Las que pierden siempre
El panorama de la reparación a las víctimas de los paramilitares es desolador. Están solas, desorientadas y no hay plata suficiente para repararlas.
Fecha: 04/19/2008 -1355
El senador uribista Armando Benedetti le puyó el talón de Aquiles al proceso de paz con los paramilitares. En un debate en el Congreso la semana pasada, mostró impresionantes cifras sobre las principales falencias de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que demuestran que hasta ahora el proceso tiene un gran perdedor: las víctimas. A pesar de que más de 125.000 de ellas se han inscrito en la Fiscalía, aspirando a obtener verdad y reparación, un ínfimo porcentaje ha logrado efectivamente exigir sus derechos.
La verdad, además de lenta, hasta ahora parece bastante incompleta. Por ejemplo, aunque hay 9.467 denuncias por desplazamiento forzado, apenas se han registrado 45 confesiones por este delito, lo que corresponde al 0,48 por ciento del total. Y de 91 denuncias por abuso sexual, apenas se han logrado dos confesiones. La precariedad de esta situación tiene que ver en buena medida con la falta de acceso de las víctimas a las audiencias de versión libre. Apenas el 6,8 por ciento ha logrado participar de estas diligencias y preguntar sobre sus casos.
Las víctimas son, en su mayoría, campesinos pobres que no tienen recursos para viajar cada vez que un paramilitar va a hablar de sus crímenes, y en muchos casos no tienen ningún tipo de asesoría jurídica. De hecho, apenas el 9 por ciento son representadas por la Defensoría del Pueblo en los procesos. Aunque la Comisión Nacional de Reparación ha hecho un importante esfuerzo por informar y ayudar a las víctimas con jornadas en muchas regiones, y algunas ONG les prestan asesoría, la labor del Estado es, por decir lo menos, precaria.
El senador Armando Benedetti realizó un oportuno y documentado debate sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con énfasis en los derechos de las víctimas. El gobierno y la Defensoría del pueblo salieron mal librados
Es igualmente preocupante el tema de la seguridad. Hasta el momento se han registrado 92 amenazas contra personas que reclaman sus derechos de verdad y reparación, de las cuales ya 70 están protegidas por el Estado. Donde la atención del gobierno parece ser más débil es en el aspecto sicosocial, para el cual hay asignados 12 sicólogos que deben tratar a la totalidad de las víctimas. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que hay miles de casos de niños que presenciaron el asesinato de sus seres queridos, la quema de sus casas y han vivido en un desarraigo prolongado.
Pero quizás el tema más polémico de los que tocó Benedetti tiene que ver con la reparación. A estas alturas, quedan pocas dudas de que en el tema de bienes, los paramilitares le están poniendo 'conejo' a la Ley. Hasta ahora hay 9.000 millones de pesos (4,5 millones de dólares) en el Fondo de Reparación. Es decir, si el gobierno va a hacer una reparación por vía administrativa, que oscila entre 13 y 18 millones de pesos por persona, el dinero saldrá necesariamente del fisco nacional y no de las inmensas fortunas de los paramilitares.
Estos alegan que aunque ellos han intentado entregar muchos bienes, el gobierno y la justicia no los han recibido. Pero el problema es más complejo. El Fondo de Reparación exige que los bienes se entreguen completamente saneados y eso casi nunca ocurre. 'Macaco', por ejemplo, entregó una finca con una deuda de 200 millones de pesos, lo que obligó al Fondo a vender ganado para pagar la deuda. Como si fuera poco, muchos bienes que ellos quieren entregar ya están en proceso de extinción de dominio, y por lo tanto, adscritos a otro fondo, o en casos más perversos entregan como bienes propios los que son de sus víctimas o de sus enemigos.
Los paramilitares hicieron sus fortunas con el crimen y es difícil exigirles que mantengan sus bienes saneados como si fueran ciudadanos ejemplares. Pero ese problema se avizora desde hace meses y aún no se le ha encontrado solución.
Por eso no se necesita tener una bola de cristal para darse cuenta de que las perdedoras en esta historia serán las mismas de siempre: las víctimas.
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miércoles, 23 de abril de 2008
En pie de guerra
Urabá es un polvorín a punto de explotar: asesinatos diarios, paras rearmándose, militares capturados. ¿Quién está detrás de todo esto? SEMANA estuvo allí.
Fecha: 04/19/2008 -1355
Varios años atrás, a Luis Alfredo Villegas Domicó no le temblaba el pulso. Al contrario, era un fiero combatiente que se había ganado el respeto de Carlos Castaño que lo convirtió en su escolta personal. Eran otras épocas en las que este hombre descendiente de indígenas embera-katíos del alto Sinú, moreno y flaco no vacilaba en desenfundar su arma. Pero las cosas cambiaron. Ahora se le notaba asustado, sudaba frío y la voz se le quebraba:
-"Nos van a matar, nos van a matar a todos. A este paso no va a quedar siquiera uno vivo pa' echar el cuento", le dijo el pasado jueves 10 de abril en Montería a Frank Pearl González, alto consejero del Presidente para la Reinserción. Él estuvo con otros 100 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el encuentro con el representante del gobierno en el que clamaron por protección para sus vidas. Su temor era comprensible, pues a la fecha ya habían sido asesinados en el departamento de Córdoba 38 integrantes de ese grupo armado. Villegas Domicó se convirtió en el muerto número 39. Lo mataron el miércoles de la semana pasada en el caserío de Palmira, en Tierralta. Los asesinos -cuentan en este municipio cordobés- habrían dicho que "ese indio no merece gastarle una bala". Lo mataron a garrote. Después de golpearlo hasta el cansancio, lo tiraron en una carretera. Se trata de una vía estrecha por la que se llega a Valencia (Córdoba) y más adelante a San Pedro de Urabá (Antioquia). Al igual que decenas de caminos, desemboca en una de las muchas playas del Golfo de Urabá, algunas vírgenes y escondidas entre el follaje selvático, como la cadena de ciénagas sólo transitadas por contrabandistas.
"Aquí están las rutas más seguras para los narcos", dice un investigador de la Policía al mostrar en el horizonte este paisaje de colinas, ríos y vegetación espesa. "Esto podría ser el paraíso aunque sea el propio infierno", explica el oficial. "Por eso -concluye- quien domine la región, tiene un imperio bajo sus pies". Eso lo sabe con precisión Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', un nombre que seguramente no le dice nada a la mayoría de los colombianos, pero que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por su creciente peligrosidad para las autoridades. El lunes de la semana pasada, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe viajó hasta Montería en donde mostró su molestia en un Consejo de Seguridad porque no lo habían capturado: "Se han adelantado unas operaciones y vamos a seguir en ellas, pero no son suficientes porque todavía no se ha podido dar con este cabecilla", dijo con tono de frustración el mandatario.
Salomón Feris Chadid, alias ‘08’, y Mario Prada Cobos , ex candidato a la Gobernación de Córdoba, entre el grupo de capturados por la Dijín el miércoles de la semana pasada, señalados de ser miembros de bandas que se enfrentan a ‘Don Mario’. Ese día también fue detenido un coronel y un mayor, con otros militares sindicados de trabajar para los paras que se están rearmando Las autoridades vigilan en Córdoba y Urabá, donde hace unos días le decomisaron a ‘Don Mario’ 148 fusiles y un cargamento de droga de 13 toneladas
El Jefe del Estado se mostró enfadado. Con cifras en mano confirmó que la escalada de crímenes que viene ocurriendo en Córdoba es un inmenso lunar en comparación con los resultados positivos obtenidos en el resto del país. Uribe detalló que mientras en Colombia el homicidio está cayendo en más de 7 por ciento anual, en Córdoba y en el Urabá antioqueño va en aumento. Citó que en Córdoba la criminalidad ascendió en 37 por ciento. Como en la reunión hubo consenso entre los comandantes de los organismos de inteligencia de responsabilizar de la autoría de este baño de sangre a 'Don Mario', el presidente Uribe ordenó crear de inmediato un Bloque de Búsqueda para capturarlo.
Pero ¿cuál es la importancia de este hombre para que el mismísimo Presidente le dedique una reunión extraordinaria? ¿Qué interés tiene en esta zona 'Don Mario' para que empiece a recibir un despliegue similar al de los grandes capos en la historia reciente?
Aunque sólo ahora su nombre aparezca en los titulares, lo cierto es que desde su juventud 'Don Mario' ha estado moviéndose en la ilegalidad. Era casi un adolescente cuando llegó hasta San Pedro de Urabá de la mano de la familia Castaño, que había decidido establecer aquí su santuario, precisamente por las condiciones geográficas que les permitían mantenerse ocultos y salir discretamente a ejecutar sus acciones. Fue Fidel quien lo invitó a formar parte de un pequeño ejército privado que con el tiempo se convirtió en la fuerza más desestabilizadora de la historia reciente del país: las AUC. De eso hace 20 años. Tímido, de frases cortas e ideas poco brillantes, 'Don Mario' optó por mantenerse a la sombra de su hermano Freddy, conocido con el alias de el 'Alemán' y quien sí era uno de los comandantes más visibles e influyentes de ese grupo irregular.
A pesar de la poca notoriedad que tenía en las AUC, día a día 'Don Mario' fue acumulando experiencia. Fidel y Carlos lo invitaron para que se fuera a los Llanos Orientales a 'trabajar' con Miguel Arroyave en la expansión paramilitar en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. Cuando se produjo la desmovilización, los jefes paras se concentraron en Santa Fe Ralito, Córdoba, en donde algunos de ellos se mostraron con un gusto especial por las cámaras y las entrevistas: Salvatore Mancuso, 'H. H'., 'Don Berna', 'Ernesto Báez', 'Jorge 40', pasaron a estar en boca de los colombianos mientras 'Don Mario' optaba por una discreción absoluta. Por eso, cuando mataron a Arroyave de él ni siquiera se conoció una reacción, a pesar de la estela de crímenes que habían sembrado juntos.
A pesar de semejante tropiezo, el proceso siguió y casi todos los paras fueron a dar a la cárcel en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. 'Don Mario' empezó a desplazarse por toda la región con apenas un puñado de seguidores. Iba desde de las llanuras de Tierralta y Valencia, en Córdoba, hasta la costa que corre desde Arboletes hasta Turbo, en Antioquia. Le gustaba vigilar personalmente la buena marcha de los negocios que pasaban por sacar droga e ingresar armas y millones de dólares.
Con el paso de los meses, la situación jurídica de los jefes paras entró en el laberinto kafkiano que todos conocen, mientras la riqueza de 'Don Mario' se multiplicaba por millones. De un día para otro la debilitada fuerza del otrora poderoso bloque Elmer Cárdenas, que comandó el 'Alemán', volvió a crecer. "Lo que hizo Mario fue hablar con muchos de ellos y los convenció de continuar en las armas bajo el mando de él", le aseguró a SEMANA un desmovilizado del Élmer Cárdenas en Apartadó. "Sin el 'Alemán' muchos grupos de narcos y paras intentaron quedarse con el control de Urabá, que es la joya de la corona para el envío de droga hacia Estados Unidos. Semanalmente pueden estar saliendo 10 a 20 lanchas, cada una con dos toneladas de coca. Sin contar el valor de la droga misma, por cada kilo que sale se debe pagar 400 dólares. El cobro del permiso de salida puede representar al nuevo capo 20 millones de dólares al mes".
Así nació un nuevo barón de la droga. La siguiente etapa en su carrera delictiva era consolidar el poder. Para esto, 'Don Mario' basa su estrategia en dos herramientas: plata y bala. El control de las salidas de droga le da un astronómico poder económico, cuenta con una chequera sin límites que ofrece por las buenas para reclutar a los desmovilizados. SEMANA recorrió una decena de poblaciones (San Pedro de Urabá, Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, entre otras) y en todas su fórmula es la misma. "Nos ofrece billete para que nos unamos a él", le confirmó a esta revista un desmovilizado en Turbo. "Si no aceptamos, somos amenazados o asesinados", narró otro en Montería.
Todo es un escenario propicio pra ejercer la violencia. En cada uno de los lugares en donde se informa que ha dejado sus huellas SEMANA comprobó que él es el único que parece tener el control en los vestigios de un imperio en donde ahora reina el caos. Por ejemplo, en las inconclusas carreteras que unen Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá y Necoclí -la misma ruta en la que los asesinos de Villegas Domicó tiraron su cuerpo- es una sorprendente combinación de desarrollo ganadero y paisajes de la Edad Media. Majestuosas e inmensas haciendas dotadas de adelantos tecnológicos, rodeadas de centenares de casuchas en donde se hacinan niños hambrientos y jóvenes desempleados.
¿Por qué? Porque los narcos y los paras inclinaron sus gustos por la ganadería extensiva que produce pocos empleos. Tras su desmovilización, muchos de los propietarios de estas haciendas fueron a dar a la cárcel y otros han ido cayendo en la nueva guerra por el poder de la zona. Por eso, insólitamente, el visitante ve en los caminos el ganado extraviado sin saber a quién pertenece. Nadie se atreve a tocarlo para evitar problemas.
"Aquí vivimos entre el siglo XXI y la Colonia", dice el alcalde de San Pedro de Urabá, Hugo Caballero, al explicar el estado de las vías de acceso a su localidad. Treinta kilómetros se hacen en tres horas porque, entre otros obstáculos, los carros únicamente pueden atravesar el río Sinú por un planchón porque no hay siquiera un puente. Así ha sido siempre. Desde los tiempos remotos en que las autodefensas surgieron con la excusa de que aquí no llegaba el Estado, hasta ahora cuando, después de 20 años de desangre, surge un nuevo capo y jefe paramilitar en la región.
Ante la ausencia de empresas y oportunidades laborales, los actores armados pescan a sus combatientes con una facilidad pasmosa. El problema se agrava con la fuerza de desmovilizados que está sin futuro. "Yo estuve 10 años en las AUC. Aunque sé hacer la guerra, ahora quiero una oportunidad en algo legal, pero nadie me la da", dice Conrado Jiménez, un desmovilizado en Montería. Los estudios más optimistas revelan que la tasa de desempleo llega al 90 por ciento entre los desmovilizados. El 10 restante está en labores informales como mototaxistas o vendedores de minutos de celular. En cambio 'Don Mario' está pagando un millón de pesos mensuales.
Una cifra tentadora para unas personas que sienten que la sociedad no los ha acogido. "Es cierto que nos equivocamos, pero cambiamos y queremos vivir en paz", explica César Negrete, un ex miembro del Bloque Catatumbo que perdió una pierna cuando pisó una mina en el Catatumbo. Él afirma que prefiere no volver a las armas, pero que la presión de 'Don Mario' es inmensa. Por ejemplo, Villegas Domicó, el hombre descendiente de indígenas embera-katíos del alto Sinú, el moreno y flaco, estuvo conversando con los desmovilizados para que no fueran a volver a tomar las armas. En esas estaba cuando lo mataron.
Lo asesinaron un día antes de que la Dijín realizara varias capturas de altos oficiales del Ejército -como lo vio el país por televisión- que de una u otra manera estaban trabajando para 'Don Mario' o sus enemigos -Los Paisas y Los Traquetos- en una serie de bandas que el país hasta ahora empieza a oír nombrar, pero que no dejan tranquilo al presidente Álvaro Uribe.
El Jefe del Estado conoce la historia de este país, y sabe que si este hombre no es capturado a tiempo, Colombia podría tener ante sí al sucesor de Pablo Escobar y Carlos Castaño.Un hombre que lleva ya dos décadas en la guerra discretamente, pero que ahora sale a la luz con una historia de drogas, armas, militares involucrados y capos, como en el pasado. Eso sí, ahora hay de por medio cientos de hombres desmovilizados, obreros de la guerra. Uno de ellos le advirtió a SEMANA en Valencia: "Tenga la seguridad de que si nos siguen matando, vamos a crear un grupo de autodefensa y aquí habrá más plomo".
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Urabá es un polvorín a punto de explotar: asesinatos diarios, paras rearmándose, militares capturados. ¿Quién está detrás de todo esto? SEMANA estuvo allí.
Fecha: 04/19/2008 -1355
Varios años atrás, a Luis Alfredo Villegas Domicó no le temblaba el pulso. Al contrario, era un fiero combatiente que se había ganado el respeto de Carlos Castaño que lo convirtió en su escolta personal. Eran otras épocas en las que este hombre descendiente de indígenas embera-katíos del alto Sinú, moreno y flaco no vacilaba en desenfundar su arma. Pero las cosas cambiaron. Ahora se le notaba asustado, sudaba frío y la voz se le quebraba:
-"Nos van a matar, nos van a matar a todos. A este paso no va a quedar siquiera uno vivo pa' echar el cuento", le dijo el pasado jueves 10 de abril en Montería a Frank Pearl González, alto consejero del Presidente para la Reinserción. Él estuvo con otros 100 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el encuentro con el representante del gobierno en el que clamaron por protección para sus vidas. Su temor era comprensible, pues a la fecha ya habían sido asesinados en el departamento de Córdoba 38 integrantes de ese grupo armado. Villegas Domicó se convirtió en el muerto número 39. Lo mataron el miércoles de la semana pasada en el caserío de Palmira, en Tierralta. Los asesinos -cuentan en este municipio cordobés- habrían dicho que "ese indio no merece gastarle una bala". Lo mataron a garrote. Después de golpearlo hasta el cansancio, lo tiraron en una carretera. Se trata de una vía estrecha por la que se llega a Valencia (Córdoba) y más adelante a San Pedro de Urabá (Antioquia). Al igual que decenas de caminos, desemboca en una de las muchas playas del Golfo de Urabá, algunas vírgenes y escondidas entre el follaje selvático, como la cadena de ciénagas sólo transitadas por contrabandistas.
"Aquí están las rutas más seguras para los narcos", dice un investigador de la Policía al mostrar en el horizonte este paisaje de colinas, ríos y vegetación espesa. "Esto podría ser el paraíso aunque sea el propio infierno", explica el oficial. "Por eso -concluye- quien domine la región, tiene un imperio bajo sus pies". Eso lo sabe con precisión Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', un nombre que seguramente no le dice nada a la mayoría de los colombianos, pero que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por su creciente peligrosidad para las autoridades. El lunes de la semana pasada, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe viajó hasta Montería en donde mostró su molestia en un Consejo de Seguridad porque no lo habían capturado: "Se han adelantado unas operaciones y vamos a seguir en ellas, pero no son suficientes porque todavía no se ha podido dar con este cabecilla", dijo con tono de frustración el mandatario.
Salomón Feris Chadid, alias ‘08’, y Mario Prada Cobos , ex candidato a la Gobernación de Córdoba, entre el grupo de capturados por la Dijín el miércoles de la semana pasada, señalados de ser miembros de bandas que se enfrentan a ‘Don Mario’. Ese día también fue detenido un coronel y un mayor, con otros militares sindicados de trabajar para los paras que se están rearmando Las autoridades vigilan en Córdoba y Urabá, donde hace unos días le decomisaron a ‘Don Mario’ 148 fusiles y un cargamento de droga de 13 toneladas
El Jefe del Estado se mostró enfadado. Con cifras en mano confirmó que la escalada de crímenes que viene ocurriendo en Córdoba es un inmenso lunar en comparación con los resultados positivos obtenidos en el resto del país. Uribe detalló que mientras en Colombia el homicidio está cayendo en más de 7 por ciento anual, en Córdoba y en el Urabá antioqueño va en aumento. Citó que en Córdoba la criminalidad ascendió en 37 por ciento. Como en la reunión hubo consenso entre los comandantes de los organismos de inteligencia de responsabilizar de la autoría de este baño de sangre a 'Don Mario', el presidente Uribe ordenó crear de inmediato un Bloque de Búsqueda para capturarlo.
Pero ¿cuál es la importancia de este hombre para que el mismísimo Presidente le dedique una reunión extraordinaria? ¿Qué interés tiene en esta zona 'Don Mario' para que empiece a recibir un despliegue similar al de los grandes capos en la historia reciente?
Aunque sólo ahora su nombre aparezca en los titulares, lo cierto es que desde su juventud 'Don Mario' ha estado moviéndose en la ilegalidad. Era casi un adolescente cuando llegó hasta San Pedro de Urabá de la mano de la familia Castaño, que había decidido establecer aquí su santuario, precisamente por las condiciones geográficas que les permitían mantenerse ocultos y salir discretamente a ejecutar sus acciones. Fue Fidel quien lo invitó a formar parte de un pequeño ejército privado que con el tiempo se convirtió en la fuerza más desestabilizadora de la historia reciente del país: las AUC. De eso hace 20 años. Tímido, de frases cortas e ideas poco brillantes, 'Don Mario' optó por mantenerse a la sombra de su hermano Freddy, conocido con el alias de el 'Alemán' y quien sí era uno de los comandantes más visibles e influyentes de ese grupo irregular.
A pesar de la poca notoriedad que tenía en las AUC, día a día 'Don Mario' fue acumulando experiencia. Fidel y Carlos lo invitaron para que se fuera a los Llanos Orientales a 'trabajar' con Miguel Arroyave en la expansión paramilitar en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. Cuando se produjo la desmovilización, los jefes paras se concentraron en Santa Fe Ralito, Córdoba, en donde algunos de ellos se mostraron con un gusto especial por las cámaras y las entrevistas: Salvatore Mancuso, 'H. H'., 'Don Berna', 'Ernesto Báez', 'Jorge 40', pasaron a estar en boca de los colombianos mientras 'Don Mario' optaba por una discreción absoluta. Por eso, cuando mataron a Arroyave de él ni siquiera se conoció una reacción, a pesar de la estela de crímenes que habían sembrado juntos.
A pesar de semejante tropiezo, el proceso siguió y casi todos los paras fueron a dar a la cárcel en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. 'Don Mario' empezó a desplazarse por toda la región con apenas un puñado de seguidores. Iba desde de las llanuras de Tierralta y Valencia, en Córdoba, hasta la costa que corre desde Arboletes hasta Turbo, en Antioquia. Le gustaba vigilar personalmente la buena marcha de los negocios que pasaban por sacar droga e ingresar armas y millones de dólares.
Con el paso de los meses, la situación jurídica de los jefes paras entró en el laberinto kafkiano que todos conocen, mientras la riqueza de 'Don Mario' se multiplicaba por millones. De un día para otro la debilitada fuerza del otrora poderoso bloque Elmer Cárdenas, que comandó el 'Alemán', volvió a crecer. "Lo que hizo Mario fue hablar con muchos de ellos y los convenció de continuar en las armas bajo el mando de él", le aseguró a SEMANA un desmovilizado del Élmer Cárdenas en Apartadó. "Sin el 'Alemán' muchos grupos de narcos y paras intentaron quedarse con el control de Urabá, que es la joya de la corona para el envío de droga hacia Estados Unidos. Semanalmente pueden estar saliendo 10 a 20 lanchas, cada una con dos toneladas de coca. Sin contar el valor de la droga misma, por cada kilo que sale se debe pagar 400 dólares. El cobro del permiso de salida puede representar al nuevo capo 20 millones de dólares al mes".
Así nació un nuevo barón de la droga. La siguiente etapa en su carrera delictiva era consolidar el poder. Para esto, 'Don Mario' basa su estrategia en dos herramientas: plata y bala. El control de las salidas de droga le da un astronómico poder económico, cuenta con una chequera sin límites que ofrece por las buenas para reclutar a los desmovilizados. SEMANA recorrió una decena de poblaciones (San Pedro de Urabá, Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, entre otras) y en todas su fórmula es la misma. "Nos ofrece billete para que nos unamos a él", le confirmó a esta revista un desmovilizado en Turbo. "Si no aceptamos, somos amenazados o asesinados", narró otro en Montería.
Todo es un escenario propicio pra ejercer la violencia. En cada uno de los lugares en donde se informa que ha dejado sus huellas SEMANA comprobó que él es el único que parece tener el control en los vestigios de un imperio en donde ahora reina el caos. Por ejemplo, en las inconclusas carreteras que unen Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá y Necoclí -la misma ruta en la que los asesinos de Villegas Domicó tiraron su cuerpo- es una sorprendente combinación de desarrollo ganadero y paisajes de la Edad Media. Majestuosas e inmensas haciendas dotadas de adelantos tecnológicos, rodeadas de centenares de casuchas en donde se hacinan niños hambrientos y jóvenes desempleados.
¿Por qué? Porque los narcos y los paras inclinaron sus gustos por la ganadería extensiva que produce pocos empleos. Tras su desmovilización, muchos de los propietarios de estas haciendas fueron a dar a la cárcel y otros han ido cayendo en la nueva guerra por el poder de la zona. Por eso, insólitamente, el visitante ve en los caminos el ganado extraviado sin saber a quién pertenece. Nadie se atreve a tocarlo para evitar problemas.
"Aquí vivimos entre el siglo XXI y la Colonia", dice el alcalde de San Pedro de Urabá, Hugo Caballero, al explicar el estado de las vías de acceso a su localidad. Treinta kilómetros se hacen en tres horas porque, entre otros obstáculos, los carros únicamente pueden atravesar el río Sinú por un planchón porque no hay siquiera un puente. Así ha sido siempre. Desde los tiempos remotos en que las autodefensas surgieron con la excusa de que aquí no llegaba el Estado, hasta ahora cuando, después de 20 años de desangre, surge un nuevo capo y jefe paramilitar en la región.
Ante la ausencia de empresas y oportunidades laborales, los actores armados pescan a sus combatientes con una facilidad pasmosa. El problema se agrava con la fuerza de desmovilizados que está sin futuro. "Yo estuve 10 años en las AUC. Aunque sé hacer la guerra, ahora quiero una oportunidad en algo legal, pero nadie me la da", dice Conrado Jiménez, un desmovilizado en Montería. Los estudios más optimistas revelan que la tasa de desempleo llega al 90 por ciento entre los desmovilizados. El 10 restante está en labores informales como mototaxistas o vendedores de minutos de celular. En cambio 'Don Mario' está pagando un millón de pesos mensuales.
Una cifra tentadora para unas personas que sienten que la sociedad no los ha acogido. "Es cierto que nos equivocamos, pero cambiamos y queremos vivir en paz", explica César Negrete, un ex miembro del Bloque Catatumbo que perdió una pierna cuando pisó una mina en el Catatumbo. Él afirma que prefiere no volver a las armas, pero que la presión de 'Don Mario' es inmensa. Por ejemplo, Villegas Domicó, el hombre descendiente de indígenas embera-katíos del alto Sinú, el moreno y flaco, estuvo conversando con los desmovilizados para que no fueran a volver a tomar las armas. En esas estaba cuando lo mataron.
Lo asesinaron un día antes de que la Dijín realizara varias capturas de altos oficiales del Ejército -como lo vio el país por televisión- que de una u otra manera estaban trabajando para 'Don Mario' o sus enemigos -Los Paisas y Los Traquetos- en una serie de bandas que el país hasta ahora empieza a oír nombrar, pero que no dejan tranquilo al presidente Álvaro Uribe.
El Jefe del Estado conoce la historia de este país, y sabe que si este hombre no es capturado a tiempo, Colombia podría tener ante sí al sucesor de Pablo Escobar y Carlos Castaño.Un hombre que lleva ya dos décadas en la guerra discretamente, pero que ahora sale a la luz con una historia de drogas, armas, militares involucrados y capos, como en el pasado. Eso sí, ahora hay de por medio cientos de hombres desmovilizados, obreros de la guerra. Uno de ellos le advirtió a SEMANA en Valencia: "Tenga la seguridad de que si nos siguen matando, vamos a crear un grupo de autodefensa y aquí habrá más plomo".
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Para-política y reelección
Para-política y reelección
La crisis del Congreso tiene serias implicaciones sobre la posibilidad de que haya un tercer mandato de Álvaro Uribe.
Fecha: 04/19/2008 -1355
En Colombia se da hoy? una gran paradoja. La mayoría de los colombianos apoya al presidente Álvaro Uribe y quiere que se prolongue en el poder. Y esa misma mayoría, o por lo menos una similar, desprecia al Congreso y le gustaría cambiarlo lo más pronto posible. El problema, o más bien la paradoja, es que esos dos deseos no se pueden complacer al mismo tiempo.
El famoso 84 por ciento de popularidad que ha alcanzado el Jefe de Estado no le servirá de mucho -con un Congreso en ruinas como el que hoy tiene el país-, a la hora de tratar de que se reforme la Constitución para que se apruebe la reelección presidencial para un tercer período consecutivo.
Hasta hace unas semanas, cuando la crisis del Parlamento no había hecho explosión, todo indicaba que estaba en manos del presidente Uribe decidir si se lanzaba o no y que si lo hacía la reforma de la Constitución estaba aseguradara.
No pasa semana sin que el escándalo de la para-política sume más congresistas. Esta vez la Corte abrió investigación preliminar a dos destacados senadores uribistas –la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y Carlos García, presidente de La U–, y a tres conservadores, el senador Eduardo Enríquez Maya, de Nariño, y los representantes Myriam Paredes, de Nariño, y Javier Ramiro Devia, de Tolima. Así se completan 65 congresistas involucrados, de ellos 29 detenidos y cinco condenados. Tanto Gutiérrez como García se defendieron demostrando cómo las declaraciones que los señalan son de dudosa consistencia
La novedad ahora es que esa reforma se le puede estar saliendo de las manos. Y no sólo por cálculos de mecánica política, sino por problemas de legitimidad.
Gracias a la crisis política, la oposición que está en minoría o las disidencias dentro de partidos como La U, tienen en sus votos la posibilidad de bloquear la reelección. Es la historia de David y Goliat: la cauchera del chiquito puede acabar con el gigante uribista.
Guardadas las proporciones, es el mismo papel que jugaron Yidis y Teodolindo en la primera reelección. Con la diferencia, entre otras, de que aquellos -siguiendo el símil bíblico- se vendieron por un plato de lentejas. Los de ahora van a ser más difíciles de alinear.
El escenario es el siguiente: para cambiar el famoso 'articulito' de la Carta Política que permita un tercer período al Presidente, hay dos caminos: el referendo o la vía del Congreso, como se hizo hace cuatro años.
Cualquiera de las opciones tiene serios obstáculos. El número de votos requerido para aprobar un referendo es tan alto (7,5 millones), que no está garantizado ni siquiera con el 84 por ciento de popularidad. Y la reforma vía Congreso, aun siendo aprobada a lo Yidis y Teodolindo, se enfrenta al elemento nuevo de la falta de legitimidad creada por el escándalo de la para-política.
"Cualquiera que sea la forma que defina este Congreso para la reelección del Presidente, está viciada de legitimidad", es la respuesta que da un analista político opositor como Pedro Medellín. Y también lo admiten uribistas como Carlos García, presidente del partido de La U: "Toda esta crisis deslegitima al Congreso, se pierde la confianza de la ciudadanía y afecta al gobierno del presidente Uribe porque somos sus amigos".
La solución más inmediata, entonces, sería devolverle la legitimidad al Congreso. Y en ese orden de ideas, la reforma política que hace trámite hoy, que ya ha sido aprobada en cinco debates y que busca sancionar a los congresistas y a los partidos salpicados por la para-política, se convierte en pieza clave del andamiaje para recuperar la honra perdida.
El problema es que esta iniciativa, conocida como la reforma de la 'silla vacía', parece tener sus días contados. El elemento clave en esta reforma es que las curules de los congresistas culpables de para-política no tengan reemplazo. Esta sería una manera de sancionar al partido que los acogió.Una simple operación de matemática electoral dice que tal vez no saldrá con vida en su séptimo debate. En la comisión primera del Senado son 19 miembros, y para aprobar la reforma se necesita la mitad más uno de los votos, es decir, 10. De los 19, hay cinco investigados o detenidos por la para-política (Eduardo Enríquez Maya, Carlos García, Rubén Darío Quintero, Ciro Ramírez y Luis Fernando Velasco) y uno que reemplazó a otro implicado (Juan Carlos Vélez a Mauricio Pimiento). Los seis tendrían que declararse impedidos para votar la reforma por conflicto de intereses, pues se está discutiendo qué hacer con sus curules: ni ellos ni sus suplentes deberían poder decidir si les quitan la curul, pues son parte interesada.
De los 13 restantes, cinco están decididos a hundir la reforma si llega tal y como está; son Gina Parody y Armando Benedetti, de La U; Gustavo Petro y Parmenio Cuéllar, del Polo, y Samuel Arrieta, de Convergencia. Es decir, en el mejor de los casos, sólo se tendrían ocho votos a favor de la purga, que no serían suficientes. Sin contar que entre esos ocho hay escépticos como Óscar Darío Pérez, cuyo voto no está asegurado.
De no pasar esta reforma política antes del 20 de junio, quedaría muy golpeado el Congreso para aprobar el cambio del 'articulito' de la reelección. Con 65 miembros enredados ya en el escándalo y otros 10 o 20 que podrían llegar, prácticamente la tercera parte del Congreso estaría en entredicho. En esas condiciones es impensable una reforma de tanta trascendencia.
Quedaría la opción del referendo. Esta también requiere la aprobación del Congreso.Pero por lo menos, tendría la presentación de su origen popular. Sus promotores, conscientes de la poca legitimidad del Legislativo, han decidido no contentarse con recoger 1,2 millones de firmas como ordena la norma para poder radicar el proyecto ante el Congreso, sino que van a llevar cinco millones de rúbricas. Por eso, además, la fecha del 20 de julio para radicar el proyecto de referendo al Congreso se movió para octubre y se empieza a dilatar así los plazos de un trámite ya de por sí apretado en el tiempo.
"Es una decisión para que no digan que es una alianza de los grupos de poder en el Congreso. Si se hace en el Congreso, todo el mundo puede decir que es una manguala de los uribistas, pero nadie puede decirlo si son nueve millones de votos en el referendo", explica Carlos García, presidente de La U.
Puede que no sea difícil conseguir los cinco millones de firmas, pero la gran dificultad estará a la hora de conseguir los 7,5 millones de votos en las urnas que se requieren para aprobar el referendo. Dos dirigentes de partidos uribistas le reconocieron a SEMANA que podrían verse en calzas prietas. De hecho, ese número de votos nunca se ha visto en el país. En 2002, para la Presidencia, Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, y en las elecciones de 2006 casi 7,4 millones. De por medio, además, está la experiencia amarga del fracaso del referendo de 2003, que si bien no es comparable por la dificultad de los temas y el número de preguntas, es un antecedente de mal agüero para algunos.
Los uribistas más optimistas hacen cuentas alegres y dicen que el 84 por ciento de popularidad del Presidente se podría traducir en más de los 7,5 millones de votos necesarios. Pero a ese porcentaje de popularidad habría que comenzar a restarle: los que son uribistas pero no quieren un tercer período, los que les da temor expedir un cheque en blanco que tiene serias implicaciones institucionales, y los que a pesar de admirar a Uribe no votan, pues al fin y al cabo la abstención en Colombia es de cerca del 50 por ciento.
Jorge Londoño, de Invamer Gallup, aporta una reflexión que más parece una estocada: "En términos de opinión pública estas semanas creo que son muy dramáticas para el Congreso. Con la reforma no se soluciona el problema. A mí manera de ver, la reelección está liquidada".
El gobierno contraataca
Más allá de si está pensando en la reelección o no, lo cierto es que el presidente Uribe es consciente de la gravedad de la crisis. No es para menos. Esta semana se sumaron cinco más a la lista de investigados, para un total de 65, de los cuales 29 están en la cárcel. Y aun más cuando los dardos de la Corte de los últimos días pegaron muy cerca del corazón político de Uribe: investigación preliminar al presidente del partido de La U, Carlos García, y a la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
El gobierno con su bancada uribista ha diseñado de urgencia una estrategia a dos tiempos para tratar de recomponer la crisis. El primer paso es lograr darle la vuelta al marcador en la comisión primera del Senado y así aprobar la reforma purgante que limpiaría la imagen del Congreso. Para lograr los dos votos que en el mejor de los escenarios hacen falta para aprobarla, tendrían que conquistarlos de entre los cinco que se oponen a la iniciativa o lograr que los investigados o sus reemplazos puedan votar la reforma. En este último caso se corre el riesgo de viciar el trámite.
En el primer caso tendrían que introducirle cambios importantes a la iniciativa, como por ejemplo sacar los artículos que aumentan el umbral para los partidos de 2 a 5 por ciento y el que exige un 30 por ciento del potencial electoral en firmas para inscribir una candidatura a una alcaldía como la de Bogotá. Así tal vez conquistarían votos como el de Gina Parody o el de Armando Benedetti, de La U, o incluso los del Polo (Petro y Parmenio), pero correrían el riesgo de provocar la retirada de partidos grandes como el Liberal, el Conservador o Cambio Radical, que ven en esos artículos una ventaja para los partidos institucionales.
La segunda estrategia del gobierno y su bancada es la de mover los hilos para provocar un gran acuerdo político para antes del 20 de junio, en el cual se les dan todas las gabelas necesarias a los partidos, estos se comprometen a sacar adelante esta reforma -o 'reformita' como la llaman algunos- con las sanciones, y luego en el segundo semestre se debatiría lo que Nancy Patricia Gutiérrez llama una "gran reforma", que incluiría temas estructurales como financiación estatal de campañas y el no al voto preferente. Nancy Patricia, quien como presidenta del Senado está dispuesta a convocar el acuerdo entre los partidos a partir de esta semana, lo plantea de la siguiente manera: "El Senado está en un radicalismo absurdo. A la oposición le toca meterse, si nos deja la reforma sólo al uribismo, quedamos en manos de Colombia Viva, Colombia Democrática y Convergencia. Y no es eso lo que queremos".
¿qué va a pasar?
La incertidumbre es total. ¿Qué pasa si no se aprueba la reforma política antes del 20 de junio? "Sería la debacle", responde Nancy Patricia.
Además de la puja en el Congreso, buena parte de la suerte de la crisis se decidirá en la medida en que aumente o no su impacto en el termómetro de la opinión pública. Se podría aplacar, por ejemplo, si comienzan a darse absoluciones. Hasta ahora sólo se ha dado la de José de los Santos Negrete. La Fiscalía posiblemente evacuará con mayor prontitud los casos que tiene -los 21 que renunciaron a su investidura de congresistas-, mientras que en la Corte Suprema el panorama no se ve tan despejado. Los parlamentarios implicados temen que sea cierto el rumor de que mantendrán abiertas todas las investigaciones hasta que terminen de hablar los jefes paramilitares en los tribunales de Justicia y Paz.
El presidente Uribe comenzó esta semana a mandar mensajes y giró unos cuantos pesos de su abultada chequera de popularidad para tratar de atenuar la crisis. Llamó la atención de la Corte Suprema ya no sobre casos particulares -como el episodio que involucró al magistrado investigador Velásquez-, sino sobre la manera de proceder del alto tribunal en general con palabras de alto calibre. Le pidió "objetividad total" en las investigaciones y "no abrirles puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional". Para Uribe, "este país nuestro va bien en muchos caminos y por eso es la hora de llamar a preservar la solidez institucional".
El proceso de la para-política que ha marcado la historia de los últimos dos años en Colombia comienza ahora a transitar un momento crítico. Los ojos de todos están encima de las decisiones de la Corte, cada nuevo nombre es mirado con lupa y cualquier traspiés se lo podrán cobrar caro.
La Corte tendrá que afinar aun más su criterio, su rigor y su responsabilidad porque también existe un peligro de desprestigio del proceso que podría dar al traste con la credibilidad de la justicia. Sobre todo porque desde las trincheras del paramilitarismo ya se empiezan a lanzar torpedos que buscan salpicar nombres de personalidades para desestabilizar las instituciones. Quedará entonces la última instancia para la recuperación moral del país, la Corte Suprema, que deberá decidir qué políticos deben ir a la cárcel y qué personalidades públicas involucradas son parte de una maquiavélica estrategia del paramilitarismo para deslegitimar a la Justicia y desestabilizar el país.
Todo lo anterior no significa que si el Presidente quiere, no pueda ser reelegido. Pero sí significa que al depender su reelección directa o indirectamente del Congreso, hay serios problemas de legitimidad que preocupan no sólo a los colombianos, sino también a la comunidad internacional. n
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La crisis del Congreso tiene serias implicaciones sobre la posibilidad de que haya un tercer mandato de Álvaro Uribe.
Fecha: 04/19/2008 -1355
En Colombia se da hoy? una gran paradoja. La mayoría de los colombianos apoya al presidente Álvaro Uribe y quiere que se prolongue en el poder. Y esa misma mayoría, o por lo menos una similar, desprecia al Congreso y le gustaría cambiarlo lo más pronto posible. El problema, o más bien la paradoja, es que esos dos deseos no se pueden complacer al mismo tiempo.
El famoso 84 por ciento de popularidad que ha alcanzado el Jefe de Estado no le servirá de mucho -con un Congreso en ruinas como el que hoy tiene el país-, a la hora de tratar de que se reforme la Constitución para que se apruebe la reelección presidencial para un tercer período consecutivo.
Hasta hace unas semanas, cuando la crisis del Parlamento no había hecho explosión, todo indicaba que estaba en manos del presidente Uribe decidir si se lanzaba o no y que si lo hacía la reforma de la Constitución estaba aseguradara.
No pasa semana sin que el escándalo de la para-política sume más congresistas. Esta vez la Corte abrió investigación preliminar a dos destacados senadores uribistas –la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y Carlos García, presidente de La U–, y a tres conservadores, el senador Eduardo Enríquez Maya, de Nariño, y los representantes Myriam Paredes, de Nariño, y Javier Ramiro Devia, de Tolima. Así se completan 65 congresistas involucrados, de ellos 29 detenidos y cinco condenados. Tanto Gutiérrez como García se defendieron demostrando cómo las declaraciones que los señalan son de dudosa consistencia
La novedad ahora es que esa reforma se le puede estar saliendo de las manos. Y no sólo por cálculos de mecánica política, sino por problemas de legitimidad.
Gracias a la crisis política, la oposición que está en minoría o las disidencias dentro de partidos como La U, tienen en sus votos la posibilidad de bloquear la reelección. Es la historia de David y Goliat: la cauchera del chiquito puede acabar con el gigante uribista.
Guardadas las proporciones, es el mismo papel que jugaron Yidis y Teodolindo en la primera reelección. Con la diferencia, entre otras, de que aquellos -siguiendo el símil bíblico- se vendieron por un plato de lentejas. Los de ahora van a ser más difíciles de alinear.
El escenario es el siguiente: para cambiar el famoso 'articulito' de la Carta Política que permita un tercer período al Presidente, hay dos caminos: el referendo o la vía del Congreso, como se hizo hace cuatro años.
Cualquiera de las opciones tiene serios obstáculos. El número de votos requerido para aprobar un referendo es tan alto (7,5 millones), que no está garantizado ni siquiera con el 84 por ciento de popularidad. Y la reforma vía Congreso, aun siendo aprobada a lo Yidis y Teodolindo, se enfrenta al elemento nuevo de la falta de legitimidad creada por el escándalo de la para-política.
"Cualquiera que sea la forma que defina este Congreso para la reelección del Presidente, está viciada de legitimidad", es la respuesta que da un analista político opositor como Pedro Medellín. Y también lo admiten uribistas como Carlos García, presidente del partido de La U: "Toda esta crisis deslegitima al Congreso, se pierde la confianza de la ciudadanía y afecta al gobierno del presidente Uribe porque somos sus amigos".
La solución más inmediata, entonces, sería devolverle la legitimidad al Congreso. Y en ese orden de ideas, la reforma política que hace trámite hoy, que ya ha sido aprobada en cinco debates y que busca sancionar a los congresistas y a los partidos salpicados por la para-política, se convierte en pieza clave del andamiaje para recuperar la honra perdida.
El problema es que esta iniciativa, conocida como la reforma de la 'silla vacía', parece tener sus días contados. El elemento clave en esta reforma es que las curules de los congresistas culpables de para-política no tengan reemplazo. Esta sería una manera de sancionar al partido que los acogió.Una simple operación de matemática electoral dice que tal vez no saldrá con vida en su séptimo debate. En la comisión primera del Senado son 19 miembros, y para aprobar la reforma se necesita la mitad más uno de los votos, es decir, 10. De los 19, hay cinco investigados o detenidos por la para-política (Eduardo Enríquez Maya, Carlos García, Rubén Darío Quintero, Ciro Ramírez y Luis Fernando Velasco) y uno que reemplazó a otro implicado (Juan Carlos Vélez a Mauricio Pimiento). Los seis tendrían que declararse impedidos para votar la reforma por conflicto de intereses, pues se está discutiendo qué hacer con sus curules: ni ellos ni sus suplentes deberían poder decidir si les quitan la curul, pues son parte interesada.
De los 13 restantes, cinco están decididos a hundir la reforma si llega tal y como está; son Gina Parody y Armando Benedetti, de La U; Gustavo Petro y Parmenio Cuéllar, del Polo, y Samuel Arrieta, de Convergencia. Es decir, en el mejor de los casos, sólo se tendrían ocho votos a favor de la purga, que no serían suficientes. Sin contar que entre esos ocho hay escépticos como Óscar Darío Pérez, cuyo voto no está asegurado.
De no pasar esta reforma política antes del 20 de junio, quedaría muy golpeado el Congreso para aprobar el cambio del 'articulito' de la reelección. Con 65 miembros enredados ya en el escándalo y otros 10 o 20 que podrían llegar, prácticamente la tercera parte del Congreso estaría en entredicho. En esas condiciones es impensable una reforma de tanta trascendencia.
Quedaría la opción del referendo. Esta también requiere la aprobación del Congreso.Pero por lo menos, tendría la presentación de su origen popular. Sus promotores, conscientes de la poca legitimidad del Legislativo, han decidido no contentarse con recoger 1,2 millones de firmas como ordena la norma para poder radicar el proyecto ante el Congreso, sino que van a llevar cinco millones de rúbricas. Por eso, además, la fecha del 20 de julio para radicar el proyecto de referendo al Congreso se movió para octubre y se empieza a dilatar así los plazos de un trámite ya de por sí apretado en el tiempo.
"Es una decisión para que no digan que es una alianza de los grupos de poder en el Congreso. Si se hace en el Congreso, todo el mundo puede decir que es una manguala de los uribistas, pero nadie puede decirlo si son nueve millones de votos en el referendo", explica Carlos García, presidente de La U.
Puede que no sea difícil conseguir los cinco millones de firmas, pero la gran dificultad estará a la hora de conseguir los 7,5 millones de votos en las urnas que se requieren para aprobar el referendo. Dos dirigentes de partidos uribistas le reconocieron a SEMANA que podrían verse en calzas prietas. De hecho, ese número de votos nunca se ha visto en el país. En 2002, para la Presidencia, Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, y en las elecciones de 2006 casi 7,4 millones. De por medio, además, está la experiencia amarga del fracaso del referendo de 2003, que si bien no es comparable por la dificultad de los temas y el número de preguntas, es un antecedente de mal agüero para algunos.
Los uribistas más optimistas hacen cuentas alegres y dicen que el 84 por ciento de popularidad del Presidente se podría traducir en más de los 7,5 millones de votos necesarios. Pero a ese porcentaje de popularidad habría que comenzar a restarle: los que son uribistas pero no quieren un tercer período, los que les da temor expedir un cheque en blanco que tiene serias implicaciones institucionales, y los que a pesar de admirar a Uribe no votan, pues al fin y al cabo la abstención en Colombia es de cerca del 50 por ciento.
Jorge Londoño, de Invamer Gallup, aporta una reflexión que más parece una estocada: "En términos de opinión pública estas semanas creo que son muy dramáticas para el Congreso. Con la reforma no se soluciona el problema. A mí manera de ver, la reelección está liquidada".
El gobierno contraataca
Más allá de si está pensando en la reelección o no, lo cierto es que el presidente Uribe es consciente de la gravedad de la crisis. No es para menos. Esta semana se sumaron cinco más a la lista de investigados, para un total de 65, de los cuales 29 están en la cárcel. Y aun más cuando los dardos de la Corte de los últimos días pegaron muy cerca del corazón político de Uribe: investigación preliminar al presidente del partido de La U, Carlos García, y a la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
El gobierno con su bancada uribista ha diseñado de urgencia una estrategia a dos tiempos para tratar de recomponer la crisis. El primer paso es lograr darle la vuelta al marcador en la comisión primera del Senado y así aprobar la reforma purgante que limpiaría la imagen del Congreso. Para lograr los dos votos que en el mejor de los escenarios hacen falta para aprobarla, tendrían que conquistarlos de entre los cinco que se oponen a la iniciativa o lograr que los investigados o sus reemplazos puedan votar la reforma. En este último caso se corre el riesgo de viciar el trámite.
En el primer caso tendrían que introducirle cambios importantes a la iniciativa, como por ejemplo sacar los artículos que aumentan el umbral para los partidos de 2 a 5 por ciento y el que exige un 30 por ciento del potencial electoral en firmas para inscribir una candidatura a una alcaldía como la de Bogotá. Así tal vez conquistarían votos como el de Gina Parody o el de Armando Benedetti, de La U, o incluso los del Polo (Petro y Parmenio), pero correrían el riesgo de provocar la retirada de partidos grandes como el Liberal, el Conservador o Cambio Radical, que ven en esos artículos una ventaja para los partidos institucionales.
La segunda estrategia del gobierno y su bancada es la de mover los hilos para provocar un gran acuerdo político para antes del 20 de junio, en el cual se les dan todas las gabelas necesarias a los partidos, estos se comprometen a sacar adelante esta reforma -o 'reformita' como la llaman algunos- con las sanciones, y luego en el segundo semestre se debatiría lo que Nancy Patricia Gutiérrez llama una "gran reforma", que incluiría temas estructurales como financiación estatal de campañas y el no al voto preferente. Nancy Patricia, quien como presidenta del Senado está dispuesta a convocar el acuerdo entre los partidos a partir de esta semana, lo plantea de la siguiente manera: "El Senado está en un radicalismo absurdo. A la oposición le toca meterse, si nos deja la reforma sólo al uribismo, quedamos en manos de Colombia Viva, Colombia Democrática y Convergencia. Y no es eso lo que queremos".
¿qué va a pasar?
La incertidumbre es total. ¿Qué pasa si no se aprueba la reforma política antes del 20 de junio? "Sería la debacle", responde Nancy Patricia.
Además de la puja en el Congreso, buena parte de la suerte de la crisis se decidirá en la medida en que aumente o no su impacto en el termómetro de la opinión pública. Se podría aplacar, por ejemplo, si comienzan a darse absoluciones. Hasta ahora sólo se ha dado la de José de los Santos Negrete. La Fiscalía posiblemente evacuará con mayor prontitud los casos que tiene -los 21 que renunciaron a su investidura de congresistas-, mientras que en la Corte Suprema el panorama no se ve tan despejado. Los parlamentarios implicados temen que sea cierto el rumor de que mantendrán abiertas todas las investigaciones hasta que terminen de hablar los jefes paramilitares en los tribunales de Justicia y Paz.
El presidente Uribe comenzó esta semana a mandar mensajes y giró unos cuantos pesos de su abultada chequera de popularidad para tratar de atenuar la crisis. Llamó la atención de la Corte Suprema ya no sobre casos particulares -como el episodio que involucró al magistrado investigador Velásquez-, sino sobre la manera de proceder del alto tribunal en general con palabras de alto calibre. Le pidió "objetividad total" en las investigaciones y "no abrirles puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional". Para Uribe, "este país nuestro va bien en muchos caminos y por eso es la hora de llamar a preservar la solidez institucional".
El proceso de la para-política que ha marcado la historia de los últimos dos años en Colombia comienza ahora a transitar un momento crítico. Los ojos de todos están encima de las decisiones de la Corte, cada nuevo nombre es mirado con lupa y cualquier traspiés se lo podrán cobrar caro.
La Corte tendrá que afinar aun más su criterio, su rigor y su responsabilidad porque también existe un peligro de desprestigio del proceso que podría dar al traste con la credibilidad de la justicia. Sobre todo porque desde las trincheras del paramilitarismo ya se empiezan a lanzar torpedos que buscan salpicar nombres de personalidades para desestabilizar las instituciones. Quedará entonces la última instancia para la recuperación moral del país, la Corte Suprema, que deberá decidir qué políticos deben ir a la cárcel y qué personalidades públicas involucradas son parte de una maquiavélica estrategia del paramilitarismo para deslegitimar a la Justicia y desestabilizar el país.
Todo lo anterior no significa que si el Presidente quiere, no pueda ser reelegido. Pero sí significa que al depender su reelección directa o indirectamente del Congreso, hay serios problemas de legitimidad que preocupan no sólo a los colombianos, sino también a la comunidad internacional. n
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lunes, 21 de abril de 2008
Colombia: denuncian nexo narco-poder
Silvia Otero
El Universal
Jueves 17 de abril de 2008
silvia.otero@eluniversal.com.mx
Los narcotraficantes colombianos lograron someter al Estado para mantener el poder en su país a lo largo de dos décadas.
Asociados a sus operaciones aparecen nombres como los de los ex presidentes César Gaviria o Ernesto Samper, por los privilegios que concedieron a capos como Pablo Escobar o a través del financiamiento de una campaña presidencial, como piezas que forman parte de la historia de estas mafias.
Así lo revela el testimonio de Andrés López López, ex integrante del cártel del Norte del Valle —hoy el más poderoso de Colombia—, quien después de entregarse en 2001 a la justicia de Estados Unidos, desde una prisión reconstruyó, en su libro El cártel de los sapos, los episodios de la lucha de los narcos colombianos, sus negociaciones con personajes del gobierno, venganzas, crímenes, y hasta el momento en que algunos optaron por la prisión o fueron detenidos, cediendo la estafeta del poder.
Aunque la obra no sólo habla de los mandatarios del pasado. El autor critica al actual gobierno de Álvaro Uribe, por pactar con las autodefensas —los grupos armados que nacieron para enfrentar a la guerrilla colombiana, y con el tiempo también se convirtieron en narcotraficantes sanguinarios—, que se aliaron con los cárteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle, a quienes hoy se da trato de excepción.
Señala que “las autodefensas encontraron a su mejor aliado en el presidente con más aceptación y popularidad. El presidente Uribe conocía a los comandantes de las autodefensas desde la época en que fue gobernador de Antioquía”, y a pesar de que hoy todos los comandantes paramilitares contaban con pedidos de extradición por narcotráfico, entraron en un proceso de paz que los ha exonerado de ser entregados a Estados Unidos.
La reconstrucción de la historia de los cárteles colombianos inicia precisamente con un pasaje similar de las negociaciones entre capos y el gobierno, a través de Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín, quien logró tener “un poder que se sintió capaz de desafiar al propio Estado” y que inició su lucha contra la extradición a Estados Unidos en una campaña que entre 1989 y 1993 desató el “narcoterror” traducido en atentados, secuestros y asesinatos, hasta que “logró arrodillar al gobierno”.
El autor asegura que durante la gestión de César Gaviria se dio, “tras un año de negociaciones secretas, la expedición y posterior modificación de decretos presidenciales que tenían como único objetivo adaptar las leyes a los caprichos de Escobar”, hasta lograr que en 1991 la Asamblea Constituyente aboliera la extradición.
En 1994, con la muerte de Escobar, los jefes del cártel de Cali intentaron negociar con Gaviria, pero a éste no le convenía un nuevo escándalo que lo ligara al narco, pues estaba en la antesala de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Llegó el turno para negociar con el futuro presidente, asegura el autor. Los líderes del cártel de Cali lograron reunir 6 millones de dólares con los que financiaron la campaña de Ernesto Samper, un vínculo que desataría un nuevo escándalo ante la existencia de las negociaciones de colaboradores cercanos del mandatario con los capos de la droga.
ww.eluniversal.com.mx
Silvia Otero
El Universal
Jueves 17 de abril de 2008
silvia.otero@eluniversal.com.mx
Los narcotraficantes colombianos lograron someter al Estado para mantener el poder en su país a lo largo de dos décadas.
Asociados a sus operaciones aparecen nombres como los de los ex presidentes César Gaviria o Ernesto Samper, por los privilegios que concedieron a capos como Pablo Escobar o a través del financiamiento de una campaña presidencial, como piezas que forman parte de la historia de estas mafias.
Así lo revela el testimonio de Andrés López López, ex integrante del cártel del Norte del Valle —hoy el más poderoso de Colombia—, quien después de entregarse en 2001 a la justicia de Estados Unidos, desde una prisión reconstruyó, en su libro El cártel de los sapos, los episodios de la lucha de los narcos colombianos, sus negociaciones con personajes del gobierno, venganzas, crímenes, y hasta el momento en que algunos optaron por la prisión o fueron detenidos, cediendo la estafeta del poder.
Aunque la obra no sólo habla de los mandatarios del pasado. El autor critica al actual gobierno de Álvaro Uribe, por pactar con las autodefensas —los grupos armados que nacieron para enfrentar a la guerrilla colombiana, y con el tiempo también se convirtieron en narcotraficantes sanguinarios—, que se aliaron con los cárteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle, a quienes hoy se da trato de excepción.
Señala que “las autodefensas encontraron a su mejor aliado en el presidente con más aceptación y popularidad. El presidente Uribe conocía a los comandantes de las autodefensas desde la época en que fue gobernador de Antioquía”, y a pesar de que hoy todos los comandantes paramilitares contaban con pedidos de extradición por narcotráfico, entraron en un proceso de paz que los ha exonerado de ser entregados a Estados Unidos.
La reconstrucción de la historia de los cárteles colombianos inicia precisamente con un pasaje similar de las negociaciones entre capos y el gobierno, a través de Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín, quien logró tener “un poder que se sintió capaz de desafiar al propio Estado” y que inició su lucha contra la extradición a Estados Unidos en una campaña que entre 1989 y 1993 desató el “narcoterror” traducido en atentados, secuestros y asesinatos, hasta que “logró arrodillar al gobierno”.
El autor asegura que durante la gestión de César Gaviria se dio, “tras un año de negociaciones secretas, la expedición y posterior modificación de decretos presidenciales que tenían como único objetivo adaptar las leyes a los caprichos de Escobar”, hasta lograr que en 1991 la Asamblea Constituyente aboliera la extradición.
En 1994, con la muerte de Escobar, los jefes del cártel de Cali intentaron negociar con Gaviria, pero a éste no le convenía un nuevo escándalo que lo ligara al narco, pues estaba en la antesala de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Llegó el turno para negociar con el futuro presidente, asegura el autor. Los líderes del cártel de Cali lograron reunir 6 millones de dólares con los que financiaron la campaña de Ernesto Samper, un vínculo que desataría un nuevo escándalo ante la existencia de las negociaciones de colaboradores cercanos del mandatario con los capos de la droga.
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Calderón frena dichos de Uribe
Los presidentes Felipe Calderón y Álvaro Uribe, de Colombia, estaban uno al lado del otro para hablar de temas económicos; sin embargo, la muerte de mexicanos que visitaban un campamento guerrillero bombardeado por Bogotá consumió buena parte del tiempo
El presidente Calderón pidió prudencia al mandatario colombiano Álvaro Uribe y demandó no calificar ni prejuzgar las actividades de los jóvenes muertos en el campamento de las FARC (Foto: Miguel Espinosa / EL UNIVERSAL)
Sergio J. Jiménez y Hugo Loya
El Universal
Jueves 17 de abril de 2008
politica@eluniversal.com.mx
CANCÚN, QR.— Los presidentes Felipe Calderón y Álvaro Uribe, de Colombia, estaban uno al lado del otro para hablar de temas económicos; sin embargo, la muerte de mexicanos que visitaban un campamento guerrillero bombardeado por Bogotá consumió buena parte del tiempo.
Primero en una conferencia de prensa y posteriormente ante líderes y mandatarios de Latinoamérica, el presidente sudamericano llamó terroristas a los mexicanos, pero en su turno, Calderón lo atajó.
El jefe del Ejecutivo pidió prudencia a su homólogo y demandó no calificar ni prejuzgar las actividades de los jóvenes.
Llamó a esperar resultados de indagaciones.
“Tenemos cada quien hipótesis, pero el dolor de los padres y la memoria de sus hijos merecen el beneficio de la duda”, señaló.
Mientras el mandatario mexicano volteaba a su izquierda, para dirigirse con aire retador a Uribe, éste no se inmutó, ni sonrió y menos aún pretendió asentir con la cabeza los dichos de Calderón.
Habían pasado sólo unos minutos de que Calderón se refiriera a Uribe como su amigo.
En la capital del país, la Universidad Nacional Autónoma de México rechazó las declaraciones de Uribe por “imprudentes, irresponsables, carecer de fundamento y estar llenas de rencor”.
En el ataque colombiano al campamento de las FARC, en Ecuador, el 1 de marzo, perdieron la vida cuatro estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y resultó con lesiones Lucía Morett.
Los presidentes Felipe Calderón y Álvaro Uribe, de Colombia, estaban uno al lado del otro para hablar de temas económicos; sin embargo, la muerte de mexicanos que visitaban un campamento guerrillero bombardeado por Bogotá consumió buena parte del tiempo
El presidente Calderón pidió prudencia al mandatario colombiano Álvaro Uribe y demandó no calificar ni prejuzgar las actividades de los jóvenes muertos en el campamento de las FARC (Foto: Miguel Espinosa / EL UNIVERSAL)
Sergio J. Jiménez y Hugo Loya
El Universal
Jueves 17 de abril de 2008
politica@eluniversal.com.mx
CANCÚN, QR.— Los presidentes Felipe Calderón y Álvaro Uribe, de Colombia, estaban uno al lado del otro para hablar de temas económicos; sin embargo, la muerte de mexicanos que visitaban un campamento guerrillero bombardeado por Bogotá consumió buena parte del tiempo.
Primero en una conferencia de prensa y posteriormente ante líderes y mandatarios de Latinoamérica, el presidente sudamericano llamó terroristas a los mexicanos, pero en su turno, Calderón lo atajó.
El jefe del Ejecutivo pidió prudencia a su homólogo y demandó no calificar ni prejuzgar las actividades de los jóvenes.
Llamó a esperar resultados de indagaciones.
“Tenemos cada quien hipótesis, pero el dolor de los padres y la memoria de sus hijos merecen el beneficio de la duda”, señaló.
Mientras el mandatario mexicano volteaba a su izquierda, para dirigirse con aire retador a Uribe, éste no se inmutó, ni sonrió y menos aún pretendió asentir con la cabeza los dichos de Calderón.
Habían pasado sólo unos minutos de que Calderón se refiriera a Uribe como su amigo.
En la capital del país, la Universidad Nacional Autónoma de México rechazó las declaraciones de Uribe por “imprudentes, irresponsables, carecer de fundamento y estar llenas de rencor”.
En el ataque colombiano al campamento de las FARC, en Ecuador, el 1 de marzo, perdieron la vida cuatro estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y resultó con lesiones Lucía Morett.
Abril 19 de 2008
Revuelo político por investigación contra Presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Javier Zapata Ortiz, presidente (e) de la Corte Suprema.
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Corte Suprema responde al presidente Uribe que investigaciones por parapolítica se ajustan a la Ley Otra semana difícil para el Presidente y su coalición por investigaciones de la 'parapolítica'
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Álvaro Uribe, Presidente. La congresista ha señalado que la decisión de la Corte se produjo por una posible conspiración planeada por la senadora Piedad Córdoba y la ex congresista Rocío Arias.
Gutiérrez anunció que la senadora Córdoba le quiere "hacer zancadilla, y que ha tejido un manto de dudas sobre el tema", en declaraciones a la emisora Caracol, este sábado.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, luego de conocer la noticia de la indagación preliminar contra la congresista exclamó: "¿Se quiere más sevicia con el Congreso? ¡Tampoco!", el pasado viernes.
A su vez, el ex presidente Ernesto Samper retomó la idea de anticipar las elecciones para abrirle paso a un régimen parlamentario en Colombia.
"Llegó la hora de irnos del Congreso a unas nuevas elecciones", dijo el senador liberal Héctor Helí Rojas, para sumarse a la idea del ex mandatario. Rojas propuso una reunión de todos los partidos con el Presidente para hablar de un nuevo Congreso.
A su turno, el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, dijo que "no sabemos qué va a pasar si esto continúa sucediendo. Ya hay gente en el partido hablando sobre la necesidad de una asamblea constituyente".
Dos hechos preocupan a los congresistas: que la reforma política, llamada de la 'silla vacía', sea insuficiente en estos momentos, y el impacto internacional que pueda generar el hecho de que la Presidenta del Congreso sea objeto de una investigación.
La indagación es apenas una etapa preliminar en la que se decidirá si hay o no fundamentos para un proceso formal.
Las afirmaciones que ha venido haciendo la ex congresista Rocío Arias sobre las actividades políticas de Gutiérrez, que aparecieron públicamente en la revista Cambio el jueves, son el principal fundamento de la decisión, según fuentes cercanas a la Corte.
Arias, que se acogió a sentencia anticipada y fue ficha de los 'paras' en el Congreso, aseguró que Jhon Freddy Gallo, alias 'El Pájaro', un paramilitar que hasta hace un par de años siguió activo en el occidente de Cundinamarca, apoyó la aspiración de Gutiérrez en el 2006.
Este diario confirmó que la Corte también averigua por la campaña del 2002, pues en el expediente hay versiones que dicen que los 'paras' de Cundinamarca también influyeron en esas elecciones.
Arias reiteró sus señalamientos contra Gutiérrez el miércoles 16 de abril, luego de ser citada por la Corte para una ampliación de su declaración inicial.
JUSTICIA Y POLÍTICA
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Foto: Archivo / EL TIEMPO
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Corte Suprema responde al presidente Uribe que investigaciones por parapolítica se ajustan a la Ley Otra semana difícil para el Presidente y su coalición por investigaciones de la 'parapolítica'
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Álvaro Uribe, Presidente. La congresista ha señalado que la decisión de la Corte se produjo por una posible conspiración planeada por la senadora Piedad Córdoba y la ex congresista Rocío Arias.
Gutiérrez anunció que la senadora Córdoba le quiere "hacer zancadilla, y que ha tejido un manto de dudas sobre el tema", en declaraciones a la emisora Caracol, este sábado.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, luego de conocer la noticia de la indagación preliminar contra la congresista exclamó: "¿Se quiere más sevicia con el Congreso? ¡Tampoco!", el pasado viernes.
A su vez, el ex presidente Ernesto Samper retomó la idea de anticipar las elecciones para abrirle paso a un régimen parlamentario en Colombia.
"Llegó la hora de irnos del Congreso a unas nuevas elecciones", dijo el senador liberal Héctor Helí Rojas, para sumarse a la idea del ex mandatario. Rojas propuso una reunión de todos los partidos con el Presidente para hablar de un nuevo Congreso.
A su turno, el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, dijo que "no sabemos qué va a pasar si esto continúa sucediendo. Ya hay gente en el partido hablando sobre la necesidad de una asamblea constituyente".
Dos hechos preocupan a los congresistas: que la reforma política, llamada de la 'silla vacía', sea insuficiente en estos momentos, y el impacto internacional que pueda generar el hecho de que la Presidenta del Congreso sea objeto de una investigación.
La indagación es apenas una etapa preliminar en la que se decidirá si hay o no fundamentos para un proceso formal.
Las afirmaciones que ha venido haciendo la ex congresista Rocío Arias sobre las actividades políticas de Gutiérrez, que aparecieron públicamente en la revista Cambio el jueves, son el principal fundamento de la decisión, según fuentes cercanas a la Corte.
Arias, que se acogió a sentencia anticipada y fue ficha de los 'paras' en el Congreso, aseguró que Jhon Freddy Gallo, alias 'El Pájaro', un paramilitar que hasta hace un par de años siguió activo en el occidente de Cundinamarca, apoyó la aspiración de Gutiérrez en el 2006.
Este diario confirmó que la Corte también averigua por la campaña del 2002, pues en el expediente hay versiones que dicen que los 'paras' de Cundinamarca también influyeron en esas elecciones.
Arias reiteró sus señalamientos contra Gutiérrez el miércoles 16 de abril, luego de ser citada por la Corte para una ampliación de su declaración inicial.
JUSTICIA Y POLÍTICA
www.eltiempo.com
Las dos caras de Álvaro Uribe
Las dos caras de Álvaro Uribe
Doris Gómora
El Universal
Viernes 18 de abril de 2008
A nivel mundial, el presidente colombiano es visto como defensor de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en el Departamento de Defensa de EU aún es referido como “el amigo personal de Pablo Escobar”, el extinto líder del cártel de Medellín
doris.gomora@eluniversal.com.mx
Las caras de Álvaro Uribe. Es un defensor de la lucha contra el terrorismo y el narco en la figura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el ámbito mundial, pero en loscírculos de inteligencia de Estados Unidos el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aún es referido como “el amigo personal de Pablo Escobar Gaviria” el extinto líder del cártel de Medellín.
La Presidencia de Colombia ha rechazado las versiones de las relaciones del presidente Uribe y su familia con el narcotráfico, pero las sombras aún están ahí.
Hasta ayer la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DIA), la mayor productora encargada de la inteligencia militar sostenía que el contenido de un viejo reporte desclasificado en 2004 revelaba los vínculos que en los 80 y los 90 mantenían el hoy presidente colombiano y el legendario capo del cártel Cali.
Como Presidente de Colombia, Álvaro Uribe se mueve en altos índices de popularidad que le permiten lo mismo lustrarse los zapatos en una plaza de Bogotá cercana a la Presidencia de la República y charlar al mismo tiempo con los reporteros de la fuente; o con tono alto, hablar en cadena nacional de televisión y condenar el atentado de un carro bomba de las FARC dentro de las instalaciones de la Escuela Militar en la capital colombiana en 2007.
Puede, al mismo tiempo, mantener el estigma de su relación con el narcotráfico y recordar ante los legisladores estadounidenses que él es un aliado de esa nación en la lucha antidrogas; que merece tener un Tratado de Libre Comercio; o mayor presupuesto de apoyo para el Plan Colombia.
En otra más de sus facetas, es capaz de gobernar moviéndose entre los escándalos por las relaciones encontradas entre las fuerzas paramilitares inmiscuidas también en el narcotráfico y miembros de su gabinete, y la conversión de las FARC en el mayor cártel de narcotráfico en Colombia, mientras aumenta la presión internacional para liberar a la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y otros secuestrados nacionales y extranjeros.
Álvaro Uribe mantiene un discurso permanente de condena a las acciones de las FARC y cualquiera que se relacione con ellos. Cualquiera que esté cerca del grupo es terrorista, criminal y narcotraficante, es implacable.
Su motivo personal contra las FARC es público: "su padre Álvaro Uribe Sierra fue asesinado por el quinto frente de las FARC el 14 de junio de 1983 al resistir un intento de secuestro.
Uribe Sierra enfrentó a sus secuestradores y en el enfrentamiento resultó herido su hijo Santiago, señala un comunicado de la Presidencia de Colombia, con fecha 30 de julio de 2004, al comentar sobre el reporte de los servicios de la DIA desclasificado en el 2004.
El reporte fue obtenido por el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo no gubernamental basado en la Universidad George Washington mediante una solicitud de acceso a la información. El reporte está integrado por 14 páginas fechado el 23 de septiembre de 1991, y enlista 103 personas consideradas como “los más importantes narcotraficantes colombianos contratados por los cárteles para seguridad, transportación, distribución”.
En el número 82 fue enlistado el nombre del ahora Presidente Álvaro Uribe Vélez como “un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cártel de Medellín”, además de ubicarlo como “amigo personal de Pablo Escobar Gaviria”. El reporte destaca que la información contenida “no fue evaluada finalmente”, lo que en la DIA significa que la información integrada es buena en la medida que la fuente lo es, pero a la fecha las fuentes se mantiene sin revelar, además de que la agencia, por ser militar, tiene menos obligaciones de transparencia en términos de obligación de informar al público que la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Tras rechazar la Presidencia de Colombia el contenido del reporte de la DIA en 2004, la sombra del narcotráfico volvió aparecer en la vida de Uribe en diciembre de 2007 cuando El Miami Herald publicó información de un reporte e investigación propia del medio sobre el hallazgo y aseguramiento de un helicóptero en un operativo de la policía colombiana y la DEA en Caqueta, Colombia, el 10 de marzo de 1984 en la zona conocida como “Tranquilandia” un centro de operaciones y procesamiento de droga controlada por los cárteles de Medellín y Cali.
El periódico Miami Herald citó que “el helicóptero de matrícula HK 2704 propiedad de la firma Amortegui y Cia LTD de la ciudad de Medellín”, estaba relacionado con Álvaro Uribe Sierra, padre del presidente colombiano Álvaro Uribe debido a que él había sido socio de la empresa.
La nota citó también las declaraciones que hizo en 1984 Cecilia Lara Bonilla, hermana del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1983 por órdenes de Pablo Escobar. Cecilia Lara declaró ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá sobre los temores de su hermano; sobre el nivel de permeabilidad de los cárteles con importantes políticos colombianos sin citar nombres. La Presidencia de la República de Colombia volvió a rechazar los nexos con el narcotráfico.
Tras el bombardeo del Ejército de Colombia en contra del campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes el ex guerrillero del grupo armado, el presidente Uribe se ha enfrentado a sus vecinos de tendencia política de izquierda y derecha como un innamovible combatiente de las FARC, pero en los círculos de inteligencia de Estados Unidos aseguran que el tema del narcotráfico aún está presente en Colombia y se mantendrá como reto para el actual mandatario: si el presidente Uribe combate a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los líderes del negocio serán las fuerzas paramilitares.
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El Universal
Viernes 18 de abril de 2008
A nivel mundial, el presidente colombiano es visto como defensor de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en el Departamento de Defensa de EU aún es referido como “el amigo personal de Pablo Escobar”, el extinto líder del cártel de Medellín
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Las caras de Álvaro Uribe. Es un defensor de la lucha contra el terrorismo y el narco en la figura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el ámbito mundial, pero en loscírculos de inteligencia de Estados Unidos el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aún es referido como “el amigo personal de Pablo Escobar Gaviria” el extinto líder del cártel de Medellín.
La Presidencia de Colombia ha rechazado las versiones de las relaciones del presidente Uribe y su familia con el narcotráfico, pero las sombras aún están ahí.
Hasta ayer la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DIA), la mayor productora encargada de la inteligencia militar sostenía que el contenido de un viejo reporte desclasificado en 2004 revelaba los vínculos que en los 80 y los 90 mantenían el hoy presidente colombiano y el legendario capo del cártel Cali.
Como Presidente de Colombia, Álvaro Uribe se mueve en altos índices de popularidad que le permiten lo mismo lustrarse los zapatos en una plaza de Bogotá cercana a la Presidencia de la República y charlar al mismo tiempo con los reporteros de la fuente; o con tono alto, hablar en cadena nacional de televisión y condenar el atentado de un carro bomba de las FARC dentro de las instalaciones de la Escuela Militar en la capital colombiana en 2007.
Puede, al mismo tiempo, mantener el estigma de su relación con el narcotráfico y recordar ante los legisladores estadounidenses que él es un aliado de esa nación en la lucha antidrogas; que merece tener un Tratado de Libre Comercio; o mayor presupuesto de apoyo para el Plan Colombia.
En otra más de sus facetas, es capaz de gobernar moviéndose entre los escándalos por las relaciones encontradas entre las fuerzas paramilitares inmiscuidas también en el narcotráfico y miembros de su gabinete, y la conversión de las FARC en el mayor cártel de narcotráfico en Colombia, mientras aumenta la presión internacional para liberar a la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y otros secuestrados nacionales y extranjeros.
Álvaro Uribe mantiene un discurso permanente de condena a las acciones de las FARC y cualquiera que se relacione con ellos. Cualquiera que esté cerca del grupo es terrorista, criminal y narcotraficante, es implacable.
Su motivo personal contra las FARC es público: "su padre Álvaro Uribe Sierra fue asesinado por el quinto frente de las FARC el 14 de junio de 1983 al resistir un intento de secuestro.
Uribe Sierra enfrentó a sus secuestradores y en el enfrentamiento resultó herido su hijo Santiago, señala un comunicado de la Presidencia de Colombia, con fecha 30 de julio de 2004, al comentar sobre el reporte de los servicios de la DIA desclasificado en el 2004.
El reporte fue obtenido por el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo no gubernamental basado en la Universidad George Washington mediante una solicitud de acceso a la información. El reporte está integrado por 14 páginas fechado el 23 de septiembre de 1991, y enlista 103 personas consideradas como “los más importantes narcotraficantes colombianos contratados por los cárteles para seguridad, transportación, distribución”.
En el número 82 fue enlistado el nombre del ahora Presidente Álvaro Uribe Vélez como “un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cártel de Medellín”, además de ubicarlo como “amigo personal de Pablo Escobar Gaviria”. El reporte destaca que la información contenida “no fue evaluada finalmente”, lo que en la DIA significa que la información integrada es buena en la medida que la fuente lo es, pero a la fecha las fuentes se mantiene sin revelar, además de que la agencia, por ser militar, tiene menos obligaciones de transparencia en términos de obligación de informar al público que la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Tras rechazar la Presidencia de Colombia el contenido del reporte de la DIA en 2004, la sombra del narcotráfico volvió aparecer en la vida de Uribe en diciembre de 2007 cuando El Miami Herald publicó información de un reporte e investigación propia del medio sobre el hallazgo y aseguramiento de un helicóptero en un operativo de la policía colombiana y la DEA en Caqueta, Colombia, el 10 de marzo de 1984 en la zona conocida como “Tranquilandia” un centro de operaciones y procesamiento de droga controlada por los cárteles de Medellín y Cali.
El periódico Miami Herald citó que “el helicóptero de matrícula HK 2704 propiedad de la firma Amortegui y Cia LTD de la ciudad de Medellín”, estaba relacionado con Álvaro Uribe Sierra, padre del presidente colombiano Álvaro Uribe debido a que él había sido socio de la empresa.
La nota citó también las declaraciones que hizo en 1984 Cecilia Lara Bonilla, hermana del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1983 por órdenes de Pablo Escobar. Cecilia Lara declaró ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá sobre los temores de su hermano; sobre el nivel de permeabilidad de los cárteles con importantes políticos colombianos sin citar nombres. La Presidencia de la República de Colombia volvió a rechazar los nexos con el narcotráfico.
Tras el bombardeo del Ejército de Colombia en contra del campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes el ex guerrillero del grupo armado, el presidente Uribe se ha enfrentado a sus vecinos de tendencia política de izquierda y derecha como un innamovible combatiente de las FARC, pero en los círculos de inteligencia de Estados Unidos aseguran que el tema del narcotráfico aún está presente en Colombia y se mantendrá como reto para el actual mandatario: si el presidente Uribe combate a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los líderes del negocio serán las fuerzas paramilitares.
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Abril 17 de 2008
Alianza entre militares de Córdoba y 'Los paisas' se descubrió por crimen de ganadero
Foto: David Osorio / EL TIEMPO
Salomon Feris Chadid, con ruana; Mario Prada, ex alcalde de Valencia, centro, y alias 'Julián', permanecen en celdas de la Dijín.
Información relacionada
29 militares han sido condenados en el último mes por casos de masacres y homicidios Carlos Andrés Pineda fue asesinado el 7 de enero del 2008, en la finca El Capri, en Montería, al parecer por militares del Gaula de la Brigada 11 del Ejército, al mando del mayor Julio César Parga.
En interceptaciones, hoy evaluadas por la Fiscalía, miembros del Gaula le reclaman a Francisco Javier Silva, 'Julián', jefe de 'Los paisas', brazo armado de la tenebrosa Oficina de Envigado, el pago por el homicidio.
Las averiguaciones también determinaron que el coronel Alvaro Zambrano Gómez, comandante del BatallónJunín de Córdoba, alertaba sobre operativos de organismos de inteligencia contra la banda, así como de acciones que planeaba la organización de Daniel Rendón, 'don Mario', el ex 'para' enemigo de la Oficina de Envigado con quien se disputan a muerte el control por los laboratorios y rutas en Chocó, Córdoba y Antioquia, incluida Medellín.
"El coronel era conocido como 'Zeta' y a cambio de sus favores 'Julián' y su gente le montaban falsos positivos como la incautación de armas o munición", afirmó uno de los investigadores.
La tarde del miércoles el mayor Parga y el coronel Zambrano, junto con un suboficial y seis soldados, fueron capturados por el CTI: todos enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio.
Según las indagaciones, las acciones de la banda 'Los Paisas' eran coordinadas por 'Julián'.
Fuentes de inteligencia de la Dijín aseguran que este narcoparamilitar llegó a Córdoba trasladado por 'Rogelio' -nuevo jefe de la oficina de Envigado- con la orden de disputar a sangre y fuego los corredores de movilidad de la coca que había ganado 'Don Mario' en el sector de Valencia, San Antero, y San Bernardo del Viento, antes bajo el dominio de 'Don Berna'.
De hecho, las autoridades aseguran que un primo de 'Berna', identificado como José Walter Lozano Murillo -capturado por la Dijín en Medellín- era el comandante del grupo hasta que el hermano del Alemán entró a apoderarse de la región.
Policía y Fiscalía intentas establecer si, desde la cárcel, 'Berna' dio la orden de unir las fuerzas de 'Los Traquetos', que tiene más experiencia en manejo del negocio de la cocaína y Los Paisas, con mayor capacidad de combate y confrontación.
Para cumplir con su misión 'Julián' consiguió dos aliados curtidos en el bajo mundo: Salomon Feris Chadid, el 'comandante 08', desmovilizado de las Auc y considerado el hombre fuerte de Ralito, y Mario Prada Cobos, ex alcalde de Valencia y ex candidato a la gobernación de Córdoba, señalado como jefe de 'Los Traquetos'.
Los dos también fueron capturados por la Dijín.
Prada Cobos, cuya captura estremeció a ese departamento, tenía a su cargo el trabajo político y el manejo de algunos bienes de la banda.
El ex alcalde es hermano de Edwar Cobo Téllez, 'Diego Vecino', el jefe del desmovilizado bloque Montes de María.
Las pesquisas develaron que otros dos hombres, Alirio de Jesús Henao, 'Lanudito' y Eduardo Mario Galeano, 'el Profe' o '22', eran clave dentro de la organización de Los Paisas y Los Traquetos.
El primero es relacionado con una red de testaferros y Galeano como uno de los comandantes de los Traquetos, coordinador de rutas coca.
Duró pronunciamiento de Santos
En la mañana de ayer, en un encuentro con generales de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que los militares implicados en delitos tendrán que responder individualmente ante la justicia y aprovechó para hacer un llamado a la fuerza pública sobre el compromiso que debe asumir por el respeto a los derechos humanos.
"Tenemos que ser muy claros: si por derrotar al monstruo nos convertimos en otro monstruo, no hemos ganado sino perdido porque habremos reproducido aquello que pretendíamos acabar", afirmó Santos.
Y fue contundente al advertir: "No podemos ganar la guerra y perder un Ejército".
Santos aseguró que la mano de los comandantes no puede temblar para mantener a la Fuerza Pública en el camino de la legitimidad y que las armas de la Nación están al servicio de la ley y de la democracia y no del hampa y el delito.
"No tendremos ninguna contemplación con los miembros de la Fuerza Pública que de una u otra forma estén delinquiendo", puntualizó.
Finalmente, dijo que seguirá la lucha contra todas las bandas criminales, especialmente contra las estructuras de alias "Don Mario" "Los Mellizos" y "Rogelio".
REDACCIÓN JUSTICIA
www.eltiempo.com
Alianza entre militares de Córdoba y 'Los paisas' se descubrió por crimen de ganadero
Foto: David Osorio / EL TIEMPO
Salomon Feris Chadid, con ruana; Mario Prada, ex alcalde de Valencia, centro, y alias 'Julián', permanecen en celdas de la Dijín.
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29 militares han sido condenados en el último mes por casos de masacres y homicidios Carlos Andrés Pineda fue asesinado el 7 de enero del 2008, en la finca El Capri, en Montería, al parecer por militares del Gaula de la Brigada 11 del Ejército, al mando del mayor Julio César Parga.
En interceptaciones, hoy evaluadas por la Fiscalía, miembros del Gaula le reclaman a Francisco Javier Silva, 'Julián', jefe de 'Los paisas', brazo armado de la tenebrosa Oficina de Envigado, el pago por el homicidio.
Las averiguaciones también determinaron que el coronel Alvaro Zambrano Gómez, comandante del BatallónJunín de Córdoba, alertaba sobre operativos de organismos de inteligencia contra la banda, así como de acciones que planeaba la organización de Daniel Rendón, 'don Mario', el ex 'para' enemigo de la Oficina de Envigado con quien se disputan a muerte el control por los laboratorios y rutas en Chocó, Córdoba y Antioquia, incluida Medellín.
"El coronel era conocido como 'Zeta' y a cambio de sus favores 'Julián' y su gente le montaban falsos positivos como la incautación de armas o munición", afirmó uno de los investigadores.
La tarde del miércoles el mayor Parga y el coronel Zambrano, junto con un suboficial y seis soldados, fueron capturados por el CTI: todos enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio.
Según las indagaciones, las acciones de la banda 'Los Paisas' eran coordinadas por 'Julián'.
Fuentes de inteligencia de la Dijín aseguran que este narcoparamilitar llegó a Córdoba trasladado por 'Rogelio' -nuevo jefe de la oficina de Envigado- con la orden de disputar a sangre y fuego los corredores de movilidad de la coca que había ganado 'Don Mario' en el sector de Valencia, San Antero, y San Bernardo del Viento, antes bajo el dominio de 'Don Berna'.
De hecho, las autoridades aseguran que un primo de 'Berna', identificado como José Walter Lozano Murillo -capturado por la Dijín en Medellín- era el comandante del grupo hasta que el hermano del Alemán entró a apoderarse de la región.
Policía y Fiscalía intentas establecer si, desde la cárcel, 'Berna' dio la orden de unir las fuerzas de 'Los Traquetos', que tiene más experiencia en manejo del negocio de la cocaína y Los Paisas, con mayor capacidad de combate y confrontación.
Para cumplir con su misión 'Julián' consiguió dos aliados curtidos en el bajo mundo: Salomon Feris Chadid, el 'comandante 08', desmovilizado de las Auc y considerado el hombre fuerte de Ralito, y Mario Prada Cobos, ex alcalde de Valencia y ex candidato a la gobernación de Córdoba, señalado como jefe de 'Los Traquetos'.
Los dos también fueron capturados por la Dijín.
Prada Cobos, cuya captura estremeció a ese departamento, tenía a su cargo el trabajo político y el manejo de algunos bienes de la banda.
El ex alcalde es hermano de Edwar Cobo Téllez, 'Diego Vecino', el jefe del desmovilizado bloque Montes de María.
Las pesquisas develaron que otros dos hombres, Alirio de Jesús Henao, 'Lanudito' y Eduardo Mario Galeano, 'el Profe' o '22', eran clave dentro de la organización de Los Paisas y Los Traquetos.
El primero es relacionado con una red de testaferros y Galeano como uno de los comandantes de los Traquetos, coordinador de rutas coca.
Duró pronunciamiento de Santos
En la mañana de ayer, en un encuentro con generales de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que los militares implicados en delitos tendrán que responder individualmente ante la justicia y aprovechó para hacer un llamado a la fuerza pública sobre el compromiso que debe asumir por el respeto a los derechos humanos.
"Tenemos que ser muy claros: si por derrotar al monstruo nos convertimos en otro monstruo, no hemos ganado sino perdido porque habremos reproducido aquello que pretendíamos acabar", afirmó Santos.
Y fue contundente al advertir: "No podemos ganar la guerra y perder un Ejército".
Santos aseguró que la mano de los comandantes no puede temblar para mantener a la Fuerza Pública en el camino de la legitimidad y que las armas de la Nación están al servicio de la ley y de la democracia y no del hampa y el delito.
"No tendremos ninguna contemplación con los miembros de la Fuerza Pública que de una u otra forma estén delinquiendo", puntualizó.
Finalmente, dijo que seguirá la lucha contra todas las bandas criminales, especialmente contra las estructuras de alias "Don Mario" "Los Mellizos" y "Rogelio".
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