La estrategia de Palacio
Cómo desde la Casa de Nariño hay una ofensiva para desprestigiar a la justicia y desacreditar a los opositores. Hay manipulación de testigos, intentos de grabaciones clandestinas y búsqueda de expedientes pasados.
Fecha: 09/06/2008 -1375
El país ya se acostumbró al tono enérgico con el que el Presidente ataca y se defiende. Lo que sí empieza a sorprender -y preocupar- es la estrategia con la que el alto gobierno está buscando deslegitimar la justicia y desprestigiar a sus contradictores políticos. Porque una cosa es el intenso debate público de las ideas, que es sano y necesario, y otra muy distinta que esa dialéctica política se transforme en una estrategia detectivesca de persecución urdida desde el propio Palacio Presidencial.
Eso es lo que ha venido ocurriendo en la Casa de Nariño durante los últimos meses, donde altos funcionarios del gobierno se reúnen con emisarios del paramilitarismo para buscar pruebas contra la justicia, se manipulan testigos para desacreditar la labor de la Corte, se filtran informaciones a la prensa contra la justicia y hasta se envían funcionarios del DAS a rastrear la vida de los magistrados con la intención de pescar un escándalo.
Funcionarios de Palacio, convencidos de que existen planes secretos para poner a tambalear el mandato del presidente Álvaro Uribe y cuestionar su legitimidad, han emprendido tareas bastante cuestionables que ponen en entredicho la majestad de la institución presidencial. Aunque algunos de los casos son conocidos, lo que no se ha contado de ellos es cómo funcionarios muy cercanos al Presidente resultan envueltos en maniobras, que en el mejor de los casos son indebidas y en algunos otros rayan con lo ilegal.
El presidente de la Corte Suprema volvió a insistir la semana pasada sobre la persecución y presión que sienten los magistrados por parte del gobierno. Se lo hicieron saber al delegado de justicia de la ONU Funcionarios del Das estuvieron en la cárcel de Cómbita para averiguar si los magistrados de la Corte Suprema habían defendido a algún narcotraficante. La directora del Das lo niega Al senador liberal Juan Fernando Cristo el gobierno le sacó un comunicado en el que lo acusa de haber ofrecido dinero del narcotráfico a campañas al Congreso en 1991. Cristo reviró y dijo que iba a acudir a instancias internacionales para defenderse El episodio del testigo ‘Tasmania’ que buscaba enlodar al magistrado que lidera la para-política, Iván Velásquez, resultó siendo un montaje según la Fiscalía
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El escándalo que desató la entrada a escondidas de Antonio López, alias 'Job', de la tenebrosa 'oficina de Envigado' y enviado del jefe paramilitar 'don Berna' a la Casa de Nariño, para llevar información contra la Corte a miembros de la guardia pretoriana de Uribe, es apenas el más reciente de esos escándalos.
Uno de los episodios más recordados es el ya célebre caso de 'Tasmania', el cual la propia Fiscalía calificó hace pocas semanas como un "burdo montaje". Se trataba de acabar con el prestigio del investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez y quien para ese entonces -septiembre del año pasado- le había abierto investigación a Mario Uribe, el primo del Presidente.
Lo que el país ha conocido de ese caso es que el paramilitar 'Tasmania' mandó una carta al primer mandatario para denunciar al magistrado de la Corte por ofrecerle beneficios judiciales a cambio de implicar al Jefe de Estado en un asesinato. Pero el detalle de lo que ocurrió, que es lo que muestra de donde viene el montaje, no se ha contado. Hace menos de dos meses, 'Tasmania' se retractó y confesó que el abogado Sergio González le llevó esa carta para que la firmara y le prometió que le darían una casa y dinero si declaraba contra Iván Velásquez. ¿Quién es González? No solo es vecino del hermano del Presidente, Santiago Uribe, y el día anterior al de la firma de la carta había almorzado con Mario Uribe, sino que el propio 'Tasmania' al retractarse le dijo al CTI que cuando el abogado González le hizo firmar la misiva, le advirtió que le traía mensajes de Mario Uribe y Santiago Uribe. Como si fuera poco, uno de los hombres del círculo íntimo del Presidente le admitió a SEMANA que de Palacio llamaron al DAS para que fueran en busca de la carta, de tal manera que el documento no tuvo que seguir el trámite normal sino que llegó expedito al escritorio del primer mandatario.
Pero la intención de desacreditar al alto tribunal no se ha quedado en los episodios de 'Job' y 'Tasmania'. A la Corte Suprema le han llegado alertas de organismos del Estado en el sentido de que sus magistrados están siendo rastreados por agentes de seguridad. Hace unos meses, y según pudo establecer esta revista, un grupo de detectives del DAS llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a revisar los libros de registro de abogados para buscar en las listas nombres de algunos magistrados de la Corte con el propósito de saber si en su tiempo de litigio han defendido clientes relacionados con el narcotráfico. La directora del DAS niega categóricamente todos los señalamientos. "No se ha dado ninguna orden en ese sentido desde el nivel central en Bogotá", dijo a SEMANA.
También en la Dirección Nacional de Impuestos al parecer ha habido indagaciones del mismo tipo. "Tenemos información de que el gobierno está averiguando en la Dian por nuestro historial tributario", dijo uno de los magistrados de la Corte Suprema a SEMANA.
La situación se vuelve más compleja si a esto se le suma que asesores del Presidente de la República han intentado mandar a hacer grabaciones clandestinas. Una de las piezas más polémicas del episodio 'Job' es un video en el cual un abogado (Henry Anaya) se hace pasar como hombre muy cercano a la Corte y le dice al apoderado de 'don Berna' que puede conseguir favores de la Corte para su cliente a cambio de 15.000 dólares. La denuncia era bomba porque pondría en tela de juicio la honradez de los magistrados.
Sin embargo, una grabación hecha por ex paramilitares no tendría mucha presentación. En la Casa de Nariño llamaron entonces al DAS para pedir que instalaran micrófonos ocultos e interceptaran los teléfonos del magistrado Iván Velásquez y del abogado Anaya no solo para tratar de ratificar la relación entre ambos sino también para tener grabaciones 'legales' que respaldaran el escándalo.
En el DAS la petición no fue atendida. "A nosotros nos han llamado funcionarios de la Casa de Nariño para que hagamos seguimientos y hagamos interceptaciones telefónicas, pero no nos hemos prestado para eso", dijo un funcionario del organismo de seguridad a SEMANA. En ese contexto no resultan entonces extraños los roces que se han dado entre la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y miembros del círculo más cercano del Presidente. Incluso algunos medios han hablado de su inminente salida del DAS por diferencias con la Casa de Nariño.
Otro episodio polémico en esta estrategia fue la publicación, en abril de este año, de una denuncia según la cual 23 magistrados de las Cortes viajaron a Neiva en un vuelo chárter pagado por Ascencio Reyes, un cuestionado empresario, conocido de tiempo atrás en las Cortes y en la Fiscalía.
Las Cortes quedaron muy mal paradas con el episodio y aun hoy dicen que Reyes no pagó el viaje. Pero, más allá del legítimo cuestionamiento que se les ha hecho a los magistrados, resulta insólito que la investigación de lo ocurrido fuera llevada a cabo por miembros de la Casa de Nariño y filtrada desde allí a los medios de comunicación. ¿Qué hacen asesores del Presidente investigando a los magistrados? Aun más, ¿por qué estaban esculcando un caso que ocurrió en 2006?
Y esa no es la única filtración de expedientes que han hecho a los medios de comunicación. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe fue enfático en decir que la información que 'Job' llevó a Palacio contra la Corte no se la habían entregado a las autoridades porque era "irrelevante", lo paradójico es que sí se la entregaron a un medio de comunicación con la intención de que éste la publicara. Incluso, las trascripciones hechas por la Casa de Nariño y entregadas al medio tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en los audios.
Y como si fuera poco, ahora esa actitud de fabricar ataques que ronda en el ambiente palaciego ha puesto su mira ya no sólo sobre la Corte sino que la ha intensificado en la oposición política. La consigna pareciera ser que la mejor defensa es el ataque.
Si se recopilan todas las andanadas de la Casa de Nariño de los últimos días se encuentra que se han encargado de desempolvar desde un decreto de hace 15 años del gobierno de César Gaviria (ver artículo en la página siguiente), hasta viejos archivos de prensa de hace 18 años que hablan de un llamado a indagatoria al senador liberal Juan Fernando Cristo.
La información contra Cristo no salió de manera clandestina de Palacio, por el contrario, fue dada a conocer por un comunicado de prensa. Lo cual indica que la estrategia contra los liberales existe como un propósito político de bajarle la guardia frente a la opinión a quienes son unos permanentes opositores.
Fuentes de la Registraduría General de la Nación aseguraron a SEMANA que los libros contables de las campañas políticas de los liberales, que son documentos públicos, han sido consultados por personas cercanas al gobierno.
Y el presidente Uribe pidió que investigaran a uno de los periodistas más críticos del régimen, Daniel Coronell, pues considera que es un delito que haya guardado varios años el video con la confesión de Yidis Medina en el que asegura que le compraron su voto a favor de la reelección. La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su vicepresidente Enrique Santos, dijo que el procedimiento de Coronell no riñe con la ética periodística.
Frente a toda esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, ha salido a denunciar que se trata de un complot desde la Casa de Nariño contra la Corte. Y el viernes pasado, el propio Ricaurte en un seminario en Cartagena volvió sobre el tema de los ataques del gobierno y lanzó una frase lapidaria: "La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad".
Y ante el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro O. Despouy, Ricaurte soltó otra bomba de profundidad. Denunció que el presidente Álvaro Uribe amenaza la independencia judicial "cuando dirige críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en las que nos tilda de prevaricadores, de golpistas, de tener un sesgo ideológico, de comparar nuestras decisiones con pescas milagrosas y de señalarnos de cohonestadores del terrorismo y de calificar nuestras actuaciones como un coletazo agónico del terrorismo". El relator de la ONU sólo atinó a decir: "Me siento preocupado por los testimonios que he recibido".
Es muy cierto que todos los Estados deben protegerse de infiltraciones de la mafia o posibles atentados contra la seguridad nacional provenientes de grupos ilegales o de fuerzas desestabilizadoras, como ha ocurrido en la historia reciente de Colombia. Pero una cosa es la legítima y necesaria defensa del gobierno frente al crimen organizado y otra, muy distinta, que desde el alto gobierno se utilice el poder del Estado para hacer un trabajo sucio que pretende salpicar a los poderes que le hacen un contrapeso constitucional al poder Ejecutivo, imprescindible en cualquier democracia, y que termina haciéndoles un gran daño a las instituciones del país.
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lunes, 8 de septiembre de 2008
El pasado no perdona
El pasado no perdona
La detención del general Rito Alejo del Río abre el capítulo de los nexos entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares.
En la historia de Colombia quizá no existe un militar más cuestionado que Rito Alejo del Río. Su nombre aparece en diversos informes sobre violaciones a los derechos humanos de organismos internacionales. Las ONG lo consideran el símbolo del terrorismo de Estado. El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa hace nueve años por sus presuntos vínculos con los paramilitares, lo que también llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a retirarlo del Ejército ese mismo año. La Fiscalía lo investigó durante cinco años, y tuvo un breve período en la cárcel. La preclusión de esta investigación en 2004 desató una controversia que aún hoy continúa.
Este controvertido general, odiado por muchos, y aclamado como un héroe por otros, fue capturado por segunda vez el jueves pasado, al finalizar un almuerzo con su familia en el Club Militar de Bogotá. Los fiscales del CTI se le acercaron y de manera discreta, sin armas ni uniformes, le anunciaron la detención. En dos camionetas civiles lo llevaron hasta el búnker de la Fiscalía. El general especuló durante el trayecto sobre los motivos de su detención. Por unos momentos alegó que estaba protegido por el fuero militar. Después decidió que las ONG le estaban molestando con alguna denuncia. Pero sólo cuando se enteró de que se le acusa de homicidio en persona protegida, palideció. No recordaba cuál era la Operación Génesis, que él mismo ordenó en 1997, ni quién era Marino López, un campesino que fue asesinado por los paramilitares, y de cuya muerte se le considera cómplice.
Los hechos que reposan en el expediente y que motivaron su captura son escalofriantes. El 24 de febrero de 1997 el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII con sede en Urabá, ordenó que se iniciara la Operación Génesis que tenía como propósito retomar zonas con presencia guerrillera en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio, Chocó. Una región adyacente al Golfo de Urabá. Según testimonios de los habitantes de esta zona, los bombardeos del Ejército fueron tan violentos que de inmediato se desplazaron más de 2.000 campesinos. Otros se quedaron, sólo para ver la terrible incursión de paramilitares y militares que, según testimonios del expediente, actuaron conjuntamente en las riberas de los ríos Cacarica y Salaquí.
Tres días después de los bombardeos, ya la zona estaba copada por los hombres de las autodefensas (Bloque Élmer Cárdenas), comandados por el ‘Alemán’. Cerca de 30 paramilitares llegaron a una comunidad llamada Bijao. Allí se encontraron a Marino López, un agricultor de contextura maciza, que tenía a lo sumo 30 años, y dos hijos pequeños. Lo obligaron a bajar varios cocos para calmar la sed con el agua. Marino, invadido por el miedo, cumplió la orden y se trepó a las palmeras. Una vez saciados, un paramilitar desenvainó el machete y en cuestión de segundos le cortó una mano al campesino. Éste se lanzó al río, intentando huir, pero ante la inminencia de que no sobreviviría, se devolvió. Al salir a la orilla, el filo mortal del machete lo esperaba y de un solo golpe, fue decapitado. Luego, su cuerpo aún tembloroso fue cortado en pedazos ante la mirada estupefacta de sus vecinos. Como si fuera poco, los paramilitares tomaron la cabeza de Marino y la patearon en varias ocasiones –dice el expediente–, como si se tratara de un balón de fútbol, a la vista de una niña, una mujer y un hombre. Después de este episodio, y a lo largo de un año, este grupo de paramilitares tomó posesión de ese territorio y cometió en ese lapso otros 81 crímenes, casi todos documentados.
Este increíble episodio de sevicia y crueldad ha sido relatado muchas veces por los sobrevivientes de esta zona –organizados en Cavida, y por Justicia y Paz, organización cristiana que ha liderado el sacerdote jesuita Javier Giraldo– ante la Fiscalía y ante organismos de derechos humanos. Muchos pensaban que podría ser más leyenda que realidad. Pero varios paramilitares confesaron en sus versiones libres esta incursión, y por lo menos cuatro de ellos, incluido Freddy Rendón el ‘Alemán’, han ratificado que “se trató de una operación conjunta” con la Brigada XVII del Ejército, que comandaba Rito Alejo del Río.
Historia de vida
Pero este es apenas un episodio en una larga cadena de denuncias que han convertido al general Del Río en una leyenda negra. Cuando era apenas teniente coronel en el Magdalena Medio, ya sonaba su nombre asociado a los paramilitares. Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir”, quizá el más temido sicario de la primera generación de los paramilitares, dijo en una indagatoria en 1995 que Rito Alejo del Río se había reunido con las autodefensas de Puerto Boyacá en varias ocasiones. Otro testigo incluso afirmó que el entonces coronel había facilitado el transporte de varios fusiles desde Medellín hasta el Magdalena Medio. No obstante, Rito Alejo del Río siguió siendo uno de los hombres fuertes del Ejército. Un oficial considerado tropero, que daba excelentes resultados y mostraba grandes cifras de bajas en el bando enemigo. Su fama creció, así como sus medallas de honor, y a principios de los 90 obtuvo como premio un viaje al Sinaí, lo que se considera un privilegio reservado a los mejores en las Fuerzas Militares.
Pero sería a mediados de la década pasada cuando llegaría al cenit de su carrera y su fama. En diciembre de 1995, ya convertido en General de la República, asumió la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, en un momento en el que la región afrontaba uno de sus peores momentos de violencia guerrillera.
Después de la desmovilización de la guerrilla del EPL la región se había hundido en un caos político y una honda disputa armada entre las Farc, que les declaró la guerra a los desmovilizados, un sector de estos que se rearmó y que, peor aún, buscó el amparo de los paramilitares. Las masacres eran pan de todos los días y la disputa por el control de la región era a muerte entre los paras y las Farc.
En medio de esta guerra, en diciembre de 1995, llegó Rito Alejo del Río a la región. Cuando salió de ella, dos años después, la guerra ya había sido ganada por el Estado en alianza con los paramilitares. La guerrilla había sido arrojada a la periferia de Urabá, y reducida a su mínima expresión en esa región del país. Por eso Del Río se convirtió para empresarios, comerciantes, ganaderos en el ‘pacificador’ y Urabá en un modelo que todos querían replicar.
Pero el modelo estaba lejos de ser ejemplar. En los años que Rito Alejo estuvo al frente de la Brigada en Urabá, la guerra se recrudeció. Entre 1995 y 1997 en esta zona hubo 216 muertes por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Vicepresidencia de la República. Los paramilitares lograron apoderarse de la región e imponer un régimen de terror excluyente y mafioso. Todas las empresas de la región, incluidas multinacionales como Chiquita Brands tuvieron que pagarles altas extorsiones para financiar a sus ejércitos privados. Desplazaron a miles de campesinos, robaron tierras, y el narcotráfico se apropió de una de las esquinas más estratégicas del país, que conecta los dos océanos. Acumularon mucho de ese poder gracias a la complacencia y la connivencia de los militares, que si bien no se inició, al parecer sí se exacerbó con el paso del ‘pacificador’ por la Brigada XVII.
Desde allí Rito Alejo del Río, con el apoyo de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, y del propio gobernador Álvaro Uribe Vélez, promovió abiertamente la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir. El único problema es que, según se sabía en la época, y parece demostrado hoy, muchas de éstas pertenecían a los paramilitares. Pedro Hazbún, Antonio Peñuela, y otros paramilitares hoy desmovilizados fueron los líderes de las Convivir, que obraron apenas como fachadas para sus campañas de exterminio. “Todas las Convivir eran nuestras” ha dicho en su versión libre Éver Veloza, conocido como ‘H.H.’ y quien fue el jefe militar de Urabá, bajo órdenes directas de Carlos Castaño.
Como si fuera poco, algunas organizaciones de derechos humanos relacionan a la Brigada XVII comandada por Rito Alejo del Río con desapariciones forzadas. El Banco de Datos del Cinep en su libro Deuda con la Humanidad cuenta que Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Brigada XVII en diciembre de 1995. Muchos testigos vieron la captura, y los familiares alcanzaron a llegar a la guarnición militar donde esperaron en la puerta para saber de ellos. Jamás se volvió a saber de su paradero, a pesar de que Del Río afirmó que habían sido liberados.
Este episodio puede llegar a complicar aún más la situación del general puesto que la desaparición forzada es un crimen que no prescribe, y porque ‘H.H.’ ha reconocido, en su versión libre, que sacó a dos hombres de la guarnición militar y que luego los mató.
Las denuncias sobre operaciones y patrullajes conjuntos entre militares y paramilitares también son múltiples. Por un lado, subalternos del general Del Río han denunciado esta complicidad ante las autoridades. En febrero de 1999 un soldado que había prestado servicios en Urabá, Oswaldo de Jesús Giraldo, declaró ante la Procuraduría que los soldados eran obligados a patrullar y apoyar a los paramilitares y que con frecuencia los asesinatos de las autodefensas era ‘legalizados’ y presentados como muertos en combate. Giraldo fue asesinado y muchas organizaciones no tienen duda de que su muerte está vinculada con sus declaraciones.
Pero quizá el testimonio más poderoso contra el general Del Río fue el del coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien siendo su segundo comandante se atrevió a denunciarlo ante sus superiores. Primero ante el general Manuel José Bonnet que había ido a inspeccionar a la Brigada, y luego ante el alto mando en Bogotá. Velásquez expresaba su preocupación porque Del Río no consideraba como una amenaza a los paramilitares y veía que claramente no tenía intención de combatirlos. Pero en lugar de ser escuchado, Velásquez fue vapuleado, sancionado severamente y finalmente separado de la institución.
Las denuncias de Velásquez y las de muchas organizaciones de la región le dieron la vuelta al mundo. Por ellas fue investigado y exonerado Del Río. La situación actual es que hay nuevos elementos que pueden revivir cargos en su contra por promoción de grupos paramilitares. En lo fundamental los testimonios de los jefes paramilitares ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso. ‘H.H.’ ha sido contundente: “El general también debe responder por los hechos que ocurrieron cuando sus tropas patrullaban directamente con nosotros y cometieron delitos con nosotros”, dijo en octubre del año pasado. También dijo que “el señor Rito Alejo se reunía con ‘Doble Cero’ y con Carlos Castaño, de quien era amigo personal”. Aunque ‘H.H.’ no fue testigo de estas reuniones, Salvatore Mancuso sí admitió que se reunió con el general Del Río, Castaño y el ‘Alemán’ en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, donde funcionaba la base principal de las AUC. Incluso Mancuso dice recordar que el general llegó con el uniforme camuflado pero en un helicóptero civil. Y agrega que en dicha reunión se habló sobre la expansión de los paramilitares.
Justamente la expansión de las autodefensas es un tema por el que el general Del Río deberá también responder. El año pasado la Fiscalía ordenó que se investigara la actuación de la Brigada XVII en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997. Como se sabe, hasta el sur del país llegaron 200 paramilitares que salieron de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó en Urabá, que eran custodiados por el Ejército, y viajaron en aviones que generalmente les prestaban servicios a los militares. Llegaron a cometer una de las peores masacres de las que se tenga memoria y aunque se ha investigado a los militares que fueron cómplices cuando llegaron al Meta, apenas se empieza a analizar a quienes propiciaron su salida de Urabá, cuyo mando estaba en manos del general Del Río.
De la gloria a la cárcel
Aunque el general Rito Alejo del Río salió de Urabá en medio de aplausos por sus resultados en la lucha antisubversiva ese mismo año, exhibiendo en el pecho una condecoración que le otorgó el gobernador de Antioquia, su carrera estaba por terminar abruptamente. Tuvo un fugaz pero controvertido paso por la Brigada XIII con sede en Cundinamarca, pues su hombre de confianza y jefe de inteligencia, tanto en Urabá como en la Brigada XIII, era el coronel Alfonso Plazas Acevedo, quien resultó involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari, hecho que destapó una red de corrupción dentro de un sector militar, especialmente en el área de inteligencia. Rito Alejo logró sortear la crisis y seguir su carrera ascendente, pues pasó a convertirse en jefe de operaciones del Ejército, cargo que lo ponía muy cerca de ser comandante general del Ejército.
Pero para 1999 su situación era insostenible. En Estados Unidos estaba por aprobarse el programa de cooperación militar más ambicioso del continente para Colombia, pero el récord de violaciones de derechos humanos era un obstáculo enorme. En todos los informes del Departamento de Estado el nombre de Rito Alejo del Río se repetía sin cesar vinculado al de los paramilitares en múltiples violaciones de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos le canceló la visa Del Río y a otros generales, y en cuestión de días el entonces presidente Andrés Pastrana lo separó de las Fuerzas Armadas. Para entonces ya la Fiscalía tenía un grueso expediente que le dio paso a una tortuosa investigación judicial.
Pero no todo eran dardos contra el general. Inmediatamente se supo de su retiro un grupo de amigos, indignados, le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama, que estuvo lleno hasta las banderas. Asistieron, entre otros, Fernando Londoño Hoyos, empresarios, ex ministros, líderes de opinión, y como orador principal estaba el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. En el acto hubo consenso entre los asistentes de que todo se debía a una campaña de las ONG, y a la guerra política de la guerrilla. Por eso la pancarta al fondo del salón rojo decía: ‘Somos el país que no se rinde’.
Las presiones sobre la Fiscalía y los testigos fueron inmensas. Por ejemplo, un ex concejal de Urabá, José de Jesús Germán, que le había ofrecido a la Fiscalía un testimonio sobre un asesinato que presumiblemente implicaba a Del Río, fue asesinado dos días antes de cumplir su cita con la justicia. Aun así en julio de 2001 la Fiscalía detuvo al general Rito Alejo del Río, en una decisión que causó gran revuelo. Una semana después la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento, decisión duramente criticada por Luis Camilo Osorio, quien se acababa de posesionar como Fiscal General. Pero la detención duró poco. Un juez ordenó su libertad luego de atender un recurso de habeas corpus. El episodio generó una crisis dentro de la Fiscalía y la renuncia de varios funcionarios (ver recuadro). La investigación se estancó por mucho tiempo hasta que, en 2004, Osorio decidió precluir el proceso.
Mientras tanto Rito Alejo del Río, en uso de buen retiro, se había dedicado a las asesorías privadas. Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en asesor del director del DAS Jorge Noguera. También se había lanzado como candidato al Senado, sin obtener los votos suficientes.
Sin embargo el nombre del general salió a relucir cada vez más en las versiones de los paramilitares. “¿Dónde está el pacificador de Urabá?” había dicho desafiante ‘H.H.’ hace pocas semanas. Al mismo tiempo, la Unidad de Derechos Humanos seguía adelante en la investigación por el asesinato de Marino López, el hombre que en Cacarica había sido decapitado y su cabeza convertida en balón de fútbol, y cada vez aparecían más testimonios que reforzaban la tesis de que este crimen se había cometido en el contexto de una operación conjunta de militares y paramilitares en el Urabá chocoano. Tan insostenible era la situación que la semana anterior la Procuraduría pidió que se rea-
briera el caso de Del Río. Hasta que a mediados de la semana pasada el fiscal 14 de la Unidad de Derechos Humanos expidió la orden de captura contra el general Rito Alejo del Río por el delito de homicidio en persona protegida.
Lo que se viene
“Si a mí me detienen no va a quedar títere con cabeza”, le había dicho el general Del Río a un periodista, horas ante de su captura. Y es que con su expediente se abre un largo y seguramente doloroso capítulo de la verdad de la guerra: el estrecho vínculo que tuvo un ala importante e influyente de los militares, con los paramilitares.
Un general que pidió la reserva de su nombre dice que esta alianza se dio en muchos casos por corrupción, y en otros por ideología. Algunos altos oficiales terminaron involucrados con las autodefensas y el narcotráfico, por el dinero, por aparecer en sus nóminas y simplemente por mirar para otro lado. Otros, sencillamente porque creyeron que frente a la cruenta ofensiva de la guerrilla, que tenía desesperadas a varias regiones del país, era necesario hacer este tipo de alianzas. Pensaron, erróneamente, que los actos de los paramilitares, basados en la premisa de quitarle el agua al pez –acabar con la sociedad civil que le sirve de sustento a la insurgencia– les daría una ventaja militar, y los llevaría a ganar la guerra.
Para muchos colombianos, sobre todo quienes padecieron los embates de la violencia guerrillera, lo que sucedió en Urabá con Rito Alejo, y en muchas otras regiones del país, hay que mirarlo dentro del difícil contexto histórico de la época. Para ellos, son circunstancias de fuerza mayor ante un peligro inminente de fuerzas que podían desestabilizar al Estado.
Pero muy tarde, quizá, estos colombianos se dieron cuenta de que la connivencia del Estado con la ilegalidad destruye la legitimidad de las instituciones y que la alianza con los paramilitares, sólo les hizo perder terreno como Fuerzas Militares y alimentó un monstruo como el paramilitarismo que 10 años después puso en jaque al país. Esto le ocurrió no sólo a quienes actuaron de la mano con las autodefensas, sino a quienes actuaron como si éstas no existieran, mirando para otro lado.
Durante muchos años en sectores de los militares se enquistó el discurso de que la reivindicación de los derechos humanos, y las denuncias por sus violaciones, eran un obstáculo para ganar la guerra. Los rotundos éxitos recientes que han tenido las Fuerzas Militares en la lucha contra las Farc han demostrado todo lo contrario. Operaciones como Jaque, donde primó la inteligencia y el respeto a la integridad de los rehenes, o las capturas y desmovilizaciones de importantes jefes guerrilleros como ‘Martín Sombra’ o ‘Karina’, le han dado una ventaja estratégica a las Fuerzas Armadas, y les han hecho ganar el respeto y la confianza dentro y fuera del país.
Rito Alejo del Río simboliza de alguna forma el pasado de unas Fuerzas Militares que consideraron a los grupos de autodefensa un mal menor frente a lo que significaban las guerrillas. Una visión que aunque persiste en algunos sectores, está siendo superada por una nueva generación de oficiales que ha sentido en carne propia la presión internacional, y la necesidad de ganar las batallas sin perder la legitimidad.
Pero eso no quiere decir que lo que se viene no sea profundamente doloroso. A pesar de que los paramilitares han mencionado ya a más de 30 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el capítulo de la alianza militar y paramilitar apenas comienza, y puede ser tan o más doloroso y difícil que el de la para-política. Obviamente en una institución tan numerosa en miembros como la castrense las cifras de implicados pueden resultar mucho mayores. Además, a diferencia del Congreso, los militares estuvieron durante muchos años por fuera del escrutinio público, protegidos por el fuero y por el secreto de guerra. Aspectos que se han flexibilizado mucho más.
Esta coyuntura puede resultar difícil para un país que aún está en guerra, pues los errores del Estado pueden ser capitalizados por sus enemigos, en este caso las Farc. Pero, por difícil que resulte, es necesario. Solamente sobre la base del reconocimiento de un pasado donde hubo grandes equívocos, se pueden sentar las bases de una cultura militar moderna, eficaz y civilizada.
Quizá el proceso contra Rito Alejo del Río se convierta en la oportunidad de hacer una catarsis, que redunde en un fortalecimiento de las instituciones.
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La detención del general Rito Alejo del Río abre el capítulo de los nexos entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares.
En la historia de Colombia quizá no existe un militar más cuestionado que Rito Alejo del Río. Su nombre aparece en diversos informes sobre violaciones a los derechos humanos de organismos internacionales. Las ONG lo consideran el símbolo del terrorismo de Estado. El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa hace nueve años por sus presuntos vínculos con los paramilitares, lo que también llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a retirarlo del Ejército ese mismo año. La Fiscalía lo investigó durante cinco años, y tuvo un breve período en la cárcel. La preclusión de esta investigación en 2004 desató una controversia que aún hoy continúa.
Este controvertido general, odiado por muchos, y aclamado como un héroe por otros, fue capturado por segunda vez el jueves pasado, al finalizar un almuerzo con su familia en el Club Militar de Bogotá. Los fiscales del CTI se le acercaron y de manera discreta, sin armas ni uniformes, le anunciaron la detención. En dos camionetas civiles lo llevaron hasta el búnker de la Fiscalía. El general especuló durante el trayecto sobre los motivos de su detención. Por unos momentos alegó que estaba protegido por el fuero militar. Después decidió que las ONG le estaban molestando con alguna denuncia. Pero sólo cuando se enteró de que se le acusa de homicidio en persona protegida, palideció. No recordaba cuál era la Operación Génesis, que él mismo ordenó en 1997, ni quién era Marino López, un campesino que fue asesinado por los paramilitares, y de cuya muerte se le considera cómplice.
Los hechos que reposan en el expediente y que motivaron su captura son escalofriantes. El 24 de febrero de 1997 el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII con sede en Urabá, ordenó que se iniciara la Operación Génesis que tenía como propósito retomar zonas con presencia guerrillera en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio, Chocó. Una región adyacente al Golfo de Urabá. Según testimonios de los habitantes de esta zona, los bombardeos del Ejército fueron tan violentos que de inmediato se desplazaron más de 2.000 campesinos. Otros se quedaron, sólo para ver la terrible incursión de paramilitares y militares que, según testimonios del expediente, actuaron conjuntamente en las riberas de los ríos Cacarica y Salaquí.
Tres días después de los bombardeos, ya la zona estaba copada por los hombres de las autodefensas (Bloque Élmer Cárdenas), comandados por el ‘Alemán’. Cerca de 30 paramilitares llegaron a una comunidad llamada Bijao. Allí se encontraron a Marino López, un agricultor de contextura maciza, que tenía a lo sumo 30 años, y dos hijos pequeños. Lo obligaron a bajar varios cocos para calmar la sed con el agua. Marino, invadido por el miedo, cumplió la orden y se trepó a las palmeras. Una vez saciados, un paramilitar desenvainó el machete y en cuestión de segundos le cortó una mano al campesino. Éste se lanzó al río, intentando huir, pero ante la inminencia de que no sobreviviría, se devolvió. Al salir a la orilla, el filo mortal del machete lo esperaba y de un solo golpe, fue decapitado. Luego, su cuerpo aún tembloroso fue cortado en pedazos ante la mirada estupefacta de sus vecinos. Como si fuera poco, los paramilitares tomaron la cabeza de Marino y la patearon en varias ocasiones –dice el expediente–, como si se tratara de un balón de fútbol, a la vista de una niña, una mujer y un hombre. Después de este episodio, y a lo largo de un año, este grupo de paramilitares tomó posesión de ese territorio y cometió en ese lapso otros 81 crímenes, casi todos documentados.
Este increíble episodio de sevicia y crueldad ha sido relatado muchas veces por los sobrevivientes de esta zona –organizados en Cavida, y por Justicia y Paz, organización cristiana que ha liderado el sacerdote jesuita Javier Giraldo– ante la Fiscalía y ante organismos de derechos humanos. Muchos pensaban que podría ser más leyenda que realidad. Pero varios paramilitares confesaron en sus versiones libres esta incursión, y por lo menos cuatro de ellos, incluido Freddy Rendón el ‘Alemán’, han ratificado que “se trató de una operación conjunta” con la Brigada XVII del Ejército, que comandaba Rito Alejo del Río.
Historia de vida
Pero este es apenas un episodio en una larga cadena de denuncias que han convertido al general Del Río en una leyenda negra. Cuando era apenas teniente coronel en el Magdalena Medio, ya sonaba su nombre asociado a los paramilitares. Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir”, quizá el más temido sicario de la primera generación de los paramilitares, dijo en una indagatoria en 1995 que Rito Alejo del Río se había reunido con las autodefensas de Puerto Boyacá en varias ocasiones. Otro testigo incluso afirmó que el entonces coronel había facilitado el transporte de varios fusiles desde Medellín hasta el Magdalena Medio. No obstante, Rito Alejo del Río siguió siendo uno de los hombres fuertes del Ejército. Un oficial considerado tropero, que daba excelentes resultados y mostraba grandes cifras de bajas en el bando enemigo. Su fama creció, así como sus medallas de honor, y a principios de los 90 obtuvo como premio un viaje al Sinaí, lo que se considera un privilegio reservado a los mejores en las Fuerzas Militares.
Pero sería a mediados de la década pasada cuando llegaría al cenit de su carrera y su fama. En diciembre de 1995, ya convertido en General de la República, asumió la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, en un momento en el que la región afrontaba uno de sus peores momentos de violencia guerrillera.
Después de la desmovilización de la guerrilla del EPL la región se había hundido en un caos político y una honda disputa armada entre las Farc, que les declaró la guerra a los desmovilizados, un sector de estos que se rearmó y que, peor aún, buscó el amparo de los paramilitares. Las masacres eran pan de todos los días y la disputa por el control de la región era a muerte entre los paras y las Farc.
En medio de esta guerra, en diciembre de 1995, llegó Rito Alejo del Río a la región. Cuando salió de ella, dos años después, la guerra ya había sido ganada por el Estado en alianza con los paramilitares. La guerrilla había sido arrojada a la periferia de Urabá, y reducida a su mínima expresión en esa región del país. Por eso Del Río se convirtió para empresarios, comerciantes, ganaderos en el ‘pacificador’ y Urabá en un modelo que todos querían replicar.
Pero el modelo estaba lejos de ser ejemplar. En los años que Rito Alejo estuvo al frente de la Brigada en Urabá, la guerra se recrudeció. Entre 1995 y 1997 en esta zona hubo 216 muertes por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Vicepresidencia de la República. Los paramilitares lograron apoderarse de la región e imponer un régimen de terror excluyente y mafioso. Todas las empresas de la región, incluidas multinacionales como Chiquita Brands tuvieron que pagarles altas extorsiones para financiar a sus ejércitos privados. Desplazaron a miles de campesinos, robaron tierras, y el narcotráfico se apropió de una de las esquinas más estratégicas del país, que conecta los dos océanos. Acumularon mucho de ese poder gracias a la complacencia y la connivencia de los militares, que si bien no se inició, al parecer sí se exacerbó con el paso del ‘pacificador’ por la Brigada XVII.
Desde allí Rito Alejo del Río, con el apoyo de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, y del propio gobernador Álvaro Uribe Vélez, promovió abiertamente la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir. El único problema es que, según se sabía en la época, y parece demostrado hoy, muchas de éstas pertenecían a los paramilitares. Pedro Hazbún, Antonio Peñuela, y otros paramilitares hoy desmovilizados fueron los líderes de las Convivir, que obraron apenas como fachadas para sus campañas de exterminio. “Todas las Convivir eran nuestras” ha dicho en su versión libre Éver Veloza, conocido como ‘H.H.’ y quien fue el jefe militar de Urabá, bajo órdenes directas de Carlos Castaño.
Como si fuera poco, algunas organizaciones de derechos humanos relacionan a la Brigada XVII comandada por Rito Alejo del Río con desapariciones forzadas. El Banco de Datos del Cinep en su libro Deuda con la Humanidad cuenta que Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Brigada XVII en diciembre de 1995. Muchos testigos vieron la captura, y los familiares alcanzaron a llegar a la guarnición militar donde esperaron en la puerta para saber de ellos. Jamás se volvió a saber de su paradero, a pesar de que Del Río afirmó que habían sido liberados.
Este episodio puede llegar a complicar aún más la situación del general puesto que la desaparición forzada es un crimen que no prescribe, y porque ‘H.H.’ ha reconocido, en su versión libre, que sacó a dos hombres de la guarnición militar y que luego los mató.
Las denuncias sobre operaciones y patrullajes conjuntos entre militares y paramilitares también son múltiples. Por un lado, subalternos del general Del Río han denunciado esta complicidad ante las autoridades. En febrero de 1999 un soldado que había prestado servicios en Urabá, Oswaldo de Jesús Giraldo, declaró ante la Procuraduría que los soldados eran obligados a patrullar y apoyar a los paramilitares y que con frecuencia los asesinatos de las autodefensas era ‘legalizados’ y presentados como muertos en combate. Giraldo fue asesinado y muchas organizaciones no tienen duda de que su muerte está vinculada con sus declaraciones.
Pero quizá el testimonio más poderoso contra el general Del Río fue el del coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien siendo su segundo comandante se atrevió a denunciarlo ante sus superiores. Primero ante el general Manuel José Bonnet que había ido a inspeccionar a la Brigada, y luego ante el alto mando en Bogotá. Velásquez expresaba su preocupación porque Del Río no consideraba como una amenaza a los paramilitares y veía que claramente no tenía intención de combatirlos. Pero en lugar de ser escuchado, Velásquez fue vapuleado, sancionado severamente y finalmente separado de la institución.
Las denuncias de Velásquez y las de muchas organizaciones de la región le dieron la vuelta al mundo. Por ellas fue investigado y exonerado Del Río. La situación actual es que hay nuevos elementos que pueden revivir cargos en su contra por promoción de grupos paramilitares. En lo fundamental los testimonios de los jefes paramilitares ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso. ‘H.H.’ ha sido contundente: “El general también debe responder por los hechos que ocurrieron cuando sus tropas patrullaban directamente con nosotros y cometieron delitos con nosotros”, dijo en octubre del año pasado. También dijo que “el señor Rito Alejo se reunía con ‘Doble Cero’ y con Carlos Castaño, de quien era amigo personal”. Aunque ‘H.H.’ no fue testigo de estas reuniones, Salvatore Mancuso sí admitió que se reunió con el general Del Río, Castaño y el ‘Alemán’ en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, donde funcionaba la base principal de las AUC. Incluso Mancuso dice recordar que el general llegó con el uniforme camuflado pero en un helicóptero civil. Y agrega que en dicha reunión se habló sobre la expansión de los paramilitares.
Justamente la expansión de las autodefensas es un tema por el que el general Del Río deberá también responder. El año pasado la Fiscalía ordenó que se investigara la actuación de la Brigada XVII en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997. Como se sabe, hasta el sur del país llegaron 200 paramilitares que salieron de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó en Urabá, que eran custodiados por el Ejército, y viajaron en aviones que generalmente les prestaban servicios a los militares. Llegaron a cometer una de las peores masacres de las que se tenga memoria y aunque se ha investigado a los militares que fueron cómplices cuando llegaron al Meta, apenas se empieza a analizar a quienes propiciaron su salida de Urabá, cuyo mando estaba en manos del general Del Río.
De la gloria a la cárcel
Aunque el general Rito Alejo del Río salió de Urabá en medio de aplausos por sus resultados en la lucha antisubversiva ese mismo año, exhibiendo en el pecho una condecoración que le otorgó el gobernador de Antioquia, su carrera estaba por terminar abruptamente. Tuvo un fugaz pero controvertido paso por la Brigada XIII con sede en Cundinamarca, pues su hombre de confianza y jefe de inteligencia, tanto en Urabá como en la Brigada XIII, era el coronel Alfonso Plazas Acevedo, quien resultó involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari, hecho que destapó una red de corrupción dentro de un sector militar, especialmente en el área de inteligencia. Rito Alejo logró sortear la crisis y seguir su carrera ascendente, pues pasó a convertirse en jefe de operaciones del Ejército, cargo que lo ponía muy cerca de ser comandante general del Ejército.
Pero para 1999 su situación era insostenible. En Estados Unidos estaba por aprobarse el programa de cooperación militar más ambicioso del continente para Colombia, pero el récord de violaciones de derechos humanos era un obstáculo enorme. En todos los informes del Departamento de Estado el nombre de Rito Alejo del Río se repetía sin cesar vinculado al de los paramilitares en múltiples violaciones de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos le canceló la visa Del Río y a otros generales, y en cuestión de días el entonces presidente Andrés Pastrana lo separó de las Fuerzas Armadas. Para entonces ya la Fiscalía tenía un grueso expediente que le dio paso a una tortuosa investigación judicial.
Pero no todo eran dardos contra el general. Inmediatamente se supo de su retiro un grupo de amigos, indignados, le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama, que estuvo lleno hasta las banderas. Asistieron, entre otros, Fernando Londoño Hoyos, empresarios, ex ministros, líderes de opinión, y como orador principal estaba el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. En el acto hubo consenso entre los asistentes de que todo se debía a una campaña de las ONG, y a la guerra política de la guerrilla. Por eso la pancarta al fondo del salón rojo decía: ‘Somos el país que no se rinde’.
Las presiones sobre la Fiscalía y los testigos fueron inmensas. Por ejemplo, un ex concejal de Urabá, José de Jesús Germán, que le había ofrecido a la Fiscalía un testimonio sobre un asesinato que presumiblemente implicaba a Del Río, fue asesinado dos días antes de cumplir su cita con la justicia. Aun así en julio de 2001 la Fiscalía detuvo al general Rito Alejo del Río, en una decisión que causó gran revuelo. Una semana después la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento, decisión duramente criticada por Luis Camilo Osorio, quien se acababa de posesionar como Fiscal General. Pero la detención duró poco. Un juez ordenó su libertad luego de atender un recurso de habeas corpus. El episodio generó una crisis dentro de la Fiscalía y la renuncia de varios funcionarios (ver recuadro). La investigación se estancó por mucho tiempo hasta que, en 2004, Osorio decidió precluir el proceso.
Mientras tanto Rito Alejo del Río, en uso de buen retiro, se había dedicado a las asesorías privadas. Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en asesor del director del DAS Jorge Noguera. También se había lanzado como candidato al Senado, sin obtener los votos suficientes.
Sin embargo el nombre del general salió a relucir cada vez más en las versiones de los paramilitares. “¿Dónde está el pacificador de Urabá?” había dicho desafiante ‘H.H.’ hace pocas semanas. Al mismo tiempo, la Unidad de Derechos Humanos seguía adelante en la investigación por el asesinato de Marino López, el hombre que en Cacarica había sido decapitado y su cabeza convertida en balón de fútbol, y cada vez aparecían más testimonios que reforzaban la tesis de que este crimen se había cometido en el contexto de una operación conjunta de militares y paramilitares en el Urabá chocoano. Tan insostenible era la situación que la semana anterior la Procuraduría pidió que se rea-
briera el caso de Del Río. Hasta que a mediados de la semana pasada el fiscal 14 de la Unidad de Derechos Humanos expidió la orden de captura contra el general Rito Alejo del Río por el delito de homicidio en persona protegida.
Lo que se viene
“Si a mí me detienen no va a quedar títere con cabeza”, le había dicho el general Del Río a un periodista, horas ante de su captura. Y es que con su expediente se abre un largo y seguramente doloroso capítulo de la verdad de la guerra: el estrecho vínculo que tuvo un ala importante e influyente de los militares, con los paramilitares.
Un general que pidió la reserva de su nombre dice que esta alianza se dio en muchos casos por corrupción, y en otros por ideología. Algunos altos oficiales terminaron involucrados con las autodefensas y el narcotráfico, por el dinero, por aparecer en sus nóminas y simplemente por mirar para otro lado. Otros, sencillamente porque creyeron que frente a la cruenta ofensiva de la guerrilla, que tenía desesperadas a varias regiones del país, era necesario hacer este tipo de alianzas. Pensaron, erróneamente, que los actos de los paramilitares, basados en la premisa de quitarle el agua al pez –acabar con la sociedad civil que le sirve de sustento a la insurgencia– les daría una ventaja militar, y los llevaría a ganar la guerra.
Para muchos colombianos, sobre todo quienes padecieron los embates de la violencia guerrillera, lo que sucedió en Urabá con Rito Alejo, y en muchas otras regiones del país, hay que mirarlo dentro del difícil contexto histórico de la época. Para ellos, son circunstancias de fuerza mayor ante un peligro inminente de fuerzas que podían desestabilizar al Estado.
Pero muy tarde, quizá, estos colombianos se dieron cuenta de que la connivencia del Estado con la ilegalidad destruye la legitimidad de las instituciones y que la alianza con los paramilitares, sólo les hizo perder terreno como Fuerzas Militares y alimentó un monstruo como el paramilitarismo que 10 años después puso en jaque al país. Esto le ocurrió no sólo a quienes actuaron de la mano con las autodefensas, sino a quienes actuaron como si éstas no existieran, mirando para otro lado.
Durante muchos años en sectores de los militares se enquistó el discurso de que la reivindicación de los derechos humanos, y las denuncias por sus violaciones, eran un obstáculo para ganar la guerra. Los rotundos éxitos recientes que han tenido las Fuerzas Militares en la lucha contra las Farc han demostrado todo lo contrario. Operaciones como Jaque, donde primó la inteligencia y el respeto a la integridad de los rehenes, o las capturas y desmovilizaciones de importantes jefes guerrilleros como ‘Martín Sombra’ o ‘Karina’, le han dado una ventaja estratégica a las Fuerzas Armadas, y les han hecho ganar el respeto y la confianza dentro y fuera del país.
Rito Alejo del Río simboliza de alguna forma el pasado de unas Fuerzas Militares que consideraron a los grupos de autodefensa un mal menor frente a lo que significaban las guerrillas. Una visión que aunque persiste en algunos sectores, está siendo superada por una nueva generación de oficiales que ha sentido en carne propia la presión internacional, y la necesidad de ganar las batallas sin perder la legitimidad.
Pero eso no quiere decir que lo que se viene no sea profundamente doloroso. A pesar de que los paramilitares han mencionado ya a más de 30 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el capítulo de la alianza militar y paramilitar apenas comienza, y puede ser tan o más doloroso y difícil que el de la para-política. Obviamente en una institución tan numerosa en miembros como la castrense las cifras de implicados pueden resultar mucho mayores. Además, a diferencia del Congreso, los militares estuvieron durante muchos años por fuera del escrutinio público, protegidos por el fuero y por el secreto de guerra. Aspectos que se han flexibilizado mucho más.
Esta coyuntura puede resultar difícil para un país que aún está en guerra, pues los errores del Estado pueden ser capitalizados por sus enemigos, en este caso las Farc. Pero, por difícil que resulte, es necesario. Solamente sobre la base del reconocimiento de un pasado donde hubo grandes equívocos, se pueden sentar las bases de una cultura militar moderna, eficaz y civilizada.
Quizá el proceso contra Rito Alejo del Río se convierta en la oportunidad de hacer una catarsis, que redunde en un fortalecimiento de las instituciones.
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vuelve el general (r) Rito Alejo Del Río a prisión
vuelve el general (r) Rito Alejo Del Río a prisión
Foto: José Luis Cubillos / Fiscalía
El general (r) Rito Alejo del Río fue detenido ayer en horas de la tarde. En la foto, al llegar al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
Tendrá que responder por crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares cuando se desempeñó como Comandante de la Brigada XVII del Ejército entre 1995 y 1997.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron ayer en el Club Militar, en el centro occidente de Bogotá, y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía. Por su delicado estado de salud (se repone de una operación), Del Río será remitido a una unidad militar en la que cuente con la atención médica que requiere su caso.
Aunque la orden de captura se produce en la misma semana en la que la Procuraduría, a instancias de la Fiscalía, pidió a la Corte que reabra el caso contra Del Río que cerró hace cuatro años el entonces fiscal General Luis Camilo Osorio, las dos decisiones no tienen relación directa.
Los hechos que llevaron a la segunda captura del general (r) no fueron tenidos en cuenta durante el primer proceso, que es el que la Procuraduría pide reabrir.
La Fiscalía desempolvó varias declaraciones de hace una década y viajó recientemente a la zona a confrontarlas. Además, las cotejó con lo que aseguraron ante Justicia y Paz varios ex 'paras', entre ellos jefes como Salvatore Mancuso y Heber Veloza, conocido como 'H.H'.
Desplazamientos en el Cacarica
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos considera que todo ese material comprometería a Rito Alejo Del Río con delitos de lesa humanidad como homicidios de personas protegidas, desplazamiento y desapariciones forzadas. El martes, el fiscal Mario Iguarán había dicho que la Fiscalía investigaba a Del Río por delitos de tal gravedad que eran imprescriptibles.
La Fiscalía tiene testimonios de familiares de víctimas y de habitantes de la zona del río Cacarica que sostienen que en 1997 los paramilitares barrieron la región en compañía de tropas de la Brigada 17.
Lo que señala la investigación es que, a la sombra de la operación 'Génesis', que Del Río lanzó en febrero de 1997, los 'paras' de Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera ('el Alemán') cometieron decenas de homicidios y desapariciones en contra de las comunidades negras e indígenas de la zona a las que señalaban de auxiliar al frente 57 de las Farc.
Después de 'Génesis', según las cifras que se manejan en el expediente, unas tres mil personas tuvieron que huir de sus territorios ancestrales y ese desplazamiento fue aprovechado para el arranque de grandes proyectos agroindustriales en la región, especialmente de palma africana.
"Militares y Auc causaron una ola de terror", dijo uno de los investigadores que conocen el caso.
El fiscal General, Mario Iguarán Arana, dijo ayer en Cartagena, donde se lleva a cabo un encuentro nacional de la justicia ordinaria, que uno de los casos que podrían enredar al general es la muerte de un campesino, llamado Marino López, quien fue decapitado por los paramilitares en su recorrido de muerte por el Cacarica, en las selvas de Chocó.
La información que tiene la Fiscalía es que los 'paras' jugaron fútbol con la cabeza de la víctima.
Hace siete años, Del Río fus sometido a un fugaz carcelazo que ordenó un fiscal de Derechos Humanos en el 2001 por supuesto apoyo al paramilitarismo en Urabá, y hace cuatro el ex fiscal general Luis Camilo Osorio dictó preclusión definitiva a su favor.
Del Río, un general tropero y polémico
En su carrera como militar, el general Del Río fue conocido por ser de una línea dura y tropero. Hasta lo llamaron el 'Pacificador' de Urabá hace una década. Los señalamientos en su contra por supuesto apoyo a la creación de grupos 'paras' vienen desde que estuvo en la Brigada XVII en Carepa, entre 1995 y 1997. Allí se le recueda por sus decisiones duras y por pólémicas con políticos como Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó. Fue trasladado en 1997 a Cundinamarca para comandar las tropas de la XIII Brigada.
En abril de 1999, cuando el nombre de Del Río recibía fuertes cuestionamientos de ONG internacionales, el Gobierno Pastrana tomó la decisión de retirarlo.
En el 2001, el CTI capturó al general por orden de un fiscal de Derechos Humanos. Sin embargo, a los 12 días un juez lo dejó en libertad argumentando fallas procesales. Poco después, el entonces candidato a la Presidencial Álvaro Uribe le hizo un homenaje de desagravio al general, quien fue uno de los ocho comandantes militaes que tuvo cuando fue gobernador de Antioquia.
En el 2003 se lanzó como candidato a la Gobernación de Boyacá por Colombia Democrática. En su campaña prometió seguridad y honestidad. En el 2004, la Fiscalía precluyó una investigación en su contra por paramilitarismo.
En la Sala Penal, Del Río se juega otro partido
La defensa del general Rito Alejo Del Río, además del caso que lo tiene preso por orden de un fiscal de Derechos Humanos, debe atender otro frente en la Corte Suprema de Justicia.
Allí se decidirá si, como lo pidió la Procuraduría, se reabre el caso que por concierto para delinquir y omisión tenía Del Río y que fue cerrado en el 2004 por decisión del fiscal Luis Camilo Osorio.
La estrategia de la defensa en la Corte se encaminará a defender la actuación de Osorio y a mostrarla como inmodificable.
La Procuraduría, sin embargo, considera que la preclusión fue tomada bajo hechos aparentes y que las confesiones de los paramilitares ante Justicia y Paz dan para reabrir el expediente.
En su momento, el fiscal Osorio calificó de "argumentos falaces" las acusaciones de la parte civil en contra del general Del Río: "Utiliza desde argumentaciones ajenas a la realidad hasta ataques personales sin ninguna idoneidad argumentativa".
REDACCIÓN JUSTICIA
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Foto: José Luis Cubillos / Fiscalía
El general (r) Rito Alejo del Río fue detenido ayer en horas de la tarde. En la foto, al llegar al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
Tendrá que responder por crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares cuando se desempeñó como Comandante de la Brigada XVII del Ejército entre 1995 y 1997.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron ayer en el Club Militar, en el centro occidente de Bogotá, y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía. Por su delicado estado de salud (se repone de una operación), Del Río será remitido a una unidad militar en la que cuente con la atención médica que requiere su caso.
Aunque la orden de captura se produce en la misma semana en la que la Procuraduría, a instancias de la Fiscalía, pidió a la Corte que reabra el caso contra Del Río que cerró hace cuatro años el entonces fiscal General Luis Camilo Osorio, las dos decisiones no tienen relación directa.
Los hechos que llevaron a la segunda captura del general (r) no fueron tenidos en cuenta durante el primer proceso, que es el que la Procuraduría pide reabrir.
La Fiscalía desempolvó varias declaraciones de hace una década y viajó recientemente a la zona a confrontarlas. Además, las cotejó con lo que aseguraron ante Justicia y Paz varios ex 'paras', entre ellos jefes como Salvatore Mancuso y Heber Veloza, conocido como 'H.H'.
Desplazamientos en el Cacarica
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos considera que todo ese material comprometería a Rito Alejo Del Río con delitos de lesa humanidad como homicidios de personas protegidas, desplazamiento y desapariciones forzadas. El martes, el fiscal Mario Iguarán había dicho que la Fiscalía investigaba a Del Río por delitos de tal gravedad que eran imprescriptibles.
La Fiscalía tiene testimonios de familiares de víctimas y de habitantes de la zona del río Cacarica que sostienen que en 1997 los paramilitares barrieron la región en compañía de tropas de la Brigada 17.
Lo que señala la investigación es que, a la sombra de la operación 'Génesis', que Del Río lanzó en febrero de 1997, los 'paras' de Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera ('el Alemán') cometieron decenas de homicidios y desapariciones en contra de las comunidades negras e indígenas de la zona a las que señalaban de auxiliar al frente 57 de las Farc.
Después de 'Génesis', según las cifras que se manejan en el expediente, unas tres mil personas tuvieron que huir de sus territorios ancestrales y ese desplazamiento fue aprovechado para el arranque de grandes proyectos agroindustriales en la región, especialmente de palma africana.
"Militares y Auc causaron una ola de terror", dijo uno de los investigadores que conocen el caso.
El fiscal General, Mario Iguarán Arana, dijo ayer en Cartagena, donde se lleva a cabo un encuentro nacional de la justicia ordinaria, que uno de los casos que podrían enredar al general es la muerte de un campesino, llamado Marino López, quien fue decapitado por los paramilitares en su recorrido de muerte por el Cacarica, en las selvas de Chocó.
La información que tiene la Fiscalía es que los 'paras' jugaron fútbol con la cabeza de la víctima.
Hace siete años, Del Río fus sometido a un fugaz carcelazo que ordenó un fiscal de Derechos Humanos en el 2001 por supuesto apoyo al paramilitarismo en Urabá, y hace cuatro el ex fiscal general Luis Camilo Osorio dictó preclusión definitiva a su favor.
Del Río, un general tropero y polémico
En su carrera como militar, el general Del Río fue conocido por ser de una línea dura y tropero. Hasta lo llamaron el 'Pacificador' de Urabá hace una década. Los señalamientos en su contra por supuesto apoyo a la creación de grupos 'paras' vienen desde que estuvo en la Brigada XVII en Carepa, entre 1995 y 1997. Allí se le recueda por sus decisiones duras y por pólémicas con políticos como Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó. Fue trasladado en 1997 a Cundinamarca para comandar las tropas de la XIII Brigada.
En abril de 1999, cuando el nombre de Del Río recibía fuertes cuestionamientos de ONG internacionales, el Gobierno Pastrana tomó la decisión de retirarlo.
En el 2001, el CTI capturó al general por orden de un fiscal de Derechos Humanos. Sin embargo, a los 12 días un juez lo dejó en libertad argumentando fallas procesales. Poco después, el entonces candidato a la Presidencial Álvaro Uribe le hizo un homenaje de desagravio al general, quien fue uno de los ocho comandantes militaes que tuvo cuando fue gobernador de Antioquia.
En el 2003 se lanzó como candidato a la Gobernación de Boyacá por Colombia Democrática. En su campaña prometió seguridad y honestidad. En el 2004, la Fiscalía precluyó una investigación en su contra por paramilitarismo.
En la Sala Penal, Del Río se juega otro partido
La defensa del general Rito Alejo Del Río, además del caso que lo tiene preso por orden de un fiscal de Derechos Humanos, debe atender otro frente en la Corte Suprema de Justicia.
Allí se decidirá si, como lo pidió la Procuraduría, se reabre el caso que por concierto para delinquir y omisión tenía Del Río y que fue cerrado en el 2004 por decisión del fiscal Luis Camilo Osorio.
La estrategia de la defensa en la Corte se encaminará a defender la actuación de Osorio y a mostrarla como inmodificable.
La Procuraduría, sin embargo, considera que la preclusión fue tomada bajo hechos aparentes y que las confesiones de los paramilitares ante Justicia y Paz dan para reabrir el expediente.
En su momento, el fiscal Osorio calificó de "argumentos falaces" las acusaciones de la parte civil en contra del general Del Río: "Utiliza desde argumentaciones ajenas a la realidad hasta ataques personales sin ninguna idoneidad argumentativa".
REDACCIÓN JUSTICIA
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Con papeles falsos, autoridades venezolanas capturan a Álvaro Araújo
El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
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El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
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Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
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El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
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Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río
Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río
La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
Fecha: 09/04/2008 -
A las 2 y 25 de la tarde de este jueves, cuando el general (r) Rito Alejo Del Río se encontraba reunido con otros oficiales retirados en el restaurante principal del Club Militar, al occidente de Bogotá, fue sorprendido por miembros del CTI que llegaron con una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la muerte de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en febrero de 1997, dos días después de la Operación Génesis que realizó la Brigada 17 en la zona del río Cacarica, al noroccidente del país.
El fiscal 14, de la unidad de Derechos Humanos, señaló al general Del Río por homicidio agravado en persona protegida.
El caso del general del Río siempre ha suscitado polémica desde que se desempeñó como comandante de esta brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Su caso, en el que había indicios de nexos con paramilitares, ya había llegado a la Fiscalía mucho antes de que empezara el proceso de desmovilización de las Auc, en 2001. Sin embargo, después de que llegó el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio, y fue despedido el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso se se frenó. Finalmente el mismo Osorio lo precluyó en 2004.
El caso Marino López
Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar
El general Del Río, en el carro que lo llevó en la tarde de este jueves desde el Club Militar hasta los calabozos de la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue muy polémica y criticada, puesto que Del Río era señalado por diversas personas de haberle abierto las puertas a los jefes paramilitares para que hicieran su guerra sucia. Entre las denuncias más graves estuvo la del coronel Carlos Alfonso Velásquez, subalterno de Del Río en Urabá, quien denunció la presunta complicidad que él estaba presenciando a sus superiores y en lugar de actuar contra Del Río, despidieron a Velásquez del Ejército.
En los procesos de Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, José Ever Veloza, alias HH y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ ‘aseguraron que Del Río había sido colaborador permanente de su gesta criminal.
Con semejantes hechos denunciados públicamente, el lunes pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso en vista de las nuevas evidencias.
La Fiscalía, según informó la revista Cambio, ha venido acumulando muchas evidencias en su contra.
si la Corte da su visto bueno, el caso de Del Río será investigado por la Fiscalía y si encuentra méritos para acusarlo, el fallo será emitido por la propia Corte Suprema de Justicia por tratarse de un general.
Es de esperar que la decisión judicial de ponerlo en prisión traerá otra ronda de críticas al gobierno de Álvaro Uribe, que de por sí ya atraviesa una tormenta desatada por las denuncias del ex presidente César Gaviria, puesto que mientras Del Río estuvo en Urabá, Uribe no sólo era gobernador de Antioquia, sino que elogió la labor del general como "pacificador" del Urabá a donde las guerrillas habían empobrecido y llenado de luto a los habitantes. Incluso lo condecoró.
En abril de 1999, poco después de que el Presidente Andrés Pastrana ordenara la salida de Del Río del Ejército y Estados Unidos le quitara su visa, varios empresarios y líderes políticos homenajearon al general Del Río en el Hotel Tequendama y Uribe fue el principal orador.
"En la mente civilista de quienes concurrimos a este acto no reposan dudas sobre el respeto a la competencia presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas , pero, destituir a los generales por solicitud de la guerrilla es traspasar a los insurgentes la prerrogativa presidencial", djo entonces el hoy presidente Uribe. Del Río fue nombrado al inicio de este gobierno como asesor del DAS, pero luego salió.
Con la captura de este oficial, se suman tres medidas que comprometen en hechos graves a militares activos y retirados: el martes pasado, Semana.com informó sobre la destitución del coronel Luis Francisco Medina, actual comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por parte de la Procuraduría General, al señalarlo como presunto responsable de la muerte de tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Y este miércoles se conoció que la Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a cuatro militares (entre ellos a un coronel y un mayor) por una masacre en San José de Apartadó ocurrida en 2005.
La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
Fecha: 09/04/2008 -
A las 2 y 25 de la tarde de este jueves, cuando el general (r) Rito Alejo Del Río se encontraba reunido con otros oficiales retirados en el restaurante principal del Club Militar, al occidente de Bogotá, fue sorprendido por miembros del CTI que llegaron con una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la muerte de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en febrero de 1997, dos días después de la Operación Génesis que realizó la Brigada 17 en la zona del río Cacarica, al noroccidente del país.
El fiscal 14, de la unidad de Derechos Humanos, señaló al general Del Río por homicidio agravado en persona protegida.
El caso del general del Río siempre ha suscitado polémica desde que se desempeñó como comandante de esta brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Su caso, en el que había indicios de nexos con paramilitares, ya había llegado a la Fiscalía mucho antes de que empezara el proceso de desmovilización de las Auc, en 2001. Sin embargo, después de que llegó el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio, y fue despedido el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso se se frenó. Finalmente el mismo Osorio lo precluyó en 2004.
El caso Marino López
Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar
El general Del Río, en el carro que lo llevó en la tarde de este jueves desde el Club Militar hasta los calabozos de la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue muy polémica y criticada, puesto que Del Río era señalado por diversas personas de haberle abierto las puertas a los jefes paramilitares para que hicieran su guerra sucia. Entre las denuncias más graves estuvo la del coronel Carlos Alfonso Velásquez, subalterno de Del Río en Urabá, quien denunció la presunta complicidad que él estaba presenciando a sus superiores y en lugar de actuar contra Del Río, despidieron a Velásquez del Ejército.
En los procesos de Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, José Ever Veloza, alias HH y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ ‘aseguraron que Del Río había sido colaborador permanente de su gesta criminal.
Con semejantes hechos denunciados públicamente, el lunes pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso en vista de las nuevas evidencias.
La Fiscalía, según informó la revista Cambio, ha venido acumulando muchas evidencias en su contra.
si la Corte da su visto bueno, el caso de Del Río será investigado por la Fiscalía y si encuentra méritos para acusarlo, el fallo será emitido por la propia Corte Suprema de Justicia por tratarse de un general.
Es de esperar que la decisión judicial de ponerlo en prisión traerá otra ronda de críticas al gobierno de Álvaro Uribe, que de por sí ya atraviesa una tormenta desatada por las denuncias del ex presidente César Gaviria, puesto que mientras Del Río estuvo en Urabá, Uribe no sólo era gobernador de Antioquia, sino que elogió la labor del general como "pacificador" del Urabá a donde las guerrillas habían empobrecido y llenado de luto a los habitantes. Incluso lo condecoró.
En abril de 1999, poco después de que el Presidente Andrés Pastrana ordenara la salida de Del Río del Ejército y Estados Unidos le quitara su visa, varios empresarios y líderes políticos homenajearon al general Del Río en el Hotel Tequendama y Uribe fue el principal orador.
"En la mente civilista de quienes concurrimos a este acto no reposan dudas sobre el respeto a la competencia presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas , pero, destituir a los generales por solicitud de la guerrilla es traspasar a los insurgentes la prerrogativa presidencial", djo entonces el hoy presidente Uribe. Del Río fue nombrado al inicio de este gobierno como asesor del DAS, pero luego salió.
Con la captura de este oficial, se suman tres medidas que comprometen en hechos graves a militares activos y retirados: el martes pasado, Semana.com informó sobre la destitución del coronel Luis Francisco Medina, actual comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por parte de la Procuraduría General, al señalarlo como presunto responsable de la muerte de tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Y este miércoles se conoció que la Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a cuatro militares (entre ellos a un coronel y un mayor) por una masacre en San José de Apartadó ocurrida en 2005.
Presidente desmiente vínculos con César Villegas, en nuevo enfrentamiento con ex presidente Gaviria
Presidente desmiente vínculos con César Villegas, en nuevo enfrentamiento con ex presidente Gaviria
Foto: AP/EL TIEMPO
Asegura que el presidente Álvaro Uribe le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, expedido durante su administración.
El jefe del liberalismo dijo que Uribe tuvo que renunciar a la Dirección de la Aeronáutica Civil en 1982, por los contactos que tenía Villegas, uno de sus funcionarios, con el narcotráfico.
"El Presidente Uribe nos quiere tratar como a las Farc": César Gaviria (La W)
El ex Presidente de la República dijo que nadie se salió de la ley en la persecución a Pablo Escobar (La W)
Gaviria dice no entender por qué lloran en la casa de Nariño la muerte de Pablo Escobar (La W)
'Los Pepes' fueron una política de Estado, dijo Gustavo Salazar (LaW)
Gustavo Salazar, abogado penalista, afirmó que Cesar Gaviria gerenció a los 'Los Pepes'(LaW)
Comunicado expedido por Casa de Nariño
Villegas, quien fue asesinado en 2002, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del proceso ocho mil.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en un comunicado, aclaró que Uribe ejerció el cargo de director de la Aeronáutica Civil hasta el 6 de agosto de 1982, mientras que Villegas trabajó en la entidad entre el 29 de agosto de 1980 y el 30 de diciembre de 1986, cuatro años después de que Uribe dejó la dirección de la entidad.
El nuevo enfrentamiento es parte de un cruce de acusaciones que Uribe y el ex presidente Gaviria se han lanzado en los últimos días.
Esta mañana, Gaviria acusó al Presidente de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño
Aseguró que el mandatario le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración.
Gaviria trató de desvirtuar las acusaciones de que dicho Decreto oficializó a los 'Pepes', una red criminal organizada en la década de los 90 para acabar Pablo Escobar.
El ex mandatario explicó a emisora 'La W' que ese Decreto le daba facultades al fiscal Gustavo de Greiff para desarrollar la Fiscalía y para buscar colaboración con la justicia. Además le daba recursos.
Admitió, a su vez, que su Gobierno recibió información de enemigos de Pablo Escobar para perseguirlo, pero que jamás hubo alianza con esos criminales.
"¿Cómo hicieron la operación 'Jaque' (en la que se liberó a Íngrid Betancourt y otros 14 rehenes)? ¿Con información de ángeles o con información de adentro de las Farc?", se preguntó Gaviria al justificar que su gobierno se haya apoyado en información de personajes al margen de la ley para dar con el capo.
Sobre la presunta campaña en su contra, 'La W' le mencionó el nombre del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien estuvo el día martes en la Casa de Nariño: "Él estuvo por allí, y no sé si eso tenga algo qué ver con que... vaya a decir", dijo Gaviria.
Aguilar formó parte del operativo que terminó con la muerte de Pablo Escobar y es investigado por parapolítica.
"Me da temor, como el parte de la coalición del Presidente Uribe, no da mucha confianza de que antes de hablar ande reunido con funcionarios de la Casa de Nariño", agregó.
Gaviria aseguró que el Decreto 264 pasó por todos los exámenes constitucionales; sin embargo, agregó que estuvo "en desacuerdo con alguna utilización que el fiscal de Greiff hizo del Decreto, entre otras cosas, el otorgamiento de salvoconductos".
"Se excedió, creo yo (el Fiscal de Greiff), en el otogamiento de unos indultos que después la Justica corrigió", agregó Gaviria.
Gaviria dijo que con sus declaraciones de los últimos días simplemente se está defendiendo.
"Me estoy defendiendo de las cosas que hace la Casa de Nariño. Porque viven es en eso. Porque en vez de defender su conducta y comportamiento y tratar de evitarnos una cosa vergonzosa de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI), en vez de andar haciéndole segumiento a los magistrados, y en vez de andar hostilizándolos, deberían es estar colaborando con la justicia para que podamos enfrentar el problema paramilitar. Esto no es un tema de que qué pesar de que mataron a Escobar, sino de ver cómo enfrentamos los colombianos unidos este tema de la influencia paramilitar en la sociedad colombiana", dijo.
En un comunicado que se puede considerar la respuesta del Gobierno a las afirmaciones de Gaviria, dice:
"La opinión publica nacional e internacional sabe y reconoce que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha combatido a los delincuentes desde la Constitución y desde la Ley. Este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha estado de la mano de la Ley, de mano de la Constitución, para enfrentar toda clase de delincuencia y terrorismo".
El organigrama de Pablo Escobar
El general Hugo Martínez Poveda, comandante del Bloque de Búsqueda, que persiguió a Pablo Escobar, en entrevista con 'La W', denunció que funcionarios del actual Gobierno estuvieron dentro del arganigrama del capo, como enlace político o como apoyo.
Martínez Poveda dijo que eso está en informaciones de inteligencia, no como parte de ningún proceso penal. "(...) informaciones que suministraron quienes hablaron en el momento de la guerra del mismo cartel... Comenzaron a dar informaciones de quiénes eran los que apoyaban, servían de intermediarios ante el mismo Gobierno durante estos procesos para su trabajo, lograr lo de la extradición, lo que lograron en su momento, los decretos que se expidieron... porque quien estaba interesado en el asunto es una persona que estaba escondiéndose (Escobar)", dijo.
Poveda invitó al presidente Álvaro Uribe a mostrar pruebas de sus afirmaciones sobre alianza con los 'Pepes', "porque hay un proceso penal que investiga las muertes y los atentados de los 'Pepes'... y si hubo pacto, que diga con quién fue. ¿Es que fue testigo de ello? ¿Por que lo afirma?".
El origen de los Pepes
El abogado Gustavo Salazar, quien previamente habló en 'La W', dijo que el Decreto 264 era el origen de 'Los Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
"Para mí (el Decreto 264) es una oficialización de los 'Pepes'... donde concede indulto a quienes ayuden a desabaratar el Cartel de Medellín", dijo Salazar.
"El señor fiscal General de la Nación (Gustavo de Greiff) se reunía con el presidente de la República a efecto de oficializar los 'Pepes'", indicó.
Gaviria atribuyó esa lectura de la filosofía del Decreto 264 a que este abogado es parte interesada y "ha defendido a todos los narcotraficantes de este país".
www.eltiempo.com
Foto: AP/EL TIEMPO
Asegura que el presidente Álvaro Uribe le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, expedido durante su administración.
El jefe del liberalismo dijo que Uribe tuvo que renunciar a la Dirección de la Aeronáutica Civil en 1982, por los contactos que tenía Villegas, uno de sus funcionarios, con el narcotráfico.
"El Presidente Uribe nos quiere tratar como a las Farc": César Gaviria (La W)
El ex Presidente de la República dijo que nadie se salió de la ley en la persecución a Pablo Escobar (La W)
Gaviria dice no entender por qué lloran en la casa de Nariño la muerte de Pablo Escobar (La W)
'Los Pepes' fueron una política de Estado, dijo Gustavo Salazar (LaW)
Gustavo Salazar, abogado penalista, afirmó que Cesar Gaviria gerenció a los 'Los Pepes'(LaW)
Comunicado expedido por Casa de Nariño
Villegas, quien fue asesinado en 2002, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del proceso ocho mil.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en un comunicado, aclaró que Uribe ejerció el cargo de director de la Aeronáutica Civil hasta el 6 de agosto de 1982, mientras que Villegas trabajó en la entidad entre el 29 de agosto de 1980 y el 30 de diciembre de 1986, cuatro años después de que Uribe dejó la dirección de la entidad.
El nuevo enfrentamiento es parte de un cruce de acusaciones que Uribe y el ex presidente Gaviria se han lanzado en los últimos días.
Esta mañana, Gaviria acusó al Presidente de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño
Aseguró que el mandatario le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración.
Gaviria trató de desvirtuar las acusaciones de que dicho Decreto oficializó a los 'Pepes', una red criminal organizada en la década de los 90 para acabar Pablo Escobar.
El ex mandatario explicó a emisora 'La W' que ese Decreto le daba facultades al fiscal Gustavo de Greiff para desarrollar la Fiscalía y para buscar colaboración con la justicia. Además le daba recursos.
Admitió, a su vez, que su Gobierno recibió información de enemigos de Pablo Escobar para perseguirlo, pero que jamás hubo alianza con esos criminales.
"¿Cómo hicieron la operación 'Jaque' (en la que se liberó a Íngrid Betancourt y otros 14 rehenes)? ¿Con información de ángeles o con información de adentro de las Farc?", se preguntó Gaviria al justificar que su gobierno se haya apoyado en información de personajes al margen de la ley para dar con el capo.
Sobre la presunta campaña en su contra, 'La W' le mencionó el nombre del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien estuvo el día martes en la Casa de Nariño: "Él estuvo por allí, y no sé si eso tenga algo qué ver con que... vaya a decir", dijo Gaviria.
Aguilar formó parte del operativo que terminó con la muerte de Pablo Escobar y es investigado por parapolítica.
"Me da temor, como el parte de la coalición del Presidente Uribe, no da mucha confianza de que antes de hablar ande reunido con funcionarios de la Casa de Nariño", agregó.
Gaviria aseguró que el Decreto 264 pasó por todos los exámenes constitucionales; sin embargo, agregó que estuvo "en desacuerdo con alguna utilización que el fiscal de Greiff hizo del Decreto, entre otras cosas, el otorgamiento de salvoconductos".
"Se excedió, creo yo (el Fiscal de Greiff), en el otogamiento de unos indultos que después la Justica corrigió", agregó Gaviria.
Gaviria dijo que con sus declaraciones de los últimos días simplemente se está defendiendo.
"Me estoy defendiendo de las cosas que hace la Casa de Nariño. Porque viven es en eso. Porque en vez de defender su conducta y comportamiento y tratar de evitarnos una cosa vergonzosa de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI), en vez de andar haciéndole segumiento a los magistrados, y en vez de andar hostilizándolos, deberían es estar colaborando con la justicia para que podamos enfrentar el problema paramilitar. Esto no es un tema de que qué pesar de que mataron a Escobar, sino de ver cómo enfrentamos los colombianos unidos este tema de la influencia paramilitar en la sociedad colombiana", dijo.
En un comunicado que se puede considerar la respuesta del Gobierno a las afirmaciones de Gaviria, dice:
"La opinión publica nacional e internacional sabe y reconoce que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha combatido a los delincuentes desde la Constitución y desde la Ley. Este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha estado de la mano de la Ley, de mano de la Constitución, para enfrentar toda clase de delincuencia y terrorismo".
El organigrama de Pablo Escobar
El general Hugo Martínez Poveda, comandante del Bloque de Búsqueda, que persiguió a Pablo Escobar, en entrevista con 'La W', denunció que funcionarios del actual Gobierno estuvieron dentro del arganigrama del capo, como enlace político o como apoyo.
Martínez Poveda dijo que eso está en informaciones de inteligencia, no como parte de ningún proceso penal. "(...) informaciones que suministraron quienes hablaron en el momento de la guerra del mismo cartel... Comenzaron a dar informaciones de quiénes eran los que apoyaban, servían de intermediarios ante el mismo Gobierno durante estos procesos para su trabajo, lograr lo de la extradición, lo que lograron en su momento, los decretos que se expidieron... porque quien estaba interesado en el asunto es una persona que estaba escondiéndose (Escobar)", dijo.
Poveda invitó al presidente Álvaro Uribe a mostrar pruebas de sus afirmaciones sobre alianza con los 'Pepes', "porque hay un proceso penal que investiga las muertes y los atentados de los 'Pepes'... y si hubo pacto, que diga con quién fue. ¿Es que fue testigo de ello? ¿Por que lo afirma?".
El origen de los Pepes
El abogado Gustavo Salazar, quien previamente habló en 'La W', dijo que el Decreto 264 era el origen de 'Los Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
"Para mí (el Decreto 264) es una oficialización de los 'Pepes'... donde concede indulto a quienes ayuden a desabaratar el Cartel de Medellín", dijo Salazar.
"El señor fiscal General de la Nación (Gustavo de Greiff) se reunía con el presidente de la República a efecto de oficializar los 'Pepes'", indicó.
Gaviria atribuyó esa lectura de la filosofía del Decreto 264 a que este abogado es parte interesada y "ha defendido a todos los narcotraficantes de este país".
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Dos nuevas fichas de Uribe en el CSJ
Dos nuevas fichas de Uribe en el CSJ
El Congreso eligió a Pedro Alonso Sanabria y Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera Uribe obtiene la mayoría en la institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en Pleno eligió a Pedro Alonso Sanabria y a Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de ternas enviadas por el Presidente. Sanabria entra a la corporación para reemplazar a Eduardo Campos Soto, y Claros, a Guillermo Bueno Miranda.
Pedro Sanabria obtuvo una votación de 166 votos, de un total de 232. Del total de la votación fueron anulados 3 votos y 3 congresistas votaron en blanco. La terna para reemplazar a Campos Soto además estaba integrada y William Giraldo y por Nancy Muñoz, quienes obtuvieron 9 y 51 votos, respectivamente.
La terna para reemplazar a Guillermo Bueno, la integraban además de Ovidio Claros, José Joaquín Plata y Claudia Ospina. Claros obtuvo 159 votos, José Plata, 66 y Ospina, 3.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedó con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto estáuvo integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
www.semana.com
El Congreso eligió a Pedro Alonso Sanabria y Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera Uribe obtiene la mayoría en la institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en Pleno eligió a Pedro Alonso Sanabria y a Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de ternas enviadas por el Presidente. Sanabria entra a la corporación para reemplazar a Eduardo Campos Soto, y Claros, a Guillermo Bueno Miranda.
Pedro Sanabria obtuvo una votación de 166 votos, de un total de 232. Del total de la votación fueron anulados 3 votos y 3 congresistas votaron en blanco. La terna para reemplazar a Campos Soto además estaba integrada y William Giraldo y por Nancy Muñoz, quienes obtuvieron 9 y 51 votos, respectivamente.
La terna para reemplazar a Guillermo Bueno, la integraban además de Ovidio Claros, José Joaquín Plata y Claudia Ospina. Claros obtuvo 159 votos, José Plata, 66 y Ospina, 3.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedó con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto estáuvo integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Ordenan arresto del presidente Álvaro Uribe
Ordenan arresto del presidente Álvaro Uribe
Por: Elespectador.com
Por el desacato al fallo de una tutela, tres conjueces de Sincelejo ordenaron el arresto del Presidente de la República, Álvaro Uribe, y el de los ministros de Interior y Hacienda, Fabio Valencia Cossio y Óscar Iván Zuluaga respectivamente.
El fallo sin precedentes se dio en el Tribunal Superior de Sincelejo, porque según los conjueces una tutela obligaba al Jefe de Estado y a sus Ministros un equilibrio salarial para 148 trabajadores de la rama judicial.El tiempo que daba el fallo para que se llevara a cabo tal reajuste salarial caducó y el mismo no se implementó. Es por eso que se considera tal acción como un desacato al Tribunal Superior de Sincelejo, el cual sin embargo se declaró impedido para fallar por conflicto de intereses.Por lo anterior, se nombraron a tres abogados litigantes como conjueces para que produjeran el fallo. Gustavo Adolfo Lions, Saúl Vega y Freddy de la Ossa Badel, fueron los encargados de dar el fallo.La Corte Suprema de Justicia se encargará ahora de revisar el caso.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/articulo-ordenan-el-arresto-del-presidente-uribe
Por: Elespectador.com
Por el desacato al fallo de una tutela, tres conjueces de Sincelejo ordenaron el arresto del Presidente de la República, Álvaro Uribe, y el de los ministros de Interior y Hacienda, Fabio Valencia Cossio y Óscar Iván Zuluaga respectivamente.
El fallo sin precedentes se dio en el Tribunal Superior de Sincelejo, porque según los conjueces una tutela obligaba al Jefe de Estado y a sus Ministros un equilibrio salarial para 148 trabajadores de la rama judicial.El tiempo que daba el fallo para que se llevara a cabo tal reajuste salarial caducó y el mismo no se implementó. Es por eso que se considera tal acción como un desacato al Tribunal Superior de Sincelejo, el cual sin embargo se declaró impedido para fallar por conflicto de intereses.Por lo anterior, se nombraron a tres abogados litigantes como conjueces para que produjeran el fallo. Gustavo Adolfo Lions, Saúl Vega y Freddy de la Ossa Badel, fueron los encargados de dar el fallo.La Corte Suprema de Justicia se encargará ahora de revisar el caso.
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Una declaración refutada y un testigo amenazado en juicio contra ex gobernador de Cesar
Una declaración refutada y un testigo amenazado en juicio contra ex gobernador de Cesar
En los dos primeros días del juicio a Hernando Molina por concierto para delinquir en presunta complicidad con los paramilitares, un testigo de la Fiscalía fue controvertido por la defensa con una grabación, y otro, denunció que fue víctima de atentado.
Fecha: 09/03/2008 -
Jorge Luis Hernández, alias Boliche, es un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, acusado de haberle manejado negocios de drogas a Salvatore Mancuso y a Jorge 40. Su declaración fue pieza clave para llevar a juicio a Molina Araujo de quien aseguró: “no tengo dudas de que Hernando es ficha paramilitar. Lo puedo comprobar, de la misma manera que puedo decir cosas contra Jorge 40 y Mancuso”.
En la sesión de la tarde del lunes la defensa del ex gobernador presentó una grabación en la que “Boliche” asegura haberse referido a Molina como paramilitar motivado por un “momento de rabia”. Las frases, casi inaudibles para el auditorio, fueron extraídas de una conversación telefónica privada entre Hernández y el acusado en la que el narcotraficante asegura al ex gobernador “nunca haberlo visto vestido de uniforme”.
El punto crucial sobre el que giró el juicio fueron las circunstancias confusas que rodearon la elección del ex gobernador en el 2003 como candidato único. Cabe recordar que antes de iniciar los comicios, Abraham Romero y Cristián Moreno, sus dos principales contendores, decidieron hacerse a un lado denunciando falta de garantías por la presión de grupos paramilitares interesados en favorecer al candidato liberal.
Sobre su relación con Jorge 40, el ex gobernador Molina dijo no haber tenido contacto desde 1997 exceptuando un encuentro corto en las instalaciones de la policía de Villavicencio durante el proceso de desmovilización del Bloque Norte. En tal ocasión, el ex gobernador habría intentado hacer recapacitar a Jorge 40 por petición directa de la esposa del comandante paramilitar.
Otro elemento discutido a lo largo de la diligencia fue el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones en las que Molina resultó elegido. Para la Fiscalía los 70.138 tarjetones marcados podrían evidenciar el rechazo manifiesto de la ciudadanía a una candidatura ilegal; para la defensa son el resultado de un proceso democrático transparente en el que se recogieron los frutos políticos de la gestión adelantada por Maria Consuelo Araujo (La Cacica), madre del acusado, secuestrada por las Farc y luego asesinada.
El lunes, la sesión del juicio duró seis horas, de las cuales Molina permaneció al menos tres de pie. El segundo día, desde las 9 de la mañana las puertas del Juzgado Octavo de Bogotá estuvieron abiertas a los testigos del caso entre los que se destacaron el ex alcalde de Pailitas, José Concepción Meneses Contreras, por el lado de la defensa; y Augusto Guillermo Hoyos Gutiérrez, un ex paramilitar, por parte de los entes acusadores (Fiscalía y Procuraduría).
Vale destacar que Hoyos aseguró ante la prensa haber sido víctima de un atentado el pasado viernes en Barranquilla. Desde hace varios días ha detectado que hombres extraños vigilan sus movimientos. Él es el testigo principal del caso contra Molina. En múltiples ocasiones el ex paramilitar ha sugerido a Hernando Molina que se “desmovilice”.
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En los dos primeros días del juicio a Hernando Molina por concierto para delinquir en presunta complicidad con los paramilitares, un testigo de la Fiscalía fue controvertido por la defensa con una grabación, y otro, denunció que fue víctima de atentado.
Fecha: 09/03/2008 -
Jorge Luis Hernández, alias Boliche, es un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, acusado de haberle manejado negocios de drogas a Salvatore Mancuso y a Jorge 40. Su declaración fue pieza clave para llevar a juicio a Molina Araujo de quien aseguró: “no tengo dudas de que Hernando es ficha paramilitar. Lo puedo comprobar, de la misma manera que puedo decir cosas contra Jorge 40 y Mancuso”.
En la sesión de la tarde del lunes la defensa del ex gobernador presentó una grabación en la que “Boliche” asegura haberse referido a Molina como paramilitar motivado por un “momento de rabia”. Las frases, casi inaudibles para el auditorio, fueron extraídas de una conversación telefónica privada entre Hernández y el acusado en la que el narcotraficante asegura al ex gobernador “nunca haberlo visto vestido de uniforme”.
El punto crucial sobre el que giró el juicio fueron las circunstancias confusas que rodearon la elección del ex gobernador en el 2003 como candidato único. Cabe recordar que antes de iniciar los comicios, Abraham Romero y Cristián Moreno, sus dos principales contendores, decidieron hacerse a un lado denunciando falta de garantías por la presión de grupos paramilitares interesados en favorecer al candidato liberal.
Sobre su relación con Jorge 40, el ex gobernador Molina dijo no haber tenido contacto desde 1997 exceptuando un encuentro corto en las instalaciones de la policía de Villavicencio durante el proceso de desmovilización del Bloque Norte. En tal ocasión, el ex gobernador habría intentado hacer recapacitar a Jorge 40 por petición directa de la esposa del comandante paramilitar.
Otro elemento discutido a lo largo de la diligencia fue el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones en las que Molina resultó elegido. Para la Fiscalía los 70.138 tarjetones marcados podrían evidenciar el rechazo manifiesto de la ciudadanía a una candidatura ilegal; para la defensa son el resultado de un proceso democrático transparente en el que se recogieron los frutos políticos de la gestión adelantada por Maria Consuelo Araujo (La Cacica), madre del acusado, secuestrada por las Farc y luego asesinada.
El lunes, la sesión del juicio duró seis horas, de las cuales Molina permaneció al menos tres de pie. El segundo día, desde las 9 de la mañana las puertas del Juzgado Octavo de Bogotá estuvieron abiertas a los testigos del caso entre los que se destacaron el ex alcalde de Pailitas, José Concepción Meneses Contreras, por el lado de la defensa; y Augusto Guillermo Hoyos Gutiérrez, un ex paramilitar, por parte de los entes acusadores (Fiscalía y Procuraduría).
Vale destacar que Hoyos aseguró ante la prensa haber sido víctima de un atentado el pasado viernes en Barranquilla. Desde hace varios días ha detectado que hombres extraños vigilan sus movimientos. Él es el testigo principal del caso contra Molina. En múltiples ocasiones el ex paramilitar ha sugerido a Hernando Molina que se “desmovilice”.
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Uribe consigue control del órgano que vigila y sanciona a los jueces
Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Extraditado Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”
Extraditado Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”
Durante cinco años fue comandante del “Frente Narco” del Bloque Norte, encargado del cobro de impuestos a los traficantes de cocaína en las costas de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Fecha: 09/02/2008 -
Ayer en la mañana fue extraditado a Estados Unidos el ex jefe paramilitar Miguel Villarreal Archila, acusado de colaborar con las bandas de narcotraficantes en el embarque y envío de cocaína con destino a Estados Unidos.
Villareal Archila era solicitado por una corte en Washington y enfrenta, según su abogado, una posible condena de 17 años que, si colabora con la justicia norteamericana, puede reducirse en un 50 por ciento o más.
En Estados Unidos se encuentra uno de sus más cercanos hombres, Manuel Enrique Torregroza Castro, alias "Chang", extraditado con el jefe del grupo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Villarreal Archila fue detenido el 20 de abril de 2007 en Bucaramanga, su ciudad nativa, en momentos en que se encontraba reunido con sus familiares en un restaurante. Era conocido con los alias de “Salomón”, “Sandra” y “El Viejo”.
"Salomón" se había desmovilizado en La Mesa, César, como militante del Bloque Norte bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Sin embargo, no interrumpió su actividad delictiva.
Después de la desmovilización, Villarreal Archila quedó al mando de una organización que se denominó las “Nuevas Autodefensas del Atlántico”, y también como “La banda de los 40”, un grupo criminal que se encargó de continuar cobrando el impuesto de embarque a los narcotraficantes en los municipios costeros y que operaba en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Adicionalmente, esta banda continuó extorsionando a comerciantes y cobraba a funcionarios públicos y contratistas aportes para el funcionamiento de la organización. También infiltró y utilizaba como informantes a funcionarios de organismos de seguridad del estado, como la Policía Nacional, Das, Sijin, Sipol y Ejército.
Investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía lo identificaron como el líder de la organización y se había refugiado desde finales de 2006 en Venezuela tras desatarse una disputa entre la "Banda de los 40" y la de "Los Pasas", liderada por “Rogelio” y “Gustavo”, quienes entraron en Sucre y Cartagena a disputarle el territorio a los herederos de Jorge 40. También alcanzaron a penetrar en Barranquilla, pero informaciones de inteligencia indican que con el fin de reforzarse, la “Banda de los 40” vendió el territorio que controlaban a los hermanos Miguel y Pablo Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”.
A pesar del refuerzo un grupo importante alcanzó a “torcerse” y se fueron a trabajar con la banda de “Los paísas”, y durante el último año y medio desataron una guerra que pedió intensidad con la caída de “los mellizos” y con la entrega de “Rogelio” al gobierno norteamericano.
En las interceptaciones a sus números telefónicos con varios de sus hombres de confianza, se percibe el debilitamiento de la estructura paramilitar. Antes de venderle el territorio a “los mellizos”, Salomón intentó aliarse con alias “Chupeta”, “Varela” y “el loco Barrera”, para defenderse, pero su captura dio al traste con estas alianzas.
Alias “Salomón” fue acusado por la fiscalía de concierto para delinquir en el famoso proceso conocido en Barranquilla como “El caso de los policías de la coca”, un hecho ocurrido en 2002 en el que estuvieron involucrados una docena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, cuando se perdieron tres toneladas de coca y se desató una guerra entre paramilitares y narcotraficantes que intentaban recuperarla.
Precisamente en su última versión ante la fiscal Deicy Jaramillo, alias “Salomón”, afirmó que cobraban impuestos por el embarque de 35 toneladas de cocaína anualmente. Por cada kilo les pagaban 50 dólares y en cinco años embarcaron más de 150 toneladas de cocaínas. Su abogado, Wilson Caro Niño, confirmó a SEMANA, que su apoderado debe comparecer ante un Tribunal en Washington, donde es acusado no por embarque y tráfico, sino del cobro de impuestos a los narcotraficantes, un delito que él ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz.
La fiscal Deicy Jaramillo había programado una audiencia para el pasado 22 de agosto, pero las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no lo trasladaron porque la orden de extradición ya había sido dada por el Gobierno Nacional.
Lo que sí aseguró en la última audiencia, el 22 de julio, es que ante la justicia de Estados Unidos contará todo lo que sabe, porque quiere recibir los beneficios de la cooperación y que lo dicho por él ante las autoridades colombianas, no era ni el 50 por ciento de lo que tenía que decir
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Durante cinco años fue comandante del “Frente Narco” del Bloque Norte, encargado del cobro de impuestos a los traficantes de cocaína en las costas de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Fecha: 09/02/2008 -
Ayer en la mañana fue extraditado a Estados Unidos el ex jefe paramilitar Miguel Villarreal Archila, acusado de colaborar con las bandas de narcotraficantes en el embarque y envío de cocaína con destino a Estados Unidos.
Villareal Archila era solicitado por una corte en Washington y enfrenta, según su abogado, una posible condena de 17 años que, si colabora con la justicia norteamericana, puede reducirse en un 50 por ciento o más.
En Estados Unidos se encuentra uno de sus más cercanos hombres, Manuel Enrique Torregroza Castro, alias "Chang", extraditado con el jefe del grupo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Villarreal Archila fue detenido el 20 de abril de 2007 en Bucaramanga, su ciudad nativa, en momentos en que se encontraba reunido con sus familiares en un restaurante. Era conocido con los alias de “Salomón”, “Sandra” y “El Viejo”.
"Salomón" se había desmovilizado en La Mesa, César, como militante del Bloque Norte bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Sin embargo, no interrumpió su actividad delictiva.
Después de la desmovilización, Villarreal Archila quedó al mando de una organización que se denominó las “Nuevas Autodefensas del Atlántico”, y también como “La banda de los 40”, un grupo criminal que se encargó de continuar cobrando el impuesto de embarque a los narcotraficantes en los municipios costeros y que operaba en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Adicionalmente, esta banda continuó extorsionando a comerciantes y cobraba a funcionarios públicos y contratistas aportes para el funcionamiento de la organización. También infiltró y utilizaba como informantes a funcionarios de organismos de seguridad del estado, como la Policía Nacional, Das, Sijin, Sipol y Ejército.
Investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía lo identificaron como el líder de la organización y se había refugiado desde finales de 2006 en Venezuela tras desatarse una disputa entre la "Banda de los 40" y la de "Los Pasas", liderada por “Rogelio” y “Gustavo”, quienes entraron en Sucre y Cartagena a disputarle el territorio a los herederos de Jorge 40. También alcanzaron a penetrar en Barranquilla, pero informaciones de inteligencia indican que con el fin de reforzarse, la “Banda de los 40” vendió el territorio que controlaban a los hermanos Miguel y Pablo Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”.
A pesar del refuerzo un grupo importante alcanzó a “torcerse” y se fueron a trabajar con la banda de “Los paísas”, y durante el último año y medio desataron una guerra que pedió intensidad con la caída de “los mellizos” y con la entrega de “Rogelio” al gobierno norteamericano.
En las interceptaciones a sus números telefónicos con varios de sus hombres de confianza, se percibe el debilitamiento de la estructura paramilitar. Antes de venderle el territorio a “los mellizos”, Salomón intentó aliarse con alias “Chupeta”, “Varela” y “el loco Barrera”, para defenderse, pero su captura dio al traste con estas alianzas.
Alias “Salomón” fue acusado por la fiscalía de concierto para delinquir en el famoso proceso conocido en Barranquilla como “El caso de los policías de la coca”, un hecho ocurrido en 2002 en el que estuvieron involucrados una docena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, cuando se perdieron tres toneladas de coca y se desató una guerra entre paramilitares y narcotraficantes que intentaban recuperarla.
Precisamente en su última versión ante la fiscal Deicy Jaramillo, alias “Salomón”, afirmó que cobraban impuestos por el embarque de 35 toneladas de cocaína anualmente. Por cada kilo les pagaban 50 dólares y en cinco años embarcaron más de 150 toneladas de cocaínas. Su abogado, Wilson Caro Niño, confirmó a SEMANA, que su apoderado debe comparecer ante un Tribunal en Washington, donde es acusado no por embarque y tráfico, sino del cobro de impuestos a los narcotraficantes, un delito que él ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz.
La fiscal Deicy Jaramillo había programado una audiencia para el pasado 22 de agosto, pero las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no lo trasladaron porque la orden de extradición ya había sido dada por el Gobierno Nacional.
Lo que sí aseguró en la última audiencia, el 22 de julio, es que ante la justicia de Estados Unidos contará todo lo que sabe, porque quiere recibir los beneficios de la cooperación y que lo dicho por él ante las autoridades colombianas, no era ni el 50 por ciento de lo que tenía que decir
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Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
El Ministerio Público dice que los testimonios de los desmovilizados ‘H.H’, ‘El Iguano’ y Salvatore Mancuso, quienes sindican al oficial de colaborar con las AUC, no fueron tenidos en cuenta dentro de su proceso.
Fecha: 09/01/2008 -
Una petición trascendental acaba de hacer la Procuraduría General a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió al alto tribunal dejar sin efectos la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía en favor del general Rito Alejo del Río Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército, señalado varias veces de colaborar con los paramilitares en Antioquia en la década de los 90.
Según la Procuraduría, el proceso contra el general “no estuvo fundado en prueba completa”, ya que no se tuvieron en cuenta los testimonios recientes de ex jefes ‘paras’ como Hebert Veloza (alias ‘H.H’), Jorge Iván Laverde Zapata (alias ‘El Iguano’) y Salvatore Mancuso, quienes declararon ante un fiscal de Justicia y Paz los presuntos nexos del oficial del Ejército con paramilitares.
El ente de control recordó que el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la instrucción penal adelantada contra el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, sindicado por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión cuando era el responsable de la seguridad de los municipios de Carepa, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Unguía y Acandí.
Quien llevaba el caso contra este oficial del Ejército en ese momento era el actual vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien por esa época era Fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Fueron años en los que esta región del país estuvo golpeada por acciones de grupos ilegales (especialmente autodefensas) que produjeron desplazamiento forzado, secuestros, homicidios en San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica.
Al general del Río se le sindicó de omisión, al no combatir las acciones de los grupos armados al margen de la ley, y por acción, al facilitarles los medios para que actuaran libremente.
“El Ministerio Público sustenta igualmente su petición en decisiones de la Corte Constitucional en relación con la acción de revisión y en el entendido de que ‘…la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable, que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad, no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, sino además porque la comunidad internacional, en virtud del principio de complementariedad, está comprometida en la sanción de esas conductas’”, dijo en un comunicado la Procuraduría.
Tras este concepto, la Corte Suprema decidirá si reabre o no el caso del general Rito Alejo del Río.
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El Ministerio Público dice que los testimonios de los desmovilizados ‘H.H’, ‘El Iguano’ y Salvatore Mancuso, quienes sindican al oficial de colaborar con las AUC, no fueron tenidos en cuenta dentro de su proceso.
Fecha: 09/01/2008 -
Una petición trascendental acaba de hacer la Procuraduría General a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió al alto tribunal dejar sin efectos la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía en favor del general Rito Alejo del Río Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército, señalado varias veces de colaborar con los paramilitares en Antioquia en la década de los 90.
Según la Procuraduría, el proceso contra el general “no estuvo fundado en prueba completa”, ya que no se tuvieron en cuenta los testimonios recientes de ex jefes ‘paras’ como Hebert Veloza (alias ‘H.H’), Jorge Iván Laverde Zapata (alias ‘El Iguano’) y Salvatore Mancuso, quienes declararon ante un fiscal de Justicia y Paz los presuntos nexos del oficial del Ejército con paramilitares.
El ente de control recordó que el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la instrucción penal adelantada contra el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, sindicado por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión cuando era el responsable de la seguridad de los municipios de Carepa, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Unguía y Acandí.
Quien llevaba el caso contra este oficial del Ejército en ese momento era el actual vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien por esa época era Fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Fueron años en los que esta región del país estuvo golpeada por acciones de grupos ilegales (especialmente autodefensas) que produjeron desplazamiento forzado, secuestros, homicidios en San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica.
Al general del Río se le sindicó de omisión, al no combatir las acciones de los grupos armados al margen de la ley, y por acción, al facilitarles los medios para que actuaran libremente.
“El Ministerio Público sustenta igualmente su petición en decisiones de la Corte Constitucional en relación con la acción de revisión y en el entendido de que ‘…la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable, que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad, no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, sino además porque la comunidad internacional, en virtud del principio de complementariedad, está comprometida en la sanción de esas conductas’”, dijo en un comunicado la Procuraduría.
Tras este concepto, la Corte Suprema decidirá si reabre o no el caso del general Rito Alejo del Río.
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Farc siguen golpeando en varias regiones
Farc siguen golpeando en varias regiones
Con homicidios, secuestros y pequeños atentados las Farc siguen ejerciendo presión en varios departamentos. Valle, Arauca y Nariño son los más golpeados según un registro de las acciones atribuidas a este grupo que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Fecha: 09/01/2008 -
En menos de un mes, el departamento del Valle ha sido golpeado por varios actos violentos. El pasado primero de agosto, en la autopista Simón Bolívar de Buenaventura, fue lanzada una granada de fragmentación y resultaron heridas siete personas. Según información del DAS, los autores del ataque eran miembros del frente urbano Manuel Cepeda Vargas.
Este martes, la explosión de un carro-bomba dejó cuatro muertos frente al Palacio de Justicia de Cali. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los delincuentes eran los mismos del atentado de Buenaventura.
“Hay claros indicios de que el atentado fue orientado por alias ´Narices´ o ´Carlos Hernán Zapata´, jefe del frente Manuel Cepeda”, dijo el ministro Santos, mientras las latas retorcidas del Chevrolet Chevette que llevaba 80 kilos del explosivo ‘anfo’, apenas eran recogidas y analizadas por los investigadores del CTI.
Atentado a Palacio de Justicia en Cali deja 4 muertos
¿Quieren las Farc hacer ruido en las ciudades?
Un atentado realizado presuntamente por las Farc, ocurrido el pasado 22 de agosto en Ituango, dejó siete personas muertas y más de 50 heridas. (Foto: AP) Ambos casos hacen parte de los 29 ataques y acciones cometidas presuntamente por las Farc en todo el país durante este año, según el registro que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. El departamento del Valle, junto con Arauca y Nariño, son los departamentos más afectados.
El registro, que demuestra la leve disminución de actos de las Farc en el mismo período del año pasado (pasaron de 30 a 29) no tiene en cuenta las doce acciones violentas (petardos, incendio de buses, ataques a estaciones de policía) que se han registrado en lo corrido del año en Bogotá, según la Policía Metropolitana.
Semana.com hace un recuento de las acciones más notorias atribuidas a las Farc durante este año.
Valle:
Aparte de los atentados en Cali y Buenaventura, en la capital de este departamento guerrilleros del frente 6 secuestraron a Caterine Valencia, empleada de las Empresas Municipales de Cali y a Luis Lozano, profesor de la estatal Universidad del Valle. Y en el municipio de Florida, el 10 de junio, murió un indígena de 64 años de edad al pisar una mina antipersona.
Nariño:
El 7 de enero, en el municipio de Samaniego, fueron secuestrados Luis Aníbal Chalacán y Luis Arturo Melo. Junto con ellos desaparecieron José Jesús Ortega, Franco Chalacán, Alveiro Villota y Clara Eliza Chalacán, quienes salieron a buscarlos al día siguiente.
El 13 de febrero, en el sector conocido como Zona Rosa del corregimiento La Guayacana de Tumaco, presuntos subversivos de las Farc asesinaron al indígena Rodrigo Natascuas Natascuas, de 24 años de edad. Y el 7 de marzo, en el municipio de El Charco, supuestos integrantes del frente 29 asesinaron a Adrián Pinillo Rebolledo, líder del Consejo Comunitario de la vereda San José Tapaje. También hirieron a un hombre conocido como Emilio Angulo Angulo.
Además el pasado 27 de junio, en el municipio de Santa Cruz, fueron asesinados tres maestros: Maura Elisa Guerrero, Piedad Anama y Ricardo Figueroa.
Arauca:
El 4 de enero de 2008 fue asesinado en la vereda las Acacias, del municipio de Tame, el dirigente campesino Hernán Lizcano Rincón. A los dos días, en el caserío de Pueblo Seco del mismo municipio también fueron asesinados Pedro Antonio Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal y el dirigente campesino Antonio Bejarano.
Cuatro días después aparecieron dos indígenas muertos y centenares de personas fueron desplazados por presión del frente 10 de las Farc.
El 24 de enero siguiente, esta vez en el municipio de Arauquita, presuntos integrantes del mismo frente atacaron con artefactos explosivos y armas de fuego a una caravana del alcalde de esta población José Francisco Vargas, en la que viajaban además nueve concejales, algunos miembros del gabinete municipal y varios agentes de la Policía. En el atentado resultaron muertos los agentes Ariel Antonio Cruz Walteros, Jimmy Garcés Escobar, Alexánder Paud Pérez, Julio Cesar Monroy Soto y quedaron heridos los agentes Efraín Andrés Paniagua Guerrero y Ramón Javier Montalvo.
Antioquia:
En el municipio de Ituango, presuntos guerrilleros del frente 18 activaron una bomba en una calle principal que mató a siete personas.
Guaviare:
El 13 de junio la vereda Puerto Nuevo, el Ejército hizo un llamado de pare a una embarcación que cruzaba a la orilla del río Guayabero, donde dos guerrilleros respondieron con disparos. En el hecho falleció José Vicente Narváez Bernal, el lanchero que, al parecer, fue obligado a cruzar a los subversivos. Narváez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Dos semanas después, cuatro indígenas a la etnia Sikuanes fueron asesinados en Miraflores.
Meta:
En el municipio de La Macarena, 13 concejales de este municipio del sur del departamento denunciaron amenazas de las Farc.
Chocó:
El pasado 13 de enero, en el corregimiento de Nuquí, presuntos miembros del frente 57 de las Farc, bajo órdenes de alias ‘El Pana’, secuestraron a 10 estudiantes y profesores universitarios que se encontraban en esta región del Pacífico.
Tolima: En el municipio de Cunday, presuntos guerrilleros del frente 15 de las Farc mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Eliécer Ayala Mora y al fiscal Jorge Ayala.
Huila:
Autoridades señalaron que subversivos de las Farc asesinaron el 9 de febrero a Manuel Macías Carrera, periodista y concejal de Algeciras.
Guajira:
El 18 de febrero, entre los municipios de Palomino y Riohacha presuntos miembros de las Farc secuestraron a Mario Alfonso Puello, periodista de la Unad en La Guajira, y a sus compañeros John Romero y Michael Mendoza.
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Con homicidios, secuestros y pequeños atentados las Farc siguen ejerciendo presión en varios departamentos. Valle, Arauca y Nariño son los más golpeados según un registro de las acciones atribuidas a este grupo que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Fecha: 09/01/2008 -
En menos de un mes, el departamento del Valle ha sido golpeado por varios actos violentos. El pasado primero de agosto, en la autopista Simón Bolívar de Buenaventura, fue lanzada una granada de fragmentación y resultaron heridas siete personas. Según información del DAS, los autores del ataque eran miembros del frente urbano Manuel Cepeda Vargas.
Este martes, la explosión de un carro-bomba dejó cuatro muertos frente al Palacio de Justicia de Cali. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los delincuentes eran los mismos del atentado de Buenaventura.
“Hay claros indicios de que el atentado fue orientado por alias ´Narices´ o ´Carlos Hernán Zapata´, jefe del frente Manuel Cepeda”, dijo el ministro Santos, mientras las latas retorcidas del Chevrolet Chevette que llevaba 80 kilos del explosivo ‘anfo’, apenas eran recogidas y analizadas por los investigadores del CTI.
Atentado a Palacio de Justicia en Cali deja 4 muertos
¿Quieren las Farc hacer ruido en las ciudades?
Un atentado realizado presuntamente por las Farc, ocurrido el pasado 22 de agosto en Ituango, dejó siete personas muertas y más de 50 heridas. (Foto: AP) Ambos casos hacen parte de los 29 ataques y acciones cometidas presuntamente por las Farc en todo el país durante este año, según el registro que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. El departamento del Valle, junto con Arauca y Nariño, son los departamentos más afectados.
El registro, que demuestra la leve disminución de actos de las Farc en el mismo período del año pasado (pasaron de 30 a 29) no tiene en cuenta las doce acciones violentas (petardos, incendio de buses, ataques a estaciones de policía) que se han registrado en lo corrido del año en Bogotá, según la Policía Metropolitana.
Semana.com hace un recuento de las acciones más notorias atribuidas a las Farc durante este año.
Valle:
Aparte de los atentados en Cali y Buenaventura, en la capital de este departamento guerrilleros del frente 6 secuestraron a Caterine Valencia, empleada de las Empresas Municipales de Cali y a Luis Lozano, profesor de la estatal Universidad del Valle. Y en el municipio de Florida, el 10 de junio, murió un indígena de 64 años de edad al pisar una mina antipersona.
Nariño:
El 7 de enero, en el municipio de Samaniego, fueron secuestrados Luis Aníbal Chalacán y Luis Arturo Melo. Junto con ellos desaparecieron José Jesús Ortega, Franco Chalacán, Alveiro Villota y Clara Eliza Chalacán, quienes salieron a buscarlos al día siguiente.
El 13 de febrero, en el sector conocido como Zona Rosa del corregimiento La Guayacana de Tumaco, presuntos subversivos de las Farc asesinaron al indígena Rodrigo Natascuas Natascuas, de 24 años de edad. Y el 7 de marzo, en el municipio de El Charco, supuestos integrantes del frente 29 asesinaron a Adrián Pinillo Rebolledo, líder del Consejo Comunitario de la vereda San José Tapaje. También hirieron a un hombre conocido como Emilio Angulo Angulo.
Además el pasado 27 de junio, en el municipio de Santa Cruz, fueron asesinados tres maestros: Maura Elisa Guerrero, Piedad Anama y Ricardo Figueroa.
Arauca:
El 4 de enero de 2008 fue asesinado en la vereda las Acacias, del municipio de Tame, el dirigente campesino Hernán Lizcano Rincón. A los dos días, en el caserío de Pueblo Seco del mismo municipio también fueron asesinados Pedro Antonio Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal y el dirigente campesino Antonio Bejarano.
Cuatro días después aparecieron dos indígenas muertos y centenares de personas fueron desplazados por presión del frente 10 de las Farc.
El 24 de enero siguiente, esta vez en el municipio de Arauquita, presuntos integrantes del mismo frente atacaron con artefactos explosivos y armas de fuego a una caravana del alcalde de esta población José Francisco Vargas, en la que viajaban además nueve concejales, algunos miembros del gabinete municipal y varios agentes de la Policía. En el atentado resultaron muertos los agentes Ariel Antonio Cruz Walteros, Jimmy Garcés Escobar, Alexánder Paud Pérez, Julio Cesar Monroy Soto y quedaron heridos los agentes Efraín Andrés Paniagua Guerrero y Ramón Javier Montalvo.
Antioquia:
En el municipio de Ituango, presuntos guerrilleros del frente 18 activaron una bomba en una calle principal que mató a siete personas.
Guaviare:
El 13 de junio la vereda Puerto Nuevo, el Ejército hizo un llamado de pare a una embarcación que cruzaba a la orilla del río Guayabero, donde dos guerrilleros respondieron con disparos. En el hecho falleció José Vicente Narváez Bernal, el lanchero que, al parecer, fue obligado a cruzar a los subversivos. Narváez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Dos semanas después, cuatro indígenas a la etnia Sikuanes fueron asesinados en Miraflores.
Meta:
En el municipio de La Macarena, 13 concejales de este municipio del sur del departamento denunciaron amenazas de las Farc.
Chocó:
El pasado 13 de enero, en el corregimiento de Nuquí, presuntos miembros del frente 57 de las Farc, bajo órdenes de alias ‘El Pana’, secuestraron a 10 estudiantes y profesores universitarios que se encontraban en esta región del Pacífico.
Tolima: En el municipio de Cunday, presuntos guerrilleros del frente 15 de las Farc mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Eliécer Ayala Mora y al fiscal Jorge Ayala.
Huila:
Autoridades señalaron que subversivos de las Farc asesinaron el 9 de febrero a Manuel Macías Carrera, periodista y concejal de Algeciras.
Guajira:
El 18 de febrero, entre los municipios de Palomino y Riohacha presuntos miembros de las Farc secuestraron a Mario Alfonso Puello, periodista de la Unad en La Guajira, y a sus compañeros John Romero y Michael Mendoza.
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