El caso Yidis, para bailar se necesitan dos
Yidis Medina está en la cárcel. Sin embargo, el delito del cohecho, como en el tango, para que se lleve a cabo se necesitan dos. ¿Quiénes son los que supuestamente ofrecieron las prebendas?
Fecha: 04/28/2008 -
La Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura el pasado viernes 25 de abril a Yidis Medina, por el delito de cohecho que habría cometido al aceptar prebendas a cambio de votar a favor el proyecto de reelección presidencial aprobado en el 2004.
Dos días después de la orden de captura, Medina decidió ponerse a disposición de las autoridades. Este lunes fue reseñada en la Fiscalía General de la Nación y luego llevada a la Corte Suprema donde está rindiendo testimonio por el supuesto delito de cohecho.
Pocos días después del debate en la Comisión Primera de la Cámara, el representante por el Polo Germán Navas Talero denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que Yidis Medina, al igual que otros congresistas y algunos funcionarios del gobierno, habrían incurrido en el delito de cohecho. Y si bien la denuncia cayó en el olvido, fue resucitada en los últimos días por Noticias Uno, al publicar una entrevista en la cual Medina aseguró que el gobierno le había hecho ofrecimientos a cambio de su voto a favor del acto legislativo que modificó la Constitución y permitió la reelección presidencial.
El Código Penal colombiano sanciona el delito de cohecho, tanto en la persona que “recibe dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente”, como en aquella que da u ofrece esa remuneración o utilidad. Para el caso de Yidis Medina, si se demostrara el delito, y sin tener en cuenta los beneficios a los cuales se acoja como sentencia anticipada o colaboración con la justicia, sería sancionada con prisión entre cinco y nueve años, tendría que pagar 65 salarios mínimos y no podría volver a ejercer cargos públicos como mínimo por seis años.
Tras la captura de la ex congresista santandereana se espera que vengan nuevas acciones judiciales en contra de quienes participaron en este delito. Ella ha señalado al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega como quienes hicieron la promesa de la remuneración. "El cohecho es un enroque. Y ese enroque favorece a varios lados. Que cada quien saque sus conclusiones", dijo el representante Navas Talero en entrevista telefónica con Semana.com.
Navas Talero también dijo que el pasado jueves estuvo en la Corte Suprema de Justicia ampliando y ratificando la denuncia hecha en contra de Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros, luego de que dos semanas atrás la Corte Suprema anunciara que reabriría la investigación.
“Yo cumplí como todo ciudadano con el deber de denunciar. El jueves estuve en la Corte Suprema ratificando y ampliando mi denuncia. Las otras decisiones, ya las toma la Corte”, dijo el también abogado Navas Talero.
Así se aprobó la reelección
Semana.com conoció la denuncia que en su momento se hizo en contra de los congresistas y funcionarios que habrían caído en el delito de cohecho y que fue presentada por el congresista Navas Talero.
En ella se explica que antes del debate en la Comisión primera, un grupo de 16 representantes, entre los que se contaban Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hicieron una reunión en la casa de la congresista Clara Pinillos. Allí determinaron redactar una proposición para que el Acto Legislativo que promovía la reelección fuera archivado. Proposición que fue firmada por los 16 presentes y apoyada telefónicamente por otros dos congresistas.
Navas Talero, según la denuncia, le expresó a la representante Medina el miedo que le despertaba porque, siendo ella segundo renglón de Iván Díaz Mateus, se dejara presionar para cambiar el voto. Ella respondió que no lo permitiría. Al día siguiente, según dijo la denuncia, un miércoles, no se llevó a cabo el debate en la comisión debido a una reunión que se realizó en la Casa de Nariño con los integrantes que estaban a favor de aprobar la reelección, y por un problema de logística con la transmisión a través del canal del Congreso. Se citó entonces a la comisión para jueves 3 de junio a las ocho de la mañana.
Ese miércoles se conoció que el ministro de la Protección Social Diego Palacio estaba reunido a puerta cerrada en la oficina del representante Teodolindo Avendaño, hecho que quedó registrado por las cámaras de CM&, por los periodistas Rodrigo Silva de Caracol Radio, y William Acero del diario El Mundo de Medellín, entre otros medios.
En la denuncia se cuenta que tan pronto el Ministro salió de la oficina de Avendaño, el representante Navas Talero lo llevó a su despacho donde se llevó a cabo una conversación jovial en la que estuvieron presentes otros congresistas y algunos medios de comunicación. Sin embargo no se trató el tema del porqué estaba allí el ministro Palacio.
El jueves antes del debate Yidis Medina le dijo a Caracol y a RCN que ante los ofrecimientos hechos el día anterior por el gobierno para ayudar a su región había decidido cambiar su voto y que apoyaría la reelección. El resto de la historia es bastante conocido.
El Acto Legislativo salió avante, sin embargo desde ese momento quedó un manto de duda sobre la legitimidad de la aprobación. Navas Talero pidió ese día que Yidis Medina se declarara impedida y ella así lo aceptó. Sin embargo, cuando se sometió a votación los posibles impedimentos, la Comisión no consideró que Yidis estuviera impedida. Por eso votó por el sí.
La polémica sigue abierta. Será tarea de la Corte Suprema conocer que fue lo que en realidad pasó. El gobierno dijo hace poco tiempo que no compró conciencias, mientras que Yidis Medina dice tener pruebas para demostrar todo lo que ha dicho. Pero en últimas o se salvan Yidis y los que ella acusa de proponerle prebendas, o se condenan ambos, porque como en el tango para bailar se necesitan dos.
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lunes, 28 de abril de 2008
Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por soborno
Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por sobornoCaracol | Abril 28 de 2008
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Notas RelacionadasEl presidente Uribe niega que haya presionado a Yidis MedinaDenuncian amenazas contra la ex congresista Yidis MedinaServicios
Buscar temas relacionados
En este sitio Google en españolCompartirDurante más de seis horas rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia la ex congresista Yidis Medina, señalada de presuntamente haber recibido beneficios de funcionarios del gobierno nacional para cambiar a última hora su voto a favor de la reelección presidencial inmediata, en 2004.
La ex parlamentaria santandereana ingresó a las 11 de la mañana por el sótano del Palacio de Justicia de manera muy sigilosa, al punto de haber pasado inadvertida para los periodistas que la esperaban en la puerta de ingreso al parqueadero subterráneo del edificio.
Caracol Radio supo que Yidis Medina relató ante los magistrados de la Corte Suprema, de manera muy detallada, los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la aprobación del acto legislativo que modificó la Constitución del 91, para permitir la reelección presidencial inmediata en Colombia.
De acuerdo con algunos asistentes a la diligencia judicial, Medina Padilla estuvo muy tranquila durante la indagatoria, y ratificó de manera muy coherente los presuntos ofrecimientos hechos por altos funcionarios del gobierno nacional para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.
En la primera parte de la indagatoria, la ex representante santandereana mencionó los nombres que ya había revelado en las entrevistas concedidas a El Espectador y a Noticias Uno.
Entre los nombres mencionados por Yidis Medina, están los del ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez.
Caracol Radio supo que los magistrados le hicieron unas pocas preguntas a Yidis Medina, pero el interrogatorio completo a la ex parlamentaria sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación de la reelección presidencial, se hará este martes después de las dos de la tarde.
Antes de su segunda comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina y su equipo de abogados analizarán las grabaciones y los documentos que al parecer demostrarían que algunos altos funcionarios del gobierno nacional sí ofrecieron dádivas a la ex congresista, para cambiar su voto con el fin de respaldar la reelección.
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La ex parlamentaria santandereana ingresó a las 11 de la mañana por el sótano del Palacio de Justicia de manera muy sigilosa, al punto de haber pasado inadvertida para los periodistas que la esperaban en la puerta de ingreso al parqueadero subterráneo del edificio.
Caracol Radio supo que Yidis Medina relató ante los magistrados de la Corte Suprema, de manera muy detallada, los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la aprobación del acto legislativo que modificó la Constitución del 91, para permitir la reelección presidencial inmediata en Colombia.
De acuerdo con algunos asistentes a la diligencia judicial, Medina Padilla estuvo muy tranquila durante la indagatoria, y ratificó de manera muy coherente los presuntos ofrecimientos hechos por altos funcionarios del gobierno nacional para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.
En la primera parte de la indagatoria, la ex representante santandereana mencionó los nombres que ya había revelado en las entrevistas concedidas a El Espectador y a Noticias Uno.
Entre los nombres mencionados por Yidis Medina, están los del ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez.
Caracol Radio supo que los magistrados le hicieron unas pocas preguntas a Yidis Medina, pero el interrogatorio completo a la ex parlamentaria sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación de la reelección presidencial, se hará este martes después de las dos de la tarde.
Antes de su segunda comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina y su equipo de abogados analizarán las grabaciones y los documentos que al parecer demostrarían que algunos altos funcionarios del gobierno nacional sí ofrecieron dádivas a la ex congresista, para cambiar su voto con el fin de respaldar la reelección.
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Denuncian amenazas contra la ex congresista Yidis MedinaCaracol | Abril 28 de 2008
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En este sitio Google en españolCompartirEl abogado Ramón Ballesteros denunció en las últimas horas, llamadas amenazantes e insultantes contra la familia de la ex congresista, Yidis Medina, capturada por supuestamente haber recibido contraprestaciones por su voto positivo para la reelección.
"Es una preocupación que nos asiste, ayer mismo se tuvo comunicación con la unidad de derechos humanos porque a ella le daba la seguridad el Das y desde anoche fue notificada que no iba a continuar más esta asistencia", dijo el abogado.
Explicó que la familia de la señora Medina ha recibido llamadas insultantes a su celular, lo que ha hecho que la situación sea compleja.
En cuanto al proceso, Ballesteros dijo que lo que importa es ayudarle a la justicia con las versiones de Yidis, para que la Corte determine si hay que investigar a otras personas por estos hechos.
"Se trate de quien se trate es una verdad la que va a contar Yidis, fundamentada, sustentada, que junto a las pesquisas que va a hacer la Corte Suprema derivaran algunas consecuencias que tienen que ser valoradas por los magistrados", dijo el abogado.
En cuanto al apoyo en su momento a la aspiración del fiscal, Mario Iguarán, el abogado Ramón Ballesteros, dijo que lo impulso por que conoce de su experiencia e idoneidad, lo que no impedirá que separe lo uno de lo otro.
Dijo que conoció del proceso de Yidis Medina, hace 15 días cuando llego a su oficina por ser su paisana.
"Me comentó lo que estaba sucediendo semanas previas a la divulgación del video y quería que yo le hiciera un panorama de lo que pudiera llegar a suceder", agregó.
Yidis Medina permanecerá en el bunker de la Fiscalía hasta que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le defina su situación
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"Es una preocupación que nos asiste, ayer mismo se tuvo comunicación con la unidad de derechos humanos porque a ella le daba la seguridad el Das y desde anoche fue notificada que no iba a continuar más esta asistencia", dijo el abogado.
Explicó que la familia de la señora Medina ha recibido llamadas insultantes a su celular, lo que ha hecho que la situación sea compleja.
En cuanto al proceso, Ballesteros dijo que lo que importa es ayudarle a la justicia con las versiones de Yidis, para que la Corte determine si hay que investigar a otras personas por estos hechos.
"Se trate de quien se trate es una verdad la que va a contar Yidis, fundamentada, sustentada, que junto a las pesquisas que va a hacer la Corte Suprema derivaran algunas consecuencias que tienen que ser valoradas por los magistrados", dijo el abogado.
En cuanto al apoyo en su momento a la aspiración del fiscal, Mario Iguarán, el abogado Ramón Ballesteros, dijo que lo impulso por que conoce de su experiencia e idoneidad, lo que no impedirá que separe lo uno de lo otro.
Dijo que conoció del proceso de Yidis Medina, hace 15 días cuando llego a su oficina por ser su paisana.
"Me comentó lo que estaba sucediendo semanas previas a la divulgación del video y quería que yo le hiciera un panorama de lo que pudiera llegar a suceder", agregó.
Yidis Medina permanecerá en el bunker de la Fiscalía hasta que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le defina su situación
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Otro sindicalista silenciado en Colombia
Con el asesinato de Jesús Caballero, docente del Sena, van en 23 las víctimas del sindicalismo en lo que va de 2008. En la mayoría de los casos han sido asesinados por armas blancas y, la mayoría, sin amenazas previas.
Fecha: 04/23/2008 -
Tan sorprendente es el incremento de las muertes de sindicalistas en los primeros cuatro meses de 2008 en relación con el año pasado–sobre todo cuando éstas venían bajando en los años anteriores — , como la forma en que han muerto.
El último caso del que se tiene noticia es el de Jesús Caballero Ariza, docente del Sena en Sabanalarga (Atlántico) que hacía parte del sindicato de la institución. Caballero había desaparecido el 16 de abril y dos días después, sus familiares encontraron su cuerpo como NN en una fosa común. Tenía signos de tortura, rastros de heridas con machete y un tiro en la cabeza.
Según Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe preocupación por la manera como han sido muertos últimamente los sindicalistas. “Han sido atacados con arma blanca, muestran signos de tortura y eso evidencia una nueva modalidad que busca además generar terror porque cuando la otra gente ve que hubo tortura genera miedos” comenta.
Los cadáveres de los últimos sindicalistas asesinados en lo que va de 2008 dan cuenta de que han sido muertos de manera similar. Los victimarios están usando armas blancas y, muchos no habían recibido amenazas antes de morir.
Pero Caballero sí tenía su muerte anunciada. Él, como instructor de derechos humanos en su sindicato, había participado en la organización de la marcha del 6 de marzo, la misma que algunos habían tildado públicamente de haber sido promovida por las Farc. Eso acabó de poner a Caballero en la mira de sus verdugos.
Con su muerte, ya son 23 los asesinados en apenas cuatro meses que van de este año, cifra que supera en un 77 por ciento a los 10 homicidios de sindicalistas ocurridos en 2007.
El balance muestra un panorama oscuro para los docentes. Del total de sindicalistas muertos hasta la fecha, la mitad han sido maestros sindicalistas, como Caballero.
Hasta el año pasado, el descenso de muertes de sindicalistas era evidente y lo celebraban tanto el gobierno como las mismas centrales obreras. El blogger Alejandro Gaviria, incluso, reseña en su sitio un estudio académico que habla de una reducción de homicidios de sindicalistas en relación con otra población vulnerable a la violencia como periodistas y políticos.
Ese indiscutible logro para el mundo sindical está perdiéndose este año, según coinciden los líderes sindicales y como lo había anunciado recientemente Semana.com en el artículo 'Profesión peligro’. Rodríguez, el presidente CUT, teme que con el rearme de los paramilitares en las ‘Águilas Negras’ vuelva una amenaza para los sindicalistas similar a la que significaron las Auc hace apenas unos años.
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Con el asesinato de Jesús Caballero, docente del Sena, van en 23 las víctimas del sindicalismo en lo que va de 2008. En la mayoría de los casos han sido asesinados por armas blancas y, la mayoría, sin amenazas previas.
Fecha: 04/23/2008 -
Tan sorprendente es el incremento de las muertes de sindicalistas en los primeros cuatro meses de 2008 en relación con el año pasado–sobre todo cuando éstas venían bajando en los años anteriores — , como la forma en que han muerto.
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Según Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe preocupación por la manera como han sido muertos últimamente los sindicalistas. “Han sido atacados con arma blanca, muestran signos de tortura y eso evidencia una nueva modalidad que busca además generar terror porque cuando la otra gente ve que hubo tortura genera miedos” comenta.
Los cadáveres de los últimos sindicalistas asesinados en lo que va de 2008 dan cuenta de que han sido muertos de manera similar. Los victimarios están usando armas blancas y, muchos no habían recibido amenazas antes de morir.
Pero Caballero sí tenía su muerte anunciada. Él, como instructor de derechos humanos en su sindicato, había participado en la organización de la marcha del 6 de marzo, la misma que algunos habían tildado públicamente de haber sido promovida por las Farc. Eso acabó de poner a Caballero en la mira de sus verdugos.
Con su muerte, ya son 23 los asesinados en apenas cuatro meses que van de este año, cifra que supera en un 77 por ciento a los 10 homicidios de sindicalistas ocurridos en 2007.
El balance muestra un panorama oscuro para los docentes. Del total de sindicalistas muertos hasta la fecha, la mitad han sido maestros sindicalistas, como Caballero.
Hasta el año pasado, el descenso de muertes de sindicalistas era evidente y lo celebraban tanto el gobierno como las mismas centrales obreras. El blogger Alejandro Gaviria, incluso, reseña en su sitio un estudio académico que habla de una reducción de homicidios de sindicalistas en relación con otra población vulnerable a la violencia como periodistas y políticos.
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Presiones contra ex para por sus revelaciones
Ex comandante paramilitar, conocido como Zambrano, denuncia amenazas para que no ratifique sus denuncias contra políticos de Bolívar, ente los que están los senadores William Montes, Javier Cáceres, el ex gobernador Libardo Simancas y el ex alcalde Nicolás Curi.
Fecha: 04/23/2008 -
Alexis Mancilla, alias Zambrano, ex comandante militar de las Auc en los municipios de San Juan Nepomuceno, Arjona, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Marialabaja y El Guamo, ubicados en la subregión de los Montes de María, denunció hoy ante el fiscal 11 de la Unidad de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que lo han presionado para que no declare contra los políticos de Bolívar a quienes, según él, las autodefensas favorecieron en las elecciones a senado y cámara en 2002 y elecciones regionales en 2003.
Alias Zambrano había denunciado en su anterior versión que las Auc habían apoyado en el 2002 las aspiraciones de William Montes y Javier Cáceres al senado, a Libardo Simancas, a la gobernación de Bolívar y a Nicolás Curi a la alcaldía de Cartagena.
En audiencia de versión libre ante Justicia y Paz en Barranquilla, el ex paramilitar denunció, sin precisar quién, que le han pedido que no se ratifique contra los políticos de Bolívar. Dijo que le han enviado emisarios a la cárcel para que no hable y le han sugerido que es mejor "arreglar". Mancilla dijo al fiscal Jaramillo, que antes de seguir con la diligencia que estaba programada, él quería ratificar lo dicho en anteriores versiones.
El fiscal le preguntó en repetidas ocasiones por la forma en que las autodefensas ejercieron presiones sobre las poblaciones de los municipios de los Montes de María y Zambrano afirmó que él recibía órdenes de Juancho Dique, órdenes que él retransmitía a sus subordinados.
El fiscal le preguntó si se reunió con los aspirantes denunciados por él, y dijo que no, que las reuniones entre los aspirantes a senado, gobernación de Bolívar y alcaldía de Cartagena, era con el mismo Juancho Dique, comandante de la zona norte del Bloque Héroes de los Montes de María. Dijo que la orden no era explícita, ni con el arma en la cabeza, pero la población era informada a través de diversas formas a quién apoyaban las Auc.
El fiscal le preguntó si él dio orden expresa de votar por los senadores Javier Cáceres y William Montes, y dijo que sí: "Yo ordené a los hombres míos que le hicieran saber a la población los candidatos a los que estábamos apoyando". Dijo que las reuniones se hacían en un sitio conocido como Casa Loma, en Rocha, municipio de Arjona. Aclaró algunos procedimientos, como que las Auc enviaban razones con hombres de confianza, a las reuniones asistían Roger o alias Piter, hombre de confianza de Juancho Dique, quien se encuentra prófugo y se presume que está en Venezuela.
El fiscal también le preguntó si se hacía una distribución territorial de la población para que votaran por uno u otro candidato, y dijo que no porque ellos tenían control sobre la zona y si los candidatos que apoyaban no eran elegidos, sabían que no habían acatado sus órdenes y eso les obligaba a pensar en que no tenían el control de la zona.
El control había sido adquirido inicialmente de manera militar y posteriormente desarrollaban acciones sociales de beneficio para la población (mejoras de vías, arreglo de puentes, arreglo de escuelas y puestos de salud), lo que aumentaba su autoridad y credibilidad. Dijo que el único municipio que se les salió de las manos fue El Guamo. A la pregunta de la Procuradora, Marta Choperena sobre la certeza que tenía de que los elegidos habían sido gracias a la presión o apoyo de ellos, dijo porque ellos tenían el control en todo Bolívar y nadie salía elegido sin su apoyo.
“¿Quiénes ganaron en la zona controlada por usted?”, preguntó el fiscal. No dudó en afirmar que Montes y Cáceres. En el caso de la elección del gobernador Libardo Simancas (2004 – 2007), dijo que la orden de votar fue de él mismo y venía de Juancho Dique. Afirmación que coincide con la de otro excomandante urbano, Eugenio José Reyes Regino, alias Geño, quien denunció ante la Fiscalía que él había estado en una reunión con su comandante Juancho Dique y unos políticos de Bolívar para votar por Libardo Simancas a la gobernación.
No sólo eso, también afirmó que le prestó seguridad y acompañamiento y fue él mismo a los pueblos de lo zona norte a entregarle recursos a los candidatos a alcaldías y concejos municipales de Arjona, Turbaco, Turbana, Soplaviento y Arenal entre otros. Alias Geño se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla y también dijo a SEMANA que a la cárcel lo han ido a visitar para que cambie su versión o no se ratifique en lo dicho en su denuncia del 16 de julio de 2007.
Simancas derrotó en el 2003 a Alfonso López Cossio y desde su elección se ha dicho que fue respaldado económicamente por Enilse López Romero, alias la Gata, máxima empresaria del negocio de apuestas conocido como el chance en Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena. Acusación que Simancas ha negado.
Alias Geño, en reunión con SEMANA en la cárcel de Ternera, había dicho que inicialmente las Auc iban a votar por López Cossio, pero la señora Enilse López entregó un dinero a Juancho Dique y a otros comandantes para que votaran por Simancas, quien mantuvo en su gabinete una alta cuota de representantes oriundos de Magangué, población donde está el epicentro de los negocios de Enilse López, quien reside en Barranquilla y tiene detención domiciliaria por un presunto lavado de activos.
En cuanto al apoyo brindado al polémico ex alcalde Nicolás Curi, Zambrano dijo que él había recibido una llamada del ex comandante urbano de Cartagena, alias Piter, quien le consultó si podía apoyar a Curi, ante lo cual Zambrano le dijo: "hágale". Zambrano continuará su versión esta tarde, la cual se prolongará hasta el viernes.
En este momento William Montes está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, por haber firmado el Pacto de Ralito y su suegro Nicolás Curi tiene condena del Tribunal Superior de Barranquilla por prevaricato.
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Ex comandante paramilitar, conocido como Zambrano, denuncia amenazas para que no ratifique sus denuncias contra políticos de Bolívar, ente los que están los senadores William Montes, Javier Cáceres, el ex gobernador Libardo Simancas y el ex alcalde Nicolás Curi.
Fecha: 04/23/2008 -
Alexis Mancilla, alias Zambrano, ex comandante militar de las Auc en los municipios de San Juan Nepomuceno, Arjona, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Marialabaja y El Guamo, ubicados en la subregión de los Montes de María, denunció hoy ante el fiscal 11 de la Unidad de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que lo han presionado para que no declare contra los políticos de Bolívar a quienes, según él, las autodefensas favorecieron en las elecciones a senado y cámara en 2002 y elecciones regionales en 2003.
Alias Zambrano había denunciado en su anterior versión que las Auc habían apoyado en el 2002 las aspiraciones de William Montes y Javier Cáceres al senado, a Libardo Simancas, a la gobernación de Bolívar y a Nicolás Curi a la alcaldía de Cartagena.
En audiencia de versión libre ante Justicia y Paz en Barranquilla, el ex paramilitar denunció, sin precisar quién, que le han pedido que no se ratifique contra los políticos de Bolívar. Dijo que le han enviado emisarios a la cárcel para que no hable y le han sugerido que es mejor "arreglar". Mancilla dijo al fiscal Jaramillo, que antes de seguir con la diligencia que estaba programada, él quería ratificar lo dicho en anteriores versiones.
El fiscal le preguntó en repetidas ocasiones por la forma en que las autodefensas ejercieron presiones sobre las poblaciones de los municipios de los Montes de María y Zambrano afirmó que él recibía órdenes de Juancho Dique, órdenes que él retransmitía a sus subordinados.
El fiscal le preguntó si se reunió con los aspirantes denunciados por él, y dijo que no, que las reuniones entre los aspirantes a senado, gobernación de Bolívar y alcaldía de Cartagena, era con el mismo Juancho Dique, comandante de la zona norte del Bloque Héroes de los Montes de María. Dijo que la orden no era explícita, ni con el arma en la cabeza, pero la población era informada a través de diversas formas a quién apoyaban las Auc.
El fiscal le preguntó si él dio orden expresa de votar por los senadores Javier Cáceres y William Montes, y dijo que sí: "Yo ordené a los hombres míos que le hicieran saber a la población los candidatos a los que estábamos apoyando". Dijo que las reuniones se hacían en un sitio conocido como Casa Loma, en Rocha, municipio de Arjona. Aclaró algunos procedimientos, como que las Auc enviaban razones con hombres de confianza, a las reuniones asistían Roger o alias Piter, hombre de confianza de Juancho Dique, quien se encuentra prófugo y se presume que está en Venezuela.
El fiscal también le preguntó si se hacía una distribución territorial de la población para que votaran por uno u otro candidato, y dijo que no porque ellos tenían control sobre la zona y si los candidatos que apoyaban no eran elegidos, sabían que no habían acatado sus órdenes y eso les obligaba a pensar en que no tenían el control de la zona.
El control había sido adquirido inicialmente de manera militar y posteriormente desarrollaban acciones sociales de beneficio para la población (mejoras de vías, arreglo de puentes, arreglo de escuelas y puestos de salud), lo que aumentaba su autoridad y credibilidad. Dijo que el único municipio que se les salió de las manos fue El Guamo. A la pregunta de la Procuradora, Marta Choperena sobre la certeza que tenía de que los elegidos habían sido gracias a la presión o apoyo de ellos, dijo porque ellos tenían el control en todo Bolívar y nadie salía elegido sin su apoyo.
“¿Quiénes ganaron en la zona controlada por usted?”, preguntó el fiscal. No dudó en afirmar que Montes y Cáceres. En el caso de la elección del gobernador Libardo Simancas (2004 – 2007), dijo que la orden de votar fue de él mismo y venía de Juancho Dique. Afirmación que coincide con la de otro excomandante urbano, Eugenio José Reyes Regino, alias Geño, quien denunció ante la Fiscalía que él había estado en una reunión con su comandante Juancho Dique y unos políticos de Bolívar para votar por Libardo Simancas a la gobernación.
No sólo eso, también afirmó que le prestó seguridad y acompañamiento y fue él mismo a los pueblos de lo zona norte a entregarle recursos a los candidatos a alcaldías y concejos municipales de Arjona, Turbaco, Turbana, Soplaviento y Arenal entre otros. Alias Geño se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla y también dijo a SEMANA que a la cárcel lo han ido a visitar para que cambie su versión o no se ratifique en lo dicho en su denuncia del 16 de julio de 2007.
Simancas derrotó en el 2003 a Alfonso López Cossio y desde su elección se ha dicho que fue respaldado económicamente por Enilse López Romero, alias la Gata, máxima empresaria del negocio de apuestas conocido como el chance en Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena. Acusación que Simancas ha negado.
Alias Geño, en reunión con SEMANA en la cárcel de Ternera, había dicho que inicialmente las Auc iban a votar por López Cossio, pero la señora Enilse López entregó un dinero a Juancho Dique y a otros comandantes para que votaran por Simancas, quien mantuvo en su gabinete una alta cuota de representantes oriundos de Magangué, población donde está el epicentro de los negocios de Enilse López, quien reside en Barranquilla y tiene detención domiciliaria por un presunto lavado de activos.
En cuanto al apoyo brindado al polémico ex alcalde Nicolás Curi, Zambrano dijo que él había recibido una llamada del ex comandante urbano de Cartagena, alias Piter, quien le consultó si podía apoyar a Curi, ante lo cual Zambrano le dijo: "hágale". Zambrano continuará su versión esta tarde, la cual se prolongará hasta el viernes.
En este momento William Montes está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, por haber firmado el Pacto de Ralito y su suegro Nicolás Curi tiene condena del Tribunal Superior de Barranquilla por prevaricato.
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Uribe: Yo no me reuní con paramilitares
Ni la justicia ni la prensa le habían dado mayor importancia al testimonio de un preso que involucró al presidente Uribe con la masacre del Aro, en Antioquia. Sin embargo, el primer mandatario ha salido con vehemencia a rechazar su veracidad.
Fecha: 04/23/2008 -
Un testimonio, que fue ofrecido por un preso a fiscales de la unidad de Derechos Humanos y se filtró a diferentes medios de comunicación, asegura que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, supuestamente había estado en una reunión previa a la masacre del Aro con varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
Este delicado testimonio andaba rondando en las últimas semanas por las salas de redacción y los pasillos de la justicia pero nadie le había dado la suficiente credibilidad para hacerlo público o darle trámite judicial. No obstante en una entrevista con Caracol, esta mañana, sin explicar muy bien por qué, el presidente Uribe hizo público el testimonio y sus detalles y, negó que fuera cierto.
El testimonio en cuestión es de Francisco Enrique Villalba Hernández, paramilitar condenado por la masacre en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, y que dejó 19 muertos en octubre del 97, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento.
Según él, el entonces gobernador Uribe supuestamente había participado en una reunión en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde se habrían pulido los detalles de una operación para rescatar a ocho secuestrados en manos de las guerrillas, que luego terminó en la masacre. También asevera Villalba que cuando regresaron, habiendo liberado a los secuestrados, el gobernador Uribe los felicitó.
Villalba, quien era conocido con el alias de Cristian Barreto, dijo que en esa reunión además habrían participado el General Hernando Manosalva, quien fue comandante de la IV Brigada; el General Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares entre noviembre de 2003 y agosto de 2006; el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional en la época de la masacre; el mayor de la policía Luis Guillermo Parra Niño, entonces director de la Policía en Montería; Santiago Uribe, hermano del presidente, y de quien Villalba dice que habría prestado veinte paramilitares para la masacre; y el presidente Uribe. Por las autodefensas, según Villalba, habrían participado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, ambos condenados por esta masacre.
En las declaraciones del Presidente a Caracol Radio, donde hizo mención del testimonio de Villalba, dice que nunca ha visitado la Caucana y que desde Semana Santa ha venido recogiendo datos para demostrar que no estuvo en la reunión mencionada y que se pueden mirar las bitácoras de vuelo del helicóptero en el cual se movilizaba.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sería la encargada de investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente, le informaron a Semana.com, que no se tiene conocimiento del caso ni se han compulsado copias de la Fiscalía para que se inicien las averiguaciones respectivas.
El vicefiscal Eduardo Mendoza Diago le había informado a esta revista hace varios días que la declaración de Villalba estaba siendo verificada antes de tomar una decisión sobre si había indicios suficientes para compulsar copias a otros entes judiciales. Sin embargo, hace más de un mes, por error, la propia la Fiscalía había compulsado copias de este testimonio a la Corte Suprema de Justicia, institución que las devolvió de inmediato argumentando que no tenía competencia para este caso.
Tampoco los medios de comunicación estuvieron interesados en darle espacio a una versión bastante dudosa, de un paramilitar condenado a 70 años por su participación en dos masacres, y quien en su momento no contó lo que ahora dice constarle. SEMANA habló con Villalba.
Esta son algunas de sus inconsistencias.
1. Villalba dice que en la reunión estuvieron los generales Manosalva y Ospina. Para la fecha de la reunión Manosalva había muerto y sólo después de su muerte Ospina llegó a la IV Brigada, procedente del Meta. Al preguntarle por esta inconsistencia, Villalba aseguró que había una reunión de la cúpula militar y por eso asistieron varios generales.
2. Nunca antes en el proceso Villalba había mencionado ni la reunión con Uribe, ni la liberación de los supuestos secuestrados. Habida cuenta que su condena se produjo hace más de cinco años ¿por qué no ofreció en su momento esta información a cambio de rebaja de pena, y ahora lo hace con ese objetivo?
3. Villalba no es reconocido por las víctimas de la masacre como alguien con alto rango en las autodefensas. De hecho comandaba, según su propio testimonio, a 22 hombres. Difícilmente alguien de tan baja jerarquía en la organización criminal sería testigo de una reunión tan delicada como la que plantea.
4. Si bien Villalba ha sido un testigo clave y de probada veracidad en algunos procesos por masacres, su testimonio también ha sido inconsistente en casos como el de Jaime Garzón.
¿Qué busca Villalba al dar esta versión diez años después, a pesar de haber sido testigo en decenas de procesos? ¿Por qué su declaración sale en este momento? Esas son preguntas que la Fiscalía tendrá que indagar. En todo caso, esto como todos los testimonios que llegan a manos de los investigadores seguramente será verificado y compulsadas las copias que haya lugar.
También queda la duda de por qué el Presidente resolvió salir públicamente a defenderse de unas acusaciones de un convicto, a las hasta ahora nadie les había dado mayor importancia.
www.semana.com
Ni la justicia ni la prensa le habían dado mayor importancia al testimonio de un preso que involucró al presidente Uribe con la masacre del Aro, en Antioquia. Sin embargo, el primer mandatario ha salido con vehemencia a rechazar su veracidad.
Fecha: 04/23/2008 -
Un testimonio, que fue ofrecido por un preso a fiscales de la unidad de Derechos Humanos y se filtró a diferentes medios de comunicación, asegura que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, supuestamente había estado en una reunión previa a la masacre del Aro con varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
Este delicado testimonio andaba rondando en las últimas semanas por las salas de redacción y los pasillos de la justicia pero nadie le había dado la suficiente credibilidad para hacerlo público o darle trámite judicial. No obstante en una entrevista con Caracol, esta mañana, sin explicar muy bien por qué, el presidente Uribe hizo público el testimonio y sus detalles y, negó que fuera cierto.
El testimonio en cuestión es de Francisco Enrique Villalba Hernández, paramilitar condenado por la masacre en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, y que dejó 19 muertos en octubre del 97, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento.
Según él, el entonces gobernador Uribe supuestamente había participado en una reunión en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde se habrían pulido los detalles de una operación para rescatar a ocho secuestrados en manos de las guerrillas, que luego terminó en la masacre. También asevera Villalba que cuando regresaron, habiendo liberado a los secuestrados, el gobernador Uribe los felicitó.
Villalba, quien era conocido con el alias de Cristian Barreto, dijo que en esa reunión además habrían participado el General Hernando Manosalva, quien fue comandante de la IV Brigada; el General Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares entre noviembre de 2003 y agosto de 2006; el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional en la época de la masacre; el mayor de la policía Luis Guillermo Parra Niño, entonces director de la Policía en Montería; Santiago Uribe, hermano del presidente, y de quien Villalba dice que habría prestado veinte paramilitares para la masacre; y el presidente Uribe. Por las autodefensas, según Villalba, habrían participado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, ambos condenados por esta masacre.
En las declaraciones del Presidente a Caracol Radio, donde hizo mención del testimonio de Villalba, dice que nunca ha visitado la Caucana y que desde Semana Santa ha venido recogiendo datos para demostrar que no estuvo en la reunión mencionada y que se pueden mirar las bitácoras de vuelo del helicóptero en el cual se movilizaba.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sería la encargada de investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente, le informaron a Semana.com, que no se tiene conocimiento del caso ni se han compulsado copias de la Fiscalía para que se inicien las averiguaciones respectivas.
El vicefiscal Eduardo Mendoza Diago le había informado a esta revista hace varios días que la declaración de Villalba estaba siendo verificada antes de tomar una decisión sobre si había indicios suficientes para compulsar copias a otros entes judiciales. Sin embargo, hace más de un mes, por error, la propia la Fiscalía había compulsado copias de este testimonio a la Corte Suprema de Justicia, institución que las devolvió de inmediato argumentando que no tenía competencia para este caso.
Tampoco los medios de comunicación estuvieron interesados en darle espacio a una versión bastante dudosa, de un paramilitar condenado a 70 años por su participación en dos masacres, y quien en su momento no contó lo que ahora dice constarle. SEMANA habló con Villalba.
Esta son algunas de sus inconsistencias.
1. Villalba dice que en la reunión estuvieron los generales Manosalva y Ospina. Para la fecha de la reunión Manosalva había muerto y sólo después de su muerte Ospina llegó a la IV Brigada, procedente del Meta. Al preguntarle por esta inconsistencia, Villalba aseguró que había una reunión de la cúpula militar y por eso asistieron varios generales.
2. Nunca antes en el proceso Villalba había mencionado ni la reunión con Uribe, ni la liberación de los supuestos secuestrados. Habida cuenta que su condena se produjo hace más de cinco años ¿por qué no ofreció en su momento esta información a cambio de rebaja de pena, y ahora lo hace con ese objetivo?
3. Villalba no es reconocido por las víctimas de la masacre como alguien con alto rango en las autodefensas. De hecho comandaba, según su propio testimonio, a 22 hombres. Difícilmente alguien de tan baja jerarquía en la organización criminal sería testigo de una reunión tan delicada como la que plantea.
4. Si bien Villalba ha sido un testigo clave y de probada veracidad en algunos procesos por masacres, su testimonio también ha sido inconsistente en casos como el de Jaime Garzón.
¿Qué busca Villalba al dar esta versión diez años después, a pesar de haber sido testigo en decenas de procesos? ¿Por qué su declaración sale en este momento? Esas son preguntas que la Fiscalía tendrá que indagar. En todo caso, esto como todos los testimonios que llegan a manos de los investigadores seguramente será verificado y compulsadas las copias que haya lugar.
También queda la duda de por qué el Presidente resolvió salir públicamente a defenderse de unas acusaciones de un convicto, a las hasta ahora nadie les había dado mayor importancia.
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Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
23-Abril-2008
Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
Notimex
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
mvg
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
www.exonline.com
Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
Notimex
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
mvg
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
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Abril 23 de 2008
Presidente denuncia que un supuesto testigo lo involucraría en la masacre del Aro
Según un ex 'para' de Sucre, ahora preso, Uribe se reunió con Mancuso y los generales Ospina, Rosso José Serrano y Manosalva para planear la incursión en Ituango (Antioquia), en octubre de 1997.
En entrevista con Radio Caracol, el Presidente reveló el testimonio del supuesto testigo, y subrayó que en él existen inconsistencias.
"Esa reunión supuestamente es en un noviembre y el general Manosalva había muerto en un abril", explicó el mandatario.
También reveló que el supuesto testigo entregó como prueba una lista con números celulares con prefijos que no existían en la época, cuando despegaba esa telefonía en el país.
Agregó que en Semana Santa le pidió a sus abogados que recolectaran las bitácoras de sus viajes como Gobernador de Antioquia y como Presidente, para demostrar que nunca había ido a La Caucana, donde dice el testigo se realizó la reunión. "Yo nunca me pude mover por tierra", agregó.
"Desde el año 88 la fuerza publica sabe a dónde he ido yo, a dónde he dormido y con quién me he reunido", se defendió.
En la masacre del Aro murieron 15 campesinos. Una década después, ni el pueblo ni los familiares de las víctimas han podido recuperarse.
www.eltiempo.com
Presidente denuncia que un supuesto testigo lo involucraría en la masacre del Aro
Según un ex 'para' de Sucre, ahora preso, Uribe se reunió con Mancuso y los generales Ospina, Rosso José Serrano y Manosalva para planear la incursión en Ituango (Antioquia), en octubre de 1997.
En entrevista con Radio Caracol, el Presidente reveló el testimonio del supuesto testigo, y subrayó que en él existen inconsistencias.
"Esa reunión supuestamente es en un noviembre y el general Manosalva había muerto en un abril", explicó el mandatario.
También reveló que el supuesto testigo entregó como prueba una lista con números celulares con prefijos que no existían en la época, cuando despegaba esa telefonía en el país.
Agregó que en Semana Santa le pidió a sus abogados que recolectaran las bitácoras de sus viajes como Gobernador de Antioquia y como Presidente, para demostrar que nunca había ido a La Caucana, donde dice el testigo se realizó la reunión. "Yo nunca me pude mover por tierra", agregó.
"Desde el año 88 la fuerza publica sabe a dónde he ido yo, a dónde he dormido y con quién me he reunido", se defendió.
En la masacre del Aro murieron 15 campesinos. Una década después, ni el pueblo ni los familiares de las víctimas han podido recuperarse.
www.eltiempo.com
Reconoce embajador colombiano falta de pruebas contra Lucía
Señala que su país esperará los resultados de las investigaciones sobre los antecedentes de los mexicanos
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Explica política de Álvaro Uribe 2008-04-19
Las dos caras de Álvaro Uribe 2008-04-18
Morett: el presidente colombiano es narco 2008-04-18
Colombia: denuncian nexo narco-poder 2008-04-17
Revelan que Lucía Morett viajó a Nicaragua 2008-04-16
Defiende Ecuador a mexicanos en campamento de FARC 2008-04-16
Continúa pendiente asilo político a Lucía Morett en Ecuador 2008-04-15
Niega Lucía Morett ser contacto de las FARC en México 2008-04-14
Denuncian a Lucía Morett ante PGR por terrorismo internacional 2008-04-11
Urge Calderón esclarecer muerte de mexicanos en Ecuador 2008-04-11
Interroga PGR a Lucía Morett 2008-04-10
Contempla Lucía Morett tercera opción para pedir asilo 2008-04-10
Agradece Lucía Morett a Correa que salvara su vida 2008-04-10
Postergan salida de mexicana Lucía Morett de hospital de Quito 2008-04-04
Lucía Morett será testigo protegido 2008-04-04
Decide Lucía Morett quedarse en Ecuador 2008-04-03
Autorizan a Lucía Morett salir de hospital en Ecuador 2008-04-03
Piden condena enérgica por mexicanos muertos en Ecuador 2008-04-01
‘Eres una linda hembra’, decían soldados a Lucía Morett 2008-03-31
SRE envía carta a padres de Morett 2008-03-31
Colombia no contempla indemnizar a familiares 2008-03-29
Video exhibe supuestamente a Lucía Morett vestida con ropa camuflada 2008-03-28
Manda Lucía Morett carta a simpatizantes de AMLO 2008-03-25
‘Lavaban’ 1 mdd al mes enlaces narco-FARC 2008-03-19
Rinde testimonio mexicana Lucía Morett en Quito 2008-03-11
Afirma padre de Lucía Morett que su hija es una civil 2008-03-07
Viajan a Ecuador padres de Lucía Morett 2008-03-06
Da seguimiento SRE a salud de Lucía Morett en Quito 2008-03-05
Carta de la UNAM sobre Lucía Morett y la crisis andina 2008-03-05
Carta de apoyo de Universidad de Chapingo a Lucía Morett 2008-03-05
Carece SSP federal de información sobre Lucía Morett 2008-03-04
Afirman que padre de Lucía Morett viajó a Ecuador 2008-03-04
Miércoles 23 de abril de 2008
El gobierno de Colombia carece de elementos para afirmar que la mexicana Lucía Morett y los cuatro estudiantes que murieron en un ataque a un campamento de las FARC en Ecuador, hayan cometido actos guerrilleros, reconoció el embajador de ese país en México, Luis Camilo Osorio Isaza.
Sin embargo, mencionó que se debe esperar a que las investigaciones avancen para tener resultados claros para ambos países sobre los antecedentes de los mexicanos que se encontraban en el campamento rebelde.
En entrevista, al término de la inauguración del Congreso "El sistema de justicia penal en México. Retos y perspectivas", subrayó que se debe permitir actuar a la justicia, pues a la fecha la investigación está en el nivel del acopio de evidencias, que deberán evaluar autoridades mexicanas y colombianas.
Sostuvo que la indagación al respecto "es una responsabilidad que le corresponde a la autoridad mexicana, nosotros no tenemos elementos, pero en lo que resulten las evidencias, nosotros tenemos la idea de compartir la información desde el punto de vista investigativo y judicial con México".
El diplomático negó que el cambio de residencia de Lucía Morett, quien sobrevivió al ataque contra la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora se encuentra en Nicaragua, entorpezca la investigación.
Osorio Isaza recalcó que se deben esperar los resultados de las investigaciones y "no trabajar sobre hipótesis que forman parte de las circunstancias que se están investigando, como la forma en que ingresaron los mexicanos (a Ecuador), cuándo y con qué objetivo".
Sobre la supuesta participación de mexicanos en el financiamiento a las FARC, manifestó que "en este momento, todas las cuestiones que conducen a establecer actividades criminales, tienen que ser objeto del pronunciamiento de la justicia. Yo no les podría adelantar nada".
A su vez, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, informó que Colombia tiene una indagatoria, pero hasta ahora "no ha solicitado mayores elementos para una declaración".
Indicó que en el exterior Morett Alvarez no tiene averiguaciones en curso, ni órdenes de aprehensión, ni es reclamada para una investigación.
Santiago Vasconcelos agregó que desconoce cuál es su situación jurídica en lo que hace a la investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)".
www.eluniversal.com.mx
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Carta de apoyo de Universidad de Chapingo a Lucía Morett 2008-03-05
Carece SSP federal de información sobre Lucía Morett 2008-03-04
Afirman que padre de Lucía Morett viajó a Ecuador 2008-03-04
Miércoles 23 de abril de 2008
El gobierno de Colombia carece de elementos para afirmar que la mexicana Lucía Morett y los cuatro estudiantes que murieron en un ataque a un campamento de las FARC en Ecuador, hayan cometido actos guerrilleros, reconoció el embajador de ese país en México, Luis Camilo Osorio Isaza.
Sin embargo, mencionó que se debe esperar a que las investigaciones avancen para tener resultados claros para ambos países sobre los antecedentes de los mexicanos que se encontraban en el campamento rebelde.
En entrevista, al término de la inauguración del Congreso "El sistema de justicia penal en México. Retos y perspectivas", subrayó que se debe permitir actuar a la justicia, pues a la fecha la investigación está en el nivel del acopio de evidencias, que deberán evaluar autoridades mexicanas y colombianas.
Sostuvo que la indagación al respecto "es una responsabilidad que le corresponde a la autoridad mexicana, nosotros no tenemos elementos, pero en lo que resulten las evidencias, nosotros tenemos la idea de compartir la información desde el punto de vista investigativo y judicial con México".
El diplomático negó que el cambio de residencia de Lucía Morett, quien sobrevivió al ataque contra la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora se encuentra en Nicaragua, entorpezca la investigación.
Osorio Isaza recalcó que se deben esperar los resultados de las investigaciones y "no trabajar sobre hipótesis que forman parte de las circunstancias que se están investigando, como la forma en que ingresaron los mexicanos (a Ecuador), cuándo y con qué objetivo".
Sobre la supuesta participación de mexicanos en el financiamiento a las FARC, manifestó que "en este momento, todas las cuestiones que conducen a establecer actividades criminales, tienen que ser objeto del pronunciamiento de la justicia. Yo no les podría adelantar nada".
A su vez, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, informó que Colombia tiene una indagatoria, pero hasta ahora "no ha solicitado mayores elementos para una declaración".
Indicó que en el exterior Morett Alvarez no tiene averiguaciones en curso, ni órdenes de aprehensión, ni es reclamada para una investigación.
Santiago Vasconcelos agregó que desconoce cuál es su situación jurídica en lo que hace a la investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)".
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Las autoridades colombianas capturan al primo de Uribe
Las autoridades colombianas capturan al primo de Uribe
La detención se produce tras el rechazo de Costa Rica a conceder asilo al senador Mario Uribe, relacionado con los paramilitares
ÁLVARO MURILLO / AGENCIAS - San José / Bogotá - 23/04/2008
Las autoridades de Colombia han detenido en Bogotá al ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente colombiano, Alvaro Uribe, acusado de presuntos nexos con paramilitares. Uribe Escobar había solicitado asilo político en la embajada de Costa Rica, pero el país centroamericano rechazó la solicitud.
"Es improcedente", ha contestado el Gobierno de Óscar Arias, al considerar que Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente colombiano y estrecho colaborador de éste, debe afrontar en Colombia el proceso legal y la captura preventiva que dirige la Fiscalía. "La histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada", agrega el comunicado oficial.
La Fiscalía colombiana ha explicado en un comunicado que Uribe Escobar es investigado debido las reuniones que mantuvo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en noviembre de 1998. La detención del primo del presidente es sin derecho a fianza, según la Fiscalía.
Mancuso fue jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares en virtud de un proceso de paz del Gobierno de Álvaro Uribe.
El ex presidente del Congreso afronta un proceso por "concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley", según fuentes judiciales. Uribe Escobar es uno de los 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de legisladores y políticos con las AUC, y de ellos 32 están detenidos.
El abogado defensor del ex senador y ex presidente del Congreso, José del Carmen, en declaraciones a Caracol Radio, ha indicado que Mario Uribe se encontraba dentro de la Embajada de Costa Rica en Bogotá y añadido que será el propio primo del presidente quien entregará a la embajadora costarricense los argumentos que alega en su petición de asilo político.
La mayoría de los investigados, 54, pertenecen a formaciones de la coalición del Gobierno en el Congreso, y todas ellas respaldaron la reelección de Uribe en los comicios de 2006. En el momento del inicio de la causa, Uribe Escobar ocupaba un escaño en el Senado, al que renunció a comienzos de octubre del año pasado para que su caso quedara en manos de la Fiscalía General y no de la CSJ, que asume los casos de funcionarios con fuero.
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La detención se produce tras el rechazo de Costa Rica a conceder asilo al senador Mario Uribe, relacionado con los paramilitares
ÁLVARO MURILLO / AGENCIAS - San José / Bogotá - 23/04/2008
Las autoridades de Colombia han detenido en Bogotá al ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente colombiano, Alvaro Uribe, acusado de presuntos nexos con paramilitares. Uribe Escobar había solicitado asilo político en la embajada de Costa Rica, pero el país centroamericano rechazó la solicitud.
"Es improcedente", ha contestado el Gobierno de Óscar Arias, al considerar que Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente colombiano y estrecho colaborador de éste, debe afrontar en Colombia el proceso legal y la captura preventiva que dirige la Fiscalía. "La histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada", agrega el comunicado oficial.
La Fiscalía colombiana ha explicado en un comunicado que Uribe Escobar es investigado debido las reuniones que mantuvo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en noviembre de 1998. La detención del primo del presidente es sin derecho a fianza, según la Fiscalía.
Mancuso fue jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares en virtud de un proceso de paz del Gobierno de Álvaro Uribe.
El ex presidente del Congreso afronta un proceso por "concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley", según fuentes judiciales. Uribe Escobar es uno de los 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de legisladores y políticos con las AUC, y de ellos 32 están detenidos.
El abogado defensor del ex senador y ex presidente del Congreso, José del Carmen, en declaraciones a Caracol Radio, ha indicado que Mario Uribe se encontraba dentro de la Embajada de Costa Rica en Bogotá y añadido que será el propio primo del presidente quien entregará a la embajadora costarricense los argumentos que alega en su petición de asilo político.
La mayoría de los investigados, 54, pertenecen a formaciones de la coalición del Gobierno en el Congreso, y todas ellas respaldaron la reelección de Uribe en los comicios de 2006. En el momento del inicio de la causa, Uribe Escobar ocupaba un escaño en el Senado, al que renunció a comienzos de octubre del año pasado para que su caso quedara en manos de la Fiscalía General y no de la CSJ, que asume los casos de funcionarios con fuero.
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"A Ingrid hay que soltarla ya"
"A Ingrid hay que soltarla ya"
La senadora colombiana Piedad Córdoba medió con las FARC y presenció la liberación de los últimos rehenes. Desde hace tiempo, lucha por que su Gobierno alcance un acuerdo basado en el intercambio de insurgentes presos por civiles secuestrados.
YOLANDA GUERRERO - Madrid - 23/04/2008
La senadora Piedad Córdoba (Medellín, 1955) se declara infatigable en su búsqueda de la paz en Colombia. Fue mediadora ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presenció las recientes liberaciones de rehenes (entre ellos se encontraba Clara Rojas, compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt) y ha viajado por medio mundo (incluido EE UU, donde ha visitado a dirigentes guerrilleros presos como Simón Trinidad y Sonia) en su búsqueda de un acuerdo negociado con el Gobierno de su país para lograr el canje de insurgentes presos por civiles secuestrados.
La senadora Piedad Córdoba (Medellín, 1955) se declara infatigable en su búsqueda de la paz en Colombia. Fue mediadora ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presenció las recientes liberaciones de rehenes (entre ellos se encontraba Clara Rojas, compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt) y ha viajado por medio mundo (incluido EE UU, donde ha visitado a dirigentes guerrilleros presos como Simón Trinidad y Sonia) en su búsqueda de un acuerdo negociado con el Gobierno de su país para lograr el canje de insurgentes presos por civiles secuestrados.
Esta semana, el destino de Córdoba (líder del ala izquierdista del opositor Partido Liberal) ha sido España, uno de los países amigos del proceso de negociación entre Bogotá y las FARC.
En Madrid y sobre este asunto habló el lunes con la secretaria de Estado para Iberoamérica de España, Trinidad Jiménez. Porque sólo le quedan las conversaciones oficiales, con interlocutores legítimos, después de que el presidente de su país, Álvaro Uribe, desautorizara su mediación y la del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la guerrilla.
Pregunta. ¿Cómo ve la distante Europa algo tan complejo como los contactos de una senadora con un grupo guerrillero que opera en la selva?
Respuesta. Con desinformación. Y no por casualidad ni por falta de elementos de juicio. Es una desinformación dirigida, para privilegiar una política de guerra y no la búsqueda de una solución negociada. Hay cierta impotencia, uno no sabe cómo llegar hasta aquí...
P. ¿Por qué rechazan las FARC los papeles que Francia y España intentan asumir como interlocutores en el diálogo de paz?
R. El asesinato de Raúl Reyes, que era una especie de canciller que recibía a las delegaciones de la negociación, supuso un golpe mortal a la confianza de las FARC en el Gobierno colombiano. Los guerrilleros aceptaron ir al lugar donde se suponía que se iban a reunir, porque confiaban en que Francia estaba actuando con discreción y con las mínimas garantías. Y creían que al Gobierno no le movía el ánimo de identificar dónde estaban para matarlos, sino para consolidar la entrega de Ingrid Betancourt. Por eso, desde entonces rechazan la mediación de Francia, España y la Iglesia católica. Francia ha sido la gran perjudicada, porque incluso ha enviado un avión, con los costes políticos que eso tiene, pero no significa que no se pueda continuar.
P. ¿De verdad cree que se puede?
R. Una de las estrategias del Gobierno consiste en vender al mundo la idea de que la guerrilla no quiere continuar, en demonizar a las FARC para avanzar en la política de guerra. Y lo que hay que lograr es la liberación de los secuestrados. Hay que recuperar el papel de España y Francia. Hay que recomponerlo todo y creo que no es demasiado tarde.
P. A veces, desde este lado, se percibe una oleada de pesimismo, de que es un proceso sin meta de llegada.
R. Y, sin embargo, hay mucha gente que, como yo, aspira a que tenga solución. Una de las vías más rápidas para conseguirlo es el acuerdo humanitario. Y, antes de eso, lograr la liberación de civiles, para, a partir de ahí, avanzar hacia cosas importantes.
P. ¿Más importantes que la liberación de rehenes?
R. Por ejemplo, erradicar el secuestro como instrumento de presión política, el uso de armas no convencionales... Y, por otro, que acaben las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Si Colombia se pone esa meta de aquí a diciembre, avanzaremos enormemente.
P. ¿Y cuál sería el primer paso a dar por el interlocutor oficial, el Gobierno?
R. Debería hacer un gesto de buena voluntad. Las fotos que ahora están en la Casa de América (en Madrid, en solidaridad con los secuestrados) se tienen gracias a dos mujeres que ahora están detenidas sin motivo. Una de ellas, de 20 años, tiene lupus y puede morir en cuestión de meses. La otra está embarazada y le han descubierto un cáncer maligno. Ambas están encarceladas, porque las acusan del secuestro de 16 personas. Pero su único delito es haber aportado pruebas de vida de esos 16 rehenes. Al parecer, en su pueblo les pidieron el favor de que entregaran un paquete en un determinado lugar, y en ese paquete iban las pruebas de vida. Ahora se enfrentan a una condena de entre 40 y 60 años. Por eso, así como yo exijo a las FARC la liberación de todas las personas que tienen como rehenes, también pido al Gobierno que libere a esas dos mujeres.
P. ¿Y cree que las FARC tienen un auténtico ánimo de diálogo?
R. Yo sé que las FARC no son un conjunto de arcángeles, pero sí sé que hay voluntad de liberar gente. La prueba está en que ya hay siete liberados. Pero si esto se oculta, la gente percibe que las FARC no tienen voluntad y que la única salida es la intervención militar. Y hay quien dice: "Pues que se sacrifique la familia de Ingrid, porque si toca que la maten, que la maten. Que maten a todos los rehenes, con tal de que maten a todos los guerrilleros". Y ésta es una conclusión muy poco ética. Si se habla, se puede.
P. Usted ha realizado una de las labores más comprometidas para una política de profesión. ¿Cómo se negocia con la guerrilla?
R. En los últimos 10 años, desde que se levantó la zona del Caguán durante el fracaso de la negociación emprendida bajo el Gobierno de Andrés Pastrana), no ha habido ninguna conversación y esto es muy lamentable. En estos 10 años no se ha acabado la guerrilla ni el narcotráfico. Y lo que es peor: ahora hay un proyecto paramilitar infiltrado en el Congreso en proporciones alarmantes. Jamás pudimos imaginar que llegaríamos a tener 32 congresistas en la cárcel y 62 investigados, en un caso (el de la parapolítica) que posiblemente llegue hasta la misma mesa directiva del Congreso. Si la única causa del problema de Colombia son las FARC, ¿por qué tenemos una sociedad tan corrupta? Hay cuatro millones de desplazados internos, 30.000 desaparecidos, 5.000 fosas comunes, cuatro millones de hectáreas robadas a los campesinos por los paramilitares? ¿Que cómo se negocia? Principalmente, no cerrando la puerta al diálogo. Pero no a nivel personal, porque la negociación se puede convertir en una tertulia. El Gobierno tiene que nombrar mediadores para reconstruir la confianza de las FARC.
P. ¿Ha continuado usted en contacto con la guerrilla, a pesar de la desautorización de Uribe?
R. No, porque ya no tengo la confianza del presidente. El Gobierno venezolano puede hablar con quien quiera, pero yo no. Más aun: acaba de salir un decreto por el cual, si alguien habla con las FARC, incurre en un delito de concierto para delinquir. Pero yo también tengo un mandato de los familiares de las víctimas. Por eso busco que se reactiven los canales de comunicación.
P. ¿Y Hugo Chávez?
R. No lo sé, pero creo que no. La gente cree que Hugo Chávez se beneficia de su papel en el acuerdo humanitario, pero es al contrario. El conflicto colombiano se ha regionalizado de forma preocupante. Por ejemplo, las fumigaciones en la frontera con Ecuador han causado daños enormes al país vecino, aunque fue tras el 1 de marzo [día en que murió Raúl Reyes] cuando el deterioro de las relaciones se hizo público. Además, muchos paramilitares se han adueñado de regiones enteras en la zona costera de Ecuador, algunos incluso se han entrenado en la zona boliviana de Santa Cruz para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales? Es decir, en este momento, los países vecinos empiezan a exigir una solución al conflicto colombiano, porque todos sufren las consecuencias.
Panamá acaba de encarcelar a seis de las FARC, y cuando Mireya Moscoso era presidenta hubo un gran desplazamiento de campesinos desde el Chocó (los echaron los paramilitares para poder plantar palma africana en sus tierras) a Panamá y no recibieron un tratamiento humanitario: los devolvieron y muchos murieron o desaparecieron. El conflicto colombiano se ha hecho inmanejable para los demás países de la zona. Colombia se ha vuelto un vecino incómodo.
P. El secuestro de Ingrid Betancourt también se ha internacionalizado. ¿No cree que hay una cierta manipulación de su inmenso dolor por parte de la guerrilla, del Gobierno de Bogotá e incluso de la comunidad internacional?
R. Sin la más mínima duda. Yo estuve secuestrada [por los paramilitares] y sé que la retención es muy dura: me disolvió la familia, me envió al exilio, mi hija estuvo desaparecida? Alguien que ha pasado por todo esto no puede pensar que Ingrid está bien de salud. Seis años retenida, sin sus hijos y sabiendo que su madre también sufre es muy duro. Pero creo que no está en las pésimas condiciones de salud que dicen. El Gobierno de Uribe dijo que se iba a morir y permitió que Francia enviase un avión sólo para tapar un escándalo político, porque el mismo día en que dijeron que Ingrid se moría habían apresado a tres parlamentarios colombianos acusados de relación con los paramilitares. Fue algo escandaloso. Hay una auténtica manipulación. Si yo tuviera la oportunidad de hablar ahora con las FARC, les explicaría que esto está siendo utilizado políticamente de la manera más perversa, descarada y cínica. A Ingrid hay que soltarla ya.
P. ¿Y por qué no lo hacen?
R. En enero hubo una reunión de los abogados de Simón Trinidad (encarcelado en EE UU) e Iván Márquez (dirigente de las FARC), conocida por el Departamento de Estado de Washington. Yo no estuve porque ya no estaba facultada por el Gobierno, pero sí supe que se explicó a las FARC cómo era la situación después de la condena a 60 años impuesta a Trinidad. Las cosas iban muy bien para la liberación de uno de los gringos secuestrados. Y en ese paquete iba también Ingrid. Pero todo quedó abortado por lo sucedido el 1 de marzo.
P. ¿Cómo dibuja usted el futuro del proceso de paz si Uribe resultase reelegido en 2010?
R. Veo complicado que eso llegue a suceder, porque a Uribe cada vez le resulta más difícil ocultar la crisis de la implicación con los paramilitares. ¡Pero si hay partidos que han desaparecido porque toda su gente está en la cárcel! Incluso su socio y primo Mario Uribe, cuya detención fue ordenada ayer, está siendo investigado. En realidad, Uribe está buscando una salida para todos los involucrados, porque los que están en la cárcel no están dispuestos a pagar solos por lo ocurrido. Tiene una papa caliente en las manos. Ya no es una crisis que se pueda arreglar y eso va a afectar a la reelección. Lo que tiene que decidir ahora es si va a pasar a la historia como el presidente del paramilitarismo o el presidente del acuerdo humanitario.
P. ¿Y usted? ¿Se plantea aspirar a la presidencia de Colombia?
R. En absoluto. Soy consciente de que en este momento soy una figura que polariza. Yo no soy de las FARC ni he sido guerrillera. Pero soy el personaje con el índice más alto de impopularidad en la historia de Colombia, según las encuestas. Curiosamente, no lo es (el jefe paramilitar Salvatore) Mancuso, que fue recibido en el Congreso como un héroe; incluso le cerraron las principales vías de Bogotá para que comprara sus zapatos Ferragamo de última moda. A mí me apedrean y me insultan. Hasta hay consignas para "matar a Piedad Córdoba". Pero para mí es mucho más importante trabajar en el acuerdo humanitario. Si aspirase a la presidencia, no podría decir las cosas que digo ni trabajar con tanta dedicación. Y tendría que negociar cosas que no estoy dispuesta a negociar.
"Pásemelo y lo saludo?. Y eso fue todo"
En noviembre del año pasado, un oscuro y aún misterioso episodio ensombreció las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para la liberación de rehenes: el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció por sorpresa que la senadora Piedad Córdoba y el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, quedaban desautorizados por su Gobierno para entablar contactos con los insurgentes. La razón: acusaba a su colega venezolano de entablar contactos con el Ejército de Colombia. Córdoba lo explica desde su papel de actriz principal: "El 12 de octubre, en una reunión celebrada en Paraguachón, durante la inauguración de una planta de gas en la Guajira, pedimos a Uribe garantías para llevar a Caracas a Iván Márquez, el interlocutor designado por las FARC. Pero el presidente se negó y dijo que viajara 'como Piedad, sin salvoconducto', porque pensaba seguir bombardeando la zona insurgente. Nosotros aceptamos arriesgarnos en ese escenario, pero llegó un momento en que Chávez dijo a Uribe que renunciaba a la mediación. 'Álvaro, yo me retiro y no pasa absolutamente nada. Yo salgo y le digo a los periodistas que hasta aquí llega mi mediación, porque no quiero que terminemos enfrentados', le dijo. Pero Uribe le rogó que permaneciera y precisó: 'No quiero que por el tema de las FARC los dos países nos enfrentemos. Si hay algo que no nos guste, lo primero, antes que terminar la mediación, nos reunimos'. ¡Y un mes después nos echó!"¿Por qué? "Fue culpa mía. A mí me recomendó el ex presidente (Ernesto) Samper que buscara sectores de opinión importantes para contar cómo iban las cosas, porque el Gobierno podía romper el diálogo en cualquier momento. Yo llamé a varios medios de comunicación y a la Iglesia, y el 21 de septiembre pedí una reunión con el ministro de Defensa (el general Mario Montoya) para decirle que sin el Ejército no era posible un proceso de paz en el país. Hablé con el ministro en una reunión muy tensa. A la vuelta de un viaje a París, yo venía hablando (por teléfono) con el general Montoya y Chávez me dijo: 'Pásemelo y lo saludo'. Y eso fue todo". ¿Y eso fue todo? Antes, dicen que Uribe había advertido a su homólogo: "Hugo, no me llames a los generales, porque se me vuelven chavistas". ¿De verdad que eso fue todo? "Chávez sólo le preguntó cuántos soldados y policías estaban en manos de las FARC. Y lo saludó cordialmente", contesta Córdoba. Y añade: "Creo que el Gobierno nunca tuvo la intención de negociar. Lo que no se imaginó fue que nosotros nos aplicáramos tan fuerte".
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La senadora colombiana Piedad Córdoba medió con las FARC y presenció la liberación de los últimos rehenes. Desde hace tiempo, lucha por que su Gobierno alcance un acuerdo basado en el intercambio de insurgentes presos por civiles secuestrados.
YOLANDA GUERRERO - Madrid - 23/04/2008
La senadora Piedad Córdoba (Medellín, 1955) se declara infatigable en su búsqueda de la paz en Colombia. Fue mediadora ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presenció las recientes liberaciones de rehenes (entre ellos se encontraba Clara Rojas, compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt) y ha viajado por medio mundo (incluido EE UU, donde ha visitado a dirigentes guerrilleros presos como Simón Trinidad y Sonia) en su búsqueda de un acuerdo negociado con el Gobierno de su país para lograr el canje de insurgentes presos por civiles secuestrados.
La senadora Piedad Córdoba (Medellín, 1955) se declara infatigable en su búsqueda de la paz en Colombia. Fue mediadora ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presenció las recientes liberaciones de rehenes (entre ellos se encontraba Clara Rojas, compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt) y ha viajado por medio mundo (incluido EE UU, donde ha visitado a dirigentes guerrilleros presos como Simón Trinidad y Sonia) en su búsqueda de un acuerdo negociado con el Gobierno de su país para lograr el canje de insurgentes presos por civiles secuestrados.
Esta semana, el destino de Córdoba (líder del ala izquierdista del opositor Partido Liberal) ha sido España, uno de los países amigos del proceso de negociación entre Bogotá y las FARC.
En Madrid y sobre este asunto habló el lunes con la secretaria de Estado para Iberoamérica de España, Trinidad Jiménez. Porque sólo le quedan las conversaciones oficiales, con interlocutores legítimos, después de que el presidente de su país, Álvaro Uribe, desautorizara su mediación y la del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la guerrilla.
Pregunta. ¿Cómo ve la distante Europa algo tan complejo como los contactos de una senadora con un grupo guerrillero que opera en la selva?
Respuesta. Con desinformación. Y no por casualidad ni por falta de elementos de juicio. Es una desinformación dirigida, para privilegiar una política de guerra y no la búsqueda de una solución negociada. Hay cierta impotencia, uno no sabe cómo llegar hasta aquí...
P. ¿Por qué rechazan las FARC los papeles que Francia y España intentan asumir como interlocutores en el diálogo de paz?
R. El asesinato de Raúl Reyes, que era una especie de canciller que recibía a las delegaciones de la negociación, supuso un golpe mortal a la confianza de las FARC en el Gobierno colombiano. Los guerrilleros aceptaron ir al lugar donde se suponía que se iban a reunir, porque confiaban en que Francia estaba actuando con discreción y con las mínimas garantías. Y creían que al Gobierno no le movía el ánimo de identificar dónde estaban para matarlos, sino para consolidar la entrega de Ingrid Betancourt. Por eso, desde entonces rechazan la mediación de Francia, España y la Iglesia católica. Francia ha sido la gran perjudicada, porque incluso ha enviado un avión, con los costes políticos que eso tiene, pero no significa que no se pueda continuar.
P. ¿De verdad cree que se puede?
R. Una de las estrategias del Gobierno consiste en vender al mundo la idea de que la guerrilla no quiere continuar, en demonizar a las FARC para avanzar en la política de guerra. Y lo que hay que lograr es la liberación de los secuestrados. Hay que recuperar el papel de España y Francia. Hay que recomponerlo todo y creo que no es demasiado tarde.
P. A veces, desde este lado, se percibe una oleada de pesimismo, de que es un proceso sin meta de llegada.
R. Y, sin embargo, hay mucha gente que, como yo, aspira a que tenga solución. Una de las vías más rápidas para conseguirlo es el acuerdo humanitario. Y, antes de eso, lograr la liberación de civiles, para, a partir de ahí, avanzar hacia cosas importantes.
P. ¿Más importantes que la liberación de rehenes?
R. Por ejemplo, erradicar el secuestro como instrumento de presión política, el uso de armas no convencionales... Y, por otro, que acaben las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Si Colombia se pone esa meta de aquí a diciembre, avanzaremos enormemente.
P. ¿Y cuál sería el primer paso a dar por el interlocutor oficial, el Gobierno?
R. Debería hacer un gesto de buena voluntad. Las fotos que ahora están en la Casa de América (en Madrid, en solidaridad con los secuestrados) se tienen gracias a dos mujeres que ahora están detenidas sin motivo. Una de ellas, de 20 años, tiene lupus y puede morir en cuestión de meses. La otra está embarazada y le han descubierto un cáncer maligno. Ambas están encarceladas, porque las acusan del secuestro de 16 personas. Pero su único delito es haber aportado pruebas de vida de esos 16 rehenes. Al parecer, en su pueblo les pidieron el favor de que entregaran un paquete en un determinado lugar, y en ese paquete iban las pruebas de vida. Ahora se enfrentan a una condena de entre 40 y 60 años. Por eso, así como yo exijo a las FARC la liberación de todas las personas que tienen como rehenes, también pido al Gobierno que libere a esas dos mujeres.
P. ¿Y cree que las FARC tienen un auténtico ánimo de diálogo?
R. Yo sé que las FARC no son un conjunto de arcángeles, pero sí sé que hay voluntad de liberar gente. La prueba está en que ya hay siete liberados. Pero si esto se oculta, la gente percibe que las FARC no tienen voluntad y que la única salida es la intervención militar. Y hay quien dice: "Pues que se sacrifique la familia de Ingrid, porque si toca que la maten, que la maten. Que maten a todos los rehenes, con tal de que maten a todos los guerrilleros". Y ésta es una conclusión muy poco ética. Si se habla, se puede.
P. Usted ha realizado una de las labores más comprometidas para una política de profesión. ¿Cómo se negocia con la guerrilla?
R. En los últimos 10 años, desde que se levantó la zona del Caguán durante el fracaso de la negociación emprendida bajo el Gobierno de Andrés Pastrana), no ha habido ninguna conversación y esto es muy lamentable. En estos 10 años no se ha acabado la guerrilla ni el narcotráfico. Y lo que es peor: ahora hay un proyecto paramilitar infiltrado en el Congreso en proporciones alarmantes. Jamás pudimos imaginar que llegaríamos a tener 32 congresistas en la cárcel y 62 investigados, en un caso (el de la parapolítica) que posiblemente llegue hasta la misma mesa directiva del Congreso. Si la única causa del problema de Colombia son las FARC, ¿por qué tenemos una sociedad tan corrupta? Hay cuatro millones de desplazados internos, 30.000 desaparecidos, 5.000 fosas comunes, cuatro millones de hectáreas robadas a los campesinos por los paramilitares? ¿Que cómo se negocia? Principalmente, no cerrando la puerta al diálogo. Pero no a nivel personal, porque la negociación se puede convertir en una tertulia. El Gobierno tiene que nombrar mediadores para reconstruir la confianza de las FARC.
P. ¿Ha continuado usted en contacto con la guerrilla, a pesar de la desautorización de Uribe?
R. No, porque ya no tengo la confianza del presidente. El Gobierno venezolano puede hablar con quien quiera, pero yo no. Más aun: acaba de salir un decreto por el cual, si alguien habla con las FARC, incurre en un delito de concierto para delinquir. Pero yo también tengo un mandato de los familiares de las víctimas. Por eso busco que se reactiven los canales de comunicación.
P. ¿Y Hugo Chávez?
R. No lo sé, pero creo que no. La gente cree que Hugo Chávez se beneficia de su papel en el acuerdo humanitario, pero es al contrario. El conflicto colombiano se ha regionalizado de forma preocupante. Por ejemplo, las fumigaciones en la frontera con Ecuador han causado daños enormes al país vecino, aunque fue tras el 1 de marzo [día en que murió Raúl Reyes] cuando el deterioro de las relaciones se hizo público. Además, muchos paramilitares se han adueñado de regiones enteras en la zona costera de Ecuador, algunos incluso se han entrenado en la zona boliviana de Santa Cruz para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales? Es decir, en este momento, los países vecinos empiezan a exigir una solución al conflicto colombiano, porque todos sufren las consecuencias.
Panamá acaba de encarcelar a seis de las FARC, y cuando Mireya Moscoso era presidenta hubo un gran desplazamiento de campesinos desde el Chocó (los echaron los paramilitares para poder plantar palma africana en sus tierras) a Panamá y no recibieron un tratamiento humanitario: los devolvieron y muchos murieron o desaparecieron. El conflicto colombiano se ha hecho inmanejable para los demás países de la zona. Colombia se ha vuelto un vecino incómodo.
P. El secuestro de Ingrid Betancourt también se ha internacionalizado. ¿No cree que hay una cierta manipulación de su inmenso dolor por parte de la guerrilla, del Gobierno de Bogotá e incluso de la comunidad internacional?
R. Sin la más mínima duda. Yo estuve secuestrada [por los paramilitares] y sé que la retención es muy dura: me disolvió la familia, me envió al exilio, mi hija estuvo desaparecida? Alguien que ha pasado por todo esto no puede pensar que Ingrid está bien de salud. Seis años retenida, sin sus hijos y sabiendo que su madre también sufre es muy duro. Pero creo que no está en las pésimas condiciones de salud que dicen. El Gobierno de Uribe dijo que se iba a morir y permitió que Francia enviase un avión sólo para tapar un escándalo político, porque el mismo día en que dijeron que Ingrid se moría habían apresado a tres parlamentarios colombianos acusados de relación con los paramilitares. Fue algo escandaloso. Hay una auténtica manipulación. Si yo tuviera la oportunidad de hablar ahora con las FARC, les explicaría que esto está siendo utilizado políticamente de la manera más perversa, descarada y cínica. A Ingrid hay que soltarla ya.
P. ¿Y por qué no lo hacen?
R. En enero hubo una reunión de los abogados de Simón Trinidad (encarcelado en EE UU) e Iván Márquez (dirigente de las FARC), conocida por el Departamento de Estado de Washington. Yo no estuve porque ya no estaba facultada por el Gobierno, pero sí supe que se explicó a las FARC cómo era la situación después de la condena a 60 años impuesta a Trinidad. Las cosas iban muy bien para la liberación de uno de los gringos secuestrados. Y en ese paquete iba también Ingrid. Pero todo quedó abortado por lo sucedido el 1 de marzo.
P. ¿Cómo dibuja usted el futuro del proceso de paz si Uribe resultase reelegido en 2010?
R. Veo complicado que eso llegue a suceder, porque a Uribe cada vez le resulta más difícil ocultar la crisis de la implicación con los paramilitares. ¡Pero si hay partidos que han desaparecido porque toda su gente está en la cárcel! Incluso su socio y primo Mario Uribe, cuya detención fue ordenada ayer, está siendo investigado. En realidad, Uribe está buscando una salida para todos los involucrados, porque los que están en la cárcel no están dispuestos a pagar solos por lo ocurrido. Tiene una papa caliente en las manos. Ya no es una crisis que se pueda arreglar y eso va a afectar a la reelección. Lo que tiene que decidir ahora es si va a pasar a la historia como el presidente del paramilitarismo o el presidente del acuerdo humanitario.
P. ¿Y usted? ¿Se plantea aspirar a la presidencia de Colombia?
R. En absoluto. Soy consciente de que en este momento soy una figura que polariza. Yo no soy de las FARC ni he sido guerrillera. Pero soy el personaje con el índice más alto de impopularidad en la historia de Colombia, según las encuestas. Curiosamente, no lo es (el jefe paramilitar Salvatore) Mancuso, que fue recibido en el Congreso como un héroe; incluso le cerraron las principales vías de Bogotá para que comprara sus zapatos Ferragamo de última moda. A mí me apedrean y me insultan. Hasta hay consignas para "matar a Piedad Córdoba". Pero para mí es mucho más importante trabajar en el acuerdo humanitario. Si aspirase a la presidencia, no podría decir las cosas que digo ni trabajar con tanta dedicación. Y tendría que negociar cosas que no estoy dispuesta a negociar.
"Pásemelo y lo saludo?. Y eso fue todo"
En noviembre del año pasado, un oscuro y aún misterioso episodio ensombreció las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para la liberación de rehenes: el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció por sorpresa que la senadora Piedad Córdoba y el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, quedaban desautorizados por su Gobierno para entablar contactos con los insurgentes. La razón: acusaba a su colega venezolano de entablar contactos con el Ejército de Colombia. Córdoba lo explica desde su papel de actriz principal: "El 12 de octubre, en una reunión celebrada en Paraguachón, durante la inauguración de una planta de gas en la Guajira, pedimos a Uribe garantías para llevar a Caracas a Iván Márquez, el interlocutor designado por las FARC. Pero el presidente se negó y dijo que viajara 'como Piedad, sin salvoconducto', porque pensaba seguir bombardeando la zona insurgente. Nosotros aceptamos arriesgarnos en ese escenario, pero llegó un momento en que Chávez dijo a Uribe que renunciaba a la mediación. 'Álvaro, yo me retiro y no pasa absolutamente nada. Yo salgo y le digo a los periodistas que hasta aquí llega mi mediación, porque no quiero que terminemos enfrentados', le dijo. Pero Uribe le rogó que permaneciera y precisó: 'No quiero que por el tema de las FARC los dos países nos enfrentemos. Si hay algo que no nos guste, lo primero, antes que terminar la mediación, nos reunimos'. ¡Y un mes después nos echó!"¿Por qué? "Fue culpa mía. A mí me recomendó el ex presidente (Ernesto) Samper que buscara sectores de opinión importantes para contar cómo iban las cosas, porque el Gobierno podía romper el diálogo en cualquier momento. Yo llamé a varios medios de comunicación y a la Iglesia, y el 21 de septiembre pedí una reunión con el ministro de Defensa (el general Mario Montoya) para decirle que sin el Ejército no era posible un proceso de paz en el país. Hablé con el ministro en una reunión muy tensa. A la vuelta de un viaje a París, yo venía hablando (por teléfono) con el general Montoya y Chávez me dijo: 'Pásemelo y lo saludo'. Y eso fue todo". ¿Y eso fue todo? Antes, dicen que Uribe había advertido a su homólogo: "Hugo, no me llames a los generales, porque se me vuelven chavistas". ¿De verdad que eso fue todo? "Chávez sólo le preguntó cuántos soldados y policías estaban en manos de las FARC. Y lo saludó cordialmente", contesta Córdoba. Y añade: "Creo que el Gobierno nunca tuvo la intención de negociar. Lo que no se imaginó fue que nosotros nos aplicáramos tan fuerte".
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Mario Uribe Escobar – Movimiento Colombia Democrática
Fecha: 10/12/2007 -
Este primo del presidente Álvaro Uribe es abogado antioqueño y nació en Andes el 12 de agosto de 1949. Fue juez de Medellín y del municipio de Salgar, y diputado de la Asamblea de Antioquia.
Al comienzo de su carrera, en 1986, acompañó a su primo en la fundación del sector democrático del Directorio Liberal de Antioquia. Actualmente, Mario Uribe dirige un nuevo partido político llamado Colombia Democrática.
Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en el Congreso de la República. Fue representante en dos períodos, desde 1986 hasta 1994. Luego, fue senador desde 1994 hasta 2007, cuando fue vinculado al proceso que investiga a los políticos que tuvieron relaciones con paramilitares.
Renunció a su fuero el pasado 5 de octubre. Ese mismo día aclaró que su partido sigue vivo y dejó una consigna. “El 28 de octubre vamos a consolidar nuestra presencia institucional y demostraremos toda la fuerza de nuestra determinación política”, dijo.
Uribe llegó a la para-política después de que el testigo estrella de este proceso, Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, contó que este político se reunió varias veces con paramilitares en Caucasia para negociar tierras con ellos.
Con base en ese testimonio y otras pruebas que cuestionan el pasado de Mario Uribe, la Corte Suprema de Justicia decidió investigarlo. Entre las bases que justifican su vinculación al proceso están las declaraciones de Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz.
Según dijo, él también se reunió con el Senador para definir cómo apoyarlo en el proceso de las elecciones de 2002, después de que la ex congresista Eleonora Pineda los presentara.
El fin es establecer si él resultó beneficiado por el apoyo de los paramilitares en el ámbito político y si la presión de estos actores armados en sus zonas de control le sirvió para adquirir varias hectáreas de tierra.
Días después de conocerse que Mario Uribe entraba al proceso de la para-política, el presidente Uribe manifestó que sentía tristeza por tratarse de su primo, pero que apoyaba a la justicia colombiana.
Benicio de Jesús, un hermano suyo, está como candidato a la Gobernación de Antioquia en las elecciones de 2007, avalado por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia.
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Fecha: 10/12/2007 -
Este primo del presidente Álvaro Uribe es abogado antioqueño y nació en Andes el 12 de agosto de 1949. Fue juez de Medellín y del municipio de Salgar, y diputado de la Asamblea de Antioquia.
Al comienzo de su carrera, en 1986, acompañó a su primo en la fundación del sector democrático del Directorio Liberal de Antioquia. Actualmente, Mario Uribe dirige un nuevo partido político llamado Colombia Democrática.
Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en el Congreso de la República. Fue representante en dos períodos, desde 1986 hasta 1994. Luego, fue senador desde 1994 hasta 2007, cuando fue vinculado al proceso que investiga a los políticos que tuvieron relaciones con paramilitares.
Renunció a su fuero el pasado 5 de octubre. Ese mismo día aclaró que su partido sigue vivo y dejó una consigna. “El 28 de octubre vamos a consolidar nuestra presencia institucional y demostraremos toda la fuerza de nuestra determinación política”, dijo.
Uribe llegó a la para-política después de que el testigo estrella de este proceso, Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, contó que este político se reunió varias veces con paramilitares en Caucasia para negociar tierras con ellos.
Con base en ese testimonio y otras pruebas que cuestionan el pasado de Mario Uribe, la Corte Suprema de Justicia decidió investigarlo. Entre las bases que justifican su vinculación al proceso están las declaraciones de Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz.
Según dijo, él también se reunió con el Senador para definir cómo apoyarlo en el proceso de las elecciones de 2002, después de que la ex congresista Eleonora Pineda los presentara.
El fin es establecer si él resultó beneficiado por el apoyo de los paramilitares en el ámbito político y si la presión de estos actores armados en sus zonas de control le sirvió para adquirir varias hectáreas de tierra.
Días después de conocerse que Mario Uribe entraba al proceso de la para-política, el presidente Uribe manifestó que sentía tristeza por tratarse de su primo, pero que apoyaba a la justicia colombiana.
Benicio de Jesús, un hermano suyo, está como candidato a la Gobernación de Antioquia en las elecciones de 2007, avalado por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia.
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El verdugo de la mafia
A sangre y fuego, Luis Enrique Calle intenta apoderarse de imperios que eran dominados por Don Diego, Rasguño y Varela.
Fecha: 04/21/2008 -
Luis Enrique Calle Serna, alias Comba o Combatiente asoma como el nuevo amo y señor del narcotráfico en el sur occidente colombiano. Desde hace rato se venía hablando de él en el bajo mundo de Valle, Cauca y Nariño, como un sanguinario jefe en ascenso del grupo de Wílber Varela. Ahora, sin embargo cuando, a punta de violencia, ocupa los territorios de los jefes caídos (Hernando Gómez Bustamante, Rasguño y Diego Montoya, extraditados a Estados Unidos; y el mismo Varela, Jabón, asesinado en febrero en Venezuela) se podría decir que se ha posicionado en la cima del negocio ilegal.
A la gesta expansiva de Calle se le atribuyen los dos tiroteos de abril en Pereira, Risaralda que dejaron como saldo tres muertos y cinco heridos. Se cree que el pez gordo a quien buscaban los pistoleros era un hombre con el alias de Barnie.
En los últimos meses además muchos en Cartago, Tuluá, Buga y Cali están sufriendo boleteos y extorsiones, e incluso ha habido allí varios asesinatos. Fuentes de inteligencia policial explican que las víctimas son personas vinculadas a la organización de Varela que se opusieron su asesinato, crimen que se le atribuye a Calle.
En los homicidios recientes perpetrados en Buga y Cali, se cree que cayeron un ex policía cercano a Varela y el encargado de manejar una de las oficinas de cobro del capo, con influencia en Cali y Buenaventura. Ambos crímenes habrían sido ordenados por Comba Calle.
Con dicha acción, el jefe emergente busca afianzar su control del negocio ilícito en ciudades como Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, zonas de marcada influencia de Ramón Quintero Sanclemente, alias Lucas, otro hombre que fue cercano a Varela.
Asegurado ese corredor en el centro del Valle y con la ayuda de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo en el norte y el apoyo de Daniel, el Loco Barrera, un gran jefe del narcotráfico colombiano, Comba avanza en su propósito de copar regiones que quedaron acéfalas.
En los centros urbanos de poblaciones como Cartago, Ansermanuevo, El Dovio, Versalles, Zarzal, La Unión, La Victoria, Obando, Toro, El Cairo, El Águila y Argelia, aseguran las autoridades que Calle conserva el control a través de pequeñas bandas criminales dedicadas al sicariato, boleteo y extorsión.
En la zona rural, dicen las fuentes policiales, cuenta con el apoyo del ejército clandestino conocido como Los Rastrojos, hoy con unos 500 hombres, que estuvo al servicio de Varela.
De paso, tanto Comba como Diego Rastrojo podrán dedicarle tiempo a una de sus mayores obsesiones en los últimos meses: La búsqueda de caletas. Precisamente esa ambición fue la causa de un enfrentamiento entre Diego Rastrojo y el otro gran narco de la región, Ramón Quintero, al parecer por una caleta que el primero le habría quitado al segundo. Fue ese episodio el que desencadenó varios hechos violentos en Tulúa y Bogotá, relacionados con torturas en las que a las victimas les quitaban los dedos de sus manos.
La historia de Comba
El reacomodamiento de narcos regionales y las mismas informaciones de inteligencia revelan que las organizaciones mafiosas tienen sus ojos puestos en Nariño y Cauca. No por casualidad, Calle ha montado centros de operaciones no sólo en Valle, Eje Cafetero y Putumayo, sino también en Tumaco, Nariño y en Corinto, Cauca. De hecho, la violencia se ha hecho sentir en ese puerto, donde el número de homicidios está entre los mayores del país: 264.
Comba, nacido hace 32 años en Santa Mónica, Casanare, integró al igual que sus otros dos hermanos, Javier Antonio y Juan Carlos Calle, una oficina de cobro de cuentas de la mafia conocida como ´Mongo´. En 2004 su jefe, Varela, lo nombró jefe de finanzas de la organización y lo delegó para viajar a México y mantener contactos y las rutas para el envío de la droga.
Su poder y mando creció a partir de ese mismo año cuando Varela debió refugiarse en Venezuela, debido a la presión de las autoridades y a los riesgos que corría, tras la guerra en la que se trenzó con su competidor Diego Montoya. Después, como sucede a menudo en esas organizaciones, Calle traicionó a su jefe, y al parecer, fue autor intelectual de su asesinato.
Uno de sus primos, Rafael Uribe Serna, fue quien ultimó a Hélmer Pacho Herrera, jefe del extinto Cartel del Valle. De los tres hermanos Calle Serna, sólo Juan Carlos está preso en Cómbita desde abril de 2006 y actualmente es solicitado en extradición por una corte de los Estados Unidos, tras ser señalado por Deysi Fómeque, madre del confeso narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, como autor del descuartizamiento de su otro hijo Luis Alfonso hace dos años en Buga.
Entre 2005 y 2007 las autoridades desarrollaron la Operación V, en la que capturaron a 16 personas entre familiares y amigos cercanos, relacionados con la organización de Calle. Diez de ellos tienen solicitud de extradición.
Su imperio criminal creció y la policía lo puso en la mira. En un operativo reciente en una finca del municipio de Andalucía, se halló una caleta con 63 fusiles AK-47, al parecer traídos de Europa con el objetivo de dotar a bandas en rearme al servicio de Calle.
El exasperante ciclo del narcotráfico parece repetirse: a rey muerto, rey puesto. Y cada jefe que cae muerto o es extraditado es reemplazado rápidamente por uno que viene en fila desde la entraña de la misma organización. Ahora el turno es para Luis Enrique Calle, alias el Comba. Es probable que el suyo, como el de sus antecesores, sea un reinado corto.
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A sangre y fuego, Luis Enrique Calle intenta apoderarse de imperios que eran dominados por Don Diego, Rasguño y Varela.
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Luis Enrique Calle Serna, alias Comba o Combatiente asoma como el nuevo amo y señor del narcotráfico en el sur occidente colombiano. Desde hace rato se venía hablando de él en el bajo mundo de Valle, Cauca y Nariño, como un sanguinario jefe en ascenso del grupo de Wílber Varela. Ahora, sin embargo cuando, a punta de violencia, ocupa los territorios de los jefes caídos (Hernando Gómez Bustamante, Rasguño y Diego Montoya, extraditados a Estados Unidos; y el mismo Varela, Jabón, asesinado en febrero en Venezuela) se podría decir que se ha posicionado en la cima del negocio ilegal.
A la gesta expansiva de Calle se le atribuyen los dos tiroteos de abril en Pereira, Risaralda que dejaron como saldo tres muertos y cinco heridos. Se cree que el pez gordo a quien buscaban los pistoleros era un hombre con el alias de Barnie.
En los últimos meses además muchos en Cartago, Tuluá, Buga y Cali están sufriendo boleteos y extorsiones, e incluso ha habido allí varios asesinatos. Fuentes de inteligencia policial explican que las víctimas son personas vinculadas a la organización de Varela que se opusieron su asesinato, crimen que se le atribuye a Calle.
En los homicidios recientes perpetrados en Buga y Cali, se cree que cayeron un ex policía cercano a Varela y el encargado de manejar una de las oficinas de cobro del capo, con influencia en Cali y Buenaventura. Ambos crímenes habrían sido ordenados por Comba Calle.
Con dicha acción, el jefe emergente busca afianzar su control del negocio ilícito en ciudades como Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, zonas de marcada influencia de Ramón Quintero Sanclemente, alias Lucas, otro hombre que fue cercano a Varela.
Asegurado ese corredor en el centro del Valle y con la ayuda de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo en el norte y el apoyo de Daniel, el Loco Barrera, un gran jefe del narcotráfico colombiano, Comba avanza en su propósito de copar regiones que quedaron acéfalas.
En los centros urbanos de poblaciones como Cartago, Ansermanuevo, El Dovio, Versalles, Zarzal, La Unión, La Victoria, Obando, Toro, El Cairo, El Águila y Argelia, aseguran las autoridades que Calle conserva el control a través de pequeñas bandas criminales dedicadas al sicariato, boleteo y extorsión.
En la zona rural, dicen las fuentes policiales, cuenta con el apoyo del ejército clandestino conocido como Los Rastrojos, hoy con unos 500 hombres, que estuvo al servicio de Varela.
De paso, tanto Comba como Diego Rastrojo podrán dedicarle tiempo a una de sus mayores obsesiones en los últimos meses: La búsqueda de caletas. Precisamente esa ambición fue la causa de un enfrentamiento entre Diego Rastrojo y el otro gran narco de la región, Ramón Quintero, al parecer por una caleta que el primero le habría quitado al segundo. Fue ese episodio el que desencadenó varios hechos violentos en Tulúa y Bogotá, relacionados con torturas en las que a las victimas les quitaban los dedos de sus manos.
La historia de Comba
El reacomodamiento de narcos regionales y las mismas informaciones de inteligencia revelan que las organizaciones mafiosas tienen sus ojos puestos en Nariño y Cauca. No por casualidad, Calle ha montado centros de operaciones no sólo en Valle, Eje Cafetero y Putumayo, sino también en Tumaco, Nariño y en Corinto, Cauca. De hecho, la violencia se ha hecho sentir en ese puerto, donde el número de homicidios está entre los mayores del país: 264.
Comba, nacido hace 32 años en Santa Mónica, Casanare, integró al igual que sus otros dos hermanos, Javier Antonio y Juan Carlos Calle, una oficina de cobro de cuentas de la mafia conocida como ´Mongo´. En 2004 su jefe, Varela, lo nombró jefe de finanzas de la organización y lo delegó para viajar a México y mantener contactos y las rutas para el envío de la droga.
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Víctimas de las autodefensas buscan bloquear el asilo político para Mario UribeCaracol | Abril 22 de 2008
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En este sitio Google en españolCompartirEl Movimiento Nacional de Víctimas inició las gestiones en Costa Rica con el fin de que el Gobierno de ese país no conceda el asilo político al ex presidente del Congreso Mario Uribe Escobar
Iván Cepeda, presidente del movimiento, dijo que a través de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de ese país se busca que no se le conceda a Uribe este mecanismo, en razón a que los delitos por los cuales es investigado en Colombia no hacen parte de esta figura diplomática.
Víctimas de las autodefensas se manifiestan frente a las instalaciones de la embajada de Costa Rica en Bogotá, para exigirle al ex senador Uribe que se entregue a las autoridades y para pedirle al gobierno colombiano y al del país centroamericano que no se conceda el asilo y así Uribe Escobar permanezca en Colombia respondiendo por la investigación por presuntos nexos con paramilitares.
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Víctimas de las autodefensas se manifiestan frente a las instalaciones de la embajada de Costa Rica en Bogotá, para exigirle al ex senador Uribe que se entregue a las autoridades y para pedirle al gobierno colombiano y al del país centroamericano que no se conceda el asilo y así Uribe Escobar permanezca en Colombia respondiendo por la investigación por presuntos nexos con paramilitares.
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Abril 21 de 2008
Nulo fue declarado tercer juicio contra 'Simón Trinidad' por narcotráfico en Estados Unidos
Foto: AP
'Simón Trinidad', cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, fue extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre del 2004. El juez John Bates tomó la decisión al conocer que los doce jurados que tenían en sus manos la última palabra, se declararon "incapaces" de llegar a un veredicto consensuado, como lo requiere la ley.
Los jurados habían deliberado por más de una semana.
En los dos casos por narcotráfico, los jurados -o la mayoría de ellos- no creyeron en la existencia de un vinculo directo entre Trinidad y el tráfico de cocaína a E.U. En medio de la deliberación, y muy sintomático del eventual desenlace, los jurados le preguntaron al juez si conocer de un delito convertía a una persona en cómplice del mismo.
Durante el juicio, Trinidad reconoció cierto rol de las Farc en el narcotráfico, pero negó siempre su papel en el ilícito.
En total, Trinidad enfrentó cuatro juicios ante Cortes de E.U. Dos por narcotráfico -los dos anulados- y dos por el secuestro de tres estadounidenses.
Aunque el primero que se realizó por este caso fue también anulado, en el segundo fue hallado culpable en uno de los 5 cargos que se le imputaban y sentenciado a pagar 60 años de cárcel.
Aunque los Fiscales podrían optar por realizar el juicio nuevamente, es bastante improbable que lo hagan.
¿Qué viene para 'Trinidad'?
Pasará ahora a la custodia del Buró Federal de Presiones que se encargará de determinar la cárcel de máxima seguridad donde pagará el resto de su pena.
El guerrillero había sido extraditado E.U. el 31 de diciembre del año 2004.
Una derrota para la Fiscalía de E.U.
A largo de todos los procesos, las autoridades de E.U. invirtieron más de 1 millón de dólares reclutando decenas de testigos en Colombia para que testificaran en su contra.
Como en el primero de los juicios, los desmovilizados de las Farc y algunos narcotraficantes que cooperaban con las autoridades, terminaron siendo el eslabón más débil en el caso de la Fiscalía.
Muchos de los jurados dijeron sencillamente no creer en sus palabras.
Para E.U. este caso era de gran importancia pues esperaban sentar un precedente para toda la organización y sus líderes.
De hecho, 50 jefes guerrilleros de las Farc, incluida toda su cúpula, están pedidos en extradición para que responda por cargos de narcotráfico.
Pero el caso de Trinidad demuestra que les será muy difícil condenarlos basándose solo en testimonios de personas que dicen ser ex miembros del grupo.
Suerte contraria corrió Sonia, guerrillera de las Farc también extraditada a E.U. y que sí fue condenada por narcotráfico.
En su caso, sin embargo, los jurados escucharon una conversación telefónica en la que ella discutía con "narcos" un negocio. Sonia fue condenada a 16 años y medio de prisión que paga actualmente en una cárcel de Texas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.
www.eltiempo.com
Nulo fue declarado tercer juicio contra 'Simón Trinidad' por narcotráfico en Estados Unidos
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'Simón Trinidad', cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, fue extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre del 2004. El juez John Bates tomó la decisión al conocer que los doce jurados que tenían en sus manos la última palabra, se declararon "incapaces" de llegar a un veredicto consensuado, como lo requiere la ley.
Los jurados habían deliberado por más de una semana.
En los dos casos por narcotráfico, los jurados -o la mayoría de ellos- no creyeron en la existencia de un vinculo directo entre Trinidad y el tráfico de cocaína a E.U. En medio de la deliberación, y muy sintomático del eventual desenlace, los jurados le preguntaron al juez si conocer de un delito convertía a una persona en cómplice del mismo.
Durante el juicio, Trinidad reconoció cierto rol de las Farc en el narcotráfico, pero negó siempre su papel en el ilícito.
En total, Trinidad enfrentó cuatro juicios ante Cortes de E.U. Dos por narcotráfico -los dos anulados- y dos por el secuestro de tres estadounidenses.
Aunque el primero que se realizó por este caso fue también anulado, en el segundo fue hallado culpable en uno de los 5 cargos que se le imputaban y sentenciado a pagar 60 años de cárcel.
Aunque los Fiscales podrían optar por realizar el juicio nuevamente, es bastante improbable que lo hagan.
¿Qué viene para 'Trinidad'?
Pasará ahora a la custodia del Buró Federal de Presiones que se encargará de determinar la cárcel de máxima seguridad donde pagará el resto de su pena.
El guerrillero había sido extraditado E.U. el 31 de diciembre del año 2004.
Una derrota para la Fiscalía de E.U.
A largo de todos los procesos, las autoridades de E.U. invirtieron más de 1 millón de dólares reclutando decenas de testigos en Colombia para que testificaran en su contra.
Como en el primero de los juicios, los desmovilizados de las Farc y algunos narcotraficantes que cooperaban con las autoridades, terminaron siendo el eslabón más débil en el caso de la Fiscalía.
Muchos de los jurados dijeron sencillamente no creer en sus palabras.
Para E.U. este caso era de gran importancia pues esperaban sentar un precedente para toda la organización y sus líderes.
De hecho, 50 jefes guerrilleros de las Farc, incluida toda su cúpula, están pedidos en extradición para que responda por cargos de narcotráfico.
Pero el caso de Trinidad demuestra que les será muy difícil condenarlos basándose solo en testimonios de personas que dicen ser ex miembros del grupo.
Suerte contraria corrió Sonia, guerrillera de las Farc también extraditada a E.U. y que sí fue condenada por narcotráfico.
En su caso, sin embargo, los jurados escucharon una conversación telefónica en la que ella discutía con "narcos" un negocio. Sonia fue condenada a 16 años y medio de prisión que paga actualmente en una cárcel de Texas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
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Tras orden de captura, Mario Uribe busca asilo políticoCaracol | Abril 22 de 2008
Notas RelacionadasRocío Arias y Eleonora Pineda también habían pedido asilo en Costa RicaVíctimas de las autodefensas buscan bloquear el asilo político para Mario Uribe¿Quién es Mario Uribe?Servicios
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En este sitio Google en españolCompartirEl ex senador Mario Uribe Escobar, pidió asilo político a Costa Rica, luego de conocer la orden de captura en su contra, por el escándalo de la parapolítica.
Así se lo confirmó a Caracol Radio el abogado José del Carmen Ortega, defensor del ex presidente del Congreso, quien solamente dijo que se encontraba dentro de la embajada de Costa Rica en Bogotá, en compañía del ex congresista Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe.
El abogado Ortega indicó que los argumentos para que Mario Uribe pida asilo político, le serán entregados directamente a la embajadora de Costa Rica en Bogotá.
Fiscal delegado ordenó captura de Uribe Escobar
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para ordenar la medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contr el ex presidente del Congreso de la República, Mario Uribe Escobar, investigado por supuestos nexos con las autodefensas.
Mario Uribe, primo hermano del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, está sindicado del delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación se encontraron algunas pruebas de la reunión entre Uribe Escobar y el desmovilizado ex-jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002.
Uribe Escobar anunció a las autoridades oficiales que se entregaría voluntariamente para cumplir la orden emitida por la Fiscalía.
El ex presidente del Congreso había sido vinculado por la Corte Suprema, pero debido a la renuncia a su investidura, determinó que el proceso pasara a la justicia ordinaria.
Uribe Escobar probablemente se encontrará en los calabozos del CTI de la Fiscalía con Ricardo Elcure, quien lo reemplazó luego de su renuncia al Congreso de la República y quien fue detenido esta semana.
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