Las parcas confesiones de Macaco
Mientras está en vilo su extradición, ¿qué ha revelado el ex jefe paramilitar, Carlos Mario Jiménez, en las 10 sesiones de versión libre que lleva ante los fiscales de Justicia y Paz? Especial para Semana.com de Mauricio Builes.
Por Mauricio Builes
Fecha: 04/17/2008 -
El martes 12 de junio de 2006, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, ex jefe del Bloque Central Bolívar, comenzó su versión libre ante un Fiscal en Medellín. La expectativa de los fiscales de Justicia y Paz era alta pues toda la información que aportara sería una novedad, ya que, hasta esa fecha, la justicia no tenía proceso alguno en su contra. Representaba un enigma. El desafío era –y continúa siendo- desentrañar la organización criminal que desarrolló este ex jefe de las autodefensas en medio país.
Al momento de su desmovilización, “Macaco” tenía un ejército de 7.000 hombres que actuaban en el sur de Bolívar, el bajo Cauca antioqueño, la costa de Nariño, Caquetá, parte de Guaviare, y el Catatumbo. Tenía además bajo su órbita al Bloque Vencedores de Arauca, que presuntamente compraron los mellizos Mejía, y el Bloque del Putumayo.
De 'Macaco' -considerado uno de los más vinculados al narcotráfico dentro de las AUC- se decía que poseía ocho minas de oro en el sur de Bolívar, cultivos de palma de aceite, madera, miles de cabezas de ganado y muchas hectáreas de tierras fértiles en varios departamentos. Además, que era lavador de activos a través de empresas legales de transporte y finca raíz. Pero en junio del año pasado, a pesar de los múltiples rumores, era muy poco lo que se sabía con certeza sobre él.
Luego se sometió el proceso de Justicia y Paz, por el cual los paramilitares desmovilizados que colaboren con la justicia contando la verdad, develando sus cómplices y entregando bienes que se destinen a la reparación de las víctimas, tendrán derecho a un pena alternativa de hasta ocho años de cárcel.
Hasta hoy, el ex jefe paramilitar ha estado en diez oportunidades relatando su verdad ante el Fiscal 16 (quien, también, se encarga de escuchar 150 subalternos de “Macaco”). Cada vez que lo hace llega equipado con un computador portátil de donde lee, con puntos y comas, toda su versión. Cuando es interrumpido por alguna pregunta del Fiscal, responde sin muchos detalles y continúa su lectura en voz alta. Cada vez que termina, a eso de las cuatro o cinco de la tarde, las víctimas se regresan para sus municipios de origen (muy pocas viven en Medellín) con una sensación agridulce. Son más las preguntas que quedan por resolver que las satisfechas.
Según los datos oficiales, “Macaco” no ha confesado ningún crimen de su autoría ni ninguna víctima lo ha señalado como responsable directo de algún hecho criminal. Ni siquiera ha tocado el tema de los múltiples asesinatos en Barrancabermeja, Santander, cometidos por miembros de Bcb, que Jiménez comandaba. Si bien ha contado algunos homicidios cometidos por sus hombres, ha asegurado que ninguno de esos homicidios fueron por orden suya.
Así de lacónico puede resultar su relato es: “Los hombres del comandante Brandon en el barrio la Esmeralda dieron de baja a un hombre que respondía al nombre de Elías, por cuanto que se había establecido que era un miliciano de la guerrilla del ELN (...)”. No es más. Y sigue leyendo de su computadora hasta completar determinado número de homicidios o hechos delictivos.
Dentro de sus lecturas, “Macaco” – a diferencia de otros jefes paramilitares-, nunca se ha referido al ex comandante y forjador de las Auc, Carlos Castaño, al que todos culpan de las acciones más atroces. Y frente a los políticos, militares u otros posibles líderes de las regiones donde el Bcb llegó a cosechar considerable influencia su mutismo ha sido total: “No voy a hablar sobre eso”, dijo.
Hasta el momento, Macaco ha hecho referencia a 578 episodios violentos que han dejado 1032 víctimas; ha hablado de 88 fosas en diferentes departamentos en las que puede haber 389 cadáveres (esto no significa que haya dado todas las coordenadas). Y la sensación sigue siendo agridulce porque ante la Fiscalía se han inscrito más de 16 mil personas como víctimas del Bcb buscando la verdad, la justicia y la reparación.
El jefe desmovilizado ofreció 54 millones de dólares en bienes para las víctimas, pero la cifra del monto a entregar fue ofrecida por él y no ha sido corroborada por el gobierno. Pero como ofrecer no es lo mismo que dar, hasta la fecha sólo ha entregado una finca ganadera en Buena Vista, Córdoba, una urbanización con 96 viviendas y 145 lotes habilitados con servicios públicos, listos para construir en el Corregimiento Piamonte, en jurisdicción de Cáceres, en el bajo Cauca antioqueño. Así mismo ha entregado al Fondo de Reparación tres fincas, 2600 cabezas de ganado y un tractor también en este departamento. Esto sin contar los dos helicópteros que dio el día de su desmovilización.
Con respecto al tema de sus testaferros -que tanto ha preocupado a las autoridades- se sabe poco. Hasta el momento, él ha entregado voluntariamente algunos bienes que están a nombre suyo pero la Fiscalía ni sabe ni tiene información sobre sus propiedades que estén a nombre de otras personas. El grupo de investigadores adjudicados al enorme Bcb lo conforman sólo cinco personas y, por el momento, se han dedicado sobre todo a esclarecer los homicidios.
El proceso con Carlos Mario Jiménez ni siquiera está por la mitad. El debate que despertó la decisión del gobierno de extraditarlo a Estados Unidos para que responda por narcotráfico, se explica en gran parte, porque aún falta esclarecer la mayoría de los delitos que cometió el Bloque que comandó. Muchas víctimas siguen esperando que su confesión los lleve a saber qué pasó con sus desaparecidos o por qué mataron a sus seres queridos.
Mientras las cortes deciden si es extraditado o no, Macaco seguirá con sus monótonas confesiones. Según el cronograma del Fiscal, su próxima versión libre sería para el 19 y 20 de mayo. Y se espera que en el segundo semestre de este año, se extienda en explicar lo que hicieron sus mandos medios y sus patrulleros en medio país y finalmente haga públicas sus relaciones con el narcotráfico y el contrabando de armas.
Algunos expertos como Alexandra Guáqueta de la Fundación Ideas para la Paz han llamado la atención de que puede no existir tal contradicción entre la extradición de Macaco y las exigencias de que responda frente a las víctimas, ya que existen normas estadounidenses que lo podrían procesar por los delitos de lesa humanidad también en ese país.
Por eso la última salida que parece quedarle a Jiménez, si quiere no terminar en una cárcel en Estados Unidos por muchos años, será empezar a colaborar en serio con la justicia colombiana y demostrar así, que no sólo puede ser beneficiario de la pena reducida, sino además que es aquí donde puede responderle mejor al clamor de las miles de víctimas que dejó su accionar criminal.
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lunes, 12 de mayo de 2008
Macabra orden de asesinato contra investigadores sociales
El plan buscaba atentar contra los autores de la investigación académica sobre parapolítica de la Corporación Nuevo Arco Iris que ha dado soporte a varios procesos penales. También han buscado amedrentarlos con amenazas y robos.
Fecha: 04/30/2008 -
El IPC de Medelllín difundió un comunicado de prensa según el cual la “Oficina de Envigado” tiene la orden, al parecer desde hace unos meses, de asesinar a los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, quienes adelantaron el trabajo académico sobre las relaciones entre grupos paramilitares y políticos regionales, y que hoy tiene en la cárcel a varios de ellos.
“Me parece muy grave todo esto”, le dijo a la Agencia de Prensa del IPC, León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y columnista de diversos diarios del país. Por referencias de una fuente a la que le da entero crédito, conoció que la orden de asesinarlo a él y a una de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Laura Bonilla, quienes junto a Claudia López adelantaron el trabajo sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase política en el país, proviene de la llamada “Oficina de Envigado”.
Esta organización criminal actúa desde esa localidad del sur del Valle de Aburrá, hace más de una década y estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna, ahora en el proceso de Justicia y Paz y recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá.
Según diversas autoridades, desde el año pasado Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio maneja esta Oficina en coordinación con grupos criminales de Itagüí al sur de Medellín.
En conversación con la Agencia de Prensa IPC, el investigador explicó que una persona de su confianza, hermano de un desaparecido, se acercó el pasado 4 de abril a un paramilitar relacionado con la Oficina de Envigado a buscar información sobre su familiar. Éste le dijo que no tenía mayor información y de manera espontánea le comentó que “la situación se iba a poner muy dura, pues había orden de asesinar a León Valencia, y a Laura Bonilla”.
“Nosotros nos enteramos por terceras personas que esa organización tenía una orden de asesinato contra nosotros. Nos enteramos por pura casualidad, lo que es preocupante”, expresó Valencia.
La corporación ya había venido recibiendo amenazas por correos electrónicos y llamadas. Además les robaron los computadores de su sede en Bogotá. Estas agresiones se hicieron más frecuentes, luego de que este centro de pensamiento difundiera los resultados de la investigación sobre el nuevo mapa político en Colombia, en cuya redefinición tuvieron alta injerencia los grupos paramilitares, y en especial cuando reveló las votaciones atípicas que obtuvieron políticos en Antioquia, en territorios dominados por el paramilitarismo.
La Agencia del IPC también señaló que el hecho de que sea tan peligroso aún hoy desentrañar los nexos entre paramilitares y políticos en ese departamento revela que en el Valle de Aburrá permanecen activas poderosas estructuras armadas ilegales.
“Los propios paramilitares están confesando, la gente está señalando a los políticos, entonces no entiendo por qué nos amenazan a nosotros, que hicimos una investigación social y académica sobre el tema. Es una posición un poco extraña”, dijo a Prensa del IPC León Valencia de la Corporación, pues reconoce que hay un proceso de paz con el gobierno, pero que algunos sectores del paramilitarismo sigue delinquiendo.
La Presidencia de la República señaló que la labor investigativa de la Corporación es legitima, así sea controversial y crítica del gobierno; y también hay un compromiso de las autoridades para mejorar la protección de las personas que están amenazadas si deciden quedarse en el país.
Es urgente que en efecto, el gobierno actúe con celeridad para proteger al equipo de la Corporación que está haciendo un aporte fundamental para blindar a las instituciones democráticas de la injerencia de los paramilitares y delincuentes.
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El plan buscaba atentar contra los autores de la investigación académica sobre parapolítica de la Corporación Nuevo Arco Iris que ha dado soporte a varios procesos penales. También han buscado amedrentarlos con amenazas y robos.
Fecha: 04/30/2008 -
El IPC de Medelllín difundió un comunicado de prensa según el cual la “Oficina de Envigado” tiene la orden, al parecer desde hace unos meses, de asesinar a los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, quienes adelantaron el trabajo académico sobre las relaciones entre grupos paramilitares y políticos regionales, y que hoy tiene en la cárcel a varios de ellos.
“Me parece muy grave todo esto”, le dijo a la Agencia de Prensa del IPC, León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y columnista de diversos diarios del país. Por referencias de una fuente a la que le da entero crédito, conoció que la orden de asesinarlo a él y a una de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Laura Bonilla, quienes junto a Claudia López adelantaron el trabajo sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase política en el país, proviene de la llamada “Oficina de Envigado”.
Esta organización criminal actúa desde esa localidad del sur del Valle de Aburrá, hace más de una década y estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna, ahora en el proceso de Justicia y Paz y recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá.
Según diversas autoridades, desde el año pasado Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio maneja esta Oficina en coordinación con grupos criminales de Itagüí al sur de Medellín.
En conversación con la Agencia de Prensa IPC, el investigador explicó que una persona de su confianza, hermano de un desaparecido, se acercó el pasado 4 de abril a un paramilitar relacionado con la Oficina de Envigado a buscar información sobre su familiar. Éste le dijo que no tenía mayor información y de manera espontánea le comentó que “la situación se iba a poner muy dura, pues había orden de asesinar a León Valencia, y a Laura Bonilla”.
“Nosotros nos enteramos por terceras personas que esa organización tenía una orden de asesinato contra nosotros. Nos enteramos por pura casualidad, lo que es preocupante”, expresó Valencia.
La corporación ya había venido recibiendo amenazas por correos electrónicos y llamadas. Además les robaron los computadores de su sede en Bogotá. Estas agresiones se hicieron más frecuentes, luego de que este centro de pensamiento difundiera los resultados de la investigación sobre el nuevo mapa político en Colombia, en cuya redefinición tuvieron alta injerencia los grupos paramilitares, y en especial cuando reveló las votaciones atípicas que obtuvieron políticos en Antioquia, en territorios dominados por el paramilitarismo.
La Agencia del IPC también señaló que el hecho de que sea tan peligroso aún hoy desentrañar los nexos entre paramilitares y políticos en ese departamento revela que en el Valle de Aburrá permanecen activas poderosas estructuras armadas ilegales.
“Los propios paramilitares están confesando, la gente está señalando a los políticos, entonces no entiendo por qué nos amenazan a nosotros, que hicimos una investigación social y académica sobre el tema. Es una posición un poco extraña”, dijo a Prensa del IPC León Valencia de la Corporación, pues reconoce que hay un proceso de paz con el gobierno, pero que algunos sectores del paramilitarismo sigue delinquiendo.
La Presidencia de la República señaló que la labor investigativa de la Corporación es legitima, así sea controversial y crítica del gobierno; y también hay un compromiso de las autoridades para mejorar la protección de las personas que están amenazadas si deciden quedarse en el país.
Es urgente que en efecto, el gobierno actúe con celeridad para proteger al equipo de la Corporación que está haciendo un aporte fundamental para blindar a las instituciones democráticas de la injerencia de los paramilitares y delincuentes.
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Extradición de Macaco: ¿premio o castigo?
Editorial
En las dos últimas décadas, Colombia ha atravesado por un proceso de institucionalización del narcontráfico y, con éste, por el desarrollo de una estructura paramilitar fundada para garantizar el control y expansión sobre el territorio de los intereses que controlan el aparato estatal. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este proceso ha avanzado a pasos agigantados y se aviene la alineación de estos actores dentro de la institucionalidad, lo que aviva las pugnas por el poder en las que cada sector de las clases dominantes apuesta por el control territorial y político que, a futuro, definirá quién se queda con la tajada más grande del pastel.
En ese contexto es que surge la noticia de la extradición de Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco', personaje con un poder regional innegable: su enorme capital y su control sobre el negocio del narcotráfico lo hacen el señor del Eje Cafetero, región cuyo sorprendente crecimiento económico ha estado ligado al lavado de activos y a los programas de reconstrucción generados a partir del terremoto de 1999. Este enorme poder es un arma de doble filo: hace pensar que 'Macaco' está amenazado por una competencia por el poder que buscaría la repartición de su riqueza y control regional o la garantía de que disfrutará de una posición privilegiada en la negociación de poderes que busca consolidar el modelo autoritario propuesto por el gobierno actual.
A semejanza de lo sucedido hace unos años con el también jefe paramilitar Carlos Castaño, de quién aún no se tiene certeza sobre su muerte, parece ser que la idea es sacar de la escena a 'Macaco', bien sea para eliminarlo de la competencia o bien para garantizarle su pronta inclusión en la legalidad. No se debe olvidar que, en diciembre de 2004, se extraditó a Gilberto Rodríguez Orejuela luego de una de una negociación en la que éste se entregó a los norteamericanos a cambio de que le sacaran de la lista Clinton y de que se legalizara su capital.
Y es que el caso de Macaco tiene más particularidades que los mencionados, pues está recibiendo un tratamiento diferente a uno de sus homólogos: alias 'Don Berna', ante quien, al parecer, la 'justicia' está haciendo honrosos esfuerzos por dejarlo libre de todo pecado. Estas diferencias en el trato obedecen a un problema de estrategia, al punto que podría pensarse que los dos métodos no son excluyentes.
Por otra parte, lo que ha inquietado, principalmente, ante la posible extradición de Macaco es que, aunque de entrada parece un paso importante en la judicialización de sus actos, el proceso de verdad y justicia al interior del país está menos que incompleto y los centenares de víctimas muestran su temor a que, con la salida del paramilitar del país, se pierda toda posibilidad de esclarecer los hechos que son de su conocimiento. ¿Será precisamente ése el propósito del gobierno, que no se conozcan con nombre propio los responsables, ni que se dé cuenta real de las atrocidades cometidas por el jefe paramilitar?
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha señalado que no descarta la posibilidad de que una jurisdicción internacional, como la Corte Penal Internacional, conozca de los delitos cometidos por Macaco, según lo hizo saber Iván Cepeda, presidente de la organización, en entrevista otorgada a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Como era de imaginarse, se vio con recelo la extradición de este personaje y, una vez conocida la noticia, las víctimas comenzaron a generar opinión frente al tema. En esa labor, se formuló una tutela contra la disposición con la que, en decisión adoptada el pasado 21 de abril por el Consejo seccional de la judicatura de Cundinamarca, se logró que Macaco no pueda salir del país hasta tanto no repare a las víctimas, acogiendo una tesis recientemente utilizada por la Corte Suprema de Justicia en la que se condicionaba la aplicación de la figura a la protección de los derechos de éstas, fallo que será impugnado por el gobierno.
Como vemos, el asunto se encuentra en medio de una tensión que hace imposible conocer los verdaderos propósitos del gobierno con esta orden de extradición. Independientemente de la extradición o no de este peligroso criminal narcoparamilitar, la lucha por justicia que merecen sus miles de víctimas pasa por reclamar su judicialización y entrega de cuentas en territorio colombiano. Ni la nueva repartición de los poderes dentro del Estado, que se está fraguando para una nueva reelección, ni los gigantescos flujos financieros de los que se benefician los intereses más mezquinos justifican que se falte a esta obligación.
www.modep.org
Editorial
En las dos últimas décadas, Colombia ha atravesado por un proceso de institucionalización del narcontráfico y, con éste, por el desarrollo de una estructura paramilitar fundada para garantizar el control y expansión sobre el territorio de los intereses que controlan el aparato estatal. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este proceso ha avanzado a pasos agigantados y se aviene la alineación de estos actores dentro de la institucionalidad, lo que aviva las pugnas por el poder en las que cada sector de las clases dominantes apuesta por el control territorial y político que, a futuro, definirá quién se queda con la tajada más grande del pastel.
En ese contexto es que surge la noticia de la extradición de Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco', personaje con un poder regional innegable: su enorme capital y su control sobre el negocio del narcotráfico lo hacen el señor del Eje Cafetero, región cuyo sorprendente crecimiento económico ha estado ligado al lavado de activos y a los programas de reconstrucción generados a partir del terremoto de 1999. Este enorme poder es un arma de doble filo: hace pensar que 'Macaco' está amenazado por una competencia por el poder que buscaría la repartición de su riqueza y control regional o la garantía de que disfrutará de una posición privilegiada en la negociación de poderes que busca consolidar el modelo autoritario propuesto por el gobierno actual.
A semejanza de lo sucedido hace unos años con el también jefe paramilitar Carlos Castaño, de quién aún no se tiene certeza sobre su muerte, parece ser que la idea es sacar de la escena a 'Macaco', bien sea para eliminarlo de la competencia o bien para garantizarle su pronta inclusión en la legalidad. No se debe olvidar que, en diciembre de 2004, se extraditó a Gilberto Rodríguez Orejuela luego de una de una negociación en la que éste se entregó a los norteamericanos a cambio de que le sacaran de la lista Clinton y de que se legalizara su capital.
Y es que el caso de Macaco tiene más particularidades que los mencionados, pues está recibiendo un tratamiento diferente a uno de sus homólogos: alias 'Don Berna', ante quien, al parecer, la 'justicia' está haciendo honrosos esfuerzos por dejarlo libre de todo pecado. Estas diferencias en el trato obedecen a un problema de estrategia, al punto que podría pensarse que los dos métodos no son excluyentes.
Por otra parte, lo que ha inquietado, principalmente, ante la posible extradición de Macaco es que, aunque de entrada parece un paso importante en la judicialización de sus actos, el proceso de verdad y justicia al interior del país está menos que incompleto y los centenares de víctimas muestran su temor a que, con la salida del paramilitar del país, se pierda toda posibilidad de esclarecer los hechos que son de su conocimiento. ¿Será precisamente ése el propósito del gobierno, que no se conozcan con nombre propio los responsables, ni que se dé cuenta real de las atrocidades cometidas por el jefe paramilitar?
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha señalado que no descarta la posibilidad de que una jurisdicción internacional, como la Corte Penal Internacional, conozca de los delitos cometidos por Macaco, según lo hizo saber Iván Cepeda, presidente de la organización, en entrevista otorgada a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Como era de imaginarse, se vio con recelo la extradición de este personaje y, una vez conocida la noticia, las víctimas comenzaron a generar opinión frente al tema. En esa labor, se formuló una tutela contra la disposición con la que, en decisión adoptada el pasado 21 de abril por el Consejo seccional de la judicatura de Cundinamarca, se logró que Macaco no pueda salir del país hasta tanto no repare a las víctimas, acogiendo una tesis recientemente utilizada por la Corte Suprema de Justicia en la que se condicionaba la aplicación de la figura a la protección de los derechos de éstas, fallo que será impugnado por el gobierno.
Como vemos, el asunto se encuentra en medio de una tensión que hace imposible conocer los verdaderos propósitos del gobierno con esta orden de extradición. Independientemente de la extradición o no de este peligroso criminal narcoparamilitar, la lucha por justicia que merecen sus miles de víctimas pasa por reclamar su judicialización y entrega de cuentas en territorio colombiano. Ni la nueva repartición de los poderes dentro del Estado, que se está fraguando para una nueva reelección, ni los gigantescos flujos financieros de los que se benefician los intereses más mezquinos justifican que se falte a esta obligación.
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NARCOTRAFICO
Víctor Mejía Múnera, uno de “los Mellizos” dado de baja
El narcotraficante fue abatido en una operación especial de la policía en el Bajo Cauca Antioqueño.
Fecha: 04/29/2008 -
Víctor Mejía Múnera, uno de “Los Mellizos” fue dado de baja ayer por las autoridades en una finca cercana al municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, según informó el máximo comandante de la Policía, el general Oscar Naranjo.
Inicialmente la policía informó que "el mellizo" que había muerto era Miguel Angel, pero luego de hacer las pruebas de huellas dactilares, las autoridades pudieron identificar que el cuerpo era el de Víctor y no el de Miguel Angel. Al momento de su muerte, éste llevaba documentos de identidad de su hermano, "una estrategia que utilizaban frecuentemente y con la que confundían incluso, a los integrantes de sus propios anillos de seguridad", dice el comunicado de la policía.
El general Naranjo dijo que durante años los hermanos Mejía Múnera "han jugado permanentemente a engañar a las autoridades y ahí tengo que reconocerlo desde el año 2000 lograron confundir a sus compinches, a los miembros de su organización, logran también confundirnos a nosotros".
"En ocasiones recibíamos información de que estaba o Miguel Angel o Víctor Manuel, nosotros con preocupación nos dábamos cuenta de que allí había problemas en la identificación, jugaron siempre a eso a confundir a las autoridades", indicó Naranjo en una entrevista con Caracol radio.
La persecucíón de "Los Mellizos"
El operativo fue realizado por un grupo elite de la Dijin de 14 personas. Según el Secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, Julián Rendón, ni siquiera las autoridades locales no tenían conocimiento del operativo.
La policía pudo dar con la finca La Unión, entre los municipios de Tarazá y Caucasia, donde se encontraba “El Mellizo” gracias a unos informantes. Según Rendón, la finca no estaba habitada.
El Bloque Vencedores de Arauca
Naranjo informó que el grupo de la Dijin tuvo que enfrentarse al anillo de seguridad de Mejía, que estaba compuesto por 8 hombres. Tres fueron abatidos, otros tres se encuentran detenidos, y en estos momentos continúan las operaciones para capturar a los otros integrantes de la banda.
Anoche, en rueda de prensa, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que Múnera era el hombre más buscado. Tenía varias órdenes de captura en su contra, por narcotráfico, homicidio, y estaba solicitado en extradición. Mejía era además uno de los principales impulsores de bandas emergentes narcotraficantes en Antioquia, Magdalena Arauca y Nariño.
Mejía estaba prófugo desde el año 2000 y se ofrecía una recompensa de 5.000.000 de dólares para dar con el paradero de este narcotraficante.
¿Quién era Víctor Mejía Múnera?
(Información del artículo “Pasos de animal grande” de Semana)
Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, los 'Mellizos', son dos reconocidos jefes mafiosos que habían logrado camuflarse durante tres años como paramilitares llegando a ser incluso parte del grupo de negociadores en Ralito. Se convirtieron en disidentes del proceso cuando el gobierno los obligó a ir a la cárcel y, junto a Vicente Castaño, optaron por el camino del rearme y por copar los territorios que habían dejado libres los otros paras. Algunos los compraron, como Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta. Otros, los lograron a sangre y fuego, como en los Llanos Orientales. A punta de dinero y plomo se convirtieron en los capos más importantes del país. Las autoridades calculan que hoy pueden tener entre 600 y 1.000 hombres en armas, constituidos como una especie de ejército paramilitar en la Costa.
Los 'Mellizos' lograron convertirse en una de las organizaciones más fuertes porque aplicaron una vieja estrategia de la mafia: ofrecerles a las bandas criminales más conocidas como Águilas Negras, que trabajaran con ellos a las buenas, o los acababan a las malas. Eso desató una violencia en el bajo mundo que tuvo impacto sobre todo en Santa Marta, donde en julio del año pasado, masacraron a cinco miembros de las Águilas Negras que se rehusaron a trabajar con ellos, y en Cúcuta, donde al parecer mataron al jefe de estas bandas, y se apropiaron de casi todo Norte de Santander.
Los hermanos Mejía Múnera manejan las rutas más codiciadas del narcotráfico, que son las salidas al mar de la Sierra Nevada, y dos rutas por Venezuela: Norte de Santander y Arauca. Como si fuera poco, se están disputando el Golfo de Urabá, que es la joya de la corona del narcotráfico, con el otro gran capo emergente conocido como 'Don Mario'.
Con información de AP
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Víctor Mejía Múnera, uno de “los Mellizos” dado de baja
El narcotraficante fue abatido en una operación especial de la policía en el Bajo Cauca Antioqueño.
Fecha: 04/29/2008 -
Víctor Mejía Múnera, uno de “Los Mellizos” fue dado de baja ayer por las autoridades en una finca cercana al municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, según informó el máximo comandante de la Policía, el general Oscar Naranjo.
Inicialmente la policía informó que "el mellizo" que había muerto era Miguel Angel, pero luego de hacer las pruebas de huellas dactilares, las autoridades pudieron identificar que el cuerpo era el de Víctor y no el de Miguel Angel. Al momento de su muerte, éste llevaba documentos de identidad de su hermano, "una estrategia que utilizaban frecuentemente y con la que confundían incluso, a los integrantes de sus propios anillos de seguridad", dice el comunicado de la policía.
El general Naranjo dijo que durante años los hermanos Mejía Múnera "han jugado permanentemente a engañar a las autoridades y ahí tengo que reconocerlo desde el año 2000 lograron confundir a sus compinches, a los miembros de su organización, logran también confundirnos a nosotros".
"En ocasiones recibíamos información de que estaba o Miguel Angel o Víctor Manuel, nosotros con preocupación nos dábamos cuenta de que allí había problemas en la identificación, jugaron siempre a eso a confundir a las autoridades", indicó Naranjo en una entrevista con Caracol radio.
La persecucíón de "Los Mellizos"
El operativo fue realizado por un grupo elite de la Dijin de 14 personas. Según el Secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, Julián Rendón, ni siquiera las autoridades locales no tenían conocimiento del operativo.
La policía pudo dar con la finca La Unión, entre los municipios de Tarazá y Caucasia, donde se encontraba “El Mellizo” gracias a unos informantes. Según Rendón, la finca no estaba habitada.
El Bloque Vencedores de Arauca
Naranjo informó que el grupo de la Dijin tuvo que enfrentarse al anillo de seguridad de Mejía, que estaba compuesto por 8 hombres. Tres fueron abatidos, otros tres se encuentran detenidos, y en estos momentos continúan las operaciones para capturar a los otros integrantes de la banda.
Anoche, en rueda de prensa, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que Múnera era el hombre más buscado. Tenía varias órdenes de captura en su contra, por narcotráfico, homicidio, y estaba solicitado en extradición. Mejía era además uno de los principales impulsores de bandas emergentes narcotraficantes en Antioquia, Magdalena Arauca y Nariño.
Mejía estaba prófugo desde el año 2000 y se ofrecía una recompensa de 5.000.000 de dólares para dar con el paradero de este narcotraficante.
¿Quién era Víctor Mejía Múnera?
(Información del artículo “Pasos de animal grande” de Semana)
Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, los 'Mellizos', son dos reconocidos jefes mafiosos que habían logrado camuflarse durante tres años como paramilitares llegando a ser incluso parte del grupo de negociadores en Ralito. Se convirtieron en disidentes del proceso cuando el gobierno los obligó a ir a la cárcel y, junto a Vicente Castaño, optaron por el camino del rearme y por copar los territorios que habían dejado libres los otros paras. Algunos los compraron, como Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta. Otros, los lograron a sangre y fuego, como en los Llanos Orientales. A punta de dinero y plomo se convirtieron en los capos más importantes del país. Las autoridades calculan que hoy pueden tener entre 600 y 1.000 hombres en armas, constituidos como una especie de ejército paramilitar en la Costa.
Los 'Mellizos' lograron convertirse en una de las organizaciones más fuertes porque aplicaron una vieja estrategia de la mafia: ofrecerles a las bandas criminales más conocidas como Águilas Negras, que trabajaran con ellos a las buenas, o los acababan a las malas. Eso desató una violencia en el bajo mundo que tuvo impacto sobre todo en Santa Marta, donde en julio del año pasado, masacraron a cinco miembros de las Águilas Negras que se rehusaron a trabajar con ellos, y en Cúcuta, donde al parecer mataron al jefe de estas bandas, y se apropiaron de casi todo Norte de Santander.
Los hermanos Mejía Múnera manejan las rutas más codiciadas del narcotráfico, que son las salidas al mar de la Sierra Nevada, y dos rutas por Venezuela: Norte de Santander y Arauca. Como si fuera poco, se están disputando el Golfo de Urabá, que es la joya de la corona del narcotráfico, con el otro gran capo emergente conocido como 'Don Mario'.
Con información de AP
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El sexenio vacío
¿De dónde viene entonces el 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados, los favorecidos por este gobierno.
Por Antonio Caballero
Fecha: 04/26/2008 -1356
Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
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¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un "positivo cierto" dentro de la catarata de "falsos positivos" que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de "estabilidad jurídica" por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.
www.semana.com
¿De dónde viene entonces el 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados, los favorecidos por este gobierno.
Por Antonio Caballero
Fecha: 04/26/2008 -1356
Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
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¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un "positivo cierto" dentro de la catarata de "falsos positivos" que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de "estabilidad jurídica" por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.
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