REPORTAJE: Narcotráfico en Colombia
"El narcoestado soñado por Escobar tiene más vigencia que nunca"
Virginia Vallejo, ex amante del capo de la droga, arremete contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, desde su refugio
FRANCESC RELEA - Miami - 14/10/2007
La figura del narcotraficante Pablo Escobar, abatido hace 14 años, sacude todavía a la clase política colombiana. Virginia Vallejo, de 57 años, novia-amante durante más de un lustro del jefe del Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa que ha actuado en Colombia, ha roto un largo silencio para hablar del pasado y el presente de su país. "El silencio me salvó. Soy el único superviviente, los demás están muertos", dice. En el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar (Random House Mondadori), Vallejo arremete contra destacados líderes políticos a quienes atribuye estrechos vínculos con el gran capo de la droga.
Refugiada en Estados Unidos a la espera de obtener asilo político, Virginia Vallejo concedió una larga entrevista a EL PAIS, la primera desde su salida de Colombia hace más de un año. Desaparecida de escena desde hacía más de una década, en la que proliferaron chismes y rumores de la peor especie, la presentadora de televisión, reportera, modelo y actriz vuelve a la palestra como un testigo incómodo para los políticos colombianos. El presidente, Alvaro Uribe Vélez, se ha apresurado a rechazar las acusaciones del libro de Vallejo.
"El narcoestado soñado por Pablo Escobar tiene hoy más vigencia que nunca en Colombia", dice la diva de los años 80. "Los narcotraficantes prosperaron en Colombia no porque fueran unos genios, sino porque los presidentes eran muy baratos", dice Vallejo, y menciona tres nombres como los narcopresidentes: Alfonso López Michelsen, Ernesto Samper y Álvaro Uribe.
Del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, Vallejo dice que el jefe del Cartel de Medellín lo idolatraba. Asegura que el gobernante, en su etapa de director de la Aeronáutica Civil (1980-1982) "concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del narcotráfico".
"Pablo solía decir: 'si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a os gringos. Ahora, con nuestras propias pistas no nos para nadie. Pista propia, aviones propios, helicópteros propios...' Sacaban la mercancía hasta Cayo Norman, en las Bahamas, cuartel de las operaciones de Carlos Lehder, y de allí a Miami, sin problemas". Virginia Vallejo está dispuesta a defender públicamente y ante un detector de mentiras todo lo escrito y declarado.
Fueron los años dorados de Pablo, los Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, Lehder.
Transportaban hasta 300 kilos de cocaína por hora y día. Estaban en el lugar perfecto a la hora perfecta, aunque al final todos tuvieron un destino trágico. En tres años estos tipos pasaron de ser lijadores de lápidas, desvalijadores de automóviles, a tener fortunas de 3.000 millones de dólares. "Cuando conocí a Pablo no sabía que tenía tanto dinero. Me enteré por las revistas Forbes y Fortune que lo situaban como el séptimo hombre más rico del mundo", comenta Vallejo.
Otro episodio que ilustra los supuestos vínculos entre Uribe y Escobar es la muerte de Alberto Uribe Sierra, padre del presidente, en 1983, a manos del quinto frente de la guerrilla de las FARC. "Pablo quería mucho a Alvarito", explica la ex novia de Escobar. "Cuando las FARC mataron al padre de Uribe en un intento de secuestro, Pablo les envió un helicóptero para recoger los restos. El hermano, Santiago, se estaba desangrando. Se encontraban en una hacienda lejana de Medellín, donde no había ni helicópteros ni infraestructura aeronáutica de ningún tipo. Pablo dio la orden de enviar el helicóptero. Me lo contó unos días después. Sintió mucho aquella muerte. Estaba muy triste. Me dijo: 'Quien crea que esto es un negocio fácil, está muy equivocado. Esto es un reguero de muertos. Todos los días tenemos que enterrar amigos, socios y parientes. Me dijo que él también podía ser uno de los muertos, y me preguntó si estaría dispuesta a escribir su historia'".
Según el National Security Archive, un grupo de investigación no gubernamental basado en la George Washington University, Álvaro Uribe fue un amigo cercano de Pablo Escobar, que colaboró con el Cartel de Medellín. El mismo grupo de investigación difundió una lista de los narcotraficantes colombianos más importantes en 1991, elaborada por los servicios de inteligencia estadounidenses, en la que Escobar ocupaba el puesto 79 y Uribe el 82.
Antes de escapar de Colombia, Virginia Vallejo intentó dar su testimonio en el juicio contra el ex ministro de Justicia Alberto Santofimio, acusado de ser el inductor del asesinato del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, en 1989. "Mi testimonio habría involucrado a toda la clase política de Colombia", asegura. Sospechosamente, la etapa de exposición de pruebas se cerró con una rapidez inusual, y la declaración de Virginia Vallejo se difundió en televisión pero no se incorporó al sumario. Santofimio fue condenado el jueves pasado a 24 años de prisión por homicidio con fines terroristas.
La planificación y financiación del crimen fueron atribuidas a Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín. Según la antigua novia del narcotraficante, Santofimio era el candidato de Escobar para las elecciones presidenciales y el enlace del capo con los jerarcas del Partido Liberal, "sobretodo con el ex presidente López Michelsen, el hombre más poderoso de Colombia hasta el año pasado, cuando murió a los 94 años".
Vallejo asegura que en su presencia "Santofimio instigó por lo menos en tres ocasiones a Pablo
a eliminar a Luis Carlos Galán". "Lo conté en julio pasado al diario Miami Herald. A los pocos días, el diario El Tiempo y el Partido Liberal cerraron filas en torno a Santofimio, para proteger al hombre que conoce el precio de toda la clase política de Colombia".
Virginia Vallejo huyó de su país con ayuda norteamericana. A las 6 de la mañana del 18 de julio de 2006, tres vehículos blindados armados con ametralladoras de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá la trasladaron desde su casa al aeropuerto. Poco después un avión de la DEA, la agencia antidrogas de EE UU, despegaba rumbo a Miami. "Fui a la Embajada de EE UU, me reuní con el agregado del Departamento de Justicia, Jerry MacMillan, a quien ofrecí cooperación en el juicio a los hermanos Rodríguez Orejuela , que iba a empezar seis semanas después en Estados Unidos. El funcionario abrió sus ojos como platos cuando oyó que era amante de Escobar".
En Miami la interrogaron durante cinco días. En el juicio a los Rodríguez Orejuela había congelada una fortuna de 2.100 millones de dólares. En contra de lo que han publicado diversos medios informativos, Virginia Vallejo no disfruta de la condición de testigo protegido en EE UU. "Finalmente me dijeron, usted no nos sirve para el caso de los Rodríguez Orejuela, la vamos a devolver a Colombia. Le he explicado cómo corrompieron a la clase política y a dos presidentes de la República. ¿No les sirve esto? Me exprimieron como una naranja, les entregué todos los nombres de los políticos comprometidos con el narco, les hablé de la relación de Uribe con Escobar... Me dijeron que nada de eso les servía en el proceso a los Rodríguez Orejuela. Que me enviarían de regreso a mi país y me protegería el fiscal colombiano. Yo les dije que no, que la esposa del contable de los Rodríguez Orejuela estaba muerta por haberse montado él en un avión de la DEA. Les dije que me quedaba en Miami y pedí asilo político". Los trámites pueden durar años. Mientras tanto, la presentadora de televisión no puede salir de territorio estadounidense. "Mi destino en Colombia sería la tortura y la muerte. Uribe me declaró la guerra a través de todos los micrófonos".
En el ático de un rascacielos de 37 pisos, con una vista espectacular a la bahía de Miami, la ex diva colombiana muestra algunas revistas en las que ocupó la portada, -Bazaar, Cosmopolitan, Al día-, y fotos de los años felices en las que aparece con lo más granado de la alta sociedad colombiana y con Pablo Escobar. Son recuerdos de una época dorada cuando era la presentadora más conocida y más bella de la televisión, como una carta breve de su amante: "Virginia, no pienses que si no te llamo no te extraño mucho. No pienses que si no te veo no siento tu ausencia".
Vallejo trabajó desde 1972 a 1994 como periodista, reportera o entrevistadora. Durante tres años tuve mi propia productora, TV Impacto (1981-83), "una época negra para captar publicidad, en la que perdimos mucho dinero, el equivalente a 250.000 dólares. Pablo pagó de un plumazo esta deuda, cuando se enamoró de mí".
"En aquella época", recuerda, "era un parlamentario de provincias, de extracción popular, y yo era una estrella y una diva de la alta sociedad y la mujer más famosa de Colombia. Para él fue un gran honor que yo le dedicara una hora de mi programa. Yo no sabía nada del narcotráfico ni de las grandes fortunas".
La relación con el jefe del Cartel de Medellín truncó su exitosa carrera. Empezaron las llamadas anónimas y las calumnias, al mismo ritmo que perdía programas de televisión y contratos publicitarios. "Llegaron a publicar que la esposa de Escobar me había desfigurado la cara".
¿Por qué ha decidido hablar después de 20 años de silencio, cuando éste ha sido su mejor protección? "Mi misión es contar la historia para que la nueva generación de colombianos sepa lo que ocurrió". Pero, por qué ahora. "Porque se conjugaron cuatro procesos judiciales simultáneamente, es como una cuestión del destino. Estaba el proceso en curso por el magnicidio de Luis Carlos Galán contra Alberto Santofimio Botero; la Comisión de la Verdad investigando el ataque al palacio de Justicia de 1985; había un proceso en EE UU contra los jefes del Cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, y había otro proceso también en Estados Unidos contra los dueños de la multinacional que me había despojado de todo mi patrimonio. Yo era el testigo clave en cuatro procesos gigantescos, dos de ellos magnicidios históricos en Colombia y dos procesos enormes en Estados Unidos".
Durante 20 años le ofrecieron todo el dinero del mundo para que hablara de Pablo Escobar. Muchos periodistas querían escribir la historia de Virginia Vallejo con el jefe del Cartel de Medellín. "Yo les decía que la historia la escribiría cuando quisiera. He escrito lo que viví, ésta no es la historia de Pablo Escobar, es mi historia con Pablo y con otros hombres. Es mi autobiografía", afirma.
"Pablo me hizo la mujer más feliz del mundo. A pesar de que nunca viajamos juntos, nunca fuimos a París, nunca fuimos a las Seychelles, nunca me llevó a Cartier a comprar diamantes... Nos veíamos en el hotel Intercontinental de Bogotá, en mi apartamento o en el suyo de Medellín. Ya después en la selva, era como ir a ver al Che Guevara en la selva boliviana".
El homicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, cambió la relación de los amantes. "Nunca reconoció este crimen. Tampoco le pregunté. Él sabía que yo sabía. La persecución que Lara desató contra Pablo fue infernal y acabó con nuestra luna de miel y nuestra tranquilidad, hasta que se produjo la incautación de los laboratorios del Yarí, de 1.000 millones de dólares (700 millones de euros). Esto Pablo no se lo perdonó y ordenó matar a Lara Bonilla. Nos separamos y dejamos de vernos durante un año. Luego me dijo que iba a masacrar a mi país y que reemplazaría las balas por dinamita. Se volvió un monstruo después de nuestra separación, cuando desató la guerra del narcoterrorismo. Se convirtió en mi enemigo, porque no quería escribir su versión del asalto al Palacio de Justicia, ni su biografía apologética y porque quería irme de Colombia. Ya no era el hombre al que había amado con locura".
Fue una relación que combinó pasión con una vida espartana y dura. Escobar entrenó a su amante para situaciones peligro extremo. Tienes muchos enemigos y tienes que aprender a defenderte y aprender a matarte si son más de cuatro. Me entregó una pistola".
Pero cuando mira hacia atrás no se arrepiente de aquella relación. "Lo amé más que todas las mujeres que haya podido tener y lo odié más que todas las víctimas juntas", concluye Virginia Vallejo. "Hoy tengo todas las perspectivas posibles sobre Pablo. Ahora lo tengo claro, mi único lugar es estar con las víctimas. Pasó la época del amor, del odio y el terrorismo. El libro es como una catarsis que recuerda al amor que compartimos, luego el terror y luego el perdón, hasta que pueda convertirme en la portavoz de las víctimas. Escobar armó un tinglado de corrupción que dura hasta hoy y se extiende a México y a toda el área caribeña".
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
martes, 16 de octubre de 2007
'Proceso de desmovilización paramilitar: lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos'
'Proceso de desmovilización paramilitar: lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos'
Esa es la lúgubre conclusión, palabras más, palabras menos, de un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, que evaluó la aplicación de las leyes que lo rigen y el acceso de las víctimas a la reparación, dice que esto está sembrando graves incertidumbres de cara al futuro.
En el reporte, de 28 páginas (descárguelo en formato PDF), se le reconocen como acierto al gobierno algunas decisiones; sin embargo, se trata de un detallado balance sobre lo que no ha funcionado -ni va a funcionar- en el delicado proceso.
La CIDH basa sus observaciones en una serie de visitas 'al terreno' y entrevistas que realizó para darle seguimiento a la Misión de Acompañamiento al Proceso Premilitar (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Beneficios económicos
El primero de los bloques del reporte se dedica a evaluar el proceso de entrega de armas y primeras diligencias judiciales que se hicieron con miembros del Bloque Norte II y III, liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40'; y del Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón alias 'El Alemán'.
Según la CIDH, se pudo observar, por ejemplo, como muchas de las personas que se acercaron no parecían ser parte de los grupos paramilitares sino incentivadas por los beneficios económicos que ofrecía el estado.
"En la zona de ubicación se ventiló información indicando que, en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno. También observó, en el departamento del Cesar, que numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes", dice el reporte tras indicar que el Estado niega la situación.
De acuerdo con el órgano hemisférico, se pudo constatar que no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos.
Primeras diligencias judiciales
El reporte critica también al grupo de fiscales que tomó las primeras versiones libre de los desmovilizados pues, dice, eran comisionados "horas antes de su partida", no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó y dejó escapar una valiosa oportunidad para el esclarecimiento de la verdad.
"En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la AUC que participaron de la desmovilización", dice el reporte.
Según el Estado, cuya repuesta es mencionada en el informe, a los fiscales se les dio una guía, pero eso no los limitaba en sus funciones de ampliar la pesquisa.
Para la Comisión, esa "oportunidad perdida" es lamentable, pues "dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras armadas". Y da este otro dato: El 90 por ciento de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil) no aportaron datos relevantes sobre sus acciones.
De acuerdo con el reporte, la Comisión también constató que en muchos casos los paras entregaron armas que parecían viejas y en mal estado, cuando las escoltas de los líderes sí portaban otras relucientes, y que luego aparecieron depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados.
Vacíos jurídicos
La comisión menciona como algunos decretos e interpretaciones de las leyes que rigen el proceso han provocado vacíos e incertidumbre.
Cita la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 para decir que podría usarse para impedir instaurar procesos judiciales contra personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual podría conducir a la impunidad de graves crímenes.
Aunque advierte que no deberían existir obstáculos que bloqueen la apertura posterior de investigaciones por la comisión de otros delitos, distintos al de concierto para delinquir, añade que esta interpretación dependerá del curso de acción que los funcionarios judiciales adopten respecto de cada caso.
También menciona que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 que, según dice, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.
"Para la CIDH está claro que más allá de la discusión sobre el alcance temporal de la decisión de la Corte, ésta ha establecido que la permanencia en la zona de concentración no puede asimilarse a un período de pena cumplida. Esta interpretación constitucional sobre qué debe entenderse por pena en el sistema legal colombiano debería ser decisiva para los jueces al momento de determinar el cómputo de las penas alternativas a aplicar para aquellas personas que hubieran logrado acceder a este beneficio.
De lo contrario, por la vía de una disposición reglamentaria, se estarían introduciendo nuevas reformas al marco normativo, en sentido contrario a la decisión de la Corte y en un aspecto sustancial para el examen de la legalidad internacional y constitucional del sistema de Justicia y Paz, como es la posibilidad de nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas", dice la Comisión.
La Comisión también resalta que la reparación colectiva que prevé el decreto 3391, es decir la entrega de bienes de los desmovilizados destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, "puede generar o agravar tensiones entre la población civil y los desmovilizados en vista del temor a represalias que perdura en vastas zonas del país".
El reporte dedica a su vez una gran porción a la participación de las víctimas en el proceso y el modelo de reparación que se ha diseñado.
Sostiene, por ejemplo, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona por que se hace a través de medios que no llegan a las zonas rurales, donde están localizadas en su mayoría y recomienda usar emisoras locales y periódicos regionales.
Subraya que otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".
La comisión también expresa preocupación por las restricciones de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales y por las amenazas y asesinatos (caso Yolanda Izquierdo, entre otros) de las que han sido objeto.
Si bien es loable insistir que los responsables de los crímenes paguen por el costo de la reparación, añade, es el Estado, que cuenta con los recursos, y nos las víctimas, el que debe asumir el costo de la recuperación y distribución de esos bienes. Para la CIDH, el Estado está asumiendo un rol marginal en el proceso cuando debería ser protagónico.
Para terminar la CIDH dedica un segmento a la reincorporación a la vida civil de los 'paras', que dice es baja -unos 4.200 que han ingresado a la fuerza laboral-, ante el volumen de la desmovilización (41.000 aproximadamente).
Así mismo hace un comentario sobre el rearme de grupos paras y aparición de nuevas bandas en la que sostiene que pese a la advertencia del gobierno de que perderán los beneficios si retornan a la ilegalidad, estas consecuencias sólo afectarán a aquellos desmovilizados que hayan postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que constituyen solo un 8,7 por ciento del total de los desmovilizados.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Esa es la lúgubre conclusión, palabras más, palabras menos, de un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, que evaluó la aplicación de las leyes que lo rigen y el acceso de las víctimas a la reparación, dice que esto está sembrando graves incertidumbres de cara al futuro.
En el reporte, de 28 páginas (descárguelo en formato PDF), se le reconocen como acierto al gobierno algunas decisiones; sin embargo, se trata de un detallado balance sobre lo que no ha funcionado -ni va a funcionar- en el delicado proceso.
La CIDH basa sus observaciones en una serie de visitas 'al terreno' y entrevistas que realizó para darle seguimiento a la Misión de Acompañamiento al Proceso Premilitar (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Beneficios económicos
El primero de los bloques del reporte se dedica a evaluar el proceso de entrega de armas y primeras diligencias judiciales que se hicieron con miembros del Bloque Norte II y III, liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40'; y del Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón alias 'El Alemán'.
Según la CIDH, se pudo observar, por ejemplo, como muchas de las personas que se acercaron no parecían ser parte de los grupos paramilitares sino incentivadas por los beneficios económicos que ofrecía el estado.
"En la zona de ubicación se ventiló información indicando que, en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno. También observó, en el departamento del Cesar, que numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes", dice el reporte tras indicar que el Estado niega la situación.
De acuerdo con el órgano hemisférico, se pudo constatar que no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos.
Primeras diligencias judiciales
El reporte critica también al grupo de fiscales que tomó las primeras versiones libre de los desmovilizados pues, dice, eran comisionados "horas antes de su partida", no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó y dejó escapar una valiosa oportunidad para el esclarecimiento de la verdad.
"En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la AUC que participaron de la desmovilización", dice el reporte.
Según el Estado, cuya repuesta es mencionada en el informe, a los fiscales se les dio una guía, pero eso no los limitaba en sus funciones de ampliar la pesquisa.
Para la Comisión, esa "oportunidad perdida" es lamentable, pues "dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras armadas". Y da este otro dato: El 90 por ciento de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil) no aportaron datos relevantes sobre sus acciones.
De acuerdo con el reporte, la Comisión también constató que en muchos casos los paras entregaron armas que parecían viejas y en mal estado, cuando las escoltas de los líderes sí portaban otras relucientes, y que luego aparecieron depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados.
Vacíos jurídicos
La comisión menciona como algunos decretos e interpretaciones de las leyes que rigen el proceso han provocado vacíos e incertidumbre.
Cita la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 para decir que podría usarse para impedir instaurar procesos judiciales contra personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual podría conducir a la impunidad de graves crímenes.
Aunque advierte que no deberían existir obstáculos que bloqueen la apertura posterior de investigaciones por la comisión de otros delitos, distintos al de concierto para delinquir, añade que esta interpretación dependerá del curso de acción que los funcionarios judiciales adopten respecto de cada caso.
También menciona que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 que, según dice, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.
"Para la CIDH está claro que más allá de la discusión sobre el alcance temporal de la decisión de la Corte, ésta ha establecido que la permanencia en la zona de concentración no puede asimilarse a un período de pena cumplida. Esta interpretación constitucional sobre qué debe entenderse por pena en el sistema legal colombiano debería ser decisiva para los jueces al momento de determinar el cómputo de las penas alternativas a aplicar para aquellas personas que hubieran logrado acceder a este beneficio.
De lo contrario, por la vía de una disposición reglamentaria, se estarían introduciendo nuevas reformas al marco normativo, en sentido contrario a la decisión de la Corte y en un aspecto sustancial para el examen de la legalidad internacional y constitucional del sistema de Justicia y Paz, como es la posibilidad de nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas", dice la Comisión.
La Comisión también resalta que la reparación colectiva que prevé el decreto 3391, es decir la entrega de bienes de los desmovilizados destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, "puede generar o agravar tensiones entre la población civil y los desmovilizados en vista del temor a represalias que perdura en vastas zonas del país".
El reporte dedica a su vez una gran porción a la participación de las víctimas en el proceso y el modelo de reparación que se ha diseñado.
Sostiene, por ejemplo, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona por que se hace a través de medios que no llegan a las zonas rurales, donde están localizadas en su mayoría y recomienda usar emisoras locales y periódicos regionales.
Subraya que otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".
La comisión también expresa preocupación por las restricciones de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales y por las amenazas y asesinatos (caso Yolanda Izquierdo, entre otros) de las que han sido objeto.
Si bien es loable insistir que los responsables de los crímenes paguen por el costo de la reparación, añade, es el Estado, que cuenta con los recursos, y nos las víctimas, el que debe asumir el costo de la recuperación y distribución de esos bienes. Para la CIDH, el Estado está asumiendo un rol marginal en el proceso cuando debería ser protagónico.
Para terminar la CIDH dedica un segmento a la reincorporación a la vida civil de los 'paras', que dice es baja -unos 4.200 que han ingresado a la fuerza laboral-, ante el volumen de la desmovilización (41.000 aproximadamente).
Así mismo hace un comentario sobre el rearme de grupos paras y aparición de nuevas bandas en la que sostiene que pese a la advertencia del gobierno de que perderán los beneficios si retornan a la ilegalidad, estas consecuencias sólo afectarán a aquellos desmovilizados que hayan postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que constituyen solo un 8,7 por ciento del total de los desmovilizados.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento
En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento
Un informe preliminar de la Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia revela el incremento de los abusos cometidos contra la población civil.
La última vez que lo vio, iba montado en su caballo. Sixto Guzmán había salido de su casa en dirección al potrero para darles sal a unos terneros. Pero no volvió a la hora del almuerzo. Martha Liliana González, su esposa, lo esperó hasta las 4 de la tarde del 13 de septiembre, y en vista de que no llegaba, decidió caminar hacia donde suponía que debía estar. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cóndor del corregimiento de Puerto Rico, Caquetá.
Una tragedia se cernía. Entró a la casa de una de sus vecinas, que aseguró haberlo visto. En su cara se advertía la palidez que produce el terror. Su vecina le contó que a él se lo habían llevado unos uniformados. Pero que no fuera sola porque podía ser peligroso, estaban armados y pedían información acerca de la zona. Que Sixto se había negado a guiarlos por los caminos, le habían quitado el caballo y lo habían amarrado.
Pasados unos minutos, a las 4:30, sonó una ráfaga de fusil. Luego, unos estallidos de granada. El pánico sobrecogió a las dos mujeres y a un hermano de Sixto, que para ese momento había llegado a buscarlo. Cuando pasó el ruido de las explosiones, media hora más tarde, Martha Liliana se lleno de coraje y fue a encarar a la escuadra del Batallón Cazadores que custodiaba el camino.
Uno de los soldados salió a su encuentro y le preguntó que para dónde iba. Ella contestó “devuélvame a mi esposo”. Martha Liliana pudo advertir, como contaría más tarde, que a unos metros se encontraba amarrado el caballo y a un lado del camino estaba lo que parecía un cuerpo, cubierto con hojas de helechos.
La pesadilla apenas comenzaba. Le dijeron que si ese caballo era suyo, que se lo llevara. Ella replicó que si no le entregaban a su esposo, los demandaría. “Ustedes hacen pasar a la gente como guerrilleros y les ponen armas para decir que mataron a unos bandidos”, les dijo indignada. La amenazaron, la grabaron con la cámara de un celular y le dijeron que volverían por todos los guerrilleros. “Nunca hubo un enfrentamiento con ningún grupo en la zona”, aseguraría Martha Liliana después.
Pasados tres días de búsqueda, de averiguar en la Sijín de Florencia, en el Batallón, Martha Liliana, junto con su hermano Alberto, logró encontrar el cadáver de Sixto. Fueron informados por el CTI de que dos cuerpos habían sido remitidos como N.N. de Cartagena del Chairá y que estaban en la Morgue de Florencia. Finalmente, el cuerpo les fue devuelto el lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde.
Hoy son muchas las preguntas que se abren para una familia de la cuál quedan tres hijos menores de edad y una mujer de 27 años. “Para ella ha sido muy difícil. Los niños no quieren volver a estudiar y el Ejército sigue en la zona” dice Alberto, su hermano. Todavía no se esclarecen los hechos, aunque ya fue radicada una denuncia en la Personería. ¿Por qué lo mataron?, ¿a dónde lo llevaron después?, más que preguntas por la verdad, es el clamor de una madre y esposa que está a la espera de justicia, con una mezcla de temor y coraje al mismo tiempo.
Inquietante coincidencia (ver video columna)
En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65 por ciento con respecto a los cinco años anteriores, al pasar de 577 a 955 casos. El asesinato de Sixto aún no entra en el registro de estos, debido a que es muy reciente. Pero si cumple con las características que tienen la mayoría. En un informe preliminar presentado esta semana por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) se evidencia lo escabroso del tema.
Entre junio de 2002 y julio de 2006, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los casos aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, donde las víctimas, campesinos o indígenas en su mayoría, son capturadas en inmediaciones de su domicilio. Luego de la ejecución, son vestidos con prendas militares o reportados como “personal armado”, cuando los testimonios de sus familiares declaran que desaparecieron con su ropa habitual. A esto se suma la negligencia en el peritaje, la ocultación de información importante, o el hecho de que sea la “jurisdicción penal militar” la que lleva a cabo la investigación, lo que no garantiza su imparcialidad.
El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu, conformado por observadores internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, establece cuatro características que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia:
* El aumento coincide con la política de “Seguridad democrática”
* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.
* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada.
* Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.
Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en Colombia “existe suficiente evidencia para creer que la Fuerza Pública practicó esas ejecuciones”. Sin embargo, muchas son presentadas como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de Derechos Humanos a una estrategia de la guerrilla.
Un informe preliminar de la Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia revela el incremento de los abusos cometidos contra la población civil.
La última vez que lo vio, iba montado en su caballo. Sixto Guzmán había salido de su casa en dirección al potrero para darles sal a unos terneros. Pero no volvió a la hora del almuerzo. Martha Liliana González, su esposa, lo esperó hasta las 4 de la tarde del 13 de septiembre, y en vista de que no llegaba, decidió caminar hacia donde suponía que debía estar. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cóndor del corregimiento de Puerto Rico, Caquetá.
Una tragedia se cernía. Entró a la casa de una de sus vecinas, que aseguró haberlo visto. En su cara se advertía la palidez que produce el terror. Su vecina le contó que a él se lo habían llevado unos uniformados. Pero que no fuera sola porque podía ser peligroso, estaban armados y pedían información acerca de la zona. Que Sixto se había negado a guiarlos por los caminos, le habían quitado el caballo y lo habían amarrado.
Pasados unos minutos, a las 4:30, sonó una ráfaga de fusil. Luego, unos estallidos de granada. El pánico sobrecogió a las dos mujeres y a un hermano de Sixto, que para ese momento había llegado a buscarlo. Cuando pasó el ruido de las explosiones, media hora más tarde, Martha Liliana se lleno de coraje y fue a encarar a la escuadra del Batallón Cazadores que custodiaba el camino.
Uno de los soldados salió a su encuentro y le preguntó que para dónde iba. Ella contestó “devuélvame a mi esposo”. Martha Liliana pudo advertir, como contaría más tarde, que a unos metros se encontraba amarrado el caballo y a un lado del camino estaba lo que parecía un cuerpo, cubierto con hojas de helechos.
La pesadilla apenas comenzaba. Le dijeron que si ese caballo era suyo, que se lo llevara. Ella replicó que si no le entregaban a su esposo, los demandaría. “Ustedes hacen pasar a la gente como guerrilleros y les ponen armas para decir que mataron a unos bandidos”, les dijo indignada. La amenazaron, la grabaron con la cámara de un celular y le dijeron que volverían por todos los guerrilleros. “Nunca hubo un enfrentamiento con ningún grupo en la zona”, aseguraría Martha Liliana después.
Pasados tres días de búsqueda, de averiguar en la Sijín de Florencia, en el Batallón, Martha Liliana, junto con su hermano Alberto, logró encontrar el cadáver de Sixto. Fueron informados por el CTI de que dos cuerpos habían sido remitidos como N.N. de Cartagena del Chairá y que estaban en la Morgue de Florencia. Finalmente, el cuerpo les fue devuelto el lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde.
Hoy son muchas las preguntas que se abren para una familia de la cuál quedan tres hijos menores de edad y una mujer de 27 años. “Para ella ha sido muy difícil. Los niños no quieren volver a estudiar y el Ejército sigue en la zona” dice Alberto, su hermano. Todavía no se esclarecen los hechos, aunque ya fue radicada una denuncia en la Personería. ¿Por qué lo mataron?, ¿a dónde lo llevaron después?, más que preguntas por la verdad, es el clamor de una madre y esposa que está a la espera de justicia, con una mezcla de temor y coraje al mismo tiempo.
Inquietante coincidencia (ver video columna)
En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65 por ciento con respecto a los cinco años anteriores, al pasar de 577 a 955 casos. El asesinato de Sixto aún no entra en el registro de estos, debido a que es muy reciente. Pero si cumple con las características que tienen la mayoría. En un informe preliminar presentado esta semana por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) se evidencia lo escabroso del tema.
Entre junio de 2002 y julio de 2006, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los casos aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, donde las víctimas, campesinos o indígenas en su mayoría, son capturadas en inmediaciones de su domicilio. Luego de la ejecución, son vestidos con prendas militares o reportados como “personal armado”, cuando los testimonios de sus familiares declaran que desaparecieron con su ropa habitual. A esto se suma la negligencia en el peritaje, la ocultación de información importante, o el hecho de que sea la “jurisdicción penal militar” la que lleva a cabo la investigación, lo que no garantiza su imparcialidad.
El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu, conformado por observadores internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, establece cuatro características que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia:
* El aumento coincide con la política de “Seguridad democrática”
* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.
* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada.
* Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.
Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en Colombia “existe suficiente evidencia para creer que la Fuerza Pública practicó esas ejecuciones”. Sin embargo, muchas son presentadas como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de Derechos Humanos a una estrategia de la guerrilla.
En medio de la tormenta política, el partido de La U propone la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez
En medio de la tormenta política, el partido de La U propone la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez
La iniciativa buscará que en 2008 haya un referendo que en caso de ser aprobado permita al actual mandatario disputar la Presidencia en 2010. La recolección de firmas se hará a partir de este 29 de octubre. El Gobierno califica la iniciativa como ‘interesante’
En momentos en que en el país soporta la más severa tormenta política de los últimos tiempos, en el horizonte apareció un nuevo elemento que provocará una gran controversia. El Congreso Ideológico del Partido de La U aprobó la propuesta para buscar la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La iniciativa fue presentada este miércoles por el secretario general del partido de La U, Luis Guillermo Giraldo, en un acto que recibió un sonoro aplaudo de todos los asistentes al recinto aunque contó con el rechazo de importantes cuadros de la disidencia como Martha Lucía Ramírez, Gina Parody y Armando Benedetti.
“Hemos palpado el sentir popular de la gente, lo que piensan las personas en todas las regiones del país y vemos que hay animo para reelegir al presidente Uribe”, le dijo Giraldo a Semana.com
Además de esta corriente que según él se palpa en el ambiente de apoyo al presidente Uribe también existen diversos estudios que demuestran un apoyo mayoritario a la continuidad del Presidente.
“Tenemos varias encuestas. Una del partido de La U en la que un 52 por ciento de los colombianos es favorable a la continuidad del Presidente y hay otra hecha por la revista Credencial en la que un 58 por ciento de los empresarios manifiestan que en caso de que Uribe Vélez se presente éstos votarán por él”.
¿Cómo se hará la segunda reelección de Uribe? El secretario general del partido uribista dice que desde este 29 de octubre empezará en todo el país la recolección de firmas. El proceso irá hasta el 2008 momento en que se deberá haber recogido el 5 por ciento de las firmas del censo electoral lo que le dará luz verde al referendo. Este se realizaría en 2009 y en caso de ser aprobado e incluido en la Constitución Nacional, en 2010 Uribe se presentaría a un tercer mandato.
La propuesta de Giraldo se hizo este miércoles en el marco del congreso ideológico del partido de La U previsto en el Senado de la República. Allí estuvieron 20 senadores y 33 representantes (en total 53 parlamentarios) más concejales, diputados y otros líderes políticos invitados.
Giraldo considera que si bien el asesor presidencial José Obdulio Gaviria se ha mostrado en contra de esta iniciativa y de que los hijos del Presidente han asegurado que no quieren estar más de ocho años en Palacio, él la presentó porque cree que la gente mayoritariamente quiere la segunda reelección del Presidente.
De hecho, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, no rechazó la propuesta sino que la calificó de “interesante”.
Al acto no asistieron los llamados disidentes de La U. Ellos, al contrario, de la salva de aplausos que se escuchó en el recinto se mostraron escépticos y criticaron con dureza la iniciativa. Armando Benedetti, Martha Lucía Ramírez y Gina Parody coincidieron en afirmar que el país no estaba para una propuesta de semejantes consecuencias que alteraría por completo toda la vida política del país. La senadora Ramírez, por ejemplo, calificó la propuesta de “oportunista”. Benedetti consideró que la iniciativa de La U es “una estrategia electoral para tener buenos resultados en las elecciones de octubre”. Parody llamó la atención sobre la incapacidad de los cuadros que dirigen su partido para sacar adelante “propuestas sobre crecimiento económico, educación y ecología y no encontraron otro camino que volver a sacar el tema de la reelección presidencial”.
En cambio, Giraldo cree que la decisión es trascendental porque tiene en cuenta el sentir mayoritario de los colombianos. En opinión suya una cosa es lo que se escribe en los medios de Bogotá y otra muy distinta a lo que se habla en las regiones del país. “Se hará una consulta a voto limpio para que la gente libremente decida si quieren que la obra del Presidente continúe o no. Es un acto totalmente democrático”.
Lo cierto es que la iniciativa llega en un momento en que el país político está totalmente encendido por el choque de trenes entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia en el fondo por el tema de la para-política. Y ahora como hace muy poco tiempo, el país empezará a hablar ya no sobre “cambiar un articulito” sino “firmar un referendo”. Todo a nombre de un hombre: Álvaro Uribe Vélez.
La iniciativa buscará que en 2008 haya un referendo que en caso de ser aprobado permita al actual mandatario disputar la Presidencia en 2010. La recolección de firmas se hará a partir de este 29 de octubre. El Gobierno califica la iniciativa como ‘interesante’
En momentos en que en el país soporta la más severa tormenta política de los últimos tiempos, en el horizonte apareció un nuevo elemento que provocará una gran controversia. El Congreso Ideológico del Partido de La U aprobó la propuesta para buscar la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La iniciativa fue presentada este miércoles por el secretario general del partido de La U, Luis Guillermo Giraldo, en un acto que recibió un sonoro aplaudo de todos los asistentes al recinto aunque contó con el rechazo de importantes cuadros de la disidencia como Martha Lucía Ramírez, Gina Parody y Armando Benedetti.
“Hemos palpado el sentir popular de la gente, lo que piensan las personas en todas las regiones del país y vemos que hay animo para reelegir al presidente Uribe”, le dijo Giraldo a Semana.com
Además de esta corriente que según él se palpa en el ambiente de apoyo al presidente Uribe también existen diversos estudios que demuestran un apoyo mayoritario a la continuidad del Presidente.
“Tenemos varias encuestas. Una del partido de La U en la que un 52 por ciento de los colombianos es favorable a la continuidad del Presidente y hay otra hecha por la revista Credencial en la que un 58 por ciento de los empresarios manifiestan que en caso de que Uribe Vélez se presente éstos votarán por él”.
¿Cómo se hará la segunda reelección de Uribe? El secretario general del partido uribista dice que desde este 29 de octubre empezará en todo el país la recolección de firmas. El proceso irá hasta el 2008 momento en que se deberá haber recogido el 5 por ciento de las firmas del censo electoral lo que le dará luz verde al referendo. Este se realizaría en 2009 y en caso de ser aprobado e incluido en la Constitución Nacional, en 2010 Uribe se presentaría a un tercer mandato.
La propuesta de Giraldo se hizo este miércoles en el marco del congreso ideológico del partido de La U previsto en el Senado de la República. Allí estuvieron 20 senadores y 33 representantes (en total 53 parlamentarios) más concejales, diputados y otros líderes políticos invitados.
Giraldo considera que si bien el asesor presidencial José Obdulio Gaviria se ha mostrado en contra de esta iniciativa y de que los hijos del Presidente han asegurado que no quieren estar más de ocho años en Palacio, él la presentó porque cree que la gente mayoritariamente quiere la segunda reelección del Presidente.
De hecho, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, no rechazó la propuesta sino que la calificó de “interesante”.
Al acto no asistieron los llamados disidentes de La U. Ellos, al contrario, de la salva de aplausos que se escuchó en el recinto se mostraron escépticos y criticaron con dureza la iniciativa. Armando Benedetti, Martha Lucía Ramírez y Gina Parody coincidieron en afirmar que el país no estaba para una propuesta de semejantes consecuencias que alteraría por completo toda la vida política del país. La senadora Ramírez, por ejemplo, calificó la propuesta de “oportunista”. Benedetti consideró que la iniciativa de La U es “una estrategia electoral para tener buenos resultados en las elecciones de octubre”. Parody llamó la atención sobre la incapacidad de los cuadros que dirigen su partido para sacar adelante “propuestas sobre crecimiento económico, educación y ecología y no encontraron otro camino que volver a sacar el tema de la reelección presidencial”.
En cambio, Giraldo cree que la decisión es trascendental porque tiene en cuenta el sentir mayoritario de los colombianos. En opinión suya una cosa es lo que se escribe en los medios de Bogotá y otra muy distinta a lo que se habla en las regiones del país. “Se hará una consulta a voto limpio para que la gente libremente decida si quieren que la obra del Presidente continúe o no. Es un acto totalmente democrático”.
Lo cierto es que la iniciativa llega en un momento en que el país político está totalmente encendido por el choque de trenes entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia en el fondo por el tema de la para-política. Y ahora como hace muy poco tiempo, el país empezará a hablar ya no sobre “cambiar un articulito” sino “firmar un referendo”. Todo a nombre de un hombre: Álvaro Uribe Vélez.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)