El Senado aprueba Estatuto de Víctimas
Pese al desacuerdo del gobierno, fue aprobado por la mayoría el proyecto de ley que busca proteger y reparar a las víctimas del conflicto en Colombia.
Por César Paredes
Fecha: 06/18/2008 -
El histórico proyecto de Ley que garantiza la protección y restitución de las víctimas del conflicto colombiano fue aprobado en la Plenaria del Senado, pese a la insistencia del Ministro del Interior Carlos Holguín de que era demasiado costoso e inviable para el Estado.
Los primeros 100 artículos del proyecto, que no presentaban mayores dicrepancias fueron aprobados. Los 23 restantes fueron discutidos entre el grupo de ponentes y el gobierno para poder zanjar las diferencias.
El proyecto deberá cursar otros dos debates: uno en la Comisión Primera de la Cámara y el otro en la Plenaria de la misma corporación, en el próximo período legislativo que empezará el próximo 20 de julio.
El proyecto lleva por nombre, Ley 157 de 2007, y fue radicado por el senador liberal Juan Fernando Cristo. En los últimos días el gobierno dijo que no gustaba de la propuesta tal y como había salido de la Comisión Primera del Senado, pese a que todos los partidos, organizaciones sociales, representantes de las víctimas y hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplaudieron la iniciativa.
“Es la primera vez que en Colombia se discute el problema de las víctimas de la guerra. Es la primera vez que legislamos para las víctimas y no para los victimarios. El objetivo es poder garantizar la reparación integral y el reconocimiento de más de 3 millones de compatriotas, a quienes la guerrilla, el Ejército y los paramilitares les han vulnerado sus derechos”, dijo Cristo a Semana.com.
El Ministro del Interior, Carlos Holguín, dejó ver su desacuerdo con la propuesta a comienzos de la semana cuando dijo: “El gobierno no apoya la propuesta tal y como está, porque así es un barril sin fondo. Hay que hacerle algunos ajustes”.
Sin embargo, tras acordar que el dinero para la reparación saldría de las extinciones de dominio a los paramilitares y a quienes han vulnerado los derechos de las víctimas, incluidas las de quienes están extraditados, Holguín reconoció que el proyecto no afectará el fisco de la nación.
Además del problema fiscal, otra de las objeciones que enfrentó el proyecto fue el problema conceptual. "No es cierto que la única objeción sea fiscal, sino también de fondo sobre conceptos y principios que inspiran el proyecto", argumentó Holguín.
Se refería al hecho de que el proyecto mencionaba a las víctimas de agentes del Estado y el gobierno se ha negado ha reconocer su existencia. También porque decía que era para la reparación de las víctimas del conflicto armado, y el gobierno ha sostenido la tesis de que en Colombia tampoco hay tal.
El gobierno anuncia 60 reparos al estatuto para las víctimas
Los puntos del desacuerdo
Al gobierno no le gusta la ley de Cristo
¿Será efectivo el decreto para reparar a las víctimas?
Sin embargo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, por no ser garante de la protección a los derechos de los ciudadanos es uno de los avances importantes de la iniciativa, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Centro de Justicia Transicional, entidades que aplaudieron y participaron en la construcción del proyecto.
"También hemos hecho notar que el marco normativo no puede limitarse a beneficiar sólo a una categoría de víctimas pues ello no atiende plenamente los principios internacionales y, a la postre, perpetúa la victimización”, expuso la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia el jueves pasado durante una audiencia pública . La oficina hizo el pronunciamiento en aras de que se reconozca que agentes del Estado también han obrado contra la sociedad civil.
Hasta ahora, el gobierno ha mostrado resistencia a incluir este concepto en las políticas a favor de las víctimas. Para la muestra: el decreto 1290 expedido el pasado 22 de abril para la reparación de este sector de la población por la vía administrativa, excluyó la categoría. La razón: aceptar que dentro del universo de víctimas existen las de agentes del Estado, es aceptar que algunos miembros de la Policía y del Ejército han vulnerado derechos de la población civil.
Para Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “sería histórico que fuera aprobado un proyecto de Ley que menciona las víctimas de agentes estatales”. Cepeda dijo que en Colombia podrían ser más de 70 mil las víctimas de paramilitares que actuaron en connivencia con miembros del Ejército y la Policía. “Sin la inclusión de este punto y de la devolución de las tierras a quienes fueron despojados de ellas, el proyecto quedaría siendo una disposición formal sin ningún fondo”, agregó.
Dentro de las talanqueras que el gobierno puso al estatuto estaba el desacuerdo con su título. Finalmente se llegó a un acuerdo y dejó de ser una medida a favor de las víctimas del conflicto armado y pasó a ser a favor de las víctimas de la violencia.
Este martes el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), reportó en un informe en la ciudad de Londres que Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo, con 3 millones de personas. La cifra tomada de la Corte Constitucional, ubica al país por encima de Irak y el Congo. En el transcurso de los últimos 3 años se han registrado en la Fiscalía 120 mil personas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que esperan lo que el Estado les prometió: acceder a la verdad, dónde están sus seres queridos, por qué fueron asesinados, en qué circunstancias, etc.; justicia y reparación integral.
El proyecto incluye una diferenciación de lo que es la reparación a las víctimas, la ayuda humanitaria y la asistencia en general. La reparación integral no solo es la devolución de los recursos a las víctimas, y la indemnización por la privación de ellos, sino que incluye el reconocimiento simbólico y colectivo de su condición. Por esta razón, el proyecto crea el día de solidaridad con las víctimas, el Museo de la Memoria, entre otras figuras.
“Esta es una parte sustancial para la reparación moral a las víctimas, para poder hablar de reparación integral y garantizar la no repetición de los hechos”, dijo Cristo.
La ayuda humanitaria la componen los auxilios básicos necesarios en materia de alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica, y alojamiento entre otros. Y la asistencia son los programas de acompañamiento a las víctimas, mientras logran el restablecimiento de sus derechos y la incorporación a las nuevas condiciones de vida.
Por estas características del proyecto, Catalina Díaz, coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ve la propuesta como un paso hacia adelante en la restitución de las víctimas. Díaz subrayó que esta propuesta va más lejos de la simple solidaridad del Estado ya que reconoce su responsabilidad. “Hasta el momento, las políticas del Estado a favor de las víctimas eran un apoyo solidario con gente que sufre. Pero para que la distribución de justicia hacia una transición sea verdaderamente una reparación integral, tiene que existir la aceptación de responsabilidad del Estado. No de sus agentes, de manera individual y penal, sino por no haber garantizado el bienestar y los derechos fundamentales”, explicó Díaz.
El proyecto adiciona un Fondo para la Reparación. Buena parte de los recursos obtenidos de las extinciones de bienes incautados a narcotraficantes y a los grupos armados, sea para la reparación de las víctimas.
“Dicho proyecto es una necesidad urgente, no sólo de las víctimas y sus familiares, sino del país en general, y un reclamo de la comunidad internacional que ha venido apoyando los esfuerzos del Estado colombiano por avanzar en procesos que nos ayuden a allanar el camino a la paz con justicia social”, había dicho el Procurador Edgardo Maya, quien en una carta enviada a la Presidenta del Congreso este lunes, pidió que se aprobara el proyecto.
viernes, 20 de junio de 2008
'Tasmania' dispuesto a retractarse públicamente de acusación que formuló contra magistrado
'Tasmania había afirmado además que Velásquez le pidió que le contara todo lo que supiera del ex senador Mario Uribe, primo segundo del Jefe del Estado.
Pero fuentes de la Corte dicen que el preso admitió que todo fue un montaje y que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez tiene la grabación en la que 'Tasmania' se retracta.
El pasado viernes, en las horas de la tarde, el ex paramilitar José Orlando Moncada Zapata, se retractó de los señalamientos.
Un montaje Aunque la Fiscalía no ha recibido todavía la nueva versión de 'Tasmania', EL TIEMPO pudo establecer que existe una grabación que está en manos Velásquez y en la cual el ex 'para' asegura que todo fue un montaje impulsado por su abogado, Sergio González y por Juan Carlos Sierra, 'El Tuso', extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo.Documentos demuestran que Sergio González era abogado tanto de 'Tasmania' como de 'El Tuso', pero después del escándalo renunció a los poderes que tenía con el extraditado.Confesión en la cárcelLa retractación de 'Tasmania' fue hecha en presencia del propio Velásquez, quien solicitó permiso de la Corte Suprema para desplazarse hasta la cárcel de Itagüí y autorización de las autoridades carcelarias, específicamente del general Eduardo Morales, director del Inpec.Velásquez se negó a dar información sobre el caso que EL TIEMPO conoció desde el fin de semana.Sin embargo, una fuente de la Corte filtró la información antes de que este le solicitara a la Fiscalía que 'Tasmania' fuera escuchado en declaración.Ahora, el fiscal del caso deberá evaluar la retractacíón hecha a instancias del ex paramilitar Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', uno de los ex jefes del bloque Central Bolívar de las autodefensas, detenido en la cárcel de Itagüí.'Tasmania', según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que la carta que se conoció a finales del año pasado, en la que acusó al magistrado auxiliar, la firmó sin conocer su contenido. En ese documento había dicho que le ofrecieron rebaja de condena, protección y ubicación de su familia a cambio de información. Igualmente en la grabación el ex 'para' ratifica lo que le había anunciado a Velásquez en un mensaje previo que envió desde la cárcel de Itagüí.Y dice que la decisión de retractarse, según 'Tasmania', se debe a que teme por su vida y la de su familia. En su momento, la denuncia del presidente Uribe contra Velásquez provocó uno de los más duros choques entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.El caso lo lleva un fiscal delegado ante la Corte, cuya última actuación en el proceso fue recibir una entrevista, el pasado lunes, del propio presidente Uribe sobre la manera como este se enteró de la primera denuncia. Hasta ese momento no se habían encontrado pruebas de que Velásquez hubiera cometido alguna irregularidad
www.eltiempo.com
'Tasmania había afirmado además que Velásquez le pidió que le contara todo lo que supiera del ex senador Mario Uribe, primo segundo del Jefe del Estado.
Pero fuentes de la Corte dicen que el preso admitió que todo fue un montaje y que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez tiene la grabación en la que 'Tasmania' se retracta.
El pasado viernes, en las horas de la tarde, el ex paramilitar José Orlando Moncada Zapata, se retractó de los señalamientos.
Un montaje Aunque la Fiscalía no ha recibido todavía la nueva versión de 'Tasmania', EL TIEMPO pudo establecer que existe una grabación que está en manos Velásquez y en la cual el ex 'para' asegura que todo fue un montaje impulsado por su abogado, Sergio González y por Juan Carlos Sierra, 'El Tuso', extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo.Documentos demuestran que Sergio González era abogado tanto de 'Tasmania' como de 'El Tuso', pero después del escándalo renunció a los poderes que tenía con el extraditado.Confesión en la cárcelLa retractación de 'Tasmania' fue hecha en presencia del propio Velásquez, quien solicitó permiso de la Corte Suprema para desplazarse hasta la cárcel de Itagüí y autorización de las autoridades carcelarias, específicamente del general Eduardo Morales, director del Inpec.Velásquez se negó a dar información sobre el caso que EL TIEMPO conoció desde el fin de semana.Sin embargo, una fuente de la Corte filtró la información antes de que este le solicitara a la Fiscalía que 'Tasmania' fuera escuchado en declaración.Ahora, el fiscal del caso deberá evaluar la retractacíón hecha a instancias del ex paramilitar Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', uno de los ex jefes del bloque Central Bolívar de las autodefensas, detenido en la cárcel de Itagüí.'Tasmania', según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que la carta que se conoció a finales del año pasado, en la que acusó al magistrado auxiliar, la firmó sin conocer su contenido. En ese documento había dicho que le ofrecieron rebaja de condena, protección y ubicación de su familia a cambio de información. Igualmente en la grabación el ex 'para' ratifica lo que le había anunciado a Velásquez en un mensaje previo que envió desde la cárcel de Itagüí.Y dice que la decisión de retractarse, según 'Tasmania', se debe a que teme por su vida y la de su familia. En su momento, la denuncia del presidente Uribe contra Velásquez provocó uno de los más duros choques entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.El caso lo lleva un fiscal delegado ante la Corte, cuya última actuación en el proceso fue recibir una entrevista, el pasado lunes, del propio presidente Uribe sobre la manera como este se enteró de la primera denuncia. Hasta ese momento no se habían encontrado pruebas de que Velásquez hubiera cometido alguna irregularidad
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Congreso se le rebeló al Gobierno y aprobó proyecto de ley de víctimas
El ministro del Interior, Carlos Holguín, tuvo que volver a sentarse en su curul para atender el debate, luego de amenazar con su retiro y después de que la presidenta de la corporación, Nancy Patricia Gutiérrez, le hizo saber, no solo que daría garantías para tramitar el proyecto, sino que su partido, Cambio Radical, lo apoyaría.Holguín, apenas comenzaba el debate, dijo de muchas maneras que no era conveniente aprobar esa ley. Al senador Luis Fernando Duque le dijo que no lo llamara "mentiroso", después de que este sugirió que el Ministro tenía varias posiciones en este tema.Holguín insistió en que el proyecto "nunca fue concertado" y que lo que se quiere hacer ver, si no se aprueba el proyecto, es que "el Gobierno es enemigo de las víctimas".Y no solo pidió eliminar 22 artículos del texto original, sino que insistió en que debía haber consenso entre los ponentes y el Gobierno para no aprobar un proyecto que "genere falsas expectativas". El autor de la iniciativa, el senador Juan Fernando Cristo, respondió que "al calificar de irresponsable la propuesta" no solo lo ofendía a él, sino al Procurador, a la Comisión de Reparación, a la ONU y a los siete ponentes y los 18 senadores del Partido Liberal.Añadió que esperaba que las proposiciones anunciadas por el Gobierno no fueran "un mecanismo de dilación para aprobar el proyecto", por lo que propuso que se votaran en bloque los artículos que no tenían observaciones.Holguín respondió entonces que "no es cierto que la única objeción sea fiscal, sino también de fondo sobre conceptos y principios que inspiran el proyecto".Cuando se abrió paso una primera votación, 100 de los 123 artículos de la iniciativa que no ofrecían mayor discusión, fueron aprobados.'Falsas expectativas'Luego de la votación, la viceministra de Hacienda, Gloria Inés Cortés enfatizó en que "se están creando falsas expectativas a las víctimas, porque no se cuenta con los recursos para su viabilidad", y dijo que "existen algunos artículos que se deben eliminar". Posteriormente, se conformó una subcomisión integrada por los senadores Juan Fernando Cristo, Gustavo Petro, Gina Parody, Eduardo Enríquez, Javier Cáceres, Óscar Darío Pérez y Samuel Arrieta, para que junto con Holguín y Cortés, analizaran las modificaciones a los artículos polémicos. Al cierre de esta edición, se esperaba el informe de la subcomisión para que la plenaria votara los artículos restantes de la iniciativa.Si bien el Gobierno soportaba anoche un revés en este pulso por la ley de las víctimas, aún le queda un recurso extraordinario para ganar esta singular 'batalla' por fuera del Congreso: objetar algunos artículos de la norma.
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El ministro del Interior, Carlos Holguín, tuvo que volver a sentarse en su curul para atender el debate, luego de amenazar con su retiro y después de que la presidenta de la corporación, Nancy Patricia Gutiérrez, le hizo saber, no solo que daría garantías para tramitar el proyecto, sino que su partido, Cambio Radical, lo apoyaría.Holguín, apenas comenzaba el debate, dijo de muchas maneras que no era conveniente aprobar esa ley. Al senador Luis Fernando Duque le dijo que no lo llamara "mentiroso", después de que este sugirió que el Ministro tenía varias posiciones en este tema.Holguín insistió en que el proyecto "nunca fue concertado" y que lo que se quiere hacer ver, si no se aprueba el proyecto, es que "el Gobierno es enemigo de las víctimas".Y no solo pidió eliminar 22 artículos del texto original, sino que insistió en que debía haber consenso entre los ponentes y el Gobierno para no aprobar un proyecto que "genere falsas expectativas". El autor de la iniciativa, el senador Juan Fernando Cristo, respondió que "al calificar de irresponsable la propuesta" no solo lo ofendía a él, sino al Procurador, a la Comisión de Reparación, a la ONU y a los siete ponentes y los 18 senadores del Partido Liberal.Añadió que esperaba que las proposiciones anunciadas por el Gobierno no fueran "un mecanismo de dilación para aprobar el proyecto", por lo que propuso que se votaran en bloque los artículos que no tenían observaciones.Holguín respondió entonces que "no es cierto que la única objeción sea fiscal, sino también de fondo sobre conceptos y principios que inspiran el proyecto".Cuando se abrió paso una primera votación, 100 de los 123 artículos de la iniciativa que no ofrecían mayor discusión, fueron aprobados.'Falsas expectativas'Luego de la votación, la viceministra de Hacienda, Gloria Inés Cortés enfatizó en que "se están creando falsas expectativas a las víctimas, porque no se cuenta con los recursos para su viabilidad", y dijo que "existen algunos artículos que se deben eliminar". Posteriormente, se conformó una subcomisión integrada por los senadores Juan Fernando Cristo, Gustavo Petro, Gina Parody, Eduardo Enríquez, Javier Cáceres, Óscar Darío Pérez y Samuel Arrieta, para que junto con Holguín y Cortés, analizaran las modificaciones a los artículos polémicos. Al cierre de esta edición, se esperaba el informe de la subcomisión para que la plenaria votara los artículos restantes de la iniciativa.Si bien el Gobierno soportaba anoche un revés en este pulso por la ley de las víctimas, aún le queda un recurso extraordinario para ganar esta singular 'batalla' por fuera del Congreso: objetar algunos artículos de la norma.
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Paramilitar involucra a ex subdirector del Das en crimen de Jaime Garzón
Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, implicó al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez en el secuestro de Piedad Córdoba y el asesinato del periodista Jaime Garzón. Aseguró también que un grupo paramilitar intentó asesinar a alias ‘Raúl Reyes' en Venezuela.
Fecha: 06/18/2008 -
Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, ha confesado bajo la Ley de Justicia y Paz más de 2000 asesinatos. Declaró en contra del ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, enjuiciado por homicidio y de Ricardo Elcure, detenido por parapolítica. El pasado martes señaló al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, de instigar al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón en agosto de 1999.
José Miguel Narváez fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hasta diciembre de 2005, durante parte de la gestión de Jorge Noguera.
Alias El Iguano dijo también que Narváez fue determinante en el secuestro, entre el 21 de mayo de 1999 y el 4 de junio del mismo año, de la senadora liberal Piedad Córdoba. Según El Iguano, Narváez fue quien llevó a Castaño las grabaciones donde, supuestamente, la senadora liberal denigraba del líder de las autodefensas en una conversación con Francisco Galán, miembro del Eln que en ese entonces se encontraba detenido.
El oficio de matar
Según Laverde Zapata, dichas grabaciones impulsaron a que Castaño Gil ordenara el secuestro de la parlamentaria.
Por otra parte, afirmó que un grupo paramilitar incursionó en territorio venezolano en el año 2003 con el objetivo de asesinar a Raúl Reyes, pero éste alcanzó a abandonar el sitio donde estaba escondido.
Durante la diligencia judicial, "El Iguano" reconoció que en Cúcuta recibió apoyo de los entonces director seccional del DAS, Jorge Díaz, y de la directora seccional de Fiscalías, Ana María Flórez (hoy prófuga), para la ejecución de homicidios y otros ilícitos. El paramilitar indicó que los comandos urbanos de las autodefensas se movilizaban en los vehículos de ambas instituciones.
En diligencias judiciales anteriores, El Iguano dijo que en algunos centros hospitalarios de Cúcuta como los Samanes, Urgencias La Merced, Clínica La Samaritana o el Hospital Universitario Erasmo Meoz, eran atendidos miembros del Bloque Catatumbo sin ser reportados a las autoridades.
¿Ayuda militar?
El versionado confesó además que recibió apoyo del entonces coronel Víctor Hugo Matamoros, en la capital nortesantandereana, y de varios uniformados del Batallón Héroes de Saraguro, con sede en esta ciudad.
Alias El Iguano aceptó que pagaba 20 millones de pesos al sargento del Ejército Nacional, José Celis Castro, para que le avisara con anticipación sobre las operaciones militares contra sus hombres en Tibú y La Gabarra (Norte de Santander).
De acuerdo con la versión entregada por el detenido, el suboficial trabajaba en un programa especial de la Presidencia de la República en el que se planeaban acciones aerotransportadas contra los grupos armados ilegales.
El testimonio de Laverde, conforme a la Ley de Justicia y Paz, debe ser verificado por un fiscal.
¿Quien es El Iguano?
Jorge Iván Laverde nació en el Urabá antioqueño. Alcanzó a terminar el bachillerato y a manejar un camión antes de ser reclutado, a mediados de los noventas, por los hermanos y fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia Fidel y Carlos Castaño.
El Iguano, también conocido como Pedro Fronteras, comenzó como paramilitar en el Urabá, fue trasladado a Chocó y posteriormente al Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso. Allí comando el Frente Fronteras de ese bloque bajo el cual, según su propia confesión, asesinó a más de dos mil personas.
En condición de desmovilizado El Iguano declaró en contra de Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Florez. En mayo del 2007 dijo ante un juez de Justicia y Paz en Barranquilla que cuando era candidato a la alcaldía, Suárez le pidió a esta organización “neutralizar” a dos personas cercanas a la guerrilla de las Farc.
Entre ellos estaban el abogado Florez, esposo de Ana María Flórez, quien paradójicamente fue directora seccional de fiscalías en Cúcuta, y ahora huye de la justicia acusada de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El Iguano, además, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que Ricardo Elcure, senador de Colombia Democrática por el Norte de Santander, recibió 80 millones de pesos como apoyo para la candidatura a la gobernación en 2003 por ese departamento. Elcure aunque lo niega, y aunque perdió esas elecciones, se encuentra tras las rejas acusado de concierto para delinquir agravado.
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Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, implicó al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez en el secuestro de Piedad Córdoba y el asesinato del periodista Jaime Garzón. Aseguró también que un grupo paramilitar intentó asesinar a alias ‘Raúl Reyes' en Venezuela.
Fecha: 06/18/2008 -
Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, ha confesado bajo la Ley de Justicia y Paz más de 2000 asesinatos. Declaró en contra del ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, enjuiciado por homicidio y de Ricardo Elcure, detenido por parapolítica. El pasado martes señaló al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, de instigar al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón en agosto de 1999.
José Miguel Narváez fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hasta diciembre de 2005, durante parte de la gestión de Jorge Noguera.
Alias El Iguano dijo también que Narváez fue determinante en el secuestro, entre el 21 de mayo de 1999 y el 4 de junio del mismo año, de la senadora liberal Piedad Córdoba. Según El Iguano, Narváez fue quien llevó a Castaño las grabaciones donde, supuestamente, la senadora liberal denigraba del líder de las autodefensas en una conversación con Francisco Galán, miembro del Eln que en ese entonces se encontraba detenido.
El oficio de matar
Según Laverde Zapata, dichas grabaciones impulsaron a que Castaño Gil ordenara el secuestro de la parlamentaria.
Por otra parte, afirmó que un grupo paramilitar incursionó en territorio venezolano en el año 2003 con el objetivo de asesinar a Raúl Reyes, pero éste alcanzó a abandonar el sitio donde estaba escondido.
Durante la diligencia judicial, "El Iguano" reconoció que en Cúcuta recibió apoyo de los entonces director seccional del DAS, Jorge Díaz, y de la directora seccional de Fiscalías, Ana María Flórez (hoy prófuga), para la ejecución de homicidios y otros ilícitos. El paramilitar indicó que los comandos urbanos de las autodefensas se movilizaban en los vehículos de ambas instituciones.
En diligencias judiciales anteriores, El Iguano dijo que en algunos centros hospitalarios de Cúcuta como los Samanes, Urgencias La Merced, Clínica La Samaritana o el Hospital Universitario Erasmo Meoz, eran atendidos miembros del Bloque Catatumbo sin ser reportados a las autoridades.
¿Ayuda militar?
El versionado confesó además que recibió apoyo del entonces coronel Víctor Hugo Matamoros, en la capital nortesantandereana, y de varios uniformados del Batallón Héroes de Saraguro, con sede en esta ciudad.
Alias El Iguano aceptó que pagaba 20 millones de pesos al sargento del Ejército Nacional, José Celis Castro, para que le avisara con anticipación sobre las operaciones militares contra sus hombres en Tibú y La Gabarra (Norte de Santander).
De acuerdo con la versión entregada por el detenido, el suboficial trabajaba en un programa especial de la Presidencia de la República en el que se planeaban acciones aerotransportadas contra los grupos armados ilegales.
El testimonio de Laverde, conforme a la Ley de Justicia y Paz, debe ser verificado por un fiscal.
¿Quien es El Iguano?
Jorge Iván Laverde nació en el Urabá antioqueño. Alcanzó a terminar el bachillerato y a manejar un camión antes de ser reclutado, a mediados de los noventas, por los hermanos y fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia Fidel y Carlos Castaño.
El Iguano, también conocido como Pedro Fronteras, comenzó como paramilitar en el Urabá, fue trasladado a Chocó y posteriormente al Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso. Allí comando el Frente Fronteras de ese bloque bajo el cual, según su propia confesión, asesinó a más de dos mil personas.
En condición de desmovilizado El Iguano declaró en contra de Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Florez. En mayo del 2007 dijo ante un juez de Justicia y Paz en Barranquilla que cuando era candidato a la alcaldía, Suárez le pidió a esta organización “neutralizar” a dos personas cercanas a la guerrilla de las Farc.
Entre ellos estaban el abogado Florez, esposo de Ana María Flórez, quien paradójicamente fue directora seccional de fiscalías en Cúcuta, y ahora huye de la justicia acusada de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El Iguano, además, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que Ricardo Elcure, senador de Colombia Democrática por el Norte de Santander, recibió 80 millones de pesos como apoyo para la candidatura a la gobernación en 2003 por ese departamento. Elcure aunque lo niega, y aunque perdió esas elecciones, se encuentra tras las rejas acusado de concierto para delinquir agravado.
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Confesiones habrían provocado ruptura entre los comandantes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino
Las últimas confesiones de Juancho Dique ante el fiscal de Justicia y Paz, tienen molesto a Diego Vecino, quien como él comandó el llamado Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, responsable de las peores masacres del país. Mientras Vecino ha negado todo, Dique está habando de vínculos con empresarios y políticos.
Fecha: 06/17/2008 -
Según el ex jefe paramilitar de la zona norte de Bolívar y los Montes de María, alias Juancho Dique, quienes pueden aclarar el misterio del crimen de las cuatro prostitutas ocurrido en Cartagena en enero de 2003, son los paramilitares conocidos con los alias de “Chiqui”, “El Flaco”, “Hermes”, y “El Primo”. Ellos saben quiénes hicieron el operativo y quién fue el empresario dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches, que es el autor intelectual.
Según “Geño”, ex jefe urbano de los paramilitares en Cartagena, los autores del homicidio fueron alias “Chiqui”, “Cejita Blanca” y “El Pollo”. El operativo lo estuvieron preparando durante varios días y el plan era asesinarlas lejos del centro y por separado. Quién iba a ejecutar la orden era el mismo Geño, pero el “pelao de la moto” no apareció y él se fue para su casa. Como él vivía muy lejos, el “Pollo” tomó la decisión de realizar el operativo con “Chiqui” y “Cejita Blanca”. De estos tres, dos están muertos y alias “Chiqui” , el gatillero, está libre y no alcanzó a desmovilizarse. “Ese pelao está sano”, dice Geño.
Tanto Juancho Dique, jefe del frente, como Geño, jefe urbano, tienen conocimiento de los hechos. Mientras Juancho Dique dice que los muchachos cometieron el delito sin su autorización, Geño explica que según “El Pollo”, la orden venía de “arriba”. Según Juancho Dique pagaron seis millones de pesos para ejecutarlas por estar dando burundanga a los clientes de las discotecas que había en el sector.
Según el Juzgado Unico Especializado de Cartagena en sentencia dictada en enero de 2006, no hubo pruebas suficientes para condenar a Samuel Enrique Dorado, alias “El Flaco” y a Javier Hoyos Puerta, alias “Chiqui”, como coautores de los homicidios de Lourdes Lara Champen, Ofelia Correa Torres, Hendy Smith Pérez y Betsabit Espitia Neiro. Sin embargo, la Fiscalía Tercera Especializada había dictado resolución de acusación contra ambos sujetos por homicidio agravado y concierto para delinquir.
El pasado marzo, la sala de descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, anuló la sentencia del Juzgado Unico Especializado de Cartagena porque el juez cometió irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Ordenó al juzgado “reelaborar la sentencia” de primera instancia y le dice cómo hacerlo: que valore la prueba de cada conducta, le pide que diga si absuelve o condena y por cuáles delitos, le dice que cuando resuelva sea puntual si a fulano o sutano lo condena o absuelve por el delito de “X” o “Y” víctima.
El Tribunal al tiempo que regañó le recordó al juzgado nociones elementales, principios indispensables a la hora de redactar la sentencia. Lo cual no deja de ser preocupante, porque se supone que los jueces especializados son funcionarios con larga trayectoria en el sistema judicial.
¿Error judicial? No es raro que los magistrados disientan y por ello modifiquen o revoquen los fallos de los jueces, lo que sí resulta inconcebible es que los magistrados no sólo disientan del fallo de un juez especializado, sino que además le digan que la parte resolutiva y motiva es incompleta, etérea y tuvieran que acudir a suposiciones para saber qué fue lo que decidió respecto al homicidio de las prostitutas.
Rupturas por las versiones
Al margen de los hechos relacionados con el crimen, o con los hechos relacionados con el Bloque Héroes de los Montes de María, lo ocurrido en la última semana que obligó a la Fiscalía a destituir a José Alfredo Jaramillo, uno de los fiscales más consentidos y preparados en el sistema penal acusatorio, permite suponer que los desmovilizados están divididos pues no comparten qué revelar sobre todo lo sucedido.
Los hombres fuertes que quedan del Bloque Héroes de los Montes de María, son Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, que era el jefe del bloque y Juancho Dique, que era el que mandaba en el Frente Héroes de los Montes de María. Vecino ha dicho una y otra vez en sus audiencias ante la Fiscalía que sus funciones eran de comandante político, y por eso no conoce de las masacres. Pero cuando la Fiscalía le pregunta por las relaciones entre los paramilitares y los políticos de Sucre y Bolívar, y los contratos con la administración pública, tampoco sabe nada.
Según los balances del Frente Canal del Dique hallados en un campamento de Juancho Dique, Diego Vecino aportaba el 60 por ciento de la financiación. Sin embargo, Vecino no dijo qué ocurrió en Sucre, uno de los departamentos más golpeados por la parapolítica, donde dos senadores, un ex gobernador, dos representantes, seis alcaldes, cuatro diputados y varios secretarios de despacho están presos, procesados por el delito de concierto para delinquir agravado.
Juancho Dique por el contrario, en su última versión los días 28, 29 y 30, destapó la Caja de Pandora de Cartagena y Bolívar. Reconoció que apoyaron la elección de los alcaldes de 18 municipios, impusieron al director de la Corporación Autónoma del Canal del Dique, cobraban tributos a las alcaldías y a los contratistas, reconoció 565 homicidios, entre otros el de Aury Sará un sindicalista de Ecopetrol y el de Jorge Carrillo, ex secretario de la alcaldía de Cartagena. También anunció que se referirá a más de veinte masacres en las que participó.
Esta diferencia a la hora de la verdad ante los fiscales no parece ser nueva. Parece que mientras Vecino daba instrucciones para medir qué decir, siguiendo el libreto que traían Jorge 40 y "Don Antonio", Juancho Dique resolvió no seguirlo más. En esta segunda versión dijo que “venía a ampliar la verdad que había omitido en diciembre por la seguridad de su familia”. Al parecer la discusión o discrepancias entre el comandante del bloque y el comandante del frente viene de mucho antes.
Mientras Juancho Dique dijo que tenía interés en aclarar los hechos en los que participó, Vecino parece estar posponiendo decir lo que sabe o negando su participación en los hechos ocurridos mientras fue comandante y con ello dilatando la verdad. De ahí su malestar con Juancho Dique.
El malestar se ha incrementado porque este último, ante una pregunta del fiscal Jaramillo (antes de ser destituido) sobre sus vínculos pasados y actuales con el negocio del narcotráfico en la zona del golfo de Morrosquillo y Cartagena, dijo que él, Juancho Dique, nada tenía que ver ni con el cobro del gramaje ni con el impuesto de embarque. Dique dijo que el responsable de ese negocio era Diego Vecino. Textualmente dijo que Vecino le había prohibido acercarse a las playas del Golfo de Morrosquillo.
Un desmovilizado que está esperando que lo llamen a versión libre, dijo a SEMANA que Vecino los ha dejado solos mientras Juancho Dique se reúne con ellos, los aconseja y los apoya.
El miércoles de esta semana el Fiscal Coordinador de Justicia y Paz, Luis González, se reunió con los abogados y los excomandantes en la cárcel Modelo en Barranquilla, a recordarles su compromiso con la verdad porque algunos no parecen interesados en cumplirlo.
Las últimas confesiones de Juancho Dique ante el fiscal de Justicia y Paz, tienen molesto a Diego Vecino, quien como él comandó el llamado Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, responsable de las peores masacres del país. Mientras Vecino ha negado todo, Dique está habando de vínculos con empresarios y políticos.
Fecha: 06/17/2008 -
Según el ex jefe paramilitar de la zona norte de Bolívar y los Montes de María, alias Juancho Dique, quienes pueden aclarar el misterio del crimen de las cuatro prostitutas ocurrido en Cartagena en enero de 2003, son los paramilitares conocidos con los alias de “Chiqui”, “El Flaco”, “Hermes”, y “El Primo”. Ellos saben quiénes hicieron el operativo y quién fue el empresario dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches, que es el autor intelectual.
Según “Geño”, ex jefe urbano de los paramilitares en Cartagena, los autores del homicidio fueron alias “Chiqui”, “Cejita Blanca” y “El Pollo”. El operativo lo estuvieron preparando durante varios días y el plan era asesinarlas lejos del centro y por separado. Quién iba a ejecutar la orden era el mismo Geño, pero el “pelao de la moto” no apareció y él se fue para su casa. Como él vivía muy lejos, el “Pollo” tomó la decisión de realizar el operativo con “Chiqui” y “Cejita Blanca”. De estos tres, dos están muertos y alias “Chiqui” , el gatillero, está libre y no alcanzó a desmovilizarse. “Ese pelao está sano”, dice Geño.
Tanto Juancho Dique, jefe del frente, como Geño, jefe urbano, tienen conocimiento de los hechos. Mientras Juancho Dique dice que los muchachos cometieron el delito sin su autorización, Geño explica que según “El Pollo”, la orden venía de “arriba”. Según Juancho Dique pagaron seis millones de pesos para ejecutarlas por estar dando burundanga a los clientes de las discotecas que había en el sector.
Según el Juzgado Unico Especializado de Cartagena en sentencia dictada en enero de 2006, no hubo pruebas suficientes para condenar a Samuel Enrique Dorado, alias “El Flaco” y a Javier Hoyos Puerta, alias “Chiqui”, como coautores de los homicidios de Lourdes Lara Champen, Ofelia Correa Torres, Hendy Smith Pérez y Betsabit Espitia Neiro. Sin embargo, la Fiscalía Tercera Especializada había dictado resolución de acusación contra ambos sujetos por homicidio agravado y concierto para delinquir.
El pasado marzo, la sala de descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, anuló la sentencia del Juzgado Unico Especializado de Cartagena porque el juez cometió irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Ordenó al juzgado “reelaborar la sentencia” de primera instancia y le dice cómo hacerlo: que valore la prueba de cada conducta, le pide que diga si absuelve o condena y por cuáles delitos, le dice que cuando resuelva sea puntual si a fulano o sutano lo condena o absuelve por el delito de “X” o “Y” víctima.
El Tribunal al tiempo que regañó le recordó al juzgado nociones elementales, principios indispensables a la hora de redactar la sentencia. Lo cual no deja de ser preocupante, porque se supone que los jueces especializados son funcionarios con larga trayectoria en el sistema judicial.
¿Error judicial? No es raro que los magistrados disientan y por ello modifiquen o revoquen los fallos de los jueces, lo que sí resulta inconcebible es que los magistrados no sólo disientan del fallo de un juez especializado, sino que además le digan que la parte resolutiva y motiva es incompleta, etérea y tuvieran que acudir a suposiciones para saber qué fue lo que decidió respecto al homicidio de las prostitutas.
Rupturas por las versiones
Al margen de los hechos relacionados con el crimen, o con los hechos relacionados con el Bloque Héroes de los Montes de María, lo ocurrido en la última semana que obligó a la Fiscalía a destituir a José Alfredo Jaramillo, uno de los fiscales más consentidos y preparados en el sistema penal acusatorio, permite suponer que los desmovilizados están divididos pues no comparten qué revelar sobre todo lo sucedido.
Los hombres fuertes que quedan del Bloque Héroes de los Montes de María, son Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, que era el jefe del bloque y Juancho Dique, que era el que mandaba en el Frente Héroes de los Montes de María. Vecino ha dicho una y otra vez en sus audiencias ante la Fiscalía que sus funciones eran de comandante político, y por eso no conoce de las masacres. Pero cuando la Fiscalía le pregunta por las relaciones entre los paramilitares y los políticos de Sucre y Bolívar, y los contratos con la administración pública, tampoco sabe nada.
Según los balances del Frente Canal del Dique hallados en un campamento de Juancho Dique, Diego Vecino aportaba el 60 por ciento de la financiación. Sin embargo, Vecino no dijo qué ocurrió en Sucre, uno de los departamentos más golpeados por la parapolítica, donde dos senadores, un ex gobernador, dos representantes, seis alcaldes, cuatro diputados y varios secretarios de despacho están presos, procesados por el delito de concierto para delinquir agravado.
Juancho Dique por el contrario, en su última versión los días 28, 29 y 30, destapó la Caja de Pandora de Cartagena y Bolívar. Reconoció que apoyaron la elección de los alcaldes de 18 municipios, impusieron al director de la Corporación Autónoma del Canal del Dique, cobraban tributos a las alcaldías y a los contratistas, reconoció 565 homicidios, entre otros el de Aury Sará un sindicalista de Ecopetrol y el de Jorge Carrillo, ex secretario de la alcaldía de Cartagena. También anunció que se referirá a más de veinte masacres en las que participó.
Esta diferencia a la hora de la verdad ante los fiscales no parece ser nueva. Parece que mientras Vecino daba instrucciones para medir qué decir, siguiendo el libreto que traían Jorge 40 y "Don Antonio", Juancho Dique resolvió no seguirlo más. En esta segunda versión dijo que “venía a ampliar la verdad que había omitido en diciembre por la seguridad de su familia”. Al parecer la discusión o discrepancias entre el comandante del bloque y el comandante del frente viene de mucho antes.
Mientras Juancho Dique dijo que tenía interés en aclarar los hechos en los que participó, Vecino parece estar posponiendo decir lo que sabe o negando su participación en los hechos ocurridos mientras fue comandante y con ello dilatando la verdad. De ahí su malestar con Juancho Dique.
El malestar se ha incrementado porque este último, ante una pregunta del fiscal Jaramillo (antes de ser destituido) sobre sus vínculos pasados y actuales con el negocio del narcotráfico en la zona del golfo de Morrosquillo y Cartagena, dijo que él, Juancho Dique, nada tenía que ver ni con el cobro del gramaje ni con el impuesto de embarque. Dique dijo que el responsable de ese negocio era Diego Vecino. Textualmente dijo que Vecino le había prohibido acercarse a las playas del Golfo de Morrosquillo.
Un desmovilizado que está esperando que lo llamen a versión libre, dijo a SEMANA que Vecino los ha dejado solos mientras Juancho Dique se reúne con ellos, los aconseja y los apoya.
El miércoles de esta semana el Fiscal Coordinador de Justicia y Paz, Luis González, se reunió con los abogados y los excomandantes en la cárcel Modelo en Barranquilla, a recordarles su compromiso con la verdad porque algunos no parecen interesados en cumplirlo.
¿Cuál le hizo más daño a Colombia?
Antonio Caballero traza las vidas poco paralelas de 'Tirofijo' y Pablo Escobar; y las tragedias que sembraron en el país.
Fecha: 06/14/2008 -1363
Se ha querido equiparar a Manuel Marulanda, 'Tirofijo' y a Pablo Escobar, el 'Patrón'; comparándolos con las dos pinzas de una misma tenaza del Mal; los dos mayores enemigos del Estado colombiano, a la vez que dos de los colombianos más influyentes del último medio siglo. Otros podrían ser, aunque del lado del Bien, claro, un magnate de la industria y los negocios como Julio Mario Santo Domingo o un dirigente político como Alfonso López Michelsen; y, al paso que van las cosas, un presidente vitalicio como Álvaro Uribe. En cambio, y dado que se trata de influencia y no de fama o de talento, quedarían por fuera personajes como el pintor Fernando Botero o el escritor Gabriel García Márquez, la cantante Shakira o el futbolista Pibe Valderrama.
Y sí, no cabe duda de que tanto Escobar como Marulanda han dejado una muy honda huella en la historia de Colombia, y lo hicieron ambos desde la trasgresión violenta de las leyes y el enfrentamiento con las autoridades constituidas; uno y otro son responsables de mucha sangre derramada dentro del ancho abanico de las violencias colombianas. Pero se trata de dos casos muy distintos.
Pablo Escobar, el inmensamente rico (séptimo millonario del mundo, lo llamó la revista especializada Forbes en los años 80) e implacablemente poderoso narcotraficante fundador del cartel de Medellín, llegó a poner de rodillas al gobierno, al aparato de la justicia y al parlamento colombianos; hasta el punto de que, mediante el soborno y el asesinato ("la plata y el plomo", como se decía en esos años) cambió leyes, se inmiscuyó en la redacción de la nueva Constitución (del 91), financió campañas electorales, (desde el 82) creó el primer grupo narcoparamilitar (el MAS, en asociación con los hermanos Ochoa, en el 81), y puso a su servicio por temor o por agradecimiento a magistrados, dirigentes políticos, periodistas, reinas de belleza, deportistas, oficiales de la Policía y del Ejército, jerarcas de la Iglesia católica. Lo hizo matando a cientos, tal vez miles de personas. Jueces, policías, políticos, periodistas, sin contar a muchos de sus rivales en el negocio del narcotráfico y a muchísimos simples transeúntes en los numerosos atentados con carros-bomba del narcoterrorismo: el del edificio del DAS, el del avión de Avianca. Entre sus víctimas más notables figuran el candidato presidencial, y si hubiera vivido presidente en el período 90-94, Luis Carlos Galán; el director del diario El Espectador Guillermo Cano, el ministro de Justicia Rodrigo Lara, el procurador general Carlos Mauro Hoyos, el comandante de la Policía Valdemar Franklin Quintero. Lo hizo, también, secuestrando a varios: la hija del ex presidente Turbay, Diana, muerta en la tentativa de rescate; el hijo del ex presidente Pastrana, Andrés, futuro presidente él mismo; el hijo del dueño de El Tiempo Hernando Santos, Francisco, futuro vicepresidente, por citar sólo a tres.
Algunos opinan que...
JUAN CAMILO RESTREPO. Ex ministro de Hacienda Es como decidir entre el diablo y Lucifer. Pablo Escobar fue el que creó los carteles, corrompió las juventudes y atizó la cultura del sicariato y la pérdida de valores en la sociedad. ‘Tirofijo’ tuvo unos objetivos políticos que generaron todo tipo de estragos y crímenes. EDUARDO POSADA CARBÓ. Académico No creo que tenga mayor sentido establecer distinciones. Como dijo el tratadista clásico Cesar Beccaria, “la verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la sociedad”.
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En poco más de 15 años -murió a los 44, víctima de una alianza heterogénea de sus muchos enemigos y ex amigos: narcos, policías, paramilitares, la DEA norteamericana- la frenética actividad delincuencial de Pablo Escobar produjo resultados catastróficos para Colombia que a 15 años de su muerte todavía perduran: la narcopara-política, el narcoterrorismo, el narcosicariato. Todavía hoy Escobar genera noticias y es tema para libros, más numerosos que los que se haya escrito sobre cualquier otro colombiano del siglo XX. Y en términos internacionales sigue siendo la más conocida imagen representativa de Colombia, por delante del personaje publicitario cafetero Juan Valdez y de algunos de los de carne y hueso que mencioné más arriba: García Márquez (que escribió un libro sobre sus andanzas, Noticia de un secuestro), o Fernando Botero (que le hizo un retrato póstumo representando su muerte a balazos en los tejados de Medellín).
Escobar fue un hombre odiado y temido, respetado y admirado: El 'Patrón'. Pero desde que se conoció el origen de su enorme fortuna perdió su aureola de héroe popular, de 'Robin Hood paisa', y fue tenido siempre por un criminal común y un vulgar asesino, un delincuente que empezó robando lápidas mortuorias en el cementerio de Envigado y a fuerza de astucia y de desaforada violencia se convirtió en el más grande narcotraficante del siglo XX (ya iremos viendo qué pasa en el XXI). Su relación con la política, en términos estrictos, fue marginal: representante suplente y fugaz a la Cámara, financiador interesado de campañas políticas, negociador fallido de pactos entre los narcotraficantes y el Estado colombiano a cambio de la garantía de no extradición. Sus únicos contactos directos con altos representantes del establecimiento fueron los de esa fallida negociación (con el ex presidente López Michelsen y el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez, enviados del gobierno de Belisario Betancur) en el 84; y luego, en el 91, con el famoso telepredicador Rafael García Herreros para la ceremonia (pues fue una ceremonia) de su fingido "sometimiento a la justicia". Y finalmente con un viceministro de Justicia, al cual secuestró en su cárcel privada de La Catedral cuando decidió salir de allí, temeroso de verse traicionado por las autoridades hasta entonces cómplices o amedrentadas. No le faltaba razón. Hasta el gobierno norteamericano, que nunca había privado de la preciada "visa USA" ni a él ni a sus allegados, participó en la alianza de policías y delincuentes que le dio muerte, enviando a colaborar con los 'Pepes' del cartel de Cali, los paramilitares de Carlos Castaño y el Bloque de Búsqueda de la Policía colombiana, a sus comandos especiales los Navy Seals y la Delta Force.
La biografía de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', fundador de las Farc, es mucho más larga y matizada. Si Escobar fue un criminal común que, por lo descomunal de su negocio, llegó a tener influencia sobre los políticos y la política, Marulanda fue de principio a fin un delincuente político: un alzado en armas cuya organización político-militar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), acabó cometiendo lo que en términos jurídicos se llaman "delitos conexos": narcotráfico, extorsión y secuestro. Delitos que, por "conexos" que sean, las han corrompido moralmente y desprestigiado políticamente; pero no les han quitado su carácter de fuerza política, que sólo el actual gobierno de Álvaro Uribe se ha negado (a ratos) a reconocer. Así, el de Belisario Betancur firmó con ellas un pacto de cese al fuego en 1984. Bajo el de Virgilio Barco se desarrolló, y a continuación fue exterminada, la Unión Patriótica, el partido político sin armas creado por las Farc, que había llegado a tener una docena de congresistas y cientos de concejales en el país. El de César Gaviria las invitó a formar parte de la Asamblea Constituyente en el 91, aunque el día mismo de las elecciones bombardeó el campamento de sus jefes (Marulanda y Jacobo Arenas): la famosa Casa Verde del cañón del río Duda que el propio Gaviria había conocido de visita, como docenas de otros dirigentes políticos, durante la tregua de Betancur. El de Ernesto Samper abrió conversaciones con ellas en Caracas y en Tlaxcala y llegó a acuerdos de canje entre presos de la guerrilla y soldados y policías capturados por ellas. El de Andrés Pastrana, en fin, les entregó en prenda de confianza la inmensa "zona de despeje" del Caguán para adelantar negociaciones durante más de tres años y las presentó oficialmente ante el mundo como organización política legítima, aunque después Pastrana haya pretendido haber hecho exactamente lo contrario: conseguir que se la considerara una organización meramente criminal, al amparo de la nueva cruzada desatada por los ataques terroristas islámicos contra los Estados Unidos, según la cual todos los terrorismos son iguales entre sí y el terrorismo universal es uno solo. Únicamente Uribe ha querido privar a las Farc de su dimensión política alegando el pretexto extravagante de que, como en Colombia no existe ningún conflicto, quien se levante en armas contra el Estado es un simple bandolero.
Ya en su primera juventud, cuando todavía militaba en el partido liberal dentro de la tradición colombiana de las adhesiones hereditarias, era Manuel Marulanda un alzado en armas de naturaleza política: miembro de las guerrillas liberales que organizaron autodefensas campesinas contra la persecución de los 'pájaros' y los 'chulavitas' de los gobiernos conservadores. Cuando otros grupos entregaron las armas tras el golpe militar de Rojas Pinilla, el de los hombres de 'Tirofijo' no lo hizo. Pero no para volverse bandidos, como otros: sino porque se habían vuelto comunistas (y fue entonces cuando Pedro Antonio Marín cambió su nombre por el alias de 'Manuel Marulanda', un dirigente obrero comunista asesinado en la cárcel). Precisamente a su condición de comunistas, sospechosos de estar organizando una "república independiente" en la región de Marquetalia, se dio contra ellos la primera gran batida militar en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, el "Presidente de la paz". Un bombardeo del cual salieron 'Tirofijo' y unas pocas docenas de combatientes a fundar en las selvas del Caguán las Farc, ya bajo ese nombre y con el respaldo ideológico y económico del Partido Comunista, por entonces ilegal pero no por eso menos político, apoyado a su vez en el plano internacional por la Unión Soviética dentro del contexto de la Guerra Fría.
Ese carácter político no impidió, por supuesto, que fueran debidamente judicializadas, es decir, criminalizadas, las acciones armadas de las Farc. Tal vez la primera por la que su jefe Marulanda fuera juzgado y condenado (en ausencia) fue el asalto a un bus en el cual murieron dos monjas, en los años 60. Y tampoco implica tal carácter que no fueran auténticamente criminales (aunque con la intención política de sostener un aparato armado) delitos "conexos" como el boleteo, la vacuna, el secuestro extorsivo, y a partir de los años 80, el narcotráfico. Pero eso no ha sido obstáculo a su vez para que la naturaleza política de las Farc haya seguido siendo reconocida por gobiernos tan distintos como el de izquierda de Hugo Chávez en Venezuela y el derechista de Nicolás Sarkozy en Francia, pasando por los de los "países amigos" (España o Suiza) que ofrecen sus buenos oficios para abrir conversaciones entre ellas y el gobierno de Colombia. Es reciente, y provocada no sólo por la doctrina reiterada (aunque cambiante) del gobierno de Uribe, sino sobre todo por la creciente fatiga de la población civil entre los excesos de los guerrilleros de las Farc, la tendencia a considerarlos sólo bajo su aspecto de malhechores y bandidos.
Por otra parte, y volviendo a la comparación del principio, ni Manuel Marulanda ni Pablo Escobar son ejemplares únicos sui generis, y tampoco lo son sus respectivas guerras contra el Estado colombiano. Son ambos solamente empresarios en el sentido más directo de la palabra, particularmente exitosos, cada cual en su empresa. En el último medio siglo se han armado en Colombia más guerrillas que las Farc de Marulanda. La del ELN, por ejemplo, es tan antigua como ellas, y continúa en activo, tanto en el combate como en el secuestro -y también en las negociaciones políticas. Y han existido el EPL, el M-19, el Quintín Lame... En el narcotráfico han actuado carteles distintos del de Medellín encabezado por Escobar: el de Cali fue igualmente poderoso, y tras el desmantelamiento de los dos ha surgido una docena más que han heredado el negocio. Porque, aunque sea una obviedad y los colombianos estemos cansados de oírla, el hecho es que tanto Escobar como Marulanda, al margen de sus talentos y de sus defectos individuales, son hijos de la sociedad y de las circunstancias. Ninguno de los dos creó su empresa de la nada, ex nihilo, como dicen que Dios hizo la suya. Vienen de lo que había.
Las guerrillas vienen de la inequidad económica y social, de la persecución de los gobiernos conservadores en los años 50, y luego de la política excluyente del Frente Nacional, que pretendió resolver burocráticamente (mediante la alternación y la paridad entre liberales y conservadores) los problemas políticos, sin tocar los sociales: e inclusive agravándolos, particularmente el de la distribución de la tierra, causa muy importante de la violencia rural. El narcotráfico viene del consumo masivo de las drogas prohibidas, y de su prohibición, que hace rentable el negocio y en consecuencia poderosas a las mafias que, por ser ilegal, lo manejan.
Y es por eso que las muertes de Escobar y de Marulanda no alteran las cosas: porque el fondo de las cosas no ha cambiado, y la desaparición física de dos de los protagonistas no pasa de ser anecdótica. La muerte violenta de Pablo Escobar recién cumplidos los 44 años en 1993, la muerte natural de Manuel Marulanda a punto de cumplir los 80 en 2008, lo dejan todo igual. Con la de Escobar ya se ha visto de sobra: cada seis meses se especula sobre quién es el nuevo heredero del difunto capo (¿los Rodríguez? ¿'Chupeta'? ¿'Jabón'? ¿'Don Berna' ), y cada año se anuncia que la producción, el tráfico y el consumo han crecido en un 15 o en un 20 por ciento. Porque Escobar no creó el negocio, aunque llegara a dominarlo por un tiempo. Con la de Marulanda sucederá lo mismo. La guerrilla sólo desaparecerá, o cambiará, si cambian las condiciones objetivas del país. Tanto las que la generaron (inequidad, etcétera), como las que han hecho que resulte imposible eliminarla: entre ellas la existencia del narcotráfico, que hoy contribuye a alimentarla, y la inoperancia del Ejército. La cual está cambiando, en parte por el inmenso crecimiento del gasto militar (el gobierno actual dedica a la seguridad casi el 6 por ciento del producto interno bruto del país), y en parte por contribución de los Estados Unidos, representada en el Plan Colombia de los tiempos de Pastrana y su sucesor el Plan Patriota de la época de Uribe. Pues resulta por lo menos paradójico que ahora vengan los Estados Unidos a ayudar a resolver los problemas que ayudaron a provocar: el del narcotráfico con la prohibición, y el de la guerrilla con el anticomunismo.
Regalitos del Imperio.
www.semana.com
Antonio Caballero traza las vidas poco paralelas de 'Tirofijo' y Pablo Escobar; y las tragedias que sembraron en el país.
Fecha: 06/14/2008 -1363
Se ha querido equiparar a Manuel Marulanda, 'Tirofijo' y a Pablo Escobar, el 'Patrón'; comparándolos con las dos pinzas de una misma tenaza del Mal; los dos mayores enemigos del Estado colombiano, a la vez que dos de los colombianos más influyentes del último medio siglo. Otros podrían ser, aunque del lado del Bien, claro, un magnate de la industria y los negocios como Julio Mario Santo Domingo o un dirigente político como Alfonso López Michelsen; y, al paso que van las cosas, un presidente vitalicio como Álvaro Uribe. En cambio, y dado que se trata de influencia y no de fama o de talento, quedarían por fuera personajes como el pintor Fernando Botero o el escritor Gabriel García Márquez, la cantante Shakira o el futbolista Pibe Valderrama.
Y sí, no cabe duda de que tanto Escobar como Marulanda han dejado una muy honda huella en la historia de Colombia, y lo hicieron ambos desde la trasgresión violenta de las leyes y el enfrentamiento con las autoridades constituidas; uno y otro son responsables de mucha sangre derramada dentro del ancho abanico de las violencias colombianas. Pero se trata de dos casos muy distintos.
Pablo Escobar, el inmensamente rico (séptimo millonario del mundo, lo llamó la revista especializada Forbes en los años 80) e implacablemente poderoso narcotraficante fundador del cartel de Medellín, llegó a poner de rodillas al gobierno, al aparato de la justicia y al parlamento colombianos; hasta el punto de que, mediante el soborno y el asesinato ("la plata y el plomo", como se decía en esos años) cambió leyes, se inmiscuyó en la redacción de la nueva Constitución (del 91), financió campañas electorales, (desde el 82) creó el primer grupo narcoparamilitar (el MAS, en asociación con los hermanos Ochoa, en el 81), y puso a su servicio por temor o por agradecimiento a magistrados, dirigentes políticos, periodistas, reinas de belleza, deportistas, oficiales de la Policía y del Ejército, jerarcas de la Iglesia católica. Lo hizo matando a cientos, tal vez miles de personas. Jueces, policías, políticos, periodistas, sin contar a muchos de sus rivales en el negocio del narcotráfico y a muchísimos simples transeúntes en los numerosos atentados con carros-bomba del narcoterrorismo: el del edificio del DAS, el del avión de Avianca. Entre sus víctimas más notables figuran el candidato presidencial, y si hubiera vivido presidente en el período 90-94, Luis Carlos Galán; el director del diario El Espectador Guillermo Cano, el ministro de Justicia Rodrigo Lara, el procurador general Carlos Mauro Hoyos, el comandante de la Policía Valdemar Franklin Quintero. Lo hizo, también, secuestrando a varios: la hija del ex presidente Turbay, Diana, muerta en la tentativa de rescate; el hijo del ex presidente Pastrana, Andrés, futuro presidente él mismo; el hijo del dueño de El Tiempo Hernando Santos, Francisco, futuro vicepresidente, por citar sólo a tres.
Algunos opinan que...
JUAN CAMILO RESTREPO. Ex ministro de Hacienda Es como decidir entre el diablo y Lucifer. Pablo Escobar fue el que creó los carteles, corrompió las juventudes y atizó la cultura del sicariato y la pérdida de valores en la sociedad. ‘Tirofijo’ tuvo unos objetivos políticos que generaron todo tipo de estragos y crímenes. EDUARDO POSADA CARBÓ. Académico No creo que tenga mayor sentido establecer distinciones. Como dijo el tratadista clásico Cesar Beccaria, “la verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la sociedad”.
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En poco más de 15 años -murió a los 44, víctima de una alianza heterogénea de sus muchos enemigos y ex amigos: narcos, policías, paramilitares, la DEA norteamericana- la frenética actividad delincuencial de Pablo Escobar produjo resultados catastróficos para Colombia que a 15 años de su muerte todavía perduran: la narcopara-política, el narcoterrorismo, el narcosicariato. Todavía hoy Escobar genera noticias y es tema para libros, más numerosos que los que se haya escrito sobre cualquier otro colombiano del siglo XX. Y en términos internacionales sigue siendo la más conocida imagen representativa de Colombia, por delante del personaje publicitario cafetero Juan Valdez y de algunos de los de carne y hueso que mencioné más arriba: García Márquez (que escribió un libro sobre sus andanzas, Noticia de un secuestro), o Fernando Botero (que le hizo un retrato póstumo representando su muerte a balazos en los tejados de Medellín).
Escobar fue un hombre odiado y temido, respetado y admirado: El 'Patrón'. Pero desde que se conoció el origen de su enorme fortuna perdió su aureola de héroe popular, de 'Robin Hood paisa', y fue tenido siempre por un criminal común y un vulgar asesino, un delincuente que empezó robando lápidas mortuorias en el cementerio de Envigado y a fuerza de astucia y de desaforada violencia se convirtió en el más grande narcotraficante del siglo XX (ya iremos viendo qué pasa en el XXI). Su relación con la política, en términos estrictos, fue marginal: representante suplente y fugaz a la Cámara, financiador interesado de campañas políticas, negociador fallido de pactos entre los narcotraficantes y el Estado colombiano a cambio de la garantía de no extradición. Sus únicos contactos directos con altos representantes del establecimiento fueron los de esa fallida negociación (con el ex presidente López Michelsen y el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez, enviados del gobierno de Belisario Betancur) en el 84; y luego, en el 91, con el famoso telepredicador Rafael García Herreros para la ceremonia (pues fue una ceremonia) de su fingido "sometimiento a la justicia". Y finalmente con un viceministro de Justicia, al cual secuestró en su cárcel privada de La Catedral cuando decidió salir de allí, temeroso de verse traicionado por las autoridades hasta entonces cómplices o amedrentadas. No le faltaba razón. Hasta el gobierno norteamericano, que nunca había privado de la preciada "visa USA" ni a él ni a sus allegados, participó en la alianza de policías y delincuentes que le dio muerte, enviando a colaborar con los 'Pepes' del cartel de Cali, los paramilitares de Carlos Castaño y el Bloque de Búsqueda de la Policía colombiana, a sus comandos especiales los Navy Seals y la Delta Force.
La biografía de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', fundador de las Farc, es mucho más larga y matizada. Si Escobar fue un criminal común que, por lo descomunal de su negocio, llegó a tener influencia sobre los políticos y la política, Marulanda fue de principio a fin un delincuente político: un alzado en armas cuya organización político-militar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), acabó cometiendo lo que en términos jurídicos se llaman "delitos conexos": narcotráfico, extorsión y secuestro. Delitos que, por "conexos" que sean, las han corrompido moralmente y desprestigiado políticamente; pero no les han quitado su carácter de fuerza política, que sólo el actual gobierno de Álvaro Uribe se ha negado (a ratos) a reconocer. Así, el de Belisario Betancur firmó con ellas un pacto de cese al fuego en 1984. Bajo el de Virgilio Barco se desarrolló, y a continuación fue exterminada, la Unión Patriótica, el partido político sin armas creado por las Farc, que había llegado a tener una docena de congresistas y cientos de concejales en el país. El de César Gaviria las invitó a formar parte de la Asamblea Constituyente en el 91, aunque el día mismo de las elecciones bombardeó el campamento de sus jefes (Marulanda y Jacobo Arenas): la famosa Casa Verde del cañón del río Duda que el propio Gaviria había conocido de visita, como docenas de otros dirigentes políticos, durante la tregua de Betancur. El de Ernesto Samper abrió conversaciones con ellas en Caracas y en Tlaxcala y llegó a acuerdos de canje entre presos de la guerrilla y soldados y policías capturados por ellas. El de Andrés Pastrana, en fin, les entregó en prenda de confianza la inmensa "zona de despeje" del Caguán para adelantar negociaciones durante más de tres años y las presentó oficialmente ante el mundo como organización política legítima, aunque después Pastrana haya pretendido haber hecho exactamente lo contrario: conseguir que se la considerara una organización meramente criminal, al amparo de la nueva cruzada desatada por los ataques terroristas islámicos contra los Estados Unidos, según la cual todos los terrorismos son iguales entre sí y el terrorismo universal es uno solo. Únicamente Uribe ha querido privar a las Farc de su dimensión política alegando el pretexto extravagante de que, como en Colombia no existe ningún conflicto, quien se levante en armas contra el Estado es un simple bandolero.
Ya en su primera juventud, cuando todavía militaba en el partido liberal dentro de la tradición colombiana de las adhesiones hereditarias, era Manuel Marulanda un alzado en armas de naturaleza política: miembro de las guerrillas liberales que organizaron autodefensas campesinas contra la persecución de los 'pájaros' y los 'chulavitas' de los gobiernos conservadores. Cuando otros grupos entregaron las armas tras el golpe militar de Rojas Pinilla, el de los hombres de 'Tirofijo' no lo hizo. Pero no para volverse bandidos, como otros: sino porque se habían vuelto comunistas (y fue entonces cuando Pedro Antonio Marín cambió su nombre por el alias de 'Manuel Marulanda', un dirigente obrero comunista asesinado en la cárcel). Precisamente a su condición de comunistas, sospechosos de estar organizando una "república independiente" en la región de Marquetalia, se dio contra ellos la primera gran batida militar en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, el "Presidente de la paz". Un bombardeo del cual salieron 'Tirofijo' y unas pocas docenas de combatientes a fundar en las selvas del Caguán las Farc, ya bajo ese nombre y con el respaldo ideológico y económico del Partido Comunista, por entonces ilegal pero no por eso menos político, apoyado a su vez en el plano internacional por la Unión Soviética dentro del contexto de la Guerra Fría.
Ese carácter político no impidió, por supuesto, que fueran debidamente judicializadas, es decir, criminalizadas, las acciones armadas de las Farc. Tal vez la primera por la que su jefe Marulanda fuera juzgado y condenado (en ausencia) fue el asalto a un bus en el cual murieron dos monjas, en los años 60. Y tampoco implica tal carácter que no fueran auténticamente criminales (aunque con la intención política de sostener un aparato armado) delitos "conexos" como el boleteo, la vacuna, el secuestro extorsivo, y a partir de los años 80, el narcotráfico. Pero eso no ha sido obstáculo a su vez para que la naturaleza política de las Farc haya seguido siendo reconocida por gobiernos tan distintos como el de izquierda de Hugo Chávez en Venezuela y el derechista de Nicolás Sarkozy en Francia, pasando por los de los "países amigos" (España o Suiza) que ofrecen sus buenos oficios para abrir conversaciones entre ellas y el gobierno de Colombia. Es reciente, y provocada no sólo por la doctrina reiterada (aunque cambiante) del gobierno de Uribe, sino sobre todo por la creciente fatiga de la población civil entre los excesos de los guerrilleros de las Farc, la tendencia a considerarlos sólo bajo su aspecto de malhechores y bandidos.
Por otra parte, y volviendo a la comparación del principio, ni Manuel Marulanda ni Pablo Escobar son ejemplares únicos sui generis, y tampoco lo son sus respectivas guerras contra el Estado colombiano. Son ambos solamente empresarios en el sentido más directo de la palabra, particularmente exitosos, cada cual en su empresa. En el último medio siglo se han armado en Colombia más guerrillas que las Farc de Marulanda. La del ELN, por ejemplo, es tan antigua como ellas, y continúa en activo, tanto en el combate como en el secuestro -y también en las negociaciones políticas. Y han existido el EPL, el M-19, el Quintín Lame... En el narcotráfico han actuado carteles distintos del de Medellín encabezado por Escobar: el de Cali fue igualmente poderoso, y tras el desmantelamiento de los dos ha surgido una docena más que han heredado el negocio. Porque, aunque sea una obviedad y los colombianos estemos cansados de oírla, el hecho es que tanto Escobar como Marulanda, al margen de sus talentos y de sus defectos individuales, son hijos de la sociedad y de las circunstancias. Ninguno de los dos creó su empresa de la nada, ex nihilo, como dicen que Dios hizo la suya. Vienen de lo que había.
Las guerrillas vienen de la inequidad económica y social, de la persecución de los gobiernos conservadores en los años 50, y luego de la política excluyente del Frente Nacional, que pretendió resolver burocráticamente (mediante la alternación y la paridad entre liberales y conservadores) los problemas políticos, sin tocar los sociales: e inclusive agravándolos, particularmente el de la distribución de la tierra, causa muy importante de la violencia rural. El narcotráfico viene del consumo masivo de las drogas prohibidas, y de su prohibición, que hace rentable el negocio y en consecuencia poderosas a las mafias que, por ser ilegal, lo manejan.
Y es por eso que las muertes de Escobar y de Marulanda no alteran las cosas: porque el fondo de las cosas no ha cambiado, y la desaparición física de dos de los protagonistas no pasa de ser anecdótica. La muerte violenta de Pablo Escobar recién cumplidos los 44 años en 1993, la muerte natural de Manuel Marulanda a punto de cumplir los 80 en 2008, lo dejan todo igual. Con la de Escobar ya se ha visto de sobra: cada seis meses se especula sobre quién es el nuevo heredero del difunto capo (¿los Rodríguez? ¿'Chupeta'? ¿'Jabón'? ¿'Don Berna' ), y cada año se anuncia que la producción, el tráfico y el consumo han crecido en un 15 o en un 20 por ciento. Porque Escobar no creó el negocio, aunque llegara a dominarlo por un tiempo. Con la de Marulanda sucederá lo mismo. La guerrilla sólo desaparecerá, o cambiará, si cambian las condiciones objetivas del país. Tanto las que la generaron (inequidad, etcétera), como las que han hecho que resulte imposible eliminarla: entre ellas la existencia del narcotráfico, que hoy contribuye a alimentarla, y la inoperancia del Ejército. La cual está cambiando, en parte por el inmenso crecimiento del gasto militar (el gobierno actual dedica a la seguridad casi el 6 por ciento del producto interno bruto del país), y en parte por contribución de los Estados Unidos, representada en el Plan Colombia de los tiempos de Pastrana y su sucesor el Plan Patriota de la época de Uribe. Pues resulta por lo menos paradójico que ahora vengan los Estados Unidos a ayudar a resolver los problemas que ayudaron a provocar: el del narcotráfico con la prohibición, y el de la guerrilla con el anticomunismo.
Regalitos del Imperio.
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Se escala el contrapunteo Yidis-Uribe
El Presidente Uribe acusa a la ex congresista Yidis Medina de ‘chantaje’, y ella reafirma que el mandatario sabía de las prebendas que funcionarios del gobierno le ofrecieron para votar la reelección. La pelea está de alquilar balcón.
Fecha: 06/12/2008 -
Cada día que pasa se torna más candente la yidispolítica. El punto más álgido de la discusión, esta vez, corre por cuenta del Presidente y las declaraciones en las que asegura que la ex congresista Yidis Medina llamó a su hijo, Tomás Uribe, para chantajearlo. "Llamó por lo menos tres veces a mi hijo Tomás... Le dije que no le pasara más al teléfono, que no admitiera chantajes”, dijo el mandatario en un comunicado.
En la mañana del jueves el mandatario presentó a los medios las cuentas de teléfono en las que supuestamente aparece el número de la ex congresista. Según él, el 3125079823 fue el número que Medina dejó a las secretarias de su despacho, cuando intentó hablarle.
“En las sábanas de las llamadas, hojas de reporte, de la empresa Comcel, aparecen dos llamadas al teléfono de Tomás Uribe Moreno, realizadas el 24 de julio de 2007, la una a las 15.00.33 y la otra a las 15.07.04", leyó Uribe en el comunicado preparado para los periodistas.
Presidente Uribe jura que no pagó con favores por su reelección
Yidis Medina se acogió a sentencia anticipada
Este es el cuarto comunicado, en menos de tres días, con el que el mandatario pretende probar que Medina fue quien intentó chantajear a miembros de su familia y a funcionarios del gobierno. Dentro de su campaña mediática para argumentar su defensa, también dio una entrevista televisiva a Vicky Dávila en horario triple A. Se nota que el Presidente esta preocupado.
La agitación de la Casa de Nariño, no deja de prestarse para suspicacias. Pues no está claro cómo el Presidente siendo víctima de “chantajes”, guardó silencio, cuando él no desaprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para arremeter contra sus enemigos políticos.
Pero la ex congresista tampoco ha dejado de responder. Esta semana en un comunicado desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, escribió: "Jamás he hablado con algún miembro de su familia. Jamás he hecho un chantaje al Presidente y su familia".
Medina está determinada a contarle a la justicia, cuáles fueron las presuntas prebendas que funcionarios del gobierno le ofrecieron para votar a favor del proyecto de reelección.
En entrevista publicada en la edición de esta semana por la revista Cambio, Yidis asegura que no conoce la voz de Tomás y se defiende de las acusaciones del mandatario, quien en una entrevista radial dijo que ella estaba involucrada en intentos de secuestro y de estafa en Santa Marta. La ex congresista también cuenta cuáles fueron algunos de los supuestos nombramientos de amigos suyos, que logró 'negociar' a cambio de su voto.
Antes que amilanarse, Medina vuelve a la carga, y ante la pregunta si reafirma que el Presidente estuvo enterado de los ofrecimientos que le hicieron para votar la reelección dijo: “Total y definitivamente. El Presidente conoce todo y por eso lo invito, ya que es un hombre ‘frentero’ como yo a que no se deje llevar por los impulsos y que no diga cosas de una persona que honestamente le sirvió y gracias a la cual tiene cuatro años más de gobierno”.
El rifirrafe continúa ascendiendo en la escala de embates, desde cuando el pasado 20 de abril, Noticias Uno publicó una entrevista hecha a la ex congresista en 2004. Medina aseguró haber votado el proyecto que facultaba al Presidente a aspirar a un nuevo período de gobierno, a cambio de dádivas burocráticas.
El martes de la semana pasada, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de investigación preliminar al presidente Uribe por el supuesto delito de cohecho. El mandatario fue denunciado por el senador Luis Carlos Avellaneda y varios congresistas del Polo, el pasado 29 de abril. Con las prebendas, el mandatario se habría beneficiado para la modificación del Acto legislativo que permitió su reelección.
Como van las cosas, la Justicia tendrá trabajo para rato, porque una de las partes está mintiendo.
El Presidente Uribe acusa a la ex congresista Yidis Medina de ‘chantaje’, y ella reafirma que el mandatario sabía de las prebendas que funcionarios del gobierno le ofrecieron para votar la reelección. La pelea está de alquilar balcón.
Fecha: 06/12/2008 -
Cada día que pasa se torna más candente la yidispolítica. El punto más álgido de la discusión, esta vez, corre por cuenta del Presidente y las declaraciones en las que asegura que la ex congresista Yidis Medina llamó a su hijo, Tomás Uribe, para chantajearlo. "Llamó por lo menos tres veces a mi hijo Tomás... Le dije que no le pasara más al teléfono, que no admitiera chantajes”, dijo el mandatario en un comunicado.
En la mañana del jueves el mandatario presentó a los medios las cuentas de teléfono en las que supuestamente aparece el número de la ex congresista. Según él, el 3125079823 fue el número que Medina dejó a las secretarias de su despacho, cuando intentó hablarle.
“En las sábanas de las llamadas, hojas de reporte, de la empresa Comcel, aparecen dos llamadas al teléfono de Tomás Uribe Moreno, realizadas el 24 de julio de 2007, la una a las 15.00.33 y la otra a las 15.07.04", leyó Uribe en el comunicado preparado para los periodistas.
Presidente Uribe jura que no pagó con favores por su reelección
Yidis Medina se acogió a sentencia anticipada
Este es el cuarto comunicado, en menos de tres días, con el que el mandatario pretende probar que Medina fue quien intentó chantajear a miembros de su familia y a funcionarios del gobierno. Dentro de su campaña mediática para argumentar su defensa, también dio una entrevista televisiva a Vicky Dávila en horario triple A. Se nota que el Presidente esta preocupado.
La agitación de la Casa de Nariño, no deja de prestarse para suspicacias. Pues no está claro cómo el Presidente siendo víctima de “chantajes”, guardó silencio, cuando él no desaprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para arremeter contra sus enemigos políticos.
Pero la ex congresista tampoco ha dejado de responder. Esta semana en un comunicado desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, escribió: "Jamás he hablado con algún miembro de su familia. Jamás he hecho un chantaje al Presidente y su familia".
Medina está determinada a contarle a la justicia, cuáles fueron las presuntas prebendas que funcionarios del gobierno le ofrecieron para votar a favor del proyecto de reelección.
En entrevista publicada en la edición de esta semana por la revista Cambio, Yidis asegura que no conoce la voz de Tomás y se defiende de las acusaciones del mandatario, quien en una entrevista radial dijo que ella estaba involucrada en intentos de secuestro y de estafa en Santa Marta. La ex congresista también cuenta cuáles fueron algunos de los supuestos nombramientos de amigos suyos, que logró 'negociar' a cambio de su voto.
Antes que amilanarse, Medina vuelve a la carga, y ante la pregunta si reafirma que el Presidente estuvo enterado de los ofrecimientos que le hicieron para votar la reelección dijo: “Total y definitivamente. El Presidente conoce todo y por eso lo invito, ya que es un hombre ‘frentero’ como yo a que no se deje llevar por los impulsos y que no diga cosas de una persona que honestamente le sirvió y gracias a la cual tiene cuatro años más de gobierno”.
El rifirrafe continúa ascendiendo en la escala de embates, desde cuando el pasado 20 de abril, Noticias Uno publicó una entrevista hecha a la ex congresista en 2004. Medina aseguró haber votado el proyecto que facultaba al Presidente a aspirar a un nuevo período de gobierno, a cambio de dádivas burocráticas.
El martes de la semana pasada, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de investigación preliminar al presidente Uribe por el supuesto delito de cohecho. El mandatario fue denunciado por el senador Luis Carlos Avellaneda y varios congresistas del Polo, el pasado 29 de abril. Con las prebendas, el mandatario se habría beneficiado para la modificación del Acto legislativo que permitió su reelección.
Como van las cosas, la Justicia tendrá trabajo para rato, porque una de las partes está mintiendo.
Detenidos 3 colombianos en Quito que supuestamente iban a asesinar al presidente Rafael Correa
Correa minimizó el supuesto intento de atentado e insistió a la cadena televisiva Ecuavisa en que prefería "no adelantar criterios hasta que finalicen las investigaciones".
Reechazó opinar, a preguntas de los periodistas, sobre si el Gobierno colombiano podría tener conocimiento de este asunto.Uno de los colombianos, informante Un grupo especial de la policía ecuatoriana coordinaba acciones con inteligencia militar desde hace tres semanas para investigar una denuncia que formuló uno de los ahora detenidos, a cambio de protección del Estado ecuatoriano para él y su familia, según conoció EL TIEMPO.
Según la versión extraoficial de fuente policial, que pidió reserva de su nombre, hace casi un mes ingresó al Ecuador el colombiano Oscar Julián Peña Hernández, de 29 años de edad, nacido en Bucaramanga y de supuesta profesión economista.
El hombre habría tomado contacto con un agente de inteligencia ecuatoriano para intercambiar información -a cambio de protección y seguridad- acerca de un supuesto complot que fuerzas paramilitares estarían planificando contra Correa.
El grupo de inteligencia inició las investigaciones y luego de que Peña Hernández retornó a Colombia, conocieron algunos detalles que llevaron a pensar que no se trataba de un ardid.
Por eso, cuando el lunes pasado el colombiano reingresó nuevamente a Ecuador, en la línea aérea Aerogal, se le mantuvo bajo vigilancia especial.
Los detenidos, además de Peña, son sus compatriotas Édgar González, Oscar Jiménez y el ecuatoriano Santos Camacho. Las capturas se produjeron en la madrugada de ayer en Quito.En su poder se encontraron fotografías con diferentes ángulos del Palacio presidencial, dibujos y croquis de las calles aledañas al Palacio y otros documentos de seguimientos a la caravana presidencial.
Los detenidos, según el fiscal Patricio Navarrete, se encuentran retenidos en las dependencias de la Policía Judicial en Quito para investigación.
El ministro ecuatoriano de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, aseguró a Caracol que no tienen información que pertenezcan a "algún grupo" y agregó que "nos parece descabellado que sea el presidente (Álvaro) Uribe" el que esté detrás de esto.
Dijo que a los detenidos les incautaron armas, pero no dijo de qué tipo.
Según Larrea, el ecuatoriano capturado parecer no tener antecedentes penales.
Correa, un socialista que tomó posesión el 15 de enero de 2007, ha denunciado en varias ocasiones presuntos planes para asesinarlo, sin ofrecer detalles.
Farc denunciaron plan de Uribe para asesinar a Correa y a Chávez El pasado lunes, la página de Internet de la Agencia Bolivarianade Prensa (ABP) difundió un comunicado del guerrillero de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) "Iván Márquez", en el que acusaba a Uribe de tratar de asesinar a Correa y al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.
La nota indicaba que el servicio de inteligencia del DepartamentoAdministrativo de Seguridad (DAS) preparaba "varios grupos de sicarios que enviará a Ecuador para asesinar también a Correa", en coordinación con un general retirado ecuatoriano, de apellido Aguas".El general retirado del Ejército ecuatoriano Luis Aguas Narváez,ex comandante general del Ejército, el único general con eseapellido de las Fuerzas Amadas Ecuatorianas, negó cualquier relación con el supuesto plan de asesinato.
MAGGY AYALA SAMANIEGOPara EL TIEMPOQUITO Con Afp y Efe
Correa minimizó el supuesto intento de atentado e insistió a la cadena televisiva Ecuavisa en que prefería "no adelantar criterios hasta que finalicen las investigaciones".
Reechazó opinar, a preguntas de los periodistas, sobre si el Gobierno colombiano podría tener conocimiento de este asunto.Uno de los colombianos, informante Un grupo especial de la policía ecuatoriana coordinaba acciones con inteligencia militar desde hace tres semanas para investigar una denuncia que formuló uno de los ahora detenidos, a cambio de protección del Estado ecuatoriano para él y su familia, según conoció EL TIEMPO.
Según la versión extraoficial de fuente policial, que pidió reserva de su nombre, hace casi un mes ingresó al Ecuador el colombiano Oscar Julián Peña Hernández, de 29 años de edad, nacido en Bucaramanga y de supuesta profesión economista.
El hombre habría tomado contacto con un agente de inteligencia ecuatoriano para intercambiar información -a cambio de protección y seguridad- acerca de un supuesto complot que fuerzas paramilitares estarían planificando contra Correa.
El grupo de inteligencia inició las investigaciones y luego de que Peña Hernández retornó a Colombia, conocieron algunos detalles que llevaron a pensar que no se trataba de un ardid.
Por eso, cuando el lunes pasado el colombiano reingresó nuevamente a Ecuador, en la línea aérea Aerogal, se le mantuvo bajo vigilancia especial.
Los detenidos, además de Peña, son sus compatriotas Édgar González, Oscar Jiménez y el ecuatoriano Santos Camacho. Las capturas se produjeron en la madrugada de ayer en Quito.En su poder se encontraron fotografías con diferentes ángulos del Palacio presidencial, dibujos y croquis de las calles aledañas al Palacio y otros documentos de seguimientos a la caravana presidencial.
Los detenidos, según el fiscal Patricio Navarrete, se encuentran retenidos en las dependencias de la Policía Judicial en Quito para investigación.
El ministro ecuatoriano de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, aseguró a Caracol que no tienen información que pertenezcan a "algún grupo" y agregó que "nos parece descabellado que sea el presidente (Álvaro) Uribe" el que esté detrás de esto.
Dijo que a los detenidos les incautaron armas, pero no dijo de qué tipo.
Según Larrea, el ecuatoriano capturado parecer no tener antecedentes penales.
Correa, un socialista que tomó posesión el 15 de enero de 2007, ha denunciado en varias ocasiones presuntos planes para asesinarlo, sin ofrecer detalles.
Farc denunciaron plan de Uribe para asesinar a Correa y a Chávez El pasado lunes, la página de Internet de la Agencia Bolivarianade Prensa (ABP) difundió un comunicado del guerrillero de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) "Iván Márquez", en el que acusaba a Uribe de tratar de asesinar a Correa y al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.
La nota indicaba que el servicio de inteligencia del DepartamentoAdministrativo de Seguridad (DAS) preparaba "varios grupos de sicarios que enviará a Ecuador para asesinar también a Correa", en coordinación con un general retirado ecuatoriano, de apellido Aguas".El general retirado del Ejército ecuatoriano Luis Aguas Narváez,ex comandante general del Ejército, el único general con eseapellido de las Fuerzas Amadas Ecuatorianas, negó cualquier relación con el supuesto plan de asesinato.
MAGGY AYALA SAMANIEGOPara EL TIEMPOQUITO Con Afp y Efe
Corte anula proceso contra Jorge Noguera
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad total del proceso que se le sigue al ex director del Das por la parapolítica.
Fecha: 06/11/2008 -
Según el Alto tribunal, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana delegó en uno de sus subalternos labores de investigación que eran de su exclusiva competencia. Para la Sala Penal es un yerro craso que la apertura de investigación contra Noguera hubiera sido decretada por Jesús Antonio Marín Ramírez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Según los magistrados, al Fiscal Iguarán al parecer se le olvidó que por haber sido director del Das, Noguera Cote tenía fuero constitucional y sólo a él le competía todo el peso de la investigación.
Ante esta evidencia la Corte Suprema decretó la libertad inmediata de Noguera Cote y ordenó compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue al Fiscal Iguarán por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido.
El defensor de Noguera, abogado Orlando Perdomo, le dijo a Semana que la decisión es legal y constitucional. Así mismo advirtió que exigirá que para la nueva investigación en contra de Noguera Cote se nombre a un fiscal ad hoc. “El doctor Iguarán, así como el vicefiscal (Guillermo Mendoza Diago), ya se pronunciaron sobre el caso del doctor Noguera. Así que sería ilógico que el proceso vuelva a manos de ellos”, sentenció.
Cuando se decida en manos de quien quedaría el caso, el Fiscal designado podría ordenar la recaptura del ex director del Das
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad total del proceso que se le sigue al ex director del Das por la parapolítica.
Fecha: 06/11/2008 -
Según el Alto tribunal, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana delegó en uno de sus subalternos labores de investigación que eran de su exclusiva competencia. Para la Sala Penal es un yerro craso que la apertura de investigación contra Noguera hubiera sido decretada por Jesús Antonio Marín Ramírez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Según los magistrados, al Fiscal Iguarán al parecer se le olvidó que por haber sido director del Das, Noguera Cote tenía fuero constitucional y sólo a él le competía todo el peso de la investigación.
Ante esta evidencia la Corte Suprema decretó la libertad inmediata de Noguera Cote y ordenó compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue al Fiscal Iguarán por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido.
El defensor de Noguera, abogado Orlando Perdomo, le dijo a Semana que la decisión es legal y constitucional. Así mismo advirtió que exigirá que para la nueva investigación en contra de Noguera Cote se nombre a un fiscal ad hoc. “El doctor Iguarán, así como el vicefiscal (Guillermo Mendoza Diago), ya se pronunciaron sobre el caso del doctor Noguera. Así que sería ilógico que el proceso vuelva a manos de ellos”, sentenció.
Cuando se decida en manos de quien quedaría el caso, el Fiscal designado podría ordenar la recaptura del ex director del Das
España dice que no hay relación entre las Farc y Eta
El ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer a la Televisión Española que nunca había visto un informe de seguridad que vinculara a la ETA con las Farc.
Fecha: 06/10/2008 -
El ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el martes que "jamás" ha visto un informe de los servicios de seguridad que pruebe la supuesta relación entre la guerrilla colombiana y la banda separatista vasca Eta.
En declaraciones a Televisión Española, Rubalcaba se refirió a la información intervenida en el ordenador del jefe guerrillero "Raúl Reyes". Según distintos portavoces del gobierno colombiano, existirían unos correos electrónicos fechados en 2003 que mencionaban planes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para atentar contra personalidades políticas colombianas en España, donde algunos residían por aquellos años.
En ese sentido, el ministro del interior explicó que el gobierno español nunca confirmó los vínculos entre la guerrilla y Eta.
"Jamás he visto en un solo papel de las fuerzas de seguridad la relación con las Farc", dijo con rotundidad.
Rubalcaba reconoció que la banda armada Eta ha gozado de cierta "comprensión" en algunos países, pero matizó que la organización vasca está "más aislada que nunca" y prácticamente sin apoyos.
La semana pasada, fuentes policiales españolas próximas a la lucha contra Eta ya explicaron a AP que no creían en la existencia de lazos entra la banda vasca y la guerrilla colombiana y que, de haber una relación, ésta sería "mínima".
A pesar de ello, la fiscalía española confirmó que viajará a Colombia para estudiar los correos del ordenador de "Raúl Reyes" e investigar los supuestos nexos Eta-Farc.
Con información de AP
El ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer a la Televisión Española que nunca había visto un informe de seguridad que vinculara a la ETA con las Farc.
Fecha: 06/10/2008 -
El ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el martes que "jamás" ha visto un informe de los servicios de seguridad que pruebe la supuesta relación entre la guerrilla colombiana y la banda separatista vasca Eta.
En declaraciones a Televisión Española, Rubalcaba se refirió a la información intervenida en el ordenador del jefe guerrillero "Raúl Reyes". Según distintos portavoces del gobierno colombiano, existirían unos correos electrónicos fechados en 2003 que mencionaban planes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para atentar contra personalidades políticas colombianas en España, donde algunos residían por aquellos años.
En ese sentido, el ministro del interior explicó que el gobierno español nunca confirmó los vínculos entre la guerrilla y Eta.
"Jamás he visto en un solo papel de las fuerzas de seguridad la relación con las Farc", dijo con rotundidad.
Rubalcaba reconoció que la banda armada Eta ha gozado de cierta "comprensión" en algunos países, pero matizó que la organización vasca está "más aislada que nunca" y prácticamente sin apoyos.
La semana pasada, fuentes policiales españolas próximas a la lucha contra Eta ya explicaron a AP que no creían en la existencia de lazos entra la banda vasca y la guerrilla colombiana y que, de haber una relación, ésta sería "mínima".
A pesar de ello, la fiscalía española confirmó que viajará a Colombia para estudiar los correos del ordenador de "Raúl Reyes" e investigar los supuestos nexos Eta-Farc.
Con información de AP
Uribe niega haber pagado favores para facilitar su reelección
El presidente colombiano acusa de chantaje a la ex congresista que denunció el supuesto soborno
ELPAÍS.com/EFE - Madrid/Bogotá - 10/06/2008
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha denunciado que su familia y su Gobierno fueron chantajeados por la ex congresista Yidis Medina, quien denunció un supuesto pago de favores a legisladores que facilitaron la enmienda constitucional que permitió la reelección del jefe de Estado en 2006. Uribe ha asegurado que cree "no haber pedido a congresista alguno en particular que votara el Acto Legislativo(sobre reelección)".
Investigación judicial
El voto de Medina, actualmente en prisión, fue decisivo para aprobar la reforma constitucional que habilitó al actual presidente para buscar su reelección inmediata en el 2006. Aunque se oponía a la reelección presidencial inmediata, Medina la apoyó en el momento de votar en la comisión legislativa a la que pertenecía.
La ex congresista afirmó a finales del pasado abril, en una entrevista, que ella votó en 2004 a favor de la reforma a cambio de prebendas que le fueron ofrecidas por altos cargos gubernamentales. La confesión llevó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abrir de manera inmediata un proceso por cohecho contra la ahora ex legisladora, quien está detenida.
Una causa similar contra Uribe es gestionada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para procesar al Presidente en Colombia.
No habrá elecciones anticipadas
A pesar de la polémica Uribe ha descartado la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. El mandatario colombiano se ha mostrado tajante a la hora de negar las acusaciones y ha asegurado que "cuando supe que la señora Yidis Medina chantajeaba a compañeros de Gobierno y también a mi familia, dije a unos y otros que no le pasaran al teléfono, que ella hiciera lo que quisiera porque el Gobierno nada tenía que ocultar".
El presidente colombiano ha asegurado que siempre supuso que Medina votaría a favor de la reforma constitucional que le permitió a él concurrir con éxito a la reelección en los comicios de mayo de 2006, para un nuevo mandato de cuatro años. Este voto favorable fue decidido por la bancada parlamentaria del Partido Conservador Colombiano (PCC), de la coalición de Gobierno.
El presidente colombiano acusa de chantaje a la ex congresista que denunció el supuesto soborno
ELPAÍS.com/EFE - Madrid/Bogotá - 10/06/2008
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha denunciado que su familia y su Gobierno fueron chantajeados por la ex congresista Yidis Medina, quien denunció un supuesto pago de favores a legisladores que facilitaron la enmienda constitucional que permitió la reelección del jefe de Estado en 2006. Uribe ha asegurado que cree "no haber pedido a congresista alguno en particular que votara el Acto Legislativo(sobre reelección)".
Investigación judicial
El voto de Medina, actualmente en prisión, fue decisivo para aprobar la reforma constitucional que habilitó al actual presidente para buscar su reelección inmediata en el 2006. Aunque se oponía a la reelección presidencial inmediata, Medina la apoyó en el momento de votar en la comisión legislativa a la que pertenecía.
La ex congresista afirmó a finales del pasado abril, en una entrevista, que ella votó en 2004 a favor de la reforma a cambio de prebendas que le fueron ofrecidas por altos cargos gubernamentales. La confesión llevó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abrir de manera inmediata un proceso por cohecho contra la ahora ex legisladora, quien está detenida.
Una causa similar contra Uribe es gestionada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para procesar al Presidente en Colombia.
No habrá elecciones anticipadas
A pesar de la polémica Uribe ha descartado la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. El mandatario colombiano se ha mostrado tajante a la hora de negar las acusaciones y ha asegurado que "cuando supe que la señora Yidis Medina chantajeaba a compañeros de Gobierno y también a mi familia, dije a unos y otros que no le pasaran al teléfono, que ella hiciera lo que quisiera porque el Gobierno nada tenía que ocultar".
El presidente colombiano ha asegurado que siempre supuso que Medina votaría a favor de la reforma constitucional que le permitió a él concurrir con éxito a la reelección en los comicios de mayo de 2006, para un nuevo mandato de cuatro años. Este voto favorable fue decidido por la bancada parlamentaria del Partido Conservador Colombiano (PCC), de la coalición de Gobierno.
Una base para dos
La alianza con Estados Unidos ha sido perjudicial para Colombia en todos los campos, pero beneficiosa para la derecha que hoy representa Uribe.
Por Antonio Caballero
Fecha: 06/07/2008 -1362
Revela la revista Cambio que los militares norteamericanos, en vista de que el año que viene tienen que abandonar su base de Manta, en el Ecuador, han decidido reemplazarla por la de Palanquero, en Colombia. Así fue anunciado por el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield: "Hay posibilidades en la República de Colombia, sin duda alguna. Nuestro gobierno podría proponer y el anfitrión decidirá si permite este tipo de colaboración".
La base de Palanquero presentaba en principio un problema técnico: estaba "descertificada" por el gobierno de Washington porque desde ella se violaban los derechos humanos. Pero dice el embajador que ya no, que ahora está limpia, y que por consiguiente ya la puede ocupar su país. Y suena como un chiste bobo de los que han hecho tan popular a Brownfield entre los periodistas de la farándula esto de vetar bases extranjeras por cuenta de los derechos humanos, cuando donde más se violan es en las bases norteamericanas en el extranjero, limbos jurídicos dedicados a la rutinaria tortura de prisioneros clandestinos. Pero bueno. El caso es que, salvado ese obstáculo de la descertificación hipócrita, ya puede Palanquero entrar a ocupar un lugar "orgullosamente colombiano" entre, digamos, Guantánamo en Cuba, Bagram en Afganistán, y Diego García en las posesiones británicas del océano Índico, para mencionar sólo las tres más sórdidamente célebres de las bases-cárceles que ha instalado el gobierno norteamericano en medio mundo (y fuera del territorio norteamericano, para no tener que respetar sus propias leyes).
La explicación de la "recertificación" podrá ser un chiste cínico del embajador Brownfield, pero la base va en serio: si la anuncia, es porque va a instalarse. El Ministro colombiano de Defensa ya la ha negado dos veces: ¿qué más confirmación quieren ustedes? ¿Una negativa formal del presidente Álvaro Uribe, de esas que él llama pomposamente in limine, como las de su candidatura? No es necesaria. La base se nos vino encima.
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¿Para qué? Desde el punto de vista de los Estados Unidos no hay misterio, y se puede decir a la manera chistosa del embajador Brownfield: para defender los derechos humanos. Con ese pretexto en la boca, la gran superpotencia ha fajado el planeta con un cinturón de acero de bases militares instaladas en un centenar de países de todos los continentes: desde España hasta el Japón, desde Islandia hasta el África del Sur, desde las Filipinas hasta El Salvador. Se trata de tener presencia global y capacidad de intervención militar rápida en cualquier parte del mundo, dentro de la doctrina de las "dos guerras y media" que elaboró el Pentágono hace treinta años. Aunque se pierdan, como se están perdiendo la de Irak y la de Afganistán. Como diría el olímpico barón de Coubertin, "lo importante no es ganar sino participar": hace ya medio siglo el presidente Dwight Eisenhower denunció (discretamente: en su discurso de despedida) que el poder interno y externo del "complejo militaro-industrial" que domina los Estados Unidos necesita que haya guerras permanentes. Aunque se pierdan.
Y eso explica también el punto de vista de Colombia (quiero decir: del gobierno de Colombia) con respecto a la base de Palanquero. Su interés es doble: estratégico y táctico. En lo estratégico sirve para reforzar la tradicional alianza que ha existido, tácitamente desde la compensación del robo de Panamá en 1910 y oficialmente desde la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948 y su 'bogotazo' incorporado, entre los Estados Unidos y Colombia. Alianza que, como muestra la historia, ha sido gravemente perjudicial para Colombia en todos los campos imaginables, pero muy beneficiosa para determinados sectores sociales: los de la derecha política, económica y financiera que hoy representa el gobierno de Uribe. Y en lo táctico, la base de Palanquero sirve para darle respaldo a ese mismo gobierno en las dos guerras que libra: contra el narcotráfico y contra la subversión que ahora recibe el nombre de terrorismo.
Aunque no sé si no es abusar de las palabras llamar "táctica" a una guerra que dura ya treinta años, y a otra que ya lleva cincuenta.
Esas dos guerras son por supuesto, en su mayor medida, resultado de la misma perniciosa alianza que en la teoría, pero no en la práctica, contribuye a solucionarlas. Y ambas están perdidas. La del narcotráfico de manera de sobra evidente hasta para el más ciego: crece el consumo, crece la producción, crece el tráfico, crece la destrucción. Y las destrucciones (morales, ecológicas, etc.) generan nuevas destrucciones, y los muertos nuevos muertos. Hasta el punto de que los daños que provoca la guerra son mayores que los que provocan el tráfico y el consumo mismo, y no se restan de ellos sino que se les suman, y de contera ayudan a mantener próspero el negocio. Un negocio que sin duda desbarata a Colombia, pero da jugosos réditos, políticos y económicos, a los Estados Unidos: a sus bancos, al Tesoro federal, a la DEA, al Departamento de Estado que lo utiliza como un látigo. Y en cuanto a la otra guerra, la dirigida contra la subversión, el hecho de que se haya perdido se mide no solamente en los ríos de sangre inútilmente derramada y en los decenios desperdiciados sino también en el hecho de que su único resultado cierto ha sido el de hacer aún mayor la sujeción de Colombia a los Estados Unidos.
Lo que pasa es que a los intermediarios (a esos sectores sociales que Uribe representa) la sujeción les conviene. Así que, para que venga la base de Palanquero, hay aceptación in limine.
www.semana.com
La alianza con Estados Unidos ha sido perjudicial para Colombia en todos los campos, pero beneficiosa para la derecha que hoy representa Uribe.
Por Antonio Caballero
Fecha: 06/07/2008 -1362
Revela la revista Cambio que los militares norteamericanos, en vista de que el año que viene tienen que abandonar su base de Manta, en el Ecuador, han decidido reemplazarla por la de Palanquero, en Colombia. Así fue anunciado por el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield: "Hay posibilidades en la República de Colombia, sin duda alguna. Nuestro gobierno podría proponer y el anfitrión decidirá si permite este tipo de colaboración".
La base de Palanquero presentaba en principio un problema técnico: estaba "descertificada" por el gobierno de Washington porque desde ella se violaban los derechos humanos. Pero dice el embajador que ya no, que ahora está limpia, y que por consiguiente ya la puede ocupar su país. Y suena como un chiste bobo de los que han hecho tan popular a Brownfield entre los periodistas de la farándula esto de vetar bases extranjeras por cuenta de los derechos humanos, cuando donde más se violan es en las bases norteamericanas en el extranjero, limbos jurídicos dedicados a la rutinaria tortura de prisioneros clandestinos. Pero bueno. El caso es que, salvado ese obstáculo de la descertificación hipócrita, ya puede Palanquero entrar a ocupar un lugar "orgullosamente colombiano" entre, digamos, Guantánamo en Cuba, Bagram en Afganistán, y Diego García en las posesiones británicas del océano Índico, para mencionar sólo las tres más sórdidamente célebres de las bases-cárceles que ha instalado el gobierno norteamericano en medio mundo (y fuera del territorio norteamericano, para no tener que respetar sus propias leyes).
La explicación de la "recertificación" podrá ser un chiste cínico del embajador Brownfield, pero la base va en serio: si la anuncia, es porque va a instalarse. El Ministro colombiano de Defensa ya la ha negado dos veces: ¿qué más confirmación quieren ustedes? ¿Una negativa formal del presidente Álvaro Uribe, de esas que él llama pomposamente in limine, como las de su candidatura? No es necesaria. La base se nos vino encima.
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¿Para qué? Desde el punto de vista de los Estados Unidos no hay misterio, y se puede decir a la manera chistosa del embajador Brownfield: para defender los derechos humanos. Con ese pretexto en la boca, la gran superpotencia ha fajado el planeta con un cinturón de acero de bases militares instaladas en un centenar de países de todos los continentes: desde España hasta el Japón, desde Islandia hasta el África del Sur, desde las Filipinas hasta El Salvador. Se trata de tener presencia global y capacidad de intervención militar rápida en cualquier parte del mundo, dentro de la doctrina de las "dos guerras y media" que elaboró el Pentágono hace treinta años. Aunque se pierdan, como se están perdiendo la de Irak y la de Afganistán. Como diría el olímpico barón de Coubertin, "lo importante no es ganar sino participar": hace ya medio siglo el presidente Dwight Eisenhower denunció (discretamente: en su discurso de despedida) que el poder interno y externo del "complejo militaro-industrial" que domina los Estados Unidos necesita que haya guerras permanentes. Aunque se pierdan.
Y eso explica también el punto de vista de Colombia (quiero decir: del gobierno de Colombia) con respecto a la base de Palanquero. Su interés es doble: estratégico y táctico. En lo estratégico sirve para reforzar la tradicional alianza que ha existido, tácitamente desde la compensación del robo de Panamá en 1910 y oficialmente desde la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948 y su 'bogotazo' incorporado, entre los Estados Unidos y Colombia. Alianza que, como muestra la historia, ha sido gravemente perjudicial para Colombia en todos los campos imaginables, pero muy beneficiosa para determinados sectores sociales: los de la derecha política, económica y financiera que hoy representa el gobierno de Uribe. Y en lo táctico, la base de Palanquero sirve para darle respaldo a ese mismo gobierno en las dos guerras que libra: contra el narcotráfico y contra la subversión que ahora recibe el nombre de terrorismo.
Aunque no sé si no es abusar de las palabras llamar "táctica" a una guerra que dura ya treinta años, y a otra que ya lleva cincuenta.
Esas dos guerras son por supuesto, en su mayor medida, resultado de la misma perniciosa alianza que en la teoría, pero no en la práctica, contribuye a solucionarlas. Y ambas están perdidas. La del narcotráfico de manera de sobra evidente hasta para el más ciego: crece el consumo, crece la producción, crece el tráfico, crece la destrucción. Y las destrucciones (morales, ecológicas, etc.) generan nuevas destrucciones, y los muertos nuevos muertos. Hasta el punto de que los daños que provoca la guerra son mayores que los que provocan el tráfico y el consumo mismo, y no se restan de ellos sino que se les suman, y de contera ayudan a mantener próspero el negocio. Un negocio que sin duda desbarata a Colombia, pero da jugosos réditos, políticos y económicos, a los Estados Unidos: a sus bancos, al Tesoro federal, a la DEA, al Departamento de Estado que lo utiliza como un látigo. Y en cuanto a la otra guerra, la dirigida contra la subversión, el hecho de que se haya perdido se mide no solamente en los ríos de sangre inútilmente derramada y en los decenios desperdiciados sino también en el hecho de que su único resultado cierto ha sido el de hacer aún mayor la sujeción de Colombia a los Estados Unidos.
Lo que pasa es que a los intermediarios (a esos sectores sociales que Uribe representa) la sujeción les conviene. Así que, para que venga la base de Palanquero, hay aceptación in limine.
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09-Junio-2008
Derriba FARC helicóptero militar en Colombia
Notimex
Fuentes castrenses informan que el saldo es de cuatro heridosAl menos cuatro militares resultaron heridos luego de que guerrilleros de las FARC derribaron un helicóptero en el sureño departamento del Putumayo, en Colombia, informó la radio local citando fuentes castrenses.
De acuerdo con un reporte del Ejército citado por la cadena privada Caracol, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó con fusilería el helicóptero militar que adelantaba operaciones contrainsurgentes en el sur del país.
El ataque ocurrió en una zona rural de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, y los cuatro militares heridos fueron transportados a un hospital en la ciudad de Mocoa, de acuerdo con la emisora capitalina.
En el Putumayo operan varios frentes de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla de Latinoamérica, y es una de las principales zonas donde el Ejército concentra las operaciones del contra-insurgente Plan Patriota.
Unidades de élite del ejército colombiano iniciaron operaciones contra la columna de las FARC que atacó a la aeronave militar, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, señaló el reporte.
mza
Fuentes castrenses informan que el saldo es de cuatro heridosAl menos cuatro militares resultaron heridos luego de que guerrilleros de las FARC derribaron un helicóptero en el sureño departamento del Putumayo, en Colombia, informó la radio local citando fuentes castrenses.
De acuerdo con un reporte del Ejército citado por la cadena privada Caracol, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó con fusilería el helicóptero militar que adelantaba operaciones contrainsurgentes en el sur del país.
El ataque ocurrió en una zona rural de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, y los cuatro militares heridos fueron transportados a un hospital en la ciudad de Mocoa, de acuerdo con la emisora capitalina.
En el Putumayo operan varios frentes de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla de Latinoamérica, y es una de las principales zonas donde el Ejército concentra las operaciones del contra-insurgente Plan Patriota.
Unidades de élite del ejército colombiano iniciaron operaciones contra la columna de las FARC que atacó a la aeronave militar, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, señaló el reporte.
mza
Derriba FARC helicóptero militar en Colombia
Notimex
Fuentes castrenses informan que el saldo es de cuatro heridosAl menos cuatro militares resultaron heridos luego de que guerrilleros de las FARC derribaron un helicóptero en el sureño departamento del Putumayo, en Colombia, informó la radio local citando fuentes castrenses.
De acuerdo con un reporte del Ejército citado por la cadena privada Caracol, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó con fusilería el helicóptero militar que adelantaba operaciones contrainsurgentes en el sur del país.
El ataque ocurrió en una zona rural de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, y los cuatro militares heridos fueron transportados a un hospital en la ciudad de Mocoa, de acuerdo con la emisora capitalina.
En el Putumayo operan varios frentes de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla de Latinoamérica, y es una de las principales zonas donde el Ejército concentra las operaciones del contra-insurgente Plan Patriota.
Unidades de élite del ejército colombiano iniciaron operaciones contra la columna de las FARC que atacó a la aeronave militar, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, señaló el reporte.
mza
Fuentes castrenses informan que el saldo es de cuatro heridosAl menos cuatro militares resultaron heridos luego de que guerrilleros de las FARC derribaron un helicóptero en el sureño departamento del Putumayo, en Colombia, informó la radio local citando fuentes castrenses.
De acuerdo con un reporte del Ejército citado por la cadena privada Caracol, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó con fusilería el helicóptero militar que adelantaba operaciones contrainsurgentes en el sur del país.
El ataque ocurrió en una zona rural de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, y los cuatro militares heridos fueron transportados a un hospital en la ciudad de Mocoa, de acuerdo con la emisora capitalina.
En el Putumayo operan varios frentes de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla de Latinoamérica, y es una de las principales zonas donde el Ejército concentra las operaciones del contra-insurgente Plan Patriota.
Unidades de élite del ejército colombiano iniciaron operaciones contra la columna de las FARC que atacó a la aeronave militar, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, señaló el reporte.
mza
Detrás de la recomposición del Secretariado de las Farc
¿Cómo queda la relación de fuerzas de la cúpula de la organización guerrillera, luego del nombramiento de tres nuevos miembros en su máximo órgano? Análisis del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris
Fecha: 06/06/2008 -
El comunicado emitido por el Secretariado anunció que entró como miembro principal Pablo Catatumbo, y como suplentes Bertulfo Arias y Pastor Alape. Los nombramientos sorprendieron, pues no llegaron a la junta directiva de la organización guerrillera figuras que, por decirlo coloquialmente, les tocaba el turno: ni Fabián Ramírez, figura conocida en los diálogos del Caguán y segundo de Joaquín Gómez, en el Bloque Sur; ni José Santrich, cercano a Iván Márquez en el Bloque Caribe.
Que esto haya sucedido permite adivinar que no sólo ha habido discusiones entre los miembros de la cúpula de las Farc alrededor de la recomposición del mando, sino que ha habido movimientos.
Veamos por qué, desde el 2003 Pablo Catatumbo se desempeñaba como comandante de la estructura guerrillera conocida como Comando Conjunto de Occidente (CCO) que opera en el suroccidente colombiano. El delegado del Secretariado a ese bloque era Alfonso Cano. Con la muerte de los diputados de la Asamblea del Valle, en junio del año pasado Catatumbo fue sancionado y le quitaron el mando, de tal forma que el comandante del CCO pasó a ser alias Pachochino. Por ello, no era de esperar que Catatumbo, que ni siquiera tenía mando de bloque, pasara de un brinco al Secretariado. La decisión sólo se explica si se tiene en cuenta que este comandante guerrillero es muy cercano a Alfonso Cano, el nuevo jefe de las Farc, y goza de amplia confianza en la organización guerrillera.
Bertulfo Arias, un desconocido para la opinión, ha sido una ficha importante para las Farc. Viejo guerrillero – ingresó en 1965 – era comandante militar del Bloque Caribe de las Farc. Allí llegó porque desde la Sierra Nevada de Santa Marta hizo crecer a la guerrilla, en medio de la presión paramilitar. En 1995 el Frente 19 que allí operaba tuvo suficientes miembros para desdoblarse en uno nuevo, el 59.
Después de la muerte de Iván Ríos, otro bloque de las Farc, el José María Córdoba quedo sin un liderazgo claro, lo cual, al parecer, obligó Secretariado de las Farc a nombrar como su delegado suyo a Iván Márquez. Él es el único que conoce la zona pues dirigió ese bloque por unos algunos años. Así el Secretariado quedó sin un delegado –quien actúa de ojos y oídos suyos ante una región – en el Bloque Caribe, y por eso ascendió a Bertulfo que ya era su jefe militar. Con esta movida, el Secretariado también estaría intentando subir la moral de la tropa y reconstituir ese bloque, el más debilitado y golpeado de las Farc. No es casualidad que el frente 59, el de Bertulfo, haya realizado nueve atentados en zona de influencia de la Sierra en los últimos meses.
El nombramiento de Pablo Catatumbo obedece también las movidas en los bloques. Al ascender Cano a jefe máximo de las Farc, el único que lo puede reemplazar en su cargo anterior, como delegado de dos bloques, es Catatumbo, pues tiene la jerarquía y la confianza en la organización. Luego del fiasco de los diputados, Catatumbo, se ha reivindicado pues ha logrado resistir la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública en Tolima, llamada operación “Fuerte”.
Pastor Alape era quizás el más predecible de los nombramientos. Por su tradición en la organización y su relativo logro en mantener un pie en el Magdalena Medio, territorio originario de los paramilitares. No obstante, varios frentes de esa región han sido prácticamente desmantelados, entre ellos el 11, 12 y 23.
En conclusión los tres nombramientos evidencian que las Farc está corto de personas de confianza con capacidad de mando, y un ascenso en el Secretariado los ha dejado expuestos en las comandancias de otros bloques. Si el Ejército lograr golpear a otras dos o tres figuras de alto nivel, le será muy complicado mantener el tamaño de su estructura de mando.
¿Cómo queda la relación de fuerzas de la cúpula de la organización guerrillera, luego del nombramiento de tres nuevos miembros en su máximo órgano? Análisis del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris
Fecha: 06/06/2008 -
El comunicado emitido por el Secretariado anunció que entró como miembro principal Pablo Catatumbo, y como suplentes Bertulfo Arias y Pastor Alape. Los nombramientos sorprendieron, pues no llegaron a la junta directiva de la organización guerrillera figuras que, por decirlo coloquialmente, les tocaba el turno: ni Fabián Ramírez, figura conocida en los diálogos del Caguán y segundo de Joaquín Gómez, en el Bloque Sur; ni José Santrich, cercano a Iván Márquez en el Bloque Caribe.
Que esto haya sucedido permite adivinar que no sólo ha habido discusiones entre los miembros de la cúpula de las Farc alrededor de la recomposición del mando, sino que ha habido movimientos.
Veamos por qué, desde el 2003 Pablo Catatumbo se desempeñaba como comandante de la estructura guerrillera conocida como Comando Conjunto de Occidente (CCO) que opera en el suroccidente colombiano. El delegado del Secretariado a ese bloque era Alfonso Cano. Con la muerte de los diputados de la Asamblea del Valle, en junio del año pasado Catatumbo fue sancionado y le quitaron el mando, de tal forma que el comandante del CCO pasó a ser alias Pachochino. Por ello, no era de esperar que Catatumbo, que ni siquiera tenía mando de bloque, pasara de un brinco al Secretariado. La decisión sólo se explica si se tiene en cuenta que este comandante guerrillero es muy cercano a Alfonso Cano, el nuevo jefe de las Farc, y goza de amplia confianza en la organización guerrillera.
Bertulfo Arias, un desconocido para la opinión, ha sido una ficha importante para las Farc. Viejo guerrillero – ingresó en 1965 – era comandante militar del Bloque Caribe de las Farc. Allí llegó porque desde la Sierra Nevada de Santa Marta hizo crecer a la guerrilla, en medio de la presión paramilitar. En 1995 el Frente 19 que allí operaba tuvo suficientes miembros para desdoblarse en uno nuevo, el 59.
Después de la muerte de Iván Ríos, otro bloque de las Farc, el José María Córdoba quedo sin un liderazgo claro, lo cual, al parecer, obligó Secretariado de las Farc a nombrar como su delegado suyo a Iván Márquez. Él es el único que conoce la zona pues dirigió ese bloque por unos algunos años. Así el Secretariado quedó sin un delegado –quien actúa de ojos y oídos suyos ante una región – en el Bloque Caribe, y por eso ascendió a Bertulfo que ya era su jefe militar. Con esta movida, el Secretariado también estaría intentando subir la moral de la tropa y reconstituir ese bloque, el más debilitado y golpeado de las Farc. No es casualidad que el frente 59, el de Bertulfo, haya realizado nueve atentados en zona de influencia de la Sierra en los últimos meses.
El nombramiento de Pablo Catatumbo obedece también las movidas en los bloques. Al ascender Cano a jefe máximo de las Farc, el único que lo puede reemplazar en su cargo anterior, como delegado de dos bloques, es Catatumbo, pues tiene la jerarquía y la confianza en la organización. Luego del fiasco de los diputados, Catatumbo, se ha reivindicado pues ha logrado resistir la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública en Tolima, llamada operación “Fuerte”.
Pastor Alape era quizás el más predecible de los nombramientos. Por su tradición en la organización y su relativo logro en mantener un pie en el Magdalena Medio, territorio originario de los paramilitares. No obstante, varios frentes de esa región han sido prácticamente desmantelados, entre ellos el 11, 12 y 23.
En conclusión los tres nombramientos evidencian que las Farc está corto de personas de confianza con capacidad de mando, y un ascenso en el Secretariado los ha dejado expuestos en las comandancias de otros bloques. Si el Ejército lograr golpear a otras dos o tres figuras de alto nivel, le será muy complicado mantener el tamaño de su estructura de mando.
La poética de lo erótico
Periódico El Turbión y Corporación cultural Saucy
Invitan al ciclo de conversatorios
La poética de lo erótico
11 de junio al 2 de julio de 2008
Lugar: Cl. 35 #15-72 Tel.: 2456231 Bogotá
La imaginación nutre las posibilidades del alma, la necesidad de expresarnos de una o mil formas a través de los silencios, con nuestro cuerpo o a través de las letras con las palabras. Acercarnos al cuerpo del otro puede tornarse un asunto de alto riesgo, le tenemos miedo al contacto físico, a expresar con la piel lo que nuestra imaginación desea. Tal vez por este motivo una manera de acariciar al otro es la literatura, un acto de creación pleno, tal como lo es el erotismo, una fusión entre la palabra y la imaginación del amante.
Definimos la poética como la elección que tiene el poeta sobre las distintas posibilidades literarias que tiene al escribir, la forma con que va a escribir. Acercándonos al concepto de poética corporal que nos ofrece Octavio Paz, podríamos entonces pensar en el erotismo como la elección que hace el amante para expresar su sexualidad y llenar la intimidad del otro.
Que mejor entonces, que por un momento podamos volvernos receptores de las sensaciones que nos producen aquellas palabras ya escritas, esas que se adentran en nuestra intimidad, rescatando los recuerdos de todas las miradas que alguna vez nos recorrieron, para llegar a descubrir y poder compartir lo sublime y lo poético que el erotismo despierta en nosotros cuando lo exploramos con las letras.
Caroll Marulanda
Charla 1
"Los Reinos de Pan" - Octavio Paz - La Llama Doble
"Duelo de miradas" – Oscar Godoy - Pág. 15-16
Charla 2
"Solitario de Amor" - Cristina Peri Rossi
Charla 3
"Cien Años de Soledad" - Gabriel García Márquez - Pág. 317
"El amor junto al trigo" - Pablo Neruda - Confieso que he vivido. - Pág. 30
Charla 4
Poemas sueltos - Octavio Paz
Julio Cortázar
Hugo Gutiérrez Vega
Los conversatorios se desarrollarán en la sede de la Corporación Cultural Saucy los días miércoles a las 6 PM durante el mes que dura el primer ciclo, la entrada es libre y el aporte para los materiales es voluntario. El cupo máximo de participantes es de 15 personas, por ello pedimos confirmar asistencia vìa correo electrònico o llamando al 2456231.
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La poética de lo erótico
11 de junio al 2 de julio de 2008
Lugar: Cl. 35 #15-72 Tel.: 2456231 Bogotá
La imaginación nutre las posibilidades del alma, la necesidad de expresarnos de una o mil formas a través de los silencios, con nuestro cuerpo o a través de las letras con las palabras. Acercarnos al cuerpo del otro puede tornarse un asunto de alto riesgo, le tenemos miedo al contacto físico, a expresar con la piel lo que nuestra imaginación desea. Tal vez por este motivo una manera de acariciar al otro es la literatura, un acto de creación pleno, tal como lo es el erotismo, una fusión entre la palabra y la imaginación del amante.
Definimos la poética como la elección que tiene el poeta sobre las distintas posibilidades literarias que tiene al escribir, la forma con que va a escribir. Acercándonos al concepto de poética corporal que nos ofrece Octavio Paz, podríamos entonces pensar en el erotismo como la elección que hace el amante para expresar su sexualidad y llenar la intimidad del otro.
Que mejor entonces, que por un momento podamos volvernos receptores de las sensaciones que nos producen aquellas palabras ya escritas, esas que se adentran en nuestra intimidad, rescatando los recuerdos de todas las miradas que alguna vez nos recorrieron, para llegar a descubrir y poder compartir lo sublime y lo poético que el erotismo despierta en nosotros cuando lo exploramos con las letras.
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"El amor junto al trigo" - Pablo Neruda - Confieso que he vivido. - Pág. 30
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Los conversatorios se desarrollarán en la sede de la Corporación Cultural Saucy los días miércoles a las 6 PM durante el mes que dura el primer ciclo, la entrada es libre y el aporte para los materiales es voluntario. El cupo máximo de participantes es de 15 personas, por ello pedimos confirmar asistencia vìa correo electrònico o llamando al 2456231.
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