viernes, 3 de agosto de 2007

Acuerdo Humanitario




Uribe propone crear 'zona de encuentro' por 90 días si Farc libera a secuestrados
En un agitado contrapunteo con el profesor Gustavo Moncayo, el Presidente ratificó su negativa a la desmilitarización. El educador hizo esperar al Presidente, lo obligó a pararse ante una multitud en la Plaza de Bolívar y lo cuestionó enérgicamente, pero no le pudo sacar el sí al acuerdo humanitario.

Hasta los más optimistas y simpatizantes del acuerdo humanitario presentían lo que pasaría el jueves, durante el cara a cara del presidente Álvaro Uribe y Gustavo Moncayo, el humilde educador que durante 46 días caminó más de mil kilómetros desde Sandoná (Nariño) para pedir al gobierno y la guerrilla una fórmula pacífica que devuelva a la libertad a los rehenes de las Farc.

La cita se cumplió en dos tiempos, un diálogo privado y una charla pública en plena Plaza de Bolívar. Fueron en total cuatro horas tras las cuales el caminante no logró el sí de Uribe al acuerdo humanitario y tuvo que conformarse con dos propuestas gubernamentales novedosas en su forma pero no en el contenido y ante las cuales él cree que no habrá respuesta positiva de las Farc. La primera, Uribe está dispuesto a liberar guerrilleros si las Farc hacen lo propio con todos los secuestrados. La segunda, si la guerrilla entrega a todos los rehenes el gobierno hará un despeje de 90 días para sentarse a hablar sobre la paz del país.

Ni la formación humilde de Moncayo, ni el nerviosismo por estar ante una multitud tan grande, ni la presión de encontrarse cara a cara con el hombre más poderoso del país, ni siquiera el cansancio después de mes y medio de travesía lograron hacerle perder el hilo de la discusión. Si Uribe le hablaba en tono bajo, él le preguntaba por la libertad de los secuestrados y si el presidente gritaba, volvía a interrogar sobre el mismo punto.

Por eso mientras las agencias de prensa y los periodistas se apresuraban a titular sus despachos con la “nueva” propuesta presidencial, el profesor Moncayo sacó fuerzas de donde no tenía y volvió a cuestionar a un presidente ya desencajado ante las arengas que le gritaba la multitud en la plaza de Bolívar, de Bogotá. “Esa propuesta no sirve para nada. Es una farsa. Aquí no se trata de lanzar propuestas por propuestas”, dijo Moncayo mientras reclamaba un acto “concreto” por los secuestrados, entre quienes se encuentra su hijo Pablo Emilio.

Con el paso de los minutos la tristeza del educador aumentaba. Uribe no cedió en sus propuestas y el país entero, que lo apoyó en su marcha, lo miró llorar de desconsuelo a través de la televisión. En algún lugar del mundo, la agencia Anncol, que reproduce permanentemente las noticias del grupo que secuestró al hijo de Moncayo, publicó un panfleto que daba cuenta del cinismo del grupo armado frente a la tragedia. Con un montón de calificativos endilgaba a Uribe la responsabilidad exclusiva por la suerte de los plagiados y no dedicaba una sola letra a la de las Farc, por habérselos llevado.

El cara a cara

Moncayo llegó pasadas las 10:30 a la Plaza de Bolívar luego de asistir a una misa. Allí lo esperaba el presidente Uribe que había llegado más de media hora antes. A esa hora ya se congregaban en el lugar centenares de personas expectantes que querían escuchar a quien se ha convertido una figura emblemática del acuerdo humanitario.

Llevaba una camiseta blanca con la foto de su hijo secuestrado, alrededor del cuello y en las muñecas tenía las cadenas que usa desde octubre pasado como protesta contra el presidente Álvaro Uribe y su política de rescate a sangre y fuego. Cuando no podía ocultar el cansancio, se apoyaba en el bastón indígena que lo acompaña desde su primera semana de travesía.

Al llegar a la cita Uribe se mostró paternal y proteccionista con quienes se le acercaban para pedirle gestiones por la libertad de sus hijos secuestrados. Sin embargo, dejó claro que “todo el país ya sabe cuál es mi posición”. Luego estalló en gritos ante las rechiflas, insultos y gritos de los asistentes.


Después de un rato de reunión, en la cual Uribe y Moncayo habían acordado hablar cordialmente, las arengas del público contra el presidente Uribe obligaron al profesor Moncayo a recriminar a los asistentes. Estos vociferaban un “sí al acuerdo humanitario” y “abajo el presidente”. En ese momento el profesor abandonó el diálogo para referirse a la multitud:

"Aquí no estamos diciendo abajo a nadie, vamos a hacer lo posible para que esto tenga un feliz término. Que viva la libertad y viva la paz... cambiemos la mentalidad y no seamos retrógrados", dijo enérgico, pero conciliador.

La reunión bilateral terminó y llegó el momento de presentar el balance de lo sucedido al país. Se multiplicaron las cámaras de televisión y los dispositivos de seguridad. Junto al atril, parado de tal forma que parecía más grande que los demás, estaba el Presidente. A su lado, sus ministros, asesores, escoltas, jefes de protocolo, el comisionado de paz y el subintendente John Frank Pinchao –el que se les fugó a las Farc- vestido para la ocasión con su uniforme de Policía. Al frente, miles de personas que gritaban arengas contra el gobierno. Y en el rincón más humilde de la Plaza, como contraparte del imponente equipo de gobierno y las instituciones, un profesor encadenado, su esposa, su hija de tres años de edad y la foto de Pablo Emilio, el Policía secuestrado por defender al gobierno y las instituciones.

“El profesor me dijo que yo estaba procediendo con venganza hacia las Farc porque asesinaron a mi padre. Le dije que sentía el dolor que ha sentido el 50 por ciento de familias colombianas que han sido víctimas de la violencia. Le dije que ese dolor no me privó de gobernar mi departamento (Antioquia) y le expresé que si hubiera tenido ánimo de venganza, no me hubiera presentado como candidato al Senado, a la Gobernación de Antioquia, ni a la Presidencia”, dijo Uribe.


Pitos y rechiflas

La plaza se volvió a llenar de insultos. “El que tenga algo para decirme, que salga al frente y me lo diga”, dijo, retando a la multitud.
Uribe gritó que no cederá ni “un milímetro” a la guerrilla y el maestro caminante le recordó que mientras ellos discutían en Bogotá, los secuestrados estaban sufriendo en la selva. Para ese momento el discurso del presidente sonaba más a regaño para los estudiantes congregados en el lugar, quienes no lo bajaban de paramilitar.

Moncayo retomó la palabra y recordó que el Presidente dejó en libertad a doscientos guerrilleros que la guerrilla no había pedido y que eso que el gobierno llamaba un gesto de paz era una ‘farsa’. "No hay que lanzar propuestas por lanzar propuestas, hay que sentarse a la mesa y dialogar. Si lanza propuestas, quien nos garantiza que la guerrilla va a aceptar propuestas, nadie nos garantiza nada", agregó Moncayo.

Cuando Uribe aseguró que este gobierno fortaleció la presencia estatal en el país, el profesor le respondió que la presencia estatal no se hace solo a trasvés de la Fuerza Pública, sino que debe incluir también profesores, enfermeras y asistencia social. Y cuando el Jefe de Estado se jactó por el patriótico de su gobierno el educador dijo que no estaba de acuerdo con que los niños fueran educados en los colegios para que después “en un año, se les entrene para cambiarles sus convicciones y se les enseñe a disparar al blanco”. Y con la sabiduría del viejo y el dolor de padre en sus palabras volvió al tema central del encuentro: "¿Por qué tenemos que esperar que nuestros hijos nos los entreguen como los diputados del Valle?"

En un abrir y cerrar de ojos, Uribe asumió el control de la reunión y quedó como eje central de la cita, a usanza de los consejos comunitarios que hace cada ocho días por las regiones del país. Dejó de ser el blanco de las críticas para mostrarse como el facilitador hacia la resolución de los problemas. Hasta se dio el lujo de pasar al frente a una estudiante de ciencias políticas que lo chiflaba, le pidió que hablara, le respondió y por un momento el tema de la reunión pasó a ser el del desempleo, la pobreza, el TLC...

Dijo que había permitido que una comisión de la ONU tuviera acercamientos con las Farc y que cuando el ex presidente Ernesto Samper y el ex candidato Álvaro Leyva le pidieron permiso para buscar una negociación, los autorizó. También comentó que Suiza, Francia y España están buscando acuerdos para liberar a los secuestrados y no han podido.

“Hace más de dos años liberé a 27 guerrilleros presos y hace poco propuse lo mismo para otros 150. De ellos, faltan 108 por definir su situación, pero van a quedar libres... ¿Y cómo responden ellos? Mataron a 11 diputados del Valle de los 12 que tenían secuestrados”, dijo el presidente.

Uribe, quien se adueñó de la moderación de la reunión, decidió contestarle una vez más. El profesor, agotado, se recostó en el hombro de su esposa y unas lágrimas salieron de sus ojos. Se sentó en las escalinatas que dan al Capitolio Nacional mientras su acompañante le sobaba las piernas. Minutos más tarde, se le vio salir de la tarima, de la mano de su esposa y bajo una sombrilla que lo protegía del sol, se dirigió hacia su “cambuche”. Uribe se quedó hablando sin contertulio. Para la televisión. Minutos después cerró el acto anunciando que una semana después volverá a debatir, pero que no cederá en sus convicciones.

“Profesor, quiero hablarle con franqueza, pero no engañarlo. No puedo aceptar el despeje. No le entregaré ni un milímetro cuadrado al terrorismo de las Farc”. El caminante se quedó sin palabras.


Publicado en www.semana.com

La constitución oculta

La constitución oculta
Enviado por Morrigan el Mar, 31/07/2007 - 5:02pm. Opinión
Por: Rafael Rincón Patiño*

Si los paras son delincuentes políticos porque son iguales a la guerrilla, entonces el presidente Uribe V. está: 1) afirmando que la guerrilla tiene un estatus político; 2) reconociendo que sí hay conflicto armado en Colombia; 3) dando a entender que el Estado colombiano está obligado a acatar el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y Art. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra); 4) está afirmando que la guerrilla no es un grupo terrorista y que, por lo tanto, no hay agresión terrorista y 5) dejando sin piso político la denominada guerra preventiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Si el presidente Uribe V. le está diciendo a la Corte Suprema de Justicia cómo debe tipificar o calificar los delitos para juzgar a sus barones electorales presos, entonces: 1) En Colombia no hay Estado de derecho; 2) no hay separación de poderes; 3) no hay independencia de la justicia; y 4) sobra la Fiscalía General de la Nación.

Si el presidente propone una ley para que, finalmente, sus reelectores espurios salgan de la cárcel a hacer política, entonces: 1) la Constitución de Paramillo prima sobre la Constitución de 1991; 2) el poder paramilitar y el del narcotráfico se han institucionalizado; 3) el bloque de constitucionalidad está supeditado al bloque paramilitar; 4) los derechos de los victimarios son prevalentes sobre los derechos de las víctimas.

Si el Congreso aprueba la ley que exonere a los jefes paramilitares de responsabilidad penal por las masacres, entonces: 1) El Congreso apoya al Abogado Defensor del paramilitarismo, 2) el Abogado Defensor litiga con leyes, es decir aprovecha su calidad para ser juez y parte; 3) la Justicia ha sido derrotada por los hechos y no por el derecho; 4) el Congreso confirma su dependencia del poder paramilitar; 5) el pueblo de Colombia está en manos de las mayorías parlamentarias demócratas de los Estados Unidos.

La pirueta jurídica del presidente Uribe para favorecer al paramilitarismo y a los partidarios con impunidad o penas benévolas, que es lo que finalmente busca el abogado defensor para sus clientes es una voltereta política, o complicidad criminal que descubre sus compromisos preelectorales.

La Constitución de Paramillo o acuerdo narcoparamilitar para refundar a Colombia fue un golpe de Estado con participación del Jefe de Estado. El presidente, que juró defender la Constitución de 1991, le dio la espalda al Estado de derecho. Por eso, muchos de sus reelectores congresistas son criminales en un orden jurídico, pero son congresistas admirables en el otro orden jurídico; su ejército de desmovilizados son criminales de guerra en un orden institucional y son recibidos y tratados como héroes en el marco parainstitucional.

El presidente Uribe V. acusa a la Corte Suprema de Justicia de tener una visión sesgada del proceso de paz con los paramilitares, pero la visión oblicua, sin rectitud, es aquella que pretende favorecer, por fuera de la ley, a quienes lo han apoyado militar y políticamente: los mismos que lo tienen chantajeado. El presidente Uribe V. hace lo que ellos digan, so pena de que las versiones del ventilador apunten hacia la Casa de Nariño.

La norma fundamental, la cúspide jurídica y política, aquella que le da validez al régimen de la 'seguridad democrática' es un acuerdo oculto, producto del dañado y punible ayuntamiento de un candidato con los poderes salvajes para alcanzar la victoria sobre una fuerza ilegal del conflicto armado colombiano. De este acuerdo oscuro, constitución oculta o Constitución de Paramillo se conoce el lugar, se conoce el número de constituyentes -seis-, se conocen los políticos que dieron su aval, se conoce su objetivo general -refundar la nación-, se conocen las fuerzas que garantizan el nuevo orden.

Para este orden paramilitar, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, los órganos de control son palos en la rueda de la nación refundada.

Se acerca la hora de la versión del presidente Uribe V., la versión que pedirá comprensión y entendimiento, la versión de quien se considera la primera víctima de la nación. El presidente Uribe V. pedirá la libertad por pena cumplida y alegará haber pagado la pena máxima de ocho años que establece la Ley de Justicia y Paz.

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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Publicado en www.elturbion-modep.org

El Presidente Uribe embiste contra la Corte Suprema de Justicia

El Presidente Uribe embiste contra la Corte Suprema de Justicia
Por: Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

El orden jurídico de Colombia está bajo la mira agresiva del Presidente Uribe Vélez, quien embistió contra la Corte Suprema de Justicia. Hasta donde llega mi memoria de 86 años de edad que tengo y las lecturas de la historia política nacional, ningún gobernante se lanzó contra el poder judicial simbolizado por la Corte Suprema de Justicia, como lo acaba de hacer Uribe Vélez, quien ha levantado tribuna a lo largo y ancho del país para protestar de una decisión judicial de la Corte que considera que el paramilitarismo es un delito común. Argumenta la Corte que los paramilitares colombianos no actuaron contra el Estado sino en complicidad con él, como informa la Revista Política Semana No 1317. En una sentencia la Corte Suprema de Justicia reconoce que Colombia ha sufrido muchas condenas en los tribunales internacionales “por masacres y crímenes donde los paramilitares actuaron protegidos o conjuntamente con militares y policías… el escándalo de la parapolítica se convierte en la otra prueba de que gran parte de la burocracia estatal estaba a su servicio”. El Magistrado Alfredo Gómez de la Sala Penal de la Corte dijo en un comunicado: “rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República”. Además, dice El Tiempo (julio 28 del 2007); “la Corte considera que la rebelión, la sedición y la asonada los cometen grupos que pretenden derrocar al Estado, una intención que los paras nunca tuvieron en mente, así hayan suplantado las autoridades en muchas regiones.

La embestida del Presidente Uribe contra la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha sido muy enconada, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia afirmó que “cambiar el delito de concierto para delinquir por el de la sedición, al procesado, era un imposible jurídico. Uribe saltó de nuevo al ruedo y acusó a la Corte Suprema de Justicia de aplicar un “Sesgo ideológico” en su sentencia”, y dijo que ese fallo pone en riesgo el proceso de paz con los paramilitares curiosamente, esos paramilitares acogen las tesis del Presidente Uribe Vélez.

La cuestión es muy dramática por que los paramilitares han intentado escapar de la aplicación de condena jurídica ofreciendo entrega de bienes de valores impresionantes: “Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, ofreció ciento trece mil millones de pesos; Francis Javier Zuluaga, “Gordolindo”, ofreció diecisiete mi millones; Salvatore Mancuso, cincuenta y cinco mil millones; Manuel de Jesús Piraban “Pirata” dos fincas tres lotes, tres carros y 152 toros; Fredy Rendón Herrera “El Alemán”, cinco mil quinientos millones en casas, lanchas y motos. El monto de las ofertas de los paramilitares para reparar los daños causados es de cifras ilimitadas y van más allá de toda consideración racional. Es una confesión de una delincuencia civil organizada y muchas veces protegida por gobiernos regionales.

La posición de la Corte Suprema de Justicia se convierte cada vez más, en un vigoroso planteamiento jurídico, al tiempo que el presidente Uribe Vélez “sostiene que en el país no hay conflicto y que no existe el delito político”. Para él la “guerrilla” y “paras” cometen los mismos delitos y deben recibir el mismo trató al decir la Corte Suprema de Justicia, sin embargo de que “detrás de sus acciones, “paras”, buscaban un interés netamente personal”.

Cada vez es más claro que el Presidente Uribe Vélez está empeñado y tiene el propósito de exterminar a los grupos guerrilleros sobrevivientes al tiempo que abre vías de reconciliación al paramilitarismo en Colombia.

Publicado en www.argenpress.info

Cuando no había carne, ordenaban sacarla de los cadáveres para comerla"

Cuando no había carne, ordenaban sacarla de los cadáveres para comerla"
A través de un vídeo difundido en el Congreso colombiano, un ex paramilitar relata que sus jefes los obligaban a asesinar y descuartizar a un amigo
EFE - Bogotá - 02/08/2007

Los jefes paramilitares colombianos del sureño departamento del Putumayo obligaban a sus hombres a comer carne y beber sangre humana, según ha confesado un desmovilizado de esos grupos ultraderechistas a través de un vídeo, han revelado hoy fuentes del Congreso colombiano.

La grabación ha sido presentada en un debate que ha analizado los alcances, logros y tropiezos de la Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización de grupos armados, que se ha celebrado en la Cámara de Representantes. Según Robinson, un ex miembro de esos escuadrones, los jefes paramilitares obligaban a sus combatientes a consumir carne y sangre de sus víctimas.

El vídeo ha sido presentado por el representante del departamento de Putumayo en la Cámara, Guillermo Rivera, en el debate en el que el Partido Liberal ha criticado los alcances y resultados de la citada ley. En el mismo análisis, el Gobierno, por medio de los ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, y de Defensa, Juan Manuel Santos, ha defendido ese proceso "pionero y que ha servido de ejemplo mundial".

Robinson ha dicho que la prueba de fuego en la facción era asesinar y descuartizar al mejor amigo, y eso representaba recibir felicitaciones de los comandantes. "Cuando no había carne ordenaban sacarla de los cadáveres para comerla", ha dicho el paramilitar, quien ha confesado haberlo hecho una vez, pero que regularmente lo hacían varios, entre ellos el comandante alias Muela Rica.

Críticas a la ley de Uribe

Germán Olano, otro legislador, ha criticado la campaña gubernamental para aplicar a los paramilitares una consideración política a sus delitos y se preguntó si "esos antropófagos" serán los legisladores del mañana. Olano y Rivera han cuestionado si su extradición será perdonada y si serán condenados, ya que si consiguen el indulto los ex paramilitares podrían aspirar a cargos públicos.

Tanto el ministro Holguín como el titular de Defensa, sin embargo, han defendido la Ley de Justicia y Paz y han señalado que por primera vez, en el mundo, se tenían en cuenta los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Entre 2003 y abril de 2006 más de 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en el marco de un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero cerca de 19.000 de ellos aguardan la definición de su situación jurídica. Uribe anunció la presentación de un proyecto de ley para resolver la situación de los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz con la premisa de que sus delitos serían considerados políticos.

Publicado en www.elpais.com

El 'caminante de la paz' llega a Bogotá

El 'caminante de la paz' llega a Bogotá
Un profesor recorre 850 kilómetros a pie para pedir un acuerdo humanitario que devuelva la libertad a su hijo, secuestrado
PILAR LOZANO - Bogotá (Colombia) - 02/08/2007

Ayer, con los pies llenos de llagas y ampollas y convertido en un héroe, cumplió su sueño el caminante de la paz, el profesor colombiano Gustavo Moncayo. A las cuatro de la tarde entró en medio de una gigantesca manifestación en la céntrica plaza Bolívar de Bogotá, donde fue recibido por el alcalde y sus secretarios. “Colombia dijo hoy a sí a la vida, a la paz, al acuerdo humanitario”, dijo encaramado en una tarima.

Salió hace 46 días de Sandoná, un pueblo de montaña al sur del país, en compañía de una de sus hijas, con tres mudas de ropa y sin dinero en el bolsillo. La idea era andar los 850 kilómetros que lo separaban de esta capital para pedir un acuerdo humanitario que le devuelva la libertad a su hijo, el suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado hace más de nueve años por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y uno de los canjeables con los que la guerrilla espera recuperar a sus combatientes en prisión.

Llegó con un bastón de mando que le regalaron los indígenas en el camino y encadenado como permanece desde hace tiempo en señal de protesta, con una cadena que rodea su cuello y amarra sus manos. Por la noche se instaló en dos inmensas carpas, en medio de la plaza; allí piensa vivir los próximos días; tiene espacio para oficina, sala de espera, zona privada y cafetería. Hoy será visitado por el presiente colombiano, Álvaro Uribe. “Sería un milagro que el presidente aceptara el acuerdo humanitario”, ha afirmado Moncayo. Sin embargo, Uribe le ha prometido en conversación telefónica “escucharlo con atención”.

Miles de personas acompañaron a Moncayo en su última etapa, que empezó a las 10 de la mañana, después de una misa, en Soacha, población de los alrededores de Bogotá. El profe marchaba adelante, en medio de un círculo formado por los 15 caminantes que lo han acompañado en la mayor parte de su recorrido, todos familiares de secuestrados. Entre ellos había parientes de Libio José Montoya, compañero de su hijo. Se los llevaron en la toma guerrillera a la base de Patascoy, en diciembre de 1997, en lo alto de una montaña en Nariño, al sur, casi en la frontera con Ecuador. Ese día murieron 22 militares y 18 fueron secuestrados. 16 de ellos, los soldados rasos, fueron liberados cuatro años después.

Moncayo, de 55 años, pasó de profesor de geografía en su pueblo a ídolo y símbolo nacional. Su larga marcha, al comienzo solitaria, se convirtió en la expresión de rabia y rechazo de las víctimas del secuestro, de la guerra y las injusticias.

En pleno camino, un día recibió la mejor noticia: una prueba de supervivencia de su hijo, de quien no sabía nada desde hace cuatro años y medio. “Está muy flaco”, fue lo primero que comento al verlo en el video enviado a un periodista.

A su paso, en un recorrido del extremo sur al centro del país, los curas oficiaron misa en su nombre, las escuelas suspendieron clases para verlo pasar o hablar con él, los músicos le inventaron coplas y los indígenas le hicieron un baño ritual “para darle ánimo y fortaleza”… Cada llegada a una meta y cada salida se convirtieron en multitudinarias fiestas. Ayer, a su entrada a Bogotá, fueron muchos lo que salieron, con banderas blancas y la tricolor de Colombia, a saludarle.

El profe Moncayo y su esposa tenían una vida tranquila en Sandoná, un pueblo conocido por la inmensidad de su iglesia y por los sombreros y tejidos elaborados por sus mujeres. El secuestro del hijo les cambió la vida; fueron varias veces a hablar con los comandantes guerrilleros, durante los fallidos diálogos de paz con el pasado Gobierno, Moncayo subió al cerro de Patascoy a ver si encontraba huellas del su hijo, participó en tomas de iglesias y amenazó una vez con crucificarse. Para todo esto ha tenido que hipotecar dos veces su casa.

“No soy héroe, ni santo, sólo soy un hombre que se cansó de tantas humillaciones y se fue a caminar para buscar la libertad de su hijo y de todos los secuestrados”, ha dicho este hombre con barba y hablar arrastrado, como todos los de su tierra. Y ayer, al entrar en Bogotá, manifestó que esta dispuesto a dar la vida por la libertad de todos los secuestrados que hay en Colombia, más de 3.000.

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El mayor Rodríguez trabaja para los 'narcos'
Colombia anuncia un plan para combatir la infiltración de las mafias en el Ejército
PILAR LOZANO - Bogotá - 01/08/2007

El 6 de octubre de 2005, una llamada alertó a las autoridades: se iba a realizar la transacción de un cargamento de droga al norte de Bogotá. La sorpresa no sólo fue por los 200 kilos de cocaína, el sofisticado cargamento de armas con mira láser y los 11.500 euros en efectivo. En la camioneta donde iba la mercancía viajaba Juan Carlos Rodríguez, un mayor del Ejército colombiano que apenas unos días antes había pasado a retiro.

Hoy Rodríguez está de nuevo en el ojo del huracán: es el hombre que ejemplifica mejor que nadie hasta dónde ha llegado a infiltrarse el narcotráfico en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa. Rodríguez no sólo trabajaba para los narcos, sino que reclutó otros oficiales y suboficiales para trabajar en las filas del crimen organizado. El militar acabó siendo el jefe de seguridad de Diego Montoya, alias Don Diego, el jefe del cartel de Cali y uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia.

El escándalo es de tal magnitud que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tuvo que aceptar públicamente que "la infiltración llegó a los máximos niveles y que hay un grupo de sospechosos bajo investigación". Reconoció, además, "grandes fallos en el funcionamiento de los servicios secretos".

El caso del mayor retirado está plagado de irregularidades. Una vez arrestado y procesado, a Rodríguez se lo condena a 12 años de prisión. No obstante, un juez decide que, en vez de pasarlos en la prisión, el condenado cumpla arresto domiciliario en casa de su madre. El magistrado arguyó que el oficial retirado era cabeza de familia y le otorgó un permiso para salir a trabajar a diario. Mientras las autoridades penitenciarias daban por hecho que el militar cumplía su condena sin meterse en problemas, la Fiscalía ya tenía pruebas de que el trabajo de Rodríguez era el de velar por la seguridad de Don Diego.

La cadena de irregularidades de la detención de Rodríguez es aun más larga. El diario El Tiempo las reveló ayer: dos meses después de la detención domiciliaria otro juzgado ordenó nuevamente su captura y ésta no se llevó a cabo. Además, las visitas de control a la casa de la madre se reportaban sin novedad, mientras que hoy se sabe que Rodríguez lleva mucho tiempo sin ver a su progenitora.

Hay contundentes testimonios contra este mayor retirado, hijo del coronel Homero Rodríguez, quien fuera director de la cárcel de La Catedral en los tiempos en los que se fugó de allí el jefe de los carteles de la droga más famoso de Colombia: Pablo Escobar. Uno de esos testimonios -publicado en la revista Semana- es de un capitán retirado del Ejército. Confiesa que "pagó mucho dinero" a civiles y militares en activo y retirados, con dinero de su "patrón", Juan Carlos Rodríguez, que trabaja para Don Diego. Otro coronel retirado, Javier Escobar, detenido en medio de este escándalo, cayó cuando le pincharon el móvil de su Rodríguez. En una de las llamadas, el mayor le insta a enviar hombres a Cali: "Qué ha pasado hermano... estamos pendientes del envío... acá todo listo"

La red de reclutamiento encabezada por Rodríguez funcionaba desde el mismo mando central del Ejército. La secretaria de la oficina de recursos humanos tenía como misión sustraer los expedientes de militares retirado o activos que por su capacidad y entrenamiento podrían servir a Don Diego. Ella es una de las siete personas detenidas hasta el momento.

Una de las misiones que el grupo de militares al servicio del narcotráfico tenía planeada era, según las primeras investigaciones, un operativo cinematográfico para rescatar al hermano del jefe de los narcos detenido en una cárcel de máxima seguridad La operación requería una inversión de casi ocho millones de euros.

La fiscalía colombiana, apoyada por los servicios secretos y las agencias antidroga extranjeros, destapó el escándalo. Desde un comienzo, han contado con el apoyo de los pocos en el Gobierno que sabían de la grave infiltración de los narcos en el Ejército. Todo empezó luego de la masacre de Jamundí -población cercana a Cali, la capital de la provincia del Valle del Cauca- en mayo del 2006, cuando un pelotón del Ejército mató a disparos al escuadrón más reconocido de la policía antinarcóticos. Desde allí se empezó a investigar hasta qué punto podía el Ejército estar colaborando con los narcos. Los investigadores dicen que el caso de Rodríguez es parte de un escándalo mucho mayor, y que de momento sólo han visto la punta del iceberg.

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Padre de secuestrado por las FARC llega a Bogotá junto con miles de colombianos

Padre de secuestrado por las FARC llega a Bogotá junto con miles de colombianos

El profesor Gustavo Moncayo, padre de un militar secuestrado por las FARC desde hace más de nueve años, quien desarrolló una
caminata por Colombia para pedir la libertad de su hijo, llegó ayer a Bogotá acompañado por miles de personas.
“El caminante de la libertad” está a escasos minutos de cumplir su objetivo de llegar a la Plaza de Bolívar de la capital colombiana,
donde se prevé se reunirá mañana con el presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Moncayo camina por las calles de Bogotá acompañado por miles de personas, quienes llevan banderas de Colombia, pañuelos
blancos y pancartas con las que rechazan el secuestro y respaldan el canje de secuestrados por rebeldes presos en cárceles.
A su llegada a la Plaza de Bolivar se espera que Moncayo mantenga un encuentro con familiares de los cerca de 3 mil
secuestrados que hay en la nación sudamericana, entre ellos Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt, retenida por las FARC desde hace cinco años.
La ultima parada de Moncayo antes de llegar a Bogotá fue el municipio de Soacha, donde se reencontró con su esposa y sus dos
hijas.
Minutos antes de partir hacia la capital el caminante asistió a una ceremonia litúrgica que se ofreció en homenaje a todos los
secuestrados.
El profesor, de 56 años de edad, fue autorizado ayer por el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, para que se quede a vivir en
la tradicional Plaza de Bolívar de Bogotá.
Moncayo afirmó que se instalará en el lugar hasta el día en que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) se sienten a negociar el canje humanitario que permita la libertad de su hijo Pablo Emilio Moncayo, retenido por
la organización guerrillera desde 1997.
El maestro inició el pasado 17 de junio una solitaria marcha desde Sandoná, un municipio del departamento de Nariño (fronterizo
con Ecuador).
Sin embargo, a medida que ha marchado cientos de familiares de víctimas del conflicto colombiano se han unido a su caminata.
En su periplo Moncayo va recolectando firmas para respaldar el intercambio humanitario.


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Corte Suprema vincula a tres congresistas de Caldas en proceso por ‘para-política’
El alto tribunal investiga a los representantes Dixon Tapasco, Adriana Gutiérrez y Emilio Enrique Ángel por presuntos vínculos con autodefensas de ese departamento.
Las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos entre política y paramilitarismo en el país llegaron al Eje Cafetero. Después de medio año de seguimiento al tema en la Costa Atlántica y tras la reciente vinculación de legisladores de Santander y Casanare, el alto tribunal decidió abrir indagación previa a los representantes Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel, liberales de Caldas, y Adriana Gutiérrez, del partido de la U.

Ángel hace parte de la comisión tercera, encargada de los asuntos económicos y Tapasco está en la primera, que estudia las reformas constitucionales y fue la que aprobó la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares. Además, Tapasco es hijo del ex diputado Ferney Tapasco, mencionado por los testigos como uno de los responsables por el crimen del periodista Orlando Sierra, cuya columnas en el diario La Patria, de Manizales, eran implacables con los corruptos de Caldas.

La sala penal de la Corte quiere establecer los presuntos nexos de los congresistas con paramilitares de ese departamento, en el que operaban las estructuras armadas y mafiosas del hoy desmovilizado jefe de autodefensas Iván Roberto Duque, más conocido como ‘Ernesto Báez’.

El proceso por la para-política indaga sobre los dirigentes que se beneficiaron con la presión armada de las autodefensas, en qué casos establecieron alianzas para acceder a cargos de elección con el objetivo de saquear las finanzas públicas y cuáles fueron las conductas delictivas en que unos y otros incurrieron durante el fraude electoral de 2002.

Por cuenta de la para-política hay 14 congresistas presos, uno más está prófugo de la justicia y hay más de 20 políticos salpicados, entre ellos seis ex congresistas y dos gobernadores presos; un ex gobernador y un ex ministro fugitivos; y un ex director de la Policía secreta del gobierno, quien también está en prisión.

Por ser más evidentes los casos, la Corte inició sus averiguaciones con los políticos de la Costa Atlántica, pero luego vinculó a dirigentes de distintas regiones del país. El casanareño Óscar Leonidas Wilches, de Cambio Radical, fue cobijado con orden de captura y se entregó hace una semana ante la justicia, que lo acusa de nexos con las autodefensas de Martín Llanos. Otros congresistas como Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño, Juan Manuel Herrera, Julio Manzur, Ciro Ramírez, Héctor Julio Alfonso (el hijo de Enilce López, empresaria del chance conocida como la ‘Gata’) y Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, también tienen indagación previa.

Publicado en www.semana.com

Se inicia el ‘round’ en el Congreso

Se inicia el ‘round’ en el Congreso para decidir si los paramilitares son sediciosos o no
Después del huracán que despertó la decisión de la Corte Suprema de Justicia al decir que ‘paras’ no son delincuentes políticos, el debate entra al terreno de los legisladores. Estos deben definir si modifican las leyes para que los desmovilizados reciban indulto y puedan ejercer cargos públicos. Voces en pro y en contra.
Tal y como lo había prometido el presidente Álvaro Uribe, su gobierno le presentará al Congreso un proyecto para hacer que el delito de sedición se aplique a los paramilitares desmovilizados.

En la página en internet de la Presidencia está publicado el borrador con el texto que haría los cambios en las leyes para permitir que los ‘paras’ puedan obtener este beneficio.

A los críticos les preocupa que de esta manera los paras puedan recibir indulto y aspirar a cargos públicos. Esos son los beneficios que reciben quienes se consideran delincuentes políticos. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia consideró la semana pasada que ninguno de los paramilitares puede recibir tales prebendas porque sus actos son de delincuentes comunes. La razón es que, según sentenciaron, esos grupos no se alzaron en contra del Estado para defenderlo. Sino que, por el contrario, tomaron las armas para beneficiarse individualmente.

Sin embargo, el gobierno considera que el éxito del proceso de paz que se realiza con los paramilitares necesita que ellos reciban esos beneficios. Por eso, sugiere dos cambios en las leyes.

La propuesta

Quiere modificar el artículo 468 del Código Penal, que define el delito de sedición. Además, propone agregar un artículo a la ley 1106 de 2006 para que ese delito se pueda extender a los paramilitares desmovilizados que no hayan participado en delitos atroces como homicidio, secuestro o desaparición y que no hayan traficado con drogas.

Según el texto, como está planteado, serán penalizados “quienes, mediante el empleo de
las armas, constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión”.

Sobre los parapolíticos, el ministro del Interior, Carlos Holguín, ha manifestado que “se excluye de cualquier beneficio a quienes a través de esas conductas accedan a un cargo público, o a quienes durante la realización de esas conductas han ejercido alguna función pública”.

Así lo plantea un parágrafo que se le adicionaría al artículo 468 del código penal. Allí consta que el delito de sedición no se les aplicará “a quienes se beneficien de estas conductas para acceder a la función pública o tengan la calidad de servidor público
durante su realización”.

Esa es la propuesta que el ministro Holguín, le presentará esta semana al Congreso, luego de leer y considerar los comentarios que deseen hacer quienes visiten la página de la Presidencia en internet.

‘Paras’, satisfechos

Así se busca llenar lo que el Alto Comisionado para la Paz considera como un vacío jurídico, toda vez que hay 19 mil paramilitares desmovilizados pendientes de definir su situación.

Con la decisión de la Corte, ellos quedarían en el limbo y con posibilidad de ser capturados y procesados como delincuentes comunes sin beneficios jurídicos, pese a que se acogieron a un proceso de desmovilización. Según Ernesto Báez, vocero de los ‘paras’, en 2002, cuando se iniciaron las conversaciones, el gobierno les dijo que los tomaría como delincuentes políticos, para darles esas garantías.

Por eso, los paramilitares decidieron dejar de asistir a las versiones libres la semana pasada. Pero este domingo, luego de conocer la propuesta que contempla el Gobierno, decidieron reanudar el compromiso que habían adquirido con la justicia dentro del proceso de paz.

“El proyecto de ley sometido al escrutinio de la opinión en la página de internet de la Presidencia de la República contribuye al fortalecimiento de las condiciones de igualdad y seguridad jurídicas que reclaman más de 31.000 desmovilizados voluntarios de las autodefensas campesinas”, dijeron los ‘paras’ en un comunicado y anunciaron que volverán a las versiones libres.

Aquella decisión la tomaron los líderes de la organización gracias a la satisfacción que les produjo la propuesta que el Presidente preparó para que la discuta el Congreso, pese a que no los cobija.

Esa será la propuesta que el Congreso debe discutir. El gobierno opina que debe hacerlo pronto, para no torpedear el proceso de paz con los paramilitares.

Empezó el debate

Antes de empezar a debatirla, algunos partidos ya mostraron sus posiciones. Por parte de la oposición, inicialmente hubo rechazo, pues consideran que desde la cárcel de Itagüí, los ex ‘paras’ están metiendo la mano en la agenda legislativa. Aquella percepción se deduce de que con sus decisiones, están haciendo cambiar las normas y encarrilando la actividad del Congreso, más aún si el Gobierno considera que las modificaciones son urgentes.

Ya se reconoció que es inminente discutir el tema. Pero en el ambiente continúa el temor de las modificaciones que pueda tener esa propuesta inicial durante los debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pues hay congresistas que se verían afectados por las decisiones que se tomen.

Para saber cómo afrontar la discusión, cada partido prepara sus argumentos. El senador liberal Juan Fernando Cristo dice que habrá que aprovechar la oportunidad de la crisis para “replantear el proceso en términos generales y no sólo para reformar un artículo”, dice.

Eso quiere decir que, para él, sería bueno aprovechar este momento para discutir más el tema de las víctimas. “Es claro que no se ha conseguido la verdad, la justicia está en deuda y la reparación, embolatada. Es paradójico que cuando las víctimas reclaman no las ha escuchado y en este momento, todos estamos marchando al son de los paramilitares”, comenta.

“Hay que buscar otras fórmulas”

Los liberales consideraron que, sin duda, hay que buscar fórmulas jurídicas que permitan solucionar el problema “si es que lo hay, porque no estamos seguros de que exista”, comenta Cristo. Insiste en que no hay que considerar el tema del delito político para los paramilitares, porque, “definitivamente, no lo hay”.

Por eso, les gusta la fórmula propuesta por el procurador Edgardo Maya en cuanto a que para los desmovilizados no aplica el delito de sedición, pero sí se podría buscar una alternativa para suspenderles provisionalmente los procesos penales.

Eso implicaría otorgarles un período de prueba de tres años después de que firmen un compromiso de no intervenir en política.

Y es que el tema de que los desmovilizados sigan participando en asuntos políticos genera preocupaciones. “Como está la propuesta, podría suceder que los ex ‘paras’ paguen las penas por sus delitos y luego vuelvan a participar en cargos públicos”, teme Cristo.

El Polo Democrático también tiene una posición. “No compartimos la iniciativa porque tiene no sólo el propósito de resolver el problema de 19 mil desmovilizados, sino que quiere que le den esa posibilidad a los parlamentarios que han sido acusados de parapolítica y a los comandantes paramilitares”, dice el senador Jaime Dussán, del Polo Democrático.

Argumenta que, aunque la propuesta inicial es enfática en que eso no sucederá, dentro del debate ésta puede cambiar totalmente.

“Indiscutiblemente, no compartimos que ellos tengan sedición porque no se alzaron en armas contra el Estado, sino a favor del mismo”, comenta Dussán. Y coincide con Cristo en que si hay un tema al que debe ponérsele atención en el Congreso es al de las víctimas, y no tanto al de los victimarios.

El presidente del Polo, Carlos Gaviria, también enfatizó en que su colectividad es conciente en que en un proceso de paz “hay que sacrificar mucho de la justicia”, y señaló que lo que no se puede distorsionar “es la realidad”.

Por eso, asegura que “Si se les quiere conceder beneficios por ese delito habrá que buscar un mecanismo para que a ese delito se asocien beneficios como los que el Presidente quiere para ellos”.

Por su parte, la coalición de Gobierno prefiere guardar prudencia. Todo está sobre la mesa para que se dé el debate a un proyecto que, sin duda, es crucial para el proceso de desmovilización de los ‘paras’.


Publicado en www.semana.com

lunes, 30 de julio de 2007

Polémica en Colombia por apoyo de presidente a paramilitares


Uribe Vélez, máximo jefe del paramilitarismo en Colombia, eso lo explica todo!
Este miércoles, en declaraciones a una radioemisora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, anunció que ese órgano mantendrá la sentencia que niega a los paramilitares desmovilizados la posibilidad de ser juzgados por sedición. Uribe apoyó a los principales ex jefes paramilitares presos, quienes se negaron a continuar declarando sus crímenes ante la justicia hasta tanto la Corte Suprema no cambie su fallo.

[PrensaLatina/Rebelión]

El controvertido proceso de Justicia y Paz impulsado por el gobierno colombiano enfrenta hoy una creciente polémica por presiones de los ex jefes paramilitares presos y el apoyo del presidente Alvaro Uribe a sus demandas.

Este miércoles, en declaraciones a una radioemisora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, anunció que ese órgano mantendrá la sentencia que niega a los paramilitares desmovilizados la posibilidad de ser juzgados por sedición.

Con ello, echó en saco roto las declaraciones del mandatario, quien la víspera expresó su desacuerdo con esa decisión, y pidió que paramilitares y guerrilleros sean tratados en igualdad de condiciones.

Así, Uribe apoyó a los principales ex jefes paramilitares presos, quienes se negaron a continuar declarando sus crímenes ante la justicia hasta tanto la Corte Suprema no cambie su fallo.

Analistas consideran que la posición de fuerza de los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) persigue mantener abierta la puerta para poder participar en política en el futuro y evidencia el protagonismo que estos mantienen.

Pero mientras la controversia sigue su curso, dos años después de iniciado el proceso de Justicia y Paz las víctimas siguen esperando por la justicia y la reparación.

Al respecto, el diario El Tiempo recuerda que aunque los paramilitares que han declarado ante la Fiscalía han anunciado la entrega de millonarias sumas para resarcir a las víctimas de sus desmanes, esto no ha pasado de las palabras.

Señala que el fondo de reparación solo cuenta con dos fincas con dos mil hectáreas, tres lotes en avanzado estado de deterioro, tres carros, 152 toros y dos caballos "sin pedigree ni registro.

Sin embargo, de ese fondo deberán salir los recursos para compensar a más de 70 mil afectados por la violencia de las AUC.


Pubblicado en www.anncol.org

Testigo dice que 'Tuso' Sierra pagó $ 3 mil millones para ser 'para'

29 de Julio de 2007 -
E.U. ESTÁ INTERESADO EN ACLARAR EL CASO DEL EXTRADITABLE
Testigo dice que 'Tuso' Sierra pagó $ 3 mil millones para ser 'para'
Un hombre de confianza de Juan Carlos Sierra declaró que este compró cupo para ingresar al proceso de paz. La demora en los 'trámites' -debido a la expulsión pública que le hizo el Presidente- le habría costado la vida a un hombre cercano a 'Don Berna'.

En medio de la discusión legal sobre si los 'paras' son delincuentes políticos o comunes, el Gobierno y la propia justicia parecen haber archivado el sonado caso del extraditable Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' o 'Furbi', y los de otros narcotraficantes que hoy figuran como desmovilizados en la cárcel de Itagüí.

Sierra fue presentado en agosto del 2004 como uno de los 14 comandantes negociadores de las Auc, pero poco después el propio presidente Álvaro Uribe objetó su inclusión, lo tildó de narco puro y le puso precio a su cabeza.Pero el año pasado, en una sorpresiva y polémica decisión, Uribe no solo suspendió su extradición sino que lo reconoció como miembro de las Auc. La decisión se sustentó en el hecho de que en el indicment de E.U. dice que con su narcodinero se compraban armas para las autodefensas.

Pero la confesión de Libardo Duarte, alias 'Monomaicol', señalado ex hombre de confianza de 'El Tuso' y condenado a 18 años por homicidio agravado y porte ilegal de armas, podría obligar a la justicia a desempolvar el tema.Este caso se une al de la carta que Carlos Castaño le envió a una corte de E.U. en la que afirma que 'El Tuso' no es paramilitar.

¿Mensaje mortal?

Según les narró Duarte a las autoridades, el capo le pagó 3.000 millones de pesos al entonces inspector de las Auc, Diego Fernando Murillo, 'Don Berna' o 'Adolfo Paz', por un cupo para entrar a Santa Fe de Ralito -zona de negociación con el Gobierno- y así limpiar su historial narco.

Ante su exclusión inicial el capo quiso recuperar su plata -dice el testimonio- y al no encontrar respuesta decidió enviarle un mensaje mortal a 'Don Berna': ordenó matar a uno de sus amigos: el ingeniero Carlos Alberto Panesso.

El crimen ocurrió en Medellín el miércoles 15 de marzo del 2006, a las 5 de la tarde, en la avenida Los Industriales.

El propio Duarte, que se entregó voluntariamente a la justicia, confesó que él ayudó a hacerle inteligencia previa a la víctima y a contratar, en el barrio La Milagrosa, a los sicarios 'El Flaco' y 'Ricardo', desmovilizados del bloque Cacique Nutibara, a los cuales acompañó al asesinato y pagó 10 millones de pesos.

La versión fue corroborada por varios testigos. ¿No es este un delito atroz?

Confesión creíble

"En un desesperado intento por salvar su vida, Panesso se desvió hasta la avenida Regional, donde colisionó con otros automotores y, finalmente, contra un árbol, donde fue rematado", narró Duarte.

La confesión de Duarte -que no es desmovilizado ni está pidiendo beneficios- fue calificada como creíble por el Tribunal Superior de Medellín que ratificó la condena de primera instancia en su contra.

"Advertimos entonces que fue el mismo procesado Duarte quien de manera sincera y valiente, a riesgo de poner en peligro su propia vida, hizo saber la distribución de todas y cada una de las funciones desplegadas con la finalidad de acabar con la existencia de Panesso, por orden de su ex jefe de autodefensas Juan Carlos Sierra, cuyo móvil no fue otro que el de la venganza", dice la providencia inicial.


EL TIEMPO contactó a uno de los abogados de 'Don Berna', quien dijo que la versión era desconocida para la defensa y que entrará a mirar los alcances del testimonio y la credibilidad del testigo.Y una persona cercana al ex 'para' dijo que si bien el hombre muerto era cercano a la organización, no fue 'El Tuso' el homicida.

"Eso es mentira. Lo mandó matar Daniel -de la oficina de Envigado- y este hizo saber el porqué. 'El Tuso' es incondicional de 'Don Adolfo'", dijo.

Se intentó conocer la versión de la defensa de 'El Tuso', pero al cierre de esta edición no había sido posible.Por ahora, la Fiscalía no ha tenido en cuenta esta confesión en Justicia y Paz.En el entretanto, autoridades de Estados Unidos buscan incluirla en el indicment contra el 'El Tuso'.

Ese interés de E.U. es, hasta el momento, la mejor salvaguarda de Duarte, quien dice haber recibido amenazas de muerte por haber dado este testimonio.

Otros casos pendientes en la mira de E.U.

Juan Carlos Sierra, 'El Tuso', no es el único caso en la mira de E.U. de un capo que habría comprado una 'franquicia' de las Auc para mutar a paramilitar.

Según investigaciones, el cerebro de esta venta fue el hoy prófugo Vicente Castaño Gil, a quien varias personas cercanas a la cárcel de Itagüí dan por muerto.

Él le habría entregado al extinto Miguel Arroyave (su amigo de infancia en Amalfi (Antioquia) el control de las autodefensas del Meta, Cundinamarca, Bogotá y Casanare, por cinco millones de dólares y le habría cobrado otros cuatro millones por los 'paras' del Tolima.

Los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel, 'Los Mellizos', prófugos de la justicia -y quienes merodean Santa Marta- también habrían pagado dos millones de dólares por camuflarse como paramilitares de Arauca.

Y Francisco Javier Zuluaga, 'Gordolindo', habría girado 2 millones de dólares para convertirse en el comandante del bloque Pacífico.

Hasta el capo Diego Montoya Sánchez, el colombiano más buscado por E.U., se quedó con los brazaletes Auv (Autodefensas Unidas del Valle) hechos, con los que intentaba colarse en Ralito.

Algo similar le pasó al capo Gabriel Puerta Parra, capturado por la Dijín en momentos en que iba para Ralito. Hoy paga una condena de cuatro años en E.U.

Historia: El post-conflicto del frente nacional

Colombia
El post-conflicto del frente nacional
Por: Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Con el pacto firmado en las playas de Cataluña en 1957, entre el jefe conservador falangista Laureano Gómez y el jefe liberal panamericanista y maltusiano Alberto Lleras; se da por concluido políticamente el periodo llamado de la 'violencia bipartidista' (liberal conservadora) y se inicia una larga y tortuosa etapa de la vida colombiana, que los politólogos actuales llaman 'el post-conflicto', y el pueblo laborioso recordará como el Frente Nacional.

La guerra sectaria entre liberales y conservadores la ganan plenamente los conservadores 'laureanistas', pues en lo militar ni una sola de sus estructuras armadas entrega una navaja o se desmoviliza, mientras que por el contrario, todos los grupos orientados por los liberales entregan sus fusiles y se desmovilizan. Y en lo politico, se imponen las ideas anticomunistas y corporativistas del nacional-catolicismo laureanista, ensambladas con el 'panamericanismo' norteamericano y el maltusianismo del ex secretario general de la OEA, Alberto Lleras Camargo.

Y es precisamente a quien el pueblo colombiano en su sabiduría llamó Mister Lleras, a quien durante su gobierno iniciado en 1958 le corresponde montar y dejar funcionando toda la estructura 'reformada' de poder y dominación oligárquica del post conflicto, mediante varios procesos reformistas de centralización, que entregan su dirección al gobierno de los EEUU:

1-Reforma de la institución militar para que acepte su sometimiento al control del partido unificado de Frente Nacional y estreche su vinculación y participación junto a los 'gremios de la producción' en el desarrollo del mercado interno del país. 2- Reformas bipartidistas presentadas como 'democráticas' en toda la administración pública para garantizar la repartija equitativa entre los miembros de los dos partidos según lo pactado. 3-Consolidación del poder político central o nacional sobre las regiones en conflicto. 4-titulación y legalización del despojo de las tierras obtenidas en la guerra mediante jueces y tribunales especiales. 5- Reforma para concluir la demolición de los sindicatos de orientación comunista y aborto del proceso de toma de conciencia clasista dentro movimiento guerrillero. 6- Reforma maltusiana para el control natal en todo el sistema de salud centralizado en Profamilia.

La negociación entre el poder civil y el poder militar la establece Lleras Camargo en el famoso discurso del teatro patria de Usaquén (09 mayo 1958) poco antes de su posesión presidencial, en donde el poder militar de Colombia controlado por el alto mando del Ejercito Norteamericano a partir de su participación directa en la guerra de Corea (1954), acepta desde ese momento el mando civil único del presidente de la república sobre sí, a cambio de los beneficios llamados 'fueros militares' con los cuales entra a manejar de manera 'exclusiva' el llamado Orden Publico, como si fuera un asunto militar más de la guerra fría mundial.

'Las Fuerzas Armadas, dijo solemne y retórico Lleras Camargo en aquella ocasión, no pueden deliberar en política porque la acción política se hizo para toda la nación, porque la nación si distinción de grupos raza o afiliación religiosa o política les ha otorgado sus armas, el Poder Físico, junto a la obligación de defender los intereses comunes, les ha conferido derechos especiales, les ha exonerado de muchas reglas que gobiernan la vida civil, bajo una sola condición: no permitir que todo el peso de su poder recaiga sobre los ciudadanos inocentes'. Aunque nunca aclaró quienes eran aquellos inocentes.

El ejército y la policía reformados son reorientados a impulsar las reformas funcionales a lo diseñado en el pacto frente nacionalista, con la concepción expresada un poco después en la revista de las Fuerzas Armadas por el general Ruiz Novoa, uno de sus comandantes más connotados en la guerra de Corea y contenida en la siguiente idea vuelta consigna: 'La defensa contra el comunismo no reside tan solo en la fuerza de las armas; ella se encuentra en la eliminación de las desigualdades sociales siguiendo las normas democráticas y cristianas'.

Los militares como institución reformada se retiran de las llamadas 'contiendas electorales' y de la administración pública, que reorganizada se convierte en botín equitativo de los dos ramas del partido único del Frente Nacional, para integrarse directamente mediante los sonados planes de acción 'cívico-militar y rehabilitación', al 'desarrollismo democrático' que los Estados Unidos impulsan para toda la América Latina, como respuesta a la guerra fría contra la expansión del comunismo soviético.

Los llamados 'gremios de la producción' (cafeteros, ganaderos, industriales, exportadores, grandes comerciantes, banqueros financistas etc), triunfantes, cobran el apoyo brindado al presidente Lleras Camargo en su lucha contra el gobierno militar de Rojas Pinilla, reforzando sus planes corporativos para el desarrollo del mercado interno del país, y logran vincular estrechamente en ellos a la institución militar para que mediante sus acciones desarrollistas cívico militares y de rehabilitación, los lleven al ultimo rincón del territorio colombiano. Es el origen de la intima fusión que se observa ahora madurada en el actual militarismo de los gremios colombianos, con su idea territorial de 'Nación'

Una vez el proceso de control político nacional sobre las regiones en conflicto y el despojo de tierras en las zonas cafeteras, esmeraldera y llanera ha concluido con el gobierno de Lleras Camargo; los Bandoleros y Pájaros oficiales dejan de ser útiles y estos ya sin el apoyo de los gamonales de los directorios regionales liberal o conservador que se han reconciliado, el gobierno y el ejercito proceden a eliminar a los más notorios y sanguinarios, mientras que a otros como Zarpazo Buitrago o mariachi Oviedo, los va a utilizar como guías en la lucha que inicia al final de su presidencia, contra los guerrilleros gaitanistas y comunistas sobrevivientes de la guerra de Villarrica y el oriente tolimense (desatada por el derrocado dictador Rojas Pinilla) y quienes han aceptado la desmovilización pero no la entrega de armas.

Esta lucha por desarmarlos, la adelantará el siguiente presidente del Frente Nacional, el gamonal conservador caucano Guillermo León Valencia (1962 -1966), bajo la consigna de destruir las republicas comunistas independientes de Marquetalia y Ríochiquito, y adquirirá bajo la orientación y dotación del gobierno norteamericano un desarrollo y carácter diferente: Se tornará en una Guerra contrainsurgente anticomunista, que el ejercito colombiano asistido por planes militares recurrentes elaborados en Washington y sin ninguna idea propia, ha prolongado tercamente hasta el día de hoy anclado en su experiencia de la guerra de Corea, muy a pesar de los cambios tan ostensibles que ha tenido el mundo en su globalización neoliberal.

Esta es pues la experiencia aleccionadora, del post-conflicto de la llamada violencia bipartidista colombiana, que bien deben considerar los politólogos del régimen, quienes sueñan con repetirlo ahora como si se tratara de algo novedoso y original.

Publicado en www.argenpress.info

La Semana que termina. La Semana que inicia

La semana que termina, la semana que inicia; algunas buenas (casi todas deportivas) y varias malas( casi todas políticas, casí todas que ver con el proceso de "justicia y paz" con los paramilitares). Lo peor, el presidente uribe amenazando t y tratando de cambai a la fuerza una decisión de la Corte de Justicia, que se opone a que los paramilitares sean enjuiciadops pòr sedición, un delito político, que les dar´´ia la oportunidad, a varios de ellos, que son juzgados por crímesnes atroces de lesa humanidad y genocidio, de ser indultados, sin pagar siquiera la pena mínima de 7 años, impuesta por la llamda ley de justicia y paz.
Además que varios de los jefes paramilitares, recluidos en la carcél de Itagüi, en Medellín, serían juzgados por crímenes políticos, cuando en realidad no son más que narcotráficantes puros, vestidos de camuflajeado, para evitar a la justicia ordinaria.
Varios de estos jefes (capos, en realidad) habrían apgado hasta tres millones de dólraes, para hacerse pasar como paracos.

Historias que vienen. Más historias tristes que contar desde Colombia





30 de Julio de 2007 - VOCERO DE ESTA GUERRILLA ASEGURA QUE EJÉRCITO INTENTÓ



EMBOSCARLO
Que referendo decida indulto: Eln
'Pablo Beltrán' dice que hasta los 'paras' deben pasar por la solución política.
Es el Eln, irónicamente, el que tercia en la polémica sobre el delito político para los paramilitares, al plantear que para alcanzar la paz también sus más cerrados enemigos, a los que ha descalificado una y mil veces, deben tener una salida política.


'Pablo Beltrán', el vocero del Eln en las negociaciones con el Gobierno, insiste, eso sí, en que es el país, mediante un referendo, el que debe decidir si se indulta a los paramilitares, y a también a los guerrilleros.


No esquiva suspicacias sobre el beneficio que esperaría el grupo insurgente de esta propuesta, pero las sortea con un mensaje duro al Estado: "Si no es un referendo, se trataría de un autoindulto, sea del lado que sea".


Y sobre la desconfianza para concentrar al Eln en medio de un cese de fuego y de hostilidades, argumenta que tienen razones para sentirla.


Asegura que el Ejército intentó emboscarlo la última vez que vino a Colombia a rendirle cuentas al Eln sobre los diálogos en Cuba.


¿Que piensa el Eln de reconocer como delito político el paramilitarismo?


Voy a decir algo que es medio herejía. El Gobierno dice que hizo entrar en un proceso de Justicia y Paz a 36 mil paramilitares. Es una bomba de tiempo en el sentido de que aceptaron que habían cometido delitos, pero están sueltos. Hoy, cuando la Corte ha insistido en aplicar la ley y el Gobierno quiere darle otro giro, no hay sino una salida, la salida política para todos.


Hay que darle la voz a la sociedad para que participe en el debate sobre cómo debe ser una justicia de transición. Explorar salidas para la crisis en que está el proceso de Justicia y Paz.


Por el interés superior de la paz, como dice el presidente Uribe, una salida política ¿háblese con quien se hable?


Todos los problemas del país necesitan una salida política, que quiere decir diálogo, acuerdos. No solo el armado, porque el conflicto es económico, social, político. Debe ser la actitud frente a la crisis que hay en Colombia.


Pero salida política para


sus grandes enemigos, los paramilitares?


No se puede quedar ninguno por fuera.


¿El Eln, entonces, no se opone al delito político para ellos?


Que esta discusión sea de toda la sociedad. Debe haber un debate que confluya en un referendo.


¿Tiene en mente las preguntas?


¿Está de acuerdo con que todos los actores del conflicto social, político y armado en Colombia se resuelvan de una manera negociada?, ¿sí o no?. ¿Está de acuerdo con una justicia en la que, sin que haya autoamnistía, se ponga toda la verdad sobre la mesa y a partir de allí la sociedad establezca cuáles son los términos de justicia y reparación?


¿Apoyan esta iniciativa porque los beneficia?


Ese es el sesgo peligroso sobre estos temas. El Eln rechaza todo lo que quede como autoindulto. Que se haga la discusión sobre delito político y común y salga el tema de qué hacer con los paramilitares en términos de justicia.


También con la guerrilla...


El delito político es cuando uno ataca un Estado como esfuerzo colectivo y sin beneficio privado para cambiar las reglas de juego de ese Estado. Ese es el delito que nosotros hacemos. Pero como dice el señor Mancuso: yo sí hice un poco de crímenes, pero a mí me mandó el Estado a hacer eso. ¡Y ojo que él está reclamando obediencia debida!


¿También por eso habla de evitar el autoindulto?


Claro, porque el Estado lo mandó a él y si el Estado perdona a Mancuso se está autoindultando.


Pero las relaciones entre 'paras' y Fuerzas Armadas eran en hechos aislados...


Una sentencia de la Corte Interamericana sobre La Rochela (masacre en 1989) dice que fue un crimen de Estado, que no es un problema de dos o tres personas autoras materiales. Y hace todo un estudio de por qué eso no es un asunto aislado, sino una política.


¿Que un referendo decida entonces si todos los que estuvieron en la guerra merecen indulto?


Correcto. Pero en Colombia se tira la piedra y se esconde la mano. Que el país sepa la verdad, toda, no a pedacitos, ni dentro de 60 años.


¿Incluso el indulto para delitos de lesa humanidad?


El bien supremo de la paz es obra de todos los colombianos y no de una mesa. Y la discusión que puede desembocar en un referendo tiene que ayudar a eso.


Aquí entraría por ejemplo Machuca (caserío donde murieron 80 personas en 1998, cuando el Eln voló el oleoducto)...


Pongámoslo de primero, pero no de único. Seguirían Mapiripán, La Rochela, Trujillo (masacres de paramilitares).


¿Indulto para delitos de lesa humanidad, siempre y cuando tengamos la valentía de poner la cara y decir: lo hice?


No sería tan audaz para decir eso.


¿Entonces?


Estamos hablando de tiempos históricos. Hagamos una participación masiva en la que no mueran las víctimas por denunciar. En esos términos de verdad queda el país más preparado para decir cuál es la justicia.


¿Primero la verdad y después definimos cómo castigamos?


Claro. Porque la justicia no es fundamentalmente castigo. También son reparaciones y arrepentimientos.


¿Creen que los paramilitares están diciendo la verdad?


Sí, pero incompleta.


¿Mientras tanto se podría pensar en el indulto que pide el Presidente para los 18 mil que no tienen delitos atroces?


No me atrevería a contestar hasta que no quedara muy claro, por ejemplo, si el Estado acepta que ordenó a estos paramilitares que hicieran todo lo que hicieron.


Eso no va a pasar...


Ustedes dicen que eso no va a pasar nunca, porque nunca va a haber reconocimiento y arrepentimiento. Quiere decir que la maquinaria terrorista de Estado va a seguir andando. Entonces si eso va a seguir andando, ¿qué confianza va a tener el Eln para ir hacia una solución política?


Pero en un eventual cese del fuego y de hostilidades ustedes proponen verificación a partir de la confianza, ¿no es una contradicción?


Es la pregunta que yo le hice al Comisionado: ¿Usted cree que yo confío en el Ejército para que me cuide? La última vez que fui a consultas a Colombia, porque tengo que ir a informar, al regreso me tenían varias emboscadas. ¡Y eso que soy portavoz para la solución política y la paz! Si me meto por el camino acostumbrado, no estaba hablando con ustedes.


¿Por eso el desacuerdo en la concentración?


Claro, debe haber un componente nacional e internacional que le dé confianza a esto, porque una guerra son las máximas desconfianzas y uno siempre mira al otro como un agresor, y eso no desaparece de la noche a la mañana.


¿Cómo explicarle al país que en medio de un proceso de paz el Eln no se localiza, no se desmoviliza, no se desarma?


Esto es temporal, pueden ser unos seis meses. Vamos reconstruyendo confianzas y ese asunto quedaría para etapas posteriores. Así se ha planteado en la mesa.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO Y CARLOS SALGADO R
EDITORA Y REDACTOR DE NACIÓN


Publicado en www.eltiempo.com

De víctimas y sediciosos

Colombia
De víctimas y sediciosos
Por: Reinaldo Spitaletta (especial para ARGENPRESS.info)
27/07/2007

¿Dónde están las víctimas? ¿Quién las tiene invisibilizadas? Qué curioso país es Colombia. Aquí, en la práctica, los victimarios dan la impresión de ser los héroes nacionales. Aparecen todos los días en los medios informativos. Los reciben los congresistas. El presidente aboga por ellos.

Las víctimas, en cambio, continúan en el limbo (¿o en el infierno?), sufriendo en silencio sus penas, las ausencias, los despojos. A dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, ¿dónde están las reparaciones, dónde las confesiones de los victimarios que contribuyan, en efecto, a que haya si no paz, por lo menos justicia?

Sí, qué curioso país éste en el cual, reviviendo los venenosos días del macartismo gringo, el presidente colombiano pone en la picota pública a sindicalistas a los que acusa de respaldar la lucha armada de las Farc. Y justo en una tierra en la cual, en los últimos años, se han asesinado a decenas de líderes sindicales ( 2.515 desde 1986) e intimidado a los trabajadores para que no se agremien ni protesten.

Se sabe que el nazismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pero en el campo militar mas no en el de las ideas y mentalidades. Sus discursos y prácticas se han extendido por diversos países, y en América del Sur ha tenido manifestaciones de horror, en particular en los tiempos de las dictaduras militares.

Colombia no ha sido ajena a tan repugnantes expresiones de intolerancia. Su historia contemporánea está plagada de desafueros y otras calamidades. En los últimos diez años, más de treinta mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por razones políticas, tal como lo ha denunciado la Comisión Colombiana de Juristas. Y hasta un partido político, la UP, fue borrado del mapa.

La violencia política, con más de cincuenta años, se agudizó con la aparición de los grupos paramilitares, cuyas masacres y otros crímenes llenaron de terror las últimas dos décadas de este país desajustado. En este mismo período, cerca de cuatro millones de desplazados, y más de un millón y medio de hectáreas de tierra apropiadas con métodos violentos. Es apenas parte de un prontuario de atrocidades.

Sin tener dictaduras militares, como por ejemplo las que hubo en la Argentina y Chile, aquí, en un sistema autodenominado democrático, ha habido tal vez más violaciones de los derechos humanos que en aquéllos de los tiempos de Videla y Pinochet. Tenemos (padecemos) un récord continental de violencias varias.

Secuestrados, desaparecidos, desplazados, torturados, los despojados de sus parcelas, los exiliados, un arrume casi infinito de víctimas que claman justicia. Sin embargo, aquí las víctimas son invisibles, lo que hace de su condición una humillación más. Los sobrevivientes de la crueldad tampoco tienen la palabra. No los escuchan. Algunos se manifiestan en parques (como las Madres de La Candelaria, en Medellín), otros van a las audiencias de los asesinos y gritan un rato, pero no tienen acceso a los medios. O sucede también que mientras los congresistas reciben a los victimarios, desprecian a sus víctimas.

Ah, y qué tal la propuesta presidencial de que a los paramilitares se les considere sediciosos, incluso en contravía de un fallo de la Corte Suprema. Se les quiere dar ese carácter a grupos e individuos representantes de la delincuencia común e, incluso, a criminales de lesa humanidad. Es como si la historia la estuvieran escribiendo los victimarios.

Ellos gozan de todas las garantías. Lo que se nota al invisibilizar a las víctimas es que parece haber un movimiento premeditado para llevar al país hacia una ley de punto final, que lo conducirá no a conseguir la paz ni la justicia, sino a la entronización de los criminales y el enterramiento definitivo de sus víctimas.

Razón tiene mi vecina (no la nombro para no comprometerla) cuando dice que se trata de una nueva canallada el querer declarar a los 'macacos y paracos' como sediciosos. Para ella, tan analítica, es como 'igualar al Che con don Berna, a Monoleche con José Antonio Galán, a Policarpa Salavarrieta con la Gata y a Bolívar con Mancuso'.

Ella, sin duda una buena lectora, advierte que si tanta sangre noble se ha derramado en la historia para ennoblecer el delito de sedición, es un exabrupto darles esa categoría a criminales y delincuentes comunes.

Ahora, cuando las víctimas, por su persistente iniciativa, comienzan a hacerse sentir, es conveniente que sigan contando sus historias como un ejercicio de la dignidad, de la búsqueda de justicia y, sobre todo, de la construcción de una memoria del horror. Así tendrán un lugar en la historia. Una historia escrita con sangre.

Publicado en www.argenpress.info
Julio 26 de 2007 - 1:05 p.m.
Presidente Uribe se reunirá con magistrados de la Corte para evaluar beneficios a desmovilizados
El anuncio fue hecho por el primer mandatario al advertir que su anuncio de presentar un proyecto de ley que beneficie a los paramilitares no es un desafío a la justicia.


El pronunciamiento de Álvaro Uribe se conoce horas después de que la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera un comunicado en el que reitera que el "delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición

En un comunicado, la Corte le reclamó al Gobierno "extrema prudencia" para que el cumplimiento del deber no se interprete como "obstáculo al proceso de paz".

El pronunciamiento está relacionado con las críticas que el Gobierno ha hecho a un fallo del pasado 11 de julio en el que la sala Penal de la Corte le negó a un paramilitar la solicitud de terminar el proceso que le seguía por el delito de concierto para delinquir.

"El delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente", dice la Corte en un comunicado, que responde a las críticas que el Gobierno ha formulado a esa providencia por considerar que afecta el proceso de paz con los paramilitares.

Por esa razón, la sala Penal explica que al examinar por primera vez el tema, decidió no aplicar el artículo 71 de la ley de Justicia y Paz, que por lo demás ya había sido declarado inconstitucional.

"Tratándose de tema tan delicado, todos, y especialmente quienes tienen especiales responsabilidades con el País, deben proceder con extrema prudencia, para que el nítido cumplimiento del deber no se entienda, equivocadamente por supuesto, como un obstáculo al proceso de paz", advierte el comunicado.

La corte ofrece "acatamiento a la competencia de las demás autoridades", pero demanda una misma actitud para las atribuciones del alto tribunal. "Todo en el contexto de la armoniosa colaboración, indispensable para el correcto funcionamiento del Estado", dice el comunicado.

Finalmente la Corte adviertió que "no solo no se opone sino que alienta todos los esfuerzos que se hagan, sin ofensa de la Constitución, para que el proceso de Justicia y Paz tenga los frutos que el pueblo colombiano clama".

Publicado en www.eltiempo.com
Caravana indígena marcha a Bogotá
María Pérez-Plá
El Universal

Viernes 27 de julio de 2007


El pueblo nasa, originario del Valle del Cauca al sur de Colombia, conocido por su resistencia pacífica al conflicto interno, se movilizó ayer una vez más en contra de varias iniciativas gubernamentales


BOGOTÁ.— El pueblo nasa, originario del Valle del Cauca al sur de Colombia, conocido por su resistencia pacífica al conflicto interno, se movilizó ayer una vez más en contra de varias iniciativas gubernamentales.
“Estamos rechazando todo aquello que ha sido lesivo”, explica Aída Quilcué, que a sus 32 años ya es consejera mayor del Consejo Regional Indígena, máximo organismo de autoridad y toma de decisiones que agrupa a los cabildos de la región.

Unos mil 500 nasas partieron hace tres días de sus diferentes resguardos para llegar en caravana hasta Bogotá y expresar su rechazo a todo aquello que consideran está dañando los intereses no sólo de sus comunidades, sino del pueblo colombiano en general. Su primera reivindicación es contra el Tratado de Libre Comercio que el gobierno ha negociado con EU y contra los efectos de las recientes leyes forestal y de aguas “que dañan no sólo nuestros territorios, sino también los de cualquier campesino”.

Los nasas tienen una última petición al gobierno: que negocie con la las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo humanitario para intercambiar guerrilleros presos por secuestrados.

A las afueras de Bogotá, Aída aprieta su bastón de mando, única arma de los Kiwetengas, o “guardianes de la tierra”, para enfrentarse al mundo. Aída, como sus mil 500 compañeros de caravana, tenía la ilusión de entrar ayer marchando en la capital, pero parte de los autobuses sufrieron averías, y como “no nos podemos partir”, ni física ni ideológicamente, han aparcado a un lado de la carretera.

Ahora tienen que volver a negociar con las autoridades para realizar hoy su marcha de protesta. Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, han abandonado sus familias y quehaceres durante unos días para subirse a 18 chivas, colorido autobús con bancos de madera típicos del área rural colombiana, y marchar en esta caravana “por la dignidad y la vida desde la indignación”, como reza su lema. El fin de la movilización es reunirse el 8 de agosto con la Corte Constitucional, pues el Mandato Itinerante indígena considera que las normas expedidas en los últimos tiempos van en contra de la Constitución del 91 que tantos derechos reconoció a estos pueblos.


Publicado en www.eluniversal.com.mx
Julio 26 de 2007 - 11:50 a.m.
Farc aceptan propuesta para que comisión internacional de forenses examine cadáveres de diputados
En un comunicado divulgado hoy solicitaron a las familias nombrar dos delegados para que se integren al Comité Internacional de la Cruz Roja que trabaja en la recuperación.


El comunicado fue publicado por el Canal Capital (canal local de televisión de Bogotá), y en él las Farc solicitan al ex ministro Álvaro Leyva "su acompañamiento humanitario en esta tarea".

El comunicado, firmado por el Comando Conjunto Occidente de las Farc, advierte que una vez juntos los familiares delegados, Álvaro Leyva y el Comité Internacional de la Cruz Roja, "todos juntos tendrán una visión más integral de esas circunstancias".

El comunicado, fechado el 18 de julio, indica que "pueden contactar a cualquiera de las unidades ubicadas en el occidente para proceder inmediatamente con la ubicación".

Las Farc dicen que aceptan "el ofrecimiento presidencial para que una comisión internacional de forenses de la cual hagan parte los tres países facilitadores se encargue de los análisis correspondientes".

La propuesta había sido formulada por el presidente Álvaro Uribe en junio pasado cuando se conoció que 10 de los 11 diputados secuestrados hace cinco años por la guerrilla de las Farc habían muerto en cautiverio el 18 de junio.

Las Farc dijeron que su fallecimiento ocurrió en medio de un combate de "un grupo militar no identificado", y hasta ahora no se habían pronunciado sobre el tema. El Gobierno -por su parte- ha negado desde entonces que las Fuerzas militares hubiesen desarrollado algún operativo para intentar liberar a los secuestrados.

Texto completo del comunicado

El Comando Conjunto de las Farc-ep le solicita a los familiares de los diputados delegar a dos de ellos la tarea de acompañar al Comité Internacional de la Cruz Roja al lugar donde se hallen los despojos mortales de los diputados.

También le solicitamos al doctor Álvaro Leyva su acompañamiento humanitario en esta tarea.

Todos juntos tendrán una visión más integral de esas circunstancias.

Los cuatro pueden contactar a cualquiera de las unidades ubicadas en el occidente para proceder inmediatamente con la ubicación.

Publicado en www.eltiempo.com

Aceptamos el ofrecimiento presidencial para que una comisión internacional de forenses de la cual hagan parte los tres países facilitadores se enargue de los análisis correspondientes.

Comando Conjunto de Occidente Farc- ep
Montañas del occidente, 18 de julio del 2007

Más beneficios????

Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a 'paras'


Julio 25 de 2007 - FISCALÍA DICE QUE NO SABE QUÉ HACER CON SITUACIÓN JUDICIAL DE 18 MIL DESMOVILIZADOS
Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a 'paras'
Dos jefes de las Auc se negaron ayer a declarar ante fiscales de Justicia y Paz. Corte pide respeto a independencia de poderes.


Una versión inédita del 'choque de trenes' -Gobierno frente a la Corte Suprema de Justicia- quedó sobre la mesa ayer, en la celebración del segundo aniversario de la Ley de Justicia y Paz.

En un foro sobre la norma en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, el presidente Álvaro Uribe reiteró sus críticas a una reciente decisión de la Corte que cerró de plano la posibilidad de que los delitos de los 'paras' tengan algún beneficio político.

Es la misma providencia por la que los jefes de las Auc se declararon en rebeldía desde el martes y por la que ayer los banquillos de dos de ellos -'Juancho Prada' y 'Monoleche'- estuvieron vacíos en las fiscalías de Justicia y Paz de Barranquilla y Medellín.

"Les he pedido al Ministro del Interior y al Secretario Jurídico de Presidencia que invitemos a la Corte a un diálogo de cara al país sobre el tema, porque el proceso de paz es del Estado y no es capricho del Presidente", dijo Uribe.

Vuelve y juega el proyecto

El mandatario anunció que retomará la idea de revivir la figura de la sedición para los paramilitares, un tema del que se habló a mediados del año pasado -cuando la Corte Constitucional tumbó el artículo 71 de Justicia y Paz por razones de trámite- pero que no ha tenido eco político.

"O que reviva la sedición, excluyéndola para los servidores públicos, o que nos den la alternativa de otra figura que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos a quienes no les han aparecido otros delitos se les pueda dar la figura de cesación de la acción penal", dijo Uribe.

El argumento del Gobierno es que hay 18 mil desmovilizados que no tienen definida su situación jurídica, tras el fallo de la Corte Constitucional.

Altas fuentes de la Fiscalía confirmaron que, literalmente, no saben qué hacer con ellos, pues no les pueden dar ningún paz y salvo judicial, pero tampoco están en capacidad de investigarlos, por física falta de recursos.

Uribe reiteró que no ve diferencia entre los delitos de los 'paras' y los de la guerrilla: "No entendería que sobre un cadáver mutilado se pueda decir que el autor de ese crimen es un guerrillero con ideales y sobre otro cadáver mutilado se pueda decir que es un delincuente paramilitar".

La reacción de la Corte fue contundente. Su presidente, César Julio Valencia, afirmó que el tribunal no está obstaculizando el proceso de paz y dijo que no permitirá injerencias de otros poderes en las decisiones de la justicia.

Y el presidente de la Sala Penal, Alfredo Gómez, dijo que la amnistía y el indulto son figuras exclusivas para los delitos políticos y que el problema está en una debilidad de la Ley de Justicia y Paz y no en la interpretación de la Corte.

En la polémica terció el viceprocurador, Carlos Gómez, quien dijo que "el legislador tiene ciertos poderes, pero no es omnipotente para convertir pan en vino".

Precisamente, en caso de que el proyecto sea aprobado quedan serias dudas sobre su futuro en la Corte Constitucional. Ese tribunal no se pronunció de fondo sobre el polémico tema. Pero la Corte Suprema advirtió que equiparar lo que hicieron los 'paras' con sedición es un "imposible jurídico" que va contra la Carta del 91, los tratados internacionales y la jurisprudencia.

"La Corte no es obstáculo para el proceso de paz. Lo que sí reclama es autonomía. No podemos aceptar ninguna injerencia".
César Julio Valencia, presidente de la Corte Suprema.

¿Qué pasará con los ex 'paras' que no acudan a las audiencias?

Ayer, un día después de que los 'paras' desmovilizados dijeron que suspendían sus confesiones hasta tanto la justicia no les aclare su futuro jurídico, Javier Roldán, 'Monoleche', y Juan Francisco Prada, 'Juancho Prada', se negaron a continuar sus versiones libres en la Fiscalía de Justicia y Paz en Medellín y Barranquilla, respectivamente.

Sin embargo, el propio presidente Álvaro Uribe les advirtió que quien no siga con el proceso podría perder los beneficios que les otorga la Ley 975.

Según la Fiscalía, quienes desistan de las diligencias quedarían por fuera de la ley y sus procesos pasarían a la justicia ordinaria. En esa jurisdicción podrían enfrentar penas de hasta 40 años, mientras que en Justicia y Paz la máxima sería de 8.

Este fue el caso de la discordia

El proceso sobre el que la Corte Suprema falló el 11 de julio pasado y que motivó la rebelión 'para' es el de Orlando Caballero Montalvo.

El 22 de noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Antioquia negó una solicitud para que se cerrara el caso que Caballero tiene en su contra por paramilitarismo.

El ex 'para' había solicitado esa prebenda con el argumento de que se desmovilizó del bloque 'Élmer Cárdenas' y que la Ley de Justicia y Paz temporalmente equiparó el concierto para delinquir de los 'paras' con la sedición, que es amnistiable e indultable.

En su fallo, la Corte hizo un duro pronunciamiento sobre la Ley: "Hay razones superiores para cuestionar la legitimidad de las decisiones legislativas que soterradamente pretenden introducir beneficios a determinada clase de delincuentes. Resultan político-criminalmente precarias, jurídicamente incorrectas y moralmente injustas".

Abelardo de la Espriella, abogado de varios de los 'parapolíticos' y defensor de la idea de que se les procese por sedición y no por concierto para delinquir, anunció ayer que entablará una tutela para que se cierre el proceso contra el ex 'para' de Urabá.

Las dos caras de Justicia y Paz

En estos dos años, el punto débil de la Ley de Justicia y Paz han sido las víctimas.

Esta fue la conclusión del foro 'Desarmando la Violencia y Armando la Paz', en la Universidad Santo Tomás, donde se hizo un balance a los dos años de esa legislación.

Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNR), dijo que una de las sombras ha sido la inseguridad para las víctimas, por la aparición de nuevos grupos 'paras' en 16 departamentos.

Sergio Caramagna, de la OEA, resumió: "El proceso de Justicia y Paz tiene sus grandes dificultades... Pero ha debilitado la cadena de mando de ejércitos poderosos y ha brindado posibilidades de espacios a las víctimas para que el pasado no se cancele con impunidad". Unos 500 homicidios han sido aclarados gracias a las versiones de los 'paras'.

Otro de los problemas es el número de procesos que debe resolver la Fiscalía. La OEA, la Procuraduría y la CNR pidieron más recursos.

Sobre esto, el presidente Álvaro Uribe anunció que, para el 2008, se adicionaron al presupuesto de la Fiscalía 75.000 millones de pesos para 25 fiscales y 800 investigadores (hoy ascienden a 23 y 150, respectivamente).

Publicado en www.eltiempo.com

¿...Y en dónde está el mayor Maldonado,

¿...Y en dónde está el mayor Maldonado, el oficial que atentó contra Wilson Borja?
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia al dictar sentencia en el caso del atentado contra el sindicalista, la pregunta obvia es: ¿Qué se hizo el oficial del Ejército que participó en la acción criminal? ¿Se fue con los paramilitares?
La Corte Suprema de Justicia consideró correcto el fallo por el cual se condena al mayor (r) del Ejército César Alonso Maldonado a 27 años y nueve meses de prisión. El motivo de la sentencia es que las investigaciones judiciales lo encontraron responsable del atentado contra el entonces sindicalista Wilson Borja, hoy representante a la Cámara por Bogotá. La acción criminal ocurrió el 15 de diciembre de 2000 y fue ordenada por Carlos Castaño.

El pronunciamiento de la Corte es una respuesta a un recurso de casación que interpuso la defensa del militar. Aquella figura jurídica sirve para pedir la nulidad de una sentencia cuando se considera incorrecta.

Pero con su fallo, la Corte reitera que el mayor del Ejército tuvo responsabilidad en lo que pasó aquel día. A las 6:15 de la mañana, Borja salía de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Iba acompañado de sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos. Los sicarios soltaron una ráfaga contra su víctima.

Los escoltas reaccionaron. Uno de los sicarios disparó contra María del Pilar Bolaños (una vendedora de tintos) por temor a que la identificara. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores. Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos. El carro recibió 57 tiros.

En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado obedeciendo ordenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC..

Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio, Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluye un informe de la organización Human Rights Watch.

De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado argumentando que había vencido el plazo para tenerlo detenido.

Sin embargo, la presión internacional cayó sobre lo ocurrido. Esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez y lo llevaron a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues, normalmente, el lugar de cautiverio de los militares es en la base de Tolemaida.

En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.

De inmediato, el presidente Álvaro Uribe dijo que “he dado instrucciones al señor General Carlos Alberto Ospina, Comandante de las Fuerzas y hoy Ministro encargado de Defensa, que sean removidos todos aquellos integrantes de la Fuerza Pública que tenían alguna responsabilidad con el cuidado de esta persona que estaba presa, sin perjuicio a que se adelanten las investigaciones del caso”.

En efecto, el día después de la fuga, el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Pero, de manera sorprendente, los dos militares que más alto grado que habían destituido, aparecieron en nuevos cargos.

El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.

El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.

Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que lleva el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.

Por esos días, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía aparecieron unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG.

También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”.

Como pocas veces ocurre en Colombia, hubo un culpable de un atentado que estuvo tras las rejas por el delito que cometió. Pero Maldonado estuvo rodeado de sospechosas garantías para quedar en libertad. Hoy, el destino del mayor es incierto. Y a su alrededor gravitan muchos rumores. O quizá esté muerto, porque otros dicen que estaba escribiendo un libro donde revelaría los vínculos entre soldados y paramilitares.