y por qué?
H2: El man dijo que cuadraba y anoche llegó allá y ya lo tenía cogido el Ejército.
H1: ¿Y este loco está guardado?
H2: No, el man ya se había abierto (se voló). O sea que no hay nada ahí (la droga)...
H1: Nada. Estoy esperando que me llame el muchacho ese de arriba.
H2: ¿Y te contestó?
H1: Sí, anoche me llamó.
Grabación 5
La dueña de uno de los laboratorios en Cúcuta habla sobre el negocio y cómo se mueven en Venezuela.
M1: Aquí hay marihuana. Toda la que usted consiga, ellos la compran, y base (de coca). ¿Y Memo?
M2: Se fue para San Cristóbal con Yeison a sellar y a comprar los pasajes (negocios).
M1: Dígale a Memo que me llame que lo necesito.
Grabación 6
Dos hombres de confianza de Castaño hablan de cómo se movilizan 900 kilos de coca.
H1: Oiga, ya le envié eso. Me tiene que mandar porque descompleté una plata.
H2: ¿Para qué?
H1: Para el giro. Eso llega por ahí a las 8 de la noche (...) La otra mitad va en pepa, va en bola, ¿oyó? Mire cómo la acomoda. Van 900 (kilos). Péselos y haga clientela.
H2: Ojalá, mano.
Grabación 7
Dos mujeres de la organización hablan sobre una droga que se perdió.
M1: Tenía una mercancía guardada y se la robaron de acá. No sé si será el hp del Gonzalo para ir a decirle a la Fiscalía que estamos vendiendo.
M2: ¿Y era mucho?
M1: Era como un paco y como 15 bases.
M2: ¿No sería que se fue por el sifón abajo?
M1: Ojalá sea eso y no que ese perro se haya ido al CTI y diga que estamos vendiendo. No sé qué está tramando ese hp.
Publicado en www.elespectador.com
sábado, 14 de julio de 2007
Muere un empresario secuestrado por las FARC en un fallido rescate militar
Muere un empresario secuestrado por las FARC en un fallido rescate militar
Diego Mejía Isaza, había sido secuestrado el pasado 1 de mayo en una zona rural de Neira (Caldas), situada a unos 300 kilómetros de Bogotá.
EFE - Bogotá - 13/07/2007
Un empresario secuestrado por las FARC, un soldado y cuatro presuntos guerrilleros han muerto en un fallido rescate militar en las montañas del noroccidental departamento colombiano de Caldas, informaron fuentes castrenses.
Un comando de élite antisecuestro del Ejército Nacional lanzó la operación, que tenía como objetivo liberar al empresario que llevaba secuestrado desde el uno de mayo. El comandante del Ejército, el general Mario Montoya, precisó a la prensa que la acción militar se registró en Montebonito, paraje rural de Marulanda.
"Como es de suponer, en todo tipo de operación hay unos riesgos, y este riesgo, precisamente, lo corrimos, con el beneplácito de la familia del secuestrado", dijo el oficial, quien agregó que "infortunadamente en este caso (...) fallece el secuestrado".
El operativo de rescate dio lugar a un enfrentamiento entre los militares y los secuestradores de Mejía Isaza, quien en principio resultó herido en el fuego cruzado.
El empresario del sector agropecuario murió cuando era evacuado hacia Manizales, la capital de Caldas, mientras el soldado y los cuatro presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perdieron la vida en el lugar del combate.
Mejía, de 50 años, estaba casado y tenía dos hijos y era cuñado de la esposa del gobernador de Caldas, Emilio Echeverri Mejía. El empresario estaba en poder del frente 47 de las FARC, que -según versiones periodísticas- exigían por su liberación 1,82 millones de euros.
Publicado en www.elpais.com
Diego Mejía Isaza, había sido secuestrado el pasado 1 de mayo en una zona rural de Neira (Caldas), situada a unos 300 kilómetros de Bogotá.
EFE - Bogotá - 13/07/2007
Un empresario secuestrado por las FARC, un soldado y cuatro presuntos guerrilleros han muerto en un fallido rescate militar en las montañas del noroccidental departamento colombiano de Caldas, informaron fuentes castrenses.
Un comando de élite antisecuestro del Ejército Nacional lanzó la operación, que tenía como objetivo liberar al empresario que llevaba secuestrado desde el uno de mayo. El comandante del Ejército, el general Mario Montoya, precisó a la prensa que la acción militar se registró en Montebonito, paraje rural de Marulanda.
"Como es de suponer, en todo tipo de operación hay unos riesgos, y este riesgo, precisamente, lo corrimos, con el beneplácito de la familia del secuestrado", dijo el oficial, quien agregó que "infortunadamente en este caso (...) fallece el secuestrado".
El operativo de rescate dio lugar a un enfrentamiento entre los militares y los secuestradores de Mejía Isaza, quien en principio resultó herido en el fuego cruzado.
El empresario del sector agropecuario murió cuando era evacuado hacia Manizales, la capital de Caldas, mientras el soldado y los cuatro presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perdieron la vida en el lugar del combate.
Mejía, de 50 años, estaba casado y tenía dos hijos y era cuñado de la esposa del gobernador de Caldas, Emilio Echeverri Mejía. El empresario estaba en poder del frente 47 de las FARC, que -según versiones periodísticas- exigían por su liberación 1,82 millones de euros.
Publicado en www.elpais.com
Julio 14 de 2007
Presidente de Ecuador anunció que están preparando denuncia ante La Haya por fumigación en Colombia
Rafael Correa, de visita en la ciudad italiana de Milán, indicó en una rueda de prensa que no van a "permitir" que se produzcan esas fumigaciones en la zona fronteriza con el herbicida glifosato.
"Ya estamos iniciando los preparativos para una demanda internacional a Colombia en el Tribunal de La Haya", indicó este sábado el presidente ecuatoriano.
Correa dijo que respeta mucho la soberanía de Colombia, país que "puede tomar sus propias decisiones", pero "no podemos permitir" que afecten "a un país soberano como Ecuador y eso es lo que está pasando con varias facetas del plan Colombia".
El presidente indicó que "el problema" es que cuando en Colombia se fumiga en la frontera los cultivos de coca, "los agentes químicos pasan al lado ecuatoriano y destruyen cultivos, ganados, crean enfermedades e incluso se presume que muertes de seres humanos".
"Eso sencillamente no los vamos a permitir", señaló.
Correa dijo que considera a Colombia "un país hermano" y al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, "inmensamente amigo, pero entre hermanos también puede haber abusos y no los vamos a permitir".
Ecuador y Colombia mantienen diferencias sobre los efectos del herbicida glifosato, pues mientras para Bogotá es inocuo, Quito aseguro que causa daños en personas y cultivos.
Milán (Italia)
Con EFE
Publicado en www.eltiempo.com
Presidente de Ecuador anunció que están preparando denuncia ante La Haya por fumigación en Colombia
Rafael Correa, de visita en la ciudad italiana de Milán, indicó en una rueda de prensa que no van a "permitir" que se produzcan esas fumigaciones en la zona fronteriza con el herbicida glifosato.
"Ya estamos iniciando los preparativos para una demanda internacional a Colombia en el Tribunal de La Haya", indicó este sábado el presidente ecuatoriano.
Correa dijo que respeta mucho la soberanía de Colombia, país que "puede tomar sus propias decisiones", pero "no podemos permitir" que afecten "a un país soberano como Ecuador y eso es lo que está pasando con varias facetas del plan Colombia".
El presidente indicó que "el problema" es que cuando en Colombia se fumiga en la frontera los cultivos de coca, "los agentes químicos pasan al lado ecuatoriano y destruyen cultivos, ganados, crean enfermedades e incluso se presume que muertes de seres humanos".
"Eso sencillamente no los vamos a permitir", señaló.
Correa dijo que considera a Colombia "un país hermano" y al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, "inmensamente amigo, pero entre hermanos también puede haber abusos y no los vamos a permitir".
Ecuador y Colombia mantienen diferencias sobre los efectos del herbicida glifosato, pues mientras para Bogotá es inocuo, Quito aseguro que causa daños en personas y cultivos.
Milán (Italia)
Con EFE
Publicado en www.eltiempo.com
Procuraduría destituye nueve militares por asesinato de dos civiles en Norte de Santander
La sanción cobija a un capitán y a ocho soldados profesionales que en 2005 dispararon contra un funcionario público y un campesino en el municipio La Esperanza, al suroccidente del departamento
Los militares simularon un combate, alteraron la escena de los hechos e hicieron pasar a dos civiles como paramilitares que abrieron fuego con armas cortas y que murieron en un combate. “Quemaron algunos elementos que llevaba una de las víctimas en un bolso cuyos fragmentos fueron luego recuperados en la escena y reconocidos por sus familiares (...) requisaron los cuerpos, sacaron sus documentos y después por el apuro de las circunstancias, dejando la cédula de Edyt Salcedo Vergel en la billetera de Edison Martínez Pacheco”, señaló la Procuraduría.
Por estos hechos que ocurrieron el 31 de mayo de 2005 en el departamento de Norte de Santander, la Procuraduría profirió una de las sanciones más drásticas en su historia y destituyó a un capitán y ocho soldados profesionales del Ejército que ejecutaron el asesinato en la vereda Los Planes del municipio La Esperanza. Además, los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.
El capitán William Lara; los soldados profesionales Jaime Caballero, Enrique Meza, Cristian Santos, William Plata, Marco Yesid Araque, Cristian Durán, Nelson Ortiz y Edgar Araque, miembros del Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte” del Ejército, fueron cobijados con la medida disciplinaria dada la grave falta que cometieron. Las víctimas, según el Ministerio Público, fueron asesinadas de forma injustificada y en condición de indefensión.
“El descrédito al que sometieron a la institución militar con el consecuente saldo negativo por el quebranto de legitimidad ante los administrados, debe alzarse con mayor acento contra el capitán William Lara, quien por su condición de oficial al mando de la unidad militar, tenía a su cargo un mayor deber de buen ejemplo ante sus subalternos”, dice el fallo de primera instancia que admite una apelación.
De acuerdo con las investigación de las autoridades, se cree que los militares actuaron en todo momento de manera “conciente, libre y voluntaria”. Sabían que su comportamiento era ilegal y que estaban desconociendo su deber de respetar el derecho a la vida.
Edyt Salcedo era un funcionario público que trabajaba como coordinador de Desarrollo Rural, y Edison Martínez era un campesino de la vereda. Al parecer, los dos fueron sorprendidos por los uniformados que atacaron a los civiles que se encontraban en la vereda. En ese sentido, el capitán y sus súbditos incurrieron en “falta disciplinaria por infracción grave de las normas del derecho internacional humanitario”, al haberles disparado injustificadamente, “conducta que se realizó a título de dolo”, es decir con mala intención.
El fallo de primera instancia se le notificará al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
Semana.com ©2000.
Publicado en www.semana.com
La sanción cobija a un capitán y a ocho soldados profesionales que en 2005 dispararon contra un funcionario público y un campesino en el municipio La Esperanza, al suroccidente del departamento
Los militares simularon un combate, alteraron la escena de los hechos e hicieron pasar a dos civiles como paramilitares que abrieron fuego con armas cortas y que murieron en un combate. “Quemaron algunos elementos que llevaba una de las víctimas en un bolso cuyos fragmentos fueron luego recuperados en la escena y reconocidos por sus familiares (...) requisaron los cuerpos, sacaron sus documentos y después por el apuro de las circunstancias, dejando la cédula de Edyt Salcedo Vergel en la billetera de Edison Martínez Pacheco”, señaló la Procuraduría.
Por estos hechos que ocurrieron el 31 de mayo de 2005 en el departamento de Norte de Santander, la Procuraduría profirió una de las sanciones más drásticas en su historia y destituyó a un capitán y ocho soldados profesionales del Ejército que ejecutaron el asesinato en la vereda Los Planes del municipio La Esperanza. Además, los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.
El capitán William Lara; los soldados profesionales Jaime Caballero, Enrique Meza, Cristian Santos, William Plata, Marco Yesid Araque, Cristian Durán, Nelson Ortiz y Edgar Araque, miembros del Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte” del Ejército, fueron cobijados con la medida disciplinaria dada la grave falta que cometieron. Las víctimas, según el Ministerio Público, fueron asesinadas de forma injustificada y en condición de indefensión.
“El descrédito al que sometieron a la institución militar con el consecuente saldo negativo por el quebranto de legitimidad ante los administrados, debe alzarse con mayor acento contra el capitán William Lara, quien por su condición de oficial al mando de la unidad militar, tenía a su cargo un mayor deber de buen ejemplo ante sus subalternos”, dice el fallo de primera instancia que admite una apelación.
De acuerdo con las investigación de las autoridades, se cree que los militares actuaron en todo momento de manera “conciente, libre y voluntaria”. Sabían que su comportamiento era ilegal y que estaban desconociendo su deber de respetar el derecho a la vida.
Edyt Salcedo era un funcionario público que trabajaba como coordinador de Desarrollo Rural, y Edison Martínez era un campesino de la vereda. Al parecer, los dos fueron sorprendidos por los uniformados que atacaron a los civiles que se encontraban en la vereda. En ese sentido, el capitán y sus súbditos incurrieron en “falta disciplinaria por infracción grave de las normas del derecho internacional humanitario”, al haberles disparado injustificadamente, “conducta que se realizó a título de dolo”, es decir con mala intención.
El fallo de primera instancia se le notificará al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
Semana.com ©2000.
Publicado en www.semana.com
Julio 12 de 2007 -
'El Alemán' salpicó a 5 políticos a quienes los 'paras' habrían apoyado para las elecciones
El ex jefe del 'Bloque Élmer Cárdenas', Freddy Rendón, dijo que en agosto del 2001 se decidió que Manuel Darío Ávila, César Andrade, Jesús Doval y Etanislao Ortiz se rotarían una curul en la Cámara.
Rendón indicó que estuvo en una reunión en Necoclí (Antioquia), en la cual, a través de una consulta, se decidió el apoyo.
El acuerdo fue promovido dentro del movimiento Urabá Grande Unida. "A partir de esto, en algunas ocasiones me reuní con los coordinadores municipales del proyecto", aseguró 'El Alemán'.
Con estas afirmaciones, alias 'El Alemán' confirmó revelaciones hechas por EL TIEMPO en mayo pasado en el sentido de que le habría dado la bendición a una fórmula que llevó a cuatro políticos de Urabá a la Cámara en el periodo 2002-2006.
Además, dijo que se vio en varias ocasiones con el fallecido senador Luis Guillermo Vélez y alguna vez con el también senador Mario Uribe, en busca de un aval para la lista. Como ellos no aceptaron, directivos de Urabá Grande, según 'El Alemán', acudieron a Rubén Darío Quintero, quien dio respuesta positiva.
La Corte Suprema investiga si los votos que obtuvo el senador Quintero en Urabá tienen que ver con esa relación.
EL TIEMPO telefoneó a Quintero pero no contestó; los demás mencionados no pudieron ser ubicados.
El jefe del 'Élmer Cárdenas' también aseguró que acudió directamente a ganaderos y empresarios para financiar la campaña del movimiento. "Todos me invitaban a opinar, pero no puse los fusiles de por medio", afirmó.
El mecanismo de la consulta para sacar candidatos de consenso se habría aplicado también para elecciones a alcalde en Arboletes y Necoclí.
Algo que causó desazón entre las pocas víctimas que asistieron a la versión libre de 'El Alemán' fue su afirmación de que no es cierto que los 'paras' usaron las motosierras como armas en Chocó. "¿A quién se le ocurre enfrentar una AK47 con motosierras que pesan 60 kilos?", preguntó.
"Yo nunca averigüé quiénes eran esos señores, o si tenían líos con la justicia. Fue un compromiso como tantos que uno hace", dijo Rubén Darío Quintero en el momento de las denuncias.
MEDELLÍN
Publicado en www.eltiempo.com
'El Alemán' salpicó a 5 políticos a quienes los 'paras' habrían apoyado para las elecciones
El ex jefe del 'Bloque Élmer Cárdenas', Freddy Rendón, dijo que en agosto del 2001 se decidió que Manuel Darío Ávila, César Andrade, Jesús Doval y Etanislao Ortiz se rotarían una curul en la Cámara.
Rendón indicó que estuvo en una reunión en Necoclí (Antioquia), en la cual, a través de una consulta, se decidió el apoyo.
El acuerdo fue promovido dentro del movimiento Urabá Grande Unida. "A partir de esto, en algunas ocasiones me reuní con los coordinadores municipales del proyecto", aseguró 'El Alemán'.
Con estas afirmaciones, alias 'El Alemán' confirmó revelaciones hechas por EL TIEMPO en mayo pasado en el sentido de que le habría dado la bendición a una fórmula que llevó a cuatro políticos de Urabá a la Cámara en el periodo 2002-2006.
Además, dijo que se vio en varias ocasiones con el fallecido senador Luis Guillermo Vélez y alguna vez con el también senador Mario Uribe, en busca de un aval para la lista. Como ellos no aceptaron, directivos de Urabá Grande, según 'El Alemán', acudieron a Rubén Darío Quintero, quien dio respuesta positiva.
La Corte Suprema investiga si los votos que obtuvo el senador Quintero en Urabá tienen que ver con esa relación.
EL TIEMPO telefoneó a Quintero pero no contestó; los demás mencionados no pudieron ser ubicados.
El jefe del 'Élmer Cárdenas' también aseguró que acudió directamente a ganaderos y empresarios para financiar la campaña del movimiento. "Todos me invitaban a opinar, pero no puse los fusiles de por medio", afirmó.
El mecanismo de la consulta para sacar candidatos de consenso se habría aplicado también para elecciones a alcalde en Arboletes y Necoclí.
Algo que causó desazón entre las pocas víctimas que asistieron a la versión libre de 'El Alemán' fue su afirmación de que no es cierto que los 'paras' usaron las motosierras como armas en Chocó. "¿A quién se le ocurre enfrentar una AK47 con motosierras que pesan 60 kilos?", preguntó.
"Yo nunca averigüé quiénes eran esos señores, o si tenían líos con la justicia. Fue un compromiso como tantos que uno hace", dijo Rubén Darío Quintero en el momento de las denuncias.
MEDELLÍN
Publicado en www.eltiempo.com
miércoles, 11 de julio de 2007
Fascismo colombiano y lucha de clases
Fascismo colombiano y lucha de clases
Por: Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)
Quienes como el Miniführer Uribe Vélez, niegan la existencia del histórico conflicto social y armado colombiano y lo reducen a un asunto delincuencial de terroristas, ayer en las marchas convocadas por el gobierno, los gremios, la iglesia y los medios de comunicación, quedaron notificados: Es no solo un conflicto social armado percibido así por la sociedad, el cual todos (con la excepción de los miembros del ejercito obligados a marchar con sus consignas de guerra), todos deseamos ver solucionado pacíficamente. Sino que además estas marchas pusieron en evidencia la contradicción que mueve tal conflicto, es decir la lucha de clases expresada en la confrontación armada entre la clase dominante apoderada del Estado, versus la Insurgencia del pueblo trabajador que ha sido obligada al combate armado para no dejarse exterminar. Adicionalmente, las manifestaciones convocadas por la patronal a semejanza de la que tumbaron en 1957 al dictador Rojas Pinilla, también hizo esfumar como por encanto al 'tercero' en discordia. ? Vieron como desapareció de la falsimedia Jorgito 40?
El Fascismo colombiano agotado política y militarmente y sin imaginación, como en la época de la Europa de la II preguerra mundial, ha recurrido a movilizar en la calle a sus bases de apoyo de 'las clases medias y la burocracia' que lo soporta; llevando sin querer la lucha de clases a su escenario natural: la calle, sin saber que allí la contradicción puede resolverse en contra de sus mezquinos intereses como lo estamos viendo: Lo que pretendió el Estado Genocida colombiano, con todo esa exhibición de gigantesco poderío mediático, mezclado con púlpito y burocracia disfrazada con uniforme blanco, era simplemente una marcha con el brazo en alto y la camisa negra de Juanes, desfilando ante la tribuna del Minifüher colombiano gritándole al unísono, la frase preferida de Mussolini : ¡No al despeje!.! No queremos la paz sino la Victoria ¡ ¡Viva mi presidenteeeee!
Pero no ocurrió así. La contradictoria realidad colombiana que se manifestó y que el diario El Tiempo, la vanguardia de la ofensiva 'propagandística' del régimen, tuvo que calificar al día siguiente de 'división contrastada' y exhibir su símbolo, el cantante Juanes, vestido no con la camisa negra del Fascismo, sino con la sudada camiseta blanca de la paz y pidiendo cual ruiseñor antioqueño, el intercambio humanitario y las negociaciones para llegar a ella.
Las consignas mayoritarias hábilmente ocultadas en la 'foto de propaganda', pedían lo que han venido pidiendo desde hace mucho tiempo los familiares de los retenidos: ¡ Si al Intercambio humanitario ya!. ¡No a los rescates a Sangre y Fuego! ¡Solución Política Ya!
Y fue tal la sorpresa y la perdida de la iniciativa 'propagandística' del gobierno, que en la principal marcha convocada en Cali por un antiguo dirigente sindical que aprendió en el marxismo como Mussolini, a convocar las masas en su favor electorero, las palabras de Carolina Charry única vocera de los familiares muertos, tuvieron que ser rápidamente negadas por el somnoliento ministro del interior Holguín Sardi, quien colocado a la defensiva, tuvo que superar abruptamente su bradipsiquia para negar que 'el gobierno fuera cómplice de la muerte de los diputados y mucho menos hubiera perdido el rumbo, ni había sido incapaz política, militar e ideológicamente de lograr el respaldo del país', como lo había expresado un instante antes Carolina.
El hecho de masas ha sido claro: La sociedad colombiana está ahíta de la violencia política que la clase dominante ha ejercido sin interrupciones desde 1828 hasta nuestros días, como mecanismo y relación de dominación y explotación sobre el Pueblo Trabajador, el cual ha sido históricamente usado como carne de cañón de las carnicerías que la cínica y sanguinaria Oligarquía colombiana ha dado en llamar guerras civiles. Que está hastiada y ha dicho basta, al caso aberrante y único en la historia del mundo, en donde al contrario de lo planteado por el general Clausewitz; 'la política ha sido la continuación de la guerra por otros medios'.
El liberal Uribista Rafael Pardo Rueda en su libro sobre la historia de las guerras en Colombia, cita en la página 388, cómo durante las 9 'guerras civiles' bipartidistas, acaecidas en el siglo XIX; entre 1829 y 1902 (73 años, promedio una guerra cada 8 años), murieron aproximadamente 129.000 peones y campesinos trabajadores, en una sociedad agraria que no pasaba de los 3 y medio millones de habitantes. Luego, cómo en el siglo XX, la matazón de trabajadores que inició en 1928 el heroico ejército colombiano, en la zona bananera de Santamarta y se ha prolongado sin interrupción hasta el día de HOY, puede ascender a 500.00 muertos de guerra, sin incluir los millones de desplazados. Ningún oligarca muerto en combate. Pues el tan mentado general Uribe Uribe, único de los guerreristas de la oligarquía que murió, cayó abatido por un hachuelazo vengador en la cabeza, 12 años después de concluida la guerra de los mil días en la que fue derrotado por sus socios de gobierno
El pueblo colombiano convocado a la calle por un pacto patronal de Mefistófeles, que se le está volteando a sus convocantes, ha entrado en el proceso complejo, vivificador y bienvenido de adquisición en la calle de una conciencia social propia. Desea por sobre todo Legalidad y Legitimidad democrática de sus instituciones. Desea la paz con justicia social. Verdad Justicia y Reparación. Anhela no solo la 'humanización' transitoria de la guerra como lo proponen quienes quieren continuar lucrándose de su sangre y 'administrar el conflicto', sino la eliminación absoluta de toda clase de guerra y toma de prisioneros.
Y los marxistas del siglo XXI, sin que quepa lugar a dudas o tergiversaciones, también anhelamos que continúe la lucha de clases, claro que sí, pero en un ambiente, social favorable y sin necesidad de tener que defenderse mediante el combate armado y la guerra que produce muertos de lado y lado. Lucha de clases civilizada como se da en cualquier país democrático que dice llamarse desarrollado y parte de la civilización occidental y cristiana. El destino de Colombia no puede ser la destrucción que produce la guerra Civil, y por eso desde mi exilio, me uno al coro mayoritario de las marchas: ¡Si al intercambio Humanitario. ¡No a los recates a sangre y fuego! ¡Solución Política Ya¡
Por: Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)
Quienes como el Miniführer Uribe Vélez, niegan la existencia del histórico conflicto social y armado colombiano y lo reducen a un asunto delincuencial de terroristas, ayer en las marchas convocadas por el gobierno, los gremios, la iglesia y los medios de comunicación, quedaron notificados: Es no solo un conflicto social armado percibido así por la sociedad, el cual todos (con la excepción de los miembros del ejercito obligados a marchar con sus consignas de guerra), todos deseamos ver solucionado pacíficamente. Sino que además estas marchas pusieron en evidencia la contradicción que mueve tal conflicto, es decir la lucha de clases expresada en la confrontación armada entre la clase dominante apoderada del Estado, versus la Insurgencia del pueblo trabajador que ha sido obligada al combate armado para no dejarse exterminar. Adicionalmente, las manifestaciones convocadas por la patronal a semejanza de la que tumbaron en 1957 al dictador Rojas Pinilla, también hizo esfumar como por encanto al 'tercero' en discordia. ? Vieron como desapareció de la falsimedia Jorgito 40?
El Fascismo colombiano agotado política y militarmente y sin imaginación, como en la época de la Europa de la II preguerra mundial, ha recurrido a movilizar en la calle a sus bases de apoyo de 'las clases medias y la burocracia' que lo soporta; llevando sin querer la lucha de clases a su escenario natural: la calle, sin saber que allí la contradicción puede resolverse en contra de sus mezquinos intereses como lo estamos viendo: Lo que pretendió el Estado Genocida colombiano, con todo esa exhibición de gigantesco poderío mediático, mezclado con púlpito y burocracia disfrazada con uniforme blanco, era simplemente una marcha con el brazo en alto y la camisa negra de Juanes, desfilando ante la tribuna del Minifüher colombiano gritándole al unísono, la frase preferida de Mussolini : ¡No al despeje!.! No queremos la paz sino la Victoria ¡ ¡Viva mi presidenteeeee!
Pero no ocurrió así. La contradictoria realidad colombiana que se manifestó y que el diario El Tiempo, la vanguardia de la ofensiva 'propagandística' del régimen, tuvo que calificar al día siguiente de 'división contrastada' y exhibir su símbolo, el cantante Juanes, vestido no con la camisa negra del Fascismo, sino con la sudada camiseta blanca de la paz y pidiendo cual ruiseñor antioqueño, el intercambio humanitario y las negociaciones para llegar a ella.
Las consignas mayoritarias hábilmente ocultadas en la 'foto de propaganda', pedían lo que han venido pidiendo desde hace mucho tiempo los familiares de los retenidos: ¡ Si al Intercambio humanitario ya!. ¡No a los rescates a Sangre y Fuego! ¡Solución Política Ya!
Y fue tal la sorpresa y la perdida de la iniciativa 'propagandística' del gobierno, que en la principal marcha convocada en Cali por un antiguo dirigente sindical que aprendió en el marxismo como Mussolini, a convocar las masas en su favor electorero, las palabras de Carolina Charry única vocera de los familiares muertos, tuvieron que ser rápidamente negadas por el somnoliento ministro del interior Holguín Sardi, quien colocado a la defensiva, tuvo que superar abruptamente su bradipsiquia para negar que 'el gobierno fuera cómplice de la muerte de los diputados y mucho menos hubiera perdido el rumbo, ni había sido incapaz política, militar e ideológicamente de lograr el respaldo del país', como lo había expresado un instante antes Carolina.
El hecho de masas ha sido claro: La sociedad colombiana está ahíta de la violencia política que la clase dominante ha ejercido sin interrupciones desde 1828 hasta nuestros días, como mecanismo y relación de dominación y explotación sobre el Pueblo Trabajador, el cual ha sido históricamente usado como carne de cañón de las carnicerías que la cínica y sanguinaria Oligarquía colombiana ha dado en llamar guerras civiles. Que está hastiada y ha dicho basta, al caso aberrante y único en la historia del mundo, en donde al contrario de lo planteado por el general Clausewitz; 'la política ha sido la continuación de la guerra por otros medios'.
El liberal Uribista Rafael Pardo Rueda en su libro sobre la historia de las guerras en Colombia, cita en la página 388, cómo durante las 9 'guerras civiles' bipartidistas, acaecidas en el siglo XIX; entre 1829 y 1902 (73 años, promedio una guerra cada 8 años), murieron aproximadamente 129.000 peones y campesinos trabajadores, en una sociedad agraria que no pasaba de los 3 y medio millones de habitantes. Luego, cómo en el siglo XX, la matazón de trabajadores que inició en 1928 el heroico ejército colombiano, en la zona bananera de Santamarta y se ha prolongado sin interrupción hasta el día de HOY, puede ascender a 500.00 muertos de guerra, sin incluir los millones de desplazados. Ningún oligarca muerto en combate. Pues el tan mentado general Uribe Uribe, único de los guerreristas de la oligarquía que murió, cayó abatido por un hachuelazo vengador en la cabeza, 12 años después de concluida la guerra de los mil días en la que fue derrotado por sus socios de gobierno
El pueblo colombiano convocado a la calle por un pacto patronal de Mefistófeles, que se le está volteando a sus convocantes, ha entrado en el proceso complejo, vivificador y bienvenido de adquisición en la calle de una conciencia social propia. Desea por sobre todo Legalidad y Legitimidad democrática de sus instituciones. Desea la paz con justicia social. Verdad Justicia y Reparación. Anhela no solo la 'humanización' transitoria de la guerra como lo proponen quienes quieren continuar lucrándose de su sangre y 'administrar el conflicto', sino la eliminación absoluta de toda clase de guerra y toma de prisioneros.
Y los marxistas del siglo XXI, sin que quepa lugar a dudas o tergiversaciones, también anhelamos que continúe la lucha de clases, claro que sí, pero en un ambiente, social favorable y sin necesidad de tener que defenderse mediante el combate armado y la guerra que produce muertos de lado y lado. Lucha de clases civilizada como se da en cualquier país democrático que dice llamarse desarrollado y parte de la civilización occidental y cristiana. El destino de Colombia no puede ser la destrucción que produce la guerra Civil, y por eso desde mi exilio, me uno al coro mayoritario de las marchas: ¡Si al intercambio Humanitario. ¡No a los recates a sangre y fuego! ¡Solución Política Ya¡
¿Colapso anunciado?
Por: EL TIEMPO
Fecha publicación: 09/07/2007 Imprimir nota
El próximo 15 de julio se cumplen cuatro años del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas y reincorporarse a la vida civil, con el sometimiento a una justicia especial. Y el panorama es desalentador. Aunque con la desmovilización de casi 32.000 hombres hubo un innegable descenso de la violencia, no es menos cierto que muchos han vuelto a delinquir o a conformar nuevos grupos y que el control paramilitar en muchas regiones sigue intacto.
Particularmente preocupante es la lentitud con que avanzan los procesos judiciales contra los jefes y mandos medios paramilitares por delitos no indultables (masacres, secuestros y desapariciones, desplazamiento masivo y narcotráfico). Las declaraciones a este diario (19-06-07) del jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, son alarmantes. Solo 40 de más de 2.800 mandos de las Auc han rendido versión libre, paso inicial tras el cual vienen indagatorias, declaraciones de testigos y familiares de las víctimas, búsqueda de otras pruebas y, solo después, sentencias.
Para tan descomunal tarea se cuenta con apenas 23 fiscales y 150 investigadores. Un solo comandante paramilitar ha hecho saber a la Fiscalía que confesará más de 2.000 homicidios. Otro, Ramón Isaza, calcula en 567 el número de asesinatos de los que se va a responsabilizar. Para no hablar de docenas de fosas comunes con miles de cadáveres. O cientos de asesinatos de sindicalistas, tema crítico, cuya frágil investigación tiene en vilo la aprobación del TLC. Es iluso pensar que con ese número de funcionarios la Fiscalía podrá hacerse cargo de semejante desafío.
***
No en vano se trata de investigar casi tres décadas de guerra, en las que estos 2.800 hombres tuvieron papel protagónico. Años de ineficacia judicial están pasando la cuenta: la Fiscalía desconoce el paradero del 25 por ciento de esos jefes y subjefes; más de 2.100 no tienen ningún antecedente. Aun con refuerzos, el margen de impunidad puede ser gigantesco. A todo lo cual hay que sumar los procesos de la 'parapolítica', a los que la Fiscalía ha tenido que asignar parte de sus fuerzas.
No menos crítica es la situación relacionada con los bienes ilícitamente adquiridos por los paramilitares y la reparación de las víctimas. Los primeros balances indican que los jefes 'paras' apenas han revelado la punta del iceberg de sus enormes posesiones, o informan sobre bienes ya en proceso de extinción.
Asimismo, hay serios indicios de que comandantes de las Auc siguen delinquiendo desde la cárcel, dedicados a negocios de narcotráfico, a intimidar a sus víctimas a desarrollar alianzas con jefes políticos regionales para seguir saqueando el tesoro público. Las polémicas interceptaciones telefónicas de los reclusos de Itagüí, reveladas hace más de un mes, solo produjeron el escándalo y la salida de altos oficiales de la Policía. Pero nada se sabe sobre los supuestos delitos que revelaron y que, de confirmarse, les harían perder los beneficios de la Ley 975.
Por si todo esto fuera poco, las audiencias de versión libre se están convirtiendo en un espacio para que los 'paras', en lugar de pedir perdón y contribuir al difícil proceso de esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, lleven papayeras, publiquen costosos autoelogios y se presenten como héroes.
Una alerta es, pues, urgente: el proceso de justicia y paz puede ser una crucial contribución a la paz en el país, pero, como va, generaría un caos judicial que llevaría a lo contrario. Los procedimientos contemplados en la ley, los magros recursos de la Fiscalía y las tácticas de los paramilitares pueden 'enredar la pita' de tal modo que después sea tarde para lamentarlo. Pero, más que el embrollo jurídico, Colombia está ante un problema político. De cómo se maneje este primer caso de aplicación de justicia transicional en el país depende demasiado.
* * * *
Es hora de hacer un pare. So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por los cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto y, también, revisar la capacidad gerencial y de gestión de la Fiscalía misma, un organismo gigantesco, cuya distribución de recursos humanos y técnicos está pendiente de evaluación. Y hay que estudiar decisiones de fondo sobre el manejo de este proceso.
Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en ese caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc.
Publicado en www.arge3npress.info
Por: EL TIEMPO
Fecha publicación: 09/07/2007 Imprimir nota
El próximo 15 de julio se cumplen cuatro años del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas y reincorporarse a la vida civil, con el sometimiento a una justicia especial. Y el panorama es desalentador. Aunque con la desmovilización de casi 32.000 hombres hubo un innegable descenso de la violencia, no es menos cierto que muchos han vuelto a delinquir o a conformar nuevos grupos y que el control paramilitar en muchas regiones sigue intacto.
Particularmente preocupante es la lentitud con que avanzan los procesos judiciales contra los jefes y mandos medios paramilitares por delitos no indultables (masacres, secuestros y desapariciones, desplazamiento masivo y narcotráfico). Las declaraciones a este diario (19-06-07) del jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, son alarmantes. Solo 40 de más de 2.800 mandos de las Auc han rendido versión libre, paso inicial tras el cual vienen indagatorias, declaraciones de testigos y familiares de las víctimas, búsqueda de otras pruebas y, solo después, sentencias.
Para tan descomunal tarea se cuenta con apenas 23 fiscales y 150 investigadores. Un solo comandante paramilitar ha hecho saber a la Fiscalía que confesará más de 2.000 homicidios. Otro, Ramón Isaza, calcula en 567 el número de asesinatos de los que se va a responsabilizar. Para no hablar de docenas de fosas comunes con miles de cadáveres. O cientos de asesinatos de sindicalistas, tema crítico, cuya frágil investigación tiene en vilo la aprobación del TLC. Es iluso pensar que con ese número de funcionarios la Fiscalía podrá hacerse cargo de semejante desafío.
***
No en vano se trata de investigar casi tres décadas de guerra, en las que estos 2.800 hombres tuvieron papel protagónico. Años de ineficacia judicial están pasando la cuenta: la Fiscalía desconoce el paradero del 25 por ciento de esos jefes y subjefes; más de 2.100 no tienen ningún antecedente. Aun con refuerzos, el margen de impunidad puede ser gigantesco. A todo lo cual hay que sumar los procesos de la 'parapolítica', a los que la Fiscalía ha tenido que asignar parte de sus fuerzas.
No menos crítica es la situación relacionada con los bienes ilícitamente adquiridos por los paramilitares y la reparación de las víctimas. Los primeros balances indican que los jefes 'paras' apenas han revelado la punta del iceberg de sus enormes posesiones, o informan sobre bienes ya en proceso de extinción.
Asimismo, hay serios indicios de que comandantes de las Auc siguen delinquiendo desde la cárcel, dedicados a negocios de narcotráfico, a intimidar a sus víctimas a desarrollar alianzas con jefes políticos regionales para seguir saqueando el tesoro público. Las polémicas interceptaciones telefónicas de los reclusos de Itagüí, reveladas hace más de un mes, solo produjeron el escándalo y la salida de altos oficiales de la Policía. Pero nada se sabe sobre los supuestos delitos que revelaron y que, de confirmarse, les harían perder los beneficios de la Ley 975.
Por si todo esto fuera poco, las audiencias de versión libre se están convirtiendo en un espacio para que los 'paras', en lugar de pedir perdón y contribuir al difícil proceso de esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, lleven papayeras, publiquen costosos autoelogios y se presenten como héroes.
Una alerta es, pues, urgente: el proceso de justicia y paz puede ser una crucial contribución a la paz en el país, pero, como va, generaría un caos judicial que llevaría a lo contrario. Los procedimientos contemplados en la ley, los magros recursos de la Fiscalía y las tácticas de los paramilitares pueden 'enredar la pita' de tal modo que después sea tarde para lamentarlo. Pero, más que el embrollo jurídico, Colombia está ante un problema político. De cómo se maneje este primer caso de aplicación de justicia transicional en el país depende demasiado.
* * * *
Es hora de hacer un pare. So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por los cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto y, también, revisar la capacidad gerencial y de gestión de la Fiscalía misma, un organismo gigantesco, cuya distribución de recursos humanos y técnicos está pendiente de evaluación. Y hay que estudiar decisiones de fondo sobre el manejo de este proceso.
Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en ese caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc.
Publicado en www.arge3npress.info
El silencio de Jorge 40
En 40 horas de versión ante la Fiscalía sólo reconoció su responsabilidad en la masacre de los pescadores de Nueva Venecia y la desaparición de siete investigadores del CTI en el Cesar. Memorias de la diligencia y las preguntas que evadió.
Por Tadeo Martínez
Santa Rita, el más importante corregimiento de Remolino, Magdalena, quedó abandonado desde octubre de 1999, cuando sus habitantes decidieron irse por los atropellos de que fueron víctimas por parte de las Auc. Lacides Retamozo y Bienvenido Fuentes, dicen que ese año alias “Esteban” llegó al pueblo comandando un grupo de hombres armados, sacaron los postes de luz, desenterraron la tubería del acueducto, se robaron el ganado, provocaron un desplazamiento masivo y a la gente que mataron la picaron y sepultaron en los huecos de los postes desenterrados. Santa Rita era un pueblo que vivía de la pesca, la ganadería y la agricultura. Hoy, sus cuatro mil habitantes están dispersos en Remolino, Ciénaga, Barranquilla y Sabanagrande.
Alias Esteban fue el mismo comandante que dirigió las masacres de los pescadores de Trojas de Cataca y Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, cometidas en enero y noviembre del año 2000, en las que murieron 54 personas.
Casta De la Hoz, llegó a Barranquilla desde el martes 3 de julio en busca de una explicación sobre la desaparición de su hija Katia Elena Arrieta De la Hoz, quien se encuentra en poder de un grupo de las Auc desde el 14 de abril de 2003. Katia trabajaba en una casa de familia en Chivolo, Magdalena. Casta cuenta que su hija iba para el Carmen de Bolívar a visitarla, cuando los hombres de las Auc se la llevaron junto con otras dos niñas para el campamento de La Pola, en Chivolo. De ahí la pasaron por varios pueblos, entre otros Pedraza, Cerro de San Antonio, Calamar, El Guamo y San Juan Nepomuceno, en Bolívar.
Hasta estos dos municipios de los Montes de María llegaba la jurisdicción de Jorge 40. Cuando su hija llegó a San Juan, le dieron permiso para ir a la casa de su mamá en el Carmen de Bolívar, pero tenía que regresar el 21 de abril. Ella les había dicho que se quedaba con ellos a cambio de que dejaran a las otras dos niñas libres. Casta dice que después le permitieron visitarla en el campamento en San Juan, donde el grupo era comandando por alias “Zambrano”, y estuvo con ella hasta el 8 de mayo. Desde ese día no la ha vuelto a ver. “Yo hablé con Zambrano ese día y él me dijo que ella iba a trabajar con ellos, que le iban a pagar 200 mil pesos y que ella se quedaba porque conocía mucha gente y era leal”. Casta pudo hacerle la pregunta a Jorge 40 y la respuesta fue que Katia posiblemente se enamoró de uno de sus muchachos.
Silencio en el estrado
En los cuatros días y medio que Jorge 40 estuvo rindiendo versión libre ante la fiscal tercera de Justicia y Paz, Deyci Jaramillo, fueron pocas las revelaciones que hizo sobre desapariciones, homicidios, desplazamiento, robo de ganado, apropiación de tierras y relaciones con políticos. La fiscalía había programado nueve días, pero el lunes 9 de julio el abogado del excomandante del Bloque Norte, Hernando Bocanegra, solicitó a la fiscalía suspender la audiencia para poder verificar los archivos de los tres mil hechos por los que le preguntan. En los cuatro días y medio de audiencia se hicieron presentes más de 300 víctimas provenientes mayoritariamente del Magdalena en busca de una explicación y la mayoría se fueron con las manos vacías. El primer día Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, dijo que él había entregado al Gobierno Nacional una lista de tierras que estuvieron bajo su poder en Chivolo, Magdalena y en la Jagua de Ibirico en el Cesar, pero el gobierno no ha hecho nada para aclarar la propiedad de esos predios, los cuales son reclamados por familiares de parceleros de Pueblo Nuevo - Primavera, Magdalena, que fueron asesinados y desplazados.
En estas cuarenta horas de audiencia él y su abogado se dedicaron a anotar las preguntas que le llegaban de las víctimas y a pedirle a la fiscal que le permita reunirse con los comandantes de los frentes para aclarar cada uno de los más de tres mil hechos, entre los cuales está la masacre de los indígenas Kankuamos en el Cesar. Esta etnia cuenta más de 230 muertos entre el año 2000 y 2004.
En cuanto a la masacre de Nueva Venecia, la cual reconoció no como una masacre contra civiles, sino un acto de guerra contra colaboradores y militantes del Eln, dijo que ese territorio era importante estratégicamente para el Eln. Según sus palabras, a partir de ese momento las autodefensas pudieron desvertebrar el accionar de ese grupo entre la Sierra Nevada y los puertos a orillas del río Magdalena. Jorge 40 reconoció también la desaparición de siete funcionarios judiciales del CTI desaparecidos el 9 de marzo de 2000 en La Paz, Cesar. Ese día, los funcionarios iban a verificar unos hechos cuando fueron emboscados por 40 hombres armados y los desaparecieron. Sobre este caso ya existe una condena contra Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, por secuestro, y también están vinculados Salvatore Mancuso y Jorge 40, acusados de homicidio.
El viernes 6 de julio, cuando continuó la diligencia, Jorge 40 estuvo más tranquilo y colaborador. Quienes entraban a la audiencia dicen que Tovar mantenía una actitud arrogante y displicente, no respondía preguntas y contestaba con monosílabos o se limitaba a decir que averiguaría para dar respuesta en una próxima audiencia. Una fuente de la Fiscalía dice que él llevaba un libreto para contar su versión, pero la conducción que la fiscal le dio a la versión libre lo molestó porque no le permitió hacerlo a su manera. Pero también surgieron críticas a la Fiscalía porque la metodología usada en la diligencia no fue la mejor, pues no se pudo saber cómo era la estructura del bloque, cuáles los comandantes de los frentes, los territorios dónde operaban, propiedades, colaboradores y fuentes de financiación. Todas esas preguntas las evadió.
Las víctimas y familiares preguntaron por los casos de los estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico asesinados; también le preguntaron por los muertos y desaparecidos, en Pivijay, Sitionuevo y Chivolo, Magdalena. No aceptó la acusación que le hacen por los asesinatos de los sindicalistas de la Drumond Víctor Orcasita y Valmore Locarno. Ayer lunes, antes de suspenderse la audiencia, le preguntaron por delitos cometidos en Dibulla, Hatonuevo, El Molino y Villanueva, Guajira. Le preguntaron por casos concretos, como el del contralor de Maicao, abogados, ganaderos, el periodista Wilson Martínez, profesores y los indígenas Cecilio Bolívar y Segundo Ojito Epiayyú, el homicidio múltiple de cuatro personas y de tres concejales, todos en la Guajira.
Jorge 40 evitó dar respuestas, dijo que iba a contratar dos abogados para investigar los hechos, recopiló información sobre más de tres mil hechos que le atribuyen y prometió que cuando regrese, el 21 de agosto, tendrá respuestas concretas. Por lo pronto, esta primera versión dejó decepcionadas a las víctimas, que siguen sin saber por qué mató o desapareció a sus familiares y por qué les robaron sus tierras y ganados.
Publicado en www.semana.com
En 40 horas de versión ante la Fiscalía sólo reconoció su responsabilidad en la masacre de los pescadores de Nueva Venecia y la desaparición de siete investigadores del CTI en el Cesar. Memorias de la diligencia y las preguntas que evadió.
Por Tadeo Martínez
Santa Rita, el más importante corregimiento de Remolino, Magdalena, quedó abandonado desde octubre de 1999, cuando sus habitantes decidieron irse por los atropellos de que fueron víctimas por parte de las Auc. Lacides Retamozo y Bienvenido Fuentes, dicen que ese año alias “Esteban” llegó al pueblo comandando un grupo de hombres armados, sacaron los postes de luz, desenterraron la tubería del acueducto, se robaron el ganado, provocaron un desplazamiento masivo y a la gente que mataron la picaron y sepultaron en los huecos de los postes desenterrados. Santa Rita era un pueblo que vivía de la pesca, la ganadería y la agricultura. Hoy, sus cuatro mil habitantes están dispersos en Remolino, Ciénaga, Barranquilla y Sabanagrande.
Alias Esteban fue el mismo comandante que dirigió las masacres de los pescadores de Trojas de Cataca y Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, cometidas en enero y noviembre del año 2000, en las que murieron 54 personas.
Casta De la Hoz, llegó a Barranquilla desde el martes 3 de julio en busca de una explicación sobre la desaparición de su hija Katia Elena Arrieta De la Hoz, quien se encuentra en poder de un grupo de las Auc desde el 14 de abril de 2003. Katia trabajaba en una casa de familia en Chivolo, Magdalena. Casta cuenta que su hija iba para el Carmen de Bolívar a visitarla, cuando los hombres de las Auc se la llevaron junto con otras dos niñas para el campamento de La Pola, en Chivolo. De ahí la pasaron por varios pueblos, entre otros Pedraza, Cerro de San Antonio, Calamar, El Guamo y San Juan Nepomuceno, en Bolívar.
Hasta estos dos municipios de los Montes de María llegaba la jurisdicción de Jorge 40. Cuando su hija llegó a San Juan, le dieron permiso para ir a la casa de su mamá en el Carmen de Bolívar, pero tenía que regresar el 21 de abril. Ella les había dicho que se quedaba con ellos a cambio de que dejaran a las otras dos niñas libres. Casta dice que después le permitieron visitarla en el campamento en San Juan, donde el grupo era comandando por alias “Zambrano”, y estuvo con ella hasta el 8 de mayo. Desde ese día no la ha vuelto a ver. “Yo hablé con Zambrano ese día y él me dijo que ella iba a trabajar con ellos, que le iban a pagar 200 mil pesos y que ella se quedaba porque conocía mucha gente y era leal”. Casta pudo hacerle la pregunta a Jorge 40 y la respuesta fue que Katia posiblemente se enamoró de uno de sus muchachos.
Silencio en el estrado
En los cuatros días y medio que Jorge 40 estuvo rindiendo versión libre ante la fiscal tercera de Justicia y Paz, Deyci Jaramillo, fueron pocas las revelaciones que hizo sobre desapariciones, homicidios, desplazamiento, robo de ganado, apropiación de tierras y relaciones con políticos. La fiscalía había programado nueve días, pero el lunes 9 de julio el abogado del excomandante del Bloque Norte, Hernando Bocanegra, solicitó a la fiscalía suspender la audiencia para poder verificar los archivos de los tres mil hechos por los que le preguntan. En los cuatro días y medio de audiencia se hicieron presentes más de 300 víctimas provenientes mayoritariamente del Magdalena en busca de una explicación y la mayoría se fueron con las manos vacías. El primer día Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, dijo que él había entregado al Gobierno Nacional una lista de tierras que estuvieron bajo su poder en Chivolo, Magdalena y en la Jagua de Ibirico en el Cesar, pero el gobierno no ha hecho nada para aclarar la propiedad de esos predios, los cuales son reclamados por familiares de parceleros de Pueblo Nuevo - Primavera, Magdalena, que fueron asesinados y desplazados.
En estas cuarenta horas de audiencia él y su abogado se dedicaron a anotar las preguntas que le llegaban de las víctimas y a pedirle a la fiscal que le permita reunirse con los comandantes de los frentes para aclarar cada uno de los más de tres mil hechos, entre los cuales está la masacre de los indígenas Kankuamos en el Cesar. Esta etnia cuenta más de 230 muertos entre el año 2000 y 2004.
En cuanto a la masacre de Nueva Venecia, la cual reconoció no como una masacre contra civiles, sino un acto de guerra contra colaboradores y militantes del Eln, dijo que ese territorio era importante estratégicamente para el Eln. Según sus palabras, a partir de ese momento las autodefensas pudieron desvertebrar el accionar de ese grupo entre la Sierra Nevada y los puertos a orillas del río Magdalena. Jorge 40 reconoció también la desaparición de siete funcionarios judiciales del CTI desaparecidos el 9 de marzo de 2000 en La Paz, Cesar. Ese día, los funcionarios iban a verificar unos hechos cuando fueron emboscados por 40 hombres armados y los desaparecieron. Sobre este caso ya existe una condena contra Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, por secuestro, y también están vinculados Salvatore Mancuso y Jorge 40, acusados de homicidio.
El viernes 6 de julio, cuando continuó la diligencia, Jorge 40 estuvo más tranquilo y colaborador. Quienes entraban a la audiencia dicen que Tovar mantenía una actitud arrogante y displicente, no respondía preguntas y contestaba con monosílabos o se limitaba a decir que averiguaría para dar respuesta en una próxima audiencia. Una fuente de la Fiscalía dice que él llevaba un libreto para contar su versión, pero la conducción que la fiscal le dio a la versión libre lo molestó porque no le permitió hacerlo a su manera. Pero también surgieron críticas a la Fiscalía porque la metodología usada en la diligencia no fue la mejor, pues no se pudo saber cómo era la estructura del bloque, cuáles los comandantes de los frentes, los territorios dónde operaban, propiedades, colaboradores y fuentes de financiación. Todas esas preguntas las evadió.
Las víctimas y familiares preguntaron por los casos de los estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico asesinados; también le preguntaron por los muertos y desaparecidos, en Pivijay, Sitionuevo y Chivolo, Magdalena. No aceptó la acusación que le hacen por los asesinatos de los sindicalistas de la Drumond Víctor Orcasita y Valmore Locarno. Ayer lunes, antes de suspenderse la audiencia, le preguntaron por delitos cometidos en Dibulla, Hatonuevo, El Molino y Villanueva, Guajira. Le preguntaron por casos concretos, como el del contralor de Maicao, abogados, ganaderos, el periodista Wilson Martínez, profesores y los indígenas Cecilio Bolívar y Segundo Ojito Epiayyú, el homicidio múltiple de cuatro personas y de tres concejales, todos en la Guajira.
Jorge 40 evitó dar respuestas, dijo que iba a contratar dos abogados para investigar los hechos, recopiló información sobre más de tres mil hechos que le atribuyen y prometió que cuando regrese, el 21 de agosto, tendrá respuestas concretas. Por lo pronto, esta primera versión dejó decepcionadas a las víctimas, que siguen sin saber por qué mató o desapareció a sus familiares y por qué les robaron sus tierras y ganados.
Publicado en www.semana.com
Lamento Indígena
Lamento indígena
En Colombia, la situación de la población indígena es una historia de sobrevivientes, entre el fuego cruzado de los actores armados, el envenenamiento de sus cultivos y el destierro.
Por César Paredes
Ya no cantan las gestas de sus valerosos guerreros míticos. Sus ancestros les fueron arrancados del recuerdo. El sonido de su canto es un lamento. Los hijos de la tierra y el maíz son obligados a esconderse, al destierro o a la extinción. Despojados de sus raíces, parece que la agresión de La Conquista, aún no termina para ellos.
Actualmente hay 1.738.884 indígenas repartidos en 84 grupos étnicos del país. Son una minoría que representa el 3.4% de la población colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta población se ubica en el área rural del país, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en territorios no delimitados legalmente.
A pesar de su proceso de organización que lleva veinte años, hoy tienen que enfrentar en sus territorios la presencia constante de actores armados, lo que ha terminado en desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones constantes de los Derechos Humanos. Así lo expresó Alberto Áchita, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC):
“Eso es por causa del narcotráfico porque los actores armados están donde hay cultivos ilícitos. Por eso hay desplazamientos en varias comunidades del país. Ahora tenemos el problema de la Ley de Desarrollo Rural, porque facilita la expropiación de nuestras tierras y de recursos vitales de nuestras comunidades”.
Esto contrasta con el hecho de que en la versión libre que rindió entre el 5 y 8 de junio, el ex jefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, fue acompañado por un grupo de indígenas que lo apoyaban. También, con el hecho de que Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, hablara de la militancia de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta en las filas de los paramilitares.
Las organizaciones indígenas calificaron el primer hecho como “un bochornoso espectáculo de manipulación”. Respecto de las declaraciones de Pupo, quedaron indignadas al escuchar que él no recordaba dónde se habían cometido los crímenes y dónde estaban las fosas de los muertos. “Si no se acuerda de sus atrocidades, por qué se acuerda de nosotros”, reclamaron. Las comunidades indígenas en cabeza de sus organizaciones se han declarado, en ejercicio de su autonomía, como neutrales frente al conflicto armado. Un paneo por las diferentes regiones del país permite afirmar que la situación de las comunidades indígenas es una situación de víctimas.
Los espíritus intranquilos
En la costa norte del país se encuentran varios pueblos indígenas que constantemente han denunciado los vejámenes de los grupos ilegales: Wayúu, Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Una de las razones por las que más se han visto violentados es por el señalamiento de auxiliadores, justificación suficiente para convertirse en blancos de la guerra. A pesar de la permanente reivindicación de sus derechos como pueblos autónomos basados en la cultura y las tradiciones propias han sido víctimas de diversos actos de violencia, al ser considerados parte de uno u otro bando. Por esta razón varias comunidades se han visto en la obligación de salir de sus tierras.
“Hay desplazados de la etnia Wiwa y Kankuamos en la región. Antes, debido a la llegada de paramilitares y ahora por el temor a la guerrilla que no los deja volver a la tierra” dijo Víctor Loperena, gerente de Dusakawi.
Desplazamiento o “desarraigo” como lo prefiere el sociólogo Alfredo Molano, significa ser despojado de lo propio, abandonar sus costumbres, su lengua, su tierra. La apropiación de sus terrenos tiene una razón de ser: lugares para la explotación de cultivos ilícitos. El saldo: muerte y desplazamiento.
Este es el caso de la “Masacre de Bahía Portete” ocurrida el 18 de abril de 2004. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia: el resultado fue: 13 personas asesinadas, 30 desaparecidas y el desplazamiento de más de 300 familias. Sin embargo, tres años después, las investigaciones no arrojan resultados fehacientes sobre los directos responsables.
“Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los difuntos no están en paz y nosotros tampoco”, dijo una mujer wayúu, sobreviviente de la masacre a la revista en la Internet, Actualidad Étnica.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y junio de 2005 fueron asesinados 253 indígenas en la Sierra Nevada de los cuales el 68% eran Kankuamos. Los mayores responsables de estos hechos fueron las autodefensas, autores del 42% de los casos.
A la sombra de las Águilas
Caminan descalzos sobre el asfalto. Hablan una lengua incomprensible para el citadino. Tienen la mirada temerosa, y con razón. Pero prefieren la dureza de la ciudad a verse atravesados por las balas. Los indígenas en Antioquia no escapan a la guerra por territorios. Sin embargo, han aprendido a través del tiempo a organizarse y tratar de afrontar su situación.
“Yo diría que no ha mejorado el conflicto sino la capacidad de la gente de enfrentar eso”, dijo Aida Suárez, quien es parte del comité ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Así define la manera en que a través de la organización han tenido que diligenciar programas de fortalecimiento al interior de las comunidades para enfrentar el conflicto.
Según Suárez, hay zonas en Antioquia y el Bajo Cauca que en este momento sufren la reacomodación de los grupos armados, entre ellos el de Mutatá, en el Urabá. Desde hace un mes hay un grupo de emberaes catíos desplazado, que está en la ciudad de Medellín. Ahora se adelanta un proceso de retorno organizado por la OIA. Sin embargo, hay mucho temor por parte de los indígenas para volver a sus tierras.
En la región del Atrato, Vigía del Fuerte y Murindó, los grupos indígenas han recibido amenazas. “Esta vez se trata de la retoma de la guerrilla. Se han presentado casos donde intimidan a la población sin permitirles entrar y salir libremente de sus territorios. Los coaccionan, les roban sus botes y animales, presencian sus reuniones y les advierten que deben estar listos para un desalojo porque van a retomar su territorio”, aseguró Suárez.
A esto se suma la aparición de las Águilas Negras, grupo paramilitar, que busca retomar el control perdido en el proceso de desmovilización y reanudar actividades del narcotráfico en varios departamentos del país. Este grupo ha llegado a establecerse en lo que sería un corredor para el tráfico de drogas. Otra vez, los indígenas hacen parte del listado de víctimas en una de las tierras más ricas en biodiversidad y recursos naturales:
“Se supone que hay una desmovilización, pero aparecen otros grupos que se denominan Águilas Negras, que no se sabe quiénes son ni que hacen pero siguen haciendo control en las comunidades. Son desmovilizados que se dicen llamar así pero no tienen una cabeza visible con quien interlocutar”, agregó Suárez.
La Pachamama
Poco a poco la Madre Tierra se está muriendo. Lo que fuera un paisaje cargado de símbolos míticos: fauna y flora en armonía con el hombre, se ha ido transformando en una suerte de recuerdo. El mangle ha ido desapareciendo. El manatí en las zonas de Urabá, casi es un mito. Los bosques se tornan en amplios campos de cultivos ilícitos o de explotación maderera. Ocurre lo propio en la amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta, sitios donde los jaibanás, chamanes y sailas conjugaban sus saberes con la vida.
Según la WWF Adena, en Colombia se ha perdido el 30 % de los bosques nativos que en un tiempo cubrían el 80 % del territorio nacional. El 40% del bosque que queda se sitúa en territorios afrocolombianos e indígenas. Algunas de estas comunidades se ven atraídas a utilizar sus tierras para la siembra de coca, amapola y marihuana. Otras son obligadas.
En las zonas donde ha llegado la fuerza pública a erradicar los cultivos ilícitos, varias comunidades han manifestado su inconformismo con la fumigación. A pesar de que en 2002, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ganó una tutela interpuesta al gobierno con la cual se dio un paro a las fumigaciones por un tiempo, pronto fue revisado el fallo y se reanudaron las fumigaciones.
“La fumigación, aunque ha disminuido mucho en los últimos meses, es un tema transversal a todas la población indígenas. El procedimiento que ha utilizado la policía antinarcóticos para arrasar con estos cultivos ha sido muy agresivo”, dijo Ramiro Muñoz Macanilla, presidente de la OPIAC.
Según Macanilla, las fumigaciones con glifosato también recaen en los cultivos de consumo y eso reduce las posibilidades alimentarias. A eso se suman las retaliaciones de los grupos armados al servicio del narcotráfico, lo que obliga a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios. Poco a poco los guardianes de los bosques se ven replegados en un juego de intereses en el que algunas comunidades como los Nukak Maku o los Coreguaje, están al borde de la extinción.
La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas (29.8% del territorio colombiano). A pesar de ser una minoría son los dueños de una buena parte del territorio. Sin embargo, ellos consideran que el Estatuto para el Desarrollo Rural, aprobado el pasado 13 de junio afectará el saneamiento de sus resguardos y favorecerá la apropiación de territorio por parte de grandes industrias y narcotraficantes:
“La situación de los indígenas se agrava. Si no hay saneamiento de resguardos, los territorios ni cumplirán funciones ecológicas ni cumplirán funciones sociales, y tendremos que compartir nuestros territorios con un agente violento que todo lo resuelve a plomo”, aseveró Áchita
Publicado en www.semana.com
En Colombia, la situación de la población indígena es una historia de sobrevivientes, entre el fuego cruzado de los actores armados, el envenenamiento de sus cultivos y el destierro.
Por César Paredes
Ya no cantan las gestas de sus valerosos guerreros míticos. Sus ancestros les fueron arrancados del recuerdo. El sonido de su canto es un lamento. Los hijos de la tierra y el maíz son obligados a esconderse, al destierro o a la extinción. Despojados de sus raíces, parece que la agresión de La Conquista, aún no termina para ellos.
Actualmente hay 1.738.884 indígenas repartidos en 84 grupos étnicos del país. Son una minoría que representa el 3.4% de la población colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta población se ubica en el área rural del país, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en territorios no delimitados legalmente.
A pesar de su proceso de organización que lleva veinte años, hoy tienen que enfrentar en sus territorios la presencia constante de actores armados, lo que ha terminado en desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones constantes de los Derechos Humanos. Así lo expresó Alberto Áchita, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC):
“Eso es por causa del narcotráfico porque los actores armados están donde hay cultivos ilícitos. Por eso hay desplazamientos en varias comunidades del país. Ahora tenemos el problema de la Ley de Desarrollo Rural, porque facilita la expropiación de nuestras tierras y de recursos vitales de nuestras comunidades”.
Esto contrasta con el hecho de que en la versión libre que rindió entre el 5 y 8 de junio, el ex jefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, fue acompañado por un grupo de indígenas que lo apoyaban. También, con el hecho de que Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, hablara de la militancia de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta en las filas de los paramilitares.
Las organizaciones indígenas calificaron el primer hecho como “un bochornoso espectáculo de manipulación”. Respecto de las declaraciones de Pupo, quedaron indignadas al escuchar que él no recordaba dónde se habían cometido los crímenes y dónde estaban las fosas de los muertos. “Si no se acuerda de sus atrocidades, por qué se acuerda de nosotros”, reclamaron. Las comunidades indígenas en cabeza de sus organizaciones se han declarado, en ejercicio de su autonomía, como neutrales frente al conflicto armado. Un paneo por las diferentes regiones del país permite afirmar que la situación de las comunidades indígenas es una situación de víctimas.
Los espíritus intranquilos
En la costa norte del país se encuentran varios pueblos indígenas que constantemente han denunciado los vejámenes de los grupos ilegales: Wayúu, Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Una de las razones por las que más se han visto violentados es por el señalamiento de auxiliadores, justificación suficiente para convertirse en blancos de la guerra. A pesar de la permanente reivindicación de sus derechos como pueblos autónomos basados en la cultura y las tradiciones propias han sido víctimas de diversos actos de violencia, al ser considerados parte de uno u otro bando. Por esta razón varias comunidades se han visto en la obligación de salir de sus tierras.
“Hay desplazados de la etnia Wiwa y Kankuamos en la región. Antes, debido a la llegada de paramilitares y ahora por el temor a la guerrilla que no los deja volver a la tierra” dijo Víctor Loperena, gerente de Dusakawi.
Desplazamiento o “desarraigo” como lo prefiere el sociólogo Alfredo Molano, significa ser despojado de lo propio, abandonar sus costumbres, su lengua, su tierra. La apropiación de sus terrenos tiene una razón de ser: lugares para la explotación de cultivos ilícitos. El saldo: muerte y desplazamiento.
Este es el caso de la “Masacre de Bahía Portete” ocurrida el 18 de abril de 2004. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia: el resultado fue: 13 personas asesinadas, 30 desaparecidas y el desplazamiento de más de 300 familias. Sin embargo, tres años después, las investigaciones no arrojan resultados fehacientes sobre los directos responsables.
“Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los difuntos no están en paz y nosotros tampoco”, dijo una mujer wayúu, sobreviviente de la masacre a la revista en la Internet, Actualidad Étnica.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y junio de 2005 fueron asesinados 253 indígenas en la Sierra Nevada de los cuales el 68% eran Kankuamos. Los mayores responsables de estos hechos fueron las autodefensas, autores del 42% de los casos.
A la sombra de las Águilas
Caminan descalzos sobre el asfalto. Hablan una lengua incomprensible para el citadino. Tienen la mirada temerosa, y con razón. Pero prefieren la dureza de la ciudad a verse atravesados por las balas. Los indígenas en Antioquia no escapan a la guerra por territorios. Sin embargo, han aprendido a través del tiempo a organizarse y tratar de afrontar su situación.
“Yo diría que no ha mejorado el conflicto sino la capacidad de la gente de enfrentar eso”, dijo Aida Suárez, quien es parte del comité ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Así define la manera en que a través de la organización han tenido que diligenciar programas de fortalecimiento al interior de las comunidades para enfrentar el conflicto.
Según Suárez, hay zonas en Antioquia y el Bajo Cauca que en este momento sufren la reacomodación de los grupos armados, entre ellos el de Mutatá, en el Urabá. Desde hace un mes hay un grupo de emberaes catíos desplazado, que está en la ciudad de Medellín. Ahora se adelanta un proceso de retorno organizado por la OIA. Sin embargo, hay mucho temor por parte de los indígenas para volver a sus tierras.
En la región del Atrato, Vigía del Fuerte y Murindó, los grupos indígenas han recibido amenazas. “Esta vez se trata de la retoma de la guerrilla. Se han presentado casos donde intimidan a la población sin permitirles entrar y salir libremente de sus territorios. Los coaccionan, les roban sus botes y animales, presencian sus reuniones y les advierten que deben estar listos para un desalojo porque van a retomar su territorio”, aseguró Suárez.
A esto se suma la aparición de las Águilas Negras, grupo paramilitar, que busca retomar el control perdido en el proceso de desmovilización y reanudar actividades del narcotráfico en varios departamentos del país. Este grupo ha llegado a establecerse en lo que sería un corredor para el tráfico de drogas. Otra vez, los indígenas hacen parte del listado de víctimas en una de las tierras más ricas en biodiversidad y recursos naturales:
“Se supone que hay una desmovilización, pero aparecen otros grupos que se denominan Águilas Negras, que no se sabe quiénes son ni que hacen pero siguen haciendo control en las comunidades. Son desmovilizados que se dicen llamar así pero no tienen una cabeza visible con quien interlocutar”, agregó Suárez.
La Pachamama
Poco a poco la Madre Tierra se está muriendo. Lo que fuera un paisaje cargado de símbolos míticos: fauna y flora en armonía con el hombre, se ha ido transformando en una suerte de recuerdo. El mangle ha ido desapareciendo. El manatí en las zonas de Urabá, casi es un mito. Los bosques se tornan en amplios campos de cultivos ilícitos o de explotación maderera. Ocurre lo propio en la amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta, sitios donde los jaibanás, chamanes y sailas conjugaban sus saberes con la vida.
Según la WWF Adena, en Colombia se ha perdido el 30 % de los bosques nativos que en un tiempo cubrían el 80 % del territorio nacional. El 40% del bosque que queda se sitúa en territorios afrocolombianos e indígenas. Algunas de estas comunidades se ven atraídas a utilizar sus tierras para la siembra de coca, amapola y marihuana. Otras son obligadas.
En las zonas donde ha llegado la fuerza pública a erradicar los cultivos ilícitos, varias comunidades han manifestado su inconformismo con la fumigación. A pesar de que en 2002, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ganó una tutela interpuesta al gobierno con la cual se dio un paro a las fumigaciones por un tiempo, pronto fue revisado el fallo y se reanudaron las fumigaciones.
“La fumigación, aunque ha disminuido mucho en los últimos meses, es un tema transversal a todas la población indígenas. El procedimiento que ha utilizado la policía antinarcóticos para arrasar con estos cultivos ha sido muy agresivo”, dijo Ramiro Muñoz Macanilla, presidente de la OPIAC.
Según Macanilla, las fumigaciones con glifosato también recaen en los cultivos de consumo y eso reduce las posibilidades alimentarias. A eso se suman las retaliaciones de los grupos armados al servicio del narcotráfico, lo que obliga a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios. Poco a poco los guardianes de los bosques se ven replegados en un juego de intereses en el que algunas comunidades como los Nukak Maku o los Coreguaje, están al borde de la extinción.
La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas (29.8% del territorio colombiano). A pesar de ser una minoría son los dueños de una buena parte del territorio. Sin embargo, ellos consideran que el Estatuto para el Desarrollo Rural, aprobado el pasado 13 de junio afectará el saneamiento de sus resguardos y favorecerá la apropiación de territorio por parte de grandes industrias y narcotraficantes:
“La situación de los indígenas se agrava. Si no hay saneamiento de resguardos, los territorios ni cumplirán funciones ecológicas ni cumplirán funciones sociales, y tendremos que compartir nuestros territorios con un agente violento que todo lo resuelve a plomo”, aseveró Áchita
Publicado en www.semana.com
martes, 10 de julio de 2007
Julio 8 de 2007 -
El artista bogotano Nadín Ospina expone su obra 'Colombialand' en Madrid (España)
Elaborada con fichas de Lego, denuncia los estereotipos contra América Latina. Estará en la galería Fernando Pradilla, hasta el 2 de septiembre.
La obra de Ospina provoca y llama la atención de los españoles porque presenta características extrañas: armas, bigotes, trajes camuflados, cicatrices...
Las primeras impresiones que ha causado son favorables. "A las personas les encanta", dice Natalia Guimón, directora de comunicación de la galería. "La ven y quedan alucinadas".
Señala que muchas veces entran de manera desprevenida -incluso con niños pequeños- y, luego de contemplarla unos minutos se dan cuenta del mensaje crítico a los estereotipos europeos frente a países como Colombia.
La idea de esta obra, basada en las figuras de Lego, nació cuando Ospina le regaló a su hija un juguete de esa marca, que se desarrollaba supuestamente en América Latina.
Los muñecos lucían como malos: tenían la cara cortada y vestían como narcotraficantes. "Lo peor es que era un objeto para un niño", dice Ospina. Él pensó que era el resultado de la imagen que los medios difunden sobre nuestro continente y trabajó durante dos años con esa raíz.
EL TIEMPO habló con el artista en Madrid, poco después de la inauguración de la exposición, ocurrida el 28 de junio.
¿Qué busca con la exposición 'Colombialand' en España, luego de haberla llevado a otros países, como Francia?
Es un trabajo muy crítico, cargado de elementos políticos e ironía. Quiero exponer elementos complicados de nuestra realidad, relacionados con el estereotipo que los medios de comunicación magnifican tanto, con los que identifican a Colombia. Los ejemplos se dan a diario. Ahora es la noticia de los diputados asesinados; hace unas semanas fue un documental de Buñuel, que mostraba una imagen sesgada de nuestro país.
Sin embargo los hechos son imborrables. La muerte de los diputados es real...
Sí, en parte es un mea culpa que invita a reflexionar. Mucha gente no quiere que el arte aborde la realidad y eso es imposible. El artista expresa lo que es y lo que siente. De lo contrario su obra no hablaría de sí mismo. Colombialand muestra una doble vía: por un lado quiere reflejar la realidad y, por otro, quiere desmontar los estereotipos.
¿Cómo los desmonta?
Cuestionándolos. La obra se abre ante la mente de cada observador, para un proceso de reflexión y crítica personales. Se trata de que él mismo llegue a sus propias conclusiones. El arte no ofrece soluciones como la política, sino cuestiona.
¿Cuál ha sido la primera reacción que usted ha percibido en los observadores de la exposición en Madrid?
Al principio veo que la gente sufre desconcierto porque es una obra dura. No es decorativa ni cómoda. Genera una reacción fuerte que ofrece la oportunidad de reflexionar. Cuando a un observador se le da esa oportunidad se siente bien.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID
Publicado en www.eltiempo.com
El artista bogotano Nadín Ospina expone su obra 'Colombialand' en Madrid (España)
Elaborada con fichas de Lego, denuncia los estereotipos contra América Latina. Estará en la galería Fernando Pradilla, hasta el 2 de septiembre.
La obra de Ospina provoca y llama la atención de los españoles porque presenta características extrañas: armas, bigotes, trajes camuflados, cicatrices...
Las primeras impresiones que ha causado son favorables. "A las personas les encanta", dice Natalia Guimón, directora de comunicación de la galería. "La ven y quedan alucinadas".
Señala que muchas veces entran de manera desprevenida -incluso con niños pequeños- y, luego de contemplarla unos minutos se dan cuenta del mensaje crítico a los estereotipos europeos frente a países como Colombia.
La idea de esta obra, basada en las figuras de Lego, nació cuando Ospina le regaló a su hija un juguete de esa marca, que se desarrollaba supuestamente en América Latina.
Los muñecos lucían como malos: tenían la cara cortada y vestían como narcotraficantes. "Lo peor es que era un objeto para un niño", dice Ospina. Él pensó que era el resultado de la imagen que los medios difunden sobre nuestro continente y trabajó durante dos años con esa raíz.
EL TIEMPO habló con el artista en Madrid, poco después de la inauguración de la exposición, ocurrida el 28 de junio.
¿Qué busca con la exposición 'Colombialand' en España, luego de haberla llevado a otros países, como Francia?
Es un trabajo muy crítico, cargado de elementos políticos e ironía. Quiero exponer elementos complicados de nuestra realidad, relacionados con el estereotipo que los medios de comunicación magnifican tanto, con los que identifican a Colombia. Los ejemplos se dan a diario. Ahora es la noticia de los diputados asesinados; hace unas semanas fue un documental de Buñuel, que mostraba una imagen sesgada de nuestro país.
Sin embargo los hechos son imborrables. La muerte de los diputados es real...
Sí, en parte es un mea culpa que invita a reflexionar. Mucha gente no quiere que el arte aborde la realidad y eso es imposible. El artista expresa lo que es y lo que siente. De lo contrario su obra no hablaría de sí mismo. Colombialand muestra una doble vía: por un lado quiere reflejar la realidad y, por otro, quiere desmontar los estereotipos.
¿Cómo los desmonta?
Cuestionándolos. La obra se abre ante la mente de cada observador, para un proceso de reflexión y crítica personales. Se trata de que él mismo llegue a sus propias conclusiones. El arte no ofrece soluciones como la política, sino cuestiona.
¿Cuál ha sido la primera reacción que usted ha percibido en los observadores de la exposición en Madrid?
Al principio veo que la gente sufre desconcierto porque es una obra dura. No es decorativa ni cómoda. Genera una reacción fuerte que ofrece la oportunidad de reflexionar. Cuando a un observador se le da esa oportunidad se siente bien.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID
Publicado en www.eltiempo.com
Julio 9 de 2007 -
Por asesinato de 3 trabajadores de la Drummond, comenzó juicio en E.U.
Por segunda vez en menos de cuatro meses, la justicia de ese país asumirá un proceso judicial colombiano, sin resolver.
El caso mezcla tres explosivos componentes en materia de derechos humanos y de política internacional: paramilitares, sindicalistas y firmas norteamericanas.
La primera hoja del expediente, que cursa en una corte de Birmingham (Alabama), narra los asesinatos de tres sindicalistas de la Drummond, ocurridos en una región y en una época en la que los 'paras' aterrorizaban a la población: el departamento del Cesar, durante el 2001.
Y la última hoja del caso es una solicitud de los familiares y compañeros de los trabajadores asesinados para que se condene a la empresa y a Augusto Jiménez, su presidente en Colombia, a que paguen una multimillonaria indemnización por apoyar logística y económicamente al grupo que ejecutó en triple crimen: las autodefensas.
"La cifra que piden -dice una fuente enterada- equivaldría a que Drummond empiece a partir utilidades. Calculen: en el 2006, estas alcanzaron los 166 mil 630 millones de pesos".
No obstante, solo en el juicio se oficializará la suma que está en juego.
Ya en marzo, Chiquita Brands estuvo en una situación similar y optó por pagar una multa de 25 millones de dólares para librarse de la investigación que se le seguía por girar (entre 1997 y el 2004) a 'paras' de Urabá, 1,7 millones de dólares a cambio de seguridad y, dicen, de convertir en blancos militares a sus líderes sindicales.
La gran diferencia es que la Drummond -que explota una mina de carbón en el Cesar desde 1988- se declara inocente y está segura de que lo demostrará en los estrados.
Por eso, se niega a llegar a un arreglo económico extrajudicial y por eso, también, desde hoy, su caso quedará en manos de 10 ciudadanos de Alabama que conformarán un jurado de conciencia y que se elegirán, en los próximos días, de una lista de 75 personas que hayan votado en las últimas elecciones locales y que no tengan nexos ni con Colombia ni con la Drummond ni con los sindicatos.
"No le hemos pagado a ningún 'para' o a otro grupo ilegal. No hay 'testigos' presenciales de las acusaciones y a García se le denunció por calumnia", dice la defensa de Drummond y de Augusto Jiménez
Y aunque la juez del caso, Karen Bowdre, advirtió que ninguna pieza procesal podía ser divulgada -para no 'contaminar' al jurado- defensores de los trabajadores revelaron ya los testimonios con los que esperan demoler a la multinacional, incluso dos que fueron desechados por la juez: el de Alberto Visbal y el de Jimmy Rubio.
El Che y los medios
Esa estrategia les ha traído réditos en medios y, por ende, tragos amargos a la Drummond que, por acatar la orden de la juez, calla: se ha concentrado en aclarar dudas en torno a la liquidación de regalías en Colombia un tema que no puede menospreciar.
Pero no todo ha sido ganancia para la estrategia mediática sindical. La exposición de algunos de sus testigos ha dejado entrever claras contradicciones que seguro saldrán a relucir en el juicio.
Esto, precisamente, fue los que pasó en una audiencia en la Cámara de Representantes de E.U. el pasado 22 de junio, en la que también se abordó el caso Chiquita. Si bien los congresistas dejaron en claro su preocupación por la posibilidad de que multinacionales estadounidenses estén patrocinando terroristas extranjeros, los republicanos Dan Borton y Dana Rohrabacher pusieron en entredicho testimonios de la defensa de los sindicalistas.
Además, atacaron a Daniel Kovalik, del Sindicato de Trabajadores de Acero de E.U. y uno de los más destacados abogados que asesora a los familiares de los sindicalistas asesinados. Kovalik -el mismo que filtró el video del presidente Uribe en su primera campaña, al lado de un 'para'- tiene en su oficina un afiche del Che Guevara y desde allí, le concedió un reportaje al Pittsburgh Post-Gazzette.
"Si ganamos, será la primera vez que una empresa de E.U. es encontrada culpable por abusos a los derechos humanos en el exterior"., dice Kovalik.
Borton le preguntó cómo admirar al Che, que asesinó tantos sindicalistas en Cuba, y a la vez defender a algunos de ellos. Kovalik explicó que admiraba al Che por querer construir una sociedad justa, pero admitió que no justificaba el crimen de sindicalistas.
A horas de que se inicie el juicio, EL TIEMPO revela los ases de la defensa de los obreros asesinados -que incluirá la recaptura del director del DAS, Jorge Noguera, hace 5 días-, pero también los lunares de sus testigos estrella.
Mientras se conoce el veredicto en E.U., la Fiscalía colombiana evalúa hoy si involucra formalmente al caso a un contratista.
Fortalezas y debilidades de los testigos estrella contra la Drumond
Rafael García, jefe de informática del DAS y supuesto enlace de su jefe, Jorge Noguera, con el 'para' 'Jorge 40', dice que vio cuando el gerente de la Drummond dio dinero para que asesinar a los sindicalistas.
Cambió la fecha de la entrega del dinero cuando supo que el gerente de la empresa no estaba en el país en ese entonces. Y '40' dice no conocerlo. Pero su ex jefe, Jorge Noguera, acaba de ser recapturado por presuntos nexos con 'paras'.
Eduin Guzmán, un sub oficial (r) del Ejército, dice que la Drummond daba plata, carros y motos a 'paras' que patrullaban y que le consta por que él fue jefe de pelotón, asignado a la protección de la carbonera.
Ingresó a los 'paras' del Meta: es desmovilizado. Tienen una proceso por tráfico de armas a ilegales en los Llanos. Cuando murieron los dos primeros sindicalistas, estaba en un curso en Bogotá. Admite que se ha equivocado en fechas.
Isnardo Ropero dice haber sido escolta privado de Alfredo Araújo, ejecutivo de la empresa, y ver cómo un tal Aldo recogía dinero para pagar a los 'paras'. La versión se la dio una secretaria y un chofer.
Interglobal, empresa de vigilancia para la que trabajaba Ropero, dice que este no era escolta sino vigilante de caseta. Estuvo 42 días a la entrada de la casa de los Araújo y fue retirado por ir tomado a laborar. No se le renovó contrato.
George Pirce, nacido en San Francisco. Fue supervisor de mantenimiento de la mina. Dice que oyó a varios de sus compañeros decir que la voladura del tren de la empresa la arreglarían los 'paras'.
Pirce, de 64 años, es el primer ciudadano de nacionalidad estadounidense que testificará contra la Drummnod y eso tiene peso, más aún tratándose de un veterano de Vietnam. Sin embargo, su testimonio también es de oídas.
Un contratista, ¿tercer vinculado?
Un jefe de seguridad se convirtió en la tercera persona que la Fiscalía está investigando por el asesinato de los sindicalistas de la Drummond Valmoré Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler Mora. El hombre, cuyo nombre se mantiene en reserva, trabajaba como coordinador de vigilancia para una de las empresas contratadas por la carbonera para administrar uno de sus restaurantes o casinos.
Aunque el sujeto no era funcionario directo de la multinacional, de acuerdo con las investigaciones, tenía relaciones con los grupos 'paras', directamente con los hombres del poderoso Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
El jefe de seguridad, explican los investigadores, realizaba 'labores de inteligencia' y entregaba la información a las autodefensas.
Parte de esta labor habría consistido en seguimientos a los líderes del sindicato.
En marzo pasado, la Fiscalía vinculó formalmente al proceso a 'Jorge 40' y a 'Tolemaida', ex militar de 40 años, nacido en El Difícil (Magdalena) y a quien también acusan del crimen de la juez Marilis Hinojosa y del capitán de la Policía Leonardo Pinto.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co
Publicado en www.eltiempo.com
Por asesinato de 3 trabajadores de la Drummond, comenzó juicio en E.U.
Por segunda vez en menos de cuatro meses, la justicia de ese país asumirá un proceso judicial colombiano, sin resolver.
El caso mezcla tres explosivos componentes en materia de derechos humanos y de política internacional: paramilitares, sindicalistas y firmas norteamericanas.
La primera hoja del expediente, que cursa en una corte de Birmingham (Alabama), narra los asesinatos de tres sindicalistas de la Drummond, ocurridos en una región y en una época en la que los 'paras' aterrorizaban a la población: el departamento del Cesar, durante el 2001.
Y la última hoja del caso es una solicitud de los familiares y compañeros de los trabajadores asesinados para que se condene a la empresa y a Augusto Jiménez, su presidente en Colombia, a que paguen una multimillonaria indemnización por apoyar logística y económicamente al grupo que ejecutó en triple crimen: las autodefensas.
"La cifra que piden -dice una fuente enterada- equivaldría a que Drummond empiece a partir utilidades. Calculen: en el 2006, estas alcanzaron los 166 mil 630 millones de pesos".
No obstante, solo en el juicio se oficializará la suma que está en juego.
Ya en marzo, Chiquita Brands estuvo en una situación similar y optó por pagar una multa de 25 millones de dólares para librarse de la investigación que se le seguía por girar (entre 1997 y el 2004) a 'paras' de Urabá, 1,7 millones de dólares a cambio de seguridad y, dicen, de convertir en blancos militares a sus líderes sindicales.
La gran diferencia es que la Drummond -que explota una mina de carbón en el Cesar desde 1988- se declara inocente y está segura de que lo demostrará en los estrados.
Por eso, se niega a llegar a un arreglo económico extrajudicial y por eso, también, desde hoy, su caso quedará en manos de 10 ciudadanos de Alabama que conformarán un jurado de conciencia y que se elegirán, en los próximos días, de una lista de 75 personas que hayan votado en las últimas elecciones locales y que no tengan nexos ni con Colombia ni con la Drummond ni con los sindicatos.
"No le hemos pagado a ningún 'para' o a otro grupo ilegal. No hay 'testigos' presenciales de las acusaciones y a García se le denunció por calumnia", dice la defensa de Drummond y de Augusto Jiménez
Y aunque la juez del caso, Karen Bowdre, advirtió que ninguna pieza procesal podía ser divulgada -para no 'contaminar' al jurado- defensores de los trabajadores revelaron ya los testimonios con los que esperan demoler a la multinacional, incluso dos que fueron desechados por la juez: el de Alberto Visbal y el de Jimmy Rubio.
El Che y los medios
Esa estrategia les ha traído réditos en medios y, por ende, tragos amargos a la Drummond que, por acatar la orden de la juez, calla: se ha concentrado en aclarar dudas en torno a la liquidación de regalías en Colombia un tema que no puede menospreciar.
Pero no todo ha sido ganancia para la estrategia mediática sindical. La exposición de algunos de sus testigos ha dejado entrever claras contradicciones que seguro saldrán a relucir en el juicio.
Esto, precisamente, fue los que pasó en una audiencia en la Cámara de Representantes de E.U. el pasado 22 de junio, en la que también se abordó el caso Chiquita. Si bien los congresistas dejaron en claro su preocupación por la posibilidad de que multinacionales estadounidenses estén patrocinando terroristas extranjeros, los republicanos Dan Borton y Dana Rohrabacher pusieron en entredicho testimonios de la defensa de los sindicalistas.
Además, atacaron a Daniel Kovalik, del Sindicato de Trabajadores de Acero de E.U. y uno de los más destacados abogados que asesora a los familiares de los sindicalistas asesinados. Kovalik -el mismo que filtró el video del presidente Uribe en su primera campaña, al lado de un 'para'- tiene en su oficina un afiche del Che Guevara y desde allí, le concedió un reportaje al Pittsburgh Post-Gazzette.
"Si ganamos, será la primera vez que una empresa de E.U. es encontrada culpable por abusos a los derechos humanos en el exterior"., dice Kovalik.
Borton le preguntó cómo admirar al Che, que asesinó tantos sindicalistas en Cuba, y a la vez defender a algunos de ellos. Kovalik explicó que admiraba al Che por querer construir una sociedad justa, pero admitió que no justificaba el crimen de sindicalistas.
A horas de que se inicie el juicio, EL TIEMPO revela los ases de la defensa de los obreros asesinados -que incluirá la recaptura del director del DAS, Jorge Noguera, hace 5 días-, pero también los lunares de sus testigos estrella.
Mientras se conoce el veredicto en E.U., la Fiscalía colombiana evalúa hoy si involucra formalmente al caso a un contratista.
Fortalezas y debilidades de los testigos estrella contra la Drumond
Rafael García, jefe de informática del DAS y supuesto enlace de su jefe, Jorge Noguera, con el 'para' 'Jorge 40', dice que vio cuando el gerente de la Drummond dio dinero para que asesinar a los sindicalistas.
Cambió la fecha de la entrega del dinero cuando supo que el gerente de la empresa no estaba en el país en ese entonces. Y '40' dice no conocerlo. Pero su ex jefe, Jorge Noguera, acaba de ser recapturado por presuntos nexos con 'paras'.
Eduin Guzmán, un sub oficial (r) del Ejército, dice que la Drummond daba plata, carros y motos a 'paras' que patrullaban y que le consta por que él fue jefe de pelotón, asignado a la protección de la carbonera.
Ingresó a los 'paras' del Meta: es desmovilizado. Tienen una proceso por tráfico de armas a ilegales en los Llanos. Cuando murieron los dos primeros sindicalistas, estaba en un curso en Bogotá. Admite que se ha equivocado en fechas.
Isnardo Ropero dice haber sido escolta privado de Alfredo Araújo, ejecutivo de la empresa, y ver cómo un tal Aldo recogía dinero para pagar a los 'paras'. La versión se la dio una secretaria y un chofer.
Interglobal, empresa de vigilancia para la que trabajaba Ropero, dice que este no era escolta sino vigilante de caseta. Estuvo 42 días a la entrada de la casa de los Araújo y fue retirado por ir tomado a laborar. No se le renovó contrato.
George Pirce, nacido en San Francisco. Fue supervisor de mantenimiento de la mina. Dice que oyó a varios de sus compañeros decir que la voladura del tren de la empresa la arreglarían los 'paras'.
Pirce, de 64 años, es el primer ciudadano de nacionalidad estadounidense que testificará contra la Drummnod y eso tiene peso, más aún tratándose de un veterano de Vietnam. Sin embargo, su testimonio también es de oídas.
Un contratista, ¿tercer vinculado?
Un jefe de seguridad se convirtió en la tercera persona que la Fiscalía está investigando por el asesinato de los sindicalistas de la Drummond Valmoré Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler Mora. El hombre, cuyo nombre se mantiene en reserva, trabajaba como coordinador de vigilancia para una de las empresas contratadas por la carbonera para administrar uno de sus restaurantes o casinos.
Aunque el sujeto no era funcionario directo de la multinacional, de acuerdo con las investigaciones, tenía relaciones con los grupos 'paras', directamente con los hombres del poderoso Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
El jefe de seguridad, explican los investigadores, realizaba 'labores de inteligencia' y entregaba la información a las autodefensas.
Parte de esta labor habría consistido en seguimientos a los líderes del sindicato.
En marzo pasado, la Fiscalía vinculó formalmente al proceso a 'Jorge 40' y a 'Tolemaida', ex militar de 40 años, nacido en El Difícil (Magdalena) y a quien también acusan del crimen de la juez Marilis Hinojosa y del capitán de la Policía Leonardo Pinto.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co
Publicado en www.eltiempo.com
Colombia, peligroso para sindicalistas
Hernando Salazar
Bogotá
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo este martes que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas.
En un informe especial, AI reveló que entre 1991 y 2006 2.245 de ellos fueron asesinados, 138 desaparecieron forzadamente y 3.400 más fueron amenazados.
AI responsabiliza de esa situación a organizaciones paramilitares de derecha, al ejército y al gobierno de Colombia, a la guerrilla de izquierda y a la falta "crónica de investigaciones y procesamientos" de los responsables.
Al presentar el informe en Londres, Susan Lee, directora del programa regional para América de AI, dijo que "al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos".
"Mientras, las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las considere responsables de abusos contra los derechos humanos", concluyó Lee.
Pero el gobierno colombiano rechazó el informe de la organización. El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, lo tildó de "sesgado".
Holguín reveló que este año se están invirtiendo más de 13 millones de dólares en programas de protección a sindicalistas y sostuvo que AI "no reconoce nada bueno y siempre señala lo malo".
Rechazo del gobierno
En una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo, Holguín declaró que es "una infamia" y "una calumnia" la afirmación de AI según la cual "la mayoría de las muertes son ocasionadas por el ejército".
Hay indicios muy graves de las relaciones de los paramilitares, el gobierno y los empresarios con la muerte de muchos dirigentes sindicales"
Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores
Sin embargo, Holguín admitió que en 2006 aumentaron los asesinatos de sindicalistas y dijo que el gobierno explicará eso en una respuesta detallada al informe de Amnistía.
El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Fabio Arias, le dijo a BBC Mundo que "hay indicios muy graves de las relaciones de los paramilitares, el gobierno y los empresarios con la muerte de muchos dirigentes sindicales".
Y recordó que recientemente se conocieron acusaciones contra la bananera Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares y contra la carbonera Drummond por estar supuestamente involucrada en el crimen de dos presidentes y un tesorero del sindicato de la compañía.
Mientras Chiquita Brands aceptó pagar una multa al gobierno de Estados Unidos por haber hecho pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, la empresa Drummond ha rechazado los cargos.
Arias reveló que en los últimos 20 años la militancia sindical en Colombia bajó del 14% al 4,5% de los trabajadores colombianos.
"Disminución significativa"
"Al movimiento sindical lo han venido disminuyendo significativamente", añadió Arias, quien trabaja en una oficina cuyo acceso tiene una puerta blindada y un detector de metales.
El vicepresidente de la CUT dijo que aunque el gobierno tiene diferentes programas de protección para unos 1.500 sindicalistas amenazados, en la práctica hay muchas dificultades.
"El servicio de seguridad y de escoltas cada vez es más precario. Hay problemas con la gasolina, con el mantenimiento de los vehículos y con el desplazamientos a otras ciudades", declaró.
Pero Holguín alabó los beneficios de los programas de protección y dijo que en todos estos años solo uno de los sindicalistas bajo esos esquemas de seguridad fue asesinado, "luego de haberse salido del programa".
El informe de Amnistía revela que de los 115 sindicalistas asesinados en 2006 en el mundo, 77 eran colombianos y que en lo que va de 2007 han muerto 18.
"Solo 3 asesinatos en 2007"
El gobierno no está de acuerdo con esta última cifra. A una pregunta de BBC Mundo, Holguín dijo que "las muertes de este año son muchísimo menores".
"Este año tenemos tres sindicalistas muertos y sus muertes no tienen que ver con motivos sindicales. No sabemos de dónde sale la cifra de Amnistía", agregó el ministro del Interior y Justicia.
Amnistía se queja de la falta de condenas judiciales por las muertes de sindicalistas en Colombia desde 1991 y dice que eso alienta nuevos crímenes.
Holguín respondió que en lo corrido de 2007 la Fiscalía colombiana ha hecho 45 acusaciones contra los supuestos responsables de 79 crímenes.
El informe de Amnistía se conoce en momentos en que grupos de congresistas demócratas de los Estados Unidos se niegan a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, a menos que mejoren las condiciones labores y la seguridad de los dirigentes sindicales en este país
Publicado en www.newsbbc.co.ok
Hernando Salazar
Bogotá
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo este martes que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas.
En un informe especial, AI reveló que entre 1991 y 2006 2.245 de ellos fueron asesinados, 138 desaparecieron forzadamente y 3.400 más fueron amenazados.
AI responsabiliza de esa situación a organizaciones paramilitares de derecha, al ejército y al gobierno de Colombia, a la guerrilla de izquierda y a la falta "crónica de investigaciones y procesamientos" de los responsables.
Al presentar el informe en Londres, Susan Lee, directora del programa regional para América de AI, dijo que "al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos".
"Mientras, las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las considere responsables de abusos contra los derechos humanos", concluyó Lee.
Pero el gobierno colombiano rechazó el informe de la organización. El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, lo tildó de "sesgado".
Holguín reveló que este año se están invirtiendo más de 13 millones de dólares en programas de protección a sindicalistas y sostuvo que AI "no reconoce nada bueno y siempre señala lo malo".
Rechazo del gobierno
En una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo, Holguín declaró que es "una infamia" y "una calumnia" la afirmación de AI según la cual "la mayoría de las muertes son ocasionadas por el ejército".
Hay indicios muy graves de las relaciones de los paramilitares, el gobierno y los empresarios con la muerte de muchos dirigentes sindicales"
Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores
Sin embargo, Holguín admitió que en 2006 aumentaron los asesinatos de sindicalistas y dijo que el gobierno explicará eso en una respuesta detallada al informe de Amnistía.
El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Fabio Arias, le dijo a BBC Mundo que "hay indicios muy graves de las relaciones de los paramilitares, el gobierno y los empresarios con la muerte de muchos dirigentes sindicales".
Y recordó que recientemente se conocieron acusaciones contra la bananera Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares y contra la carbonera Drummond por estar supuestamente involucrada en el crimen de dos presidentes y un tesorero del sindicato de la compañía.
Mientras Chiquita Brands aceptó pagar una multa al gobierno de Estados Unidos por haber hecho pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, la empresa Drummond ha rechazado los cargos.
Arias reveló que en los últimos 20 años la militancia sindical en Colombia bajó del 14% al 4,5% de los trabajadores colombianos.
"Disminución significativa"
"Al movimiento sindical lo han venido disminuyendo significativamente", añadió Arias, quien trabaja en una oficina cuyo acceso tiene una puerta blindada y un detector de metales.
El vicepresidente de la CUT dijo que aunque el gobierno tiene diferentes programas de protección para unos 1.500 sindicalistas amenazados, en la práctica hay muchas dificultades.
"El servicio de seguridad y de escoltas cada vez es más precario. Hay problemas con la gasolina, con el mantenimiento de los vehículos y con el desplazamientos a otras ciudades", declaró.
Pero Holguín alabó los beneficios de los programas de protección y dijo que en todos estos años solo uno de los sindicalistas bajo esos esquemas de seguridad fue asesinado, "luego de haberse salido del programa".
El informe de Amnistía revela que de los 115 sindicalistas asesinados en 2006 en el mundo, 77 eran colombianos y que en lo que va de 2007 han muerto 18.
"Solo 3 asesinatos en 2007"
El gobierno no está de acuerdo con esta última cifra. A una pregunta de BBC Mundo, Holguín dijo que "las muertes de este año son muchísimo menores".
"Este año tenemos tres sindicalistas muertos y sus muertes no tienen que ver con motivos sindicales. No sabemos de dónde sale la cifra de Amnistía", agregó el ministro del Interior y Justicia.
Amnistía se queja de la falta de condenas judiciales por las muertes de sindicalistas en Colombia desde 1991 y dice que eso alienta nuevos crímenes.
Holguín respondió que en lo corrido de 2007 la Fiscalía colombiana ha hecho 45 acusaciones contra los supuestos responsables de 79 crímenes.
El informe de Amnistía se conoce en momentos en que grupos de congresistas demócratas de los Estados Unidos se niegan a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, a menos que mejoren las condiciones labores y la seguridad de los dirigentes sindicales en este país
Publicado en www.newsbbc.co.ok
Julio 9 de 2007 - FAMILIAS DE LOS POLÍTICOS RECIBIERON LA NOTICIA CON TRISTEZA PORQUE CONFIRMA QUE ESTÁN MUERTOS
Farc aceptan gestión del CICR por ex diputados, pero no aclaran condiciones
Lo que hablará de la voluntad de la guerrilla para entregar los restos serán las exigencias que haga. El Gobierno fue prudente.
A menos que las Farc, ante la presión nacional e internacional hayan decidido realmente entregar los cuerpos de los 11 ex diputados del Valle, la carta en la que aceptan la gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no indica que las familias de los muertos vayan a tener pronto sus restos.
Lo que sigue, seguramente, será la insistencia de esa guerrilla para que el Gobierno ordene "la disminución de operaciones militares" en una zona que todavía no especifica. Y es ahí donde está el nudo.
De hecho, en la carta dirigida a los delegados de Francia, Suiza y España, a Álvaro Leyva y a la jefa de la delegación del CICR en Colombia, Bárbara Hintermann, en la que piden sus "buenos oficios", las Farc retoman el tema, aunque de manera indirecta.
Farc explicaron demora
"La numerosa presencia en la zona donde sucedieron los trágicos hechos de tropas oficiales y paraestatales, primero empeñadas en el rescate por la fuerza ordenado por el Presidente y ahora en impedir la entrega rápida de los muertos, es la causa principal del indeseado retardo", dice textualmente la misiva firmada por 'Raúl Reyes'.
Es probable que el pulso para que cesen operaciones militares sea por una zona amplia, pues en la mente de esa guerrilla no está nunca ponérsela fácil al presidente Álvaro Uribe.
Y para que la presión al Gobierno tenga alcance internacional, se dirigió a los países amigos, con los que el Presidente sigue contando como facilitadores a pesar de las críticas que les hizo cuando propusieron la Comisión de Encuesta (que le implicaba reconocer la existencia del conflicto), particularmente al delegado suizo, Jean Pierre Gontard.
¿Sobre qué bases plantearán las Farc la entrega de los restos? Las palabras del ministro del Interior, Carlos Holguín, reflejan que en la Casa de Nariño son prudentes en la expectativa: "El Gobierno le da todo el respaldo a la Cruz Roja. Estamos listos para que adelanten su gestión. Ojalá pueda saber pronto la Cruz Roja cuál es la zona a la cual se refiere el comunicado", dijo. El organismo humanitario, también cauto, hizo saber que está listo pero que su gestión depende de que el Gobierno y las Farc pacten las condiciones y de que ofrezcan garantías de seguridad.
"Estábamos esperando un contacto de las Farc con la Cicr, pero al darse así se nos muere la última lucecita de que ellos estuvieran vivos. Pedimos que esta dolorosa espera no se prolongue más".
Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez.
Publicado en www.eltiempo.com
Farc aceptan gestión del CICR por ex diputados, pero no aclaran condiciones
Lo que hablará de la voluntad de la guerrilla para entregar los restos serán las exigencias que haga. El Gobierno fue prudente.
A menos que las Farc, ante la presión nacional e internacional hayan decidido realmente entregar los cuerpos de los 11 ex diputados del Valle, la carta en la que aceptan la gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no indica que las familias de los muertos vayan a tener pronto sus restos.
Lo que sigue, seguramente, será la insistencia de esa guerrilla para que el Gobierno ordene "la disminución de operaciones militares" en una zona que todavía no especifica. Y es ahí donde está el nudo.
De hecho, en la carta dirigida a los delegados de Francia, Suiza y España, a Álvaro Leyva y a la jefa de la delegación del CICR en Colombia, Bárbara Hintermann, en la que piden sus "buenos oficios", las Farc retoman el tema, aunque de manera indirecta.
Farc explicaron demora
"La numerosa presencia en la zona donde sucedieron los trágicos hechos de tropas oficiales y paraestatales, primero empeñadas en el rescate por la fuerza ordenado por el Presidente y ahora en impedir la entrega rápida de los muertos, es la causa principal del indeseado retardo", dice textualmente la misiva firmada por 'Raúl Reyes'.
Es probable que el pulso para que cesen operaciones militares sea por una zona amplia, pues en la mente de esa guerrilla no está nunca ponérsela fácil al presidente Álvaro Uribe.
Y para que la presión al Gobierno tenga alcance internacional, se dirigió a los países amigos, con los que el Presidente sigue contando como facilitadores a pesar de las críticas que les hizo cuando propusieron la Comisión de Encuesta (que le implicaba reconocer la existencia del conflicto), particularmente al delegado suizo, Jean Pierre Gontard.
¿Sobre qué bases plantearán las Farc la entrega de los restos? Las palabras del ministro del Interior, Carlos Holguín, reflejan que en la Casa de Nariño son prudentes en la expectativa: "El Gobierno le da todo el respaldo a la Cruz Roja. Estamos listos para que adelanten su gestión. Ojalá pueda saber pronto la Cruz Roja cuál es la zona a la cual se refiere el comunicado", dijo. El organismo humanitario, también cauto, hizo saber que está listo pero que su gestión depende de que el Gobierno y las Farc pacten las condiciones y de que ofrezcan garantías de seguridad.
"Estábamos esperando un contacto de las Farc con la Cicr, pero al darse así se nos muere la última lucecita de que ellos estuvieran vivos. Pedimos que esta dolorosa espera no se prolongue más".
Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez.
Publicado en www.eltiempo.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)