Los fantasmas de Yidis
Antes de que hombres de Convergencia Ciudadana liderados por Luis Alberto Gil, preso por parapolítica, acusaran a Yidis Medina por su presunta participación en un secuestro, ella había señalado a Gil por nexos con el parmilitarismo. Las mutuas recriminaciones que ahora han salido a relucir tiene un trasfondo político local. Vea el video del "juego sucio" de la contienda política.
Fecha: 05/13/2008 -
Jaime Lombana, el abogado del presidente Álvaro Uribe, dijo a finales de la semana pasada que Yidis Medina debía ser investigada por extorsión, fraude procesal, falsedad y secuestro, y no por el delito de cohecho, por el cual la congresista se sometió a condena anticipada. Lombana se refería a los recientes fantasmas que le han reaparecido a la ex congresista, de su turbulenta vida política pasada en Barrancabermeja.
El primer espanto apareció en simultánea en diversos medios de comunicación en forma de entrevista televisada. En ese programa llamado “De Frente”, emitido en agosto 23 de 2007 en un canal local de Bucaramanga, y que los defensores del gobierno pusieron a recircular en estos días, Ricardo Sequeda, ex secretario de hacienda de la alcaldía de Barrancabermeja, acusó a Yidis Medina de haber estado detrás de su secuestro en diciembre del 2000. En la entrevista, Sequeda relata en forma dramática, cómo fue su secuestro por parte de algún grupo de “ideología izquierdista” y cómo mientras estuvo secuestrado, Medina le decía a los secuestradores que si la Alcaldía no le pagaba unos dineros que le debía a su cooperativa, debían matarlo.
Sequeda afirmó más adelante en la entrevista sin embargo, que luego de salir del secuestro, nunca denunció a las autoridades lo sucedido. El ex secretario sostuvo que cuando fue al Das al día siguiente de su liberación, un funcionario le dijo que no le recibirían una segunda denuncia porque ya tenían registrada la denuncia de Juan Carlos Carvajal, tesorero de la Alcaldía que había sido secuestrado junto con Sequeda, y había sido liberado primero. El caso del secuestro de ambos funcionarios pasó al Fiscal 1 delegado del Gaula, pero el 10 de septiembre de 2003 el proceso se suspendió, según relató Sequeda en la entrevista. El entrevistador de Sequeda, Alvaro Alférez, por esa época ya tenía vínculos con el partido Convergencia Ciudadana, que lideraba Luis Alberto Gil.
“Todo es un montaje para desprestigiar al Gobierno”: Teodolindo
La ‘yidis-política’
Cuatro días antes de que la entrevista con Sequeda saliera al aire,Yidis Medina había denunciado que Luis Alberto Gil tenía nexos con el paramilitarismo. Ella dijo que el “Tuerto” Gil, como le dicen al ex congresista ahora en la cárcel, había asistido a una reunión en San Rafael de Lebrija, con otros políticos y jefes paramilitares de la región. Puso además en duda la manera como Gil había utilizado los recursos de la salud en Santander.
La guerra política entre Yidis y Luis Alberto Gil fue captada en otro video (ver abajo) de la televisión local, donde Sequeda vuelve a acusar a Yidis de estar detrás de su secuestro y Gil se defiende de las acusaciones. Actualmente, Gil está siendo investigado por sus vínculos con el paramilitarismo por la Fiscalía, luego de que él renunciara a su fuero el año pasado.
Si Yidis tiene un pasado complicado de clientelismo extremo, Sequeda no se le queda corto. Tuvo varios procesos judiciales y terminó inhabilitado luego de su gestión como Secretario de Hacienda de la alcaldía de Elkin Bueno Altaora. Éste, su jefe político, fue destituido en 2004 por irregularidades, al igual que dos tesoreros de su equipo de gobierno, uno de ellos Juan Carlos Carvajal (el secuestrado con Sequeda). En Santander, Bueno y su equipo eran la cuota de Convergencia ciudadana. Y también se sospechaba desde hace tiempo, que líderes de este partido estaban relacionados con paramilitares, como hoy lo está investigando la justicia.
La pelea entre Sequeda y Yidis tiene que ver entonces con la disputa política por Barrancabermeja, siendo el primero de Convergencia Ciudadana y la segunda cercana a Horacio Serpa, el hoy gobernador liberal nacido en esa ciudad. Y los videos de mutuas acusaciones salieron al aire justo antes de las elecciones de octubre de 2007, en las competían por la gobernación Serpa y Didier Tavera, que gozaba el respaldo de Gil.
Las denuncias de Sequeda se conocían desde agosto del año pasado, pero la existencia de unas supuestas fotografías donde aparecería Yidis Medina con miembros de las Farc y del ELN cuando fue concejal, salieron coincidencialmente la semana pasada.
En una rueda de prensa, Jesús Villamizar, un fotógrafo de Barrancabermeja dijo que había recibido amenazas por parte de Yidis Medina contra su vida porque él tenía unas fotografías que había tomado cuando trabajaba como fotógrafo en el periódico Vanguardia Liberal, en las que aparecía Yidis con miembros de la guerrilla.
Villamizar dijo que en total eran tres fotografías, pero que las había destruido por su protección y denunció ante el DAS que unos hombres que trabajaban para Medina lo habrían amenazado en el puerto de Barrancabermeja hace un par de días. Como las fotografías no existen es difícil saber a ciencia cierta si Villamizar dice la verdad.
La defensa de Yidis
Luego de estas acusaciones, el abogado de Yidis Medina, Ramón Ballesteros salió a defender a su apoderada. Ballesteros explicó que en ese entonces Yidis manejaba un programa del municipio, financiado con dinero del Plan Colombia en Barrancabermeja que buscaba generar empleo a 1.500 mujeres. Dijo que en noviembre del 2000 les habían suspendido el pago y que el mes siguiente, en vista de que no les habían pagado, varias mujeres del programa ingresaron a la fuerza a protestar a la oficina de Yidis y ella tuvo que escabullirse.
Unos días después, la guerrilla la buscó para que explicara por qué no le habían pagado a las mujeres y ella había dicho que la responsabilidad de los pagos estaba a cargo del Secretario de Hacienda, en ese entonces, Ricardo Sequeda. El abogado de Medina dijo que desde entonces el ex Secretario de Hacienda había dicho que se vengaría de ella, al culparla por su secuestro.
Por otro lado, Ballesteros cuestionó la actitud de la directora del DAS, al haber convocado una rueda de prensa para que el fotógrafo Jesús Villamizar diera su versión ante los medios de las supuestas amenazas en su contra por parte de Yidis Medina, sin presentar pruebas.
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martes, 20 de mayo de 2008
Y de las víctimas qué?
Formalmente los gobiernos se comprometieron a garantizar la reparación a las víctimas. ¿Qué pasará con la verdad y la justicia?
Fecha: 05/14/2008 -
El camino de la extradición a los paramilitares lo abrió Carlos Mario Jiménez, Macaco, el pasado 7 de mayo, cuando luego de una pelea jurídica que duró más de un mes, el Consejo Superior de la Judicatura tumbó la tutela que había frenado durante un par de semanas la extradición del jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar.
La tutela interpuesta por las víctimas pedía que, hasta no responder ante la justicia en Colombia, los jefes paramilitares pedidos en extradición no fueran llevados a Estados Unidos, como mecanismo para que quienes sufrieron por el accionar de estos grupos pudieran acceder a la justicia, la verdad y la reparación.
El Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, declaró improcedente esta acción de tutela porque, de acuerdo a la sentencia, las víctimas pueden ser reparadas por decreto y porque la extradición “no impide que puedan continuar las investigaciones y juicios a que hubiera lugar, puesto que la justicia colombiana no pierde la competencia para seguir adelantando dichas actuaciones”.
De acuerdo a esta sentencia, la extradición y la ley de Justicia y Paz no se excluyen la una a la otra. El ejecutivo ha dicho que, por lo menos en cuanto a reparación, las víctimas pueden estar seguras de que se les cumplirá.
“El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos”, dijo en su alocución de este martes al mediodía el presidente Uribe.
¿Verdad y justicia?
Pero pese a lo que han dicho las Cortes, y a lo que ha refrendado el Ejecutivo, las víctimas se muestran enfáticas en demandar verdad y justicia antes que una reparación económica.
Eduardo Pizarro, presidente del Comité Nacional para la Reparación y la Reconciliación, dijo a Semana.com, que la víctima promedio de los grupos paramilitares en Colombia es una mujer madre cabeza de familia, de origen rural, con primaria incompleta y entre los estratos cero y uno. Perfil que se debe tener en cuenta cuando se plantee el acceso a la justicia de estas víctimas.
El mecanismo operativo a través del cual en los días venideros éstas personas podrán acceder a la verdad y a la justicia, no es del todo claro ni del todo convincente. El representante del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, Iván Cepeda dijo temer que con el anuncio de la reparación económica se crea que ya los victimarios cumplieron con su deber.
Cepeda también contó que en el viaje que recientemente hizo a Estados Unidos, el grupo de víctimas al cual representa hizo contactos con abogados de éste país para que los representen. “Lo primero es entregarle el poder de representación a los abogados. Luego, que se evite cualquier tipo de acuerdo que vaya a lesionar los derechos de las víctimas”. Esta sería una de las formulas que estarían a disposición de las víctimas para demandar de sus victimarios aquellos derechos que están en duda.
En carta fechada este miércoles al embajador William Brownfield, la Comisión de Reparación invoca la ley Alien Torts Claims Act –ley para demandar agravios cometidos por extranjeros- como estrategia para evitar el detrimento de los derechos de las víctimas. De acuerdo a lo dicho por Pizarro, esta ley ha sido efectiva en más de un centenar de casos similares en Estados Unidos, donde han sido juzgados ciudadanos foráneos. Posiblemente esta fórmula se aplique a los paramilitares extraditados, paralelamente a los procesos que enfrentan por narcotráfico en Estados Unidos.
Con la Corte Penal Internacional también hay posibilidades para que los crímenes de lesa humanidad,- algunos de los cuales ya han sido confesados- cometidos por los jefes paramilitares extraditados no queden impunes. El abogado Jorge Gómez Pardo, experto en derecho internacional, dijo que si bien la CPI aún no tiene competencia en Colombia para juzgar delitos de guerra, o genocidios, si la tiene para juzgar los de lesa humanidad. “Si el país no tiene disposición o capacidad para juzgarlos, ahí entraría la Corte Penal Internacional”, dijo en diálogo telefónico con Semana.com. Una última formula a la cual se podría invocar de fallar las anteriores.
Las formulas judiciales existen, y en caso de no ser útil alguna, lo sería la otra. Sin embargo, el problema del acceso a la verdad y a la justicia sigue sin resolverse. Estos mecanismos no garantizan que esa mujer, cabeza de hogar, sin estudios, del campo y sumida en la pobreza, pueda reclamar la verdad, la justicia y la reparación a la cual tiene derecho.
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Formalmente los gobiernos se comprometieron a garantizar la reparación a las víctimas. ¿Qué pasará con la verdad y la justicia?
Fecha: 05/14/2008 -
El camino de la extradición a los paramilitares lo abrió Carlos Mario Jiménez, Macaco, el pasado 7 de mayo, cuando luego de una pelea jurídica que duró más de un mes, el Consejo Superior de la Judicatura tumbó la tutela que había frenado durante un par de semanas la extradición del jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar.
La tutela interpuesta por las víctimas pedía que, hasta no responder ante la justicia en Colombia, los jefes paramilitares pedidos en extradición no fueran llevados a Estados Unidos, como mecanismo para que quienes sufrieron por el accionar de estos grupos pudieran acceder a la justicia, la verdad y la reparación.
El Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, declaró improcedente esta acción de tutela porque, de acuerdo a la sentencia, las víctimas pueden ser reparadas por decreto y porque la extradición “no impide que puedan continuar las investigaciones y juicios a que hubiera lugar, puesto que la justicia colombiana no pierde la competencia para seguir adelantando dichas actuaciones”.
De acuerdo a esta sentencia, la extradición y la ley de Justicia y Paz no se excluyen la una a la otra. El ejecutivo ha dicho que, por lo menos en cuanto a reparación, las víctimas pueden estar seguras de que se les cumplirá.
“El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos”, dijo en su alocución de este martes al mediodía el presidente Uribe.
¿Verdad y justicia?
Pero pese a lo que han dicho las Cortes, y a lo que ha refrendado el Ejecutivo, las víctimas se muestran enfáticas en demandar verdad y justicia antes que una reparación económica.
Eduardo Pizarro, presidente del Comité Nacional para la Reparación y la Reconciliación, dijo a Semana.com, que la víctima promedio de los grupos paramilitares en Colombia es una mujer madre cabeza de familia, de origen rural, con primaria incompleta y entre los estratos cero y uno. Perfil que se debe tener en cuenta cuando se plantee el acceso a la justicia de estas víctimas.
El mecanismo operativo a través del cual en los días venideros éstas personas podrán acceder a la verdad y a la justicia, no es del todo claro ni del todo convincente. El representante del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, Iván Cepeda dijo temer que con el anuncio de la reparación económica se crea que ya los victimarios cumplieron con su deber.
Cepeda también contó que en el viaje que recientemente hizo a Estados Unidos, el grupo de víctimas al cual representa hizo contactos con abogados de éste país para que los representen. “Lo primero es entregarle el poder de representación a los abogados. Luego, que se evite cualquier tipo de acuerdo que vaya a lesionar los derechos de las víctimas”. Esta sería una de las formulas que estarían a disposición de las víctimas para demandar de sus victimarios aquellos derechos que están en duda.
En carta fechada este miércoles al embajador William Brownfield, la Comisión de Reparación invoca la ley Alien Torts Claims Act –ley para demandar agravios cometidos por extranjeros- como estrategia para evitar el detrimento de los derechos de las víctimas. De acuerdo a lo dicho por Pizarro, esta ley ha sido efectiva en más de un centenar de casos similares en Estados Unidos, donde han sido juzgados ciudadanos foráneos. Posiblemente esta fórmula se aplique a los paramilitares extraditados, paralelamente a los procesos que enfrentan por narcotráfico en Estados Unidos.
Con la Corte Penal Internacional también hay posibilidades para que los crímenes de lesa humanidad,- algunos de los cuales ya han sido confesados- cometidos por los jefes paramilitares extraditados no queden impunes. El abogado Jorge Gómez Pardo, experto en derecho internacional, dijo que si bien la CPI aún no tiene competencia en Colombia para juzgar delitos de guerra, o genocidios, si la tiene para juzgar los de lesa humanidad. “Si el país no tiene disposición o capacidad para juzgarlos, ahí entraría la Corte Penal Internacional”, dijo en diálogo telefónico con Semana.com. Una última formula a la cual se podría invocar de fallar las anteriores.
Las formulas judiciales existen, y en caso de no ser útil alguna, lo sería la otra. Sin embargo, el problema del acceso a la verdad y a la justicia sigue sin resolverse. Estos mecanismos no garantizan que esa mujer, cabeza de hogar, sin estudios, del campo y sumida en la pobreza, pueda reclamar la verdad, la justicia y la reparación a la cual tiene derecho.
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Cómo siguieron delinquiendo
Estos son los episodios más sonados
Fecha: 05/13/2008 -
Desde que comenzaron las negociaciones en Santa Fé de Ralito, Córdoba, los jefes paramilitares desmovilizados utilizaron las zona de concentración para continuar con sus negocios ilegales: tráfico de drogas, lavado de dinero, manejos de prostitución y sobornos a la Fuerza Pública. Así lo denunció SEMANA hace un año.
Otro episodio grave que indicaría que los jefes paras continuaban en sus andanzas criminales lo protagonizó Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, acusado del crimen del diputado de Córdoba Orlando Benítez en abril del 2005. El Gobierno encontró sospechas tan graves de la responsabilidad de Don Berna que suspendió las negociaciones en Ralito y ordenó su detención.
Don Berna se entregó a la policía y luego fue trasladado a prisión. Entre tanto sus compañeros fueron ubicados en la sede de un antiguo centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial. De allí fueron sacados sorpresivamente en otro operativo relámpago por graves sospechas de que desde allí despachaban y continuaban al frente de sus empresas criminales. Fue así que Don Berna y sus pares se reencontraron en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí.
En mayo del año, cuando los principales jefes paras estaban recluidos allí, SEMANA reveló escandalosas comunicaciones en donde se evidenciaba cómo desde esa prisión, 17 de éstos jefes ordenaban asesinatos, extorsionaban, coordinaban sus negocios narcotráfico y hasta dirigían el rearme de los llamados grupos emergentes. Para adelantar estas acciones paramilitares como Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, contaban con celulares e internet dentro de la prisión que les permitía mantener una comunicación fluida con sus hombres de confianza.
“Todo el mundo sabe que el que no venda la mercancía blanca a 22 , (2.200.000 pesos) se calienta. Usted sabe cómo es, ellos son blancos y entre blancos se entienden”, dice Mancuso en una llamada donde con su hombre de confianza la compra y venta de cocaína. Otro subalterno en libertad conocido como ‘Goyo’, del Frente Elmer Cárdenas liderado por ‘El Alemán’ habla e imparte la orden de desenterrar los fusiles que no entregaron cuando se desmovilizaron y dicen que hay que seguir con el dominio de barrios y pueblos enteros que no están dispuestos a perder.
“Usted sabe que ahí tenemos varias escopeticas de esas de repetición. Es que uno se azara pa’ meterlas por ahí, hay que tenerlas guardadas”. En el mismo informe también se reveló una llamada de la directora de la cárcel Yolanda Rodríguez en donde ésta muestra sus desespero por el descontrol que se vive en la prisión “Esto cada día se está poniendo peor. Aquí cambian de orden todos los días. Yo aquí digo que no y entonces ahí mismo llaman al director general, al Comisionado, al Ministro y si no, al Presidente”, dice la funcionaria en la llamada.
También se revelaron las componendas y los negocios que los jefes desmovilizados tenían con políticos, hoy involucrados con el escándalo de la parapolítica. En unas conversaciones telefónicas que les grabaron las autoridades se encontró cómo alcaldes, gobernadores, congresistas acordaban con ellos contratos de salud pública, pactos de elecciones, entre otros.
En febrero pasado la prisión de Itaguí produjo otro escándalo cuando una comisión del Inpec hizo un operativo sorpresa y halló una pistola, una granada y 9.5 millones de pesos en la zona donde estaban recluidos los jefes paras. Las primeros indicios indicaron que el armamento y el dinero pertenecía a ‘Ernesto Báez’, más adelante se conoció un comunicado unánime donde todos admitieron que el dinero pertenecía a un fondo común y negaron responsabilidad sobre las armas encontradas.
Estos episodios y el discreto avance en las confesiones y la entrega de bienes en el proceso de Justicia y Paz indicaban que los jefes paras tenía otras intenciones prioritarias más allá de colaborar con la justicia. Hace apenas una semana el director de la Dijin, Coronel Cesar Augusto Pinzón, informó que avanzaba en una investigación especial a los desmovilizados que posiblemente seguían delinquiendo desde las cárceles del país. Es muy probable que los hallazgos del coronel Pinzón hayan sido la gota que colmó la paciencia del gobierno y lo llevó a tomar la decisión de extraditar súbita y masivamente a 14 de los más temidos jefes paramilitares.
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Estos son los episodios más sonados
Fecha: 05/13/2008 -
Desde que comenzaron las negociaciones en Santa Fé de Ralito, Córdoba, los jefes paramilitares desmovilizados utilizaron las zona de concentración para continuar con sus negocios ilegales: tráfico de drogas, lavado de dinero, manejos de prostitución y sobornos a la Fuerza Pública. Así lo denunció SEMANA hace un año.
Otro episodio grave que indicaría que los jefes paras continuaban en sus andanzas criminales lo protagonizó Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, acusado del crimen del diputado de Córdoba Orlando Benítez en abril del 2005. El Gobierno encontró sospechas tan graves de la responsabilidad de Don Berna que suspendió las negociaciones en Ralito y ordenó su detención.
Don Berna se entregó a la policía y luego fue trasladado a prisión. Entre tanto sus compañeros fueron ubicados en la sede de un antiguo centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial. De allí fueron sacados sorpresivamente en otro operativo relámpago por graves sospechas de que desde allí despachaban y continuaban al frente de sus empresas criminales. Fue así que Don Berna y sus pares se reencontraron en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí.
En mayo del año, cuando los principales jefes paras estaban recluidos allí, SEMANA reveló escandalosas comunicaciones en donde se evidenciaba cómo desde esa prisión, 17 de éstos jefes ordenaban asesinatos, extorsionaban, coordinaban sus negocios narcotráfico y hasta dirigían el rearme de los llamados grupos emergentes. Para adelantar estas acciones paramilitares como Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, contaban con celulares e internet dentro de la prisión que les permitía mantener una comunicación fluida con sus hombres de confianza.
“Todo el mundo sabe que el que no venda la mercancía blanca a 22 , (2.200.000 pesos) se calienta. Usted sabe cómo es, ellos son blancos y entre blancos se entienden”, dice Mancuso en una llamada donde con su hombre de confianza la compra y venta de cocaína. Otro subalterno en libertad conocido como ‘Goyo’, del Frente Elmer Cárdenas liderado por ‘El Alemán’ habla e imparte la orden de desenterrar los fusiles que no entregaron cuando se desmovilizaron y dicen que hay que seguir con el dominio de barrios y pueblos enteros que no están dispuestos a perder.
“Usted sabe que ahí tenemos varias escopeticas de esas de repetición. Es que uno se azara pa’ meterlas por ahí, hay que tenerlas guardadas”. En el mismo informe también se reveló una llamada de la directora de la cárcel Yolanda Rodríguez en donde ésta muestra sus desespero por el descontrol que se vive en la prisión “Esto cada día se está poniendo peor. Aquí cambian de orden todos los días. Yo aquí digo que no y entonces ahí mismo llaman al director general, al Comisionado, al Ministro y si no, al Presidente”, dice la funcionaria en la llamada.
También se revelaron las componendas y los negocios que los jefes desmovilizados tenían con políticos, hoy involucrados con el escándalo de la parapolítica. En unas conversaciones telefónicas que les grabaron las autoridades se encontró cómo alcaldes, gobernadores, congresistas acordaban con ellos contratos de salud pública, pactos de elecciones, entre otros.
En febrero pasado la prisión de Itaguí produjo otro escándalo cuando una comisión del Inpec hizo un operativo sorpresa y halló una pistola, una granada y 9.5 millones de pesos en la zona donde estaban recluidos los jefes paras. Las primeros indicios indicaron que el armamento y el dinero pertenecía a ‘Ernesto Báez’, más adelante se conoció un comunicado unánime donde todos admitieron que el dinero pertenecía a un fondo común y negaron responsabilidad sobre las armas encontradas.
Estos episodios y el discreto avance en las confesiones y la entrega de bienes en el proceso de Justicia y Paz indicaban que los jefes paras tenía otras intenciones prioritarias más allá de colaborar con la justicia. Hace apenas una semana el director de la Dijin, Coronel Cesar Augusto Pinzón, informó que avanzaba en una investigación especial a los desmovilizados que posiblemente seguían delinquiendo desde las cárceles del país. Es muy probable que los hallazgos del coronel Pinzón hayan sido la gota que colmó la paciencia del gobierno y lo llevó a tomar la decisión de extraditar súbita y masivamente a 14 de los más temidos jefes paramilitares.
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¿Por qué el gobierno tomó la súbita decisión?
La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
Fecha: 05/13/2008 -
La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.
Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.
Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
¿Y de las víctimas qué?
“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".
Y la parapolítica...
Los hombres de Giraldo
Cómo siguieron delinquiendo
Respeto la decisión del gobierno pero los procesos continuan: Mario Iguarán
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Tendrán garantías las víctimas: William Bronwfield
Extradición masiva de paramilitares
En alocución presidencial, Álvaro Uribe sustenta la extradición de los jefes paramilitares
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.
También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?
Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?
Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.
¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?
A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.
En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.
Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.
El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?
Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.
Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.
SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.
Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
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La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
Fecha: 05/13/2008 -
La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.
Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.
Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
¿Y de las víctimas qué?
“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".
Y la parapolítica...
Los hombres de Giraldo
Cómo siguieron delinquiendo
Respeto la decisión del gobierno pero los procesos continuan: Mario Iguarán
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Tendrán garantías las víctimas: William Bronwfield
Extradición masiva de paramilitares
En alocución presidencial, Álvaro Uribe sustenta la extradición de los jefes paramilitares
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.
También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?
Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?
Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.
¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?
A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.
En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.
Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.
El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?
Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.
Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.
SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.
Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
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Los hombres de Giraldo
Cinco de los extraditados pertenecían al Bloque resistencia Tayrona y siguieron enviando droga a E.U.
Fecha: 05/13/2008 -
Uno de los hechos más relevantes de la masiva extradición de los jefes paramilitares es que cinco de los trece extraditados pertenecen a una misma estructura delincuencial, liderada por Hernán Giraldo. Conocido con el alias de “El Viejo” fue el comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc. Durante la última década Giraldo al frente de un ejército de 1.200 hombres, según la Policía, controló las principales rutas para el envío de droga por el Caribe desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Giraldo se desmovilizó el 3 de febrero de 2006 pero varios de sus lugartenientes continuaron al frente del negocio de tráfico de estupefacientes.
Con Giraldo desmovilizado el “negocio” quedó en manos de su sobrino Nodier Giraldo Giraldo, alias “El Cabezón”. Éste se apoyó en varios hombres clave que hicieron parte del Resistencia Tayrona, quienes también fueron extraditados el martes pasado. Uno de ellos era Martín Peñaranda Osorio. Conocido con el alias de “El Burro”, era el encargado del cobrar a los narcotraficantes que querían utilizar las rutas de la Sierra Nevada. También se encargaba de conseguir y vender para diversos grupos de traficantes información sobre la ubicación de las embarcaciones antidrogas de Colombia, Gran Bretaña y Estados Unidos que estaba en el Caribe, según informes de la DEA. Para los estadounidenses “El Burro” es uno de los personajes mas importantes dentro de este grupo de extraditados ya que la venta de esas cartas de navegación es considerado como un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos.
Otro de los hombres importantes del grupo es Eduardo Enrique Vengoechea. Fue el jefe militar del Resistencia Tayrona en donde lo conocían con el alias de “El Flaco”. Aunque fue capturado el 26 de noviembre de 2004, y desde esa fecha estaba en prisión, “El Flaco” , continúo coordinando una parte fundamental dentro de la organización como era el dspacho de las lanchas rápidas que llevan la droga por alta mar. Según documentos oficiales norteamericanos, “El Flaco” está involucrado en negocios de narcotráfico desde 1994 en compañía de Edwin Mauricio Gómez, otro de los extraditados
El otro personaje enviado por el gobierno de Colombia es Manuel Enrique Torregrosa. Aunque hacía parte del Bloque Norte de las AUC, y se desmovilizó en marzo de 2006, Torregrosa, conocido como “Chan”, se alió con parte de la organización de Giraldo para el envío de droga. “Chan” coordinaba las rutas de tráfico que iban desde el Atlántico hacía Venezuela.
Las razones del gobierno norteamericano para haber solicitado la extradición de este grupo básicamente consisten en un detallado seguimiento que les venían haciendo desde hacía dos años el cual deja en evidencia que trabajaron para diferentes, y poderosas organizaciones de traficantes .
Antes de la desmovilización de Hernán Giraldo, el grupo trabaja exclusivamente para él Cuando éste entró al proceso de Justicia y Paz, las codiciadas rutas por la Sierra Nevada empezaron a ser disputadas por diferentes sectores. Uno de los primeros en aprovechar que Giraldo no estaba en la zona fue Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Durante varios meses el ex comandante del Bloque Norte controló esa rutas, siempre en complicidad con Nodier Giraldo, Peñaranda, Vengoechea y Torresgrosa. Tras la desmovilización de “Jorge 40” a la región llegaron Victor Manuel y Miguel Angel Mejía Múnera, alias “Los Mellizos”. Allí conformaron un temido grupo emergente conocido como “Los Nevados”.
Nodier Giraldo y los demás terminaron aliados con ellos. La importancia de Nodier y sus camaradas es que conocen como pocos no sólo los más mínimos detalles de las rutas más importantes desde la Sierra Nevada por el Caribe y Venezuela. También saben cuáles fueron los diferentes grupos de traficantes de droga que exportaron estupefacientes por la región. La zona que “controlaban” desde el cautiverio es, según los estimativos de la DEA, por donde sale cerca del 25 por ciento de la producción total de droga del país, aproximadamente 100 toneladas anuales.
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Cinco de los extraditados pertenecían al Bloque resistencia Tayrona y siguieron enviando droga a E.U.
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Uno de los hechos más relevantes de la masiva extradición de los jefes paramilitares es que cinco de los trece extraditados pertenecen a una misma estructura delincuencial, liderada por Hernán Giraldo. Conocido con el alias de “El Viejo” fue el comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc. Durante la última década Giraldo al frente de un ejército de 1.200 hombres, según la Policía, controló las principales rutas para el envío de droga por el Caribe desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Giraldo se desmovilizó el 3 de febrero de 2006 pero varios de sus lugartenientes continuaron al frente del negocio de tráfico de estupefacientes.
Con Giraldo desmovilizado el “negocio” quedó en manos de su sobrino Nodier Giraldo Giraldo, alias “El Cabezón”. Éste se apoyó en varios hombres clave que hicieron parte del Resistencia Tayrona, quienes también fueron extraditados el martes pasado. Uno de ellos era Martín Peñaranda Osorio. Conocido con el alias de “El Burro”, era el encargado del cobrar a los narcotraficantes que querían utilizar las rutas de la Sierra Nevada. También se encargaba de conseguir y vender para diversos grupos de traficantes información sobre la ubicación de las embarcaciones antidrogas de Colombia, Gran Bretaña y Estados Unidos que estaba en el Caribe, según informes de la DEA. Para los estadounidenses “El Burro” es uno de los personajes mas importantes dentro de este grupo de extraditados ya que la venta de esas cartas de navegación es considerado como un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos.
Otro de los hombres importantes del grupo es Eduardo Enrique Vengoechea. Fue el jefe militar del Resistencia Tayrona en donde lo conocían con el alias de “El Flaco”. Aunque fue capturado el 26 de noviembre de 2004, y desde esa fecha estaba en prisión, “El Flaco” , continúo coordinando una parte fundamental dentro de la organización como era el dspacho de las lanchas rápidas que llevan la droga por alta mar. Según documentos oficiales norteamericanos, “El Flaco” está involucrado en negocios de narcotráfico desde 1994 en compañía de Edwin Mauricio Gómez, otro de los extraditados
El otro personaje enviado por el gobierno de Colombia es Manuel Enrique Torregrosa. Aunque hacía parte del Bloque Norte de las AUC, y se desmovilizó en marzo de 2006, Torregrosa, conocido como “Chan”, se alió con parte de la organización de Giraldo para el envío de droga. “Chan” coordinaba las rutas de tráfico que iban desde el Atlántico hacía Venezuela.
Las razones del gobierno norteamericano para haber solicitado la extradición de este grupo básicamente consisten en un detallado seguimiento que les venían haciendo desde hacía dos años el cual deja en evidencia que trabajaron para diferentes, y poderosas organizaciones de traficantes .
Antes de la desmovilización de Hernán Giraldo, el grupo trabaja exclusivamente para él Cuando éste entró al proceso de Justicia y Paz, las codiciadas rutas por la Sierra Nevada empezaron a ser disputadas por diferentes sectores. Uno de los primeros en aprovechar que Giraldo no estaba en la zona fue Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Durante varios meses el ex comandante del Bloque Norte controló esa rutas, siempre en complicidad con Nodier Giraldo, Peñaranda, Vengoechea y Torresgrosa. Tras la desmovilización de “Jorge 40” a la región llegaron Victor Manuel y Miguel Angel Mejía Múnera, alias “Los Mellizos”. Allí conformaron un temido grupo emergente conocido como “Los Nevados”.
Nodier Giraldo y los demás terminaron aliados con ellos. La importancia de Nodier y sus camaradas es que conocen como pocos no sólo los más mínimos detalles de las rutas más importantes desde la Sierra Nevada por el Caribe y Venezuela. También saben cuáles fueron los diferentes grupos de traficantes de droga que exportaron estupefacientes por la región. La zona que “controlaban” desde el cautiverio es, según los estimativos de la DEA, por donde sale cerca del 25 por ciento de la producción total de droga del país, aproximadamente 100 toneladas anuales.
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Mayo 13 de 2008
Perfil de Salvatore Mancuso, el heredero político y rival de Carlos Castaño
Fue la cabeza visible de la desmovilización de las Autodefensas en el polémico proceso de Santa Fe Ralito. Ayer declaró que las multinacionales bananeras también hicieron aportes a los paramilitares.
Salvatore Mancuso Gómez, hijo de un inmigrante italiano, comandó a los paramilitares en siete departamentos: Sucre, Bolívar, Magdalena, César, Santander, Norte de Santander y Guajira.
Sus amigos lo describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero, sobre todo, rencoroso. Se trata del mismo joven que en los 90 llegó a la brigada XI con sede en Montería (Córdoba) para denunciar la extorsión de la que era víctima su familia.
El frente 38 de las Farc había convertido al gremio de los ganaderos, al que pertenecía Mancuso, en la principal fuente de financiación. Dicen quienes conocen la historia, que Mancuso salió de la brigada con las armas suficientes para dotar a un grupo de ex soldados profesionales que él contrató y que lo acompañaría en su cruzada: combatir a la guerrilla por sus propios medios.
Desde ese momento empezó a liderar a Los Tangueros, un grupo que posteriomente se unió a las filas de Fidel Castaño, que para entonces también enfrentaba a las Farc luego del secuestro y asesinato de su padre, Jesús.
Luego de la desaparición de Fidel, su hermano menor, Carlos, asumió la jefatura de las Auc y, desde entonces, Mancuso se convirtió en su hombre de confianza.
Según su propio testimonio, luego de ingresar a las Auc, se especializó en guerra de guerrillas, en Vietnam, estudió inglés en E.U. y se hizo piloto de helicópteros gracias a las enseñanzas de un capitán retirado del Ejército.
A su cargo estuvo la conformación de la flotilla de helicópteros con que cuentan las autodefensas. Por sus características y formación, era la persona encargada del ala militar de las Auc.
A él le fueron encargadas la conquista del Nudo de Paramillo, ocupar el Sur de Bolívar (territorio del Eln), y controlar la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en los años 90.
La división
Pero más que su importancia dentro de esa organización, lo que más valoraba el desaparecido fundador de las Auc Carlos Castaño de quien siempre fue considerado su mano derecha, es el hecho de que le salvó la vida en una oportunidad de un ataque de las Farc.
El 31 de diciembre del 2000 a las 9:00 de la noche, 100 hombres de un frente de las Farc rodearon la finca El Diamante, en el corazón del Nudo de Paramillo, el fortín de Castaño.
Los guerrilleros lo superaban en hombres y armas. Fue entonces cuando Mancusso apareció en un helicóptero Black Hawk artillado, piloteado por él mismo y desde donde se disparaban ráfagas de fusil que ahuyentaron a los guerrilleros. En medio de los disparos, el helicóptero aterrizó y Castaño subió: "compadre me salvaste la vida", le dijo.
Paradójicamente, Mancuso fue quien posteriormente precipitó la renuncia de Castaño a la comandancia. Fuentes cercanas a esa organización al margen de la ley, aseguran que, aunque desde tiempo atrás Mancuso y sus hombres le cuestionaron a Castaño su debil posición ante la arremetida militar y judicial que el gobierno desató en contra de las Auc, la verdadera crisis estalló el día en que la Fiscalía tocó a la familia de Mancuso, en 2001.
El allanamiento a su casa se hizo en presencia de sus dos hijos y en él murió uno de sus trabajadores. Para Mancuso, la reacción de Castaño ante esta embestida de la justicia fue más que débil. Según las fuentes, Mancuso creía que ya era hora de responderle militarmente al Estado.
Conocido como el 'Mono Mancuso', 'Santander Lozada', 'José Manuel', 'Triple Cero' o 'El Cacique', es hijo del inmigrante italiano Salvatore Mancuso y de la monteriana Gladys Gómez.
Aunque inicialmente los Mancuso llegaron a Montería para instalar sus negocios de metalmecánica, terminaron convirtiéndose en prósperos ganaderos y en una de las familias más respetadas de la región.
El Mono estudió su primaria y bachillerato en el mejor colegio de la región. No obstante, según organismos de inteligencia, allí no existe ningún reporte que demuestre el paso de Mancuso.
Mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Javeriana de Bogotá y luego administración agropecuaria, conoció a gente muy importante e influyente en la política del país.
Entre su grupo de amigos figuran varios políticos. Se casó muy joven, con Martha Elena Dereix, hija de una familia tradicional de la región de origen francés, clan que al igual que el de los Mancuso, se dedica al negocio de la ganadería. Dereix es la heredera de la hacienda El Torno, con más 15 mil hectáreas, una de las haciendas más lindas de la región.
Los organismos de seguridad lo comparan con Ricardo Palmera alias 'Simón Trinidad', comandante del bloque Caribe de las Farc, un hombre influyente en Valledupar y de muy buena familia tanto como Mancusso.
Los procesos
Salvatore Mancuso, según él, pasó a la clandestinidad en 1998, tras la consecutiva judicialización de sus acciones, especialmente en Norte de Santander, cuando inició la que ellos llamaron conquista del Catatumbo.
Desde entonces, la Fiscalía ha proferido 10 órdenes de captura en su contra. La primera de ellas fue proferida por la Dirección de Fiscalías Regional Cúcuta, por secuestro extorsivo, el 10 de septiembre de 1997.
Posteriormente, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio y presunto paramilitarismo, el 18 de septiembre de 1997.
Otras cuatro ordenes de captura por el delito de homicidio, lesiones personales y concierto para delinquir ordenó la Fiscalía Regional de Bogotá, dentro de los procesos 13237, 25719, 334, 091 y 279U.
El 7 de octubre de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Norte de Santander ordenó su detención por secuestro extorsivo y paramilitarismo.
El 13 de noviembre de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio.
El 19 de noviembre, la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá, ordenó detención por el delito de homicidio.
www.eltiempo.com
Perfil de Salvatore Mancuso, el heredero político y rival de Carlos Castaño
Fue la cabeza visible de la desmovilización de las Autodefensas en el polémico proceso de Santa Fe Ralito. Ayer declaró que las multinacionales bananeras también hicieron aportes a los paramilitares.
Salvatore Mancuso Gómez, hijo de un inmigrante italiano, comandó a los paramilitares en siete departamentos: Sucre, Bolívar, Magdalena, César, Santander, Norte de Santander y Guajira.
Sus amigos lo describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero, sobre todo, rencoroso. Se trata del mismo joven que en los 90 llegó a la brigada XI con sede en Montería (Córdoba) para denunciar la extorsión de la que era víctima su familia.
El frente 38 de las Farc había convertido al gremio de los ganaderos, al que pertenecía Mancuso, en la principal fuente de financiación. Dicen quienes conocen la historia, que Mancuso salió de la brigada con las armas suficientes para dotar a un grupo de ex soldados profesionales que él contrató y que lo acompañaría en su cruzada: combatir a la guerrilla por sus propios medios.
Desde ese momento empezó a liderar a Los Tangueros, un grupo que posteriomente se unió a las filas de Fidel Castaño, que para entonces también enfrentaba a las Farc luego del secuestro y asesinato de su padre, Jesús.
Luego de la desaparición de Fidel, su hermano menor, Carlos, asumió la jefatura de las Auc y, desde entonces, Mancuso se convirtió en su hombre de confianza.
Según su propio testimonio, luego de ingresar a las Auc, se especializó en guerra de guerrillas, en Vietnam, estudió inglés en E.U. y se hizo piloto de helicópteros gracias a las enseñanzas de un capitán retirado del Ejército.
A su cargo estuvo la conformación de la flotilla de helicópteros con que cuentan las autodefensas. Por sus características y formación, era la persona encargada del ala militar de las Auc.
A él le fueron encargadas la conquista del Nudo de Paramillo, ocupar el Sur de Bolívar (territorio del Eln), y controlar la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en los años 90.
La división
Pero más que su importancia dentro de esa organización, lo que más valoraba el desaparecido fundador de las Auc Carlos Castaño de quien siempre fue considerado su mano derecha, es el hecho de que le salvó la vida en una oportunidad de un ataque de las Farc.
El 31 de diciembre del 2000 a las 9:00 de la noche, 100 hombres de un frente de las Farc rodearon la finca El Diamante, en el corazón del Nudo de Paramillo, el fortín de Castaño.
Los guerrilleros lo superaban en hombres y armas. Fue entonces cuando Mancusso apareció en un helicóptero Black Hawk artillado, piloteado por él mismo y desde donde se disparaban ráfagas de fusil que ahuyentaron a los guerrilleros. En medio de los disparos, el helicóptero aterrizó y Castaño subió: "compadre me salvaste la vida", le dijo.
Paradójicamente, Mancuso fue quien posteriormente precipitó la renuncia de Castaño a la comandancia. Fuentes cercanas a esa organización al margen de la ley, aseguran que, aunque desde tiempo atrás Mancuso y sus hombres le cuestionaron a Castaño su debil posición ante la arremetida militar y judicial que el gobierno desató en contra de las Auc, la verdadera crisis estalló el día en que la Fiscalía tocó a la familia de Mancuso, en 2001.
El allanamiento a su casa se hizo en presencia de sus dos hijos y en él murió uno de sus trabajadores. Para Mancuso, la reacción de Castaño ante esta embestida de la justicia fue más que débil. Según las fuentes, Mancuso creía que ya era hora de responderle militarmente al Estado.
Conocido como el 'Mono Mancuso', 'Santander Lozada', 'José Manuel', 'Triple Cero' o 'El Cacique', es hijo del inmigrante italiano Salvatore Mancuso y de la monteriana Gladys Gómez.
Aunque inicialmente los Mancuso llegaron a Montería para instalar sus negocios de metalmecánica, terminaron convirtiéndose en prósperos ganaderos y en una de las familias más respetadas de la región.
El Mono estudió su primaria y bachillerato en el mejor colegio de la región. No obstante, según organismos de inteligencia, allí no existe ningún reporte que demuestre el paso de Mancuso.
Mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Javeriana de Bogotá y luego administración agropecuaria, conoció a gente muy importante e influyente en la política del país.
Entre su grupo de amigos figuran varios políticos. Se casó muy joven, con Martha Elena Dereix, hija de una familia tradicional de la región de origen francés, clan que al igual que el de los Mancuso, se dedica al negocio de la ganadería. Dereix es la heredera de la hacienda El Torno, con más 15 mil hectáreas, una de las haciendas más lindas de la región.
Los organismos de seguridad lo comparan con Ricardo Palmera alias 'Simón Trinidad', comandante del bloque Caribe de las Farc, un hombre influyente en Valledupar y de muy buena familia tanto como Mancusso.
Los procesos
Salvatore Mancuso, según él, pasó a la clandestinidad en 1998, tras la consecutiva judicialización de sus acciones, especialmente en Norte de Santander, cuando inició la que ellos llamaron conquista del Catatumbo.
Desde entonces, la Fiscalía ha proferido 10 órdenes de captura en su contra. La primera de ellas fue proferida por la Dirección de Fiscalías Regional Cúcuta, por secuestro extorsivo, el 10 de septiembre de 1997.
Posteriormente, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio y presunto paramilitarismo, el 18 de septiembre de 1997.
Otras cuatro ordenes de captura por el delito de homicidio, lesiones personales y concierto para delinquir ordenó la Fiscalía Regional de Bogotá, dentro de los procesos 13237, 25719, 334, 091 y 279U.
El 7 de octubre de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Norte de Santander ordenó su detención por secuestro extorsivo y paramilitarismo.
El 13 de noviembre de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio.
El 19 de noviembre, la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá, ordenó detención por el delito de homicidio.
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Mayo 13 de 2008
Estos son los jefes paramilitares que se quedan en Colombia
Sus nombres forman parte también del listado integrado por 3.284 postulados en Justicia y Paz, según la Fiscalía, y de los 639 presos por por paramilitarismo.
Iván Roberto Duque 'Ernesto Baez'
"Ernesto Báez" es el alias de Iván Roberto Duque Gaviria, quien de líder político en la región del Magdalena Medio pasó a jefe paramilitar del denominado bloque central Bolívar (Bcb). Nació hace 53 años en el municipio caldense de Aguadas y fue el gestor de dos movimientos políticos: la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) ante de entrar a al clandestinidad como asesor político de las Auc al mando de Carlos Castaño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo investiga por su presunta relación con varios cargamentos de cocaína incautados en ese país. En Colombia tiene una condena de 13 años por conformación de grupos paramilitares, incluso, el embajador de Estados Unidos en Colombia no descartó que su gobierno solicite en extradición a Ernesto Báez, detenido en ese penal, y quien reconoció ser el dueño del dinero decomisado.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El alemán'
También conocido con los alias de 'José Alfredo Berrio', 'Fredy Enrique Rendón Henao' o 'Puma 4', fue el último de los grandes jefes paramilitares que desmovilizó. A su cargo estuvo el bloque 'Elmer Cárdenas' de las A.c.c.u. Siempre ha intentado que lo desliguen de cualquier vínculo con el narcotráfico y en sus versiones ha negado haber utilizado testaferros para manejar su fortuna a pesar de haber tenido influencia en el Golfo de Urabá, una de las rutas clave para enviar drogas al exterior. Al jefe para se le acusa del despojo de inmensas extensiones para sembrar palma. Según él, en 1998 viajó al Mundial de Fútbol en Francia e incluso ingresó a Estados Unidos llevando una visa con su propio nombre y que cruzó por lo menos dos veces más la frontera sin problema.
Ramón Isaza, 'El viejo'
Su grupo paramilitar operó por casi tres décadas en el Magdalena Medio y tuvo como centro de operaciones la ciudad caldense de La Dorada. En sus intervenciones en las sesiones de Justicia y Paz dijo que en 1977, combatió a la guerrilla al lado del Ejército como informante. Su misión era la de obtener datos sobre las guerrillas del Magdalena Medio y reportarlos a las unidades de inteligencia de una brigada en Puerto Berrío. También salió a combatir a la subversión con el Ejército, armado y uniformado como un militar. Por su labor recibió 30 mil pesos de la época, como pago de sus servicios contra la guerrilla.
Rodrigo Pérez Alzate, 'Julian Bolívar'
El ex jefe militar del Bloque Central Bolívar también conocido con el alias de 'Lorenzo González Quinchía', ha entregado a la Fiscalía una lista de 700 personas, entre ganaderos y finqueros quienes supuestamente colaboraron con la causa de las autodefensas. Ha sido nombrado en reiteradas ocasiones de haber favorecido intereses de políticos de la región que dominaba y haber facilitado la labor proselitista de los que presuntamente eran adeptos a este grupo irregular. En el en el debate del paramilitarismo en Antioquia, el senador Gustavo Petro hizo mención a su nombre al indicar que fue uno de los cabecillas de las denominadas Convivir en Antioquia y que fueron avaladas por el hoy presidente Álvaro Uribe.
Luis Eduardo Cifuentes, 'El Águila'
Antes de ingresar a las autodefensas era militante de las juventudes comunistas en Yacopí, el municipio de Cundinamarca donde nació, aseguró el desmovilizado jefe 'para' en su versión ante Justicia y Paz. También aseguró que, a principios de los 80, llegaron los paramilitares a esa población y amenazaron con matarlo a él y a otros compañeros. Según el 'Águila', todos fueron a hablar con los 'paras', a él lo convenció su discurso y decidió trabajar con ellos. Aclaró que el mando en el grupo era compartido y solo en el 2002 se convirtió en el jefe del bloque. Dijo además que los 'paras' que lideraba eran pobres y siempre tuvieron apoyo de militares.
Ever Veloza García, 'H.H.'
El ex jefe de los Bloque Bananero y Calima de las Auc entre los años de 1995 y 2004 aceptó haber planeado la muerte de su antiguo jefe, Carlos Castaño, uno de los fundadores de las Auc. También es conocido como 'Hernán Hernández o el 'Mono Veloza'. Veloza y está solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico, aunque siempre ha asegurado que fue un simple comandante militar de la organización y nunca ha sido narco, a pesar de haber sido requerido por sus jefes para cobrar impuestos a los narcotraficantes que operaban en la zona de Urabá, lugar al que llegó con el bloque por petición de los cultivadores de banano de la zona. Igualmente aceptó conocer a grandes capos de la mafia, como Diego León Montoya y 'Capachivo'.
Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'
El jefe desmovilizado del bloque Montes de María señaló que su papel era político y no militar en ese grupo paramilitar. El encargado de ocupar militarmente varias zonas de Sucre, fue el desaparecido líder paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'. Reconoció ante la Corte Suprema de Justicia que el objetivo de las autodefensas era crear un proyecto político local, regional y nacional y admitió que los ex líderes de esa organización ilegal le entregaron apoyo a líderes políticos de la costa atlántica y de otras zonas del país. Según su versión, los grupos de autodefensas hicieron presencia militar en varios municipios de Sucre, y luego penetraron la vida política y social de la región, a través de líderes comunitarios que hacían trabajo con la población campesina.
Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio'
Es el hombre del computador que destapó la presencia del paramilitarismo en diferentes entidades de la Costa Atlántica. Considerado la mano derecha del extraditado ex jefe paramilitar del bloque norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. Además, fue condenado anticipadamente a 16 años de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por homicidio agravado del abogado Pedro Pérez Orozco, ex secretario de Gobierno de Barranquilla y defensor público, fue asesinado en la capital del Atlántico el 3 de octubre de 2005.
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Estos son los jefes paramilitares que se quedan en Colombia
Sus nombres forman parte también del listado integrado por 3.284 postulados en Justicia y Paz, según la Fiscalía, y de los 639 presos por por paramilitarismo.
Iván Roberto Duque 'Ernesto Baez'
"Ernesto Báez" es el alias de Iván Roberto Duque Gaviria, quien de líder político en la región del Magdalena Medio pasó a jefe paramilitar del denominado bloque central Bolívar (Bcb). Nació hace 53 años en el municipio caldense de Aguadas y fue el gestor de dos movimientos políticos: la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) ante de entrar a al clandestinidad como asesor político de las Auc al mando de Carlos Castaño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo investiga por su presunta relación con varios cargamentos de cocaína incautados en ese país. En Colombia tiene una condena de 13 años por conformación de grupos paramilitares, incluso, el embajador de Estados Unidos en Colombia no descartó que su gobierno solicite en extradición a Ernesto Báez, detenido en ese penal, y quien reconoció ser el dueño del dinero decomisado.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El alemán'
También conocido con los alias de 'José Alfredo Berrio', 'Fredy Enrique Rendón Henao' o 'Puma 4', fue el último de los grandes jefes paramilitares que desmovilizó. A su cargo estuvo el bloque 'Elmer Cárdenas' de las A.c.c.u. Siempre ha intentado que lo desliguen de cualquier vínculo con el narcotráfico y en sus versiones ha negado haber utilizado testaferros para manejar su fortuna a pesar de haber tenido influencia en el Golfo de Urabá, una de las rutas clave para enviar drogas al exterior. Al jefe para se le acusa del despojo de inmensas extensiones para sembrar palma. Según él, en 1998 viajó al Mundial de Fútbol en Francia e incluso ingresó a Estados Unidos llevando una visa con su propio nombre y que cruzó por lo menos dos veces más la frontera sin problema.
Ramón Isaza, 'El viejo'
Su grupo paramilitar operó por casi tres décadas en el Magdalena Medio y tuvo como centro de operaciones la ciudad caldense de La Dorada. En sus intervenciones en las sesiones de Justicia y Paz dijo que en 1977, combatió a la guerrilla al lado del Ejército como informante. Su misión era la de obtener datos sobre las guerrillas del Magdalena Medio y reportarlos a las unidades de inteligencia de una brigada en Puerto Berrío. También salió a combatir a la subversión con el Ejército, armado y uniformado como un militar. Por su labor recibió 30 mil pesos de la época, como pago de sus servicios contra la guerrilla.
Rodrigo Pérez Alzate, 'Julian Bolívar'
El ex jefe militar del Bloque Central Bolívar también conocido con el alias de 'Lorenzo González Quinchía', ha entregado a la Fiscalía una lista de 700 personas, entre ganaderos y finqueros quienes supuestamente colaboraron con la causa de las autodefensas. Ha sido nombrado en reiteradas ocasiones de haber favorecido intereses de políticos de la región que dominaba y haber facilitado la labor proselitista de los que presuntamente eran adeptos a este grupo irregular. En el en el debate del paramilitarismo en Antioquia, el senador Gustavo Petro hizo mención a su nombre al indicar que fue uno de los cabecillas de las denominadas Convivir en Antioquia y que fueron avaladas por el hoy presidente Álvaro Uribe.
Luis Eduardo Cifuentes, 'El Águila'
Antes de ingresar a las autodefensas era militante de las juventudes comunistas en Yacopí, el municipio de Cundinamarca donde nació, aseguró el desmovilizado jefe 'para' en su versión ante Justicia y Paz. También aseguró que, a principios de los 80, llegaron los paramilitares a esa población y amenazaron con matarlo a él y a otros compañeros. Según el 'Águila', todos fueron a hablar con los 'paras', a él lo convenció su discurso y decidió trabajar con ellos. Aclaró que el mando en el grupo era compartido y solo en el 2002 se convirtió en el jefe del bloque. Dijo además que los 'paras' que lideraba eran pobres y siempre tuvieron apoyo de militares.
Ever Veloza García, 'H.H.'
El ex jefe de los Bloque Bananero y Calima de las Auc entre los años de 1995 y 2004 aceptó haber planeado la muerte de su antiguo jefe, Carlos Castaño, uno de los fundadores de las Auc. También es conocido como 'Hernán Hernández o el 'Mono Veloza'. Veloza y está solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico, aunque siempre ha asegurado que fue un simple comandante militar de la organización y nunca ha sido narco, a pesar de haber sido requerido por sus jefes para cobrar impuestos a los narcotraficantes que operaban en la zona de Urabá, lugar al que llegó con el bloque por petición de los cultivadores de banano de la zona. Igualmente aceptó conocer a grandes capos de la mafia, como Diego León Montoya y 'Capachivo'.
Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'
El jefe desmovilizado del bloque Montes de María señaló que su papel era político y no militar en ese grupo paramilitar. El encargado de ocupar militarmente varias zonas de Sucre, fue el desaparecido líder paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'. Reconoció ante la Corte Suprema de Justicia que el objetivo de las autodefensas era crear un proyecto político local, regional y nacional y admitió que los ex líderes de esa organización ilegal le entregaron apoyo a líderes políticos de la costa atlántica y de otras zonas del país. Según su versión, los grupos de autodefensas hicieron presencia militar en varios municipios de Sucre, y luego penetraron la vida política y social de la región, a través de líderes comunitarios que hacían trabajo con la población campesina.
Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio'
Es el hombre del computador que destapó la presencia del paramilitarismo en diferentes entidades de la Costa Atlántica. Considerado la mano derecha del extraditado ex jefe paramilitar del bloque norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. Además, fue condenado anticipadamente a 16 años de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por homicidio agravado del abogado Pedro Pérez Orozco, ex secretario de Gobierno de Barranquilla y defensor público, fue asesinado en la capital del Atlántico el 3 de octubre de 2005.
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Mayo 14 de 2008
Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.
"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.
El siguiente es el texto del comunicado:
Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.
"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.
El siguiente es el texto del comunicado:
Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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Mayo 13 de 2008
Extradición de 14 jefes 'paras' se comenzó a planear desde que 'Macaco' fue enviado a E.U.
Una vez envió a 'Macaco', el presidente Uribe comenzó a planear la extradición de los 14 ex jefes de las Auc entregados a E.U. ayer.
Información relacionada
El presidente Uribe sintió que esa situación era evidente cuando una tutela del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado frenó transitoriamente el envío de 'Macaco' a Estados Unidos, y tres días después
"No voy a admitir que unos criminales pongan al Estado contra la pared", dijo Uribe enfadado durante un encuentro con sus asesores. Con su equipo jurídico acordaron trabajar en dos direcciones: preparar un decreto reglamentario (el 1364, del 25 de abril) para recuperar la competencia de retirar las postulaciones a Justicia y Paz (lo cual lo habilitaba automáticamente para extraditar, obviando el condicionamiento de la Corte); y articular la resolución mediante la cual se haría la extradición de 'Macaco'.
Tan pronto supo que el Consejo Superior de la Judicatura le había restaurado la facultad de enviar a 'Macaco' a E.U., ordenó que la extradición se hiciera de esa misma noche. Y al mismo tiempo comenzó a hacer consultas con cinco personas clave para enviar a los 14 ex jefes 'paras', cuya extradición había sido autorizada por la Corte: el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el secretario jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; y el director de la Policía, Oscar Naranjo.
El compromiso fue que nadie más sería informado sobre las consultas en marcha, para garantizar el éxito de la operación. Las consultas jurídicas comprometían contactar a la Fiscalía, que debía instrumentar parte de la operación, y a las autoridades estadounidenses. Todo se cumplió con absoluto sigilo.
El hecho de que algunos de los jefes paras fueran sindicados de asesinar sindicalistas y que ahora fueran extraditados, también pesó en la decisión, pues era una buena señal para quienes tenían que decidir la aprobación del TLC.
A las seis de la tarde de ayer se comenzaron a elaborar las resoluciones en el Ministerio del Interior. De ahí los documentos salieron para la firma de Uribe, a eso de las 8 de la noche, y llevados a la Fiscalía y de ahí al Inpec.
La hora cero
Los oficiales enviados a las diferentes cárceles no conocían la operación. Su ingreso a los penales se produjo después de la medianoche y solo fueron informados de su objetivo cuando se encontraban dentro de las prisiones.
El operativo había comenzado a las 11:30 de la mañana del lunes, en la sede de la Dijín en Bogotá. Tres comandos élite de la Policía, cada uno con medio centenar de hombres, salieron del moderno edificio blanco del occidente de Bogotá con un solo dato sobre su misión: que sería "histórica para el país".
Dos de los grupos salieron hacia el aeropuerto de Catam, donde los esperaban dos aviones SuperKing-200 contratados por la embajada de E.U. Hacia el mediodía, una de las aeronaves despegó hacia Barranquilla y la otra rumbo a Medellín. El grupo que se quedó en Bogotá fue trasladado a las instalaciones de la Sijín.
Por seguridad, a todos les retiraron los celulares.
Los únicos que sabían que iban a las cárceles de los 'paras' eran los tres coroneles que comandaban los grupos.Hacia la 1 de la madrugada, con poca diferencia de tiempo entre las tres ciudades, los agentes abordaron camionetas y motos. Esa fue la comitiva que se apareció en las cárceles La Modelo en Barranquilla, la de máxima seguridad de Itagüí y la Picota de Bogotá. El sueño de los internos se rompió por el repentino despliegue de fuerza.
En ese momento los tres oficiales al mando atendieron una llamada y cada uno recibió la lista con los nombres de los ex jefes 'paras' que debían trasladar. La sorpresa fue total, cuenta un oficial de la Policía, cuando los ex 'paras' fueron notificados sobre la decisión del Gobierno de extraditarlos. Tuvieron la oportunidad de llamar a sus familias.
El silencio profundo que mantuvieron en los dos aviones que los transportaron desde Medellín y Barranquilla hacia el aeropuerto de Catam se acabó cuando pisaron el frío suelo bogotano y se reencontraron en una sala de la DEA con los tres que estaban en la capital.
Los internos de La Picota llegaron a las 2:15 de la madrugada al aeropuerto de Catam. El avión procedente de Barranquilla aterrizó a las 3:30, y el de Medellín, a las 5:15.
Después de las 5:30 de la madrugada, comenzaron a subir al avión de la DEA que los llevaría a Estados Unidos.
Los extraditados
Eduardo Vengoechea
Alias 'El flaco'.
Cargos: producir y distribuir cocaína.
Corte: Distrito de Columbia.
Juan Carlos Sierra
Alias 'El tuso'
Cargos: Septiembre del 2002.
Producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Martín Peñaranda
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia
Salvatore Mancuso
Ex jefe del bloque Catatumbo.
Cargos: importar y distribuir coca. Proceso de septiembre del 2002
Corte que lo juzga. la del Distrito de Columbia (Washington).
Edwin Gómez, 'Pobre Mello'
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Ramiro 'Cuco' Vanoy
Ex jefe del bloque Mineros.
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos.
Corte: Distrito Sur de Florida.
Diego Arroyave, 'El primo'
Cargos: Concierto para respaldar a una organización terrorista.
Corte: Distrito Sur de Texas.
Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'
Ex jefe del bloque Norte.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Manuel Torregrosa
Cargos: Mayo de 2007. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito Medio de Florida
Hernán Giraldo
Ex jefe del Resistencia Tayrona.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito de Columbia.
Diego Bejarano, 'Don Berna'
Ex jefe del Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Tolová.
Cargos:Tráfico y lavado de activos.
Acusado en julio del 2004.
Corte: Distrito Sur de Nueva York.
Fcisco. Zuluaga, 'Gordolindo'
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos
Corte: Distrito Sur de Florida.
Guillermo Pérez Alzate
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito Medio de Florida.
Nodier Giraldo Giraldo
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito de Columbia.
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Extradición de 14 jefes 'paras' se comenzó a planear desde que 'Macaco' fue enviado a E.U.
Una vez envió a 'Macaco', el presidente Uribe comenzó a planear la extradición de los 14 ex jefes de las Auc entregados a E.U. ayer.
Información relacionada
El presidente Uribe sintió que esa situación era evidente cuando una tutela del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado frenó transitoriamente el envío de 'Macaco' a Estados Unidos, y tres días después
"No voy a admitir que unos criminales pongan al Estado contra la pared", dijo Uribe enfadado durante un encuentro con sus asesores. Con su equipo jurídico acordaron trabajar en dos direcciones: preparar un decreto reglamentario (el 1364, del 25 de abril) para recuperar la competencia de retirar las postulaciones a Justicia y Paz (lo cual lo habilitaba automáticamente para extraditar, obviando el condicionamiento de la Corte); y articular la resolución mediante la cual se haría la extradición de 'Macaco'.
Tan pronto supo que el Consejo Superior de la Judicatura le había restaurado la facultad de enviar a 'Macaco' a E.U., ordenó que la extradición se hiciera de esa misma noche. Y al mismo tiempo comenzó a hacer consultas con cinco personas clave para enviar a los 14 ex jefes 'paras', cuya extradición había sido autorizada por la Corte: el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el secretario jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; y el director de la Policía, Oscar Naranjo.
El compromiso fue que nadie más sería informado sobre las consultas en marcha, para garantizar el éxito de la operación. Las consultas jurídicas comprometían contactar a la Fiscalía, que debía instrumentar parte de la operación, y a las autoridades estadounidenses. Todo se cumplió con absoluto sigilo.
El hecho de que algunos de los jefes paras fueran sindicados de asesinar sindicalistas y que ahora fueran extraditados, también pesó en la decisión, pues era una buena señal para quienes tenían que decidir la aprobación del TLC.
A las seis de la tarde de ayer se comenzaron a elaborar las resoluciones en el Ministerio del Interior. De ahí los documentos salieron para la firma de Uribe, a eso de las 8 de la noche, y llevados a la Fiscalía y de ahí al Inpec.
La hora cero
Los oficiales enviados a las diferentes cárceles no conocían la operación. Su ingreso a los penales se produjo después de la medianoche y solo fueron informados de su objetivo cuando se encontraban dentro de las prisiones.
El operativo había comenzado a las 11:30 de la mañana del lunes, en la sede de la Dijín en Bogotá. Tres comandos élite de la Policía, cada uno con medio centenar de hombres, salieron del moderno edificio blanco del occidente de Bogotá con un solo dato sobre su misión: que sería "histórica para el país".
Dos de los grupos salieron hacia el aeropuerto de Catam, donde los esperaban dos aviones SuperKing-200 contratados por la embajada de E.U. Hacia el mediodía, una de las aeronaves despegó hacia Barranquilla y la otra rumbo a Medellín. El grupo que se quedó en Bogotá fue trasladado a las instalaciones de la Sijín.
Por seguridad, a todos les retiraron los celulares.
Los únicos que sabían que iban a las cárceles de los 'paras' eran los tres coroneles que comandaban los grupos.Hacia la 1 de la madrugada, con poca diferencia de tiempo entre las tres ciudades, los agentes abordaron camionetas y motos. Esa fue la comitiva que se apareció en las cárceles La Modelo en Barranquilla, la de máxima seguridad de Itagüí y la Picota de Bogotá. El sueño de los internos se rompió por el repentino despliegue de fuerza.
En ese momento los tres oficiales al mando atendieron una llamada y cada uno recibió la lista con los nombres de los ex jefes 'paras' que debían trasladar. La sorpresa fue total, cuenta un oficial de la Policía, cuando los ex 'paras' fueron notificados sobre la decisión del Gobierno de extraditarlos. Tuvieron la oportunidad de llamar a sus familias.
El silencio profundo que mantuvieron en los dos aviones que los transportaron desde Medellín y Barranquilla hacia el aeropuerto de Catam se acabó cuando pisaron el frío suelo bogotano y se reencontraron en una sala de la DEA con los tres que estaban en la capital.
Los internos de La Picota llegaron a las 2:15 de la madrugada al aeropuerto de Catam. El avión procedente de Barranquilla aterrizó a las 3:30, y el de Medellín, a las 5:15.
Después de las 5:30 de la madrugada, comenzaron a subir al avión de la DEA que los llevaría a Estados Unidos.
Los extraditados
Eduardo Vengoechea
Alias 'El flaco'.
Cargos: producir y distribuir cocaína.
Corte: Distrito de Columbia.
Juan Carlos Sierra
Alias 'El tuso'
Cargos: Septiembre del 2002.
Producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Martín Peñaranda
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia
Salvatore Mancuso
Ex jefe del bloque Catatumbo.
Cargos: importar y distribuir coca. Proceso de septiembre del 2002
Corte que lo juzga. la del Distrito de Columbia (Washington).
Edwin Gómez, 'Pobre Mello'
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Ramiro 'Cuco' Vanoy
Ex jefe del bloque Mineros.
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos.
Corte: Distrito Sur de Florida.
Diego Arroyave, 'El primo'
Cargos: Concierto para respaldar a una organización terrorista.
Corte: Distrito Sur de Texas.
Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'
Ex jefe del bloque Norte.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Manuel Torregrosa
Cargos: Mayo de 2007. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito Medio de Florida
Hernán Giraldo
Ex jefe del Resistencia Tayrona.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito de Columbia.
Diego Bejarano, 'Don Berna'
Ex jefe del Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Tolová.
Cargos:Tráfico y lavado de activos.
Acusado en julio del 2004.
Corte: Distrito Sur de Nueva York.
Fcisco. Zuluaga, 'Gordolindo'
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos
Corte: Distrito Sur de Florida.
Guillermo Pérez Alzate
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito Medio de Florida.
Nodier Giraldo Giraldo
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito de Columbia.
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Mayo 13 de 2008
Ex jefes paramilitares extraditados continuarán en la Ley de Justicia y Paz
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'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación? El ministro Carlos Holguín aseguró que en las resoluciones que autorizaron los envíos se dice que las autoridades de E.U. deben garantizar que sigan las versiones libres y los procesos normales.
"Lo que le corresponde a la Fiscalía es continuar con el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a seguir insistiendo, valiéndonos de la cooperación internacional, para que nuestros fiscales, los representantes de las víctimas y los testigos, puedan asistir a las versiones que componen el proceso de Justicia y Paz, valiéndonos de la cooperación internacional, entre otras, con la asistencia judicial de los E.U, vamos a continuar insistiendo en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el Fiscal.
Iguarán advirtió que son cerca de 6 mil hechos confesados por los paramilitares, "los cuales el 95 por ciento estaban en la impunidad. Más de mil 450 cadáveres entregados a los familiares, que nos han dado la satisfacción en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura psicológica. Están por entregarse más de 400 mil millones en bienes.
El Fiscal señaló, en la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que no conocía los motivos de la extradición de los 13 jefes paramilitares y un narcotraficante, pero que respeta y acata la decisión del gobierno.
"Frente a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar varios miembros de las autodefensas, la Fiscalía debe señalar que acata la decisión porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad que tiene el Gobierno Nacional para, incluso, orientar esos procesos de paz desde el punto de vista político", dijo Iguarán.
Añadió que: "Sin conocer los motivos de la extradición, tenemos que ser respetuosos de la autonomía del Gobierno Nacional, conscientes que lidera desde el punto de vista político todo este proceso, pues Justicia y Paz es un proceso jurídico-político. Nosotros continuaremos insistiendo en los resultados que nos ha mostrado Justicia y Paz".
Colaboración con la justicia
Lo que está por verse es qué tan dispuestos están los 'paras', pues los delitos de narcotráfico y terrorismo por los que fueron extraditados podrían darles hasta 60 años de prisión en el país del norte. ¿Cuál sería su motivación para entregar bienes y confesar?
El ministro Holguín dice que si siguen en Justicia y Paz se salvarían de la Corte Penal, un fantasma que los ha rondado desde siempre. La entrega de bienes y la confesión haría parte de los acuerdos a los que podrían llegar con la justicia de E.U., si bien tradicionalmente ese país solo se ha interesado por las confesiones que tienen que ver con narcotráfico y la entrega de rutas
El futuro de la Ley de Justicia y Paz
Fuentes de la Fiscalía explicaron que quedan 3.280 postulados en la Ley de Justicia y Paz de los cuales quedan cerca de 2.000 para ser escuchados en las versiones ante los fiscales.
"Esa es la base de los paramilitares, ellos saben sobre todos las acciones criminales que cometieron durante años estos grupos ilegales, saben de masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y sobre los desaparecidos en distintas zonas del país", explicó EL TEIMPO uno de los investigadores.
Los fiscales esperan que estos hombres cuenten la verdad al país y colaboren con la información para la entrega de fosas y que los familiares de las víctimas sepan sobre la suerte de sus seres queridos.
Ahora, los paramilitares que quedan deben satisfacer los requisitos para que no sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz y deberán afrontar de manera individual sus procesos de verdad, justicia y reparación y sino quedarían expuestos a perder los beneficios y que sus procesos pasen a manos de la justicia ordinaria donde afrontarían penas hasta de 40 años de prisión.
En cuanto a los jefes paramilitares extraditados, la Fiscalía revisará los mecanismos de cooperación judicial para enviar comisiones judiciales a los Estados Unidos y poder continuar sus versiones para el esclarecimiento de los hechos.
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Ex jefes paramilitares extraditados continuarán en la Ley de Justicia y Paz
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"Lo que le corresponde a la Fiscalía es continuar con el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a seguir insistiendo, valiéndonos de la cooperación internacional, para que nuestros fiscales, los representantes de las víctimas y los testigos, puedan asistir a las versiones que componen el proceso de Justicia y Paz, valiéndonos de la cooperación internacional, entre otras, con la asistencia judicial de los E.U, vamos a continuar insistiendo en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el Fiscal.
Iguarán advirtió que son cerca de 6 mil hechos confesados por los paramilitares, "los cuales el 95 por ciento estaban en la impunidad. Más de mil 450 cadáveres entregados a los familiares, que nos han dado la satisfacción en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura psicológica. Están por entregarse más de 400 mil millones en bienes.
El Fiscal señaló, en la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que no conocía los motivos de la extradición de los 13 jefes paramilitares y un narcotraficante, pero que respeta y acata la decisión del gobierno.
"Frente a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar varios miembros de las autodefensas, la Fiscalía debe señalar que acata la decisión porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad que tiene el Gobierno Nacional para, incluso, orientar esos procesos de paz desde el punto de vista político", dijo Iguarán.
Añadió que: "Sin conocer los motivos de la extradición, tenemos que ser respetuosos de la autonomía del Gobierno Nacional, conscientes que lidera desde el punto de vista político todo este proceso, pues Justicia y Paz es un proceso jurídico-político. Nosotros continuaremos insistiendo en los resultados que nos ha mostrado Justicia y Paz".
Colaboración con la justicia
Lo que está por verse es qué tan dispuestos están los 'paras', pues los delitos de narcotráfico y terrorismo por los que fueron extraditados podrían darles hasta 60 años de prisión en el país del norte. ¿Cuál sería su motivación para entregar bienes y confesar?
El ministro Holguín dice que si siguen en Justicia y Paz se salvarían de la Corte Penal, un fantasma que los ha rondado desde siempre. La entrega de bienes y la confesión haría parte de los acuerdos a los que podrían llegar con la justicia de E.U., si bien tradicionalmente ese país solo se ha interesado por las confesiones que tienen que ver con narcotráfico y la entrega de rutas
El futuro de la Ley de Justicia y Paz
Fuentes de la Fiscalía explicaron que quedan 3.280 postulados en la Ley de Justicia y Paz de los cuales quedan cerca de 2.000 para ser escuchados en las versiones ante los fiscales.
"Esa es la base de los paramilitares, ellos saben sobre todos las acciones criminales que cometieron durante años estos grupos ilegales, saben de masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y sobre los desaparecidos en distintas zonas del país", explicó EL TEIMPO uno de los investigadores.
Los fiscales esperan que estos hombres cuenten la verdad al país y colaboren con la información para la entrega de fosas y que los familiares de las víctimas sepan sobre la suerte de sus seres queridos.
Ahora, los paramilitares que quedan deben satisfacer los requisitos para que no sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz y deberán afrontar de manera individual sus procesos de verdad, justicia y reparación y sino quedarían expuestos a perder los beneficios y que sus procesos pasen a manos de la justicia ordinaria donde afrontarían penas hasta de 40 años de prisión.
En cuanto a los jefes paramilitares extraditados, la Fiscalía revisará los mecanismos de cooperación judicial para enviar comisiones judiciales a los Estados Unidos y poder continuar sus versiones para el esclarecimiento de los hechos.
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Y la parapolítica...
¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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Y la parapolítica...
¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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JUSTICIA Y PAZ
Extradición masiva de paramilitares
El gobierno decidió extraditar a 14 paramilitares, entre ellos a los principales jefes de las AUC que estaban dentro del proceso de Justicia y Paz. El operativo comenzó ayer a la media noche. Se espera un pronunciamiento oficial del gobierno por su sorpresiva decisión.
Fecha: 05/13/2008 -
Anoche, el gobierno decidió extraditar sorpresivamente a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas. En total son 14, que se encontraban en distintas cárceles del país como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves.
El operativo, al parecer, comenzó a las 12 de la noche. Los jefes desmovilizados empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos hombres de la DEA para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico.
El gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la decisión de extraditar súbitamente y de forma masiva a estos hombres. Sin embargo, desde hace varios días se esperaba la decisión del gobierno para extraditar a “Don Berna”, bajo el argumento de que este había continuado delinquiendo.
Los líderes paramilitares que estaban en Itagüí fueron llevados, en la madrugada de este martes, al aeropuerto de Ríonegro, para enviarlos a Estados Unidos. Fotos AFP
Los abogados de algunos de los jefes paramilitares dijeron que sus clientes desconocían que iban a ser extraditados, y argumentan que muchos de ellos habían manifestado recientemente que querían continuar dentro del proceso de Justicia y Paz. Algunos abogados afirmaron esta mañana que el gobierno busca salirse por la tangente con esta medida, justo cuando los desmovilizados jefes como Don Berna, habían empezado a confesar crímenes que implicaban la colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San José de Apartadó. Otro de los abogados afirmó que era una estrategia del gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica.
El traslado de los jefes paramilitares puede ser una forma de evitar los problemas de seguridad en las cárceles donde se encontraban recluidos y su ingerencia en el rearme de nuevos grupos armados en distintas regiones del país. Pero su extradición también puede ser una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, que se convirtió en tema de un álgido debate desde que se conoció la decisión de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. A pesar de que se tiene previsto que los jefes paras continúen sus versiones libres vía satélite desde Estados Unidos, su extradición es por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares y por los cuales deben reparar a las víctimas
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Extradición masiva de paramilitares
El gobierno decidió extraditar a 14 paramilitares, entre ellos a los principales jefes de las AUC que estaban dentro del proceso de Justicia y Paz. El operativo comenzó ayer a la media noche. Se espera un pronunciamiento oficial del gobierno por su sorpresiva decisión.
Fecha: 05/13/2008 -
Anoche, el gobierno decidió extraditar sorpresivamente a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas. En total son 14, que se encontraban en distintas cárceles del país como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves.
El operativo, al parecer, comenzó a las 12 de la noche. Los jefes desmovilizados empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos hombres de la DEA para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico.
El gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la decisión de extraditar súbitamente y de forma masiva a estos hombres. Sin embargo, desde hace varios días se esperaba la decisión del gobierno para extraditar a “Don Berna”, bajo el argumento de que este había continuado delinquiendo.
Los líderes paramilitares que estaban en Itagüí fueron llevados, en la madrugada de este martes, al aeropuerto de Ríonegro, para enviarlos a Estados Unidos. Fotos AFP
Los abogados de algunos de los jefes paramilitares dijeron que sus clientes desconocían que iban a ser extraditados, y argumentan que muchos de ellos habían manifestado recientemente que querían continuar dentro del proceso de Justicia y Paz. Algunos abogados afirmaron esta mañana que el gobierno busca salirse por la tangente con esta medida, justo cuando los desmovilizados jefes como Don Berna, habían empezado a confesar crímenes que implicaban la colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San José de Apartadó. Otro de los abogados afirmó que era una estrategia del gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica.
El traslado de los jefes paramilitares puede ser una forma de evitar los problemas de seguridad en las cárceles donde se encontraban recluidos y su ingerencia en el rearme de nuevos grupos armados en distintas regiones del país. Pero su extradición también puede ser una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, que se convirtió en tema de un álgido debate desde que se conoció la decisión de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. A pesar de que se tiene previsto que los jefes paras continúen sus versiones libres vía satélite desde Estados Unidos, su extradición es por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares y por los cuales deben reparar a las víctimas
www.semana.com
¿Por qué el gobierno tomó la súbita decisión?
La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
Fecha: 05/13/2008 -
La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.
Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.
Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
¿Y de las víctimas qué?
“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".
Y la parapolítica...
Los hombres de Giraldo
Cómo siguieron delinquiendo
Respeto la decisión del gobierno pero los procesos continuan: Mario Iguarán
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Tendrán garantías las víctimas: William Bronwfield
Extradición masiva de paramilitares
En alocución presidencial, Álvaro Uribe sustenta la extradición de los jefes paramilitares
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.
También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?
Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?
Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.
¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?
A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.
En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.
Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.
El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?
Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.
Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.
SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.
Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
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La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
Fecha: 05/13/2008 -
La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.
Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.
Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
¿Y de las víctimas qué?
“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".
Y la parapolítica...
Los hombres de Giraldo
Cómo siguieron delinquiendo
Respeto la decisión del gobierno pero los procesos continuan: Mario Iguarán
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Tendrán garantías las víctimas: William Bronwfield
Extradición masiva de paramilitares
En alocución presidencial, Álvaro Uribe sustenta la extradición de los jefes paramilitares
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.
También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?
Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?
Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.
¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?
A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.
En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.
Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.
El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?
Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.
Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.
SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.
Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
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Mayo 9 de 2008
Salvatore Mancuso confirmó que 'paras' pagaban por información sobre naves de la Armada
Foto: EL TIEMPO
El máximo jefe de los 'paras'en el norte del país, Salvatore Mancuso.Sin embargo, hace pocas semanas, el jefe paramilitar negó, ante el fiscal que lleva el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, que esa información la hubieran obtenido a través del oficial.
"Nunca me enteré de algún vínculo del señor Arango con las autodefensas", dijo Mancuso.
Arango Bacci fue retirado del servicio el año pasado en medio del escándalo por la supuesta infiltración de los narcos en la Marina.
Mancuso, le dijo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema que 'Boliche', hoy acogido al sistema de Protección de Testigos en E.U. y cuyo verdadero nombre es Jorge Luis Hernández Villazón, le confirmó que "pagaba un dinero para que le dieran información que les permitiera evadir los cercos que hubiese por las rutas que utilizaban para narcotraficar".
'Boliche' es el narco que, según uno de los testigos del proceso, Jaime Alberto Pérez Charris, asistió a una reunión con Arango en Santa Marta.
El almirante asegura que se trata de un invento de un testigo poco confiable. Su defensa dice que como para la época de la que habla el testigo (entre el 2000 y el 2001) Arango estaba asignado a la Casa Militar (encargada de la seguridad del Presidente de la República), los registros de sus movimientos quedaron en los archivos de Palacio.
Mancuso, como lo hizo al menos otro ex 'para' confirmó que miembros de la Fuerza Pública les colaboraban a las Auc y a los narcos 'purasangre' para mover sus negocios.
Aseguró que a 'Boliche' "se le entregaba la droga en algún sitio previamente acordado y de ahí en adelante era responsabilidad de él" ver cómo la sacaba del país.
"Él decía que obtenía información respecto a la ubicación de los barcos y de las rutas y hora de vuelo de los aviones que controlaban la Costa, pero no dijo como la obtenía", señaló el ex jefe 'para'.
También aseguró que 'Boliche' no era un contacto exclusivo de los 'paras' sino que trabajaba para varios grupos de narcos y que incluso hubo cargamentos en los que un porcentaje menor de la droga era de las Auc y la mayor parte de 'Boliche'.
Mancuso contó que las Auc tenían un personaje conocido como 'Cholo', que se encargaba del contacto "no solo con la Armada, sino con todas las Fuerzas Militares" y que le reportaba directamente a Carlos Castaño. Ese papel, agregó, lo cumplió más tarde el asesinado militar ( r) y ex Auc Andrés Angarita.
Ahora, la Fiscalía espera la declaración de 'Jorge 40' y no descarta enviar una comisión a E.U. para hablar con 'Boliche', que está colaborando con autoridades de ese país. En los próximos días definirá la situación de Arango, cuya defensa había solicitado la preclusión del proceso.
Del 'Resistencia Tayrona', el otro que dio pistas
La posible filtración de dineros del narcotráfico en la Armada Nacional para obtener información sobre la ubicación de los buques colombianos, británicos y estadounidenses en las aguas del Mar Caribe, fue también mencionada en el proceso de Justicia y Paz por el desmovilizado Martín Peñaranda Osorio, alias 'El Burro', ex militante del 'Resistencia Tayrona'.
El hombre declaró: "Ellos (los narcos) pedían permiso en cualquier tienda o negocio de la región que tuviera teléfono, instalaban el fax, y en cuestión de minutos tenían un reporte en dos o tres páginas con los mapas", reveló.
REDACCIÓN JUSTICIA
www.eltiempo.com
Salvatore Mancuso confirmó que 'paras' pagaban por información sobre naves de la Armada
Foto: EL TIEMPO
El máximo jefe de los 'paras'en el norte del país, Salvatore Mancuso.Sin embargo, hace pocas semanas, el jefe paramilitar negó, ante el fiscal que lleva el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, que esa información la hubieran obtenido a través del oficial.
"Nunca me enteré de algún vínculo del señor Arango con las autodefensas", dijo Mancuso.
Arango Bacci fue retirado del servicio el año pasado en medio del escándalo por la supuesta infiltración de los narcos en la Marina.
Mancuso, le dijo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema que 'Boliche', hoy acogido al sistema de Protección de Testigos en E.U. y cuyo verdadero nombre es Jorge Luis Hernández Villazón, le confirmó que "pagaba un dinero para que le dieran información que les permitiera evadir los cercos que hubiese por las rutas que utilizaban para narcotraficar".
'Boliche' es el narco que, según uno de los testigos del proceso, Jaime Alberto Pérez Charris, asistió a una reunión con Arango en Santa Marta.
El almirante asegura que se trata de un invento de un testigo poco confiable. Su defensa dice que como para la época de la que habla el testigo (entre el 2000 y el 2001) Arango estaba asignado a la Casa Militar (encargada de la seguridad del Presidente de la República), los registros de sus movimientos quedaron en los archivos de Palacio.
Mancuso, como lo hizo al menos otro ex 'para' confirmó que miembros de la Fuerza Pública les colaboraban a las Auc y a los narcos 'purasangre' para mover sus negocios.
Aseguró que a 'Boliche' "se le entregaba la droga en algún sitio previamente acordado y de ahí en adelante era responsabilidad de él" ver cómo la sacaba del país.
"Él decía que obtenía información respecto a la ubicación de los barcos y de las rutas y hora de vuelo de los aviones que controlaban la Costa, pero no dijo como la obtenía", señaló el ex jefe 'para'.
También aseguró que 'Boliche' no era un contacto exclusivo de los 'paras' sino que trabajaba para varios grupos de narcos y que incluso hubo cargamentos en los que un porcentaje menor de la droga era de las Auc y la mayor parte de 'Boliche'.
Mancuso contó que las Auc tenían un personaje conocido como 'Cholo', que se encargaba del contacto "no solo con la Armada, sino con todas las Fuerzas Militares" y que le reportaba directamente a Carlos Castaño. Ese papel, agregó, lo cumplió más tarde el asesinado militar ( r) y ex Auc Andrés Angarita.
Ahora, la Fiscalía espera la declaración de 'Jorge 40' y no descarta enviar una comisión a E.U. para hablar con 'Boliche', que está colaborando con autoridades de ese país. En los próximos días definirá la situación de Arango, cuya defensa había solicitado la preclusión del proceso.
Del 'Resistencia Tayrona', el otro que dio pistas
La posible filtración de dineros del narcotráfico en la Armada Nacional para obtener información sobre la ubicación de los buques colombianos, británicos y estadounidenses en las aguas del Mar Caribe, fue también mencionada en el proceso de Justicia y Paz por el desmovilizado Martín Peñaranda Osorio, alias 'El Burro', ex militante del 'Resistencia Tayrona'.
El hombre declaró: "Ellos (los narcos) pedían permiso en cualquier tienda o negocio de la región que tuviera teléfono, instalaban el fax, y en cuestión de minutos tenían un reporte en dos o tres páginas con los mapas", reveló.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Los secretos de la guerrilla colombiana
Los papeles de las FARC acusan a Chávez
El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla
MAITE RICO (ENVIADA ESPECIAL) - Bogotá - 10/05/2008
Vota Resultado 3 votos Comentarios - 280
Documentos en poder de EL PAÍS extraídos del ordenador de Raúl Reyes -el número dos de las FARC muerto en un ataque el 1 de marzo-, revelan que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió y armó a la guerrilla colombiana y le pidió que adiestrara a grupos afines al chavismo en la lucha armada. Este artículo es el primero de una serie.
El pasado 8 de noviembre, Hugo Chávez recibía en Caracas a Luciano Marín, alias Iván Márquez, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El motivo: impulsar el acuerdo humanitario con Colombia para canjear a 44 secuestrados por 500 guerrilleros presos. Eso fue la parte pública. Pero hubo otra reunión secreta. En ella, el presidente venezolano "aprobó sin pestañear la solicitud" de 300 millones de dólares [194 millones de euros] hecha por la guerrilla marxista. Además, se diseñó un plan para recibir en la región venezolana del Orinoco el armamento enviado a las FARC por dos traficantes australianos y se puso en marcha un mecanismo de coordinación entre la guerrilla y el Ejército venezolano, al más alto nivel.
Caracas niega los vínculos con la insurgencia
Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes
DOCUMENTO (DOC - 1,16Mb) - 10-05-2008
La noticia en otros webs
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El 8 de noviembre de 2007 se oficializó la relación en el palacio de Miraflores "
"[Chávez] aprobó sin pestañear dar 300 millones de dólares", dice un guerrillero
La mediación por los rehenes reforzó la alianza con Caracas
Chávez ofreció al grupo armado una participación en el negocio petrolero
Así lo cuenta el propio Iván a sus compañeros del Secretariado de las FARC en un correo datado el 12 de noviembre de 2007. El mensaje está en uno de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla muerto el pasado 1 de marzo en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador. Bogotá ha pedido a Interpol que certifique la autenticidad de los ordenadores. Las conclusiones se harán públicas la próxima semana.
Aquella reunión en el Palacio de Miraflores oficializó una relación que se había desarrollado desde el año 2000 con intermediarios y se había concretado en el suministro puntual de armamento a cambio del entrenamiento prestado por las FARC a miembros del Partido Comunista y otros grupos afines al chavismo en sus campamentos en suelo venezolano.
Dos hombres muy cercanos a Chávez encabezaban hasta esa fecha los contactos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Inteligencia Militar, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, actual ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Iván Márquez y Rodrigo Granda, alias Ricardo.
Así, en un correo del 4 de enero de 2007, Iván explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de los cuales 10 serán para Timo [Timochenko, otro comandante guerrillero en la zona fronteriza] y 10 para acá". El general Alcalá, además, iba a hacerse cargo del puerto de Maracaibo, "una gran ventaja" para el "desembarque de carga". Todo apunta a que se trata de Cliver Alcalá, destacado en el Estado del Zulia, cuya capital es Maracaibo.
El envío se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido "a traer un ofertante de armas de Panamá", mientras que el general Alcalá les hace saber que "los jefes de las Brigadas fronterizas tienen toda la disposición" para colaborar con ellos.
Asediadas por la aviación colombiana, las FARC buscan misiles antiaéreos. En marzo de 2007, Timochenko escribe que sus amigos de la inteligencia venezolana les ofrecen "piezas para construirlos y garantizan el viaje para enviar a un propio al Medio Oriente a realizar un curso en el manejo de cohetes".
Los correos intercambiados entre los miembros del Secretariado de las FARC constituyen una preciosa bitácora de las relaciones con Venezuela, no exentas de roces. Sin embargo, la decisión de Álvaro Uribe de permitir la mediación de Hugo Chávez en la negociación de un acuerdo humanitario con la guerrilla, en agosto de 2007, tuvo un efecto que el presidente colombiano no había calculado: el fortalecimiento de la alianza con la guerrilla. "Las FARC siempre habían buscado un encuentro directo con Chávez, pero él era renuente", dice un analista de la inteligencia colombiana. "Hasta la reunión en Miraflores, que puso en marcha una estrategia conjunta".
Chávez considera su papel de mediador como "un asunto de proyección geopolítica de trascendencia", en palabras de su ministro del Interior. En efecto, un éxito en ese campo (por ejemplo, la liberación de Ingrid Betancourt) reforzaría su imagen internacional y nacional. En juego está el referéndum sobre la reforma constitucional (que perdió en diciembre de 2007) y su papel como líder continental. La guerrilla lo sabe y se aprovecha: usa el canje como un paraguas para lograr de Chávez no sólo proyección internacional y su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la UE, sino fondos y armas para el "Plan Estratégico", que no es otra cosa que la hoja de ruta para la toma del poder.
"Las FARC utilizan a Chávez", dicen fuentes colombianas. En febrero de 2008, en el curso de una reunión secreta en Barinas, Chávez (que aparece ya en los correos con el seudónimo de Ángel) asegura que tiene listos los primeros 50 millones de dólares. "Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializar en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad", escriben Iván y Ricardo. El gerente de PDVSA [la petrolera estatal] está presente. Chávez se muestra exultante. Les organiza una cita con autoridades de Bielorrusia para conseguir armamento en el mercado negro. Y ofrece pagar con fondos de PDVSA los abogados de Simón Trinidad, comandante de las FARC juzgado en EE UU por secuestro y narcotráfico. Veinte días más tarde, el Ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes.
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Los papeles de las FARC acusan a Chávez
El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla
MAITE RICO (ENVIADA ESPECIAL) - Bogotá - 10/05/2008
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Documentos en poder de EL PAÍS extraídos del ordenador de Raúl Reyes -el número dos de las FARC muerto en un ataque el 1 de marzo-, revelan que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió y armó a la guerrilla colombiana y le pidió que adiestrara a grupos afines al chavismo en la lucha armada. Este artículo es el primero de una serie.
El pasado 8 de noviembre, Hugo Chávez recibía en Caracas a Luciano Marín, alias Iván Márquez, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El motivo: impulsar el acuerdo humanitario con Colombia para canjear a 44 secuestrados por 500 guerrilleros presos. Eso fue la parte pública. Pero hubo otra reunión secreta. En ella, el presidente venezolano "aprobó sin pestañear la solicitud" de 300 millones de dólares [194 millones de euros] hecha por la guerrilla marxista. Además, se diseñó un plan para recibir en la región venezolana del Orinoco el armamento enviado a las FARC por dos traficantes australianos y se puso en marcha un mecanismo de coordinación entre la guerrilla y el Ejército venezolano, al más alto nivel.
Caracas niega los vínculos con la insurgencia
Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes
DOCUMENTO (DOC - 1,16Mb) - 10-05-2008
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El 8 de noviembre de 2007 se oficializó la relación en el palacio de Miraflores "
"[Chávez] aprobó sin pestañear dar 300 millones de dólares", dice un guerrillero
La mediación por los rehenes reforzó la alianza con Caracas
Chávez ofreció al grupo armado una participación en el negocio petrolero
Así lo cuenta el propio Iván a sus compañeros del Secretariado de las FARC en un correo datado el 12 de noviembre de 2007. El mensaje está en uno de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla muerto el pasado 1 de marzo en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador. Bogotá ha pedido a Interpol que certifique la autenticidad de los ordenadores. Las conclusiones se harán públicas la próxima semana.
Aquella reunión en el Palacio de Miraflores oficializó una relación que se había desarrollado desde el año 2000 con intermediarios y se había concretado en el suministro puntual de armamento a cambio del entrenamiento prestado por las FARC a miembros del Partido Comunista y otros grupos afines al chavismo en sus campamentos en suelo venezolano.
Dos hombres muy cercanos a Chávez encabezaban hasta esa fecha los contactos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Inteligencia Militar, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, actual ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Iván Márquez y Rodrigo Granda, alias Ricardo.
Así, en un correo del 4 de enero de 2007, Iván explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de los cuales 10 serán para Timo [Timochenko, otro comandante guerrillero en la zona fronteriza] y 10 para acá". El general Alcalá, además, iba a hacerse cargo del puerto de Maracaibo, "una gran ventaja" para el "desembarque de carga". Todo apunta a que se trata de Cliver Alcalá, destacado en el Estado del Zulia, cuya capital es Maracaibo.
El envío se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido "a traer un ofertante de armas de Panamá", mientras que el general Alcalá les hace saber que "los jefes de las Brigadas fronterizas tienen toda la disposición" para colaborar con ellos.
Asediadas por la aviación colombiana, las FARC buscan misiles antiaéreos. En marzo de 2007, Timochenko escribe que sus amigos de la inteligencia venezolana les ofrecen "piezas para construirlos y garantizan el viaje para enviar a un propio al Medio Oriente a realizar un curso en el manejo de cohetes".
Los correos intercambiados entre los miembros del Secretariado de las FARC constituyen una preciosa bitácora de las relaciones con Venezuela, no exentas de roces. Sin embargo, la decisión de Álvaro Uribe de permitir la mediación de Hugo Chávez en la negociación de un acuerdo humanitario con la guerrilla, en agosto de 2007, tuvo un efecto que el presidente colombiano no había calculado: el fortalecimiento de la alianza con la guerrilla. "Las FARC siempre habían buscado un encuentro directo con Chávez, pero él era renuente", dice un analista de la inteligencia colombiana. "Hasta la reunión en Miraflores, que puso en marcha una estrategia conjunta".
Chávez considera su papel de mediador como "un asunto de proyección geopolítica de trascendencia", en palabras de su ministro del Interior. En efecto, un éxito en ese campo (por ejemplo, la liberación de Ingrid Betancourt) reforzaría su imagen internacional y nacional. En juego está el referéndum sobre la reforma constitucional (que perdió en diciembre de 2007) y su papel como líder continental. La guerrilla lo sabe y se aprovecha: usa el canje como un paraguas para lograr de Chávez no sólo proyección internacional y su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la UE, sino fondos y armas para el "Plan Estratégico", que no es otra cosa que la hoja de ruta para la toma del poder.
"Las FARC utilizan a Chávez", dicen fuentes colombianas. En febrero de 2008, en el curso de una reunión secreta en Barinas, Chávez (que aparece ya en los correos con el seudónimo de Ángel) asegura que tiene listos los primeros 50 millones de dólares. "Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializar en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad", escriben Iván y Ricardo. El gerente de PDVSA [la petrolera estatal] está presente. Chávez se muestra exultante. Les organiza una cita con autoridades de Bielorrusia para conseguir armamento en el mercado negro. Y ofrece pagar con fondos de PDVSA los abogados de Simón Trinidad, comandante de las FARC juzgado en EE UU por secuestro y narcotráfico. Veinte días más tarde, el Ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes.
www.elpais.com
Mayo 9 de 2008
Una bruja fue clave en la caída de hombre fuerte de las Farc en Buenaventura
Gustavo Arbeláez, alias 'Santiago', uno de los jefes guerrilleros de las Farc más buscados en el suroccidente del país, consideraba a la mujer, de 39 años, como su amuleto.
'Santiago' la visitaba para que lo protegiera con sus velas y tambores en las oscuras ceremonias de 'cruzados', los hombres a los que supuestamente no les entran las balas.
Claudia y Santiago estaban juntos cuando fueron detenidos este jueves por un comando especial de la Policía y la Armada en el hotel Guateque del caserío La Bocana en Buenaventura (Valle). Y la mejor manera que hallaron las autoridades para dar con el hombre que reemplazó a Milton Sierra Gómez, 'JJ', el jefe guerrillero que en junio del 2007 murió abatido en una operación de la Armada, fue seguirle los pasos a su bruja.
Tras la muerte de 'J.J', dice la Policía, Claudia viajó a Cuba y allí estuvo por cuatro meses con los maestros de la santería. La Policía indaga si los recursos del viaje y su mantenimiento en Cuba habrían salido de las arcas del propio Arbeláez, un guerrillero conocido en la región por sus dos debilidades: las mujeres y las ciencias ocultas.
'Claudita' reunía esas dos características. Además de manejar la santería y el esoterismo, también mantenía una relación sentimental con 'Santiago'. Y algo más, es la madre de una joven de 17 años que también tenía un nexo amoroso con el jefe guerrillero.
"'Santiago' las invitó a Buenaventura. Decía que estaba desesperado por verlas y planearon el encuentro", reveló uno de los investigadores que participaron en la operación.
Captura de película
El miércoles pasado, tal y como acordaron con 'Santiago', la bruja y su hija salieron de Cali hacia el caluroso puerto en el Pacífico con cinco millones de pesos que el jefe guerrillero les hizo llegar para los gastos de transporte y del hotel donde se iban a encontrar.
Los movimientos del guerrillero, que se movía por tierra y por los esteros del Pacífico, fueron seguidos incluso desde un avión que sobrevoló a miles de metros de altura, siempre detrás de la lancha en la que se movía su objetivo.
La cacería a 'Santiago' también se logró porque hombres y mujeres de inteligencia se habían infiltrado en el puerto como turistas para seguir de cerca los pasos del jefe guerrillero. Con esa fachada lograron despistar a las redes de informantes que ya en otras ocasiones habían frustrado la captura.
Ya solo faltaba dar el golpe. Desde la noche del miércoles un grupo del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía y fuerzas de la Armada coordinaron el ingreso a la cabaña donde 'Santiago' la pasaba con las dos mujeres.
Para despistar a su grupo de seguridad, integrado por siete guerrilleros, los policías infiltrados armaron una fiesta en las cabañas y empezaron a repartir trago. Así se facilitó la entrada del Copes por la parte delantera mientras la Armada impedía la fuga por la parte posterior del hotel, que da al mar. Buzos de la Marina llegaron hasta la playa del hotel, donde tres guerrilleros esperaban a su jefe.
En medio de la operación, fueron los únicos que lograron escapar.
Cuando los uniformados entraron el jefe guerrillero no puso resistencia. Estaba consumiendo licor con las dos mujeres. Al parecer también estaba bajo los efectos de estupefacientes. Le encontraron 156 millones de pesos en efectivo. "Esa era su caja menor", dijo el director de la policía, general Óscar Naranjo.
'Claudia' y su hija fueron retenidas y trasladadas al Comando de la Policía en Cali mientras las autoridades establecen su situación jurídica.
El guerrillero tenía ocho órdenes de captura por terrorismo, secuestro, narcotráfico, homicidio y rebelión.
Lo señalan como coautor del secuestro de los diputados del Valle y de un atentado con explosivos en abril del 2007 en la Policía Metropolitana de la capital del Valle.
Así fue el rastreo a 'Santiago'
El 30 de enero del 2008 'Santiago' estableció contacto con el 'Indio', el responsable de las comunicaciones en la columna móvil Miller Perdomo del Comando Conjunto de Occidente para planear un atentado en el Valle.
El 25 de febrero del 2008 se estableció que o coordinaba la adquisión de material bélico y la movilización de guerrilleros en la zona.
El 12 de febrero del 2008 la Policía interceptó comunicaciones de 'Santiago' con Duberney Cabrera, 'Narices', segundo jefe del Frente Manuel Cepeda. Hablaron de nuevo sobre atentados.
El 12 de diciembre del 2007 el jefe guerrillero entregó instrucciones a otros subversivos sobre explosivos que debían conseguirle.
REDACCIÓN JUSTICIA
www.eltiempo.com
Una bruja fue clave en la caída de hombre fuerte de las Farc en Buenaventura
Gustavo Arbeláez, alias 'Santiago', uno de los jefes guerrilleros de las Farc más buscados en el suroccidente del país, consideraba a la mujer, de 39 años, como su amuleto.
'Santiago' la visitaba para que lo protegiera con sus velas y tambores en las oscuras ceremonias de 'cruzados', los hombres a los que supuestamente no les entran las balas.
Claudia y Santiago estaban juntos cuando fueron detenidos este jueves por un comando especial de la Policía y la Armada en el hotel Guateque del caserío La Bocana en Buenaventura (Valle). Y la mejor manera que hallaron las autoridades para dar con el hombre que reemplazó a Milton Sierra Gómez, 'JJ', el jefe guerrillero que en junio del 2007 murió abatido en una operación de la Armada, fue seguirle los pasos a su bruja.
Tras la muerte de 'J.J', dice la Policía, Claudia viajó a Cuba y allí estuvo por cuatro meses con los maestros de la santería. La Policía indaga si los recursos del viaje y su mantenimiento en Cuba habrían salido de las arcas del propio Arbeláez, un guerrillero conocido en la región por sus dos debilidades: las mujeres y las ciencias ocultas.
'Claudita' reunía esas dos características. Además de manejar la santería y el esoterismo, también mantenía una relación sentimental con 'Santiago'. Y algo más, es la madre de una joven de 17 años que también tenía un nexo amoroso con el jefe guerrillero.
"'Santiago' las invitó a Buenaventura. Decía que estaba desesperado por verlas y planearon el encuentro", reveló uno de los investigadores que participaron en la operación.
Captura de película
El miércoles pasado, tal y como acordaron con 'Santiago', la bruja y su hija salieron de Cali hacia el caluroso puerto en el Pacífico con cinco millones de pesos que el jefe guerrillero les hizo llegar para los gastos de transporte y del hotel donde se iban a encontrar.
Los movimientos del guerrillero, que se movía por tierra y por los esteros del Pacífico, fueron seguidos incluso desde un avión que sobrevoló a miles de metros de altura, siempre detrás de la lancha en la que se movía su objetivo.
La cacería a 'Santiago' también se logró porque hombres y mujeres de inteligencia se habían infiltrado en el puerto como turistas para seguir de cerca los pasos del jefe guerrillero. Con esa fachada lograron despistar a las redes de informantes que ya en otras ocasiones habían frustrado la captura.
Ya solo faltaba dar el golpe. Desde la noche del miércoles un grupo del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía y fuerzas de la Armada coordinaron el ingreso a la cabaña donde 'Santiago' la pasaba con las dos mujeres.
Para despistar a su grupo de seguridad, integrado por siete guerrilleros, los policías infiltrados armaron una fiesta en las cabañas y empezaron a repartir trago. Así se facilitó la entrada del Copes por la parte delantera mientras la Armada impedía la fuga por la parte posterior del hotel, que da al mar. Buzos de la Marina llegaron hasta la playa del hotel, donde tres guerrilleros esperaban a su jefe.
En medio de la operación, fueron los únicos que lograron escapar.
Cuando los uniformados entraron el jefe guerrillero no puso resistencia. Estaba consumiendo licor con las dos mujeres. Al parecer también estaba bajo los efectos de estupefacientes. Le encontraron 156 millones de pesos en efectivo. "Esa era su caja menor", dijo el director de la policía, general Óscar Naranjo.
'Claudia' y su hija fueron retenidas y trasladadas al Comando de la Policía en Cali mientras las autoridades establecen su situación jurídica.
El guerrillero tenía ocho órdenes de captura por terrorismo, secuestro, narcotráfico, homicidio y rebelión.
Lo señalan como coautor del secuestro de los diputados del Valle y de un atentado con explosivos en abril del 2007 en la Policía Metropolitana de la capital del Valle.
Así fue el rastreo a 'Santiago'
El 30 de enero del 2008 'Santiago' estableció contacto con el 'Indio', el responsable de las comunicaciones en la columna móvil Miller Perdomo del Comando Conjunto de Occidente para planear un atentado en el Valle.
El 25 de febrero del 2008 se estableció que o coordinaba la adquisión de material bélico y la movilización de guerrilleros en la zona.
El 12 de febrero del 2008 la Policía interceptó comunicaciones de 'Santiago' con Duberney Cabrera, 'Narices', segundo jefe del Frente Manuel Cepeda. Hablaron de nuevo sobre atentados.
El 12 de diciembre del 2007 el jefe guerrillero entregó instrucciones a otros subversivos sobre explosivos que debían conseguirle.
REDACCIÓN JUSTICIA
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