Cuando por fin despierten del misterioso trance hipnótico en que están sumidos, van a ser muchos los que sientan vergüenza de haber sido uribistas
Antonio Caballero
Hace ya más de ochenta años escribió Curzio Malaparte un librito muy leído entonces, titulado La técnica del golpe de Estado. Consideraba en él varios ejemplos, desde el 18 Brumario de Bonaparte hasta el incendio del Reichstag por Hitler, pasando por el Octubre Rojo de Lenin y Trotsky y por la Marcha sobre Roma de Mussolini. No registró otro método, que es el que estamos viendo ahora en Colombia practicado por Álvaro Uribe en su empeño de tercera elección presidencial consecutiva: la compra por cuotas.
Primero se compraron las firmas que piden el referendo reeleccionista, volándose los topes establecidos por la ley y con el añadido pintoresco de confiar el transporte de las valiosas papeletas al cuidado de la 'pirámide' ilegal de David Murcia. A continuación, y para que aceptaran la 'conciliación' sobre la alteración ilegítima de la pregunta, hubo que comprar también los votos de los parlamentarios. Así se hizo con notarías, con contratos, con consulados y embajadas, hasta con plata en rama. Falta la venia de la Corte Constitucional. Hace cuatro años aceptó la dudosa legalidad de la reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe, también comprada por cohecho; los magistrados tuvieron miedo de torear la culebra del uribismo armado, y se inclinaron. Y esta Corte de ahora está más amansada que la de entonces, de modo que, tras una ficción de forcejeo para la galería, declarará exequible constitucionalmente el engendro referendario.
Sólo faltan los votos.
Se parte, desde luego, de un núcleo de uribismo de convicción, ciego a la realidad. Unos cuantos millones de personas que se empeñan en creer que los gobiernos de Uribe han traído o al menos están trayendo la paz a Colombia, negándose a ver que, por el contrario, han agravado la guerra y sus secuelas de desplazamiento forzoso y consiguiente inseguridad en las ciudades en donde se refugian los que huyen de la violencia del campo. Unos cuantos millones de personas que no quieren ver el fracaso general de todas las políticas emprendidas en estos últimos siete años: el crecimiento de la violencia y de la inseguridad, de la pobreza y de la indigencia absoluta, del desempleo, del despilfarro, de la corrupción. Cuando por fin despierten del misterioso trance hipnótico en que están sumidos, de esa morbosa fascinación por el abismo en el que están hundiéndose, van a ser muchos los que sientan vergüenza retrospectiva de haber sido uribistas. Hablo de la gente común. Que los políticos comprados o los empresarios premiados con gabelas tributarias sean uribistas, se entiende: su interés está ahí. Pero no que lo sea la gente común, digo, que no le debe nada a Uribe, sino la agravación de todos sus problemas.
Pero el caso es que siguen faltando votos.
Ya se han comprado muchos, claro. Esos voticos ya amarrados de los millones de empleados públicos que creen que Uribe va a seguir por lo menos cuatro años más, y así ayudan a que siga. Los de las dos millones setecientas mil 'familias en acción' que reciben mensualmente su ayuda pecuniaria. Los de los favorecidos por los cheques y los créditos que Uribe reparte personalmente a puñados en sus consejos comunitarios retransmitidos por la televisión, como un Niño Dios que trae regalos. Y cuenta la prensa, enternecida (o tal vez comprada también ella por el espejismo prometido de un Tercer Canal), que Uribe, pese a estar recluido en su cuarto de enfermo, presidió 'virtualmente', por teleconferencia, la piñata de cuatro mil millones de pesos en créditos del Fondo Nacional de Ahorro feriados el jueves por la noche en el Palacio de los Deportes.
Y sin embargo los estrategas de la reelección uribista no las tienen todas consigo. Recoger siete millones trescientos mil votos no es tarea fácil, y menos aún cuando existe la previa convicción entre los electores de que Uribe ya ganó. Por eso se les ocurren nuevas estratagemas: hacer votar el mismo día el referendo contra los violadores (para que la gente, confundida, vote de paso por el violador de la Constitución). Sumar además las elecciones parlamentarias, para movilizar también los clientelismos regionales y locales. Y, finalmente, reformar el censo electoral, para reducir la masa de votos necesarios para que sea aprobado el referendo.
Y si pese a todo la cosa no funciona, en el librito de Malaparte hay más recetas.
Publicado en
www.semana.com
sábado, 26 de diciembre de 2009
El aspirante a capo
Un hombre que hace 20 años era el niño sicario favorito de 'Don Berna' intenta a sangre y fuego convertirse en el nuevo jefe del narcotráfico en Antioquia y la Costa.
Maximiliano Bonilla tenía escasos 13 años cuando su padre fue asesinado en una balacera en Medellín, y quedó sólo en la vida. Era el año 1985. El jefe de su papá lo adoptó como si fuera su propio hijo y lo llevó a trabajar con él. Pero lo que hace diferente esta historia es que el hombre que lo apadrinó era nada más y nada menos que Diego Murillo, alias 'Don Berna' quien para la época era el jefe de la temida banda de sicarios conocida como La Terraza.
El adolescente empezó a trabajar en el 'negocio' de su padrino y antes de cumplir los 15 años se había convertido en uno de los más efectivos, letales y consentidos sicarios de 'Don Berna'.
Esa historia ocurrió hace mas de 20 años. Pero a diferencia de la mayoría de quienes estuvieron al lado de 'Don Berna' en las guerras mafiosas de las últimas dos décadas, Bonilla es uno de los pocos que aún está vivo. En la actualidad es el hombre que está detrás de una de las más sangrientas oleadas de violencia en el mundo del crimen organizado que ha dejado centenares de muertos en el último año. Bonilla, conocido como 'Valenciano', es el principal responsable de la vendetta que tiene azotada a Medellín y que en los últimos seis meses se ha extendido a zonas del bajo Cauca antioqueño, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería.
La estrategia que ha desplegado 'Valenciano' es tan simple como macabra: a sangre y fuego busca consolidarse como el nuevo capo del narcotráfico en Colombia. Para lograrlo ha acudido a la táctica sencilla pero efectiva de apoderarse de los territorios, las rutas y los negocios de muchos de los narcos y paramilitares extraditados o presos. Para lograrlo está dispuesto, y así lo ha hecho, a hacer la guerra contra quien sea necesario, lo que hoy tiene disparados los índices de asesinatos en varias regiones del país.
Aunque es un completo desconocido para la opinión pública, el alias de 'Valenciano' es muy popular entre los criminales y los organismos de seguridad. Como jefe de seguridad de 'Don Berna' 'Valenciano' siempre estuvo en la línea de sucesión del ahora extraditado jefe de la 'oficina' de Envigado. Cuando 'Don Berna' se desmovilizó y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, personajes como los alias 'Danielito', 'Rogelio' y 'Yiyo', entre otros, asumieron el control de esa estructura criminal, y 'Valenciano' permaneció al lado de ellos. Pero en los últimos tres años algunos fueron asesinados, otros se entregaron a la justicia norteamericana y algunos fueron capturados y extraditados, todo lo cual le despejó el camino a 'Valenciano' para apoderarse de la 'oficina'.
Junto con viejos socios como alias 'Nito' y 'Sebastián' comenzó una impresionante y rápida estrategia expansionista a punta de bala. Luego de que 'Jorge 40' y Hernán Giraldo se desmovilizaron, 'Valenciano' se apoderó de los territorios de esos jefes paramilitares en La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Se quedó con tierras y rutas de 'Los Mellizos' en Córdoba, y parte del Urabá antioqueño quedó bajo su control tras la captura de 'Don Mario'.
En poco tiempo, menos de dos años, 'Valenciano' concentró mucho poder, pero también muchos enemigos y cada vez se hizo más visible e importante para las autoridades colombianas y extranjeras. Siguiendo las recomendaciones de antiguos jefes de la 'oficina' que se han entregado a la justicia estadounidense, como 'Rogelio', algunos socios de 'Valenciano' empezaron acercamientos con agencias de Estados Unidos para negociar y someterse. Pero 'Valenciano', que nunca ha considerado esa posibilidad, decidió no correr el riesgo de ser delatado y desde comienzos de este año empezó a asesinar a sus socios.
Eso desató la guerra interna que ha dejado decenas de muertos en el Valle de Aburrá. El más reciente de esos asesinatos ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando fue acribillado 'Nito', el antiguo aliado de 'Valenciano'. El viernes la Policía dio un duro golpe que sin duda alguna será de gran ayuda para tratar de controlar la ola de crímenes en Antioquia. Más de 30 personas de la estructura de 'Valenciano', 'Sebastián' y 'Nito' fueron arrestadas en varias operaciones simultáneas que afectaron a las estructuras involucradas en esta guerra. Ahora la cacería se concentra en 'Valenciano', el aspirante a capo que se refugia en la costa del Caribe.
Publicado en
www.semana.com
Maximiliano Bonilla tenía escasos 13 años cuando su padre fue asesinado en una balacera en Medellín, y quedó sólo en la vida. Era el año 1985. El jefe de su papá lo adoptó como si fuera su propio hijo y lo llevó a trabajar con él. Pero lo que hace diferente esta historia es que el hombre que lo apadrinó era nada más y nada menos que Diego Murillo, alias 'Don Berna' quien para la época era el jefe de la temida banda de sicarios conocida como La Terraza.
El adolescente empezó a trabajar en el 'negocio' de su padrino y antes de cumplir los 15 años se había convertido en uno de los más efectivos, letales y consentidos sicarios de 'Don Berna'.
Esa historia ocurrió hace mas de 20 años. Pero a diferencia de la mayoría de quienes estuvieron al lado de 'Don Berna' en las guerras mafiosas de las últimas dos décadas, Bonilla es uno de los pocos que aún está vivo. En la actualidad es el hombre que está detrás de una de las más sangrientas oleadas de violencia en el mundo del crimen organizado que ha dejado centenares de muertos en el último año. Bonilla, conocido como 'Valenciano', es el principal responsable de la vendetta que tiene azotada a Medellín y que en los últimos seis meses se ha extendido a zonas del bajo Cauca antioqueño, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería.
La estrategia que ha desplegado 'Valenciano' es tan simple como macabra: a sangre y fuego busca consolidarse como el nuevo capo del narcotráfico en Colombia. Para lograrlo ha acudido a la táctica sencilla pero efectiva de apoderarse de los territorios, las rutas y los negocios de muchos de los narcos y paramilitares extraditados o presos. Para lograrlo está dispuesto, y así lo ha hecho, a hacer la guerra contra quien sea necesario, lo que hoy tiene disparados los índices de asesinatos en varias regiones del país.
Aunque es un completo desconocido para la opinión pública, el alias de 'Valenciano' es muy popular entre los criminales y los organismos de seguridad. Como jefe de seguridad de 'Don Berna' 'Valenciano' siempre estuvo en la línea de sucesión del ahora extraditado jefe de la 'oficina' de Envigado. Cuando 'Don Berna' se desmovilizó y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, personajes como los alias 'Danielito', 'Rogelio' y 'Yiyo', entre otros, asumieron el control de esa estructura criminal, y 'Valenciano' permaneció al lado de ellos. Pero en los últimos tres años algunos fueron asesinados, otros se entregaron a la justicia norteamericana y algunos fueron capturados y extraditados, todo lo cual le despejó el camino a 'Valenciano' para apoderarse de la 'oficina'.
Junto con viejos socios como alias 'Nito' y 'Sebastián' comenzó una impresionante y rápida estrategia expansionista a punta de bala. Luego de que 'Jorge 40' y Hernán Giraldo se desmovilizaron, 'Valenciano' se apoderó de los territorios de esos jefes paramilitares en La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Se quedó con tierras y rutas de 'Los Mellizos' en Córdoba, y parte del Urabá antioqueño quedó bajo su control tras la captura de 'Don Mario'.
En poco tiempo, menos de dos años, 'Valenciano' concentró mucho poder, pero también muchos enemigos y cada vez se hizo más visible e importante para las autoridades colombianas y extranjeras. Siguiendo las recomendaciones de antiguos jefes de la 'oficina' que se han entregado a la justicia estadounidense, como 'Rogelio', algunos socios de 'Valenciano' empezaron acercamientos con agencias de Estados Unidos para negociar y someterse. Pero 'Valenciano', que nunca ha considerado esa posibilidad, decidió no correr el riesgo de ser delatado y desde comienzos de este año empezó a asesinar a sus socios.
Eso desató la guerra interna que ha dejado decenas de muertos en el Valle de Aburrá. El más reciente de esos asesinatos ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando fue acribillado 'Nito', el antiguo aliado de 'Valenciano'. El viernes la Policía dio un duro golpe que sin duda alguna será de gran ayuda para tratar de controlar la ola de crímenes en Antioquia. Más de 30 personas de la estructura de 'Valenciano', 'Sebastián' y 'Nito' fueron arrestadas en varias operaciones simultáneas que afectaron a las estructuras involucradas en esta guerra. Ahora la cacería se concentra en 'Valenciano', el aspirante a capo que se refugia en la costa del Caribe.
Publicado en
www.semana.com
Y ahora qué sigue
Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
Publicado en
www.semana.com
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
Publicado en
www.semana.com
Ejército colombiano intercepta pruebas de vida de rehenes de las FARC
x
Un hombre capturado por los militares llevaba grabadas las pruebas en una memoria USB
EFE - Bogotá - 07/09/2009
El Ejército colombiano se ha incautado de pruebas de vida de varios rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras capturar a un hombre que las llevaba registradas en una memoria USB, informaron hoy fuentes oficiales. Las pruebas de vida son fotografías de 11 de los 23 militares y policías que esta guerrilla tiene cautivos, explicó hoy el fiscal general, Guillermo Mendoza. Son "fotografías y detalles de un personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra secuestrado", precisó Mendoza en una conferencia de prensa celebrada en Bogotá.
Mendoza dio también detalles sobre la detención de Ramiro Valbuena Ospina, acusado de ser el correo de los rebeldes, ocurrida el pasado sábado cuando viajaba en una motocicleta por la carretera entre la ciudad de Villavicencio (centro) y Bogotá. Valbuena, que presuntamente pertenece al Frente 44 de las FARC, llevaba una memoria USB con pruebas de vida de cuatro militares y seis policías, algunos de ellos secuestrados desde 1998. "Esas son pruebas que están contenidas en medios electrónicos", indicó el fiscal general, quien matizó que "lo que se encontró fue una USB". Los documentos han pasado al juez de control de garantías que se hizo cargo del caso de Valbuena, a quien la fiscalía tenía previsto imputar por rebelión y secuestro.
Las autoridades colombianas capturaron este fin de semana en Bogotá a una destacada coordinadora urbana de la guerrilla de las FARC, conocida con el alias de La Reina, que podría estar vinculada a las pruebas de vida de los rehenes. Su captura fue posible tras un operativo de inteligencia militar que se desarrolló durante varios meses en el departamento de Guaviare (sur) que permitieron establecer sus desplazamientos y detenerla el domingo en un populoso sector de la capital colombiana.
Además, la senadora opositora Piedad Córdoba hizo públicas hace una semana pruebas de vida de 13 secuestrados, entre las que había mensajes de vídeo de nueve policías y militares en poder de los rebeldes.
El Ejército y la fiscalía también capturaron en noviembre de 2007 a tres personas en el sur de Bogotá que traían pruebas de vida de los secuestrados y que iban a ser entregadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, entonces mediador ante las FARC para la liberación de secuestrados. Entre esas pruebas estaba la de la entonces rehén Ingrid Betancourt, quien fue rescatada el 2 de julio de 2008 junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares secuestrados.
El padre de un secuestrado se 'crucifica' en Bogotá
El padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace casi 12 años, llegó ayer a Bogotá tras una caminata de más de 100 kilómetros y de manera simbólica se crucificó con la cruz de guadua (planta similar al bambú) que cargó durante su larga marcha. El profesor Gustavo Moncayo, conocido también como El caminante por la paz, concluyó en la capital colombiana la última de sus marchas para pedir por la liberación de su hijo y de todos los demás secuestrados en poder de las FARC.
Moncayo llegó a la histórica Plaza de Bolívar acompañado de su hermano Carlos, pero por disposiciones administrativas no pudo permanecer en ese sitio y fue llevado a una iglesia cercana en el centro de Bogotá, donde permanecerá en vigilia por lo menos una semana. "Estoy haciendo el mismo trabajo y pidiendo por la liberación de los secuestrados. Hoy, exigiéndole ese derecho al Gobierno", dijo tras la larga marcha.
Moncayo realizó ante decenas de personas el acto simbólico de crucificarse, como había afirmado que haría al iniciar el lunes pasado una marcha desde la localidad de Melgar, distante unos 100 kilómetros al sur de Bogotá. Los médicos que observaron a Moncayo tras su larga caminata le recomendaron permanecer en calma por unos días.
El profesor pidió de nuevo al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que reciba a la senadora opositora Piedad Córdoba para acordar la logística de la liberación de su hijo. "Ahora el problema no es de la guerrilla, sino del Gobierno", dijo el profesor. Las FARC anunciaron el pasado abril su intención de entregar a Córdoba de manera unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo y el cadáver de un capitán de la policía que murió en cautiverio, pero no se ha concretado esa liberación por la negativa de Uribe a recibir a la congresista.
Moncayo fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en un puesto de comunicaciones del Ejército ubicado en una zona montañosa del suroeste de Colombia Las FARC tienen en su poder a 23 policías y militares que pretenden canjear por su hombres presos a través de un intercambio humanitario.
EFE
Publicado en
www.elpais.com
Un hombre capturado por los militares llevaba grabadas las pruebas en una memoria USB
EFE - Bogotá - 07/09/2009
El Ejército colombiano se ha incautado de pruebas de vida de varios rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras capturar a un hombre que las llevaba registradas en una memoria USB, informaron hoy fuentes oficiales. Las pruebas de vida son fotografías de 11 de los 23 militares y policías que esta guerrilla tiene cautivos, explicó hoy el fiscal general, Guillermo Mendoza. Son "fotografías y detalles de un personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra secuestrado", precisó Mendoza en una conferencia de prensa celebrada en Bogotá.
Mendoza dio también detalles sobre la detención de Ramiro Valbuena Ospina, acusado de ser el correo de los rebeldes, ocurrida el pasado sábado cuando viajaba en una motocicleta por la carretera entre la ciudad de Villavicencio (centro) y Bogotá. Valbuena, que presuntamente pertenece al Frente 44 de las FARC, llevaba una memoria USB con pruebas de vida de cuatro militares y seis policías, algunos de ellos secuestrados desde 1998. "Esas son pruebas que están contenidas en medios electrónicos", indicó el fiscal general, quien matizó que "lo que se encontró fue una USB". Los documentos han pasado al juez de control de garantías que se hizo cargo del caso de Valbuena, a quien la fiscalía tenía previsto imputar por rebelión y secuestro.
Las autoridades colombianas capturaron este fin de semana en Bogotá a una destacada coordinadora urbana de la guerrilla de las FARC, conocida con el alias de La Reina, que podría estar vinculada a las pruebas de vida de los rehenes. Su captura fue posible tras un operativo de inteligencia militar que se desarrolló durante varios meses en el departamento de Guaviare (sur) que permitieron establecer sus desplazamientos y detenerla el domingo en un populoso sector de la capital colombiana.
Además, la senadora opositora Piedad Córdoba hizo públicas hace una semana pruebas de vida de 13 secuestrados, entre las que había mensajes de vídeo de nueve policías y militares en poder de los rebeldes.
El Ejército y la fiscalía también capturaron en noviembre de 2007 a tres personas en el sur de Bogotá que traían pruebas de vida de los secuestrados y que iban a ser entregadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, entonces mediador ante las FARC para la liberación de secuestrados. Entre esas pruebas estaba la de la entonces rehén Ingrid Betancourt, quien fue rescatada el 2 de julio de 2008 junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares secuestrados.
El padre de un secuestrado se 'crucifica' en Bogotá
El padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace casi 12 años, llegó ayer a Bogotá tras una caminata de más de 100 kilómetros y de manera simbólica se crucificó con la cruz de guadua (planta similar al bambú) que cargó durante su larga marcha. El profesor Gustavo Moncayo, conocido también como El caminante por la paz, concluyó en la capital colombiana la última de sus marchas para pedir por la liberación de su hijo y de todos los demás secuestrados en poder de las FARC.
Moncayo llegó a la histórica Plaza de Bolívar acompañado de su hermano Carlos, pero por disposiciones administrativas no pudo permanecer en ese sitio y fue llevado a una iglesia cercana en el centro de Bogotá, donde permanecerá en vigilia por lo menos una semana. "Estoy haciendo el mismo trabajo y pidiendo por la liberación de los secuestrados. Hoy, exigiéndole ese derecho al Gobierno", dijo tras la larga marcha.
Moncayo realizó ante decenas de personas el acto simbólico de crucificarse, como había afirmado que haría al iniciar el lunes pasado una marcha desde la localidad de Melgar, distante unos 100 kilómetros al sur de Bogotá. Los médicos que observaron a Moncayo tras su larga caminata le recomendaron permanecer en calma por unos días.
El profesor pidió de nuevo al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que reciba a la senadora opositora Piedad Córdoba para acordar la logística de la liberación de su hijo. "Ahora el problema no es de la guerrilla, sino del Gobierno", dijo el profesor. Las FARC anunciaron el pasado abril su intención de entregar a Córdoba de manera unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo y el cadáver de un capitán de la policía que murió en cautiverio, pero no se ha concretado esa liberación por la negativa de Uribe a recibir a la congresista.
Moncayo fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en un puesto de comunicaciones del Ejército ubicado en una zona montañosa del suroeste de Colombia Las FARC tienen en su poder a 23 policías y militares que pretenden canjear por su hombres presos a través de un intercambio humanitario.
EFE
Publicado en
www.elpais.com
Cae jefe de las Farc que sembró el terror en Landázuri
Carlos Peña, conocido con el alias de ‘Alberto Chaparro’, fue capturado en el oriente de Bogotá por la Policía. Llevaba 19 años en la organización guerrillera y su área de influencia era el sur de Santander.
Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
Publicado en
www.semana.com
Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
Publicado en
www.semana.com
La violencia se ceba con los awá
Tras la matanza de 12 miembros de su comunidad, líderes indígenas protestan por la violencia que se ha cobrado 78 muertes en este año
PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
Publicado en
www.elpais.com
PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
Publicado en
www.elpais.com
Las FARC entregan pruebas de vida de nueve secuestrados
La guerrilla colombiana entregó los vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba
AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
Publicado en
www.elpais.com
AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
Publicado en
www.elpais.com
lunes, 21 de diciembre de 2009
Volvió la barbarie
La última masacre contra la comunidad Awa, donde seis víctimas eran niños, es sólo la punta del 'iceberg' de una escalofriante ofensiva contra los indígenas del sur del país que ya lleva 60 muertos este año.
La masacre de una familia de indígenas awa en Nariño tiene estremecido al país. Primero, porque seis de las 12 víctimas eran niños, incluido un bebé de apenas 6 meses. Segundo, porque en febrero esta misma comunidad indígena había sufrido una matanza de 11 personas, a cuchillo y machete, por parte de las Farc. Tercero, porque tanto líderes indígenas como organizaciones de derechos humanos creen que miembros del Ejército podrían estar vinculados a este espeluznante crimen.
La masacre ocurrió en el resguardo el Gran Rosario de Tumaco, Nariño, en la mañana del miércoles 26 de agosto. "Eran cerca de las 6 de la mañana. Los niños y varios de nosotros estábamos en la cama y las tres mujeres en la cocina. El arroz y las bebidas ya estaban hechas. A esa hora llegaron cuatro hombres vestidos de camuflado y con capuchas negras que tenían unos huequitos que les servían para ver. Preguntaron por Nemesio, mi otro hermano, como nadie les respondía sacaron a los seis adultos y los sentaron en la sala de la casa; luego ingresaron a las piezas y cocina para sacar a la demás gente. En uno de esos momentos logré escaparme por la parte trasera de la casa, corrí durante varios minutos hasta llegar a un punto del río Rosales, como a unos 350 metros de la casa, allí me escondí hasta que pude salir y buscar ayuda", contó Javier García, uno de los tres sobrevivientes.
El ataque ocurrió en la casa de Tulia Sixta García, de 35 años, y al parecer había muchas personas allí porque ella había convocado a familiares y vecinos a una minga para sembrar arroz. García había enviudado el 23 de mayo pasado cuando su esposo, Gonzalo Rodríguez, murió baleado por una patrulla del Grupo de Caballería Mecanizado José María Cabal, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, en un confuso episodio.
Según los militares, un informante señaló a Rodríguez como cabecilla del frente 29 de las Farc, por lo que fue capturado y se le decomisó una pistola. Lo curioso es que un informe de la Fiscalía seccional de Tumaco dice que "durante un descuido de los uniformados el sujeto emprende la huida adonde estaba el arma tirada. La coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".
Pero Sixta Tulia tenía otra versión. Contaba que iba con su esposo por una trocha del resguardo cuando fue abordada por un grupo de hombres vestidos de camuflado y encapuchados que se lo llevaron por entre el monte. Ella escuchó luego unos disparos y cuando quiso ver qué pasaba, se lo impidieron y la obligaron a salir a la carretera principal. Allí estaba el cuerpo de su marido, encorvado y con la cabeza destrozada. El cadáver sólo le fue entregado después en la morgue de Tumaco.
Convencida de que su esposo era un 'falso positivo', Sixta Tulia denunció lo que ocurrió. Por eso hoy, cuando ella y sus hijos están muertos, tanto Human Rights Watch como las organizaciones indígenas creen que la masacre pudo ser una retaliación contra ella y su familia y le pidieron al gobierno que se investigue no sólo la matanza, sino la muerte de Rodríguez, en mayo.
Tan grave sería una posible conexión entre estos dos hechos, que la Fiscalía movilizó un grupo de técnicos y fiscales que estarán durante dos semanas en la región investigando a fondo ambos episodios, y el propio director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Cristian Salazar, viajó de emergencia a la zona.
Fuentes del Ejército, por su parte, dicen tener la tranquilidad de que las inspecciones hechas hasta ahora demuestran que no había presencia de las Fuerzas Armadas en los alrededores del lugar donde se produjo la masacre. Por otro lado, muchos coinciden en descartar a la guerrilla porque en la zona específica del ataque no hace presencia. El gobernador, Antonio Navarro, manifestó públicamente que "lo que parece claro hasta ahora, es que no fueron las Farc".
La Fiscalía no tiene ninguna hipótesis todavía sobre el crimen, pues saben que los Awa están en medio de una tormenta: la disputa de rutas y territorios entre las Farc -que los han azotado con asesinatos, reclutamiento y desplazamiento- y los 'Rastrojos'. Y, como si fuera poco, los militares los siguen usando como informantes o guías.
Lo único que está claro es que la causa de la violencia que hoy se cierne sobre los Awa tiene que ver con la droga que se siembra y se mueve por sus territorios. Ellos pierden por punta y punta. Si algunos de ellos, en medio del hambre y la pobreza, se dejan seducir por el espejismo de la coca, quedan a merced de los narcotraficantes. Si enarbolan la neutralidad y se oponen al narcotráfico destruyendo siembras y laboratorio, como ha ocurrido en Cauca, también los matan.
Tan crítica es la situación, que las propias cifras oficiales hablan de que las muertes de indígenas se han duplicado. Durante el primer semestre de este año hubo 62 homicidios de indígenas, casi el doble de los que ocurrieron el año pasado. La mitad de estos ocurrieron en Nariño donde han muerto 36 de ellos, y en segundo lugar está Cauca, con nueve casos. Casi siempre el victimario son las Farc. El caso de Cauca es especialmente crítico porque los indígenas Nasa decidieron destruir todo vestigio de narcotráfico en su territorio. La Guardia Indígena está autorizada a destruir cultivos y laboratorios, lo que ya los ha convertido en objetivo militar de la guerrilla.
Ello no significa que se trate de un genocidio, ni de crímenes por razones étnicas. "En realidad la explicación es más territorial. La confrontación armada y el narcotráfico se han desplazado en el último lustro hacia el suroccidente y el Pacífico, a los departamentos de Cauca y Nariño", dice Camilo Echandía, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. En estos agrestes territorios no sólo hay mayor presencia indígena, sino una avasalladora y brutal ausencia del Estado.
Lo que es preocupante es que las estrategias del gobierno se están quedando cortas. Justamente en esta región es donde más iniciativa tiene la guerrilla. Nariño es de lejos el departamento con más campos minados, y Cauca uno de los departamentos donde más combates por iniciativa de la guerrilla se presentan. La Policía ha recibido golpes durísimos este año, como en una emboscada donde murieron 11 agentes que justamente iban a destruir un laboratorio de coca. Como si fuera poco, el narcotráfico sigue disparado, al punto de que el propio general Freddy Padilla de León dijo recientemente que el Pacífico no está controlado.
Por eso la masacre de los Awa llama la atención sobre dos puntos donde la seguridad democrática muestra sus fisuras: el Pacífico y las comunidades indígenas. El primero porque como región no tiene aún un plan exitoso de control territorial ni social por parte del Estado. Y los indígenas porque así las Farc sean hoy las que más los asesinan, las Fuerzas Armadas siguen rajadas en derechos humanos con ellos.
Publicado en
www.semana.com
La masacre de una familia de indígenas awa en Nariño tiene estremecido al país. Primero, porque seis de las 12 víctimas eran niños, incluido un bebé de apenas 6 meses. Segundo, porque en febrero esta misma comunidad indígena había sufrido una matanza de 11 personas, a cuchillo y machete, por parte de las Farc. Tercero, porque tanto líderes indígenas como organizaciones de derechos humanos creen que miembros del Ejército podrían estar vinculados a este espeluznante crimen.
La masacre ocurrió en el resguardo el Gran Rosario de Tumaco, Nariño, en la mañana del miércoles 26 de agosto. "Eran cerca de las 6 de la mañana. Los niños y varios de nosotros estábamos en la cama y las tres mujeres en la cocina. El arroz y las bebidas ya estaban hechas. A esa hora llegaron cuatro hombres vestidos de camuflado y con capuchas negras que tenían unos huequitos que les servían para ver. Preguntaron por Nemesio, mi otro hermano, como nadie les respondía sacaron a los seis adultos y los sentaron en la sala de la casa; luego ingresaron a las piezas y cocina para sacar a la demás gente. En uno de esos momentos logré escaparme por la parte trasera de la casa, corrí durante varios minutos hasta llegar a un punto del río Rosales, como a unos 350 metros de la casa, allí me escondí hasta que pude salir y buscar ayuda", contó Javier García, uno de los tres sobrevivientes.
El ataque ocurrió en la casa de Tulia Sixta García, de 35 años, y al parecer había muchas personas allí porque ella había convocado a familiares y vecinos a una minga para sembrar arroz. García había enviudado el 23 de mayo pasado cuando su esposo, Gonzalo Rodríguez, murió baleado por una patrulla del Grupo de Caballería Mecanizado José María Cabal, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, en un confuso episodio.
Según los militares, un informante señaló a Rodríguez como cabecilla del frente 29 de las Farc, por lo que fue capturado y se le decomisó una pistola. Lo curioso es que un informe de la Fiscalía seccional de Tumaco dice que "durante un descuido de los uniformados el sujeto emprende la huida adonde estaba el arma tirada. La coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".
Pero Sixta Tulia tenía otra versión. Contaba que iba con su esposo por una trocha del resguardo cuando fue abordada por un grupo de hombres vestidos de camuflado y encapuchados que se lo llevaron por entre el monte. Ella escuchó luego unos disparos y cuando quiso ver qué pasaba, se lo impidieron y la obligaron a salir a la carretera principal. Allí estaba el cuerpo de su marido, encorvado y con la cabeza destrozada. El cadáver sólo le fue entregado después en la morgue de Tumaco.
Convencida de que su esposo era un 'falso positivo', Sixta Tulia denunció lo que ocurrió. Por eso hoy, cuando ella y sus hijos están muertos, tanto Human Rights Watch como las organizaciones indígenas creen que la masacre pudo ser una retaliación contra ella y su familia y le pidieron al gobierno que se investigue no sólo la matanza, sino la muerte de Rodríguez, en mayo.
Tan grave sería una posible conexión entre estos dos hechos, que la Fiscalía movilizó un grupo de técnicos y fiscales que estarán durante dos semanas en la región investigando a fondo ambos episodios, y el propio director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Cristian Salazar, viajó de emergencia a la zona.
Fuentes del Ejército, por su parte, dicen tener la tranquilidad de que las inspecciones hechas hasta ahora demuestran que no había presencia de las Fuerzas Armadas en los alrededores del lugar donde se produjo la masacre. Por otro lado, muchos coinciden en descartar a la guerrilla porque en la zona específica del ataque no hace presencia. El gobernador, Antonio Navarro, manifestó públicamente que "lo que parece claro hasta ahora, es que no fueron las Farc".
La Fiscalía no tiene ninguna hipótesis todavía sobre el crimen, pues saben que los Awa están en medio de una tormenta: la disputa de rutas y territorios entre las Farc -que los han azotado con asesinatos, reclutamiento y desplazamiento- y los 'Rastrojos'. Y, como si fuera poco, los militares los siguen usando como informantes o guías.
Lo único que está claro es que la causa de la violencia que hoy se cierne sobre los Awa tiene que ver con la droga que se siembra y se mueve por sus territorios. Ellos pierden por punta y punta. Si algunos de ellos, en medio del hambre y la pobreza, se dejan seducir por el espejismo de la coca, quedan a merced de los narcotraficantes. Si enarbolan la neutralidad y se oponen al narcotráfico destruyendo siembras y laboratorio, como ha ocurrido en Cauca, también los matan.
Tan crítica es la situación, que las propias cifras oficiales hablan de que las muertes de indígenas se han duplicado. Durante el primer semestre de este año hubo 62 homicidios de indígenas, casi el doble de los que ocurrieron el año pasado. La mitad de estos ocurrieron en Nariño donde han muerto 36 de ellos, y en segundo lugar está Cauca, con nueve casos. Casi siempre el victimario son las Farc. El caso de Cauca es especialmente crítico porque los indígenas Nasa decidieron destruir todo vestigio de narcotráfico en su territorio. La Guardia Indígena está autorizada a destruir cultivos y laboratorios, lo que ya los ha convertido en objetivo militar de la guerrilla.
Ello no significa que se trate de un genocidio, ni de crímenes por razones étnicas. "En realidad la explicación es más territorial. La confrontación armada y el narcotráfico se han desplazado en el último lustro hacia el suroccidente y el Pacífico, a los departamentos de Cauca y Nariño", dice Camilo Echandía, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. En estos agrestes territorios no sólo hay mayor presencia indígena, sino una avasalladora y brutal ausencia del Estado.
Lo que es preocupante es que las estrategias del gobierno se están quedando cortas. Justamente en esta región es donde más iniciativa tiene la guerrilla. Nariño es de lejos el departamento con más campos minados, y Cauca uno de los departamentos donde más combates por iniciativa de la guerrilla se presentan. La Policía ha recibido golpes durísimos este año, como en una emboscada donde murieron 11 agentes que justamente iban a destruir un laboratorio de coca. Como si fuera poco, el narcotráfico sigue disparado, al punto de que el propio general Freddy Padilla de León dijo recientemente que el Pacífico no está controlado.
Por eso la masacre de los Awa llama la atención sobre dos puntos donde la seguridad democrática muestra sus fisuras: el Pacífico y las comunidades indígenas. El primero porque como región no tiene aún un plan exitoso de control territorial ni social por parte del Estado. Y los indígenas porque así las Farc sean hoy las que más los asesinan, las Fuerzas Armadas siguen rajadas en derechos humanos con ellos.
Publicado en
www.semana.com
Colombia aislada
A pesar de que Uribe tenía razón, al país no le fue bien en Unasur.
Una de las exigencias que hizo Álvaro Uribe cuando llegó a Bariloche a la cumbre de Unasur fue que la totalidad de los debates fuera transmitida en directo por televisión. Sus interlocutores accedieron y muchos observadores consideran que al Presidente le habría ido mejor si no le hubieran hecho caso. Porque a pesar del optimismo con que llegó y de la seguridad que tiene en sí mismo como expositor en circunstancias difíciles, en esta ocasión no le fue muy bien.
La verdad es que tal vez era imposible que le fuera bien. Uribe tenía la razón en términos de las preocupaciones de los colombianos, pero esas no eran las que tenían los Presidentes de los otros países de Unasur. Lo que ellos querían escuchar no era una exposición sobre los problemas domésticos del país, trágicos sin duda, sino sobre las implicaciones geopolíticas de la presencia de tropas norteamericanas en el vecindario.
Uribe trató de tranquilizarlos sobre ese punto, pero no lo logró. Su primer discurso fue una presentación sobria y bien documentada de lo que ha representado para el país el flagelo de medio siglo de violencia y recientemente del narcoterrorismo. Todo lo que dijo era verdad y dio ejemplos conmovedores de la barbarie a la que han llegado los grupos armados. Agregó que a eso se sumaba ahora un problema de consumo de estupefacientes que ponía en peligro el futuro de la juventud. Y reiteró una vez más lo que significaba que los subversivos pudieran refugiarse al otro lado de las fronteras para atacar a Colombia y regresar a la seguridad de sus guaridas en territorio extranjero. Registró su preocupación por el hecho de que ante todas esas evidencias la mayoría de los miembros de Unasur no considerara terroristas a las Farc y que en algunos casos hasta les diera tratamiento de aliados políticos.
Sobre la presencia de soldados norteamericanos en bases colombianas expresó una vez más la posición oficial del gobierno en el sentido de que no tenía propósito alguno diferente de combatir el narcoterrorismo, que no afectaba la soberanía colombiana y que no ponía en peligro a ningún país del continente.
La intervención fue escuchada con respeto, pero no pareció cambiar el punto de vista de ninguno de los presentes. Al fin y al cabo, era lo mismo que Uribe le había explicado a cada uno de ellos en la gira relámpago de hace unos días. Lo único que les importaba a ellos era el alcance de las bases. A Colombia, por el contrario, lo que le interesaba era que ese tema fuera tratado como parte de un paquete que incluyera el suministro de armas a grupos ilegales, la carrera armamentista en la región y los acuerdos militares de otros países. Pero al final de la sesión estos puntos terminaron siendo absolutamente marginales. Toda la cumbre gravitó en un punto: qué iban a hacer los gringos en Colombia.
En su segunda intervención, Uribe arremetió contra Chávez al traer a cuento sus amenazas guerreristas y su homenaje póstumo a 'Raúl Reyes'. Esto, que fue lo que más les gustó a los televidentes colombianos, fue mal recibido en Bariloche y le dio la oportunidad a Chávez de no contestar y presentarse como el moderado y el agredido, cuando siempre ha sido lo contrario. Cuando llegó el momento de la foto, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, tuvo que arrastrar a Uribe para que se uniera al grupo, pues era evidente su disgusto con lo transcurrido. Posteriormente, el gobierno reclamó un triunfo alegando que se habían conseguido algunas importantes victorias. Entre estas estaban que logró incluir en la declaración la necesidad de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas, que no se relegara a la OEA y que no se rechazó el acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, para los que vieron toda la jornada en televisión, las concesiones que obtuvo Colombia dieron la impresión de haber sido aceptadas más como contentillo que por convicción, para que Uribe no quedara en el banquillo de los acusados.
Los discursos
A pesar de que no fue una encerrona porque Colombia contaba con algunos países que querían ayudarle, ninguno de los presentes estaba dispuesto a apoyar sin reservas la versión de las bases que ofrecía Álvaro Uribe. O más aun: ninguno de los Presidentes ve con buenos ojos la presencia militar de Estados Unidos en el continente.
Unos lo decían más de frente que otros. Evo Morales, hablando no tanto como jefe de Estado sino como líder indigenista cocalero, echó una perorata primaria contra el imperialismo yanqui, teñida de lucha de clases y de reivindicaciones históricas. Fue el más radical de todos los presentes y pidió abiertamente el rechazo a cualquier presencia militar norteamericana en el continente, propuesta que no prosperó.
Hugo Chávez estuvo más moderado que de costumbre y, aunque desplegó su carisma y su buen humor, esta vez no fue la estrella del día. Su intervención, sin embargo, sí aportó un elemento nuevo para los presentes. Fue el Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos. En este se revelaba la necesidad que tenía Estados Unidos de tener acceso a algunas bases militares en Suramérica, como parte de la estrategia geopolítica de defensa nacional de ese país. Algunos apartes de ese documento impactaron en el recinto. La base de Palanquero, en Colombia, fue descrita como un punto estratégico clave para la "movilidad" de las plataformas norteamericanas. Aunque el documento no es secreto y estaba en Internet, nadie contradijo a Chávez en su afirmación de que el acuerdo tenía más alcance para Estados Unidos que la simple lucha contra el narcoterrorismo colombiano.
La impresión que el Presidente venezolano le dejó al auditorio era que la versión oficial del gobierno colombiano era solamente la mitad de la historia. Las bases obviamente van a ser utilizadas en la lucha contra el narcoterrorismo y sin duda le servirán a Colombia en ese propósito. Pero también constituían una ficha muy importante en el ajedrez geopolítico de lo que él denomina el "imperio".
Leyó párrafos y párrafos de diversos documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. La mayoría eran incomprensibles para el televidente raso. Pero también aparecían frases que aparentemente le daban la razón. Se afirmaba que desde Palanquero podían salir aviones enormes de transporte C-17 que podrían cubrir todo el continente menos el Cabo de Hornos sin tener que tanquear, se agregaba que desde ese punto de enlace también se podría llegar al África. Se registraba que en Brasil había un sitio óptimo para otro punto estratégico, que era la ciudad de Recife, pero que por la relación política que hay en la actualidad con ese país no se tiene acceso a ese lugar.
La presentación que hizo Chávez de que la cooperación de Colombia y Estados Unidos era un elemento de "la plataforma global de dominación del imperio" fue considerada exagerada por los términos utilizados, pero la connotación de que había intereses estratégicos y militares norteamericanos en el acuerdo sí caló en el auditorio.
La medalla de oro en términos de oratoria se la llevó Rafael Correa, que con verdades, medias verdades y exageraciones refutó prácticamente todos los argumentos de Uribe. Los puntos centrales de su intervención fueron que la lucha contra Estados Unidos es un fracaso y ellos son las víctimas y no los victimarios del fenómeno de la violencia en Colombia. Algunos de estos elementos no eran nuevos, pero el Presidente ecuatoriano estaba inspirado, su discurso estuvo lleno de frases efectistas, a tal punto que logró el único aplauso de toda la reunión cuando mencionó que gracias a bases militares extranjeras se pudo llevar a cabo el ataque británico contra las Malvinas en una invasión que todo el continente repudió menos Estados Unidos, el Chile de Pinochet y Colombia.
Cristina Fernández actuó más como anfitriona que como expositora de fondo, pero en lo poco concreto que dijo dio muestras de que su corazón estaba en el bando de Hugo Chávez y Correa.
Los neutrales fueron Perú, Chile y Brasil. Alan García estuvo a la altura de su reputación de gran orador. Como en el pasado y como aliado de Estados Unidos, apoyó a Colombia. Pero este apoyo fue relativo, pues le introdujo el elemento adicional de la verificación de las bases por parte de los miembros de Unasur, lo cual era casi seguro que el gobierno de Colombia no aceptaría. Michelle Bachelet estuvo neutral y amistosa, pero su intervención fue bastante floja y su exceso de diplomacia la llevó a un callejón sin salida: no dijo nada de impacto.
Y Lula, cuya nueva posición como líder de América Latina lo ha convertido en el hombre que tiene la última palabra, estuvo lúcido, profundo y constructivo. Respaldó a Colombia a través de su apoyo vehemente a la teoría del respeto a la soberanía nacional, pero agregó que para tranquilidad de todos era necesaria una garantía jurídica de Colombia y de Estados Unidos de que ninguna de las actividades llevadas a cabo desde esas bases iría más allá de las fronteras colombianas.
Tal vez su mayor aporte fue hacer una reflexión histórica sobre las relaciones de América Latina con el Primer Mundo y registrar cómo en el pasado los países latinoamericanos se tenían desconfianza los unos a los otros y para su seguridad buscaban alianzas con Estados Unidos o con Europa. Ahora, según él, hay una nueva realidad del siglo XXI, que es la solidaridad del continente y la independencia frente a potencias externas. Y, quedó claro, Brasil se va a encargar de liderar ese nuevo paradigma.
Pudo ser peor
En este último punto que tocó Lula radica el verdadero meollo del asunto. Durante el medio siglo que duró la Guerra Fría, prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos eran aliados de Estados Unidos para evitar la llegada del comunismo. La OEA fue creada precisamente para eso y su principal objetivo era evitar la expansión de la revolución cubana que tenía simpatizantes en todos los sectores de izquierda del continente y amenazaba con extenderse como una mancha de aceite.
El héroe de ese momento era Kennedy, e iniciativas como la Alianza para el Progreso lograban neutralizar en gran parte el sentimiento antiyanqui que siempre, en una u otra forma, ha estado presente en América Latina. Y que se fue engendrando en la región debido a las innumerables intervenciones militares y económicas de Estados Unidos en el continente.
En esas décadas representaba el peligro la figura rebelde de Fidel Castro, cuyas conquistas revolucionarias y carisma personal aterrorizaban a las clases dirigentes, Ese espectro pareció haberse desvanecido al desaparecer el comunismo después del colapso de la Unión Soviética y al caer el muro de Berlín.
Por lo anterior no deja de llamar la atención que la cumbre de la semana pasada en Bariloche parecía ser la gran victoria final del agonizante Fidel Castro. Como el Cid Campeador, quien derrotó a sus enemigos después de muerto, Castro en su sudadera azul debió sentirse muy satisfecho de ver a la mayoría de los jefes de Estado latinoamericanos utilizar la misma retórica antiimperialista que él creó y rechazar cualquier tipo de presencia de Estados Unidos en el continente bolivariano.
Lo paradójico de todo este viraje a la izquierda y de esta bola de nieve antiyanqui es que coincide con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, el Presidente más progresista que ha tenido Estados Unidos en la historia reciente.
Se podría decir como conclusión de la cumbre de Unasur que pudo haber sido mucho peor. Que se evitó un cruce de insultos o una condena contra Colombia. Que al final todos hablaron de paz y de solidaridad con el país. Y que sin duda alguna le fue muy bien ante los televidentes colombianos, pero ante los Presidentes que asistieron a la cumbre no tanto. La otra realidad es que Uribe salió tan aislado como había llegado. En ese contexto, sigue siendo el niño diferente. Lo que más le interesaba a Colombia, que era la condena al intervencionismo de Chávez, no sucedió y el tema prácticamente no se tocó. Hubo muchas relaciones públicas, pero no hubo cambio de puntos de vista. Uribe llegó con la razón, pero no se fue con la victoria.
Publicado en
www.semana.com
Una de las exigencias que hizo Álvaro Uribe cuando llegó a Bariloche a la cumbre de Unasur fue que la totalidad de los debates fuera transmitida en directo por televisión. Sus interlocutores accedieron y muchos observadores consideran que al Presidente le habría ido mejor si no le hubieran hecho caso. Porque a pesar del optimismo con que llegó y de la seguridad que tiene en sí mismo como expositor en circunstancias difíciles, en esta ocasión no le fue muy bien.
La verdad es que tal vez era imposible que le fuera bien. Uribe tenía la razón en términos de las preocupaciones de los colombianos, pero esas no eran las que tenían los Presidentes de los otros países de Unasur. Lo que ellos querían escuchar no era una exposición sobre los problemas domésticos del país, trágicos sin duda, sino sobre las implicaciones geopolíticas de la presencia de tropas norteamericanas en el vecindario.
Uribe trató de tranquilizarlos sobre ese punto, pero no lo logró. Su primer discurso fue una presentación sobria y bien documentada de lo que ha representado para el país el flagelo de medio siglo de violencia y recientemente del narcoterrorismo. Todo lo que dijo era verdad y dio ejemplos conmovedores de la barbarie a la que han llegado los grupos armados. Agregó que a eso se sumaba ahora un problema de consumo de estupefacientes que ponía en peligro el futuro de la juventud. Y reiteró una vez más lo que significaba que los subversivos pudieran refugiarse al otro lado de las fronteras para atacar a Colombia y regresar a la seguridad de sus guaridas en territorio extranjero. Registró su preocupación por el hecho de que ante todas esas evidencias la mayoría de los miembros de Unasur no considerara terroristas a las Farc y que en algunos casos hasta les diera tratamiento de aliados políticos.
Sobre la presencia de soldados norteamericanos en bases colombianas expresó una vez más la posición oficial del gobierno en el sentido de que no tenía propósito alguno diferente de combatir el narcoterrorismo, que no afectaba la soberanía colombiana y que no ponía en peligro a ningún país del continente.
La intervención fue escuchada con respeto, pero no pareció cambiar el punto de vista de ninguno de los presentes. Al fin y al cabo, era lo mismo que Uribe le había explicado a cada uno de ellos en la gira relámpago de hace unos días. Lo único que les importaba a ellos era el alcance de las bases. A Colombia, por el contrario, lo que le interesaba era que ese tema fuera tratado como parte de un paquete que incluyera el suministro de armas a grupos ilegales, la carrera armamentista en la región y los acuerdos militares de otros países. Pero al final de la sesión estos puntos terminaron siendo absolutamente marginales. Toda la cumbre gravitó en un punto: qué iban a hacer los gringos en Colombia.
En su segunda intervención, Uribe arremetió contra Chávez al traer a cuento sus amenazas guerreristas y su homenaje póstumo a 'Raúl Reyes'. Esto, que fue lo que más les gustó a los televidentes colombianos, fue mal recibido en Bariloche y le dio la oportunidad a Chávez de no contestar y presentarse como el moderado y el agredido, cuando siempre ha sido lo contrario. Cuando llegó el momento de la foto, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, tuvo que arrastrar a Uribe para que se uniera al grupo, pues era evidente su disgusto con lo transcurrido. Posteriormente, el gobierno reclamó un triunfo alegando que se habían conseguido algunas importantes victorias. Entre estas estaban que logró incluir en la declaración la necesidad de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas, que no se relegara a la OEA y que no se rechazó el acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, para los que vieron toda la jornada en televisión, las concesiones que obtuvo Colombia dieron la impresión de haber sido aceptadas más como contentillo que por convicción, para que Uribe no quedara en el banquillo de los acusados.
Los discursos
A pesar de que no fue una encerrona porque Colombia contaba con algunos países que querían ayudarle, ninguno de los presentes estaba dispuesto a apoyar sin reservas la versión de las bases que ofrecía Álvaro Uribe. O más aun: ninguno de los Presidentes ve con buenos ojos la presencia militar de Estados Unidos en el continente.
Unos lo decían más de frente que otros. Evo Morales, hablando no tanto como jefe de Estado sino como líder indigenista cocalero, echó una perorata primaria contra el imperialismo yanqui, teñida de lucha de clases y de reivindicaciones históricas. Fue el más radical de todos los presentes y pidió abiertamente el rechazo a cualquier presencia militar norteamericana en el continente, propuesta que no prosperó.
Hugo Chávez estuvo más moderado que de costumbre y, aunque desplegó su carisma y su buen humor, esta vez no fue la estrella del día. Su intervención, sin embargo, sí aportó un elemento nuevo para los presentes. Fue el Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos. En este se revelaba la necesidad que tenía Estados Unidos de tener acceso a algunas bases militares en Suramérica, como parte de la estrategia geopolítica de defensa nacional de ese país. Algunos apartes de ese documento impactaron en el recinto. La base de Palanquero, en Colombia, fue descrita como un punto estratégico clave para la "movilidad" de las plataformas norteamericanas. Aunque el documento no es secreto y estaba en Internet, nadie contradijo a Chávez en su afirmación de que el acuerdo tenía más alcance para Estados Unidos que la simple lucha contra el narcoterrorismo colombiano.
La impresión que el Presidente venezolano le dejó al auditorio era que la versión oficial del gobierno colombiano era solamente la mitad de la historia. Las bases obviamente van a ser utilizadas en la lucha contra el narcoterrorismo y sin duda le servirán a Colombia en ese propósito. Pero también constituían una ficha muy importante en el ajedrez geopolítico de lo que él denomina el "imperio".
Leyó párrafos y párrafos de diversos documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. La mayoría eran incomprensibles para el televidente raso. Pero también aparecían frases que aparentemente le daban la razón. Se afirmaba que desde Palanquero podían salir aviones enormes de transporte C-17 que podrían cubrir todo el continente menos el Cabo de Hornos sin tener que tanquear, se agregaba que desde ese punto de enlace también se podría llegar al África. Se registraba que en Brasil había un sitio óptimo para otro punto estratégico, que era la ciudad de Recife, pero que por la relación política que hay en la actualidad con ese país no se tiene acceso a ese lugar.
La presentación que hizo Chávez de que la cooperación de Colombia y Estados Unidos era un elemento de "la plataforma global de dominación del imperio" fue considerada exagerada por los términos utilizados, pero la connotación de que había intereses estratégicos y militares norteamericanos en el acuerdo sí caló en el auditorio.
La medalla de oro en términos de oratoria se la llevó Rafael Correa, que con verdades, medias verdades y exageraciones refutó prácticamente todos los argumentos de Uribe. Los puntos centrales de su intervención fueron que la lucha contra Estados Unidos es un fracaso y ellos son las víctimas y no los victimarios del fenómeno de la violencia en Colombia. Algunos de estos elementos no eran nuevos, pero el Presidente ecuatoriano estaba inspirado, su discurso estuvo lleno de frases efectistas, a tal punto que logró el único aplauso de toda la reunión cuando mencionó que gracias a bases militares extranjeras se pudo llevar a cabo el ataque británico contra las Malvinas en una invasión que todo el continente repudió menos Estados Unidos, el Chile de Pinochet y Colombia.
Cristina Fernández actuó más como anfitriona que como expositora de fondo, pero en lo poco concreto que dijo dio muestras de que su corazón estaba en el bando de Hugo Chávez y Correa.
Los neutrales fueron Perú, Chile y Brasil. Alan García estuvo a la altura de su reputación de gran orador. Como en el pasado y como aliado de Estados Unidos, apoyó a Colombia. Pero este apoyo fue relativo, pues le introdujo el elemento adicional de la verificación de las bases por parte de los miembros de Unasur, lo cual era casi seguro que el gobierno de Colombia no aceptaría. Michelle Bachelet estuvo neutral y amistosa, pero su intervención fue bastante floja y su exceso de diplomacia la llevó a un callejón sin salida: no dijo nada de impacto.
Y Lula, cuya nueva posición como líder de América Latina lo ha convertido en el hombre que tiene la última palabra, estuvo lúcido, profundo y constructivo. Respaldó a Colombia a través de su apoyo vehemente a la teoría del respeto a la soberanía nacional, pero agregó que para tranquilidad de todos era necesaria una garantía jurídica de Colombia y de Estados Unidos de que ninguna de las actividades llevadas a cabo desde esas bases iría más allá de las fronteras colombianas.
Tal vez su mayor aporte fue hacer una reflexión histórica sobre las relaciones de América Latina con el Primer Mundo y registrar cómo en el pasado los países latinoamericanos se tenían desconfianza los unos a los otros y para su seguridad buscaban alianzas con Estados Unidos o con Europa. Ahora, según él, hay una nueva realidad del siglo XXI, que es la solidaridad del continente y la independencia frente a potencias externas. Y, quedó claro, Brasil se va a encargar de liderar ese nuevo paradigma.
Pudo ser peor
En este último punto que tocó Lula radica el verdadero meollo del asunto. Durante el medio siglo que duró la Guerra Fría, prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos eran aliados de Estados Unidos para evitar la llegada del comunismo. La OEA fue creada precisamente para eso y su principal objetivo era evitar la expansión de la revolución cubana que tenía simpatizantes en todos los sectores de izquierda del continente y amenazaba con extenderse como una mancha de aceite.
El héroe de ese momento era Kennedy, e iniciativas como la Alianza para el Progreso lograban neutralizar en gran parte el sentimiento antiyanqui que siempre, en una u otra forma, ha estado presente en América Latina. Y que se fue engendrando en la región debido a las innumerables intervenciones militares y económicas de Estados Unidos en el continente.
En esas décadas representaba el peligro la figura rebelde de Fidel Castro, cuyas conquistas revolucionarias y carisma personal aterrorizaban a las clases dirigentes, Ese espectro pareció haberse desvanecido al desaparecer el comunismo después del colapso de la Unión Soviética y al caer el muro de Berlín.
Por lo anterior no deja de llamar la atención que la cumbre de la semana pasada en Bariloche parecía ser la gran victoria final del agonizante Fidel Castro. Como el Cid Campeador, quien derrotó a sus enemigos después de muerto, Castro en su sudadera azul debió sentirse muy satisfecho de ver a la mayoría de los jefes de Estado latinoamericanos utilizar la misma retórica antiimperialista que él creó y rechazar cualquier tipo de presencia de Estados Unidos en el continente bolivariano.
Lo paradójico de todo este viraje a la izquierda y de esta bola de nieve antiyanqui es que coincide con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, el Presidente más progresista que ha tenido Estados Unidos en la historia reciente.
Se podría decir como conclusión de la cumbre de Unasur que pudo haber sido mucho peor. Que se evitó un cruce de insultos o una condena contra Colombia. Que al final todos hablaron de paz y de solidaridad con el país. Y que sin duda alguna le fue muy bien ante los televidentes colombianos, pero ante los Presidentes que asistieron a la cumbre no tanto. La otra realidad es que Uribe salió tan aislado como había llegado. En ese contexto, sigue siendo el niño diferente. Lo que más le interesaba a Colombia, que era la condena al intervencionismo de Chávez, no sucedió y el tema prácticamente no se tocó. Hubo muchas relaciones públicas, pero no hubo cambio de puntos de vista. Uribe llegó con la razón, pero no se fue con la victoria.
Publicado en
www.semana.com
Chávez eleva la tensión con Colombia a tres días de la cumbre de Unasur
"No hay posibilidad de un retorno o un abrazo", dice el presidente venezolano
MAYE PRIMERA - Caracas - 26/08/2009
Para el presidente venezolano Hugo Chávez ya es "imposible" darse otro abrazo con su vecino, el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez. Por eso este martes dio la orden a sus ministros de prepararse para una ruptura definitiva su Gobierno. "Hay que preparar la ruptura de relaciones con Colombia, eso va a ocurrir", ha dicho Chávez este martes durante un acto oficial. "Vayámonos preparando, porque esa burguesía colombiana nos odia y ya no hay posibilidad de un retorno", agregó.
El 28 de julio pasado Chávez ya había anunciado el congelamiento de relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia, como medida de protesta contra el acuerdo suscrito por la administración de Uribe que permitirá a soldados estadounidenses utilizar bases militares colombianas. Esta ha sido la tercera vez, en los últimos cinco años, que el presidente venezolano anuncia que romperá relaciones con Colombia. Pero en esta oportunidad, su Gobierno ha tomado decisiones en el ámbito comercial que parecen indicar que esta vez habla en serio: a principios de agosto, Venezuela informó que suspendería todas las importaciones desde Colombia y que no renovaría el acuerdo energético para la venta de gasolina barata a los departamentos colombianos de la frontera. Chávez dice teer una razón de Estado que justifica estas medidas: "Esas siete bases son una declaración de guerra contra la revolución bolivariana y así lo asumimos", reiteró el martes.
Esta semana Bogotá ha acusado a Caracas de inmiscuirse en sus asuntos internos, luego de que Chávez dijera el domingo que el presidente Uribe ha tratado de "impedir que el chavismo llegue a Colombia". Chávez ha respondido el Gobierno de Colombia es "cínico e inmoral" por acusarle de injerencia.
Publicado en
www.elpais.com
MAYE PRIMERA - Caracas - 26/08/2009
Para el presidente venezolano Hugo Chávez ya es "imposible" darse otro abrazo con su vecino, el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez. Por eso este martes dio la orden a sus ministros de prepararse para una ruptura definitiva su Gobierno. "Hay que preparar la ruptura de relaciones con Colombia, eso va a ocurrir", ha dicho Chávez este martes durante un acto oficial. "Vayámonos preparando, porque esa burguesía colombiana nos odia y ya no hay posibilidad de un retorno", agregó.
El 28 de julio pasado Chávez ya había anunciado el congelamiento de relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia, como medida de protesta contra el acuerdo suscrito por la administración de Uribe que permitirá a soldados estadounidenses utilizar bases militares colombianas. Esta ha sido la tercera vez, en los últimos cinco años, que el presidente venezolano anuncia que romperá relaciones con Colombia. Pero en esta oportunidad, su Gobierno ha tomado decisiones en el ámbito comercial que parecen indicar que esta vez habla en serio: a principios de agosto, Venezuela informó que suspendería todas las importaciones desde Colombia y que no renovaría el acuerdo energético para la venta de gasolina barata a los departamentos colombianos de la frontera. Chávez dice teer una razón de Estado que justifica estas medidas: "Esas siete bases son una declaración de guerra contra la revolución bolivariana y así lo asumimos", reiteró el martes.
Esta semana Bogotá ha acusado a Caracas de inmiscuirse en sus asuntos internos, luego de que Chávez dijera el domingo que el presidente Uribe ha tratado de "impedir que el chavismo llegue a Colombia". Chávez ha respondido el Gobierno de Colombia es "cínico e inmoral" por acusarle de injerencia.
Publicado en
www.elpais.com
Una pregunta para Uribe
Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz
María Jimena Duzán
Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?
Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:
24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.
10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.
10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).
Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.
Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.
Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.
Opinión Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz
María Jimena Duzán
Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?
Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:
24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.
10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.
10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).
Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.
Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.
Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.
Publicado en
www.semana.com
María Jimena Duzán
Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?
Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:
24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.
10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.
10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).
Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.
Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.
Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.
Opinión Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz
María Jimena Duzán
Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?
Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:
24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.
10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.
10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).
Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.
Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.
Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.
Publicado en
www.semana.com
¿Qué tan culpable es Maza?
SEMANA publica las pruebas que tiene la Fiscalía para encarcelar al general retirado Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Contra todos los pronósticos, cuando el país se alistaba para dar por cerrado el caso de Luis Carlos Galán, la Fiscalía sorprendió a todo el mundo al poner tras las rejas al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, general Miguel Maza Márquez, y acusarlo de ser coautor del asesinato del candidato presidencial del Nuevo Liberalismo.
La noticia se conoció el mismo día en que se cumplían los 20 años del magnicidio y en ese momento ya sólo se puede seguir investigando penalmente los casos en los que se haya dictado medida de aseguramiento.
Algunos no podían creer que por fin se investigara qué papel jugó el DAS, tema al que extrañamente la justicia no le había metido el diente en dos décadas a pesar del cúmulo de evidencias en su contra. Otros recibieron la noticia con cierta suspicacia, la coincidencia con la conmemoración de los 20 años hizo pensar que podría haber cierto interés mediático en la decisión.
Sin embargo, al leer la medida de aseguramiento a la cual tuvo acceso SEMANA, es evidente que las nuevas pruebas recogidas este año ameritan mantener abierta la investigación para que no quede duda alguna de si Maza es o no es culpable.
Mientras el ex director del DAS era reseñado y recluido en el Centro de Estudios de la Policía, una guarnición en el norte de Bogotá, la familia Galán manifestaba su complacencia. “Mi padre lo que pidió fue que se le reforzara la seguridad y no que cambiara al jefe de escoltas, como lo hizo Maza Márquez”, dijo Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá e hijo del líder asesinado el 18 de agosto de 1989. La Procuraduría, que había urgido a la Fiscalía a detener a Maza Márquez, se pronunció en el mismo sentido.
Pero el impacto de la noticia no paró allí.El ex presidente César Gaviria, quien recogió las banderas de Galán luego de su asesinato, sorprendió al destapar una perla que tenía guardada hace dos décadas. Contó que cuando asumió la Presidencia, agentes de inteligencia de Estados Unidos le informaron de un posible vínculo de Maza con los capos del cartel de Cali. No se hicieron esperar las críticas a Gaviria por hacer apenas ahora una revelación tan grave. La más dura vino de Ernesto Samper. El también ex presidente lo recriminó por haberse reservado esa información que habría permitido orientar la investigación hacia “el rumbo que ahora se le está dando”. Según Samper, ese dato también habría impedido que la mafia infiltrara su campaña. Gaviria contraatacó con una carta en la que rechazó los dardos de su par y que remató diciendo: “Espero presidente Samper, que usted no se sume a los que aún lloran la muerte del mencionado individuo (Pablo Escobar)”.
El cambio de la escolta
¿Qué es lo que encontró la Fiscalía que dio pie a tomar una decisión tan delicada como la de detener a un ex director del DAS por un crimen que tocó las fibras más profundas de la Nación? La Fiscalía encuentra dos motivos para dictar la medida de aseguramiento contra el general Miguel Maza Márquez. El primero es su responsabilidad en el nombramiento de Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas de Luis Carlos Galán un mes antes del magnicidio, y el segundo es la supuesta relación que existía entre Maza Márquez y uno de los autores intelectuales del crimen, Henry Pérez, en ese entonces jefe paramilitar del Magdalena Medio.
Un arsenal de pruebas deja muy mal parado a Torregrosa. Tres testigos, el negro ‘Vladimir’ –Alonso Baquero, quien en 1989 era comandante del frente Gavilanes de los paras del Magdalena Medio–, Ernesto Baéz –uno de los paramilitares más veteranos del país– y ‘Popeye’ –sicario favorito de Pablo Escobar– dicen que el entonces jefe de escoltas de Galán facilitó el macabro atentado.
Todo, en la corta carrera de Torregrosa como guardaespaldas, tiene un halo de irregularidad. El 17 de julio de 1989, del DAS le informó a Galán del cambio de su jefe de escoltas. Víctor Julio Cruz, quien lo había acompañado en otras campañas, tenía ocho años de experiencia y había sido capacitado para el oficio, fue sustituido por Jacobo Torregrosa, un hombre a quien ese mismo día trasladaron de la oficina de “servicios y suministros” a la de “protección de mandatarios” y no tenía la preparación exigida para el cargo. Torregrosa era subteniente retirado de la Policía, en la hoja de vida de esa institución le aparecen sanciones, ninguna felicitación y un récord de bajo rendimiento.
Ya en su tarea de escolta de Galán sacó a dos agentes del equipo y cuando intentó sacar a otros dos, entre ellos Santiago Cuervo, el que murió en el atentado en Soacha, la famila Galán se opuso. Y esa fatídica noche, cuando era más necesario que nunca blindar al personaje, Torregrosa desmanteló el esquema de seguridad, decidió mandar a dos escoltas a una avanzada en Villeta, de tal suerte que sólo cinco compañaban en Soacha a Galán.
El negro ‘Vladimir’ aporta un detalle peculiar. Según él, algunos de los sicarios llegaron hasta la tarima de la plaza de Soacha en el carro del DAS porque no había otra manera de atravesar la multitud. “Es tan así –dice ‘Vladimir’–, que uno de los muchachos cambió el arma accidentalmente y la Uzi con que mataron a Galán era un arma del DAS y la del muchacho que iba con Rueda Rocha se quedó dentro del carro del DAS” y, según él, por esta razón Jaime Rueda Rocha, quien dirigió el atentado, cayó en desgracia con el Departamento y por eso lo detuvieron.
Unos meses después de que ‘Vladimir’ dio ese testimonio, la Fiscalía hizo un hallazgo que le da mayor credibilidad a lo dicho por el paramilitar. En un registro hecho a los archivos del DAS el 3 de junio pasado, encontraron un escrito del 22 de agosto de 1989 en el que Torregrosa decía que el día del asesinato de Galán se había perdido una Ingram 1831.
El nivel de incompetencia de Torregrosa es monumental y su comportamiento se podría interpretar como una infiltración de la mafia en la institución. Lo cual, si bien deja mal parado a Maza, no necesariamente lo implica.
Sin embargo, los conocedores se preguntan ¿cómo es posible que el general Maza Márquez haya cambiado al jefe de escoltas del hombre más amenazado del país, que tenía incluso experiencia en protección a ex presidentes, por un aparecido con dudosos antecedentes como Torregrosa? Maza dice que fue el propio Galán el que le pidió el cambio, pues, según él, Cruz le estaba generando conflictos conyugales.
Eso nadie lo puede probar. Pero lo que sí ha dicho la esposa de Galán, y lo ratifica uno de los escoltas de la época, es que hicieron una cita con Maza exclusivamente para decirle que Torregrosa no les inspiraba confianza. “Luis Carlos le manifestó su preocupación por el nuevo jefe de escoltas”. Y el general los calmó diciéndoles que era un hombre de toda su confianza.
Para el fiscal del caso, además, el general incurre en inconsistencias a la hora de hablar de Torregrosa. Como por ejemplo, en la indagatoria negó conocerlo y trató de hacer recaer la responsabilidad de su nombramiento sobre el jefe de la oficina encargada de protección. Pero no sólo su propio testimonio revela que sí lo conocía, sino que en documentos del DAS de la época está escrito que fue Maza el que pidió su nombramiento.
¿Aliado de Henry Pérez?
El segundo filón que explora la Fiscalía tiene que ver con la relación que el general Maza Márquez podía tener con Henry Pérez, uno de los autores intelectuales del magnicido. Es un argumento un poco más difícil de hilar. La Fiscalía trata de demostrar que el general y Pérez tenían algún tipo de vínculo, tal vez para compartir información. Y si bien no lo dice tajantemente, deja entrever que por ese camino se podría pensar que Maza Márquez le podría haber hecho favores a Pérez.
Sin embargo, los elementos probatorios en este capítulo no son tan contundentes. Se menciona, en primer lugar, a un sacerdote, Carlos Ciro Parra, que visitó a Maza en el búnker del DAS, como emisario de Henry Pérez. Ambos admiten la visita, pero dicen que fue por iniciativa de Parra para darle información sobre Pablo Escobar. Y en segundo lugar, varios testimonios lo involucran.
‘Ernesto Báez’ dice que cuando Jaime Rueda Rocha se fugó de la cárcel comentó que “el patrón Henry Pérez había coordinado con el DAS la colaboración para la fuga” y que esta había sido posible “gracias a que tenía consigo una grabación que comprometía a dos altos generales de la república”. Y de otro lado, contó que Henry Pérez le habló del asesinato de Galán diciéndole: “Ninguna vuelta grande podía hacerse sin el apoyo de la ley... me nombró a un señor Torregrosa del DAS, como su cómplice en el magnicidio y al entonces director del DAS general Maza Márquez que, según Rueda Rocha, había acordado con el señor Henry Pérez la vuelta, refiriéndose al homicidio de Galán”
‘Popeye’, uno de los sicarios del cartel de Medellín, también cuenta que cuando Pablo Escobar y Henry Pérez eran aliados –ellos se convirtieron en enemigos acérrimos en 1990–, Pérez tenía nexos con el general. “Maza Márquez le pidió a Henry que le entregara información de Pablo Escobar y en una ocasión montaron una ‘cocina’ falsa en una finca. Allá fueron los del DAS. Eso lo hacía Henry para tener a Maza al lado de él”.
Y por último, una declaración hasta ahora desconocida es la de un abogado de nombre Rafael Murillo Guarnizo, quien asesoraba a alias ‘28’, uno de los asistentes a la reunión en la ‘isla de la Fantasía’, donde se decidió el asesinato de Galán. Murillo cuenta que en una conversación de su cliente con otro delincuente recordaban el susto que pasaron al llevar las armas para el asesinato en Soacha desde una finca por la autopista norte de Bogotá. En medio de la charla, ‘28’ le dijo que quien les daba los datos de desplazamientos era el general Maza.
¿Qué salva a Maza?
Todo lo anterior muestra un panorama confuso, que es el que hoy tiene al general en su laberinto. Existen factores de peso para pensar que Maza puede no tener nada que ver con el asesinato de Galán, pero también hay elementos inexplicables, que son los que hoy lo tienen en el banquillo.
Pablo Escobar, en una carta que le mandó a Alberto Villamizar cuando este buscaba la liberación de su esposa, Maruja Pachón, y que fue publicada en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, lo acusó de haber sido cómplice de ese magnicidio.
Pero simultáneamente con eso, ‘Popeye’, quien no tiene por qué tenerle mucho cariño, ya que con Pablo Escobar le puso dos bombas que produjeron 100 muertos tratando de matar al general, no lo vincula a ese magnicidio. El sicario de Escobar reconoce que la infiltración al DAS de Carlos Castaño se hizo en niveles inferiores y a espaldas del director.
Igualmente lo dice Éver Rueda Rocha, el sicario que se hizo famoso porque sostenía la pancarta al lado de la tarima en la que asesinaron a Galán. El hombre le escribió a su mamá desde la prisión todos los detalles del asesinato de Galán porque sentía cerca la muerte. En efecto, un mes después, lo asesinaron. En la carta, que se ha convertido en prueba clave, incrimina directamente al director de inteligencia (B2) de la Brigada 13 del Ejército, capitán Carlos Humberto Flórez, habla de que la escolta del DAS estaba infiltrada pero no registra en forma alguna la participación de Maza en el homicidio.
El eje de todo el caso Galán-Maza puede ser que el general, para combatir a Escobar, se unió hasta con el diablo. Sus nexos con el cartel de Cali, que ahora saca a flote el ex presidente César Gaviria, están totalmente documentados en los narcocasetes del proceso 8.000. En estos, los Rodríguez Orejuela se refieren a él como “Miguel” y revelan que le dieron 40 millones para financiar su campaña.
Igualmente ‘Popeye’, en entrevista con La W, la semana pasada, reveló que Maza se alió con Henry Pérez cuando este jefe paramilitar le declaró la guerra a Escobar. Todas estas relaciones ‘non sanctas’ no dejan muy bien parado al general, aunque algunos consideran que ante la ofensiva narcoterrorista de Pablo Escobar se justificaba aliarse con cualquier elemento que permitiera acabar con esa pesadilla. Estas alianzas de guerra terminan en un nivel de empatía que puede ser comprensible dada la causa común que se compartió, pero que raya con el crimen.
Pero si existe una razón para pensar que el general Maza puede ser inocente de los cargos que se le imputan ahora, es que él no tenía ninguna motivación para acabar con la vida de Galán. Su guerra contra Pablo Escobar había sido demasiado dura para hacer posible que llegaran a ser cómplices en ese magnicidio. La última bomba que el jefe del cartel de Medellín le puso al director del DAS fue dos meses antes del asesinato del jefe del Nuevo Liberalismo. En esa ocasión el carro blindado lo salvó de milagro, pero murieron 11 personas en ese atentado en la carrera séptima de Bogotá. Pensar que 60 días después de eso pudieran haber hecho algún tipo de alianza, así no tuvieran contacto directo, no tiene mucha lógica.
Como ‘Popeye’ dijo en la entrevista, puede haber algo de exageración en la supuesta impunidad que le atribuyen algunos al asesinato de Luis Carlos Galán. Autores intelectuales como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha fueron dados de baja. Otros que participaron como Henry Pérez, los Galeano, los Moncada y Carlos Castaño, murieron en ajustes de cuentas. Autores materiales como los Rueda Rocha y los Rueda Silva fueron asesinados. El propio Torregrosa también murió. Y hasta Alberto Santofimio, al que a veces vinculan y a veces exoneran por este magnicidio, pagó tres años de cárcel. Lo cual, según ‘Popeye’, es un milagro en un país donde rige la impunidad para los de cuello blanco.
Publicado en
www.semana.com
Contra todos los pronósticos, cuando el país se alistaba para dar por cerrado el caso de Luis Carlos Galán, la Fiscalía sorprendió a todo el mundo al poner tras las rejas al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, general Miguel Maza Márquez, y acusarlo de ser coautor del asesinato del candidato presidencial del Nuevo Liberalismo.
La noticia se conoció el mismo día en que se cumplían los 20 años del magnicidio y en ese momento ya sólo se puede seguir investigando penalmente los casos en los que se haya dictado medida de aseguramiento.
Algunos no podían creer que por fin se investigara qué papel jugó el DAS, tema al que extrañamente la justicia no le había metido el diente en dos décadas a pesar del cúmulo de evidencias en su contra. Otros recibieron la noticia con cierta suspicacia, la coincidencia con la conmemoración de los 20 años hizo pensar que podría haber cierto interés mediático en la decisión.
Sin embargo, al leer la medida de aseguramiento a la cual tuvo acceso SEMANA, es evidente que las nuevas pruebas recogidas este año ameritan mantener abierta la investigación para que no quede duda alguna de si Maza es o no es culpable.
Mientras el ex director del DAS era reseñado y recluido en el Centro de Estudios de la Policía, una guarnición en el norte de Bogotá, la familia Galán manifestaba su complacencia. “Mi padre lo que pidió fue que se le reforzara la seguridad y no que cambiara al jefe de escoltas, como lo hizo Maza Márquez”, dijo Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá e hijo del líder asesinado el 18 de agosto de 1989. La Procuraduría, que había urgido a la Fiscalía a detener a Maza Márquez, se pronunció en el mismo sentido.
Pero el impacto de la noticia no paró allí.El ex presidente César Gaviria, quien recogió las banderas de Galán luego de su asesinato, sorprendió al destapar una perla que tenía guardada hace dos décadas. Contó que cuando asumió la Presidencia, agentes de inteligencia de Estados Unidos le informaron de un posible vínculo de Maza con los capos del cartel de Cali. No se hicieron esperar las críticas a Gaviria por hacer apenas ahora una revelación tan grave. La más dura vino de Ernesto Samper. El también ex presidente lo recriminó por haberse reservado esa información que habría permitido orientar la investigación hacia “el rumbo que ahora se le está dando”. Según Samper, ese dato también habría impedido que la mafia infiltrara su campaña. Gaviria contraatacó con una carta en la que rechazó los dardos de su par y que remató diciendo: “Espero presidente Samper, que usted no se sume a los que aún lloran la muerte del mencionado individuo (Pablo Escobar)”.
El cambio de la escolta
¿Qué es lo que encontró la Fiscalía que dio pie a tomar una decisión tan delicada como la de detener a un ex director del DAS por un crimen que tocó las fibras más profundas de la Nación? La Fiscalía encuentra dos motivos para dictar la medida de aseguramiento contra el general Miguel Maza Márquez. El primero es su responsabilidad en el nombramiento de Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas de Luis Carlos Galán un mes antes del magnicidio, y el segundo es la supuesta relación que existía entre Maza Márquez y uno de los autores intelectuales del crimen, Henry Pérez, en ese entonces jefe paramilitar del Magdalena Medio.
Un arsenal de pruebas deja muy mal parado a Torregrosa. Tres testigos, el negro ‘Vladimir’ –Alonso Baquero, quien en 1989 era comandante del frente Gavilanes de los paras del Magdalena Medio–, Ernesto Baéz –uno de los paramilitares más veteranos del país– y ‘Popeye’ –sicario favorito de Pablo Escobar– dicen que el entonces jefe de escoltas de Galán facilitó el macabro atentado.
Todo, en la corta carrera de Torregrosa como guardaespaldas, tiene un halo de irregularidad. El 17 de julio de 1989, del DAS le informó a Galán del cambio de su jefe de escoltas. Víctor Julio Cruz, quien lo había acompañado en otras campañas, tenía ocho años de experiencia y había sido capacitado para el oficio, fue sustituido por Jacobo Torregrosa, un hombre a quien ese mismo día trasladaron de la oficina de “servicios y suministros” a la de “protección de mandatarios” y no tenía la preparación exigida para el cargo. Torregrosa era subteniente retirado de la Policía, en la hoja de vida de esa institución le aparecen sanciones, ninguna felicitación y un récord de bajo rendimiento.
Ya en su tarea de escolta de Galán sacó a dos agentes del equipo y cuando intentó sacar a otros dos, entre ellos Santiago Cuervo, el que murió en el atentado en Soacha, la famila Galán se opuso. Y esa fatídica noche, cuando era más necesario que nunca blindar al personaje, Torregrosa desmanteló el esquema de seguridad, decidió mandar a dos escoltas a una avanzada en Villeta, de tal suerte que sólo cinco compañaban en Soacha a Galán.
El negro ‘Vladimir’ aporta un detalle peculiar. Según él, algunos de los sicarios llegaron hasta la tarima de la plaza de Soacha en el carro del DAS porque no había otra manera de atravesar la multitud. “Es tan así –dice ‘Vladimir’–, que uno de los muchachos cambió el arma accidentalmente y la Uzi con que mataron a Galán era un arma del DAS y la del muchacho que iba con Rueda Rocha se quedó dentro del carro del DAS” y, según él, por esta razón Jaime Rueda Rocha, quien dirigió el atentado, cayó en desgracia con el Departamento y por eso lo detuvieron.
Unos meses después de que ‘Vladimir’ dio ese testimonio, la Fiscalía hizo un hallazgo que le da mayor credibilidad a lo dicho por el paramilitar. En un registro hecho a los archivos del DAS el 3 de junio pasado, encontraron un escrito del 22 de agosto de 1989 en el que Torregrosa decía que el día del asesinato de Galán se había perdido una Ingram 1831.
El nivel de incompetencia de Torregrosa es monumental y su comportamiento se podría interpretar como una infiltración de la mafia en la institución. Lo cual, si bien deja mal parado a Maza, no necesariamente lo implica.
Sin embargo, los conocedores se preguntan ¿cómo es posible que el general Maza Márquez haya cambiado al jefe de escoltas del hombre más amenazado del país, que tenía incluso experiencia en protección a ex presidentes, por un aparecido con dudosos antecedentes como Torregrosa? Maza dice que fue el propio Galán el que le pidió el cambio, pues, según él, Cruz le estaba generando conflictos conyugales.
Eso nadie lo puede probar. Pero lo que sí ha dicho la esposa de Galán, y lo ratifica uno de los escoltas de la época, es que hicieron una cita con Maza exclusivamente para decirle que Torregrosa no les inspiraba confianza. “Luis Carlos le manifestó su preocupación por el nuevo jefe de escoltas”. Y el general los calmó diciéndoles que era un hombre de toda su confianza.
Para el fiscal del caso, además, el general incurre en inconsistencias a la hora de hablar de Torregrosa. Como por ejemplo, en la indagatoria negó conocerlo y trató de hacer recaer la responsabilidad de su nombramiento sobre el jefe de la oficina encargada de protección. Pero no sólo su propio testimonio revela que sí lo conocía, sino que en documentos del DAS de la época está escrito que fue Maza el que pidió su nombramiento.
¿Aliado de Henry Pérez?
El segundo filón que explora la Fiscalía tiene que ver con la relación que el general Maza Márquez podía tener con Henry Pérez, uno de los autores intelectuales del magnicido. Es un argumento un poco más difícil de hilar. La Fiscalía trata de demostrar que el general y Pérez tenían algún tipo de vínculo, tal vez para compartir información. Y si bien no lo dice tajantemente, deja entrever que por ese camino se podría pensar que Maza Márquez le podría haber hecho favores a Pérez.
Sin embargo, los elementos probatorios en este capítulo no son tan contundentes. Se menciona, en primer lugar, a un sacerdote, Carlos Ciro Parra, que visitó a Maza en el búnker del DAS, como emisario de Henry Pérez. Ambos admiten la visita, pero dicen que fue por iniciativa de Parra para darle información sobre Pablo Escobar. Y en segundo lugar, varios testimonios lo involucran.
‘Ernesto Báez’ dice que cuando Jaime Rueda Rocha se fugó de la cárcel comentó que “el patrón Henry Pérez había coordinado con el DAS la colaboración para la fuga” y que esta había sido posible “gracias a que tenía consigo una grabación que comprometía a dos altos generales de la república”. Y de otro lado, contó que Henry Pérez le habló del asesinato de Galán diciéndole: “Ninguna vuelta grande podía hacerse sin el apoyo de la ley... me nombró a un señor Torregrosa del DAS, como su cómplice en el magnicidio y al entonces director del DAS general Maza Márquez que, según Rueda Rocha, había acordado con el señor Henry Pérez la vuelta, refiriéndose al homicidio de Galán”
‘Popeye’, uno de los sicarios del cartel de Medellín, también cuenta que cuando Pablo Escobar y Henry Pérez eran aliados –ellos se convirtieron en enemigos acérrimos en 1990–, Pérez tenía nexos con el general. “Maza Márquez le pidió a Henry que le entregara información de Pablo Escobar y en una ocasión montaron una ‘cocina’ falsa en una finca. Allá fueron los del DAS. Eso lo hacía Henry para tener a Maza al lado de él”.
Y por último, una declaración hasta ahora desconocida es la de un abogado de nombre Rafael Murillo Guarnizo, quien asesoraba a alias ‘28’, uno de los asistentes a la reunión en la ‘isla de la Fantasía’, donde se decidió el asesinato de Galán. Murillo cuenta que en una conversación de su cliente con otro delincuente recordaban el susto que pasaron al llevar las armas para el asesinato en Soacha desde una finca por la autopista norte de Bogotá. En medio de la charla, ‘28’ le dijo que quien les daba los datos de desplazamientos era el general Maza.
¿Qué salva a Maza?
Todo lo anterior muestra un panorama confuso, que es el que hoy tiene al general en su laberinto. Existen factores de peso para pensar que Maza puede no tener nada que ver con el asesinato de Galán, pero también hay elementos inexplicables, que son los que hoy lo tienen en el banquillo.
Pablo Escobar, en una carta que le mandó a Alberto Villamizar cuando este buscaba la liberación de su esposa, Maruja Pachón, y que fue publicada en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, lo acusó de haber sido cómplice de ese magnicidio.
Pero simultáneamente con eso, ‘Popeye’, quien no tiene por qué tenerle mucho cariño, ya que con Pablo Escobar le puso dos bombas que produjeron 100 muertos tratando de matar al general, no lo vincula a ese magnicidio. El sicario de Escobar reconoce que la infiltración al DAS de Carlos Castaño se hizo en niveles inferiores y a espaldas del director.
Igualmente lo dice Éver Rueda Rocha, el sicario que se hizo famoso porque sostenía la pancarta al lado de la tarima en la que asesinaron a Galán. El hombre le escribió a su mamá desde la prisión todos los detalles del asesinato de Galán porque sentía cerca la muerte. En efecto, un mes después, lo asesinaron. En la carta, que se ha convertido en prueba clave, incrimina directamente al director de inteligencia (B2) de la Brigada 13 del Ejército, capitán Carlos Humberto Flórez, habla de que la escolta del DAS estaba infiltrada pero no registra en forma alguna la participación de Maza en el homicidio.
El eje de todo el caso Galán-Maza puede ser que el general, para combatir a Escobar, se unió hasta con el diablo. Sus nexos con el cartel de Cali, que ahora saca a flote el ex presidente César Gaviria, están totalmente documentados en los narcocasetes del proceso 8.000. En estos, los Rodríguez Orejuela se refieren a él como “Miguel” y revelan que le dieron 40 millones para financiar su campaña.
Igualmente ‘Popeye’, en entrevista con La W, la semana pasada, reveló que Maza se alió con Henry Pérez cuando este jefe paramilitar le declaró la guerra a Escobar. Todas estas relaciones ‘non sanctas’ no dejan muy bien parado al general, aunque algunos consideran que ante la ofensiva narcoterrorista de Pablo Escobar se justificaba aliarse con cualquier elemento que permitiera acabar con esa pesadilla. Estas alianzas de guerra terminan en un nivel de empatía que puede ser comprensible dada la causa común que se compartió, pero que raya con el crimen.
Pero si existe una razón para pensar que el general Maza puede ser inocente de los cargos que se le imputan ahora, es que él no tenía ninguna motivación para acabar con la vida de Galán. Su guerra contra Pablo Escobar había sido demasiado dura para hacer posible que llegaran a ser cómplices en ese magnicidio. La última bomba que el jefe del cartel de Medellín le puso al director del DAS fue dos meses antes del asesinato del jefe del Nuevo Liberalismo. En esa ocasión el carro blindado lo salvó de milagro, pero murieron 11 personas en ese atentado en la carrera séptima de Bogotá. Pensar que 60 días después de eso pudieran haber hecho algún tipo de alianza, así no tuvieran contacto directo, no tiene mucha lógica.
Como ‘Popeye’ dijo en la entrevista, puede haber algo de exageración en la supuesta impunidad que le atribuyen algunos al asesinato de Luis Carlos Galán. Autores intelectuales como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha fueron dados de baja. Otros que participaron como Henry Pérez, los Galeano, los Moncada y Carlos Castaño, murieron en ajustes de cuentas. Autores materiales como los Rueda Rocha y los Rueda Silva fueron asesinados. El propio Torregrosa también murió. Y hasta Alberto Santofimio, al que a veces vinculan y a veces exoneran por este magnicidio, pagó tres años de cárcel. Lo cual, según ‘Popeye’, es un milagro en un país donde rige la impunidad para los de cuello blanco.
Publicado en
www.semana.com
Senado aprueba referendo reeleccionista
Con 56 votos a favor y dos en contra fue aprobado el informe de conciliación del referendo que busca habilitar a Uribe para que sea candidato en 2010. Pero en la Cámara todavía es incierto el futuro del proyecto.
Este miércoles en la noche, el Senado de la República aprobó, con 56 votos a favor y dos en contra, el informe de conciliaciòn del referendo reeleccionista. El esperado debate que se pospuso desde el pasado 20 de junio cuando el Congreso dejó en vilo la conciliación de la iniciativa, duro cerca de 6 horas.
En ausencia de la oposiciòn, que argumentó que la colición uribista y el gobierno estaban derogando la Constitución de 1991 con el apoyo a otra reelección, y que despues se salió del recinto, la mayoria uribista aprobó la iniciativa que le permitiría al presidente Álvaro Uribe presentarse a unas nuevas elecciones en 2010.
Asi quedo el proyecto de Ley aprobado en el Senado, que consultará a la ciudadanía si quiere que se reforme la Constitución: “El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”.
Esta semana, tras jornadas intensas de trabajo del gabinete ministerial, de los partidos de la coalición, de lideres políticos, el gobierno consiguió 32 firmas de 50 congresistas que integraron la comisión de conciliación (18 en Senado y 14 en Cámara), cuando el proyeto parecía agonizar.
Sin embargo, los reeleccionistas todavía no pueden cantar victoria. Al proyecto le falta la aprobación en la Cámara, en dónde se augura desde ya que no va a ser nada fácil. Muestra de ello fue que este martes, esta corporación decidió levantar la sesión, lo cual no permitió radicar el informe de conciliación, por lo cual la votación del informe en la Cámara quedó para la semana entrante.
Para que el proyecto salga definitivamente del Legislativo requiere como mínimo 84 votos de los representantes que conforman la Cámara de Representantes.
La rebeldía de la Cámara
En la Cámara la mayoría de los representantes aprobó el referendo reeleccionista pero que le permitía a Uribe presentarse en 2014 a una nueva elección. Ahora la Cámara deberá volver a votar el informe, con el que varios representantes, incluso uribistas, no están de acuerdo.
La bancada de Cambio Radical en la Cámara, integrada por 17 representantes insistirá en su posición de respaldar el texto original del referendo. La oposición también alista sus estrategias para impedir que el informe de la conciliación sea votado.
Una de estas estrategias es la jurídica. Liberales y el Polo apelarán al argumento de que el nuevo presidente de la Cámara Édgar Gómez, de Convergencia Ciudadana, incurrió en una irregularidad al nombrar los reemplazos de los conciliadores que renunciaron previamente (5 en total), por lo que en su criterio el informe de conciliación está viciado.
Cuando comenzó el último año legislativo de este Congreso, este 20 de julio, Germán Navas Talero, del Polo, recusó a Gómez para que se declarara impedido para nombrar a los conciliadores. La Comisión de Ética de esta corporación negó el impedimento y Navas apeló. Pero su apelación no fue aceptada por la Cámara. No obstante, el representante del Polo puso un recurso de queja ante la mesa directiva, y sin haber sido discutido y votado en la plenaria, el presidente de la Cámara decidió nombrar a los conciliadores, lo que podría constituirse en una falta al reglamento.
La falta podría derivar en una demanda penal.
A este escollo en la Cámara se suma el hecho de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por un presunto prevaricato contra 86 congresistas que votaron el proyecto positivamente. Estos fueron denunciados por tramitar una iniciativa que todavía no cuenta con el visto bueno a la forma como fue financiada la recolección de firmas que la respaldan.
Así las cosas, los representantes tienen excusa para negarse a votar la iniciativa, o para presionar al gobierno por puestos y contratos como según varios congresistas han denunciado que está ocurriendo.
Si el informe de conciliación es votado negativamente en esta Cámara, el referendo se hunde. Falta ver qué capacidad de persuasión logra el gobierno esta vez para convencer a sus mayorías en la Cámara, que desde el pasado 20 de julio cuando eligieron la mesa directiva se mostró rebelde y rompió los acuerdos de la coalición.
La próxima semana se medirá el pulso en la Cámara. Sin embargo, todavía no está programada la sesión. Hay quienes dicen que tendrá un costo alto para el gobierno, y que este deberá hacer más de un desayuno de los que acostumbra para que el proyecto no se hunda.
Lo que falta
Si el referendo recibe el visto bueno del Congreso, pasará a la Corte Constitucional que deberá revisar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. Este Alto Tribunal deberá valorar hasta donde las denuncias por irregularidades en el trámite del proyecto, como la violación a los topes de la financiación de la recolección de firmas, pesan más que la “voluntad popular”.
La Corte Constitucional podría tardarse hasta tres meses para dar su veredicto. Después, el gobierno deberá decretar la consulta, y la Registraduría deberá organizar la logística para hacerla efectiva, lo que podría tardarse entre dos y tres meses más. Cada semana que pasa reduce la probabilidad de que los colombianos sean consultados si quieren o no una reelección.
No obstante, como está demostrado por los hechos recientes cualquier cosa pueda pasar y Uribe podría ser candidato pese a que voceros de la iglesia, sectores empresariales, integrantes de la coalición uribista y partidos como Cambio Radical, que han apoyado al gobierno, ven en una nueva reelección una amenaza para la democracia.
Publicado en
www.semana.com
Este miércoles en la noche, el Senado de la República aprobó, con 56 votos a favor y dos en contra, el informe de conciliaciòn del referendo reeleccionista. El esperado debate que se pospuso desde el pasado 20 de junio cuando el Congreso dejó en vilo la conciliación de la iniciativa, duro cerca de 6 horas.
En ausencia de la oposiciòn, que argumentó que la colición uribista y el gobierno estaban derogando la Constitución de 1991 con el apoyo a otra reelección, y que despues se salió del recinto, la mayoria uribista aprobó la iniciativa que le permitiría al presidente Álvaro Uribe presentarse a unas nuevas elecciones en 2010.
Asi quedo el proyecto de Ley aprobado en el Senado, que consultará a la ciudadanía si quiere que se reforme la Constitución: “El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”.
Esta semana, tras jornadas intensas de trabajo del gabinete ministerial, de los partidos de la coalición, de lideres políticos, el gobierno consiguió 32 firmas de 50 congresistas que integraron la comisión de conciliación (18 en Senado y 14 en Cámara), cuando el proyeto parecía agonizar.
Sin embargo, los reeleccionistas todavía no pueden cantar victoria. Al proyecto le falta la aprobación en la Cámara, en dónde se augura desde ya que no va a ser nada fácil. Muestra de ello fue que este martes, esta corporación decidió levantar la sesión, lo cual no permitió radicar el informe de conciliación, por lo cual la votación del informe en la Cámara quedó para la semana entrante.
Para que el proyecto salga definitivamente del Legislativo requiere como mínimo 84 votos de los representantes que conforman la Cámara de Representantes.
La rebeldía de la Cámara
En la Cámara la mayoría de los representantes aprobó el referendo reeleccionista pero que le permitía a Uribe presentarse en 2014 a una nueva elección. Ahora la Cámara deberá volver a votar el informe, con el que varios representantes, incluso uribistas, no están de acuerdo.
La bancada de Cambio Radical en la Cámara, integrada por 17 representantes insistirá en su posición de respaldar el texto original del referendo. La oposición también alista sus estrategias para impedir que el informe de la conciliación sea votado.
Una de estas estrategias es la jurídica. Liberales y el Polo apelarán al argumento de que el nuevo presidente de la Cámara Édgar Gómez, de Convergencia Ciudadana, incurrió en una irregularidad al nombrar los reemplazos de los conciliadores que renunciaron previamente (5 en total), por lo que en su criterio el informe de conciliación está viciado.
Cuando comenzó el último año legislativo de este Congreso, este 20 de julio, Germán Navas Talero, del Polo, recusó a Gómez para que se declarara impedido para nombrar a los conciliadores. La Comisión de Ética de esta corporación negó el impedimento y Navas apeló. Pero su apelación no fue aceptada por la Cámara. No obstante, el representante del Polo puso un recurso de queja ante la mesa directiva, y sin haber sido discutido y votado en la plenaria, el presidente de la Cámara decidió nombrar a los conciliadores, lo que podría constituirse en una falta al reglamento.
La falta podría derivar en una demanda penal.
A este escollo en la Cámara se suma el hecho de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por un presunto prevaricato contra 86 congresistas que votaron el proyecto positivamente. Estos fueron denunciados por tramitar una iniciativa que todavía no cuenta con el visto bueno a la forma como fue financiada la recolección de firmas que la respaldan.
Así las cosas, los representantes tienen excusa para negarse a votar la iniciativa, o para presionar al gobierno por puestos y contratos como según varios congresistas han denunciado que está ocurriendo.
Si el informe de conciliación es votado negativamente en esta Cámara, el referendo se hunde. Falta ver qué capacidad de persuasión logra el gobierno esta vez para convencer a sus mayorías en la Cámara, que desde el pasado 20 de julio cuando eligieron la mesa directiva se mostró rebelde y rompió los acuerdos de la coalición.
La próxima semana se medirá el pulso en la Cámara. Sin embargo, todavía no está programada la sesión. Hay quienes dicen que tendrá un costo alto para el gobierno, y que este deberá hacer más de un desayuno de los que acostumbra para que el proyecto no se hunda.
Lo que falta
Si el referendo recibe el visto bueno del Congreso, pasará a la Corte Constitucional que deberá revisar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. Este Alto Tribunal deberá valorar hasta donde las denuncias por irregularidades en el trámite del proyecto, como la violación a los topes de la financiación de la recolección de firmas, pesan más que la “voluntad popular”.
La Corte Constitucional podría tardarse hasta tres meses para dar su veredicto. Después, el gobierno deberá decretar la consulta, y la Registraduría deberá organizar la logística para hacerla efectiva, lo que podría tardarse entre dos y tres meses más. Cada semana que pasa reduce la probabilidad de que los colombianos sean consultados si quieren o no una reelección.
No obstante, como está demostrado por los hechos recientes cualquier cosa pueda pasar y Uribe podría ser candidato pese a que voceros de la iglesia, sectores empresariales, integrantes de la coalición uribista y partidos como Cambio Radical, que han apoyado al gobierno, ven en una nueva reelección una amenaza para la democracia.
Publicado en
www.semana.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)