Movilización indígena criminalizada por el gobierno
Movimientos sociales
Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.
www.elturbion.modep.org
lunes, 3 de noviembre de 2008
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Noviembre 1 de 2008
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
www.eltiempo.com
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
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Capturan guerrillero de las Farc 'Chucho', hombre clave de 'Jojoy'
Capturan guerrillero de las Farc 'Chucho', hombre clave de 'Jojoy'
Durante su presentación ante los medios, José Marvel Zamora alias 'Chucho' gritó arengas a favor de las Farc.
José Márvel Zamora, también conocido con el alias de 'El profe' fue capturado por tropas de la Brigada Móvil 17 cerca de la vereda El Rosario, en el municipio de Coyaima (Tolima).
'Cucho', de 39 años, es considerado uno los principales hombres del Bloque Oriental de las Farc y el segundo del frente Antonio Nariño de la guerrilla.
Tiene en su contra siete órdenes de captura vigentes por delitos de terrorismo y homicidio agravado, secuestro extorsivo, rebelión y secuestro.
Es señalado de ser responsable de extorsiones y secuestros en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta. Además, de haber coordinado acciones terroristas contra estaciones de TransMilenio y supermercados en Bogotá.
Zamora empezó como miliciano raso de las Farc y hoy es uno de los hombres más cercanos al 'Mono Jojoy'.
Cursó hasta séptimo semestre de Derecho en una universidad privada de Bogotá.
El 30 de mayo de 1996, atacó junto a Carlos Antonio Lozada, ex negociador en los diálogos de paz y un comando de once milicianos más, la estación de Policía de Kennedy. Fue el primer asalto de la red urbana 'Antonio Nariño', columna vertebral de las milicias de las Farc.
Después del asalto huyó con sus compañeros. Se internaron en el corazón del Bloque Oriental de las Farc, en Uribe (Meta). Allí tuvo su primer contacto con el 'Mono Jojoy'.
Después de recibir entrenamiento en los campamentos de 'Jojoy' por más de cuatro meses, regresó a Bogotá, pero fue capturado.
Desde 1997 quedó recluido en el patio dos de la cárcel La Modelo, donde se encontró con líderes subversivos como Yesid Arteta, Byron , Alfredo Arenas y Robinson.
En los tres años siguientes, Chucho lideró las mesas de trabajo de la cárcel hasta que fue trasladado el 29 de abril del 2000 a los calabozos de la Dijín.
Semanas más tarde llegó a La Picota, de donde se fugó el sábado 23 de junio del 2001.
Junto a 'Romaña' y 'Byron' conformó la columna móvil Arturo Ruíz, compuesta por unos 300 guerrilleros. Al culminar los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno, el 20 de febrero de este año, partieron desde la zona de distensión hasta llegar al páramo de Sumapaz.
Desde allí ordenó varios atentados en Bogotá, que incluyen los del 7 de agosto de 2002, en la primera posesión del Presidente Uribe, contra la represa de Chingaza, la bicicleta-bomba en el barrio Fátima, el carro-bomba contra el canal Caracol y el ataque al comando de la Policía Metropolitana de la capital.
Ha sido condenado a 25 años de prisión por terrorismo y tiene una medida de aseguramiento vigente por rebelión y sedición y otra por homicidio, secuestro y terrorismo.
Procesos en contra:
Proceso 6367, en el Juzgado Penal Circuito Especializado de Bogotá, por los delitos de terrorismo y homicidio agravado.
Proceso 60750, en la Fiscalía Seccional Unidad Antiextorsión y secuestro de Bogotá, por secuestro extorsivo.
Procesos 58450 y 450745, en la Fiscalía Seccional Unidad Delitos contra libertad individual, por rebelión.
Proceso 3650 (6367), dirigido por la Dirección General de Fiscalías por terrorismo y rebelión.
Proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por terrorismo y homicidio agravado.
Proceso 0147/99, Juzgado Penal circuito No. 53 de Bogotá, por rebelión.
Proceso 60750, Fiscal Seccional Unidad Antiextorsión y Secuestro de Bogotá, por secuestro extorsivo.
www.eltiempo.com
Durante su presentación ante los medios, José Marvel Zamora alias 'Chucho' gritó arengas a favor de las Farc.
José Márvel Zamora, también conocido con el alias de 'El profe' fue capturado por tropas de la Brigada Móvil 17 cerca de la vereda El Rosario, en el municipio de Coyaima (Tolima).
'Cucho', de 39 años, es considerado uno los principales hombres del Bloque Oriental de las Farc y el segundo del frente Antonio Nariño de la guerrilla.
Tiene en su contra siete órdenes de captura vigentes por delitos de terrorismo y homicidio agravado, secuestro extorsivo, rebelión y secuestro.
Es señalado de ser responsable de extorsiones y secuestros en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta. Además, de haber coordinado acciones terroristas contra estaciones de TransMilenio y supermercados en Bogotá.
Zamora empezó como miliciano raso de las Farc y hoy es uno de los hombres más cercanos al 'Mono Jojoy'.
Cursó hasta séptimo semestre de Derecho en una universidad privada de Bogotá.
El 30 de mayo de 1996, atacó junto a Carlos Antonio Lozada, ex negociador en los diálogos de paz y un comando de once milicianos más, la estación de Policía de Kennedy. Fue el primer asalto de la red urbana 'Antonio Nariño', columna vertebral de las milicias de las Farc.
Después del asalto huyó con sus compañeros. Se internaron en el corazón del Bloque Oriental de las Farc, en Uribe (Meta). Allí tuvo su primer contacto con el 'Mono Jojoy'.
Después de recibir entrenamiento en los campamentos de 'Jojoy' por más de cuatro meses, regresó a Bogotá, pero fue capturado.
Desde 1997 quedó recluido en el patio dos de la cárcel La Modelo, donde se encontró con líderes subversivos como Yesid Arteta, Byron , Alfredo Arenas y Robinson.
En los tres años siguientes, Chucho lideró las mesas de trabajo de la cárcel hasta que fue trasladado el 29 de abril del 2000 a los calabozos de la Dijín.
Semanas más tarde llegó a La Picota, de donde se fugó el sábado 23 de junio del 2001.
Junto a 'Romaña' y 'Byron' conformó la columna móvil Arturo Ruíz, compuesta por unos 300 guerrilleros. Al culminar los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno, el 20 de febrero de este año, partieron desde la zona de distensión hasta llegar al páramo de Sumapaz.
Desde allí ordenó varios atentados en Bogotá, que incluyen los del 7 de agosto de 2002, en la primera posesión del Presidente Uribe, contra la represa de Chingaza, la bicicleta-bomba en el barrio Fátima, el carro-bomba contra el canal Caracol y el ataque al comando de la Policía Metropolitana de la capital.
Ha sido condenado a 25 años de prisión por terrorismo y tiene una medida de aseguramiento vigente por rebelión y sedición y otra por homicidio, secuestro y terrorismo.
Procesos en contra:
Proceso 6367, en el Juzgado Penal Circuito Especializado de Bogotá, por los delitos de terrorismo y homicidio agravado.
Proceso 60750, en la Fiscalía Seccional Unidad Antiextorsión y secuestro de Bogotá, por secuestro extorsivo.
Procesos 58450 y 450745, en la Fiscalía Seccional Unidad Delitos contra libertad individual, por rebelión.
Proceso 3650 (6367), dirigido por la Dirección General de Fiscalías por terrorismo y rebelión.
Proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por terrorismo y homicidio agravado.
Proceso 0147/99, Juzgado Penal circuito No. 53 de Bogotá, por rebelión.
Proceso 60750, Fiscal Seccional Unidad Antiextorsión y Secuestro de Bogotá, por secuestro extorsivo.
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Octubre 29 de 2008 - 7:15 a.m.
Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
Por: AP | Elespectador.com
La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo86468-amnistia-internacional-pide-se-cancele-ayuda-militar-al-pais
Por: AP | Elespectador.com
La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
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La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Bogotá | 28 octubre 2008 - 4:21pm
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo86552-militares-relacionados-desapariciones-serian-procesados-justicia-ordin
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
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En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Nacional | 28 octubre 2008 - 6:49pm
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Por: Elespectador.com
El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
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http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo86584-los-dos-ultimos-anos-se-han-presentado-533-ejecuciones-colombia
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
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El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
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Desnutrición, anemia y enfermedades parasitarias padece Óscar Tulio Lizcano
Octubre 27 de 2008 - 9:10 a.m.
Desnutrición, anemia y enfermedades parasitarias padece Óscar Tulio Lizcano
El ex congresista caldense, que se fugó tras 8 años secuestrado en poder de las Farc, fue sometido a exhaustivos exámenes médicos en una clínica de Cali. No ha dejado de pedir comida.
Una bandeja paisa fue lo primero que el ex congresista les pidió a los médicos. A cambio le dieron suero.
Pero la insistencia de Lizcano, que recuperó ayer su libertad luego de huir con la ayuda del guerrillero de las Farc 'Isaza', obligó a los médicos a darle ayer un "chuzo, un pincho y frutas", pues tenía mucha ansiedad, según contó su hijo Mauricio Lizcano, quien fue el primero en saludarlo ayer en Cali.
Óscar Lizcano no ha parado de hablar. Anoche su hijo Mauricio se quedó dormido a eso de la 1:30 de la mañana escuchando las historias de su padre, quien continuó la charla con su esposa, Martha.
"Está coherente y muy emocionado. Habla muy despacio", dijo Mauricio.
"Nos contó que tenía unos palos a los que les dictaba clase para no enloquecerse y que a un guerrillero de 16 años con quien se iba a volar lo fusilaron hace un año por escapar", relató Mauricio. "La presión militar era tan fuerte que durante un mes tuvieron que tomar solo agua y sal". agregó.
Añadió en su relato que dormía en el suelo sobre unas raíces y que los últimos seis meses fueron de marcha constante en la selva porque el Ejército "estaba encima".
La primera propuesta que 'Isaza' le hizo a Lizcano, según contó su hijo, fue hace dos meses, pero que en ese momento pensó que la guerrilla le estaba haciendo una trampa, pero un detalle que le contó 'Isaza' le hizo creer.
"'Isaza' le dijo que él lo quería porque era del mismo pueblo de mi papá y que cuando había sido político le había regalado una casa a la mamá y que estaba muy agradecido por eso", contó Mauricio Lizcano.
Desde ese momento Lizcano e 'Isaza' comenzaron a entablar una amistad hasta que hace tres días le dijo "ahora o nunca": era el momento de escaparse. Fueron tres días en los que debieron caminar incesantemente y atravesar por lo menos 30 días "con el agua hasta el cuello.
"La fuga fueron tres días caminando, cayéndose de noche porque no tenían linternas. De día tenían que parar y meterse en la selva, dejarse picar de los mosquitos, no moverse", contó Mauricio Lizcano.
"Al final llegaron a una Base Militar, donde incluso no le creyeron que era porque venía recostado sobre el hombro de la otra persona como si estuviera dormido y cuando dijo: soy Lizcano, soy Lizcano, los soldados pensaron que era un borracho y no lo querían atender. A mi papá le tocó quitarle el fusil al guerrillero y levantarlo", narró Mauricio Lizcano.
Exhaustivo examen médico
"El paciente ha estado en buenas condiciones. Se le hará tratamiento siquiátrico a él y a su familia, y mañana habrá más exámenes. Permanece en compañia de su famila", leía uno de los partes médicos que se dieron durante la jornada.
Lizcano, quien se escapó hace tres días junto a su carcelero tras un fuerte presión del Ejército, se encontró en la mañana de este domingo con tropas de la Brigada XIV Móvil del Ejército en San José del Palmar, en el río Támana, municipio del Chocó, en límites entre Risaralda y Valle.
A su captor, alias 'Isaza', el presidente Álvaro Uribe le ofreció una recompensa y su traslado a Francia, junto con su compañera, quien se desmovilzó hace unos meses.
A petición del Presidente, el Ejército y el Ministerio de Defensa definirán el monto de la recompensa que le pagarán a 'Isaza'.
La presión del Ejército sobre la Comisión que vigilaba a Lizcano comenzó hace tres meses, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lizcano aterrizó pasado el mediodía en Cali, donde visiblemente agotado dio una breve rueda de prensa junto a Santos.
Luego fue trasladado a la clínica Valle del Lili de esa ciudad para ser sometido a exámenes médicos, debido a su delicado estado de salud.
Breve rueda de prensa
Cuando Lizcano se aprestaba a hablar, Santos le pasó el teléfono para que hablara con su esposa, Martha de Lizcano.
Lucía demacrado, con sudadera negra, larga barba y muy cansado. Aguantó las lágrimas. Habló sentado en una silla rodeado de militares.
"El horror que vivió durante nueve años no tiene definición. Él es un ejemplo de estoicismo", dijo Santos, quien informó a la comunidad nacional e internacional que se trató de una fuga, y no de un rescate, como había circulado en los medios cuando se dio a conocer la noticia.
Sin embargo, Santos destacó que la huída se pudo dar por la asfixiante presión del Ejército en San José del Palmar.
Incialmente se había informado que se había dado muerte a 8 guerrilleros y la captura de 6, pero Santos lo desmintió.
"No hubo un solo tiro, no hay guerrilleros ni muertos, ni heridos, ni capturados y el único subversivo es alias 'Isaza'", señaló.
Lizcano se topó a las 8:15 de la mañana con el Ejército. Allá permaneció unas horas, antes de volar en helicóptero a Cali, la ciudad más cercana donde se le podían prestar mejores servicios médicos.
Pasadas las 12 del mediodía, Lizcano aterrizó en la escuela Marco Fidel Suárez. Su estado de salud, dijo su familia, era débil.
"Me dijo que estaba bien de salud, pero débil", dijo a radio 'Caracol' Mauricio Lizcano.
El representante recibió en la mañana una llamada del Presidente informándole de la noticia. Lizcano no estaba con ningún otro secuestrado.
"Han sido ocho años de mucho sufrimiento", dijo sollozando Martha de Lizcano, esposa del ex congresista, a 'Caracol'.
Según las autoridades, la operación para rescatar a Lizcano empezó a planearse hace tres meses, después de que un guerrillero desmovilizado les entregara el área por donde se movilizaba el ex congresista.
En su último mensaje de supervivencia, Lizcano le había pedido al Presidente que no insistiera "buscando con nosotros una victoria militar. Acuda a una solución humana, lo más pronto posible".
Sueño premonitorio
"Casualmente añoche me soñé que mi papá llegaba hoy", dijo a 'Caracol' Juan Carlos Lizcano, otro hijo del ex congresista, y quien también estuvo secuestrado en manos de las Farc.
Fue secuestrado el 5 de agosto del año 2000 en el departamento de Caldas, a unos 250 kilómetros de Bogotá, a los 50 años.
Desde noviembre del pasado año no se tenían pruebas de supervivencia de él, aunque sí se decía que su estado de salud no era el mejor.
El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que con base en testimonios de guerrilleros que depusieron las armas y se entregaron a las autoridades, sabía que la salud de Lizcano estaba delicada, pero que no tenían detalles.
En el momento de su secuestro, Lizcano estaba acompañado por la ex secretaria del Tesoro Municipal de Riosucio, Silvia Víctoria López, que horas después fue dejada en libertad.
Lizcano se había desempeñado como secretario de Planeación Departamental durante el mandato del gobernador Ricardo Zapata Arias. También fue diputado, concejal y senador suplente.
Reacciones
"Yo estoy tan emocionada. Es un momento muy muy fuerte. Le estoy dando gracias a Dios por este milagro", dijo a 'Caracol' desde Viena, Íngrid Betancourt. "Me siento liberada otra vez".
"Estamos compartiendo con ellos (los Lizcano) cada instante de felicidad. Gracias al Ejército otra vez más, es otra cosa extraordinaria", agregó Betancourt, rescatada en julio.
"El mundo entero los está señalando (a las Farc)", concluyó al pedirle a ese grupo guerrillero que libere al resto de los secuestrados.
Por su parte, el ex presidente Ernesto Samper le dijo a 'Caracol' que "es una reacción de alegría, de felicidad; una reacción un poco agridulce porque tenemos que recordar que todavía quedan 28 personas secuestradas".
Henry Murillo, secretario de gobierno del departamento de Caldas, indicó a 'Caracol' que el ex congresista fue liberado cerca de las 8.15 a.m. horas en una zona rural del departamento de Chocó, en el oeste del país.
Ayuda psicológica
El ex senador Luis Eladio Pérez, a quien las Farc liberó a comienzos de este año, recomendó que se le brindara la mejor terapia psicológica a Lizcano.
"No se imagina el shock que representa estar hace tres horas secuestrado, de una forma infame, y de la noche a la mañana encontrarse en libertad. La asistencia psicológica es prioritaria. Ojalá con Óscar Tulio se pueda hacer ese ejercicio", dijo Pérez a 'Caracol'.
Otros secuestrados canjeables
Las Farc aún retienen a por lo menos una veintena de militares, policías y ex políticos, entre ellos Alan Jara, ex gobernador del departamento de Meta, secuestrado en julio del 2001 y a Sigifredo López, ex diputado de la asamblea departamental de Valle, retenido desde abril del 2002.
El senador Gustavo Petro, del opositor partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, elogió las acciones del ejército para rescatar a los cautivos y exigió que las Farc procedan a ''la liberación unilateral y sin condiciones'' de todos los rehenes que mantienen en su poder.
''El ejército de Colombia está escribiendo una páginas de antología en la historia de Colombia'', agregó el congresista, uno de los más duros críticos del gobierno de Uribe pero también de acciones de las Farc como los secuestros.
www.eltiempo.com
Desnutrición, anemia y enfermedades parasitarias padece Óscar Tulio Lizcano
El ex congresista caldense, que se fugó tras 8 años secuestrado en poder de las Farc, fue sometido a exhaustivos exámenes médicos en una clínica de Cali. No ha dejado de pedir comida.
Una bandeja paisa fue lo primero que el ex congresista les pidió a los médicos. A cambio le dieron suero.
Pero la insistencia de Lizcano, que recuperó ayer su libertad luego de huir con la ayuda del guerrillero de las Farc 'Isaza', obligó a los médicos a darle ayer un "chuzo, un pincho y frutas", pues tenía mucha ansiedad, según contó su hijo Mauricio Lizcano, quien fue el primero en saludarlo ayer en Cali.
Óscar Lizcano no ha parado de hablar. Anoche su hijo Mauricio se quedó dormido a eso de la 1:30 de la mañana escuchando las historias de su padre, quien continuó la charla con su esposa, Martha.
"Está coherente y muy emocionado. Habla muy despacio", dijo Mauricio.
"Nos contó que tenía unos palos a los que les dictaba clase para no enloquecerse y que a un guerrillero de 16 años con quien se iba a volar lo fusilaron hace un año por escapar", relató Mauricio. "La presión militar era tan fuerte que durante un mes tuvieron que tomar solo agua y sal". agregó.
Añadió en su relato que dormía en el suelo sobre unas raíces y que los últimos seis meses fueron de marcha constante en la selva porque el Ejército "estaba encima".
La primera propuesta que 'Isaza' le hizo a Lizcano, según contó su hijo, fue hace dos meses, pero que en ese momento pensó que la guerrilla le estaba haciendo una trampa, pero un detalle que le contó 'Isaza' le hizo creer.
"'Isaza' le dijo que él lo quería porque era del mismo pueblo de mi papá y que cuando había sido político le había regalado una casa a la mamá y que estaba muy agradecido por eso", contó Mauricio Lizcano.
Desde ese momento Lizcano e 'Isaza' comenzaron a entablar una amistad hasta que hace tres días le dijo "ahora o nunca": era el momento de escaparse. Fueron tres días en los que debieron caminar incesantemente y atravesar por lo menos 30 días "con el agua hasta el cuello.
"La fuga fueron tres días caminando, cayéndose de noche porque no tenían linternas. De día tenían que parar y meterse en la selva, dejarse picar de los mosquitos, no moverse", contó Mauricio Lizcano.
"Al final llegaron a una Base Militar, donde incluso no le creyeron que era porque venía recostado sobre el hombro de la otra persona como si estuviera dormido y cuando dijo: soy Lizcano, soy Lizcano, los soldados pensaron que era un borracho y no lo querían atender. A mi papá le tocó quitarle el fusil al guerrillero y levantarlo", narró Mauricio Lizcano.
Exhaustivo examen médico
"El paciente ha estado en buenas condiciones. Se le hará tratamiento siquiátrico a él y a su familia, y mañana habrá más exámenes. Permanece en compañia de su famila", leía uno de los partes médicos que se dieron durante la jornada.
Lizcano, quien se escapó hace tres días junto a su carcelero tras un fuerte presión del Ejército, se encontró en la mañana de este domingo con tropas de la Brigada XIV Móvil del Ejército en San José del Palmar, en el río Támana, municipio del Chocó, en límites entre Risaralda y Valle.
A su captor, alias 'Isaza', el presidente Álvaro Uribe le ofreció una recompensa y su traslado a Francia, junto con su compañera, quien se desmovilzó hace unos meses.
A petición del Presidente, el Ejército y el Ministerio de Defensa definirán el monto de la recompensa que le pagarán a 'Isaza'.
La presión del Ejército sobre la Comisión que vigilaba a Lizcano comenzó hace tres meses, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lizcano aterrizó pasado el mediodía en Cali, donde visiblemente agotado dio una breve rueda de prensa junto a Santos.
Luego fue trasladado a la clínica Valle del Lili de esa ciudad para ser sometido a exámenes médicos, debido a su delicado estado de salud.
Breve rueda de prensa
Cuando Lizcano se aprestaba a hablar, Santos le pasó el teléfono para que hablara con su esposa, Martha de Lizcano.
Lucía demacrado, con sudadera negra, larga barba y muy cansado. Aguantó las lágrimas. Habló sentado en una silla rodeado de militares.
"El horror que vivió durante nueve años no tiene definición. Él es un ejemplo de estoicismo", dijo Santos, quien informó a la comunidad nacional e internacional que se trató de una fuga, y no de un rescate, como había circulado en los medios cuando se dio a conocer la noticia.
Sin embargo, Santos destacó que la huída se pudo dar por la asfixiante presión del Ejército en San José del Palmar.
Incialmente se había informado que se había dado muerte a 8 guerrilleros y la captura de 6, pero Santos lo desmintió.
"No hubo un solo tiro, no hay guerrilleros ni muertos, ni heridos, ni capturados y el único subversivo es alias 'Isaza'", señaló.
Lizcano se topó a las 8:15 de la mañana con el Ejército. Allá permaneció unas horas, antes de volar en helicóptero a Cali, la ciudad más cercana donde se le podían prestar mejores servicios médicos.
Pasadas las 12 del mediodía, Lizcano aterrizó en la escuela Marco Fidel Suárez. Su estado de salud, dijo su familia, era débil.
"Me dijo que estaba bien de salud, pero débil", dijo a radio 'Caracol' Mauricio Lizcano.
El representante recibió en la mañana una llamada del Presidente informándole de la noticia. Lizcano no estaba con ningún otro secuestrado.
"Han sido ocho años de mucho sufrimiento", dijo sollozando Martha de Lizcano, esposa del ex congresista, a 'Caracol'.
Según las autoridades, la operación para rescatar a Lizcano empezó a planearse hace tres meses, después de que un guerrillero desmovilizado les entregara el área por donde se movilizaba el ex congresista.
En su último mensaje de supervivencia, Lizcano le había pedido al Presidente que no insistiera "buscando con nosotros una victoria militar. Acuda a una solución humana, lo más pronto posible".
Sueño premonitorio
"Casualmente añoche me soñé que mi papá llegaba hoy", dijo a 'Caracol' Juan Carlos Lizcano, otro hijo del ex congresista, y quien también estuvo secuestrado en manos de las Farc.
Fue secuestrado el 5 de agosto del año 2000 en el departamento de Caldas, a unos 250 kilómetros de Bogotá, a los 50 años.
Desde noviembre del pasado año no se tenían pruebas de supervivencia de él, aunque sí se decía que su estado de salud no era el mejor.
El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que con base en testimonios de guerrilleros que depusieron las armas y se entregaron a las autoridades, sabía que la salud de Lizcano estaba delicada, pero que no tenían detalles.
En el momento de su secuestro, Lizcano estaba acompañado por la ex secretaria del Tesoro Municipal de Riosucio, Silvia Víctoria López, que horas después fue dejada en libertad.
Lizcano se había desempeñado como secretario de Planeación Departamental durante el mandato del gobernador Ricardo Zapata Arias. También fue diputado, concejal y senador suplente.
Reacciones
"Yo estoy tan emocionada. Es un momento muy muy fuerte. Le estoy dando gracias a Dios por este milagro", dijo a 'Caracol' desde Viena, Íngrid Betancourt. "Me siento liberada otra vez".
"Estamos compartiendo con ellos (los Lizcano) cada instante de felicidad. Gracias al Ejército otra vez más, es otra cosa extraordinaria", agregó Betancourt, rescatada en julio.
"El mundo entero los está señalando (a las Farc)", concluyó al pedirle a ese grupo guerrillero que libere al resto de los secuestrados.
Por su parte, el ex presidente Ernesto Samper le dijo a 'Caracol' que "es una reacción de alegría, de felicidad; una reacción un poco agridulce porque tenemos que recordar que todavía quedan 28 personas secuestradas".
Henry Murillo, secretario de gobierno del departamento de Caldas, indicó a 'Caracol' que el ex congresista fue liberado cerca de las 8.15 a.m. horas en una zona rural del departamento de Chocó, en el oeste del país.
Ayuda psicológica
El ex senador Luis Eladio Pérez, a quien las Farc liberó a comienzos de este año, recomendó que se le brindara la mejor terapia psicológica a Lizcano.
"No se imagina el shock que representa estar hace tres horas secuestrado, de una forma infame, y de la noche a la mañana encontrarse en libertad. La asistencia psicológica es prioritaria. Ojalá con Óscar Tulio se pueda hacer ese ejercicio", dijo Pérez a 'Caracol'.
Otros secuestrados canjeables
Las Farc aún retienen a por lo menos una veintena de militares, policías y ex políticos, entre ellos Alan Jara, ex gobernador del departamento de Meta, secuestrado en julio del 2001 y a Sigifredo López, ex diputado de la asamblea departamental de Valle, retenido desde abril del 2002.
El senador Gustavo Petro, del opositor partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, elogió las acciones del ejército para rescatar a los cautivos y exigió que las Farc procedan a ''la liberación unilateral y sin condiciones'' de todos los rehenes que mantienen en su poder.
''El ejército de Colombia está escribiendo una páginas de antología en la historia de Colombia'', agregó el congresista, uno de los más duros críticos del gobierno de Uribe pero también de acciones de las Farc como los secuestros.
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Fiscalía ocupó 154 bienes de Daniel Rendón Herrera 'Don Mario', avaluados en 100 millones de dólares
Octubre 28 de 2008 - 1:20 p.m.
Fiscalía ocupó 154 bienes de Daniel Rendón Herrera 'Don Mario', avaluados en 100 millones de dólares
Las propiedades del señalado narcotraficante, entre las que hay 141 inmuebles, 8 sociedades y 5 vehículos, serán sometidas a procesos de extinción de dominio.
En la rueda de prensa sobre la extinción de dominio de los bienes de alias 'Don Mario' el Fiscal General, Mario Iguarán, dijo enfáticamente que para Daniel Rendón Herrera no habrá beneficios de de la Ley de Justicia y Paz.
"La ley es muy clara en señalar que si la actividad principal es el narcotráfico no hay la más mínima posibilidad de beneficiarse .Quedan notificados "Don Mario" y sus miembros que no tienen posibilidad de ingresar a la Ley de Justicia y Paz".
Sobre los bienes del narcotraficante estableció que irían a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que sea el Consejo Superior de dicho organismo el que disponga de ellos.
Por su parte, el general de la Policía Nacional Óscar Naranjo, aseguró que la extinción de dominio de estos bienes se suma a la serie de acciones estratégicas en contra de alias "Don Mario", con la incautación de 1.500 fusiles que intentaron ingresar al país, así como 8 toneladas de droga y la captura de 180 integrantes.
"Diríamos que quedamos con la tarea final de la captura", dijo.
El general ratificó los 3 mil millones de pesos de recompensa que se ofrece a quien dé información importante que permita la captura del narcotraficante y confirmó que la banda de alias "Don Mario" está conformada por 320 hombres, que se apoya con una red de testaferros y una red de logística financiera.
Sobre los panfletos que la organización ha puesto en diferentes partes del país, el general dijo que el líder narcotraficante "se ha dedicado a enmascarar su actividad con una serie de panfletos donde crea un movimiento seudopolítico, que es una maniobra de autodefensas gaitanistas. Allí lo que hay es una estrategia para tapar la actividad narcotraficante".
Las propiedades están ubicadas en San Pedro de Urabá, Arboletes, Necodí, Anorí, Envigado y Mutatá (Antioquia), así como en Pereira, Armenia, Montería, Tierra Alta (Córdoba) y Bogotá.
Fiscalía ocupó 154 bienes de Daniel Rendón Herrera 'Don Mario', avaluados en 100 millones de dólares
Las propiedades del señalado narcotraficante, entre las que hay 141 inmuebles, 8 sociedades y 5 vehículos, serán sometidas a procesos de extinción de dominio.
En la rueda de prensa sobre la extinción de dominio de los bienes de alias 'Don Mario' el Fiscal General, Mario Iguarán, dijo enfáticamente que para Daniel Rendón Herrera no habrá beneficios de de la Ley de Justicia y Paz.
"La ley es muy clara en señalar que si la actividad principal es el narcotráfico no hay la más mínima posibilidad de beneficiarse .Quedan notificados "Don Mario" y sus miembros que no tienen posibilidad de ingresar a la Ley de Justicia y Paz".
Sobre los bienes del narcotraficante estableció que irían a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que sea el Consejo Superior de dicho organismo el que disponga de ellos.
Por su parte, el general de la Policía Nacional Óscar Naranjo, aseguró que la extinción de dominio de estos bienes se suma a la serie de acciones estratégicas en contra de alias "Don Mario", con la incautación de 1.500 fusiles que intentaron ingresar al país, así como 8 toneladas de droga y la captura de 180 integrantes.
"Diríamos que quedamos con la tarea final de la captura", dijo.
El general ratificó los 3 mil millones de pesos de recompensa que se ofrece a quien dé información importante que permita la captura del narcotraficante y confirmó que la banda de alias "Don Mario" está conformada por 320 hombres, que se apoya con una red de testaferros y una red de logística financiera.
Sobre los panfletos que la organización ha puesto en diferentes partes del país, el general dijo que el líder narcotraficante "se ha dedicado a enmascarar su actividad con una serie de panfletos donde crea un movimiento seudopolítico, que es una maniobra de autodefensas gaitanistas. Allí lo que hay es una estrategia para tapar la actividad narcotraficante".
Las propiedades están ubicadas en San Pedro de Urabá, Arboletes, Necodí, Anorí, Envigado y Mutatá (Antioquia), así como en Pereira, Armenia, Montería, Tierra Alta (Córdoba) y Bogotá.
Atentados ocurridos en Bogotá durante 2008
Atentados ocurridos en Bogotá durante 2008
Son varios los hechos de violencia que han afectado a la ciudad y que han motivado el refuerzo de las medidas de seguridad, incluyendo el aumento del pie de fuerza en las calles.
50 millones de pesos a quienes den información sobre los responsables de ola terrorista en Bogotá El mes de junio fue uno de los más duros para la seguridad de la Capital, luego de que se presentaran cuatro explosiones en menos de cuatro días.
El primero ocurrió el 9 de junio en la carrera Sexta con calle 32 A, centro de la ciudad, donde murió Yuly Marcela Robayo, madre de dos niños.
El segundo fue en el parqueadero de la Estación de Policía de Suba y cuatro uniformados resultaron heridos.
El jueves 12, dos petardos de mediano poder explotaron en las calles de Bogotá. El primero se registró en la calle 17 con carrera 68, a las 7:25 de la noche.
El segundo ocurrió pasadas las 10:00 de la noche en la calle 103 con 19A. Luego de esos hechos, la Alcaldía ordenó que mil hombres más reforzaran la seguridad en la Capital.
Buses quemados
El pasado 24 de julio, seis buses fueron quemados en diferentes lugares de la ciudad. Los atentados, perpetrados por desconocidos con bombas incendiarias, se presentaron uno tras otro entre las 4:30 y las 4:45 p.m. No dejaron muertos ni heridos.
Autoridades atribuyeron estos hechos a milicias de las Farc que operan en Bogotá.
Este es un recuento de otros atentados
Enero 29: tres uniformados de la Policía y un civil que pasaba por el lugar resultaron heridos frente a la estación de Policía de Meissen.
Abril 17: explosivos que estaban en dos bolsas fueron activados cerca del CAI de Santa María del Lago.
Marzo 5: dos personas heridas dejó la explosión de un artefacto de pólvora negra en un baño del almacén Éxito de Chapinero. Mar 19: explotó un artefacto de bajo poder destructivo frente al almacén Esquina del Plástico.
Marzo 13: explosión de un petardo frente a un depósito de materiales en el barrio Vitelma, suroriente de Bogotá.
Agosto 9: explosión dentro de la distribuidora Districarnes, en la carrera 19 con calle 144, en Cedritos.
www.eltiempo.com
Son varios los hechos de violencia que han afectado a la ciudad y que han motivado el refuerzo de las medidas de seguridad, incluyendo el aumento del pie de fuerza en las calles.
50 millones de pesos a quienes den información sobre los responsables de ola terrorista en Bogotá El mes de junio fue uno de los más duros para la seguridad de la Capital, luego de que se presentaran cuatro explosiones en menos de cuatro días.
El primero ocurrió el 9 de junio en la carrera Sexta con calle 32 A, centro de la ciudad, donde murió Yuly Marcela Robayo, madre de dos niños.
El segundo fue en el parqueadero de la Estación de Policía de Suba y cuatro uniformados resultaron heridos.
El jueves 12, dos petardos de mediano poder explotaron en las calles de Bogotá. El primero se registró en la calle 17 con carrera 68, a las 7:25 de la noche.
El segundo ocurrió pasadas las 10:00 de la noche en la calle 103 con 19A. Luego de esos hechos, la Alcaldía ordenó que mil hombres más reforzaran la seguridad en la Capital.
Buses quemados
El pasado 24 de julio, seis buses fueron quemados en diferentes lugares de la ciudad. Los atentados, perpetrados por desconocidos con bombas incendiarias, se presentaron uno tras otro entre las 4:30 y las 4:45 p.m. No dejaron muertos ni heridos.
Autoridades atribuyeron estos hechos a milicias de las Farc que operan en Bogotá.
Este es un recuento de otros atentados
Enero 29: tres uniformados de la Policía y un civil que pasaba por el lugar resultaron heridos frente a la estación de Policía de Meissen.
Abril 17: explosivos que estaban en dos bolsas fueron activados cerca del CAI de Santa María del Lago.
Marzo 5: dos personas heridas dejó la explosión de un artefacto de pólvora negra en un baño del almacén Éxito de Chapinero. Mar 19: explotó un artefacto de bajo poder destructivo frente al almacén Esquina del Plástico.
Marzo 13: explosión de un petardo frente a un depósito de materiales en el barrio Vitelma, suroriente de Bogotá.
Agosto 9: explosión dentro de la distribuidora Districarnes, en la carrera 19 con calle 144, en Cedritos.
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marcha Indígena
Octubre 23 de 2008 - 6:45 p.m.
Presidente y líder de marcha indígena acordaron reunirse el domingo para solucionar conflicto
En una comunicación telefónica que duró aproximadamente 10 minutos, el mandatario le dijo a Daniel Piñacué que estaba interesado en darle solución a sus peticiones.
Piñacué dijo a eltiempo.com que la llamada de Uribe es "un buen gesto" en la dirección de solucionar la reclamación. La reunión será en Cali.
El líder indígena dijo que si Uribe da soluciones concretas a sus exigencias, se devolverán para sus resguardos. De lo contrario, manifestó, irán a la "mismísima Casa de Nariño".
Horas antes, los líderes de las organizaciones indígenas habían rechazado reunirse con el presidente Uribe en Popayán porque eso implicaría desviar el recorrido que programaron hasta la capital del Valle del Cauca.
El presidente Uribe dijo anoche en una alocución televisada que el domingo estaría con ministros en la capital del departamento de Cauca, 370 kilómetros al suroeste del país, para discutir públicamente puntos reclamados por los indígenas.
La movilización indígena avanza en forma pacífica entre Santander de Quilichao y Villa Rica, por la vía Panamericana. La Policía desactivó 6 cilindros de gas que se acondicionaron como bombas.
Así lo aseguró el comandante de la Policía, en la regional 4, general Gustavo Ricaurte, quien informó que estos artefactos explosivos fueron hallados en la vereda San Nicolás del municipio Santander de Quilicaho.
Técnicos antiexplosivos de la Policía colocoban contra cargas para desactivarlos. Estos explosivos no se encuentran en el camino de la marcha que transita por la vía.
El jefe operativo de la policía nacional, general Orlando Páez, dijo que al menos 700 de sus agentes monitorean la marcha en caso de que se presentara cualquier bloqueo en la vía.
Entre los que marchan, dijo Valencia en entrevista telefónica, van 7.000 ''guardias indígenas'' o miembros de las comunidades que con largos bastones de madera, escoltan la marcha y evitan que la manifestación ocupen toda la carretera y choques con la policía y militares que acechan la movilización.
Disparos de la Policía
Sin embargo, aseguró que los 3 indígenas fallecidos en enfrentamientos se produjo por la manipulación de explosivos de bajo poder y no por disparos de la Fuerza Pública.
''Nosotros tenemos los testimonios de la gente donde aseveran que ellos fueron asesinados con disparos de arma de fuego'' de las autoridades, dijo Valencia. ''Nosotros podemos afirmar categóricamente que de parte de nosotros no hay ningún tipo... de artefactos'', agregó.
Uribe, como él mismo lo reconoció, había negado de manera reiterada que la Fuerza Pública hubiera disparado, pero un video revelado el martes por el canal estadounidense de noticias 'CNN', en el que se mostró a un "policía del Escuadrón Móvil de Carabineros disparando", lo hizo "rectificar".
Los líderes de la movilización indígena responsabilizaron ayer a las autoridades por la muerte de sus compañeros. Los más recientes fueron identificados como Élber Ibito y Jesús Antonio Nene, muertos el martes en el sector de Villa Rica (Cauca).
En su intervención, Uribe se mostró indispuesto por haber recibido inicialmente una información diferente de sus subalternos.
"Siempre he buscado la verdad, porque la Seguridad Democrática necesita una total confianza del pueblo colombiano", expresó el mandatario, rodeado de los mandos militares y miembros de su gabinete.
Reveló que en varias oportunidades le pidió a la Fuerza Pública que le confirmara cómo habían ocurrido los hechos y que siempre le dijeron que no habían disparado.
Deploró que solo ayer tarde hubiera sido enterado de que un patrullero hizo uso de su arma de fuego, lo que dejaba al Presidente como un "mentiroso".
El presidente Álvaro Uribe admitió anoche, durante una alocución difundida a través de radio y televisión, que la Policía sí disparó durante los disturbios con indígenas del Cauca, en el sector de La María, donde cerca de 12 mil manifestantes estaban concentrados, preparando su desplazamiento de protesta hacia Cali.
Reveló que el agente Jhon Prieto Vásquez, que no pertenece al Esmad, aceptó haber disparado, porque estaban siendo atacados con explosivos por los manifestantes.
Inclusive, el mandatario aseguró que su preocupación no es que se haya disparado.
En dos oportunidades Uribe manifestó su inquebrantable interés de preservar la confianza en la Seguridad Democrática, por lo cual el Presidente "no puede mentir".
El Presidente se empeñó, de todas maneras, en dejar constancia de la agresión sistemática que los miembros de la Fuerza Pública han sufrido a manos de los indígenas de esa región del país.
Recordó que desde que empezó la movilización indígena, el 11 de octubre, 32 policías han resultado heridos. Inclusive, a uno de ellos, Aldíber Giraldo Galeano, le mutilaron las manos. Y en total, en el proceso de controlar invasiones, al menos 70 uniformados han sido heridos con explosivos.
Luego de su enérgico reclamo, Uribe abrió anoche las puertas del diálogo con los indígenas.
Viajará con ministros
El Presidente anunció que irá a Popayán el próximo domingo, en compañía de varios de sus ministros, para buscar el entendimiento con la comunidad indígena.
El diálogo con Uribe ha sido la principal petición de los manifestantes y lo que los llevó a programar la movilización de protesta hacia Cali, que debe reanudarse hoy.
Uribe dijo que resolvió ir a Popayán luego de hablar ayer tarde con un indígena de Tierradentro, gracias a la mediación de Mauricio Puerta, quien le mencionó un pliego de cinco puntos que le tienen los indígenas.
Como muestra de su decisión de atender los reclamos de los protestantes, el Presidente anunció anoche la compra de 7.048 hectáreas de tierra que faltaban para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con esas comunidades, y que motivaron en gran parte la protesta.
Al respecto, Uribe dijo que el Estado pagará 15 millones de pesos por hectárea, en lugar de los 3 millones que habían presupuestado inicialmente.
Ingenios piden la conmoción
Los empresarios y agricultores del Valle y del Cauca le pidieron al presidente Álvaro Uribe que, ante el prolongado paro de los corteros de caña, más la marcha indígena que se aproxima a Cali, adopte medidas de excepción.
"Solicitamos, en el marco de los estados de excepción previstos en la Carta política, que se expidan medidas para conjurar la crisis económica, social y de orden público", dice la carta que le enviaron a Uribe y que está firmada por el presidente del Comité Intergremial del Valle, Germán Jaramillo, y por el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, Francisco Lourido.
Lo que piden los empresarios y agricultores es terminar con los bloqueos que desde hace 38 días mantienen los corteros a ocho de los 13 ingenios que hay en la zona.
"Asumo la responsabilidad": Naranjo
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, asumió anoche la responsabilidad por no haber informado con precisión al Presidente de la República que un patrullero de la institución sí había utilizado un arma de fuego en medio de la protesta indígena.
"Debo asumir esa inconsistencia que transmití al Gobierno nacional, al señor Ministro de la Defensa y al Presidente de la República", dijo el alto oficial.
Sin embargo, a renglón seguido señaló: "Pero con la misma seriedad y entereza que asumo esa inconsistencia como responsable policial, afirmo de manera categórica (...) que la muerte de los tres indígenas, acontecidas el 14 y el 21 de octubre, para nada tienen que ver con el uso y empleo de las armas de fuego señaladas en el video".
El oficial señaló que los exámenes y peritazgos realizados por Medicina Legal revelan que los indígenas fallecieron como consecuencia de la manipulación de artefactos explosivos de bajo poder.
REDACCIÓN POLÍTICA
Indígenas deciden si reanudan marcha hacia Villa Rica
Los indígenas del Cauca, que ayer permanecieron concentrados en la finca 'Nuevo México de Santander de Quilichao, planeaban reanudar hoy su marcha hacia Villa Rica, segunda estación en su camino a Cali.
Antes de emprender este trayecto de 17 kilómetros, los indígenas podrían considerar la propuesta del presidente Álvaro Uribe, quien anoche propuso un encuentro en Popayán (Cauca).
Inicialmente, los indígenas planeaban llegar a Cali mañana, para esperar a que el Presidente se reuniera con ellos en esa ciudad.
También tenían el propósito de llegar a Villa Rica para indagar sobre la muerte de Jesús Neme y Élber Ibito, quienes perdieron la vida el pasado martes en esa localidad.
"Queremos que nos digan qué pasó. Ambos murieron a bala y otros cinco campesinos resultaron heridos", dijo el líder Daniel Piñacué.
Tanto el Presidente como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijeron anoche que perdieron la vida por manipular
explosivos de bajo poder.
Ayer, más indígenas se sumaron a la concentración. Se estima que 20 mil de ellos llegaron a Santander de Quilichao para adherirse a la protesta. El día transcurrió entre reuniones y actos culturales.
El principal reclamo que hacen es la adjudicación de tierras, pues alegan que en los últimos años se han visto desplazados por actores violentos como los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes.
Los indígenas también se oponen a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a un paquete de leyes aprobadas por el Congreso de la República.
Consideran que el Código de Minas, la Ley del Agua y la Ley Forestal deben ser derogadas, pues, según ellos, comprometen la suerte de sus territorios.
También critican la política de los Derechos Humanos del presidente Uribe y su programa bandera: la política de seguridad democrática.
Por otra parte, los líderes indígenas invitaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, al juez español Baltazar Garzón y al premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel a marchar junto a ellos.
Sin embargo, la Presidencia y Cancillería en La Paz aseguraron que Morales no tiene previsto viajar a Cali.
CALI
Presidente y líder de marcha indígena acordaron reunirse el domingo para solucionar conflicto
En una comunicación telefónica que duró aproximadamente 10 minutos, el mandatario le dijo a Daniel Piñacué que estaba interesado en darle solución a sus peticiones.
Piñacué dijo a eltiempo.com que la llamada de Uribe es "un buen gesto" en la dirección de solucionar la reclamación. La reunión será en Cali.
El líder indígena dijo que si Uribe da soluciones concretas a sus exigencias, se devolverán para sus resguardos. De lo contrario, manifestó, irán a la "mismísima Casa de Nariño".
Horas antes, los líderes de las organizaciones indígenas habían rechazado reunirse con el presidente Uribe en Popayán porque eso implicaría desviar el recorrido que programaron hasta la capital del Valle del Cauca.
El presidente Uribe dijo anoche en una alocución televisada que el domingo estaría con ministros en la capital del departamento de Cauca, 370 kilómetros al suroeste del país, para discutir públicamente puntos reclamados por los indígenas.
La movilización indígena avanza en forma pacífica entre Santander de Quilichao y Villa Rica, por la vía Panamericana. La Policía desactivó 6 cilindros de gas que se acondicionaron como bombas.
Así lo aseguró el comandante de la Policía, en la regional 4, general Gustavo Ricaurte, quien informó que estos artefactos explosivos fueron hallados en la vereda San Nicolás del municipio Santander de Quilicaho.
Técnicos antiexplosivos de la Policía colocoban contra cargas para desactivarlos. Estos explosivos no se encuentran en el camino de la marcha que transita por la vía.
El jefe operativo de la policía nacional, general Orlando Páez, dijo que al menos 700 de sus agentes monitorean la marcha en caso de que se presentara cualquier bloqueo en la vía.
Entre los que marchan, dijo Valencia en entrevista telefónica, van 7.000 ''guardias indígenas'' o miembros de las comunidades que con largos bastones de madera, escoltan la marcha y evitan que la manifestación ocupen toda la carretera y choques con la policía y militares que acechan la movilización.
Disparos de la Policía
Sin embargo, aseguró que los 3 indígenas fallecidos en enfrentamientos se produjo por la manipulación de explosivos de bajo poder y no por disparos de la Fuerza Pública.
''Nosotros tenemos los testimonios de la gente donde aseveran que ellos fueron asesinados con disparos de arma de fuego'' de las autoridades, dijo Valencia. ''Nosotros podemos afirmar categóricamente que de parte de nosotros no hay ningún tipo... de artefactos'', agregó.
Uribe, como él mismo lo reconoció, había negado de manera reiterada que la Fuerza Pública hubiera disparado, pero un video revelado el martes por el canal estadounidense de noticias 'CNN', en el que se mostró a un "policía del Escuadrón Móvil de Carabineros disparando", lo hizo "rectificar".
Los líderes de la movilización indígena responsabilizaron ayer a las autoridades por la muerte de sus compañeros. Los más recientes fueron identificados como Élber Ibito y Jesús Antonio Nene, muertos el martes en el sector de Villa Rica (Cauca).
En su intervención, Uribe se mostró indispuesto por haber recibido inicialmente una información diferente de sus subalternos.
"Siempre he buscado la verdad, porque la Seguridad Democrática necesita una total confianza del pueblo colombiano", expresó el mandatario, rodeado de los mandos militares y miembros de su gabinete.
Reveló que en varias oportunidades le pidió a la Fuerza Pública que le confirmara cómo habían ocurrido los hechos y que siempre le dijeron que no habían disparado.
Deploró que solo ayer tarde hubiera sido enterado de que un patrullero hizo uso de su arma de fuego, lo que dejaba al Presidente como un "mentiroso".
El presidente Álvaro Uribe admitió anoche, durante una alocución difundida a través de radio y televisión, que la Policía sí disparó durante los disturbios con indígenas del Cauca, en el sector de La María, donde cerca de 12 mil manifestantes estaban concentrados, preparando su desplazamiento de protesta hacia Cali.
Reveló que el agente Jhon Prieto Vásquez, que no pertenece al Esmad, aceptó haber disparado, porque estaban siendo atacados con explosivos por los manifestantes.
Inclusive, el mandatario aseguró que su preocupación no es que se haya disparado.
En dos oportunidades Uribe manifestó su inquebrantable interés de preservar la confianza en la Seguridad Democrática, por lo cual el Presidente "no puede mentir".
El Presidente se empeñó, de todas maneras, en dejar constancia de la agresión sistemática que los miembros de la Fuerza Pública han sufrido a manos de los indígenas de esa región del país.
Recordó que desde que empezó la movilización indígena, el 11 de octubre, 32 policías han resultado heridos. Inclusive, a uno de ellos, Aldíber Giraldo Galeano, le mutilaron las manos. Y en total, en el proceso de controlar invasiones, al menos 70 uniformados han sido heridos con explosivos.
Luego de su enérgico reclamo, Uribe abrió anoche las puertas del diálogo con los indígenas.
Viajará con ministros
El Presidente anunció que irá a Popayán el próximo domingo, en compañía de varios de sus ministros, para buscar el entendimiento con la comunidad indígena.
El diálogo con Uribe ha sido la principal petición de los manifestantes y lo que los llevó a programar la movilización de protesta hacia Cali, que debe reanudarse hoy.
Uribe dijo que resolvió ir a Popayán luego de hablar ayer tarde con un indígena de Tierradentro, gracias a la mediación de Mauricio Puerta, quien le mencionó un pliego de cinco puntos que le tienen los indígenas.
Como muestra de su decisión de atender los reclamos de los protestantes, el Presidente anunció anoche la compra de 7.048 hectáreas de tierra que faltaban para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con esas comunidades, y que motivaron en gran parte la protesta.
Al respecto, Uribe dijo que el Estado pagará 15 millones de pesos por hectárea, en lugar de los 3 millones que habían presupuestado inicialmente.
Ingenios piden la conmoción
Los empresarios y agricultores del Valle y del Cauca le pidieron al presidente Álvaro Uribe que, ante el prolongado paro de los corteros de caña, más la marcha indígena que se aproxima a Cali, adopte medidas de excepción.
"Solicitamos, en el marco de los estados de excepción previstos en la Carta política, que se expidan medidas para conjurar la crisis económica, social y de orden público", dice la carta que le enviaron a Uribe y que está firmada por el presidente del Comité Intergremial del Valle, Germán Jaramillo, y por el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, Francisco Lourido.
Lo que piden los empresarios y agricultores es terminar con los bloqueos que desde hace 38 días mantienen los corteros a ocho de los 13 ingenios que hay en la zona.
"Asumo la responsabilidad": Naranjo
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, asumió anoche la responsabilidad por no haber informado con precisión al Presidente de la República que un patrullero de la institución sí había utilizado un arma de fuego en medio de la protesta indígena.
"Debo asumir esa inconsistencia que transmití al Gobierno nacional, al señor Ministro de la Defensa y al Presidente de la República", dijo el alto oficial.
Sin embargo, a renglón seguido señaló: "Pero con la misma seriedad y entereza que asumo esa inconsistencia como responsable policial, afirmo de manera categórica (...) que la muerte de los tres indígenas, acontecidas el 14 y el 21 de octubre, para nada tienen que ver con el uso y empleo de las armas de fuego señaladas en el video".
El oficial señaló que los exámenes y peritazgos realizados por Medicina Legal revelan que los indígenas fallecieron como consecuencia de la manipulación de artefactos explosivos de bajo poder.
REDACCIÓN POLÍTICA
Indígenas deciden si reanudan marcha hacia Villa Rica
Los indígenas del Cauca, que ayer permanecieron concentrados en la finca 'Nuevo México de Santander de Quilichao, planeaban reanudar hoy su marcha hacia Villa Rica, segunda estación en su camino a Cali.
Antes de emprender este trayecto de 17 kilómetros, los indígenas podrían considerar la propuesta del presidente Álvaro Uribe, quien anoche propuso un encuentro en Popayán (Cauca).
Inicialmente, los indígenas planeaban llegar a Cali mañana, para esperar a que el Presidente se reuniera con ellos en esa ciudad.
También tenían el propósito de llegar a Villa Rica para indagar sobre la muerte de Jesús Neme y Élber Ibito, quienes perdieron la vida el pasado martes en esa localidad.
"Queremos que nos digan qué pasó. Ambos murieron a bala y otros cinco campesinos resultaron heridos", dijo el líder Daniel Piñacué.
Tanto el Presidente como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijeron anoche que perdieron la vida por manipular
explosivos de bajo poder.
Ayer, más indígenas se sumaron a la concentración. Se estima que 20 mil de ellos llegaron a Santander de Quilichao para adherirse a la protesta. El día transcurrió entre reuniones y actos culturales.
El principal reclamo que hacen es la adjudicación de tierras, pues alegan que en los últimos años se han visto desplazados por actores violentos como los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes.
Los indígenas también se oponen a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a un paquete de leyes aprobadas por el Congreso de la República.
Consideran que el Código de Minas, la Ley del Agua y la Ley Forestal deben ser derogadas, pues, según ellos, comprometen la suerte de sus territorios.
También critican la política de los Derechos Humanos del presidente Uribe y su programa bandera: la política de seguridad democrática.
Por otra parte, los líderes indígenas invitaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, al juez español Baltazar Garzón y al premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel a marchar junto a ellos.
Sin embargo, la Presidencia y Cancillería en La Paz aseguraron que Morales no tiene previsto viajar a Cali.
CALI
En apenas tres horas estallaron seis petardos en la capital
Octubre 24 de 2008
50 millones de pesos a quienes den información sobre los responsables de ola terrorista en Bogotá
En apenas tres horas estallaron seis petardos en la capital, cinco de ellos de manera casi simultánea, que dejaron 16 heridos, ninguno de ellos de gravedad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Rodolfo Palomino, dio a conocer el monto de la recompensa e invitó a la ciudadanía a reportar a la línea telefónica 123 cualquier acto sospechoso.
Palomino pidió a los ciudadanos mantener la calma y le recomendó, como medida preventiva, que eviten acercarse a canecas hasta que agentes revisen que no haya explosivos escondidos.
La cadena de ataques arrancó pasada la una de la tarde. Bombas de baja intensidad explotaron en la Calle 80 con carrera 6ta (cerca a las embajadas de Perú y Alemania); en la Calle 138 con 7ma (a una cuadra del Centro Comercial Palatino); en la Calle 99 con 9na (cerca a un cajero del Citibank); en Ciudad Salitre (a 50 metros de un McDonald's) y en la Calle 102 con 21.
16 lesionados leves produjeron estas explosiones, ocho de los cuales ya salieron de los hospitales.
Poco después de las cuatro de la tarde, otro petardo estalló en la Calle 123 con 11, en las inmediaciones del Centro Comercial Unicentro. No hubo heridos en éste último.
Según la secretaria de Gobierno, Clara López, en las cinco primeras detonaciones se usaron temporizadores para que las explosiones ocurrieran de manera simultánea.
"Son explosiones de 'bombas papa', de bajo poder con poca capacidad de hacer daño pero sí mucho ruido", declaró, por su parte, a la agencia noticiosa Afp un oficial de la oficina de prensa de la policía.
Un Consejo de Seguridad en la alcaldía analiza la situación de Seguridad de la ciudad, mientras que las autoridades realizan retenes y requisas en distintas zonas.
El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, calificó los hechos de "terroristas".
Lugares donde hubo heridos
4 en la calle 80; remitidos a la Clínica el Country. Se trata de Deograces Martínez y Jorge Téllez, de la empresa de Aseo Capital.
3 en el sector Salitre; llevados a la Clínica Colombia.
2 en la Calle 138; trasladados a la Clínica del Bosque.
6 en la Calle 99.
2 en la 102 con 21; remitidos a la Clínica Marly.
Varios vidrios de apartamentos residenciales quedaron quebrados en la la explosión de la calle 102. El artefacto había sido camuflado con matas en un callejón que separa a un edificio llamado 'Acuarela' de una zona de casas.
En la calle 99 con carrera 9A, el artefacto fue abandonado en una caneca de basura, en un pequeño parque ubicado frente al edificio Aceros Diaco, donde funcionan las oficinas de la petrolera OXY y el departamento comercial de RCN.
Carlos Triana, un contratista que descansaba en su hora de almuerzo escuchó la explosión y vio cuando se llevaban dos personas heridas con esquirlas.
Relató que vio a una señora con heridas en una pierna y en un hombro, y a un hombre con herida en el hombro.
Las explosiones coinciden con las marchas de los trabajadores públicos que siguen una huelga general, aunque no hay evidencia que los episodios estén relacionados y el presidente del Central Unitaria de Trabajadores, Tarcisio Mora, dijo que eran "hechos aislados"
"Aún no hemos identificado a un grupo como autor o responsable de estos actos", agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Rodolfo Palomino, quien a su vez descartó que los ataques estuvieran dirigidos contra las sedes diplomáticas o una personalidad en especial.
Buseta en llamas
En tanto, una buseta (SHN709) que se reportó como quemada en el Puente Aéreo, no fue un acto vandálico, sino una falla del vehículo, dijeron fuentes de Avianca. Ahí no se reportaron heridos.
Nombre de algunos de los heridos
Fundación Santa Fe:
María Margarita Rubiano, 30 Años.
Edwin García, 25 años.
Juan Delgado, 30 años.
Jairo Guerrero, 56 años.
Country:
Luis Paez
Javier Rodríguez
Clínica Colombia:
Nicolás Ruiz, 10 años.
Miguel Ruiz, 41 años.
Cardio-infantil:
Juan Pachon, de 18 años
BOGOTÁ
Con reportería de EL TIEMPO ZONA
www.eltiempo.com
50 millones de pesos a quienes den información sobre los responsables de ola terrorista en Bogotá
En apenas tres horas estallaron seis petardos en la capital, cinco de ellos de manera casi simultánea, que dejaron 16 heridos, ninguno de ellos de gravedad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Rodolfo Palomino, dio a conocer el monto de la recompensa e invitó a la ciudadanía a reportar a la línea telefónica 123 cualquier acto sospechoso.
Palomino pidió a los ciudadanos mantener la calma y le recomendó, como medida preventiva, que eviten acercarse a canecas hasta que agentes revisen que no haya explosivos escondidos.
La cadena de ataques arrancó pasada la una de la tarde. Bombas de baja intensidad explotaron en la Calle 80 con carrera 6ta (cerca a las embajadas de Perú y Alemania); en la Calle 138 con 7ma (a una cuadra del Centro Comercial Palatino); en la Calle 99 con 9na (cerca a un cajero del Citibank); en Ciudad Salitre (a 50 metros de un McDonald's) y en la Calle 102 con 21.
16 lesionados leves produjeron estas explosiones, ocho de los cuales ya salieron de los hospitales.
Poco después de las cuatro de la tarde, otro petardo estalló en la Calle 123 con 11, en las inmediaciones del Centro Comercial Unicentro. No hubo heridos en éste último.
Según la secretaria de Gobierno, Clara López, en las cinco primeras detonaciones se usaron temporizadores para que las explosiones ocurrieran de manera simultánea.
"Son explosiones de 'bombas papa', de bajo poder con poca capacidad de hacer daño pero sí mucho ruido", declaró, por su parte, a la agencia noticiosa Afp un oficial de la oficina de prensa de la policía.
Un Consejo de Seguridad en la alcaldía analiza la situación de Seguridad de la ciudad, mientras que las autoridades realizan retenes y requisas en distintas zonas.
El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, calificó los hechos de "terroristas".
Lugares donde hubo heridos
4 en la calle 80; remitidos a la Clínica el Country. Se trata de Deograces Martínez y Jorge Téllez, de la empresa de Aseo Capital.
3 en el sector Salitre; llevados a la Clínica Colombia.
2 en la Calle 138; trasladados a la Clínica del Bosque.
6 en la Calle 99.
2 en la 102 con 21; remitidos a la Clínica Marly.
Varios vidrios de apartamentos residenciales quedaron quebrados en la la explosión de la calle 102. El artefacto había sido camuflado con matas en un callejón que separa a un edificio llamado 'Acuarela' de una zona de casas.
En la calle 99 con carrera 9A, el artefacto fue abandonado en una caneca de basura, en un pequeño parque ubicado frente al edificio Aceros Diaco, donde funcionan las oficinas de la petrolera OXY y el departamento comercial de RCN.
Carlos Triana, un contratista que descansaba en su hora de almuerzo escuchó la explosión y vio cuando se llevaban dos personas heridas con esquirlas.
Relató que vio a una señora con heridas en una pierna y en un hombro, y a un hombre con herida en el hombro.
Las explosiones coinciden con las marchas de los trabajadores públicos que siguen una huelga general, aunque no hay evidencia que los episodios estén relacionados y el presidente del Central Unitaria de Trabajadores, Tarcisio Mora, dijo que eran "hechos aislados"
"Aún no hemos identificado a un grupo como autor o responsable de estos actos", agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Rodolfo Palomino, quien a su vez descartó que los ataques estuvieran dirigidos contra las sedes diplomáticas o una personalidad en especial.
Buseta en llamas
En tanto, una buseta (SHN709) que se reportó como quemada en el Puente Aéreo, no fue un acto vandálico, sino una falla del vehículo, dijeron fuentes de Avianca. Ahí no se reportaron heridos.
Nombre de algunos de los heridos
Fundación Santa Fe:
María Margarita Rubiano, 30 Años.
Edwin García, 25 años.
Juan Delgado, 30 años.
Jairo Guerrero, 56 años.
Country:
Luis Paez
Javier Rodríguez
Clínica Colombia:
Nicolás Ruiz, 10 años.
Miguel Ruiz, 41 años.
Cardio-infantil:
Juan Pachon, de 18 años
BOGOTÁ
Con reportería de EL TIEMPO ZONA
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Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
Octubre 21 de 2008 - 6:40 p.m.
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
www.eltiempo.com
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
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Sueños Films, lidera proceso cinematográfico en Ciudad Bolívar
Octubre 19 de 2008
Empresa comunitaria en Ciudad Bolívar, Sueños Films, lidera proceso cinematográfico en esa zona
Fue creada por un grupo de jóvenes que ha hecho, en los últimos ocho años, 40 documentales y cuatro largometrajes. Acaban de montar el primer Festival Internacional de Cine y Video Ojo al Sancocho.
El evento empezó el viernes en la noche y terminará el próximo 24 de octubre. Cuenta con la participación de películas y documentales de España, Bolivia, Cuba, Argentina, Uruguay y Colombia. Y un invitado de honor: Francia, así como el apoyo de entidades como Señal Colombia, las universidades Javeriana y Manuela Beltrán, la Alcaldía Mayor y el Festival Internacional de Cine Pobre, de Cuba.
Solución de problemas
Una de las películas desarrollada por esta empresa tuvo un final feliz en la vida real. Un niño que participó como actor en una de las producciones de Sueños Films, tenía un problema: era víctima de maltrato por parte de su papá.
Pero el hombre, después de verlo en la televisión comunitaria, de darse cuenta lo bien que actuaba y cuando sintió que la comunidad de Ciudad Bolívar, donde viven, lo admiraba y le pedía autógrafos, cambió su actitud. Es más. Le interesó actuar, aprender de cine, de guiones, de cámaras, de edición...
Esa es de las cosas que pasan cada nada en Ciudad Bolívar, un lugar donde la realidad y la ficción se mezclan explotando en una fantasía.
Sueños de película
Daniel Bejarano, Carolina Montalvo, Alexánder Yosa y William Jaimes, entre otros, hacen parte de Sueños Films.
En el último piso de una casa de tres niveles, en Ciudad Bolívar, están sus oficinas, dos espacios donde crean las historias y guardan las cámaras y todos los equipos para grabar y editar.
Desde la ventana se ve Ciudad Bolívar, loma arriba. Mirar por esa ventana significa tener a la mano las locaciones, los actores y las historias. Porque eso es lo que hace Sueños Films: mostrar la realidad de la localidad 19 desde adentro: los anhelos, los triunfos, la cotidianidad, la belleza y también lo triste y lo duro del lugar.
La empresa hizo incluso un documental sobre la Ciudad Bolívar rural, donde viven campesinos que siembran la tierra y cuyos familiares llegaron allí hace 200 años.
"Hoy siguen teniendo mucho verde a su alrededor y la gran ciudad no tan lejos, pero el relleno de Doña Juana les ha quitado el olor a campo a los que estaban acostumbrados. Su vida no es la misma", cuenta Yosa.
Sueños Films es autosostenible. Sus socios viven de hacer documentales y venderlos a canales regionales e internacionales. También, de convocatorias.
Además, les dictan cursos a los habitantes de la localidad. "Es una forma de entregarles herramientas para la vida, enseñarles, a través del arte, a pensar y a sentir diferente", agrega Bejarano.
Y no solo les enseñan a grabar, sino a editar y mezclar. En síntesis, a tener un producto terminado de calidad.
Y cada vez que hacen una película o un documental, los habitantes de los barrios donde graban les ayudan con locaciones y todo lo que necesitan (alimentación, bebidas, escenografía).
Los actores naturales están detrás de cada puerta, más aún cuando es para contar las historias de cada uno, que casi siempre son las de todos.
El festival presentará películas y documentales, así como conferencias, en 12 sedes a lo largo, ancho y alto de Ciudad Bolívar (donde existen todos los climas, desde el frío de Bogotá hasta el helado de estar casi en el páramo).
Y para terminar, la respuesta a una pregunta lógica: ¿por qué se llama el Sancocho? "Porque -dice Bejarano- Ciudad Bolívar es una mezcla de todas las culturas y las regiones de Colombia, de alegrías y dolores. Y al final, esa mezcla es como el sancocho, que sabe delicioso".
Sueños Films seguirá contando historias de la localidad, que son inagotables. Por eso, a este lugar del sur de Bogotá, donde la construcción de casas volvió áridas las montañas, no es ilógico llamarlo 'Ciudad Bolliwood'.
No hay mucho dinero pero sí muchas ganas, mucha acción comunitaria, mucho corazón y mucho arte. Por eso, que todo se grabe, se edite y se muestre.
PARA CONSULTAR LA PROGRAMACIÓN INGRESAR A LA PÁGINA WWW.FESTIVALOJOALSANCOCHO.ORG.
OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE
REDACTORA DE EL TIEMPO
www.eltiempo.com
Empresa comunitaria en Ciudad Bolívar, Sueños Films, lidera proceso cinematográfico en esa zona
Fue creada por un grupo de jóvenes que ha hecho, en los últimos ocho años, 40 documentales y cuatro largometrajes. Acaban de montar el primer Festival Internacional de Cine y Video Ojo al Sancocho.
El evento empezó el viernes en la noche y terminará el próximo 24 de octubre. Cuenta con la participación de películas y documentales de España, Bolivia, Cuba, Argentina, Uruguay y Colombia. Y un invitado de honor: Francia, así como el apoyo de entidades como Señal Colombia, las universidades Javeriana y Manuela Beltrán, la Alcaldía Mayor y el Festival Internacional de Cine Pobre, de Cuba.
Solución de problemas
Una de las películas desarrollada por esta empresa tuvo un final feliz en la vida real. Un niño que participó como actor en una de las producciones de Sueños Films, tenía un problema: era víctima de maltrato por parte de su papá.
Pero el hombre, después de verlo en la televisión comunitaria, de darse cuenta lo bien que actuaba y cuando sintió que la comunidad de Ciudad Bolívar, donde viven, lo admiraba y le pedía autógrafos, cambió su actitud. Es más. Le interesó actuar, aprender de cine, de guiones, de cámaras, de edición...
Esa es de las cosas que pasan cada nada en Ciudad Bolívar, un lugar donde la realidad y la ficción se mezclan explotando en una fantasía.
Sueños de película
Daniel Bejarano, Carolina Montalvo, Alexánder Yosa y William Jaimes, entre otros, hacen parte de Sueños Films.
En el último piso de una casa de tres niveles, en Ciudad Bolívar, están sus oficinas, dos espacios donde crean las historias y guardan las cámaras y todos los equipos para grabar y editar.
Desde la ventana se ve Ciudad Bolívar, loma arriba. Mirar por esa ventana significa tener a la mano las locaciones, los actores y las historias. Porque eso es lo que hace Sueños Films: mostrar la realidad de la localidad 19 desde adentro: los anhelos, los triunfos, la cotidianidad, la belleza y también lo triste y lo duro del lugar.
La empresa hizo incluso un documental sobre la Ciudad Bolívar rural, donde viven campesinos que siembran la tierra y cuyos familiares llegaron allí hace 200 años.
"Hoy siguen teniendo mucho verde a su alrededor y la gran ciudad no tan lejos, pero el relleno de Doña Juana les ha quitado el olor a campo a los que estaban acostumbrados. Su vida no es la misma", cuenta Yosa.
Sueños Films es autosostenible. Sus socios viven de hacer documentales y venderlos a canales regionales e internacionales. También, de convocatorias.
Además, les dictan cursos a los habitantes de la localidad. "Es una forma de entregarles herramientas para la vida, enseñarles, a través del arte, a pensar y a sentir diferente", agrega Bejarano.
Y no solo les enseñan a grabar, sino a editar y mezclar. En síntesis, a tener un producto terminado de calidad.
Y cada vez que hacen una película o un documental, los habitantes de los barrios donde graban les ayudan con locaciones y todo lo que necesitan (alimentación, bebidas, escenografía).
Los actores naturales están detrás de cada puerta, más aún cuando es para contar las historias de cada uno, que casi siempre son las de todos.
El festival presentará películas y documentales, así como conferencias, en 12 sedes a lo largo, ancho y alto de Ciudad Bolívar (donde existen todos los climas, desde el frío de Bogotá hasta el helado de estar casi en el páramo).
Y para terminar, la respuesta a una pregunta lógica: ¿por qué se llama el Sancocho? "Porque -dice Bejarano- Ciudad Bolívar es una mezcla de todas las culturas y las regiones de Colombia, de alegrías y dolores. Y al final, esa mezcla es como el sancocho, que sabe delicioso".
Sueños Films seguirá contando historias de la localidad, que son inagotables. Por eso, a este lugar del sur de Bogotá, donde la construcción de casas volvió áridas las montañas, no es ilógico llamarlo 'Ciudad Bolliwood'.
No hay mucho dinero pero sí muchas ganas, mucha acción comunitaria, mucho corazón y mucho arte. Por eso, que todo se grabe, se edite y se muestre.
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OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE
REDACTORA DE EL TIEMPO
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Gaulas en la mira
Gaulas en la mira
Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?
Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.
En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.
Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.
Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.
Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.
La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.
Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.
Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.
Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.
Semana.com ©2008.
Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?
Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.
En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.
Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.
Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.
Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.
La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.
Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.
Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.
Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.
Semana.com ©2008.
Los pagarés del presidente del Congreso
Los pagarés del presidente del Congreso
El considerado cerebro del desfalco de Cajanal le entregó 250 millones de pesos en efectivo al senador Hernán Andrade días antes de su elección.
Cajanal es uno de los símbolos de la corrupción en Colombia. Se trata del desfalco más grande en la última década en el país. Por esa vena rota se han ido más de 500.000 millones de pesos de una manera sencilla: un cartel de abogados utiliza los nombres de miles de maestros y a través de demandas y tutelas logra que jueces complacientes, o en algunos casos comprados, ordenen el pago de pensiones a las que no hay derecho.
Los maestros, algunas veces, no tienen la menor idea de que su nombre está siendo utilizado para esos propósitos y, según la Fiscalía, en varios casos a los docentes no les llega ni un centavo de las famosas pensiones. Los abogados se quedan con gran parte del dinero.
Lo que nadie se habría imaginado es que varios millones de pesos del multimillonario desfalco fueron a dar a los bolsillos de algunos políticos, entre ellos a los del hoy presidente del Congreso de la República, el senador conservador Hernán Andrade.
La historia se comenzó a destapar el 25 de octubre de 2007, cuando un grupo de agentes del DAS allanó una oficina en Neiva en busca de pruebas para la investigación del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y encontraron lo que para ellos era una verdadera mina de información: decenas de títulos, escrituras, letras de cobro, pagarés y promesas de compraventa.
La mayoría de esos papeles pertenecen a Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo, quienes figuran en los expedientes de la Fiscalía como cerebros del desangre de Cajanal. Todo indica que cuando se vieron perseguidos y para evitar que las autoridades descubrieran ese tesoro de su contabilidad, le pidieron a un abogado de su confianza que se llevara todos los papeles y se encargara de todo lo relativo a sus cobros de cartera. Ese hallazgo ha sido para los investigadores del caso del descalabro de Cajanal tan significativo como fue el computador de ‘Jorge 40’ para el escándalo de la para-política.
Entre los cientos de documentos se encontraron dos pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos. Uno es del 7 de marzo de 2006, por 150 millones de pesos, y el otro, del 10 de marzo del mismo año, por 100 millones de pesos.
Al revisar los pagarés (ver facsímil) llaman la atención varias cosas. En primer lugar, sólo aparecen los datos básicos de nombre, monto del préstamo y firma del deudor, pero quedan en blanco casillas fundamentales para este tipo de transacción, como la tasa de interés, la fecha de pago y las condiciones del mismo. Es decir, se trata de un pagaré en blanco.
En segundo lugar, la fecha de los préstamos. No sólo hay una diferencia de apenas tres días entre los dos préstamos, sino que dos días después de que Armando Cabrera le entregó los últimos 100 millones de pesos, el congresista Hernán Andrade se jugaba en las urnas su elección como senador de la República.
Y en tercer lugar, es curioso el hecho de que el dinero se haya entregado en efectivo. Por lo menos en Colombia, la entrega de grandes sumas de dinero líquido, a escasos días de una jornada electoral, trae a la memoria recuerdos muy poco gratos.
¿Por qué Hernán Andrade recurre a este tipo de préstamos tan poco ortodoxos? ¿Y justo en ese momento?
En el menos grave de los escenarios, se trataría de una simple ligereza de Andrade. No queda bien que un congresista se le mida a hacer este tipo de transacciones tan informales con un particular. Sin embargo, comienzan a despertarse serias sospechas si se tiene en cuenta que Armando Cabrera, para la fecha del préstamo, ya tenía a cuestas una condena a siete años de prisión. La condena se la impuso un juez en septiembre de 1997 y fue ratificada en casación por la Corte Suprema de Justicia, porque desde 1991 ya había comenzado a poner en práctica su invento de cobrar las pensiones especiales, con una prueba piloto de 92 maestros en Cajanal. Es decir, el primer desfalco.
Y, como si fuera poco, casi 10 años después de esta condena, al señor Cabrera la Fiscalía General le abrió dos nuevas investigaciones en 2006 que lo tienen de nuevo en la cárcel y a las puertas de un juicio. En el expediente se asegura que toda la fortuna de Cabrera Polanco y los documentos y pagarés que se encontraron en el allanamiento mencionado son producto de la manera ilícita como se enriqueció por el desfalco a Cajanal.
“Con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo (su socio) lograron defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”, sentencia la Fiscalía en su resolución de acusación.
Palabras más, palabras menos, el hoy presidente del Senado, Hernán Andrade, habría recibido en los días previos a su campaña 250 millones de pesos procedentes del enriquecimiento ilícito del gran desfalco financiero de la última década al Estado colombiano.
Al ser consultado por SEMANA, el congresista confirma buena parte de la información: dice que Armando Cabrera le hizo el préstamo y que lo recibió en efectivo. Para algunos tendría toda la lógica del mundo. Los Cabrera Polanco son una familia conocida del Huila, departamento en el cual hace política el senador, y en esa época, según Andrade, estaban prestando al 2 por ciento de interés, una tasa muy atractiva.
Pero a la hora de responder sobre el para qué de los 250 millones de pesos, el senador terminó entrando en contradicciones. Mientras a las primeras preguntas respondió que el propósito del préstamo no era “estrictamente electoral (...) era también para una operación comercial, no sólo para asuntos electorales” y que Armando Cabrera le “había colaborado en otra época, en otra campaña”, al final negó todo lo anterior y trató de ser rotundo al decir que era exclusivamente por “razones comerciales (que) explicaré a las autoridades”. Es difícil imaginar a un político que en los días decisivos de su campaña recibe tanta plata en efectivo para hacer un negocio comercial.
De otra parte, Andrade dice que ni en ese entonces, ni ahora ve problema en haber recibido el préstamo de Cabrera porque, según afirma, no conocía sus antecedentes, ni siquiera la condena que le habían impuesto. Tal desconocimiento suena por lo menos extraño tratándose de un hombre que, como el senador, no sólo debe estar enterado de lo que ocurre con los personajes de Huila, sino también ha mostrado mayor interés que cualquier otro congresista en Cajanal. Tanto es así que es tal vez el único que ha hecho un debate de control político sobre el tema en el Congreso.
Al ser preguntado sobre si luego de conocer el nuevo proceso penal contra Armando Cabrera puso en conocimiento de las autoridades el préstamo que este le había hecho, Andrade asegura que así lo hizo. Pero una vez más, se niega a especificar ante qué autoridad lo puso en conocimiento y promete que luego lo dirá. Y para completar las contradicciones, en unas primeras respuestas dice que ya pagó la deuda, y en otras, que no la ha pagado.
Lo que tendrían que averiguar las autoridades es para qué, en efecto, utilizó el congresista ese dinero y sobre todo si existía algún otro interés de Armando Cabrera a la hora de entregarle esos recursos a un personaje que, como Andrade, en su calidad de senador y hoy como presidente del Congreso, puede tener tanta influencia sobre varios actores estratégicos en el proceso de Cajanal.
Lo que se sabe hasta ahora es que el senador Andrade se ha caracterizado por ser el más asiduo visitante a las directivas de Cajanal. Tanto, que en la administración anterior llegó al punto de visitar prácticamente cada semana la Caja de Previsión con ocho o 10 números de cédulas de maestros en mano para, según les decía él, resolver sus temas de pensiones.
Y a las directivas de la nueva administración, Andrade les llegó a pedir en tres oportunidades –dos el año pasado y una como presidente del Congreso– que le ayudaran al abogado Óscar Torres quien, según testigos, en las reuniones sacaba listados de cerca de 300 personas a las que les estaba tramitando las pensiones.
El senador Andrade admite que sí conoce al abogado en mención, pero que nunca lo ayudó con nadie del gobierno ni de Cajanal para tramitar pensiones. “Me lo presentaron como un empresario del fútbol de Neiva”. Y justifica sus asiduas visitas diciendo que se trata de trámites que ayuda a hacer a la gente de su región, como parte de su compromiso como congresista.
Consultado sobre el caso, el director de Cajanal, Augusto Moreno, dijo a SEMANA que el senador Andrade le presentó el año pasado al abogado Torres y que en varias oportunidades le solicitó que lo atendiera. De hecho, el funcionario lo recibió, pero se negó a la pretensión de Torres de que Cajanal reconociera un fallo de un juez de Cali que les reconoció la pensión especial a varios educadores, ya que consideraba que eran ilegales.
El caso del desfalco de Cajanal es aterrador. Cada día surgen pruebas que demuestran cómo quienes montaron el tinglado supieron convencer a maestros con faltas de conducta, comprar jueces y sobornar a funcionarios de Cajanal. En cierta época, por ejemplo, mafias de abogados se encargaban de pagarles periódicamente el almuerzo a empleados de la Caja de Previsión y en Navidad enviaban no menos de 100 anchetas de 300.000 pesos.
El nombre de Armando Cabrera ha sido el centro de gravedad del mencionado escándalo de Cajanal, que ya va a ajustar dos décadas. En la resolución de acusación de la Fiscalía en contra suya y de su socio se hace mención particular de dos de los casos en los que se concretó el desangre: el de un juez laboral de Buenaventura que ordenó cancelar pensiones especiales de maestros por 69.000 millones, y el de un juez laboral de Ibagué que ordenó el pago de unos 49.000 millones. En el caso de Buenaventura el dinero ya fue girado y, según la Fiscalía, no les pagaron “ni un solo peso a los pensionados”.
Y lo más grave para los acusados es que en esta investigación, a diferencia del otro proceso penal por el mismo desfalco en el que una juez terminó absolviendo al hermano de Armando, Omar Cabrera, la Fiscalía tiene una prueba reina: dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos giradas por Armando Cabrera al juez de Buenaventura que condenó a Cajanal a reconocer el derecho de “pensión gracia” a más de 300 maestros. Esos documentos serían la prueba del soborno al juez para que acepte las pensiones ilegales, entre otras razones porque las letras de cambio tienen fecha de marzo y la condena a Cajanal se dio en julio del mismo año.
Ahora la expectativa es grande por lo que pueda ocurrir en el juicio de Armando Cabrera. Su abogado, Darío Bazzani, asegura que no es cierto, como dice la Fiscalía, que la fortuna de su defendido sea producto del desfalco de Cajanal. “No se ha probado ningún desfalco, toda vez que no se ha determinado si los pensionados que representaba la oficina de Armando Cabrera y Jeiner Guilombo tenían derecho a la pensión gracia o no. El patrimonio del señor Cabrera proviene de su participación en esa oficina, en el préstamo de dinero a interés y el negocio de esmeraldas”.
Esta historia apenas comienza. Hernán Andrade, un abogado de 48 años oriundo de Neiva, y que está viviendo, como presidente del Congreso, su cuarto de hora en la política, tiene que darle varias explicaciones a la opinión.
En su departamento natal lo conocen como un conservador que ha seguido al pie de la letra el manual del político: de concejal a senador, pasando por diputado y representante a la Cámara. El país apenas lo ha descubierto en los últimos meses, en los cuales ha mostrado una faceta de vocero de la Casa de Nariño que no es común a su tarea como presidente del Legislativo.
¿Por qué el senador Andrade le pide 250 millones a una persona condenada por desfalco al Estado? ¿Por qué no acudió a la banca comercial? ¿Por qué le dieron esa cantidad de plata en efectivo? ¿Cuándo pensaba saldar el presidente del Congreso su deuda con los involucrados en el lío de Cajanal?
Las autoridades judiciales tienen en sus manos un nuevo desafío. Así como en la época del proceso 8.000 o en la más reciente de la para-política, se ha logrado descifrar los sofisticados vínculos de la clase política con las mafias, ahora también es la oportunidad de aclarar de una vez por todas si políticos como Hernán Andrade han jugado algún papel o no en este capítulo que ha marcado la historia de la corrupción en el país.
Semana.com ©2008.
El considerado cerebro del desfalco de Cajanal le entregó 250 millones de pesos en efectivo al senador Hernán Andrade días antes de su elección.
Cajanal es uno de los símbolos de la corrupción en Colombia. Se trata del desfalco más grande en la última década en el país. Por esa vena rota se han ido más de 500.000 millones de pesos de una manera sencilla: un cartel de abogados utiliza los nombres de miles de maestros y a través de demandas y tutelas logra que jueces complacientes, o en algunos casos comprados, ordenen el pago de pensiones a las que no hay derecho.
Los maestros, algunas veces, no tienen la menor idea de que su nombre está siendo utilizado para esos propósitos y, según la Fiscalía, en varios casos a los docentes no les llega ni un centavo de las famosas pensiones. Los abogados se quedan con gran parte del dinero.
Lo que nadie se habría imaginado es que varios millones de pesos del multimillonario desfalco fueron a dar a los bolsillos de algunos políticos, entre ellos a los del hoy presidente del Congreso de la República, el senador conservador Hernán Andrade.
La historia se comenzó a destapar el 25 de octubre de 2007, cuando un grupo de agentes del DAS allanó una oficina en Neiva en busca de pruebas para la investigación del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y encontraron lo que para ellos era una verdadera mina de información: decenas de títulos, escrituras, letras de cobro, pagarés y promesas de compraventa.
La mayoría de esos papeles pertenecen a Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo, quienes figuran en los expedientes de la Fiscalía como cerebros del desangre de Cajanal. Todo indica que cuando se vieron perseguidos y para evitar que las autoridades descubrieran ese tesoro de su contabilidad, le pidieron a un abogado de su confianza que se llevara todos los papeles y se encargara de todo lo relativo a sus cobros de cartera. Ese hallazgo ha sido para los investigadores del caso del descalabro de Cajanal tan significativo como fue el computador de ‘Jorge 40’ para el escándalo de la para-política.
Entre los cientos de documentos se encontraron dos pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos. Uno es del 7 de marzo de 2006, por 150 millones de pesos, y el otro, del 10 de marzo del mismo año, por 100 millones de pesos.
Al revisar los pagarés (ver facsímil) llaman la atención varias cosas. En primer lugar, sólo aparecen los datos básicos de nombre, monto del préstamo y firma del deudor, pero quedan en blanco casillas fundamentales para este tipo de transacción, como la tasa de interés, la fecha de pago y las condiciones del mismo. Es decir, se trata de un pagaré en blanco.
En segundo lugar, la fecha de los préstamos. No sólo hay una diferencia de apenas tres días entre los dos préstamos, sino que dos días después de que Armando Cabrera le entregó los últimos 100 millones de pesos, el congresista Hernán Andrade se jugaba en las urnas su elección como senador de la República.
Y en tercer lugar, es curioso el hecho de que el dinero se haya entregado en efectivo. Por lo menos en Colombia, la entrega de grandes sumas de dinero líquido, a escasos días de una jornada electoral, trae a la memoria recuerdos muy poco gratos.
¿Por qué Hernán Andrade recurre a este tipo de préstamos tan poco ortodoxos? ¿Y justo en ese momento?
En el menos grave de los escenarios, se trataría de una simple ligereza de Andrade. No queda bien que un congresista se le mida a hacer este tipo de transacciones tan informales con un particular. Sin embargo, comienzan a despertarse serias sospechas si se tiene en cuenta que Armando Cabrera, para la fecha del préstamo, ya tenía a cuestas una condena a siete años de prisión. La condena se la impuso un juez en septiembre de 1997 y fue ratificada en casación por la Corte Suprema de Justicia, porque desde 1991 ya había comenzado a poner en práctica su invento de cobrar las pensiones especiales, con una prueba piloto de 92 maestros en Cajanal. Es decir, el primer desfalco.
Y, como si fuera poco, casi 10 años después de esta condena, al señor Cabrera la Fiscalía General le abrió dos nuevas investigaciones en 2006 que lo tienen de nuevo en la cárcel y a las puertas de un juicio. En el expediente se asegura que toda la fortuna de Cabrera Polanco y los documentos y pagarés que se encontraron en el allanamiento mencionado son producto de la manera ilícita como se enriqueció por el desfalco a Cajanal.
“Con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo (su socio) lograron defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”, sentencia la Fiscalía en su resolución de acusación.
Palabras más, palabras menos, el hoy presidente del Senado, Hernán Andrade, habría recibido en los días previos a su campaña 250 millones de pesos procedentes del enriquecimiento ilícito del gran desfalco financiero de la última década al Estado colombiano.
Al ser consultado por SEMANA, el congresista confirma buena parte de la información: dice que Armando Cabrera le hizo el préstamo y que lo recibió en efectivo. Para algunos tendría toda la lógica del mundo. Los Cabrera Polanco son una familia conocida del Huila, departamento en el cual hace política el senador, y en esa época, según Andrade, estaban prestando al 2 por ciento de interés, una tasa muy atractiva.
Pero a la hora de responder sobre el para qué de los 250 millones de pesos, el senador terminó entrando en contradicciones. Mientras a las primeras preguntas respondió que el propósito del préstamo no era “estrictamente electoral (...) era también para una operación comercial, no sólo para asuntos electorales” y que Armando Cabrera le “había colaborado en otra época, en otra campaña”, al final negó todo lo anterior y trató de ser rotundo al decir que era exclusivamente por “razones comerciales (que) explicaré a las autoridades”. Es difícil imaginar a un político que en los días decisivos de su campaña recibe tanta plata en efectivo para hacer un negocio comercial.
De otra parte, Andrade dice que ni en ese entonces, ni ahora ve problema en haber recibido el préstamo de Cabrera porque, según afirma, no conocía sus antecedentes, ni siquiera la condena que le habían impuesto. Tal desconocimiento suena por lo menos extraño tratándose de un hombre que, como el senador, no sólo debe estar enterado de lo que ocurre con los personajes de Huila, sino también ha mostrado mayor interés que cualquier otro congresista en Cajanal. Tanto es así que es tal vez el único que ha hecho un debate de control político sobre el tema en el Congreso.
Al ser preguntado sobre si luego de conocer el nuevo proceso penal contra Armando Cabrera puso en conocimiento de las autoridades el préstamo que este le había hecho, Andrade asegura que así lo hizo. Pero una vez más, se niega a especificar ante qué autoridad lo puso en conocimiento y promete que luego lo dirá. Y para completar las contradicciones, en unas primeras respuestas dice que ya pagó la deuda, y en otras, que no la ha pagado.
Lo que tendrían que averiguar las autoridades es para qué, en efecto, utilizó el congresista ese dinero y sobre todo si existía algún otro interés de Armando Cabrera a la hora de entregarle esos recursos a un personaje que, como Andrade, en su calidad de senador y hoy como presidente del Congreso, puede tener tanta influencia sobre varios actores estratégicos en el proceso de Cajanal.
Lo que se sabe hasta ahora es que el senador Andrade se ha caracterizado por ser el más asiduo visitante a las directivas de Cajanal. Tanto, que en la administración anterior llegó al punto de visitar prácticamente cada semana la Caja de Previsión con ocho o 10 números de cédulas de maestros en mano para, según les decía él, resolver sus temas de pensiones.
Y a las directivas de la nueva administración, Andrade les llegó a pedir en tres oportunidades –dos el año pasado y una como presidente del Congreso– que le ayudaran al abogado Óscar Torres quien, según testigos, en las reuniones sacaba listados de cerca de 300 personas a las que les estaba tramitando las pensiones.
El senador Andrade admite que sí conoce al abogado en mención, pero que nunca lo ayudó con nadie del gobierno ni de Cajanal para tramitar pensiones. “Me lo presentaron como un empresario del fútbol de Neiva”. Y justifica sus asiduas visitas diciendo que se trata de trámites que ayuda a hacer a la gente de su región, como parte de su compromiso como congresista.
Consultado sobre el caso, el director de Cajanal, Augusto Moreno, dijo a SEMANA que el senador Andrade le presentó el año pasado al abogado Torres y que en varias oportunidades le solicitó que lo atendiera. De hecho, el funcionario lo recibió, pero se negó a la pretensión de Torres de que Cajanal reconociera un fallo de un juez de Cali que les reconoció la pensión especial a varios educadores, ya que consideraba que eran ilegales.
El caso del desfalco de Cajanal es aterrador. Cada día surgen pruebas que demuestran cómo quienes montaron el tinglado supieron convencer a maestros con faltas de conducta, comprar jueces y sobornar a funcionarios de Cajanal. En cierta época, por ejemplo, mafias de abogados se encargaban de pagarles periódicamente el almuerzo a empleados de la Caja de Previsión y en Navidad enviaban no menos de 100 anchetas de 300.000 pesos.
El nombre de Armando Cabrera ha sido el centro de gravedad del mencionado escándalo de Cajanal, que ya va a ajustar dos décadas. En la resolución de acusación de la Fiscalía en contra suya y de su socio se hace mención particular de dos de los casos en los que se concretó el desangre: el de un juez laboral de Buenaventura que ordenó cancelar pensiones especiales de maestros por 69.000 millones, y el de un juez laboral de Ibagué que ordenó el pago de unos 49.000 millones. En el caso de Buenaventura el dinero ya fue girado y, según la Fiscalía, no les pagaron “ni un solo peso a los pensionados”.
Y lo más grave para los acusados es que en esta investigación, a diferencia del otro proceso penal por el mismo desfalco en el que una juez terminó absolviendo al hermano de Armando, Omar Cabrera, la Fiscalía tiene una prueba reina: dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos giradas por Armando Cabrera al juez de Buenaventura que condenó a Cajanal a reconocer el derecho de “pensión gracia” a más de 300 maestros. Esos documentos serían la prueba del soborno al juez para que acepte las pensiones ilegales, entre otras razones porque las letras de cambio tienen fecha de marzo y la condena a Cajanal se dio en julio del mismo año.
Ahora la expectativa es grande por lo que pueda ocurrir en el juicio de Armando Cabrera. Su abogado, Darío Bazzani, asegura que no es cierto, como dice la Fiscalía, que la fortuna de su defendido sea producto del desfalco de Cajanal. “No se ha probado ningún desfalco, toda vez que no se ha determinado si los pensionados que representaba la oficina de Armando Cabrera y Jeiner Guilombo tenían derecho a la pensión gracia o no. El patrimonio del señor Cabrera proviene de su participación en esa oficina, en el préstamo de dinero a interés y el negocio de esmeraldas”.
Esta historia apenas comienza. Hernán Andrade, un abogado de 48 años oriundo de Neiva, y que está viviendo, como presidente del Congreso, su cuarto de hora en la política, tiene que darle varias explicaciones a la opinión.
En su departamento natal lo conocen como un conservador que ha seguido al pie de la letra el manual del político: de concejal a senador, pasando por diputado y representante a la Cámara. El país apenas lo ha descubierto en los últimos meses, en los cuales ha mostrado una faceta de vocero de la Casa de Nariño que no es común a su tarea como presidente del Legislativo.
¿Por qué el senador Andrade le pide 250 millones a una persona condenada por desfalco al Estado? ¿Por qué no acudió a la banca comercial? ¿Por qué le dieron esa cantidad de plata en efectivo? ¿Cuándo pensaba saldar el presidente del Congreso su deuda con los involucrados en el lío de Cajanal?
Las autoridades judiciales tienen en sus manos un nuevo desafío. Así como en la época del proceso 8.000 o en la más reciente de la para-política, se ha logrado descifrar los sofisticados vínculos de la clase política con las mafias, ahora también es la oportunidad de aclarar de una vez por todas si políticos como Hernán Andrade han jugado algún papel o no en este capítulo que ha marcado la historia de la corrupción en el país.
Semana.com ©2008.
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Nacional | 13 octubre 2008 - 12:17pm
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Por: Elespectador.com
Según las autoridades los responsables del atentado que dejó una persona muerta y otras cinco heridas por dos explosiones ocurridas en dos hoteles de Neiva, serían dos milicianos de las Farc. Hasta el momento se aumentó el pie de fuerza en la ciudad y se ofreció recompensa por información que permita esclarecer este hecho.
El general Orlando Páez Barón, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que gracias a las grabaciones de circuito cerrado de los hoteles, se pudo establecer un retrato de los responsables de las explosiones que se registraron con pocos minutos de intervalo y que afectaron a los hoteles Sulicam y Plaza, ubicados en pleno centro de Neiva.El primero de los artefactos estalló hacia las 10:50 de la noche y el segundo, unos diez minutos después. Aún no está claro el tipo de explosivo utilizado ni tampoco quienes podrían ser los autores de los ataques.La situación más grave se registró en el Hotel Sulicam, próximo al Hotel Plaza. Allí la carga explotó en el segundo piso, derribando al menos una pared de una de las habitaciones.La explosión en el Sulicam causó un muerto, de unos 65 años de edad, además de cuatro heridos, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico."Estaba dormido, cuando de pronto sentí una explosión y todo se me vino encima. Estaba descansando con mi familia y no se cómo están ellos porque estaban en otros pisos", relató un huésped a una emisora de radio local.En el Hotel Plaza, en donde ocurrió la primera explosión, el explosivo estalló en el primer piso, causando daños en ventanales y en algunos estructuras de la construcción, mientras que los organismos de socorro evacuaron a una persona con heridas leves.Por precaución, la Policía ordenó evacuar los dos hoteles, mientras realizan inspecciones en busca de otros artefactos explosivos, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad en el resto de hoteles de la ciudad.Las autoridades creen que el doble atentado fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no descarta tampoco una acción por parte de delincuentes comunes, que durante las últimas semanas han extorsionado a comerciantes de la ciudad, según Radio Caracol.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo43502-milicianos
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Por: Elespectador.com
Según las autoridades los responsables del atentado que dejó una persona muerta y otras cinco heridas por dos explosiones ocurridas en dos hoteles de Neiva, serían dos milicianos de las Farc. Hasta el momento se aumentó el pie de fuerza en la ciudad y se ofreció recompensa por información que permita esclarecer este hecho.
El general Orlando Páez Barón, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que gracias a las grabaciones de circuito cerrado de los hoteles, se pudo establecer un retrato de los responsables de las explosiones que se registraron con pocos minutos de intervalo y que afectaron a los hoteles Sulicam y Plaza, ubicados en pleno centro de Neiva.El primero de los artefactos estalló hacia las 10:50 de la noche y el segundo, unos diez minutos después. Aún no está claro el tipo de explosivo utilizado ni tampoco quienes podrían ser los autores de los ataques.La situación más grave se registró en el Hotel Sulicam, próximo al Hotel Plaza. Allí la carga explotó en el segundo piso, derribando al menos una pared de una de las habitaciones.La explosión en el Sulicam causó un muerto, de unos 65 años de edad, además de cuatro heridos, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico."Estaba dormido, cuando de pronto sentí una explosión y todo se me vino encima. Estaba descansando con mi familia y no se cómo están ellos porque estaban en otros pisos", relató un huésped a una emisora de radio local.En el Hotel Plaza, en donde ocurrió la primera explosión, el explosivo estalló en el primer piso, causando daños en ventanales y en algunos estructuras de la construcción, mientras que los organismos de socorro evacuaron a una persona con heridas leves.Por precaución, la Policía ordenó evacuar los dos hoteles, mientras realizan inspecciones en busca de otros artefactos explosivos, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad en el resto de hoteles de la ciudad.Las autoridades creen que el doble atentado fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no descarta tampoco una acción por parte de delincuentes comunes, que durante las últimas semanas han extorsionado a comerciantes de la ciudad, según Radio Caracol.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo43502-milicianos
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Octubre 10 de 2008
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Ese sector de tres cuadras en el centro de Bogotá, también conocido como el Horno, creció desde mediados de los años 80, pero se consolidó en el 2002, tras la construcción del parque Tercer Milenio.
"La 'L' es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito", aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes.
La zona está controlada por cinco poderosas 'ollas' que, más que lugares, son bandas organizadas para la venta y distribución de alucinógenos.
Estos sitios cuentan con jerarquía propia: un jefe, un administrador y grupos de empaque, venta y seguridad, que pueden llegar a emplear hasta 30 personas.
Los inquilinos de la 'L'
Quienes están a cargo del negocio del bazuco representan una minoría del total de los residentes de la zona, que son, principalmente, habitantes de la calle.
Carlos Garzón, subdirector para la Adultez de la Secretaría de Integración Social y ex alcalde de la localidad de Los Mártires, dijo que en las calles de la 'L' puede habitar un promedio de 1.200 personas, que se suman a las 900 que duermen diariamente en las residencias.
Esta población hace de esta calle en forma de L la tierra por excelencia del tráfico de bazuco en Bogotá.
Bazuco de marca
Cada banda tiene su propia marca de bazuco, identificada con un nombre y unas características particulares.
"El consumidor sabe cuál es la mejor por el efecto que produce", explicó Álex Buitrago*, quien vivió ocho años sumergido en la 'L' y perdió su oreja derecha en un ajuste de cuentas.
Las marcas más 'cachetosas' y de mayor distribución son Escalera, Paloma, Alacrán, América, Manguera y Homero.
Esta última es la más famosa y de mejor calidad. Se reconoce por la imagen del conocido personaje de la serie Los Simpsons plasmada en el empaque plástico.
La rivalidad entre las 'ollas' y la lucha constante por el territorio y por la clientela son las principales causas de la violencia que se vive dentro de la 'L'.
"Desgraciadamente, el ajuste de cuentas se hace con la vida, que es la que media todo en la zona", enfatizó Molina.
Y es que en la tierra del bazuco no solo se distribuye droga: allí también funcionan compraventas de armas y se consigue ropa, celulares, cámaras, bicicletas y hasta tenis usados.
"Allá puedes ir y vender un arma. Se consiguen revólveres, escopetas, balas, munición y granadas", confesó, entre risas, Francisco Gutiérrez*, un joven que duró varios años en la indigencia y vivió siete en el sector de la 'L'.
En mayo, en un allanamiento que realizó la Policía, en dos casas se encontraron dos revólveres, 132 armas blancas, 276 papeletas de bazuco y hasta uniformes del Ejército.
Así es la vida en la zona de la 'L'
Eduardo López* no supera los 30 años de edad y, sin embargo, es una de las personas que mejor conocen el sector de la 'L'.
A mediados de 2006 entró a vivir de lleno en la zona, pues empezó a trabajar en una de las 'ollas' que allí funcionan.
Permaneció durante año y medio, hasta que se internó en el
Centro Personal Transitorio para habitantes de la calle, de la Secretaría de Integración Social.
Cansado de la adicción al bazuco y de la violencia, decidió dejar atrás su pasado para dedicarse a la panadería.
"Lo peor de vivir en la 'L' es que tu vida no vale nada. Por controlar territorio o por acaparar clientela las bandas se agarran a bala; los indigentes se atacan con cuchillo por conseguir los mil pesos de la 'bicha'. Mi límite fue cuando casi pierdo la vida por defender mi 'olla', un negocio que no me pertenecía"[*], dijo.
*Nombres cambiados.
NICOLÁS HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Ese sector de tres cuadras en el centro de Bogotá, también conocido como el Horno, creció desde mediados de los años 80, pero se consolidó en el 2002, tras la construcción del parque Tercer Milenio.
"La 'L' es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito", aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes.
La zona está controlada por cinco poderosas 'ollas' que, más que lugares, son bandas organizadas para la venta y distribución de alucinógenos.
Estos sitios cuentan con jerarquía propia: un jefe, un administrador y grupos de empaque, venta y seguridad, que pueden llegar a emplear hasta 30 personas.
Los inquilinos de la 'L'
Quienes están a cargo del negocio del bazuco representan una minoría del total de los residentes de la zona, que son, principalmente, habitantes de la calle.
Carlos Garzón, subdirector para la Adultez de la Secretaría de Integración Social y ex alcalde de la localidad de Los Mártires, dijo que en las calles de la 'L' puede habitar un promedio de 1.200 personas, que se suman a las 900 que duermen diariamente en las residencias.
Esta población hace de esta calle en forma de L la tierra por excelencia del tráfico de bazuco en Bogotá.
Bazuco de marca
Cada banda tiene su propia marca de bazuco, identificada con un nombre y unas características particulares.
"El consumidor sabe cuál es la mejor por el efecto que produce", explicó Álex Buitrago*, quien vivió ocho años sumergido en la 'L' y perdió su oreja derecha en un ajuste de cuentas.
Las marcas más 'cachetosas' y de mayor distribución son Escalera, Paloma, Alacrán, América, Manguera y Homero.
Esta última es la más famosa y de mejor calidad. Se reconoce por la imagen del conocido personaje de la serie Los Simpsons plasmada en el empaque plástico.
La rivalidad entre las 'ollas' y la lucha constante por el territorio y por la clientela son las principales causas de la violencia que se vive dentro de la 'L'.
"Desgraciadamente, el ajuste de cuentas se hace con la vida, que es la que media todo en la zona", enfatizó Molina.
Y es que en la tierra del bazuco no solo se distribuye droga: allí también funcionan compraventas de armas y se consigue ropa, celulares, cámaras, bicicletas y hasta tenis usados.
"Allá puedes ir y vender un arma. Se consiguen revólveres, escopetas, balas, munición y granadas", confesó, entre risas, Francisco Gutiérrez*, un joven que duró varios años en la indigencia y vivió siete en el sector de la 'L'.
En mayo, en un allanamiento que realizó la Policía, en dos casas se encontraron dos revólveres, 132 armas blancas, 276 papeletas de bazuco y hasta uniformes del Ejército.
Así es la vida en la zona de la 'L'
Eduardo López* no supera los 30 años de edad y, sin embargo, es una de las personas que mejor conocen el sector de la 'L'.
A mediados de 2006 entró a vivir de lleno en la zona, pues empezó a trabajar en una de las 'ollas' que allí funcionan.
Permaneció durante año y medio, hasta que se internó en el
Centro Personal Transitorio para habitantes de la calle, de la Secretaría de Integración Social.
Cansado de la adicción al bazuco y de la violencia, decidió dejar atrás su pasado para dedicarse a la panadería.
"Lo peor de vivir en la 'L' es que tu vida no vale nada. Por controlar territorio o por acaparar clientela las bandas se agarran a bala; los indigentes se atacan con cuchillo por conseguir los mil pesos de la 'bicha'. Mi límite fue cuando casi pierdo la vida por defender mi 'olla', un negocio que no me pertenecía"[*], dijo.
*Nombres cambiados.
NICOLÁS HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
Octubre 14 de 2008
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
"Hay una serie de delincuentes que quieren tomar esa posición, pero la información que tenemos es que no hay una cabeza visible", dijo el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De todos modos, y más desde que el presidente Álvaro Uribe solicitó acabar con esa organización, las acciones de las autoridades se han intensificado sobre algunos 'hombres fuertes' como alias 'Yiyo', 'Beto' y 'Valenciano'.
En la operación de ayer cayeron hombres como 'la Ardilla', 'David' o 'el Pana', quien tenía los contactos para el tráfico doméstico de estupefacientes y una ruta hacia Panamá; y 'el Indio', un desmovilizado del bloque 'Héroes de Granada' de las autodefensas que manejaba la estructura sicarial que afectaba al oriente antioqueño, explicó el oficial.
El general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó también la captura de alias 'John', a quien el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', mencionó en un video como uno de los enviados por la 'Oficina de Envigado' para atentar contra su vida.
En total fueron 47 allanamientos que se iniciaron a las 4 de la mañana de manera simultánea en el barrio Caicedo, en Medellín, y en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño.
De los aprehendidos, 23 tenían orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes; los otros 16 fueron capturados en flagrancia por encontrarse en lugares en los que se almacenaban drogas.
La Policía decomisó un arma de fuego, once millones y medio de pesos, bazuco y cocaína.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la 'oficina' se ha extendido a Urabá, el nordeste, el Bajo Cauca, los departamentos de Córdoba y Sucre, y últimamente, al suroeste antioqueño.
Y, obvio, las acciones de la Fuerza Pública se han tenido que ampliar. Este viernes en La Apartada (Córdoba) la Policía Antioquia destruyó un cristalizadero para producir clorhidrato de cocaína, perteneciente a la organización de alias 'Don Mario'.
El complejo tenía capacidad para procesar cuatro toneladas mensuales y fueron decomisados 4.785 kilos de insumos sólidos, 1.750 galones de insumos líquidos y elementos básicos para la elaboración del alcaloide.
MEDELLÍN
www.eltiempo.com
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
"Hay una serie de delincuentes que quieren tomar esa posición, pero la información que tenemos es que no hay una cabeza visible", dijo el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De todos modos, y más desde que el presidente Álvaro Uribe solicitó acabar con esa organización, las acciones de las autoridades se han intensificado sobre algunos 'hombres fuertes' como alias 'Yiyo', 'Beto' y 'Valenciano'.
En la operación de ayer cayeron hombres como 'la Ardilla', 'David' o 'el Pana', quien tenía los contactos para el tráfico doméstico de estupefacientes y una ruta hacia Panamá; y 'el Indio', un desmovilizado del bloque 'Héroes de Granada' de las autodefensas que manejaba la estructura sicarial que afectaba al oriente antioqueño, explicó el oficial.
El general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó también la captura de alias 'John', a quien el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', mencionó en un video como uno de los enviados por la 'Oficina de Envigado' para atentar contra su vida.
En total fueron 47 allanamientos que se iniciaron a las 4 de la mañana de manera simultánea en el barrio Caicedo, en Medellín, y en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño.
De los aprehendidos, 23 tenían orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes; los otros 16 fueron capturados en flagrancia por encontrarse en lugares en los que se almacenaban drogas.
La Policía decomisó un arma de fuego, once millones y medio de pesos, bazuco y cocaína.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la 'oficina' se ha extendido a Urabá, el nordeste, el Bajo Cauca, los departamentos de Córdoba y Sucre, y últimamente, al suroeste antioqueño.
Y, obvio, las acciones de la Fuerza Pública se han tenido que ampliar. Este viernes en La Apartada (Córdoba) la Policía Antioquia destruyó un cristalizadero para producir clorhidrato de cocaína, perteneciente a la organización de alias 'Don Mario'.
El complejo tenía capacidad para procesar cuatro toneladas mensuales y fueron decomisados 4.785 kilos de insumos sólidos, 1.750 galones de insumos líquidos y elementos básicos para la elaboración del alcaloide.
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