Por qué en Colombia sale sobrando la política.
Por : Hernando Gómez Buendía
La política existe para debatir los problemas nacionales y para escoger entre soluciones alternativas. Pero la política colombiana parece hecha para evadir las discusiones de fondo y para esconder las salidas alternativas. Por eso la nuestra es una sociedad bloqueada, cuya historia política refleja pero no resuelve las enormes tensiones que padecemos.
Esas tensiones provienen sobre todo de tres fuentes: los altibajos en el conflicto armado, la evolución del mercado de la droga, y los cambios reales o percibidos en el nivel de vida del electorado.
Y sin embargo estos temas - los tres asuntos cruciales para la mayoría del pueblo colombiano- no son el centro del debate político, no se resuelven desde la política y no se atienden desde la política si no es - digamos - de manera indirecta o a escondidas. Veamos los tres problemas, conflicto, droga y pobreza:
1. Los hitos de la política colombiana han sido coletazos del conflicto armado. Sin el conflicto no habrían sido el siglo XIX, ni el Frente Nacional, ni la Constituyente, ni habrían sido muchos presidentes a lo largo de la historia. Y por supuesto la doble (o triple) elección de Álvaro Uribe se debe a la existencia de un conflicto armado: si no existieran las Farc Uribe no sería presidente, sin el Ejército no existirían sus éxitos y sin paramilitarismo no existirían sus críticos.
Este gobierno es hijo del conflicto armado y sin embargo existe para negar la existencia de un “conflicto armado“. Es decir, para negar las raíces políticas del conflicto y para descartar -por tanto- su solución política. De manera que sólo queda la vía de la guerra - que viene a ser la negación de la política.
Es verdad que bajo gobiernos anteriores se habló bastante de una salida política - e inclusive es verdad que los gobiernos de Belisario Betancur o Andrés Pastrana se sentaron largamente a conversar con las Farc. Pero estos han sido siempre diálogos sin diálogo es decir, sin sustancia, porque nunca el gobierno o sus voceros han aclarado o han declarado una materia o una reforma específica que pueda o pudiera llegar a ser objeto de negociación real con la insurgencia.
Aunque suena a paradoja, algunos puntos del programa de las Farc se han vuelto realidades: la elección popular de los alcaldes, por ejemplo, o a su manera, la Constituyente, o el desmonte -aunque parcial- del paramilitarismo. Pero estas medidas no han sido tema de diálogo o fruto de un acuerdo con organizaciones guerrilleras. Ni se conoce un solo borrador donde las partes avanzaran un paso más allá de un simple listado de temas y subtemas para la conversación etérea e interminable: “modelo económico”, “reforma política”, “reforma agraria”, “relaciones exteriores” y otras lindezas por el estilo.
Y los políticos, en coro con la prensa y con la totalidad o casi de los colombianos decían antes y repiten ahora con más ganas que “nadie sabe qué es lo que pide la guerrilla” -o sea que no hay nada sobre lo cual se pueda conversar en serio o dialogar de veras para saber al menos en qué consisten nuestras diferencias o preguntarles por qué diablos nos andan matando.
Si ni siquiera la conducción de la guerra ha estado sometida a escrutinio político: ni los partidos, ni el Congreso, ni la prensa se han ocupado de los cambios de estrategia militar entre 1964 y el 2002, como tampoco lo han hecho con los cambios de estrategia durante el gobierno Uribe (del Plan Patriota al Plan Victoria y al Plan Consolidación) no han mirado los costos de la guerra ni han evaluado seriamente el desempeño de las fuerzas armadas. Ni han tratado siquiera de aclarar en qué consiste o en qué consistiría la “victoria” en esta guerra.
2. El narcotráfico ha influido tanto en nuestra vida pública que en lugar de política aquí hay narco-política. Desde la “ventanilla siniestra” en el gobierno López hasta los “emergentes” en el gobierno Uribe, pasando por Pablo Escobar, Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, la Catedral y la Constituyente, la elección de Samper, el proceso 8.000, el Plan Colombia o las conversaciones de San José Ralito, la plata o la violencia de la droga han marcado cada paso en los últimos 35 años de nuestra vida política.
Y sin embargo la política contra las drogas también está excluida meticulosamente del debate político. El narcotráfico (que financia tantísimas campañas) no es un tema de campaña. Los partidos “se alternan” en el poder y los candidatos venden sus “programas” novedosos, pero ninguno hace nada distinto - y ni siquiera dice nada distinto- frente al desafío más grande que tiene Colombia.
Cada gobierno se limita a proseguir, más aún, a escalar, la “guerra contra la droga”. Guerra, vale decir negación de la política. O exclusión del asunto de la agenda política. O no pensar en las posibles alternativas.
No me refiero a alternativas radicales y simplistas, como decir la “legalización” de la droga que reclaman la derecha y la izquierda sin explicar muy bien (ni entender muy bien) de qué cosa están hablando.
Me refiero a las opciones sensatas y factibles, que incluso cuentan con la simpatía de gobiernos o partidos políticos en Europa y en Estados Unidos: la no fumigación, la dosis personal, las medidas de “reducción del daño”, la prevención, el control de precursores, los fondos de compensación internacional…[1]
Es más: ni siquiera el avance de esta otra guerra contra las drogas es objeto de escrutinio político: no sabemos si Colombia produce o exporta más o menos droga ahora que hace 5 o 10 años, ni sabemos si unos programas son más eficaces que otros, o si los costos totales o los de cada programa compensan sus beneficios.
No solamente la droga está prohibida. También está prohibido pensar sobre la droga.
3. Nuestros políticos compiten sobre la base de dos grandes prácticas: el clientelismo y la demagogia. Una funciona porque en Colombia abunda la pobreza y la otra funciona porque en Colombia abunda la exclusión. Y sin embargo la pobreza y la exclusión no son objetos del debate político.
A diferencia de Ecuador, Venezuela y Bolivia, pero también de Argentina o de Brasil, las movilizaciones y protestas populares no existen casi en Colombia.
Aquí hay marchas multitudinarias contra las atrocidades de las Farc. Y hay protestas masivas en defensa de un personaje como David Murcia Guzmán. Pero no hay apoyo y ni siquiera interés -sino más bien repudio generalizado- hacia los escasos y aislados brotes de inconformidad por parte de algún sindicato o de alguna organización indígena.
Y es porque se cree - mejor dicho, porque se nos ha enseñado a creer- que las protestas de los sindicatos o de los indígenas son parte de la guerra, que detrás de cada marcha y cada paro están las Farc que avanzan en puntillas.
O sea que el pueblo se moviliza alrededor del crimen (el secuestro, las pirámides) pero no alrededor del hambre ni de la injusticia. En el resto de América Latina - si no en el mundo entero- las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de ofertas y de logros o fracasos en materia económica y social. Pero en Colombia las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de posiciones frente al terrorismo y la criminalidad.
La política consiste en reclamar y negociar derechos. Pero en Colombia la guerra no ha dejado que se asome la política, que la gente defienda sus intereses y pelee por sus derechos - incluyendo a la gente de los sindicatos, del movimiento indígena y de todos los grupos que padezcan o sientan el hambre o la injusticia-.
Así que en síntesis aquí sale sobrando la política porque refleja al país pero no le da salidas.
Nota de pie de página
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[1] Hace apenas unos días, en Razón Pública, Francisco Thoumi señaló que en las negociaciones para un nuevo régimen internacional sobre las drogas, Colombia es el único país que sigue apoyando las tesis prohibicionistas de
Publicado en:
http://www.razonpublica.org.co/?cat=12
miércoles, 8 de abril de 2009
Un informante fue pieza clave para descubir el imperio oculto de los Rodríguez Orejuela
Febrero 26 de 2009
Gustavo Rommi confesó haber movido US$20 millones que no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de Estados Unidos en 2006.
El nombre de Rommi ni siquiera se escuchó durante esa famosa negociación de los capos y la justicia de E.U., por la cual la familia entregó propiedades por más de 2.000 millones de dólares a cambio del fin de la persecución judicial sobre las esposas, los hijos y otros Rodríguez.
Pero este hombre fue clave en la investigación por lavado de activos que ayer puso tras las rejas a 38 familiares y allegados de los antiguos capos del cartel de Cali, entre ellos cuatro hijos de Gilberto y la hermana de los capos, Amparo Rodríguez Orejuela.
Ante lo revelado por este hombre la familia Rodríguez queda de nuevo en la mira de la justicia de E.U., que no descarta pedir a algunos de ellos en extradición. En veremos quedarían también otros arreglos, como la pena de 11 años de prisión que recibió por narcotráfico William Rodríguez Abadía, el hijo de Miguel.
La información de Gustavo Rommi dejó en evidencia que varios miembros de la familia, a través de testaferros, se siguieron beneficiando de empresas constituidas con dineros ilegales que no fueron reportadas en E.U.
Aseguró que les rendía cuentas directamente a María Alejandra, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto, y reveló la existencia de unos 100 bienes y negocios que no se mencionaron, que seguían operando y que seguían reportando plata para los herederos de los capos.
Otros que supuestamente habían cambiado de manos estaban en la misma situación.
Según la investigación desarrollada por las agencias antidrogas de E.U. con apoyo de la Fiscalía y la Policía en Colombia, firmas como laboratorios Kressfor de Colombia S.A., Cosmepop, Farmacoop, Aquilea, Racol, Global Express y Megaplast, entre otras, seguían funcionando para las finanzas de los Rodríguez.
Hace tres semanas, como lo reveló EL TIEMPO, Washington había incluido dos empresas en la temida 'Lista Clinton' --Megaplast y Aquilea-- y les había dado plazo a los Rodríguez para que explicaran lo que calificó como un engaño.
Las órdenes de captura de ayer señalan que esas explicaciones no fueron suficientes, aunque voceros de la familia dicen que sí cumplieron los acuerdos y que hay una supuesta persecución en su contra.
La Policía y la Fiscalía ocuparon 140 propiedades en Cali, Cartagena, Palmira, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popayán y Bogotá. También acciones en 15 sociedades; 11 registros sanitarios del Invima (marcas) y 653 acciones del Club América de Cali.
Serían al menos 30 millones de dólares en total, según los cálculos de la justicia.
Rommi, dijo una fuente allegada al caso, dijo en E.U. que temía por su vida y que por eso habló. "Manejaba una información muy sensible para la familia: Arriendos, las cuentas, la compras y ventas ficticias y conseguía los testaferros", dijo una fuente.
Entre los 38 detenidos hay varios empleados de Coopservir, la firma a la que mutó la cadena de droguerías La Rebaja.
Investigadores de la Policía Antinarcóticos establecieron la veracidad de las declaraciones de Gustavo Rommi. Una vez notificaron a la Fiscalía, la Dijín reactivó los viejos procesos de extinción contra las propiedades de los Rodríguez, detenidos por la negociación.
Entre los detenidos están Andrés Felipe Idárraga, esposo de una de las sobrinas de Gilberto y Miguel y también capturada.
Hernando Mejía Uribe fue arrestado en Cartagena donde desarrollaba millonarios proyectos de construcción. Esos proyectos están ahora en la mira.
Publicado en:
www.eltiempo.com
Gustavo Rommi confesó haber movido US$20 millones que no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de Estados Unidos en 2006.
El nombre de Rommi ni siquiera se escuchó durante esa famosa negociación de los capos y la justicia de E.U., por la cual la familia entregó propiedades por más de 2.000 millones de dólares a cambio del fin de la persecución judicial sobre las esposas, los hijos y otros Rodríguez.
Pero este hombre fue clave en la investigación por lavado de activos que ayer puso tras las rejas a 38 familiares y allegados de los antiguos capos del cartel de Cali, entre ellos cuatro hijos de Gilberto y la hermana de los capos, Amparo Rodríguez Orejuela.
Ante lo revelado por este hombre la familia Rodríguez queda de nuevo en la mira de la justicia de E.U., que no descarta pedir a algunos de ellos en extradición. En veremos quedarían también otros arreglos, como la pena de 11 años de prisión que recibió por narcotráfico William Rodríguez Abadía, el hijo de Miguel.
La información de Gustavo Rommi dejó en evidencia que varios miembros de la familia, a través de testaferros, se siguieron beneficiando de empresas constituidas con dineros ilegales que no fueron reportadas en E.U.
Aseguró que les rendía cuentas directamente a María Alejandra, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto, y reveló la existencia de unos 100 bienes y negocios que no se mencionaron, que seguían operando y que seguían reportando plata para los herederos de los capos.
Otros que supuestamente habían cambiado de manos estaban en la misma situación.
Según la investigación desarrollada por las agencias antidrogas de E.U. con apoyo de la Fiscalía y la Policía en Colombia, firmas como laboratorios Kressfor de Colombia S.A., Cosmepop, Farmacoop, Aquilea, Racol, Global Express y Megaplast, entre otras, seguían funcionando para las finanzas de los Rodríguez.
Hace tres semanas, como lo reveló EL TIEMPO, Washington había incluido dos empresas en la temida 'Lista Clinton' --Megaplast y Aquilea-- y les había dado plazo a los Rodríguez para que explicaran lo que calificó como un engaño.
Las órdenes de captura de ayer señalan que esas explicaciones no fueron suficientes, aunque voceros de la familia dicen que sí cumplieron los acuerdos y que hay una supuesta persecución en su contra.
La Policía y la Fiscalía ocuparon 140 propiedades en Cali, Cartagena, Palmira, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popayán y Bogotá. También acciones en 15 sociedades; 11 registros sanitarios del Invima (marcas) y 653 acciones del Club América de Cali.
Serían al menos 30 millones de dólares en total, según los cálculos de la justicia.
Rommi, dijo una fuente allegada al caso, dijo en E.U. que temía por su vida y que por eso habló. "Manejaba una información muy sensible para la familia: Arriendos, las cuentas, la compras y ventas ficticias y conseguía los testaferros", dijo una fuente.
Entre los 38 detenidos hay varios empleados de Coopservir, la firma a la que mutó la cadena de droguerías La Rebaja.
Investigadores de la Policía Antinarcóticos establecieron la veracidad de las declaraciones de Gustavo Rommi. Una vez notificaron a la Fiscalía, la Dijín reactivó los viejos procesos de extinción contra las propiedades de los Rodríguez, detenidos por la negociación.
Entre los detenidos están Andrés Felipe Idárraga, esposo de una de las sobrinas de Gilberto y Miguel y también capturada.
Hernando Mejía Uribe fue arrestado en Cartagena donde desarrollaba millonarios proyectos de construcción. Esos proyectos están ahora en la mira.
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Un pueblo colombiano denuncia la existencia de una fosa común con cerca de 800 cuerpos
Una ONG entrega a las autoridades el testimonio de los pobladores de La Macarena, una población al sur de Colombia
VERÓNICA CALDERÓN - Madrid - 25/02/2009
Una ONG denunció ayer a las autoridades colombianas la existencia de unas fosas comunes que podrían albergar a más de 800 civiles y combatientes, supuestamente enterrados por las FARC, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (sur de Colombia). Nolberto Suárez, director de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía de Villavicencio, comentó por teléfono que una comisión se desplazará al lugar para investigar la denuncia, basada en los testimonios de los pobladores. La investigación se efectuará entre el 9 y el 21 de marzo.
Suárez explicó que el testimonio de uno de los sepultureros les ha llevado a pensar que las fosas podrían contener centenares de cadáveres. "El joven ha dicho que debió haber enterrado a más de 800 entre 2002 y 2005", subrayó. Un Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) se desplazó a la región y encontró cerca del cementerio de La Macarena "un gran número de restos óseos", sin precisar su número. De confirmarse las estimaciones, el hallazgo de cadáveres podría ser uno de los más grandes en la historia de Colombia. "Prefiero ni imaginar lo que significaría [el descubrimiento]", comentó.
"Una ONG que trabaja en la zona del Ariari [al sur del departamento del Meta] es la que ha recabado la mayor parte de los testimonios de los pobladores; incluso algunos de ellos dicen haber perdido algún familiar que está enterrado en las fosas", añadió Suárez.
La Macarena se encuentra en la llamada "zona de distensión", un territorio de cerca de 42.000 kilómetros ubicado al sur de Colombia, donde el Ejército durante los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno (1999-2002). Suárez señaló que los cuerpos pueden pertenecer a los combatientes de grupos armados que se enfrentaron en la región cuando se puso fin a la desmilitarización de la zona en 2002. No fue sino hasta 2005 que los organismos estatales y la Fiscalía pudieron entrar de nuevo a La Macarena, tras haberse retirado de ella por tratarse de una zona desmilitarizada y luego, por la presencia rebelde en el lugar.
La recuperación de los cuerpos será complicada porque en la zona aún operan algunos comandos de la guerrilla y por lo recóndito del sitio. La única manera de llegar a La Macarena es por avión, un trayecto de unos 30 minutos desde Villavicencio (a unos 87 kilómetros al sur de Bogotá). Un 80% de los 25.000 habitantes del municipio viven en zonas rurales.
Desde 2005, la Fiscalía ha exhumado los restos de víctimas del conflicto colombiano en la zona, una de las más violentas del país sudamericano, y ha recuperado unos 1.903 cadáveres
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www.elpais.com
VERÓNICA CALDERÓN - Madrid - 25/02/2009
Una ONG denunció ayer a las autoridades colombianas la existencia de unas fosas comunes que podrían albergar a más de 800 civiles y combatientes, supuestamente enterrados por las FARC, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (sur de Colombia). Nolberto Suárez, director de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía de Villavicencio, comentó por teléfono que una comisión se desplazará al lugar para investigar la denuncia, basada en los testimonios de los pobladores. La investigación se efectuará entre el 9 y el 21 de marzo.
Suárez explicó que el testimonio de uno de los sepultureros les ha llevado a pensar que las fosas podrían contener centenares de cadáveres. "El joven ha dicho que debió haber enterrado a más de 800 entre 2002 y 2005", subrayó. Un Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) se desplazó a la región y encontró cerca del cementerio de La Macarena "un gran número de restos óseos", sin precisar su número. De confirmarse las estimaciones, el hallazgo de cadáveres podría ser uno de los más grandes en la historia de Colombia. "Prefiero ni imaginar lo que significaría [el descubrimiento]", comentó.
"Una ONG que trabaja en la zona del Ariari [al sur del departamento del Meta] es la que ha recabado la mayor parte de los testimonios de los pobladores; incluso algunos de ellos dicen haber perdido algún familiar que está enterrado en las fosas", añadió Suárez.
La Macarena se encuentra en la llamada "zona de distensión", un territorio de cerca de 42.000 kilómetros ubicado al sur de Colombia, donde el Ejército durante los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno (1999-2002). Suárez señaló que los cuerpos pueden pertenecer a los combatientes de grupos armados que se enfrentaron en la región cuando se puso fin a la desmilitarización de la zona en 2002. No fue sino hasta 2005 que los organismos estatales y la Fiscalía pudieron entrar de nuevo a La Macarena, tras haberse retirado de ella por tratarse de una zona desmilitarizada y luego, por la presencia rebelde en el lugar.
La recuperación de los cuerpos será complicada porque en la zona aún operan algunos comandos de la guerrilla y por lo recóndito del sitio. La única manera de llegar a La Macarena es por avión, un trayecto de unos 30 minutos desde Villavicencio (a unos 87 kilómetros al sur de Bogotá). Un 80% de los 25.000 habitantes del municipio viven en zonas rurales.
Desde 2005, la Fiscalía ha exhumado los restos de víctimas del conflicto colombiano en la zona, una de las más violentas del país sudamericano, y ha recuperado unos 1.903 cadáveres
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Corte pide al Fiscal resultados en escándalo de ‘chuzadas’
Por: Elespectador.com
El Alto Tribunal recordó que desde hace más de un año viene denunciando que sus teléfonos habían sido interceptados.
El pronunciamiento se da después del escándalo desatado este fin de semana, sobre la presunta participación del DAS en la interceptación de llamadas telefónicas de varios personajes del país, entre los que se encuentran periodistas, parlamentarios y empresarios.
Por esta razón, la Corte decidió pronunciarse este lunes en la tarde y deploró las actuaciones del organismo de investigación y exigió al Fiscal Mario Iguarán resultados concretos y rápidos en esta investigación.
"Acordamos condenar categóricamente dichas actuaciones delictivas que cohartan la independencia de la Corte Suprema, entorpecen el normal cumplimiento de sus funciones y quebrantan la libre expresión del ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos", señaló la Corte.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que resultaron 'chuzados' son el actual presidente, Francisco Javier Ricaurte, y los magistrados Cesar Julio Valencia Copete, María del Rosario González y Sigifredo Espinosa. De igual forma el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez.
El Alto Tribunal calificó las actuaciones del DAS como "comportamientos punibles que constituyen una degradación del Estado de Derecho y un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión".
La Corte le pidió al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, que "con la mayor brevedad posible" encuentre a los "determinadores, autores y partícipes de tan reprochables conductas, realizadas con un designio criminal que la Corte desconoce".
Finalmente, en voz del presidente, Francisco Ricaurte, la Corte dijo que "la sociedad colombiana no resiste más dilaciones en la sanción de delitos que, como los advertidos, erosionan la estabilidad y la esencia de sus instituciones".
Publicado en:
www.elespectador.com
El Alto Tribunal recordó que desde hace más de un año viene denunciando que sus teléfonos habían sido interceptados.
El pronunciamiento se da después del escándalo desatado este fin de semana, sobre la presunta participación del DAS en la interceptación de llamadas telefónicas de varios personajes del país, entre los que se encuentran periodistas, parlamentarios y empresarios.
Por esta razón, la Corte decidió pronunciarse este lunes en la tarde y deploró las actuaciones del organismo de investigación y exigió al Fiscal Mario Iguarán resultados concretos y rápidos en esta investigación.
"Acordamos condenar categóricamente dichas actuaciones delictivas que cohartan la independencia de la Corte Suprema, entorpecen el normal cumplimiento de sus funciones y quebrantan la libre expresión del ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos", señaló la Corte.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que resultaron 'chuzados' son el actual presidente, Francisco Javier Ricaurte, y los magistrados Cesar Julio Valencia Copete, María del Rosario González y Sigifredo Espinosa. De igual forma el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez.
El Alto Tribunal calificó las actuaciones del DAS como "comportamientos punibles que constituyen una degradación del Estado de Derecho y un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión".
La Corte le pidió al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, que "con la mayor brevedad posible" encuentre a los "determinadores, autores y partícipes de tan reprochables conductas, realizadas con un designio criminal que la Corte desconoce".
Finalmente, en voz del presidente, Francisco Ricaurte, la Corte dijo que "la sociedad colombiana no resiste más dilaciones en la sanción de delitos que, como los advertidos, erosionan la estabilidad y la esencia de sus instituciones".
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Uribe dice ser "víctima" de una trama de espionaje telefónico en Colombia
El presidente niega haber ordenado las grabaciones ilegales a miembros de su Gobierno, senadores, periodistas y jueces, supuestamente llevadas a cabo por los organismos de inteligencia
AGENCIAS - Bogotá - 23/02/2009
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha asegurado este lunes que ha sido víctima de "una banda mafiosa" que opera en los servicios de Inteligencia del país, que se ha dedicado a interceptar llamadas telefónicas de funcionarios del Gobierno, jueces, fiscales, militares y periodistas. Uribe ha negado su participación en el espionaje telefónico y se ha declarado "profundamente dolido" por lo ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
"Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa", ha dicho Uribe en un comunicado enviado a la radio colombiana RCN.
El escándalo estalló este fin de semana cuando la revista colombiana Semana publicó un reportaje en el que denunciaba que entre el 19 y el 21 de enero, funcionarios del DAS ordenaron la destrucción de decenas de documentos, varios CD, discos duros de ordenadores y varios archivos confidenciales, por tener información sobre llamadas telefónicas interceptadas.
"No me cabe la menor duda de que ésta es una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio Gobierno que presido", ha afirmado Uribe en el comunicado, al manifestar que también se siente "víctima de esta infamia".
Entre los afectados por las escuchas ilegales están el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y lasecretaria privada de Uribe. Asimismo, También fueron blanco de las interceptaciones el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, los periodistas Julio Sánchez Cristo, Darío Arizmendi y Daniel Coronell, el senador Gustavo Petro, del partido opositor Polo Democrático Alternativo, y el abogado y columnista de prensa Ramiro Bejarano, uno de los más fuertes críticos del Gobierno de Uribe.
Este domingo, la Fiscalía de Colombia ordenó registrar las instalaciones del DAS para buscar pruebas de estas interceptaciones ilegales e identificar a los responsables de estos actos "delictivos". Tras las denuncias, el nuevo director de la entidad, Felipe Muñoz, aceptó el domingo la renuncia del subdirector de Inteligencia del DAS, el capitán Jorge Alberto Lagos.
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AGENCIAS - Bogotá - 23/02/2009
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha asegurado este lunes que ha sido víctima de "una banda mafiosa" que opera en los servicios de Inteligencia del país, que se ha dedicado a interceptar llamadas telefónicas de funcionarios del Gobierno, jueces, fiscales, militares y periodistas. Uribe ha negado su participación en el espionaje telefónico y se ha declarado "profundamente dolido" por lo ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
"Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa", ha dicho Uribe en un comunicado enviado a la radio colombiana RCN.
El escándalo estalló este fin de semana cuando la revista colombiana Semana publicó un reportaje en el que denunciaba que entre el 19 y el 21 de enero, funcionarios del DAS ordenaron la destrucción de decenas de documentos, varios CD, discos duros de ordenadores y varios archivos confidenciales, por tener información sobre llamadas telefónicas interceptadas.
"No me cabe la menor duda de que ésta es una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio Gobierno que presido", ha afirmado Uribe en el comunicado, al manifestar que también se siente "víctima de esta infamia".
Entre los afectados por las escuchas ilegales están el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y lasecretaria privada de Uribe. Asimismo, También fueron blanco de las interceptaciones el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, los periodistas Julio Sánchez Cristo, Darío Arizmendi y Daniel Coronell, el senador Gustavo Petro, del partido opositor Polo Democrático Alternativo, y el abogado y columnista de prensa Ramiro Bejarano, uno de los más fuertes críticos del Gobierno de Uribe.
Este domingo, la Fiscalía de Colombia ordenó registrar las instalaciones del DAS para buscar pruebas de estas interceptaciones ilegales e identificar a los responsables de estos actos "delictivos". Tras las denuncias, el nuevo director de la entidad, Felipe Muñoz, aceptó el domingo la renuncia del subdirector de Inteligencia del DAS, el capitán Jorge Alberto Lagos.
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El expediente inédito de DMG
SEMANA tuvo acceso al 'dossier' contra David Murcia Guzmán. Su intención de comprar un banco, de construir un puerto, el papel clave de su astróloga, su naciente campaña política y el seguimiento de los gringos a su caso son algunos de los nuevos capítulos.
Si hasta ahora se han conocido unas pocas grabaciones sobre los movimientos de David Murcia Guzmán y el país no deja de sorprenderse, al revisar las audiencias, leer apartes de las más de 200.000 páginas de su expediente y miles de grabaciones, se descubre un universo casi de ficción.
El hombre que esta semana comenzará a rendir su versión ante la justicia estaba convencido de que, con un puñado de ayudantes, iba a cambiar el mundo y que éste iba a girar a su alrededor. Tenía razones para creerlo, pues en menos de tres años, el joven bien intencionado que en 2005 en La Hormiga, Putumayo, apenas sobrevivía mientras compartía con los pobres, en 2008 se había transformado en un magnate ávido de poder, que movía miles de millones de pesos en efectivo, estaba comprando un banco y había tejido una red de contactos con el poder.
Pero esa era la parte rosa de la historia. Estaba rodeado de personajes oscuros que se hacían poderosos a su sombra, movía dinero de dudoso origen en el exterior y se ingeniaba todo tipo de estrategias para tapar las grietas de su negocio que amenazaban con desplomar su sueño de un momento a otro.
Mientras recogía a manos llenas plata de sus ahorradores, las conversaciones de él y de su gente dan cuenta de cómo penetró el mundo de la política, tanto que en secreto ya había comenzado a diseñar su propia campaña. "No es bueno que los políticos te vean como contrincante, porque entrarías con mucha fuerza y se asustan", le aconsejaba su asesor Daniel Ángel en julio pasado.
En el abundante trabajo de inteligencia realizado en casi dos años por un cuerpo elite de la Policía Nacional, aparecen miles de interceptaciones como la anterior, y reuniones y contactos con decenas de políticos que hoy niegan sus vínculos con su firma DMG.
A la contundente grabación en la que Murcia celebra con William Suárez su triunfo en 10 gobernaciones y alcaldías en 2007, diciendo que "es mejor que abrir mil empresas", se suman otras charlas en las que le ponen nombre a estos respaldos y dan a entender que van detrás de jugosos contratos. El 9 de enero de 2008, Suárez menciona en una llamada desde el departamento del Magdalena que "hay harto trabajo para estos cuatro años", pues "cogimos la gobernación, los hospitales y la parte de seguridad por acá, y también la de La Guajira y la del Putumayo (...) entonces a implantar puestos, oficinas". En otro aparte, Murcia orienta para que lo nombren consejero económico de las administraciones donde DMG tendría injerencia.
Otra sorprendente charla, de marzo de 2008, da cuenta de la negociación de terrenos costeros por 5.000 millones de pesos para construir un puerto. Allí queda claro que ya tienen comprados dos lotes: "Esas dos tierras las vendieron dos familias de Buenaventura que han sido raizales y por eso estaban muy bajitas en los avalúos catastrales". En la conversación busca una fórmula para que la operación no llame la atención de las autoridades.
Sus intereses pronto desbordaron la política regional y ampliaron sus tentáculos al Congreso. Una de sus fichas claves en este proceso fue el representante del Putumayo Orlando Guerra, quien por la radio defendió a DMG. Según las evidencias, en mayo del año pasado Guerra se reunió con Margarita Pabón, y en julio, con Daniel Ángel. En un informe de este último a Murcia le dice: "... estoy almorzando con el del Putu... el Guerrero me sentó con el pre del Senado y pa' las que sea. Me va a sentar con el Súper". Hernán Andrade, ya en esa época presidente del Senado, dijo a SEMANA que nunca se reunió con gente de DMG, que como copartidario de Guerra y amigo del Supersociedades, alguien armó un hilo conductor de algo que no sucedió, y resalta el papel del Súper en el desmonte de la holding de Murcia. Hay referencias de reuniones similares, por ejemplo con Samuel Moreno, entonces candidato a alcalde de Bogotá, quien también lo niega. De todos modos, así se hubieran dado esas reuniones, en sí mismas no significarían nada diferente a dejar en evidencia cómo DMG buscaba acceder a todas las instancias del poder.
En otros casos, las referencias son más comprometedoras. Ángel menciona cómo está patinando en el Congreso la aprobación de un artículo beneficioso para ellos en la reforma financiera, algo que el gobierno siempre ha negado. También hay llamadas de Suárez en las que se refiere a la entrega de un dinero a un senador y concluye con una en la que le dictan la dirección para entregar el monto, que al parecer es la residencia del hoy personero de Bogotá y ex senador: "Francisco Rojas Birry, dirección transversal 59B N.° 127D-06 conjunto Campaña, casa 1, frente al Bulevar Niza por la avenida Córdoba", se oye en la llamada que recibe Suárez el 16 de enero de 2008, a las 3:15 de la tarde. Esta revista no obtuvo respuesta de las llamadas que le hizo a este funcionario durante dos días para conocer su versión.
Aparecen también múltiples menciones a Herman Arias, ex personero de Bogotá, como un posible enlace para llegar a un ex presidente de la República a quien le atribuyen mucho poder en el Congreso. (Arias ha dicho que él asesoró en temas de seguridad a una empresa que no sabía que era de DMG). Y también mensajes en clave de alguien que dice ser de una entidad pública que adelanta negociaciones millonarias sobre un asunto relacionado con el Tren del Pacífico. No han pasado inadvertidos entre los investigadores algunos documentos que le encontraron a Murcia cuando lo detuvieron, como las tarjetas de presentación del representante Guerra y del entonces viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, a quien esta revista no logró contactar, y otros escritos hallados en los allanamientos que se hicieron por esos días (ver recuadro Los papeles de Murcia).
Esta ofensiva de DMG para penetrar la clase política no necesariamente implica actuaciones irregulares de las personas mencionadas. El hecho de reunirse con alguien puede ser una indelicadeza, pero no es un delito. Menos teniendo en cuenta de que para entonces DMG era un negocio que funcionaba a los ojos de todos.
Cómo hacía negocios
A la par que Murcia y su gente expandían sus redes políticas, incluso al financiar campañas en Panamá como lo ha revelado la prensa de ese país, su negocio en Colombia empezaba a resquebrajarse. En algunas llamadas eran evidentes los afanes por la falta de dinero en efectivo en los locales y se veían a gatas para cumplir lo prometido a sus tarjetahabientes. En septiembre de 2008 una de las administradoras en Putumayo habló con sus superiores en DMG, angustiada porque ya llevaba tres meses sin pagar a proveedores, y contaba cómo había locales a los que les habían cortado la luz y el agua. Algo similar en otro momento sucedió con las oficinas en Pasto, que demandaban más recursos de los que les entraban.
Era tal el flujo de dinero que en la sede de la Avenida Chile, en Bogotá, estaban devolviendo a sus clientes un promedio de 2.000 millones de pesos diarios. La situación se hacía tan crítica que en las conversaciones telefónicas se escuchaba a los encargados decir "hagan promociones" o autorizar "subir el pago de puntos", por ejemplo a 300, que traducido del lenguaje de DMG significa pagar el 300 por ciento de interés en seis meses, pero con la condición de no retirar mercancía.
Paradójicamente mientras esto sucedía, había clientes especiales a los que les garantizaban rendimientos fijos, y quienes por sus volúmenes de dinero en Colombia y en el extranjero se convirtieron en aliados estratégicos de Murcia. (Ver Los socios ocultos).
Hasta ahora se ha sabido de un nutrido grupo de asesores contables, jurídicos y en comunicaciones, muy conocidos en la sociedad bogotana, que tras cuantiosos pagos, en unas oportunidades trabajaban por ordenar la casa de DMG, y en otras buscaban encubrir las actividades non sanctas del grupo, como reconocieron ante la justicia tres de los más cercanos a Murcia: Suárez, Margarita Pabón y Ángel.
Pero en las decisiones más sensibles de la compañía David Murcia hacía a un lado los diplomas de sus consejeros, y se entregaba a la astrología. Por sus oficinas pasaron, entre otros, la reconocida astróloga Anaís Peña, célebre por prestar sus servicios a líderes latinoamericanos. Las interceptaciones telefónicas indican que decisiones estratégicas del emporio que manejaba cientos de miles de millones de pesos, se tomaban con la carta astral.
Hay un episodio el año pasado en el que el grupo entra en conmoción porque Murcia, atendiendo a los astros, decidió por varios días no firmar documentos. También queda registrado en las interceptaciones cómo la hoja de vida de cada uno de sus más cercanos consejeros era evaluada con estás prácticas, lo mismo que los informes financieros y algunos expedientes jurídicos.
Las consultas de Murcia a la carta astral le marcaron el norte a seguir. En otra de las conversaciones queda registrado cómo súbitamente todos se dieron a la tarea de buscar un banco fuera de Colombia para comprarlo, preferiblemente en Estados Unidos, porque en una de sus sesiones le dijeron a Murcia que sería recordado como gran banquero. Al poco tiempo, dos de sus asesores hablan optimistas del avance en una de estas negociaciones, pero no es claro qué fin tuvieron.
En las llamadas aparece registrada una reunión en Las Vegas (Estados Unidos) con unos empresarios con los que negociaban un canal de noticias, y la prensa panameña cuenta cómo con dinero de DMG se compró un avión en ese país.
Estados Unidos también fue la sede de una de las sociedades inmobiliarias fachada que Ángel y Pabón crearon para ocultar la fortuna de DMG. Esta fue una de las compañías que la Fiscalía aceptó a cambio de una rebaja de penas. También era una de las sociedades a las que el gobierno gringo le había puesto la mirada.
Con los gringos
Pocos días antes de ser capturados, Margarita le pide a Daniel que se reúnan urgentemente, porque la habían citado en la Embajada norteamericana para que explicara el origen de los fondos que manejaba allá. Acuerdan que diga que son recursos propios y familiares, pero dos horas después llama Daniel angustiado a decir que "Espinosa (uno de los socios ocultos de Murcia) ya cantó todo ante los gringos".
Para los investigadores en Colombia, los beneficios que DMG ofrecía se explican sobre todo en un modelo de pirámide a la que podía llegar dinero de cualquier lado. Las transacciones internacionales son el mayor misterio. Decenas de millones de dólares empezaron a circular por varios países por cuenta de DMG, y no se sabe aún de dónde salieron. Ángel se especializó en mover el dinero de Murcia en el sector inmobiliario. A veces sólo pedía comisión de las transacciones que hacía, como el caso de varias propiedades en Bogotá que Murcia compró por 10.000 millones de pesos, y varias que negoció con su primo Santiago Baranchuck en México. Por su lado, Pabón se especializó en mover dineros a destinos como Suiza y en crear empresas. En Colombia, por ejemplo, tenía la orden de crear cientos de empresas para después 'quemarlas' en palabras de ellos. La idea era meter los recursos en el sector financiero y al cerrar las empresas lograban que la banca les diera cheques de gerencia, con lo que podían apalancar nuevas sociedades cada vez más limpias sobre sus recursos.
De esta forma también podían justificar sus recursos en lugares tan exóticos como China, adonde ya habían encargado un container con motos con la marca DMG, a Tailandia, Indonesia e India, en donde ya habían establecido contactos, en algunos casos con sus representaciones diplomáticas, para abrir oficinas en dichos países. E intoxicados por la danza de los millones en la que vivían por cuenta de los incautos tarjetahabientes, hablaban entre sí de los millones de dólares que consideraban valía DMG, que pese a la sofisticación y las arandelas nunca dejó de ser la captadora ilegal de La Hormiga. .
En los mensajes de Murcia se evidencia cómo quería encontrar pronto un producto que no le generara tantos gastos como la comercializadora que tenía montada. En un chat con Ángel, Murcia sentía que ya lo había encontrado. Se trataba de un intangible que podían comercializar en cualquier parte, el canal Body Channel. La meta era hacer el mismo carrusel de dinero pero esta vez sin vender electrodomésticos, sino suscripciones a su canal. "Compra un pin que vale 50 dólares y te pagamos 110 dólares por publicidad" decía Murcia, que calculaba vincular en un año a tres millones de personas. "Vender y con nuestra plata hacemos lo que queramos que ahorros de la gente ni qué carajos"(sic), dice en otro de los apartes. Esto sucedió en agosto, cuatro meses antes de que el gobierno interviniera las transacciones del grupo.
Todavía quedan muchos cabos sueltos. Aunque Murcia ha negado que exista una fortuna escondida, hay tal volumen de manejos de dineros que hace poco probable que ello sea así. Pero no hay duda de que luego de estos vertiginosos años, el Murcia de ahora contempla entre sus mayores activos el capital político que resiste a soltar.
Para la audiencia que se realiza esta semana ya se han trasladado desde el sur del país cientos de personas que desde la semana pasada vienen haciendo protestas. Busca capitalizar un fallo en su contra con el que se presentaría como una suerte de perseguido político. Más cuando es muy probable que la Fiscalía en Colombia no haga acusaciones por relaciones con el narcotráfico. Ya se siente confiada con las acusaciones por la captación ilegal de dinero y el lavado fruto de esta actividad, este último un delito que incluso da más pena que el narcotráfico. No se puede decir lo mismo de lo que suceda con la justicia de otros países, como la panameña, donde ya enfrenta acusaciones de lavado por estupefacientes.
Sin duda, aparecerán nuevos capítulos de esta novela que ya ha demostrado que cada nueva entrega puede ser más sorprendente que la anterior.
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Si hasta ahora se han conocido unas pocas grabaciones sobre los movimientos de David Murcia Guzmán y el país no deja de sorprenderse, al revisar las audiencias, leer apartes de las más de 200.000 páginas de su expediente y miles de grabaciones, se descubre un universo casi de ficción.
El hombre que esta semana comenzará a rendir su versión ante la justicia estaba convencido de que, con un puñado de ayudantes, iba a cambiar el mundo y que éste iba a girar a su alrededor. Tenía razones para creerlo, pues en menos de tres años, el joven bien intencionado que en 2005 en La Hormiga, Putumayo, apenas sobrevivía mientras compartía con los pobres, en 2008 se había transformado en un magnate ávido de poder, que movía miles de millones de pesos en efectivo, estaba comprando un banco y había tejido una red de contactos con el poder.
Pero esa era la parte rosa de la historia. Estaba rodeado de personajes oscuros que se hacían poderosos a su sombra, movía dinero de dudoso origen en el exterior y se ingeniaba todo tipo de estrategias para tapar las grietas de su negocio que amenazaban con desplomar su sueño de un momento a otro.
Mientras recogía a manos llenas plata de sus ahorradores, las conversaciones de él y de su gente dan cuenta de cómo penetró el mundo de la política, tanto que en secreto ya había comenzado a diseñar su propia campaña. "No es bueno que los políticos te vean como contrincante, porque entrarías con mucha fuerza y se asustan", le aconsejaba su asesor Daniel Ángel en julio pasado.
En el abundante trabajo de inteligencia realizado en casi dos años por un cuerpo elite de la Policía Nacional, aparecen miles de interceptaciones como la anterior, y reuniones y contactos con decenas de políticos que hoy niegan sus vínculos con su firma DMG.
A la contundente grabación en la que Murcia celebra con William Suárez su triunfo en 10 gobernaciones y alcaldías en 2007, diciendo que "es mejor que abrir mil empresas", se suman otras charlas en las que le ponen nombre a estos respaldos y dan a entender que van detrás de jugosos contratos. El 9 de enero de 2008, Suárez menciona en una llamada desde el departamento del Magdalena que "hay harto trabajo para estos cuatro años", pues "cogimos la gobernación, los hospitales y la parte de seguridad por acá, y también la de La Guajira y la del Putumayo (...) entonces a implantar puestos, oficinas". En otro aparte, Murcia orienta para que lo nombren consejero económico de las administraciones donde DMG tendría injerencia.
Otra sorprendente charla, de marzo de 2008, da cuenta de la negociación de terrenos costeros por 5.000 millones de pesos para construir un puerto. Allí queda claro que ya tienen comprados dos lotes: "Esas dos tierras las vendieron dos familias de Buenaventura que han sido raizales y por eso estaban muy bajitas en los avalúos catastrales". En la conversación busca una fórmula para que la operación no llame la atención de las autoridades.
Sus intereses pronto desbordaron la política regional y ampliaron sus tentáculos al Congreso. Una de sus fichas claves en este proceso fue el representante del Putumayo Orlando Guerra, quien por la radio defendió a DMG. Según las evidencias, en mayo del año pasado Guerra se reunió con Margarita Pabón, y en julio, con Daniel Ángel. En un informe de este último a Murcia le dice: "... estoy almorzando con el del Putu... el Guerrero me sentó con el pre del Senado y pa' las que sea. Me va a sentar con el Súper". Hernán Andrade, ya en esa época presidente del Senado, dijo a SEMANA que nunca se reunió con gente de DMG, que como copartidario de Guerra y amigo del Supersociedades, alguien armó un hilo conductor de algo que no sucedió, y resalta el papel del Súper en el desmonte de la holding de Murcia. Hay referencias de reuniones similares, por ejemplo con Samuel Moreno, entonces candidato a alcalde de Bogotá, quien también lo niega. De todos modos, así se hubieran dado esas reuniones, en sí mismas no significarían nada diferente a dejar en evidencia cómo DMG buscaba acceder a todas las instancias del poder.
En otros casos, las referencias son más comprometedoras. Ángel menciona cómo está patinando en el Congreso la aprobación de un artículo beneficioso para ellos en la reforma financiera, algo que el gobierno siempre ha negado. También hay llamadas de Suárez en las que se refiere a la entrega de un dinero a un senador y concluye con una en la que le dictan la dirección para entregar el monto, que al parecer es la residencia del hoy personero de Bogotá y ex senador: "Francisco Rojas Birry, dirección transversal 59B N.° 127D-06 conjunto Campaña, casa 1, frente al Bulevar Niza por la avenida Córdoba", se oye en la llamada que recibe Suárez el 16 de enero de 2008, a las 3:15 de la tarde. Esta revista no obtuvo respuesta de las llamadas que le hizo a este funcionario durante dos días para conocer su versión.
Aparecen también múltiples menciones a Herman Arias, ex personero de Bogotá, como un posible enlace para llegar a un ex presidente de la República a quien le atribuyen mucho poder en el Congreso. (Arias ha dicho que él asesoró en temas de seguridad a una empresa que no sabía que era de DMG). Y también mensajes en clave de alguien que dice ser de una entidad pública que adelanta negociaciones millonarias sobre un asunto relacionado con el Tren del Pacífico. No han pasado inadvertidos entre los investigadores algunos documentos que le encontraron a Murcia cuando lo detuvieron, como las tarjetas de presentación del representante Guerra y del entonces viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, a quien esta revista no logró contactar, y otros escritos hallados en los allanamientos que se hicieron por esos días (ver recuadro Los papeles de Murcia).
Esta ofensiva de DMG para penetrar la clase política no necesariamente implica actuaciones irregulares de las personas mencionadas. El hecho de reunirse con alguien puede ser una indelicadeza, pero no es un delito. Menos teniendo en cuenta de que para entonces DMG era un negocio que funcionaba a los ojos de todos.
Cómo hacía negocios
A la par que Murcia y su gente expandían sus redes políticas, incluso al financiar campañas en Panamá como lo ha revelado la prensa de ese país, su negocio en Colombia empezaba a resquebrajarse. En algunas llamadas eran evidentes los afanes por la falta de dinero en efectivo en los locales y se veían a gatas para cumplir lo prometido a sus tarjetahabientes. En septiembre de 2008 una de las administradoras en Putumayo habló con sus superiores en DMG, angustiada porque ya llevaba tres meses sin pagar a proveedores, y contaba cómo había locales a los que les habían cortado la luz y el agua. Algo similar en otro momento sucedió con las oficinas en Pasto, que demandaban más recursos de los que les entraban.
Era tal el flujo de dinero que en la sede de la Avenida Chile, en Bogotá, estaban devolviendo a sus clientes un promedio de 2.000 millones de pesos diarios. La situación se hacía tan crítica que en las conversaciones telefónicas se escuchaba a los encargados decir "hagan promociones" o autorizar "subir el pago de puntos", por ejemplo a 300, que traducido del lenguaje de DMG significa pagar el 300 por ciento de interés en seis meses, pero con la condición de no retirar mercancía.
Paradójicamente mientras esto sucedía, había clientes especiales a los que les garantizaban rendimientos fijos, y quienes por sus volúmenes de dinero en Colombia y en el extranjero se convirtieron en aliados estratégicos de Murcia. (Ver Los socios ocultos).
Hasta ahora se ha sabido de un nutrido grupo de asesores contables, jurídicos y en comunicaciones, muy conocidos en la sociedad bogotana, que tras cuantiosos pagos, en unas oportunidades trabajaban por ordenar la casa de DMG, y en otras buscaban encubrir las actividades non sanctas del grupo, como reconocieron ante la justicia tres de los más cercanos a Murcia: Suárez, Margarita Pabón y Ángel.
Pero en las decisiones más sensibles de la compañía David Murcia hacía a un lado los diplomas de sus consejeros, y se entregaba a la astrología. Por sus oficinas pasaron, entre otros, la reconocida astróloga Anaís Peña, célebre por prestar sus servicios a líderes latinoamericanos. Las interceptaciones telefónicas indican que decisiones estratégicas del emporio que manejaba cientos de miles de millones de pesos, se tomaban con la carta astral.
Hay un episodio el año pasado en el que el grupo entra en conmoción porque Murcia, atendiendo a los astros, decidió por varios días no firmar documentos. También queda registrado en las interceptaciones cómo la hoja de vida de cada uno de sus más cercanos consejeros era evaluada con estás prácticas, lo mismo que los informes financieros y algunos expedientes jurídicos.
Las consultas de Murcia a la carta astral le marcaron el norte a seguir. En otra de las conversaciones queda registrado cómo súbitamente todos se dieron a la tarea de buscar un banco fuera de Colombia para comprarlo, preferiblemente en Estados Unidos, porque en una de sus sesiones le dijeron a Murcia que sería recordado como gran banquero. Al poco tiempo, dos de sus asesores hablan optimistas del avance en una de estas negociaciones, pero no es claro qué fin tuvieron.
En las llamadas aparece registrada una reunión en Las Vegas (Estados Unidos) con unos empresarios con los que negociaban un canal de noticias, y la prensa panameña cuenta cómo con dinero de DMG se compró un avión en ese país.
Estados Unidos también fue la sede de una de las sociedades inmobiliarias fachada que Ángel y Pabón crearon para ocultar la fortuna de DMG. Esta fue una de las compañías que la Fiscalía aceptó a cambio de una rebaja de penas. También era una de las sociedades a las que el gobierno gringo le había puesto la mirada.
Con los gringos
Pocos días antes de ser capturados, Margarita le pide a Daniel que se reúnan urgentemente, porque la habían citado en la Embajada norteamericana para que explicara el origen de los fondos que manejaba allá. Acuerdan que diga que son recursos propios y familiares, pero dos horas después llama Daniel angustiado a decir que "Espinosa (uno de los socios ocultos de Murcia) ya cantó todo ante los gringos".
Para los investigadores en Colombia, los beneficios que DMG ofrecía se explican sobre todo en un modelo de pirámide a la que podía llegar dinero de cualquier lado. Las transacciones internacionales son el mayor misterio. Decenas de millones de dólares empezaron a circular por varios países por cuenta de DMG, y no se sabe aún de dónde salieron. Ángel se especializó en mover el dinero de Murcia en el sector inmobiliario. A veces sólo pedía comisión de las transacciones que hacía, como el caso de varias propiedades en Bogotá que Murcia compró por 10.000 millones de pesos, y varias que negoció con su primo Santiago Baranchuck en México. Por su lado, Pabón se especializó en mover dineros a destinos como Suiza y en crear empresas. En Colombia, por ejemplo, tenía la orden de crear cientos de empresas para después 'quemarlas' en palabras de ellos. La idea era meter los recursos en el sector financiero y al cerrar las empresas lograban que la banca les diera cheques de gerencia, con lo que podían apalancar nuevas sociedades cada vez más limpias sobre sus recursos.
De esta forma también podían justificar sus recursos en lugares tan exóticos como China, adonde ya habían encargado un container con motos con la marca DMG, a Tailandia, Indonesia e India, en donde ya habían establecido contactos, en algunos casos con sus representaciones diplomáticas, para abrir oficinas en dichos países. E intoxicados por la danza de los millones en la que vivían por cuenta de los incautos tarjetahabientes, hablaban entre sí de los millones de dólares que consideraban valía DMG, que pese a la sofisticación y las arandelas nunca dejó de ser la captadora ilegal de La Hormiga. .
En los mensajes de Murcia se evidencia cómo quería encontrar pronto un producto que no le generara tantos gastos como la comercializadora que tenía montada. En un chat con Ángel, Murcia sentía que ya lo había encontrado. Se trataba de un intangible que podían comercializar en cualquier parte, el canal Body Channel. La meta era hacer el mismo carrusel de dinero pero esta vez sin vender electrodomésticos, sino suscripciones a su canal. "Compra un pin que vale 50 dólares y te pagamos 110 dólares por publicidad" decía Murcia, que calculaba vincular en un año a tres millones de personas. "Vender y con nuestra plata hacemos lo que queramos que ahorros de la gente ni qué carajos"(sic), dice en otro de los apartes. Esto sucedió en agosto, cuatro meses antes de que el gobierno interviniera las transacciones del grupo.
Todavía quedan muchos cabos sueltos. Aunque Murcia ha negado que exista una fortuna escondida, hay tal volumen de manejos de dineros que hace poco probable que ello sea así. Pero no hay duda de que luego de estos vertiginosos años, el Murcia de ahora contempla entre sus mayores activos el capital político que resiste a soltar.
Para la audiencia que se realiza esta semana ya se han trasladado desde el sur del país cientos de personas que desde la semana pasada vienen haciendo protestas. Busca capitalizar un fallo en su contra con el que se presentaría como una suerte de perseguido político. Más cuando es muy probable que la Fiscalía en Colombia no haga acusaciones por relaciones con el narcotráfico. Ya se siente confiada con las acusaciones por la captación ilegal de dinero y el lavado fruto de esta actividad, este último un delito que incluso da más pena que el narcotráfico. No se puede decir lo mismo de lo que suceda con la justicia de otros países, como la panameña, donde ya enfrenta acusaciones de lavado por estupefacientes.
Sin duda, aparecerán nuevos capítulos de esta novela que ya ha demostrado que cada nueva entrega puede ser más sorprendente que la anterior.
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El DAS sigue grabando
El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros. Investigación de SEMANA.
Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.
Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad.
Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.
La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista.
Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.
En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.
Todos son enemigos
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla, dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.
Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. Uno de los informes más reveladores es sobre el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, jefe de la investigación de la para-política.
A Velásquez le han hecho 'marcación hombre a hombre' desde el incidente Tasmania de octubre de 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe acusó al magistrado auxiliar de fabricar testimonios en su contra, lo cual terminó siendo un montaje. A Velásquez no lo dejan solo un minuto, según se desprende del informe del DAS.
En los documentos que tiene SEMANA se revela que durante tres meses le interceptaron 1.900 llamadas en las cuales hablaba con Raimundo y todo el mundo: los magistrados de la Corte Suprema, los fiscales de Justicia y Paz para saber qué revelaban los paramilitares, con la oficina de protección de testigos de la Fiscalía para saber quién se iba a entregar, con testigos de la para-política, entre cientos de otras llamadas.
Hace más de un año el alto funcionario judicial denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía seguimientos de parte de agentes de seguridad del Estado. (Vea La Cacería del DAS al magistrado)
Pero Velásquez no fue el único integrante de la Corte Suprema que ha estado en la mira del DAS. Investigadores, otros auxiliares y magistrados del alto tribunal también fueron objeto de 'controles'. Según varios detectives, entre esos 'blancos' estaba el hasta hace poco presidente titular de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González. "Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez", dijo a SEMANA uno de los detectives que trabaja en la dirección de Inteligencia y quien participó en seguimientos a algunos magistrados.
Hace más de un año varios miembros de la Corte denunciaron seguimientos e interceptaciones del DAS, los cuales fueron negados en su momento por la entonces directora, María del Pilar Hurtado. Los documentos y testimonios obtenidos por SEMANA indican que no era simple paranoia de los magistrados.
No es la primera vez que el DAS y el gobierno niegan comprometedores hechos frente a la Corte Suprema. En agosto del año pasado SEMANA reveló las visitas hechas por alias 'Job' -enviado por el paramilitar 'Don Berna'- a la Casa de Nariño para entregarle información a altos funcionarios de Palacio contra miembros de la Corte. En ese escandaloso encuentro había una funcionaria del DAS. Cuando estalló el escándalo, Hurtado minimizó el tema diciendo que era un simple detective que trabajaba el tema de los paramilitares. En noviembre del año pasado El Espectador reveló que el DAS había alterado registros y que la integrante de esa institución que estuvo en la cita de Palacio no era cualquier funcionaria: se trataba de Martha Leal, una de las más altas funcionarias de la dirección de Inteligencia de esa entidad.
Primera plana del periodismo
Si bien es muy grave que en las divisiones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS consideren como "blancos legítimos" a integrantes de la Corte Suprema, no es menos escandaloso que periodistas y medios de comunicación también sean objeto de interceptaciones y seguimientos por parte del DAS. "Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'linea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan", dijo a SEMANA un detective de la dirección de Contrainteligencia quien, además, en noviembre del año pasado entregó pruebas y confirmó varios casos. Uno de esos tiene como protagonista al periodista Félix de Bedout, de La W radio.
El pasado 5 de noviembre De Bedout envió una información desde su correo electrónico a un periodista de SEMANA. Tan sólo unas pocas horas más tarde, dos funcionarios del DAS, uno de ellos de Contrainteligencia, llamó a la revista y narró exactamente el contenido del cruce de correos privados entre los comunicadores. Al preguntarle la razón por la cual conocía el contenido de los correos, el detective cayó en cuenta de su error. La ingenuidad fue producto del afán por conocer detalles de la información manejada por los periodistas. No era para menos. En el correo 'chuzado' se mencionaban unas denuncias que involucrarían al jefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabarez, al de Contrainteligencia, Jorge Lagos, y el uso de unas oficinas clandestinas por parte del DAS.
De Bedout no es el único periodista al que le miran los correos y escuchan sus comunicaciones. SEMANA conoció y vio pruebas sobre Dario Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de SEMANA, Julio Sánchez Cristo, director de La W, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último tiene la particularidad de que no sólo es un reconocido columnista crítico del gobierno, sino que además es el abogado del magistrado César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe.
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"En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo", afirma el detective de contrainteligencia que habló con SEMANA
Pero la relación del DAS con la Casa de Nariño parece haber cambiado también. "Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios", dijo a SEMANA un funcionario asignado a la subdirección de Inteligencia. "Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir 'favores' desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son 'chuzados' y la razón es muy simple: hay que tener un seguro", afirma el funcionario.
El "seguro" al que se refiere no es otra cosa que grabaciones comprometedoras que le permitan al funcionario chantajear a los de Palacio si hay algún problema. El sistema es similar al que usaba la KBG, el organismo de inteligencia de la antigua Unión Soviética, en donde 'chuzar' a los propios miembros del Partido era una forma de garantizar lealtades.
Collar de perlas
El tema de los seguimientos a miembros de la Corte Suprema, a periodistas, integrantes de la oposición e incluso del alto gobierno, es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el DAS. El desorden que allí impera no sólo ha sido capitalizado por algunos miembros del alto gobierno para 'pedir favores' de carácter político. Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor.
Uno de los temas más polémicos durante la administración de Jorge Noguera tuvo que ver con el borrado y venta de antecedentes judiciales a peligrosos delincuentes, por lo cual terminó en la cárcel el ex jefe de Informática del DAS del momento Rafael García. Con la llegada de Andrés Peñate a la dirección y los controles que implementó se pensó que ese era un problema del pasado. Pero no fue así.
SEMANA obtuvo varios certificados de antecedentes judiciales que fueron vendidos a los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca hace dos años, organización del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo' (ver certificados). Los documentos, que son de carácter reservado y que sólo pueden ser solicitados por un reducido grupo de directivos del DAS, inexplicablemente estaban en poder de Nicolás Escobar, uno de los hombres de confianza del jefe paramilitar, quien se desmovilizó y actualmente está recluido en la cárcel de Urrao.
No menos grave resulta que documentos confidenciales del DAS, en donde hay detalles sobre operaciones o eventuales capturas de peligrosos delincuentes, terminen en manos de quienes están siendo investigados.
A finales del año pasado, el Ejército encontró un computador perteneciente a integrantes del ELN en Arauca. Para sorpresa de los militares, entre los documentos que tenía el portátil estaban los informes completos enviados a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá con detalles sobre una operación contra estructuras del ELN en esa zona del país. Los militares no entendían por qué esa información confidencial estaba en manos de los guerrilleros (ver facsímil). Situaciones similares de fuga de información a algunos de los delincuentes más buscados de la actualidad, como el narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera, o el paramilitar, alias 'Cuchillo' también se han presentado.
- Ver documentos en poder del ELN
- Ver documentos en poder del ELN (2)
Estos hechos no son ajenos ni desconocidos en el DAS, pero la mayoría ha optado por callar o mirar hacia otro lado. Macabros antecedentes han hecho que la ley del miedo impida que muchas de esas denuncias lleguen a los organismos de control como la Procuraduría o la Fiscalía. En octubre de 2007 Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, se dio cuenta de cómo información confidencial que ella manejaba terminaba en manos de la organización del jefe paramilitar 'Cuchillo' que opera en los Llanos. Pocos días antes que denunciara y entregara pruebas sobre esa y otras irregularidades fue asesinada. "La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS", contó a SEMANA un detective asignado a la dirección operativa.
También ha sido grave el uso indebido de los equipos de interceptación. SEMANA tuvo conocimiento de que a comienzos de diciembre, un enviado de el 'Loco' Barrera necesitaba interceptar un teléfono celular durante una semana para saber si un socio suyo lo estaba traicionando. Por ese servicio, pagó a un miembro de la inteligencia del DAS 10 millones de pesos, cinco al comienzo y otra suma igual cuando le entregaron los audios con la voz de su socio. La tarifa por realizar ese tipo de 'chuzadas' varía dependiendo del tiempo y de quién es la persona que va a ser escuchada. "Por 'meter' el número de un fiscal durante un mes se cobra entre 100 y 150 millones de pesos. Por interceptar un policía de la Dijín la cifra oscila entre los 50 y 80 millones, dependiendo del rango y el cargo", confirmó a SEMANA uno de los técnicos que trabaja en una de las salas de interceptación que tiene el DAS en su sede principal. La mayoría de este tipo de 'servicios' son realizados por un equipo de interceptación móvil vendidos al DAS por el gobierno de Estados Unidos. Esta es tan sólo una de las formas de venta de servicios (ver recuadro).
¿Qué hacer con el DAS?
Hace dos años, el gobierno creó una comisión especial para proponer reformas al DAS, en ese momento golpeado por las revelaciones de la infiltración de los paramilitares durante Noguera. Es bastante irónico y revelador que uno de los miembros de esa comisión, Ramiro Bejarano, es una de las personas grabadas ilegalmente por esa entidad. Los últimos dos directores, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, implementaron cambios necesarios, pero es evidente que no fueron suficientes, como lo demuestra el informe de SEMANA.
El DAS nunca podrá cumplir su papel esencial -proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana- mientras acciones como la interceptación ilegal sea considerada por algunos de sus funcionarios como "normal". Al igual que la política del body count degeneró en los falsos positivos mortales, la creencia de que cualquier crítico u opositor del Presidente o del gobierno es un "blanco legítimo" desembocó en la grabación de periodistas, magistrados, fiscales y otros funcionarios.
Ambos casos son muy graves y merecen un tratamiento similar; hay que identificar y castigar a los responsables de que esto ocurra, dentro y fuera del DAS.
Es sumamente peligroso para la democracia colombiana que el DAS opere como una policía política y que varios de sus funcionarios utilicen su posición para delinquir. El DAS necesita reformas de fondo. El diagnóstico ya se ha hecho. Falta la voluntad política del gobierno y elevarle el nivel a la institución para que no siga convertida en una peligrosa rueda suelta para el Estado y el propio Presidente.
Publicado en
www.semana.com
Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.
Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad.
Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.
La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista.
Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.
En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.
Todos son enemigos
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla, dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.
Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. Uno de los informes más reveladores es sobre el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, jefe de la investigación de la para-política.
A Velásquez le han hecho 'marcación hombre a hombre' desde el incidente Tasmania de octubre de 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe acusó al magistrado auxiliar de fabricar testimonios en su contra, lo cual terminó siendo un montaje. A Velásquez no lo dejan solo un minuto, según se desprende del informe del DAS.
En los documentos que tiene SEMANA se revela que durante tres meses le interceptaron 1.900 llamadas en las cuales hablaba con Raimundo y todo el mundo: los magistrados de la Corte Suprema, los fiscales de Justicia y Paz para saber qué revelaban los paramilitares, con la oficina de protección de testigos de la Fiscalía para saber quién se iba a entregar, con testigos de la para-política, entre cientos de otras llamadas.
Hace más de un año el alto funcionario judicial denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía seguimientos de parte de agentes de seguridad del Estado. (Vea La Cacería del DAS al magistrado)
Pero Velásquez no fue el único integrante de la Corte Suprema que ha estado en la mira del DAS. Investigadores, otros auxiliares y magistrados del alto tribunal también fueron objeto de 'controles'. Según varios detectives, entre esos 'blancos' estaba el hasta hace poco presidente titular de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González. "Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez", dijo a SEMANA uno de los detectives que trabaja en la dirección de Inteligencia y quien participó en seguimientos a algunos magistrados.
Hace más de un año varios miembros de la Corte denunciaron seguimientos e interceptaciones del DAS, los cuales fueron negados en su momento por la entonces directora, María del Pilar Hurtado. Los documentos y testimonios obtenidos por SEMANA indican que no era simple paranoia de los magistrados.
No es la primera vez que el DAS y el gobierno niegan comprometedores hechos frente a la Corte Suprema. En agosto del año pasado SEMANA reveló las visitas hechas por alias 'Job' -enviado por el paramilitar 'Don Berna'- a la Casa de Nariño para entregarle información a altos funcionarios de Palacio contra miembros de la Corte. En ese escandaloso encuentro había una funcionaria del DAS. Cuando estalló el escándalo, Hurtado minimizó el tema diciendo que era un simple detective que trabajaba el tema de los paramilitares. En noviembre del año pasado El Espectador reveló que el DAS había alterado registros y que la integrante de esa institución que estuvo en la cita de Palacio no era cualquier funcionaria: se trataba de Martha Leal, una de las más altas funcionarias de la dirección de Inteligencia de esa entidad.
Primera plana del periodismo
Si bien es muy grave que en las divisiones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS consideren como "blancos legítimos" a integrantes de la Corte Suprema, no es menos escandaloso que periodistas y medios de comunicación también sean objeto de interceptaciones y seguimientos por parte del DAS. "Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'linea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan", dijo a SEMANA un detective de la dirección de Contrainteligencia quien, además, en noviembre del año pasado entregó pruebas y confirmó varios casos. Uno de esos tiene como protagonista al periodista Félix de Bedout, de La W radio.
El pasado 5 de noviembre De Bedout envió una información desde su correo electrónico a un periodista de SEMANA. Tan sólo unas pocas horas más tarde, dos funcionarios del DAS, uno de ellos de Contrainteligencia, llamó a la revista y narró exactamente el contenido del cruce de correos privados entre los comunicadores. Al preguntarle la razón por la cual conocía el contenido de los correos, el detective cayó en cuenta de su error. La ingenuidad fue producto del afán por conocer detalles de la información manejada por los periodistas. No era para menos. En el correo 'chuzado' se mencionaban unas denuncias que involucrarían al jefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabarez, al de Contrainteligencia, Jorge Lagos, y el uso de unas oficinas clandestinas por parte del DAS.
De Bedout no es el único periodista al que le miran los correos y escuchan sus comunicaciones. SEMANA conoció y vio pruebas sobre Dario Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de SEMANA, Julio Sánchez Cristo, director de La W, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último tiene la particularidad de que no sólo es un reconocido columnista crítico del gobierno, sino que además es el abogado del magistrado César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe.
Consulte correos eléctrónicos:
- La W y Semana
- La W y Semana (2)
"En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo", afirma el detective de contrainteligencia que habló con SEMANA
Pero la relación del DAS con la Casa de Nariño parece haber cambiado también. "Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios", dijo a SEMANA un funcionario asignado a la subdirección de Inteligencia. "Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir 'favores' desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son 'chuzados' y la razón es muy simple: hay que tener un seguro", afirma el funcionario.
El "seguro" al que se refiere no es otra cosa que grabaciones comprometedoras que le permitan al funcionario chantajear a los de Palacio si hay algún problema. El sistema es similar al que usaba la KBG, el organismo de inteligencia de la antigua Unión Soviética, en donde 'chuzar' a los propios miembros del Partido era una forma de garantizar lealtades.
Collar de perlas
El tema de los seguimientos a miembros de la Corte Suprema, a periodistas, integrantes de la oposición e incluso del alto gobierno, es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el DAS. El desorden que allí impera no sólo ha sido capitalizado por algunos miembros del alto gobierno para 'pedir favores' de carácter político. Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor.
Uno de los temas más polémicos durante la administración de Jorge Noguera tuvo que ver con el borrado y venta de antecedentes judiciales a peligrosos delincuentes, por lo cual terminó en la cárcel el ex jefe de Informática del DAS del momento Rafael García. Con la llegada de Andrés Peñate a la dirección y los controles que implementó se pensó que ese era un problema del pasado. Pero no fue así.
SEMANA obtuvo varios certificados de antecedentes judiciales que fueron vendidos a los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca hace dos años, organización del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo' (ver certificados). Los documentos, que son de carácter reservado y que sólo pueden ser solicitados por un reducido grupo de directivos del DAS, inexplicablemente estaban en poder de Nicolás Escobar, uno de los hombres de confianza del jefe paramilitar, quien se desmovilizó y actualmente está recluido en la cárcel de Urrao.
No menos grave resulta que documentos confidenciales del DAS, en donde hay detalles sobre operaciones o eventuales capturas de peligrosos delincuentes, terminen en manos de quienes están siendo investigados.
A finales del año pasado, el Ejército encontró un computador perteneciente a integrantes del ELN en Arauca. Para sorpresa de los militares, entre los documentos que tenía el portátil estaban los informes completos enviados a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá con detalles sobre una operación contra estructuras del ELN en esa zona del país. Los militares no entendían por qué esa información confidencial estaba en manos de los guerrilleros (ver facsímil). Situaciones similares de fuga de información a algunos de los delincuentes más buscados de la actualidad, como el narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera, o el paramilitar, alias 'Cuchillo' también se han presentado.
- Ver documentos en poder del ELN
- Ver documentos en poder del ELN (2)
Estos hechos no son ajenos ni desconocidos en el DAS, pero la mayoría ha optado por callar o mirar hacia otro lado. Macabros antecedentes han hecho que la ley del miedo impida que muchas de esas denuncias lleguen a los organismos de control como la Procuraduría o la Fiscalía. En octubre de 2007 Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, se dio cuenta de cómo información confidencial que ella manejaba terminaba en manos de la organización del jefe paramilitar 'Cuchillo' que opera en los Llanos. Pocos días antes que denunciara y entregara pruebas sobre esa y otras irregularidades fue asesinada. "La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS", contó a SEMANA un detective asignado a la dirección operativa.
También ha sido grave el uso indebido de los equipos de interceptación. SEMANA tuvo conocimiento de que a comienzos de diciembre, un enviado de el 'Loco' Barrera necesitaba interceptar un teléfono celular durante una semana para saber si un socio suyo lo estaba traicionando. Por ese servicio, pagó a un miembro de la inteligencia del DAS 10 millones de pesos, cinco al comienzo y otra suma igual cuando le entregaron los audios con la voz de su socio. La tarifa por realizar ese tipo de 'chuzadas' varía dependiendo del tiempo y de quién es la persona que va a ser escuchada. "Por 'meter' el número de un fiscal durante un mes se cobra entre 100 y 150 millones de pesos. Por interceptar un policía de la Dijín la cifra oscila entre los 50 y 80 millones, dependiendo del rango y el cargo", confirmó a SEMANA uno de los técnicos que trabaja en una de las salas de interceptación que tiene el DAS en su sede principal. La mayoría de este tipo de 'servicios' son realizados por un equipo de interceptación móvil vendidos al DAS por el gobierno de Estados Unidos. Esta es tan sólo una de las formas de venta de servicios (ver recuadro).
¿Qué hacer con el DAS?
Hace dos años, el gobierno creó una comisión especial para proponer reformas al DAS, en ese momento golpeado por las revelaciones de la infiltración de los paramilitares durante Noguera. Es bastante irónico y revelador que uno de los miembros de esa comisión, Ramiro Bejarano, es una de las personas grabadas ilegalmente por esa entidad. Los últimos dos directores, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, implementaron cambios necesarios, pero es evidente que no fueron suficientes, como lo demuestra el informe de SEMANA.
El DAS nunca podrá cumplir su papel esencial -proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana- mientras acciones como la interceptación ilegal sea considerada por algunos de sus funcionarios como "normal". Al igual que la política del body count degeneró en los falsos positivos mortales, la creencia de que cualquier crítico u opositor del Presidente o del gobierno es un "blanco legítimo" desembocó en la grabación de periodistas, magistrados, fiscales y otros funcionarios.
Ambos casos son muy graves y merecen un tratamiento similar; hay que identificar y castigar a los responsables de que esto ocurra, dentro y fuera del DAS.
Es sumamente peligroso para la democracia colombiana que el DAS opere como una policía política y que varios de sus funcionarios utilicen su posición para delinquir. El DAS necesita reformas de fondo. El diagnóstico ya se ha hecho. Falta la voluntad política del gobierno y elevarle el nivel a la institución para que no siga convertida en una peligrosa rueda suelta para el Estado y el propio Presidente.
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Reveladoras grabaciones de 'Don Antonio' en el computador de 'Jorge 40' logró abrir la Fiscalía
Édgar Ignacio Fierro ('Don Antonio') tenía el famoso computador de 'Jorge 40' que abrió el escándalo de la parapolítica.
Los archivos de este ex militar que encabezó hace tres años el plan ocupar los departamentos que habían dejado otros 'paras' desmovilizados, siguen siendo una mina de oro para los investigadores.
'Antonio', cuyo verdadero nombre es Édgar Ignacio Fierro, está en Justicia y Paz y allí ha revelado apenas una parte de la actividad que desplegó el Bloque Norte para hacerle 'conejo' al proceso de paz y seguir manejando política y narcotráfico en la Costa.
Con ayuda de expertos de Estados Unidos, la Fiscalía logró abrir el material que estaba encriptado o parcialmente borrado. Ahora tiene centenares de audios, fotografías y correos electrónicos que apenas fueron explorados en el 2006, cuando arrancó el escándalo de la parapolítica. 'Antonio', como varios de sus jefes, grabó en audio y video sus conversaciones con otros 'paras' y con políticos de la región.
El plan de '40', como lo informó EL TIEMPO a finales de ese año, provocó una escalada de muertes entre la gente del jefe paramilitar de Sucre Rodrigo Mercado ('Cadena') y los que querían quedarse con sus antiguos feudos.
Con el material disponible, señalaron fuentes judiciales, la justicia tendría elementos concretos para relacionar con la parapolítica a personajes como Enilce López, 'La Gata'.
Las grabaciones y correos son, además, una amenaza para jefes desmovilizados como 'Diego Vecino', pues muestran que estuvo mucho más involucrado en temas de política y narcotráfico que lo que ha contado en Justicia y Paz.
Y, tal vez lo más importante, hay un nuevo arsenal jurídico para impulsar los procesos por narcotráfico contra '40' en Colombia y E.U.
Los audios y correos desencriptados muestran el pulso de 'Don Antonio' por asegurar el poder político en varios departamentos. Él y su gente mencionan diferencias y hasta planes de acercamiento con 'La Gata', 'Curi' (sería Nicolás Curi, alcalde de Cartagena) y 'El Turco', en probable referencia a Alfonso Hilsaca, empresario de Cartagena. De él, dicen que lo consideran "un amigo" dispuesto a colaborar con la gente de '40'. En el 2006, en el PC de '40', se habían abierto archivos parciales.
Ahora, con las grabaciones completas y los otros archivos, la justicia tiene material concreto para explorar qué tan ciertas son las afirmaciones de 'Don Antonio' y 'Gonzalo' (Carlos M. Díaz).
La pelea con la gente de 'vecino'
Grabación de 'Antonio' con 'Peter'. Finales del 2005:
- Antonio: Uno tiene que ser de una sola línea. Yo le tengo un mensaje para 'Juancho' (Dique): nosotros estamos haciendo presencia en esa zona, ustedes ya están desmovilizados. 'Vecino' en Sucre pretendía llamar a alcaldes, gobernadores y líderes políticos y obligarlos a que voten por Muriel (Benito Revollo); eso no se lo vamos a permitir (...) Por ahí le mandaron un mensaje, que se quedara quieto.
- Peter: Lo otro. Atentaron, mejor dicho está moribundo en Cartagena, Toño Maella, está moribundo en la clínica, el que le administraba las fincas a 'Juancho'. La mano derecha de 'Juancho'. Hace dos días.
- Antonio: Esa vuelta la hizo la gente que tenía yo allá. A mí sí me dijeron: acabaron de hacerle una vuelta a 'Vecino'...
Envíos de coca por Panamá
El reporte de E.U. sobre los archivos resalta que allí hay pruebas concretas de narcotráfico: "Se encontró un chat donde se da la conversación de 'Isaac Bolívar' (Fierro) y 'Juan', del día 23 de enero del 2006, en el cual tratan el tema de enviar estupefacientes por el 'canal de Torrijos' (Panamá) hacia México".
Uno de las conversaciones que grabó 'Don Antonio' revela una pelea por un cargamento que se perdió: "Hicimos un negocio, aparentemente muy bueno, pero nadie me ha explicado qué fue lo que pasó (...) Cuando una 'vuelta' se cae, aparece en el periódico, reportes de policía. Yo hasta el momento no he visto nada de eso. No he visto nada. Entonces sí sería conveniente y sano que los que estaban respondiendo por eso le den a uno una explicación y quedar tranquilo".
Correo de 'Kaleth M': "Se le realizaron unas pruebas de laboratorio y se pudo obtener el 30% del peso real, equivalente a 5 kilos de queso (...) El precio inicialmente era de 2.700.000 por kilo, pero debido a la inseguridad en el sector se pudo conseguir a 2.900.000, puesto en el primer peaje. El primer negocio parte el miércoles para su destino. La mercancía ya esta dentro de la ciudad de hierro"..
Publicado en:
www.eltiempo.com
Los archivos de este ex militar que encabezó hace tres años el plan ocupar los departamentos que habían dejado otros 'paras' desmovilizados, siguen siendo una mina de oro para los investigadores.
'Antonio', cuyo verdadero nombre es Édgar Ignacio Fierro, está en Justicia y Paz y allí ha revelado apenas una parte de la actividad que desplegó el Bloque Norte para hacerle 'conejo' al proceso de paz y seguir manejando política y narcotráfico en la Costa.
Con ayuda de expertos de Estados Unidos, la Fiscalía logró abrir el material que estaba encriptado o parcialmente borrado. Ahora tiene centenares de audios, fotografías y correos electrónicos que apenas fueron explorados en el 2006, cuando arrancó el escándalo de la parapolítica. 'Antonio', como varios de sus jefes, grabó en audio y video sus conversaciones con otros 'paras' y con políticos de la región.
El plan de '40', como lo informó EL TIEMPO a finales de ese año, provocó una escalada de muertes entre la gente del jefe paramilitar de Sucre Rodrigo Mercado ('Cadena') y los que querían quedarse con sus antiguos feudos.
Con el material disponible, señalaron fuentes judiciales, la justicia tendría elementos concretos para relacionar con la parapolítica a personajes como Enilce López, 'La Gata'.
Las grabaciones y correos son, además, una amenaza para jefes desmovilizados como 'Diego Vecino', pues muestran que estuvo mucho más involucrado en temas de política y narcotráfico que lo que ha contado en Justicia y Paz.
Y, tal vez lo más importante, hay un nuevo arsenal jurídico para impulsar los procesos por narcotráfico contra '40' en Colombia y E.U.
Los audios y correos desencriptados muestran el pulso de 'Don Antonio' por asegurar el poder político en varios departamentos. Él y su gente mencionan diferencias y hasta planes de acercamiento con 'La Gata', 'Curi' (sería Nicolás Curi, alcalde de Cartagena) y 'El Turco', en probable referencia a Alfonso Hilsaca, empresario de Cartagena. De él, dicen que lo consideran "un amigo" dispuesto a colaborar con la gente de '40'. En el 2006, en el PC de '40', se habían abierto archivos parciales.
Ahora, con las grabaciones completas y los otros archivos, la justicia tiene material concreto para explorar qué tan ciertas son las afirmaciones de 'Don Antonio' y 'Gonzalo' (Carlos M. Díaz).
La pelea con la gente de 'vecino'
Grabación de 'Antonio' con 'Peter'. Finales del 2005:
- Antonio: Uno tiene que ser de una sola línea. Yo le tengo un mensaje para 'Juancho' (Dique): nosotros estamos haciendo presencia en esa zona, ustedes ya están desmovilizados. 'Vecino' en Sucre pretendía llamar a alcaldes, gobernadores y líderes políticos y obligarlos a que voten por Muriel (Benito Revollo); eso no se lo vamos a permitir (...) Por ahí le mandaron un mensaje, que se quedara quieto.
- Peter: Lo otro. Atentaron, mejor dicho está moribundo en Cartagena, Toño Maella, está moribundo en la clínica, el que le administraba las fincas a 'Juancho'. La mano derecha de 'Juancho'. Hace dos días.
- Antonio: Esa vuelta la hizo la gente que tenía yo allá. A mí sí me dijeron: acabaron de hacerle una vuelta a 'Vecino'...
Envíos de coca por Panamá
El reporte de E.U. sobre los archivos resalta que allí hay pruebas concretas de narcotráfico: "Se encontró un chat donde se da la conversación de 'Isaac Bolívar' (Fierro) y 'Juan', del día 23 de enero del 2006, en el cual tratan el tema de enviar estupefacientes por el 'canal de Torrijos' (Panamá) hacia México".
Uno de las conversaciones que grabó 'Don Antonio' revela una pelea por un cargamento que se perdió: "Hicimos un negocio, aparentemente muy bueno, pero nadie me ha explicado qué fue lo que pasó (...) Cuando una 'vuelta' se cae, aparece en el periódico, reportes de policía. Yo hasta el momento no he visto nada de eso. No he visto nada. Entonces sí sería conveniente y sano que los que estaban respondiendo por eso le den a uno una explicación y quedar tranquilo".
Correo de 'Kaleth M': "Se le realizaron unas pruebas de laboratorio y se pudo obtener el 30% del peso real, equivalente a 5 kilos de queso (...) El precio inicialmente era de 2.700.000 por kilo, pero debido a la inseguridad en el sector se pudo conseguir a 2.900.000, puesto en el primer peaje. El primer negocio parte el miércoles para su destino. La mercancía ya esta dentro de la ciudad de hierro"..
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