Y por otro lado.......
Julio 24 de 2007 - EN HISTÓRICA JORNADA, 30 PERSONAS RELATARON SUS HISTORIAS DE DOLOR
Pocos senadores escucharon a víctimas en el Congreso
La jornada de ayer en el Senado fue inusual. Los senadores se callaron, no hubo pupitrazos y mucho menos alegatos. La atención y la palabra las tuvieron 30 víctimas del conflicto que con voz quebrada, entre sollozos y con profundo dolor relataron sus tristes experiencias.
¿Histórico? Sí. Por primera vez los legisladores dejaron a un lado su vanidad y cedieron su lugar a quienes en los últimos 40 años permanecieron en silencio a la espera de una solución.
¿Efectivo? Tal vez. Aunque los senadores callaron, la mayoría decidió dejar, sin ningún tipo de rubor, el recinto y a la treintena de víctimas que anoche tuvo la oportunidad de su contar su historia.
"Veo muchas sillas vacías. Uno como indígena tiene su malicia y me preocupa ver tantas sillas vacías, porque ¿dónde está el compromiso?", dijo la líder paez Lisinia Collazos, para retratar el momento que ella y sus 29 compañeros vivieron anoche.
Y así fue. El Congreso, que hace tres años trató como estrellas a los líderes de las autodefensas, que llenó sus bancas para escuchar a Salvatore Mancuso, 'Ernesto Báez' y Ramón Isaza, que fijó sus miradas en sus vestidos nuevos y en sus finas corbatas, anoche poco escuchó a las víctimas.
No escuchó las críticas a la Ley de Justicia y Paz, a la que algunos tildaron de "irrisoria", por conceder solo 8 años de pena a quienes torturaron, desaparecieron y masacraron en los últimos años.
"Es triste ver que donde se hacen las leyes de impunidad no se nos oye", añadió, con dolor, Luz Marina Hache, perseguida por los paramilitares y víctima de la desaparición forzada de su esposo.
Aun con el ausentismo, la jornada sirvió para escuchar varios mensajes. El del ex presidente del gobierno español José María Aznar, quien pidió, a través de un video, no poner en igualdad a víctimas y verdugos porque es "injustificable y moralmente inaceptable". "Les pido que hagan oídos sordos a quienes de manera obtusa e interesada proponen dar la misma legitimidad a víctimas y verdugos".
También sirvió para reunir a víctimas de diferentes clases de violencia: las de los secuestros de las Farc, como Juan Felipe Lozada, hijo de Jorge Lozada; Mariela Barragán, la viuda del líder de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo; Pastora Mira, madre de una hija desaparecida por los 'paras'; María Isabel Castro, esposa de Mauricio Vives, secuestrado por el Eln...
Todos pidieron la verdad. Algunos clamaron por el intercambio humanitario, como Jorge Andrés Géchem, hijo del secuestrado Jorge Eduardo Géchem. Otros, como Matilde Londoño, esposa del asesinado empresario Diego Mejía, insistieron en la necesidad del rescate, por creer que "es mejor estar muerto que secuestrado".
Unos pocos, como Luis Alberto Pinchao, padre del subintendente John Frank Pinchao, pidieron aferrarse a Dios y solo Clara González de Rojas, madre de Clara Rojas, preguntó si para su hija, su nieto y para todos los secuestrados habrá futuro.
"A veces perdemos mucho tiempo en temas poco trascendentales", admitió Juan Fernando Cristo, autor de esta iniciativa de traer a las víctimas al Congreso. "Queremos escucharlos a ellos y no a sus verdugos", dijo. Lástima que la mayoría de sus colegas no haya pensado lo mismo.
"Pido que hagan oídos sordos a quienes de manera obtusa e interesada proponen dar la misma legitimidad a víctimas y a verdugos".
José María Aznar.
miércoles, 25 de julio de 2007
Nueva rebelión de los ex 'paras' ahonda rezagos en Justicia y Paz
Lo que se diga es redundante: no quieren decir la verdad, no quieren ser juzgados como lo que sin; asesinos, genocidas. No quieren regresar el dinero, ni las tierras, ni el ganado. Quiern que los dejen en paz, con todos los bienes y el dinero ganado a mansalva, asesinadno, violendo, desapareciendo. ¿Y el gobierno? El gobieno no existe. Aquí toda la bravuconería del presidente se pierde. Va y se esconde debajo de als faldas de Mancuso, de "Don Berna", "Jorge 40", "Macaco". Aquí Uribe Vélez demuestra quienes son sus verdaderos patrones, para quién trabaja. Él no tabaja para el pueblo de Colombia, que lo eligió con una "amplia mayoría de siete millones contra los diecisiete millones que decidieron no votar, para no perder el tiempo o la vida, en todo caso. Aquí se demiuestra que la aristocracia colombiana no quiere dejar solos a sus soldados, por supuesto la AUC son unos criminales, o como dirían losd gringos; "son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. No podemos dejarlos solos."
Julio 24 de 2007 - OFICIALMENTE, FONDO DE REPARACIÓN SOLO HA RECIBIDO DOS FINCAS, TRES LOTES Y 2.352 RESES
Nueva rebelión de los ex 'paras' ahonda rezagos en Justicia y Paz
Jefes de Auc dicen que una decisión de la Corte Suprema puso en riesgo el proceso y amenazan con parar entrega de bienes y fosas. Se niegan a declarar ante fiscales.
Dos fincas que suman 1.905 hectáreas, tres lotes "que por su avanzado estado de deterioro requieren un estudio técnico que establezca su posibilidad de utilización", tres carros, 152 toros y dos caballos "sin pedigree ni registro" son, hasta ahora, los únicos bienes con los que cuenta el Estado para reparar a las víctimas de los 'paras'.
Son los que entregó 'Jorge Pirata', uno de los jefes paramilitares de los Llanos Orientales. A ellos se sumarán en los próximos días 2.200 reses de 'Macaco' que están en proceso de legalización en Córdoba y Antioquia.
El Fondo para la Reparación de Víctimas -de donde se supone saldrá la plata con la que le responderán a más de 70 mil afectados por los 'paras'- es hasta ahora el frente más rezagado en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que está cumpliendo 2 años.
A ese complicado panorama se sumó ayer el anuncio de los 'paras' de que no seguirán entregando bienes ni fosas comunes y que suspenderán sus versiones ante los fiscales que llevan sus casos.
Aseguran que una reciente decisión de la Corte Suprema, que fue revelada por EL TIEMPO hace dos semanas y que le negó a un desmovilizado la posibilidad de ser procesado por sedición, puso en riesgo el proceso de paz.
"La Corte es la única responsable. Eso pone a 31.500 miembros de las autodefensas a las puertas de la cárcel, no como si hubieran negociado con el Gobierno sino como si hubieran sido capturados por concierto para delinquir", dijo ayer Antonio López, vocero de 'Don Berna'.
Aunque los 'paras' podrían perder los beneficios por esta nueva rebelión (la tercera en poco más de un año), fuentes del Gobierno manifestaron su preocupación, pues en temas clave como el hallazgo de de-saparecidos se depende casi exclusivamente de la confesión de los desmovilizados.
Detrás de la molestia de los 'paras' está la intención de que no se les cierren las puertas en el futuro para participar en política, aunque ayer, en una reunión, 150 de ellos anunciaron que no piensan participar en el proceso electoral de octubre. Aseguraron que se rehúsan a "pasar a la historia como criminales".
Muchos anuncios, poca entrega
Aunque en sus versiones ante los fiscales la mayoría de jefes de esos grupos ha anunciado la entrega de millonarias propiedades -uno de los requisitos que les impone la ley para que puedan recibir penas de entre 5 y 8 años de cárcel por crímenes que están sancionados hasta con 60 años- la posibilidad real de que una víctima reciba reparación con plata del Fondo todavía está lejos.
No solo porque la orden la deben dar los jueces al final de los procesos sino porque gran parte de las propiedades está en manos de terceros o tiene problemas de impuestos y linderos.
"Acción Social (que maneja el Fondo de Reparación) solo recibe bienes saneados y la Fiscalía no tiene recursos para hacer esos trámites", le dijo a EL TIEMPO una fuente de la entidad.
La Fiscalía, de hecho, ha ocupado cautelarmente varias propiedades de 'paras' como Salvatore Mancuso, 'Macaco' y Vicente Castaño.
Mancuso, por ejemplo, ofreció 27 propiedades, pero 13 están en cabeza de otras personas que dicen que son los dueños legítimos.
Y de las millonarias sumas anunciadas por los 'paras' solo se han recibido 80 millones de pesos en efectivo que entregó 'Juancho Prada'.
Por eso existe el riesgo de que se repita la historia de los bienes incautados a la mafia que están en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que no han podido usarse en campos como la ayuda a los desplazados y la reforma agraria.
"Tenemos que hacer que cumplan y como Estado, cumplir lo pactado. Por eso, no estoy de acuerdo en que se le niegue al paramilitarismo el delito de sedición".
El presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer en Medellín.
'La verdad ha sido el mayor avance'
Para el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, "es mucho más lo que se ha avanzado que lo que se ha dejado de hacer", en cuanto a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Holguín admite que "no ha habido reparación, porque esto se consigue dentro de una instancia procesal que determina la ley y que el juez ordena. Ninguno de los procesos ha llegado hasta allí".
Frente a quejas de las víctimas por la falta de justicia, el Ministro asegura que en lo que más se ha avanzado es en el esclarecimiento de la verdad: "Ese ha sido el mayor logro (...) Hoy conocemos cosas que ni siquiera imaginábamos que hace diez o quince años habían ocurrido. Lo que han dicho víctimas y victimarios en sus versiones es impresionante".
Los ex 'paras' siguen en deuda
1. Los ex 'paras' anuncian que congelan información sobre fosas y desaparecidos, pero es muy poco lo que han dicho hasta ahora. En sus versiones han negado muchos crímenes.
2. De los bienes prometidos para reparación, una buena parte fueron arrebatados, como lo demostró el hecho de que solo 15 de 27 ofrecidos por Mancuso tenían los títulos claros.
3. Con el asesinato de Yolanda Izquierdo quedaron al descubierto las amenazas a víctimas que reclaman por tierras o desapareci-
dos. Son al menos 15 las asesinadas y los ex Auc no dicen nada.
Bienes prometidos
Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', ofreció 113 mil millones. Hasta ahora hay 2 mil reses.
Francisco Javier Zuluaga, 'Gordolindo'. 17 mil millones. Bienes tienen líos jurídicos.
Salvatore Mancuso, 55 mil millones en tierras que, según él,
no fueron robadas.
Manuel de Jesús Pirabán, 'Pirata'. Dos fincas, tres lotes, tres carros y 152 toros.
Freddy Rendón Herrera, el 'Alemán'. 5.500 millones en casas, lanchas, motos.
70 mil son ya las víctimas que piden reparación
Las amenazas a las víctimas de los paramilitares, especialmente a las que reclaman restitución de tierras o buscan el paradero de desaparecidos, han disminuido su presencia en las versiones libres,pero no sus denuncias.
Así lo demuestra el hecho de que son ya 70.000 las que han acudido a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o a Justicia y Paz para inscribirse en la lista de quienes esperan reivindicación por el daño sufrido.
"Nunca pensé que íbamos a llegar a una cifra tan alta, eso es un buen síntoma de que confían en el proceso de Justicia y Paz", afirma Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación.
Incluso las que acompañaban a Yolanda Izquierdo, la líder de desplazados de Córdoba asesinada en la puerta de su casa, insisten ante la justicia en reclamar las tierras que les obligaron a vender por sumas irrisorias.
Con la ausencia en las audiencias de los ex 'paras', las víctimas evitan exponerse, sobre todo porque ya 200 han sido amenazadas y al menos 15 han sido asesinadas en distintos lugares, de acuerdo con información de distintas organizaciones.
Y según el mapa de riesgo, el mayor número de intimidaciones se presenta en Córdoba, Sucre, Magdalena y los santanderes.
Miembros de las llamadas bandas emergentes son responsables de varias de las amenazas.
El temor de las víctimas a ser visibles es explicable si se tiene en cuenta el perfil de la mayoría: mujeres campesinas, viudas y con hijos.
La idea es, precisamente, que ellas y todos los que han sufrido en medio del conflicto tengan la información suficiente para acceder a la verdad, la justicia y la reparación sin exponerse.
Por eso, la Comisión de Reparación lanza hoy la cartilla ¿Soy una víctima?, tengo derechos, pensada también para quienes no saben leer y escribir.
Guía para acceder a Justicia y Paz
Sobre la base de que uno de los grandes obstáculos para las víctimas es la falta de información, La cartilla que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación lanza hoy explica los delitos por los que se puede reclamar, el proceso que se debe seguir, las entidades a las que se debe acudir y el significado de la verdad, la justicia y la reparación. Para difundirla se ayudarán de las oficinas regionales de la Comisión y de las organizaciones de víctimas. Habrá un programa de multiplicadores.
Problemas para aplicar la ley
1. Aún no es claro el panorama para los más de mil desmovilizados que han manifestado su intención de no continuar en Justicia y Paz. Tampoco para los postulados que siguieron delinquiendo.
2. 200 presos han solicitado los beneficios de la ley. Algunos llevan 9 años en prisión, lo que supondría que tendrían que quedar libres porque las penas de Justicia y Paz son entre 5 y 8 años.
3. No se ha logrado llegarhasta los testaferros de los 'paras'. Se reglamentó el uso del principio de oportunidad, pero aún no se aplica.
4. Otro problema es que no se tiene conocimiento de dónde está un gran número de desmovilizados.
Julio 24 de 2007 - OFICIALMENTE, FONDO DE REPARACIÓN SOLO HA RECIBIDO DOS FINCAS, TRES LOTES Y 2.352 RESES
Nueva rebelión de los ex 'paras' ahonda rezagos en Justicia y Paz
Jefes de Auc dicen que una decisión de la Corte Suprema puso en riesgo el proceso y amenazan con parar entrega de bienes y fosas. Se niegan a declarar ante fiscales.
Dos fincas que suman 1.905 hectáreas, tres lotes "que por su avanzado estado de deterioro requieren un estudio técnico que establezca su posibilidad de utilización", tres carros, 152 toros y dos caballos "sin pedigree ni registro" son, hasta ahora, los únicos bienes con los que cuenta el Estado para reparar a las víctimas de los 'paras'.
Son los que entregó 'Jorge Pirata', uno de los jefes paramilitares de los Llanos Orientales. A ellos se sumarán en los próximos días 2.200 reses de 'Macaco' que están en proceso de legalización en Córdoba y Antioquia.
El Fondo para la Reparación de Víctimas -de donde se supone saldrá la plata con la que le responderán a más de 70 mil afectados por los 'paras'- es hasta ahora el frente más rezagado en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que está cumpliendo 2 años.
A ese complicado panorama se sumó ayer el anuncio de los 'paras' de que no seguirán entregando bienes ni fosas comunes y que suspenderán sus versiones ante los fiscales que llevan sus casos.
Aseguran que una reciente decisión de la Corte Suprema, que fue revelada por EL TIEMPO hace dos semanas y que le negó a un desmovilizado la posibilidad de ser procesado por sedición, puso en riesgo el proceso de paz.
"La Corte es la única responsable. Eso pone a 31.500 miembros de las autodefensas a las puertas de la cárcel, no como si hubieran negociado con el Gobierno sino como si hubieran sido capturados por concierto para delinquir", dijo ayer Antonio López, vocero de 'Don Berna'.
Aunque los 'paras' podrían perder los beneficios por esta nueva rebelión (la tercera en poco más de un año), fuentes del Gobierno manifestaron su preocupación, pues en temas clave como el hallazgo de de-saparecidos se depende casi exclusivamente de la confesión de los desmovilizados.
Detrás de la molestia de los 'paras' está la intención de que no se les cierren las puertas en el futuro para participar en política, aunque ayer, en una reunión, 150 de ellos anunciaron que no piensan participar en el proceso electoral de octubre. Aseguraron que se rehúsan a "pasar a la historia como criminales".
Muchos anuncios, poca entrega
Aunque en sus versiones ante los fiscales la mayoría de jefes de esos grupos ha anunciado la entrega de millonarias propiedades -uno de los requisitos que les impone la ley para que puedan recibir penas de entre 5 y 8 años de cárcel por crímenes que están sancionados hasta con 60 años- la posibilidad real de que una víctima reciba reparación con plata del Fondo todavía está lejos.
No solo porque la orden la deben dar los jueces al final de los procesos sino porque gran parte de las propiedades está en manos de terceros o tiene problemas de impuestos y linderos.
"Acción Social (que maneja el Fondo de Reparación) solo recibe bienes saneados y la Fiscalía no tiene recursos para hacer esos trámites", le dijo a EL TIEMPO una fuente de la entidad.
La Fiscalía, de hecho, ha ocupado cautelarmente varias propiedades de 'paras' como Salvatore Mancuso, 'Macaco' y Vicente Castaño.
Mancuso, por ejemplo, ofreció 27 propiedades, pero 13 están en cabeza de otras personas que dicen que son los dueños legítimos.
Y de las millonarias sumas anunciadas por los 'paras' solo se han recibido 80 millones de pesos en efectivo que entregó 'Juancho Prada'.
Por eso existe el riesgo de que se repita la historia de los bienes incautados a la mafia que están en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que no han podido usarse en campos como la ayuda a los desplazados y la reforma agraria.
"Tenemos que hacer que cumplan y como Estado, cumplir lo pactado. Por eso, no estoy de acuerdo en que se le niegue al paramilitarismo el delito de sedición".
El presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer en Medellín.
'La verdad ha sido el mayor avance'
Para el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, "es mucho más lo que se ha avanzado que lo que se ha dejado de hacer", en cuanto a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Holguín admite que "no ha habido reparación, porque esto se consigue dentro de una instancia procesal que determina la ley y que el juez ordena. Ninguno de los procesos ha llegado hasta allí".
Frente a quejas de las víctimas por la falta de justicia, el Ministro asegura que en lo que más se ha avanzado es en el esclarecimiento de la verdad: "Ese ha sido el mayor logro (...) Hoy conocemos cosas que ni siquiera imaginábamos que hace diez o quince años habían ocurrido. Lo que han dicho víctimas y victimarios en sus versiones es impresionante".
Los ex 'paras' siguen en deuda
1. Los ex 'paras' anuncian que congelan información sobre fosas y desaparecidos, pero es muy poco lo que han dicho hasta ahora. En sus versiones han negado muchos crímenes.
2. De los bienes prometidos para reparación, una buena parte fueron arrebatados, como lo demostró el hecho de que solo 15 de 27 ofrecidos por Mancuso tenían los títulos claros.
3. Con el asesinato de Yolanda Izquierdo quedaron al descubierto las amenazas a víctimas que reclaman por tierras o desapareci-
dos. Son al menos 15 las asesinadas y los ex Auc no dicen nada.
Bienes prometidos
Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', ofreció 113 mil millones. Hasta ahora hay 2 mil reses.
Francisco Javier Zuluaga, 'Gordolindo'. 17 mil millones. Bienes tienen líos jurídicos.
Salvatore Mancuso, 55 mil millones en tierras que, según él,
no fueron robadas.
Manuel de Jesús Pirabán, 'Pirata'. Dos fincas, tres lotes, tres carros y 152 toros.
Freddy Rendón Herrera, el 'Alemán'. 5.500 millones en casas, lanchas, motos.
70 mil son ya las víctimas que piden reparación
Las amenazas a las víctimas de los paramilitares, especialmente a las que reclaman restitución de tierras o buscan el paradero de desaparecidos, han disminuido su presencia en las versiones libres,pero no sus denuncias.
Así lo demuestra el hecho de que son ya 70.000 las que han acudido a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o a Justicia y Paz para inscribirse en la lista de quienes esperan reivindicación por el daño sufrido.
"Nunca pensé que íbamos a llegar a una cifra tan alta, eso es un buen síntoma de que confían en el proceso de Justicia y Paz", afirma Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación.
Incluso las que acompañaban a Yolanda Izquierdo, la líder de desplazados de Córdoba asesinada en la puerta de su casa, insisten ante la justicia en reclamar las tierras que les obligaron a vender por sumas irrisorias.
Con la ausencia en las audiencias de los ex 'paras', las víctimas evitan exponerse, sobre todo porque ya 200 han sido amenazadas y al menos 15 han sido asesinadas en distintos lugares, de acuerdo con información de distintas organizaciones.
Y según el mapa de riesgo, el mayor número de intimidaciones se presenta en Córdoba, Sucre, Magdalena y los santanderes.
Miembros de las llamadas bandas emergentes son responsables de varias de las amenazas.
El temor de las víctimas a ser visibles es explicable si se tiene en cuenta el perfil de la mayoría: mujeres campesinas, viudas y con hijos.
La idea es, precisamente, que ellas y todos los que han sufrido en medio del conflicto tengan la información suficiente para acceder a la verdad, la justicia y la reparación sin exponerse.
Por eso, la Comisión de Reparación lanza hoy la cartilla ¿Soy una víctima?, tengo derechos, pensada también para quienes no saben leer y escribir.
Guía para acceder a Justicia y Paz
Sobre la base de que uno de los grandes obstáculos para las víctimas es la falta de información, La cartilla que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación lanza hoy explica los delitos por los que se puede reclamar, el proceso que se debe seguir, las entidades a las que se debe acudir y el significado de la verdad, la justicia y la reparación. Para difundirla se ayudarán de las oficinas regionales de la Comisión y de las organizaciones de víctimas. Habrá un programa de multiplicadores.
Problemas para aplicar la ley
1. Aún no es claro el panorama para los más de mil desmovilizados que han manifestado su intención de no continuar en Justicia y Paz. Tampoco para los postulados que siguieron delinquiendo.
2. 200 presos han solicitado los beneficios de la ley. Algunos llevan 9 años en prisión, lo que supondría que tendrían que quedar libres porque las penas de Justicia y Paz son entre 5 y 8 años.
3. No se ha logrado llegarhasta los testaferros de los 'paras'. Se reglamentó el uso del principio de oportunidad, pero aún no se aplica.
4. Otro problema es que no se tiene conocimiento de dónde está un gran número de desmovilizados.
¿Alguién no esta diciendo la verdad?
Los Sindicatos responden a als falsas acusaciones del Gobierno.
Sindicalistas: “Acusaciones del Gobierno responden a la posición de los trabajadores frente al TLC”
Tras la acusación del vicepresidente Santos a tres sindicalistas de firmar una declaración a favor del movimiento armado, éstos reaccionaron con indignación. Acusaron al Gobierno de intentar desprestigiarlos como una estrategia para avanzar en las negociaciones del TLC.
Alguien no dice la verdad en el caso de los tres sindicalistas que participaron en un encuentro alternativo en Quito y en cuya declaración final se expresó un apoyo a los movimientos insurgentes colombianos. El Gobierno considera nocivo para la democracia que los líderes obreros hayan asistido y estampado su lúbrica en esa cumbre en una página más de la historia de la “combinación de todas las formas de lucha” para alcanzar el poder; los trabajadores, por su parte creen que el Ejecutivo “montó” una “campaña de guerra sucia”. ¿Para qué? Para crear dudas entre la bancada demócrata que ha condicionado la firma del TLC a las plenas garantías de los sindicalistas nacionales en sus tareas.
El Gobierno se sostiene en su señalamiento. La participación de los tres sindicatos en el “XI Seminario Internacional: Problemas de la Revolución en América Latina” y su apoyo al documento final en señal de que los sindicatos consideran a los grupos armados como alternativa para un cambio estructural en el país.
Por su parte, los sindicalistas rechazan las apreciaciones del Ejecutivo y enfatizan su repudio a los grupos violentos. Según Carlos Rodríguez, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los representantes de los tres sindicatos que asistieron al evento en Quito no estuvieron hasta el final de la jornada. Él único que se quedó hasta el final fue el presidente de Sintraunicol, quien se pronunció pública y enfáticamente en rechazo a la guerrilla cuando se leyó el documento final donde se le apoyaba.
Carlos William Camino, presidente de Sintrateléfonos quien asistió al seminario le dijo a semana.com que “los tres sindicatos colombianos” fueron “específicamente para hablar sobre su rechazo al TLC y sobre el manejo de los servicios públicos en Colombia, una vez que discutieron esos puntos se retiraron del acto, con excepción de Carlos Escobar presidente de Sintraunicol”.
Camino agregó que para poder firmar el documento final, las organizaciones asistentes necesitaban colocar ponencia y debatirla a lo largo de la jornada y ninguno de los sindicalistas colombianos lo hicieron. Por esta razón no tenían derecho a firmar el escrito.
“Pensamos que el Gobierno Nacional dio esas declaraciones cuando leyó el documento final y vio que entre los asistentes al evento estaban tres sindicatos colombianos, pero ninguno de ellos firmó para legitimar al ELN y a las FARC. Lo ilógico es que el Gobierno afirme que los sindicatos firmaron cuando el mismo documento comprueba que no están las firmas”, le dijo a semana.com Carlos Rodríguez.
Por su parte, Ciro Guzmán, director del Movimiento Popular Democrático (MPD), que sirvió de anfitrión en Ecuador, le confirmó a semana.com que dos de los grupos sindicalistas colombianos se retiraron antes de finalizar el evento y solo uno permaneció hasta el final pero no firmó el documento conclusivo. Sin embargo, acotó que ninguna de las 32 organizaciones participantes, provenientes de 10 países lo firmó. “En los 11 años consecutivos en que se viene realizando este seminario nunca se han firmado los documentos finales, ya que es muy difícil que todos los participantes aprueben por escrito lo que se concluye”.
Carlos Escobar, presidente de Sintraunicol y único representante sindical colombiano durante la fase conclusiva del seminario, se negó a hablar con semana.com cuando se le solicitó su versión de los hechos.
¿Cortina de humo?
A juicio de Carlos Camino, el Gobierno lo que intenta establecer es una cortina de humo ante el problema que tiene con EU al no concretarse el TLC. Los sindicatos colombianos rechazan ese tratado comercial, razón por la que intenta desprestigiarlos ante la opinión pública, catalogándolos de violentos para que pierdan fuerza y así se pueda finiquitar el pacto. “El Gobierno Nacional nos puso la lápida en las rodillas porque sabe que estamos en total desacuerdo con el TLC”.
La misma idea sobre la vinculación de las declaraciones del Gobierno con la negativa de los sindicatos a aprobar el TLC fue sostenida por el CUT en un comunicado de prensa publicado el 23 de julio.
Ciro Guzmán considera que el Ejecutivo busca desviar la atención de la opinión pública para solucionar, lo que a su juicio, realmente le preocupa. “El Gobierno nacional colombiano busca establecer una cortina de humo que intenta disipar los graves problemas de popularidad que enfrenta el Presidente Uribe, además de desprestigiar al Gobierno democrático del Ecuador con el que ha tenido ciertas diferencias en materia de fumigación de cultivos y en referencia a los grupos armados a los que se niega a catalogar de terroristas”.
Carlos Rodríguez agregó: “El problema que se ha generado a partir de las declaraciones infundadas del Gobierno Nacional no le conviene a nadie, incluso están en riesgo nuestras vidas. Es por ello, que invitamos al Gobierno a un diálogo ponderado para aclarar los hechos y buscar alternativas que nos beneficien a todos”.
En este Sentido, Carlos Camino acotó que los sindicatos “necesitan que el Presidente Uribe y el Vicepresidente Santos, se retracten públicamente. Por nuestra parte, denunciaremos a organismos internacionales los atropellos de los que hemos sido víctimas”.
Aunque ambos sectores defienden su posición, si es cierto que el documento no lleva firma alguna, queda difícil precisar quienes apoyan o rechazan a los grupos armados, porque la sola asistencia al evento no es evidencia suficiente.
Sin embargo, la historia es indeleble. Para el analista político Diego Arias “a lo largo de los años ha habido una actitud complaciente de los sindicatos colombianos con relación a los planteamientos de los grupos armados. Esto no quiere decir que participan activamente en los hechos de violencia, pero es claro que algunos sectores sindicales ven en la guerrilla la esperanza honesta de que las acciones de estos grupos son una oportunidad de cambio y transformación, a través de una conquista social y revolucionaria”.
La historia no es nueva tampoco en otras partes de América Latina. De forma reiterada, los sindicatos alrededor del mundo se han ofrecido como canales para el accionar político de los movimientos revolucionarios de izquierda, tanto de partidos como de organizaciones armadas. Prueba de ello, fueron los comités sindicales que junto al Partido Socialista Popular Cubano trabajaron en función del Movimiento 26 de julio que llevó a Fidel Castro a tomar el poder de la Isla.
Lo único cierto hasta ahora es que en el caso de los tres sindicalistas colombianos que asistieron a Ecuador alguien no está diciendo la verdad.
Sindicalistas: “Acusaciones del Gobierno responden a la posición de los trabajadores frente al TLC”
Tras la acusación del vicepresidente Santos a tres sindicalistas de firmar una declaración a favor del movimiento armado, éstos reaccionaron con indignación. Acusaron al Gobierno de intentar desprestigiarlos como una estrategia para avanzar en las negociaciones del TLC.
Alguien no dice la verdad en el caso de los tres sindicalistas que participaron en un encuentro alternativo en Quito y en cuya declaración final se expresó un apoyo a los movimientos insurgentes colombianos. El Gobierno considera nocivo para la democracia que los líderes obreros hayan asistido y estampado su lúbrica en esa cumbre en una página más de la historia de la “combinación de todas las formas de lucha” para alcanzar el poder; los trabajadores, por su parte creen que el Ejecutivo “montó” una “campaña de guerra sucia”. ¿Para qué? Para crear dudas entre la bancada demócrata que ha condicionado la firma del TLC a las plenas garantías de los sindicalistas nacionales en sus tareas.
El Gobierno se sostiene en su señalamiento. La participación de los tres sindicatos en el “XI Seminario Internacional: Problemas de la Revolución en América Latina” y su apoyo al documento final en señal de que los sindicatos consideran a los grupos armados como alternativa para un cambio estructural en el país.
Por su parte, los sindicalistas rechazan las apreciaciones del Ejecutivo y enfatizan su repudio a los grupos violentos. Según Carlos Rodríguez, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los representantes de los tres sindicatos que asistieron al evento en Quito no estuvieron hasta el final de la jornada. Él único que se quedó hasta el final fue el presidente de Sintraunicol, quien se pronunció pública y enfáticamente en rechazo a la guerrilla cuando se leyó el documento final donde se le apoyaba.
Carlos William Camino, presidente de Sintrateléfonos quien asistió al seminario le dijo a semana.com que “los tres sindicatos colombianos” fueron “específicamente para hablar sobre su rechazo al TLC y sobre el manejo de los servicios públicos en Colombia, una vez que discutieron esos puntos se retiraron del acto, con excepción de Carlos Escobar presidente de Sintraunicol”.
Camino agregó que para poder firmar el documento final, las organizaciones asistentes necesitaban colocar ponencia y debatirla a lo largo de la jornada y ninguno de los sindicalistas colombianos lo hicieron. Por esta razón no tenían derecho a firmar el escrito.
“Pensamos que el Gobierno Nacional dio esas declaraciones cuando leyó el documento final y vio que entre los asistentes al evento estaban tres sindicatos colombianos, pero ninguno de ellos firmó para legitimar al ELN y a las FARC. Lo ilógico es que el Gobierno afirme que los sindicatos firmaron cuando el mismo documento comprueba que no están las firmas”, le dijo a semana.com Carlos Rodríguez.
Por su parte, Ciro Guzmán, director del Movimiento Popular Democrático (MPD), que sirvió de anfitrión en Ecuador, le confirmó a semana.com que dos de los grupos sindicalistas colombianos se retiraron antes de finalizar el evento y solo uno permaneció hasta el final pero no firmó el documento conclusivo. Sin embargo, acotó que ninguna de las 32 organizaciones participantes, provenientes de 10 países lo firmó. “En los 11 años consecutivos en que se viene realizando este seminario nunca se han firmado los documentos finales, ya que es muy difícil que todos los participantes aprueben por escrito lo que se concluye”.
Carlos Escobar, presidente de Sintraunicol y único representante sindical colombiano durante la fase conclusiva del seminario, se negó a hablar con semana.com cuando se le solicitó su versión de los hechos.
¿Cortina de humo?
A juicio de Carlos Camino, el Gobierno lo que intenta establecer es una cortina de humo ante el problema que tiene con EU al no concretarse el TLC. Los sindicatos colombianos rechazan ese tratado comercial, razón por la que intenta desprestigiarlos ante la opinión pública, catalogándolos de violentos para que pierdan fuerza y así se pueda finiquitar el pacto. “El Gobierno Nacional nos puso la lápida en las rodillas porque sabe que estamos en total desacuerdo con el TLC”.
La misma idea sobre la vinculación de las declaraciones del Gobierno con la negativa de los sindicatos a aprobar el TLC fue sostenida por el CUT en un comunicado de prensa publicado el 23 de julio.
Ciro Guzmán considera que el Ejecutivo busca desviar la atención de la opinión pública para solucionar, lo que a su juicio, realmente le preocupa. “El Gobierno nacional colombiano busca establecer una cortina de humo que intenta disipar los graves problemas de popularidad que enfrenta el Presidente Uribe, además de desprestigiar al Gobierno democrático del Ecuador con el que ha tenido ciertas diferencias en materia de fumigación de cultivos y en referencia a los grupos armados a los que se niega a catalogar de terroristas”.
Carlos Rodríguez agregó: “El problema que se ha generado a partir de las declaraciones infundadas del Gobierno Nacional no le conviene a nadie, incluso están en riesgo nuestras vidas. Es por ello, que invitamos al Gobierno a un diálogo ponderado para aclarar los hechos y buscar alternativas que nos beneficien a todos”.
En este Sentido, Carlos Camino acotó que los sindicatos “necesitan que el Presidente Uribe y el Vicepresidente Santos, se retracten públicamente. Por nuestra parte, denunciaremos a organismos internacionales los atropellos de los que hemos sido víctimas”.
Aunque ambos sectores defienden su posición, si es cierto que el documento no lleva firma alguna, queda difícil precisar quienes apoyan o rechazan a los grupos armados, porque la sola asistencia al evento no es evidencia suficiente.
Sin embargo, la historia es indeleble. Para el analista político Diego Arias “a lo largo de los años ha habido una actitud complaciente de los sindicatos colombianos con relación a los planteamientos de los grupos armados. Esto no quiere decir que participan activamente en los hechos de violencia, pero es claro que algunos sectores sindicales ven en la guerrilla la esperanza honesta de que las acciones de estos grupos son una oportunidad de cambio y transformación, a través de una conquista social y revolucionaria”.
La historia no es nueva tampoco en otras partes de América Latina. De forma reiterada, los sindicatos alrededor del mundo se han ofrecido como canales para el accionar político de los movimientos revolucionarios de izquierda, tanto de partidos como de organizaciones armadas. Prueba de ello, fueron los comités sindicales que junto al Partido Socialista Popular Cubano trabajaron en función del Movimiento 26 de julio que llevó a Fidel Castro a tomar el poder de la Isla.
Lo único cierto hasta ahora es que en el caso de los tres sindicalistas colombianos que asistieron a Ecuador alguien no está diciendo la verdad.
Impunidad Total
Semana publica en su versión on line esta historia, terrible, como muchas otras, pero que demuestra el poder que siguen teniendo los supuestos grupos desmovilizados de las AUC. Nada, nadie hace anda para defender a esta familia que ha quedado en pobrezaq absoluta, en la indefensión absoluta, ante el poder de als mafias caciquiles que se beneficiaron del accionar de los paras, y que nadie ha sentado aún en el banquillo de los acusados.
Impunidad total
Historia de una persecución
La increíble historia de Maritza Salabarría y su familia, a quienes no sólo les quitaron la tierra, sino que han sido perseguidos durante 15 años por intentar recuperarla. Parábola de la violencia.
Al oír una historia como la de Maritza Salabarría se entiende por qué un país que cree que lo ha visto todo nunca perderá su capacidad para indignarse. En ella cabalgan los grandes flagelos que siguen alimentando la violencia en Colombia: la injusticia, el terror y el destierro. Su sufrimiento es demasiado evidente en su mirada, en sus gestos, en la manera como encoge el cuerpo –como tratando inconscientemente de protegerse–, pero sobre todo, en las pausas prolongadas de su voz, como si las palabras de su narración estuvieran envenenadas y tuviera que pasar saliva para poder contar su historia sin que la rabia se apodere de ella. Pese a lo que ha tenido que vivir, Maritza sabe que no puede darse por vencida: de su espíritu de lucha y de su fortaleza dependen los 28 miembros de su familia.
En 1992, los Salabarría eran un familia próspera y joven. Vivían en la tierra de su padre, Emiro José, quien a medida que crecían sus hijos, les entregaba un pedazo de parcela para que la trabajaran. La finca tenía cuatro casas, la de los padres y los hijos menores, y otras tres que se fueron haciendo a medida que los mayores se fueron casando. Vivían unidos y con holgura. Un centenar de reses les daba suficiente para sobrevivir y pensar en una educación para los hijos.
Hoy, 15 años después, los Salabarría son una familia extraña en el barrio donde viven, en una ciudad del Caribe. En total son 28, de los cuales nueve son niños. Ocho núcleos familiares que se hacinan en una casa a medio hacer, con tres habitaciones y un solo baño. En la olla de la cocina casi nunca hay comida. El plato más suculento es sopa de hueso. Hay tres camas y seis colchonetas en las que duermen las mujeres y los niños. No hay muebles, ni radio, ni televisor. Los hombres duermen en hilera en el piso de la sala. Nadie trabaja. Cada día una moto de la Policía viene a hacerles ronda.
En noviembre de 1992 un grupo armado los expulsó de su tierra. Durante tres lustros han errado por la Costa sufriendo una persecución que no ha tenido tregua. De un día para otro, se convirtieron en víctimas.
En los años 70, su padre, el viejo Emiro, llegó a la vereda Mundo Nuevo, de Montería, como parcelero beneficiado por la reforma agraria del Incora. Era una tierra privilegiada: plana, regada por un arroyo magnífico, y donde la comida para alimentar a sus nueve hijos crecía sin dificultad. Con los años fue comprando nuevas parcelas, hasta llegar a tener 110 hectáreas y más de 100 cabezas de ganado. Tierra que aspiraba a dejarles a sus hijos.
Pero todo se vino abajo en noviembre de 1992, cuando un grupo de las autodefensas llegó a la vereda. Encerraron a las mujeres y los niños en una de las casas, y a los hombres los tendieron en el piso, como si fueran a fusilarlos en el instante. El miedo se apoderó de todos ellos. Temían una masacre como las que habían hecho los mismos paramilitares en El Tomate, y la Mejor Esquina, meses atrás.
Los hombres les advirtieron que salieran si no querían ser asesinados. Les endil- gaban haber colaborado con la guerrilla del EPL, que con frecuencia recorría esa zona. Ese grupo se había desmovilizado un año atrás y los hombres de Salvatore Mancuso venían a apropiarse de ese territorio, en el que estarían por más de una década. Aunque ese día no mataron a nadie, poco después volvieron y quemaron la tienda de Dagoberto, el mayor de los Salabarría. “Llegaron y prrrra...prrrra...le dispararon a la caseta y le prendieron fuego. Se quemó el enfriador, la grabadora. Nosotros corrimos a escondernos al monte”, cuenta el propio Dagoberto.
Los Salabarría buscaron un camión y lo abandonaron todo. Menos uno de ellos: Marcial Antonio, esposo de Maritza Salabarría, quien se quedó cuidando el ganado mientras el resto de la estirpe se resguardaba en una casa en Planeta Rica. Los paramilitares vinieron a llevarse las reses y, de paso, se llevaron a Marcial Antonio, de quien no se volvió a tener noticia.
No habían terminado de instalarse en Planeta Rica cuando dos hombres llegaron en una moto hasta la casa y preguntaron por el viejo Emiro. Cuando lo tuvieron al frente, sacaron un arma y le hicieron varios tiros al aire. “Ya no estábamos seguros en Planeta, entonces empacamos y nos fuimos para Belén de Bajirá, en Urabá”, cuenta Maritza. Un amigo les ayudó a encontrar una casa, y el viejo consiguió 10 hectáreas de tierra baldía. Con sus hijos, se dedicó a cultivar maíz, plátano y yuca. Las mujeres trabajaban en el pueblito, y parecía que la vida volvía a sonreír.
La paz duró apenas pocos años años. El huracán de la guerra venía con su furia para esa tierra de presencia histórica de las Farc, y cuyas fértiles tierras eran la ambición de Vicente Castaño, quien en poco tiempo se apropió de miles de hectáreas allí. Empezaron las masacres, los asesinatos y el desplazamiento. Los Salabarría no esperaron que les tocara su cuota de violencia y cuando la zozobra se hizo insostenible, se vieron de nuevo en un camión, de regreso a Planeta Rica.
Para esta época su finca en Mundo Nuevo ya estaba en otras manos. “Dos ganaderos, Jesús Ramírez y Fabio Gutiérrez, rompieron las cercas y echaron el ganado a pastar ahí. Que quede claro que ese señor Ramírez nunca nos ha comprado. En 1995 él quiso comprarnos. Mi papá y yo viajamos, medimos la tierra, y después él nos ofreció 400.000 pesos por hectárea. Mi papá no quiso vender porque la hectárea ya estaba a dos millones y medio. Mi papá le dijo: yo no le regalo la tierra a ese precio”. Pero el Incora, que en 1981 les había dado los títulos a los Salabarría, en 1993 le dio nuevamente la misma tierra a Julio de Hoyos, un trabajador del ganadero Fabio Gutiérrez. De Hoyos actuó como testaferro para que Gutiérrez se quedara con la tierra. “Tocó hacerlo así porque el Incora no me la podía titular a mí dizque por latifundista”, le dijo a SEMANA el ganadero, quien también reconoció que De Hoyos trasladó el predio a nombre de su hijo Fabio Andrés. “No sé cómo hizo para que el gobierno le entregara la tierra que les pertenece a los campesinos. Él mismo reconoció delante de nosotros que tiene 5.000 hectáreas”, alega Maritza.
El Incora entregó la parcela apoyándose en una resolución de diciembre 31 de 1991 que supuestamente les quitaba la propiedad a los Salabarría. Pero dicha resolución no existe en los archivos de la institución. Según fuentes del Incoder, es bastante remoto que una resolución se hubiese expedido en esa fecha. Posiblemente, ni siquiera existe.
Para esa época, 1997, los Salabarría ignoraban lo que estaba ocurriendo. Se habían refugiado en Planeta Rica y no entraban a la zona rural porque los paramilitares seguían allí como amos y señores. El viejo Emiro estaba muy enfermo y deprimido de ver que había perdido la batalla por la tierra. Pero se animó de nuevo cuando, a principios de 1998 recibió una carta en la que lo citaban a una vereda para entregarle, supuestamente, parte del ganado que daba por perdido. Emocionado fue a la cita y nunca más se supo de él. Ese mismo día en la tarde, la mamá de los Salabarría, al enterarse de la suerte de su esposo –y que siempre estuvo temerosa de aquella cita–, sufrió un infarto fulminante y murió.
Aun así, en medio del dolor y el temor, los Salabarría siguieron en Planeta Rica. Los muchachos, que ya habían crecido, buscaron trabajo en el campo. La segunda generación de niños empezó a estudiar en medio de enormes dificultades y pobreza. Estudios que los múltiples desplazamientos no les permitieron terminar y que hoy tienen a varios de los menores en gran atraso escolar y de analfabetismo. Posteriormente, todos se trasladaron a Montelíbano, Córdoba, donde lograron mayor estabilidad. “Lo hicimos porque allí había más empleo”, explica Maritza. Los niños retomaron los estudios y aunque de manera informal, todos encontraron un trabajo. Pero las tierras abandonadas eran una espina clavada en su pecho. Estaba convencida de que les pertenecían y de que sus hijos y nietos debían crecer allá.
Ilusión fallida
“Me enteré por las noticias de que se estaban desmovilizando las autodefensas. Una vez que entrevistaron al señor Mancuso, él dijo que iba a entregar 10.000 hectáreas de tierra en Córdoba y que en esa tierra estaba la finca de un campesino. Yo me puse las manos en la cabeza y dije: está hablando de la tierra de mi papá”, dice Maritza. Llena de optimismo se fue para Ralito en busca de Mancuso, pero no logró hablar con él. Entonces se fue para la Defensoría del Pueblo. “Le dije a la doctora Milene: ayúdenos. Somos campesinos y necesitamos esa tierra para trabajar”. Ana Milene Andrade, en ese entonces defensora regional del pueblo en Córdoba, verificó todo lo relativo al caso y, con el apoyo de una misión de la OEA que verifica el proceso de paz, organizó el retorno de los Salabarría a su finca de Nuevo Mundo. Cuando supieron que podían retornar, no lo podían creer. Estaban por terminar tres lustros de vida errante.
El 6 de junio del año pasado el regreso a la tierra fue un gran carnaval. En varios chiveros, acompañados por las camionetas de la OEA y la Defensoría, con periodistas de toda la región, se hizo la llegada triunfal. La prensa tituló con gran optimismo. El retorno de los Salabarría era un mensaje de esperanza y justicia para las miles de familias desplazadas que habían perdido todo.
Dos horas después de trasegar por el camino que conduce a la finca se dieron cuenta de que las cosas no iban a ser fáciles. Ya no quedaba nada de las cuatro casas que los Salabarría habían dejado construidas en su tierra. Por eso cuando llegaron, levantaron dos ranchos con palma y uno de plástico, y allí se instalaron los 29 miembros de la familia. Los hombres volvieron a coger la rula para limpiar la tierra, y las mujeres se dedicaron a enseñarles a sus hijos de nuevo, cómo se vive en el campo. “Las cositas que cada uno tenía las empeñamos. Compramos comida, plásticos, rulas, para empezar una nueva vida”, dice Edward Salabarría, uno de los menores de la saga.
La dicha duró poco. “Al otro día ya había cinco hombres a caballo amenazándonos. Nos decían invasores, guerrilleros”, dice Maritza. Los títulos de propiedad que ella exhibía parecían no valer nada. La tierra ahora tenía dos dueños: los Salabarría y Fabio Andrés Gutiérrez, el hijo del ganadero que se había hecho a la tierra, quien, apoyado en sus documentos de dudoso origen, interpuso una acción policial para que los otros fueran desalojados.
La Defensoría, que había promovido el retorno, tuvo que mediar. A estas alturas, la disputa por la tierra estaba ya en manos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que debe resolver el tema de fondo: a quién le pertenecen legal y justamente esas tierras. Pero Maritza alegaba que había 10 hectáreas cuyos títulos eran exclusivamente de la familia, y que no eran parte del litigio. Los ganaderos Ramírez y Gutiérrez alegaban que esto no era cierto. Un estudio topográfico, con el visto bueno del Agustín Codazzi, les dio la razón a los Salabarría. Era claro que ellos podían quedarse, por el momento, en esas 10 hectáreas, mientras la justicia resolvía el destino del resto de la tierra. A regañadientes, los Gutiérrez ofrecieron comprar ese pedazo de tierra. Al parecer, nunca se llegó a un acuerdo. En conversación con SEMANA, Gutiérrez dijo que sí pagó “como ocho millones” a la familia. Maritza Salabarría asegura que nunca recibió dinero. “Ellos nos ofrecieron dos millones por hectárea. No quisimos vender porque queremos es toda la tierra y si la quieren comprar, que sea a un precio justo”, dice. SEMANA pudo establecer que en esta región la hectárea de tierra actualmente vale siete millones de pesos. La situación entre las partes se puso más tensa. La desconfianza era mutua y el miedo empezaba a apoderarse de nuevo de los Salabarría.
A pesar de que las instituciones habían organizado el retorno, una vez allí, se quedaron solos. “No entiendo por qué esas instituciones no nos siguieron acompañando”, dice Maritza. A los dos meses, les llegó el rumor de que los iban a masacrar. Que había un grupo preparando una matanza que sería atribuida a las Farc. Como pudieron, recogieron sus cosas, buscaron un camión y se fueron, sin mirar atrás. En pocas horas todos estaban de nuevo en Planeta Rica. Pero en el pueblo tampoco quedaron tranquilos. “A los dos o tres días el señor me buscó y me dijo que reuniera a todos mis hermanos para que negociáramos la tierra. Dijo que nos llevaría a Caucasia para cerrar el trato. Cuando el señor llegó en dos camionetas y vi que atrás estaban los tipos que nos venían hostigando, pensé que nos iban a llevar era para matarnos y tirarnos al río Cauca. Entonces les dije a mis hermanos: vámonos, vámonos. Y todos salimos corriendo por calles distintas, relata Maritza. Nos iban a matar”.
Aterrorizados y sin saber a quién acudir, la familia empezó a disgregarse. Los hombres empezaron a trabajar monte adentro. “Se iban lejos, para que no pudieran dar con ellos. No cargaban ni la cédula para que no les vieran el apellido”, cuenta. Hasta que el 26 de diciembre del año pasado llegó a la casa de la familia en Montelíbano una carta. “Decía que la vida de nosotros no valía un peso. Que nosotros caminábamos por caminar. Que iban a empezar a matar a los niños pequeños, desde Andrés, que tiene 3 años, para que el sufrimiento fuera más grande. Que si denunciábamos, nos iban a matar a todos. Entonces yo misma les dije a todos mis hermanos ‘¡vámonos de aquí!’”.
Maritza organizó el viaje de todos. Decidieron irse a una gran ciudad, donde nadie los conociera. Durante dos meses, todos durmieron en un edificio que estaba en construcción y cuyo celador les dio albergue. Luego consiguieron una casa en arriendo donde se hacinan 28 personas hasta el día de hoy. Sólo Emiro, uno de los hermanos, se negó a huir de nuevo. Dijo: “ya estoy cansado de seguir con ustedes aguantando hambre. Si nos van a matar, que nos maten aquí”, cuentan sus hermanos. Se quedó en Córdoba desafiando la muerte. En marzo de este año también fue desaparecido. “Yo le supliqué que no se quedara. Pero él no quería más una vida así. Se había desapegado de la vida”, dice.
El 14 de abril, Maritza y otra de sus hermanas viajaron a Bogotá, con 500.000 pesos que consiguió prestados. Llegaron en la noche y durmieron en la terminal de transporte. No conocían a nadie y tampoco sabían a dónde ir. Al otro día tocaron todas las puertas: Defensoría, Fiscalía, Comisión de Reparación. De un lado para el otro, nadie les dio una solución. Todos les han pedido que esperen. “Yo lo que quiero es que me digan cómo y quién me va a resolver el problema”, dice con una voz ahogada de angustia.
En medio de la penuria, los Salabarría siguen esperando la acción de la justicia. Miran hacia atrás con dolor. Eran campesinos prósperos, que soñaban con heredar la tierra que su padre les había enseñado a trabajar. Pero un día, por culpa de la guerra, lo perdieron todo. Sus vidas tomaron otro rumbo. Y ni siquiera el proceso de justicia y paz ha podido enderezar de nuevo sus destinos.
La semilla de la violencia
La dificultad que ha encontrado la familia Salabarría para recuperar su vida y su dignidad es también la dificultad que encuentra el país para solucionar las raíces del conflicto armado. El destierro a punta de fusil que padecieron Maritza y su familia, en medio de la pobreza, el temor y la indiferencia del Estado, es la expresión del problema más grave del conflicto armado colombiano: la tierra.
El caso de los Salabarría, como los de millones de colombianos en los últimos 50 años, es la demostración más palpable y dramática de que todos los intentos por democratizar la propiedad de la tierra en Colombia, no sólo han fracasado, sino que la situación ha empeorado.
Hoy la tierra está más concentrada que hace 30 años. Un reciente estudio del Instituto Agustín Codazzi en 10 de los departamentos más productivos del país revela que en 2007, mientras medio millón de personas son dueñas del 0,4 por ciento de la tierra, sólo 1.000 personas poseen el 46 por ciento.
La reforma agraria que hizo López Pumarejo y que intentó completar Lleras Restrepo, terminó por cuenta de la falta de voluntad política de la clase dirigente, en una sangrienta contrarreforma llevada a cabo por el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla. La mafia convirtió la tierra en el mejor medio para lavar dinero y en su más preciado símbolo de poder. Los paramilitares y las guerrillas vieron en las tierras la mejor manera de controlar el territorio en la guerra y de establecer corredores seguros para el tráfico de drogas. El terror fue el mejor aliado para lograr esta contrarreforma. Masacres, asesinatos, amenazas, intimidación y ventas de predios forzadas han llevado en los últimos 15 años a que cientos de miles de campesinos estén reclamando sus parcelas. Sólo en el departamento de Córdoba 900 personas que se han registrado para ser reparadas aspiran a que se les restituyan 37.000 hectáreas.
Pero del vía crucis del desplazamiento forzado los desterrados pasan a la frustración de ver la impotencia del Estado para restituirles sus derechos. Colombia está lejos de encontrar una fórmula jurídica para desenredar el nudo gordiano de la restitución de la tierras. Desde compradores de buena fe, pasando por sofisticadas fórmulas de testaferrato, hasta la falsificación de documentos o escrituras –o la ausencia de éstas– hacen que las personas que buscan volver a su hogar se enfrenten a un proceso kafkiano y una peregrinación sin respuesta por todas las entidades del Estado: Fiscalía, Defensoría, Incoder, Acción Social, Comisión Nacional de Reparación, Procuraduría, alcaldías y gobernaciones.
Aunque hay esfuerzos aislados y muchos funcionarios eficientes que se conmueven y sufren con historias como la de Maritza y su familia, no se ve una política de Estado clara para coger por los cuernos el problema de la tierra, la causa más grave de la guerra en Colombia.
Si el gobierno –y sobre todo el Presidente– no le pone la cara a esta situación en momentos en que los desmovilizados y las víctimas esperan una opción de vida y de reconciliación, se estará sembrando la semilla de la violencia de los próximos 40 años.
Impunidad total
Historia de una persecución
La increíble historia de Maritza Salabarría y su familia, a quienes no sólo les quitaron la tierra, sino que han sido perseguidos durante 15 años por intentar recuperarla. Parábola de la violencia.
Al oír una historia como la de Maritza Salabarría se entiende por qué un país que cree que lo ha visto todo nunca perderá su capacidad para indignarse. En ella cabalgan los grandes flagelos que siguen alimentando la violencia en Colombia: la injusticia, el terror y el destierro. Su sufrimiento es demasiado evidente en su mirada, en sus gestos, en la manera como encoge el cuerpo –como tratando inconscientemente de protegerse–, pero sobre todo, en las pausas prolongadas de su voz, como si las palabras de su narración estuvieran envenenadas y tuviera que pasar saliva para poder contar su historia sin que la rabia se apodere de ella. Pese a lo que ha tenido que vivir, Maritza sabe que no puede darse por vencida: de su espíritu de lucha y de su fortaleza dependen los 28 miembros de su familia.
En 1992, los Salabarría eran un familia próspera y joven. Vivían en la tierra de su padre, Emiro José, quien a medida que crecían sus hijos, les entregaba un pedazo de parcela para que la trabajaran. La finca tenía cuatro casas, la de los padres y los hijos menores, y otras tres que se fueron haciendo a medida que los mayores se fueron casando. Vivían unidos y con holgura. Un centenar de reses les daba suficiente para sobrevivir y pensar en una educación para los hijos.
Hoy, 15 años después, los Salabarría son una familia extraña en el barrio donde viven, en una ciudad del Caribe. En total son 28, de los cuales nueve son niños. Ocho núcleos familiares que se hacinan en una casa a medio hacer, con tres habitaciones y un solo baño. En la olla de la cocina casi nunca hay comida. El plato más suculento es sopa de hueso. Hay tres camas y seis colchonetas en las que duermen las mujeres y los niños. No hay muebles, ni radio, ni televisor. Los hombres duermen en hilera en el piso de la sala. Nadie trabaja. Cada día una moto de la Policía viene a hacerles ronda.
En noviembre de 1992 un grupo armado los expulsó de su tierra. Durante tres lustros han errado por la Costa sufriendo una persecución que no ha tenido tregua. De un día para otro, se convirtieron en víctimas.
En los años 70, su padre, el viejo Emiro, llegó a la vereda Mundo Nuevo, de Montería, como parcelero beneficiado por la reforma agraria del Incora. Era una tierra privilegiada: plana, regada por un arroyo magnífico, y donde la comida para alimentar a sus nueve hijos crecía sin dificultad. Con los años fue comprando nuevas parcelas, hasta llegar a tener 110 hectáreas y más de 100 cabezas de ganado. Tierra que aspiraba a dejarles a sus hijos.
Pero todo se vino abajo en noviembre de 1992, cuando un grupo de las autodefensas llegó a la vereda. Encerraron a las mujeres y los niños en una de las casas, y a los hombres los tendieron en el piso, como si fueran a fusilarlos en el instante. El miedo se apoderó de todos ellos. Temían una masacre como las que habían hecho los mismos paramilitares en El Tomate, y la Mejor Esquina, meses atrás.
Los hombres les advirtieron que salieran si no querían ser asesinados. Les endil- gaban haber colaborado con la guerrilla del EPL, que con frecuencia recorría esa zona. Ese grupo se había desmovilizado un año atrás y los hombres de Salvatore Mancuso venían a apropiarse de ese territorio, en el que estarían por más de una década. Aunque ese día no mataron a nadie, poco después volvieron y quemaron la tienda de Dagoberto, el mayor de los Salabarría. “Llegaron y prrrra...prrrra...le dispararon a la caseta y le prendieron fuego. Se quemó el enfriador, la grabadora. Nosotros corrimos a escondernos al monte”, cuenta el propio Dagoberto.
Los Salabarría buscaron un camión y lo abandonaron todo. Menos uno de ellos: Marcial Antonio, esposo de Maritza Salabarría, quien se quedó cuidando el ganado mientras el resto de la estirpe se resguardaba en una casa en Planeta Rica. Los paramilitares vinieron a llevarse las reses y, de paso, se llevaron a Marcial Antonio, de quien no se volvió a tener noticia.
No habían terminado de instalarse en Planeta Rica cuando dos hombres llegaron en una moto hasta la casa y preguntaron por el viejo Emiro. Cuando lo tuvieron al frente, sacaron un arma y le hicieron varios tiros al aire. “Ya no estábamos seguros en Planeta, entonces empacamos y nos fuimos para Belén de Bajirá, en Urabá”, cuenta Maritza. Un amigo les ayudó a encontrar una casa, y el viejo consiguió 10 hectáreas de tierra baldía. Con sus hijos, se dedicó a cultivar maíz, plátano y yuca. Las mujeres trabajaban en el pueblito, y parecía que la vida volvía a sonreír.
La paz duró apenas pocos años años. El huracán de la guerra venía con su furia para esa tierra de presencia histórica de las Farc, y cuyas fértiles tierras eran la ambición de Vicente Castaño, quien en poco tiempo se apropió de miles de hectáreas allí. Empezaron las masacres, los asesinatos y el desplazamiento. Los Salabarría no esperaron que les tocara su cuota de violencia y cuando la zozobra se hizo insostenible, se vieron de nuevo en un camión, de regreso a Planeta Rica.
Para esta época su finca en Mundo Nuevo ya estaba en otras manos. “Dos ganaderos, Jesús Ramírez y Fabio Gutiérrez, rompieron las cercas y echaron el ganado a pastar ahí. Que quede claro que ese señor Ramírez nunca nos ha comprado. En 1995 él quiso comprarnos. Mi papá y yo viajamos, medimos la tierra, y después él nos ofreció 400.000 pesos por hectárea. Mi papá no quiso vender porque la hectárea ya estaba a dos millones y medio. Mi papá le dijo: yo no le regalo la tierra a ese precio”. Pero el Incora, que en 1981 les había dado los títulos a los Salabarría, en 1993 le dio nuevamente la misma tierra a Julio de Hoyos, un trabajador del ganadero Fabio Gutiérrez. De Hoyos actuó como testaferro para que Gutiérrez se quedara con la tierra. “Tocó hacerlo así porque el Incora no me la podía titular a mí dizque por latifundista”, le dijo a SEMANA el ganadero, quien también reconoció que De Hoyos trasladó el predio a nombre de su hijo Fabio Andrés. “No sé cómo hizo para que el gobierno le entregara la tierra que les pertenece a los campesinos. Él mismo reconoció delante de nosotros que tiene 5.000 hectáreas”, alega Maritza.
El Incora entregó la parcela apoyándose en una resolución de diciembre 31 de 1991 que supuestamente les quitaba la propiedad a los Salabarría. Pero dicha resolución no existe en los archivos de la institución. Según fuentes del Incoder, es bastante remoto que una resolución se hubiese expedido en esa fecha. Posiblemente, ni siquiera existe.
Para esa época, 1997, los Salabarría ignoraban lo que estaba ocurriendo. Se habían refugiado en Planeta Rica y no entraban a la zona rural porque los paramilitares seguían allí como amos y señores. El viejo Emiro estaba muy enfermo y deprimido de ver que había perdido la batalla por la tierra. Pero se animó de nuevo cuando, a principios de 1998 recibió una carta en la que lo citaban a una vereda para entregarle, supuestamente, parte del ganado que daba por perdido. Emocionado fue a la cita y nunca más se supo de él. Ese mismo día en la tarde, la mamá de los Salabarría, al enterarse de la suerte de su esposo –y que siempre estuvo temerosa de aquella cita–, sufrió un infarto fulminante y murió.
Aun así, en medio del dolor y el temor, los Salabarría siguieron en Planeta Rica. Los muchachos, que ya habían crecido, buscaron trabajo en el campo. La segunda generación de niños empezó a estudiar en medio de enormes dificultades y pobreza. Estudios que los múltiples desplazamientos no les permitieron terminar y que hoy tienen a varios de los menores en gran atraso escolar y de analfabetismo. Posteriormente, todos se trasladaron a Montelíbano, Córdoba, donde lograron mayor estabilidad. “Lo hicimos porque allí había más empleo”, explica Maritza. Los niños retomaron los estudios y aunque de manera informal, todos encontraron un trabajo. Pero las tierras abandonadas eran una espina clavada en su pecho. Estaba convencida de que les pertenecían y de que sus hijos y nietos debían crecer allá.
Ilusión fallida
“Me enteré por las noticias de que se estaban desmovilizando las autodefensas. Una vez que entrevistaron al señor Mancuso, él dijo que iba a entregar 10.000 hectáreas de tierra en Córdoba y que en esa tierra estaba la finca de un campesino. Yo me puse las manos en la cabeza y dije: está hablando de la tierra de mi papá”, dice Maritza. Llena de optimismo se fue para Ralito en busca de Mancuso, pero no logró hablar con él. Entonces se fue para la Defensoría del Pueblo. “Le dije a la doctora Milene: ayúdenos. Somos campesinos y necesitamos esa tierra para trabajar”. Ana Milene Andrade, en ese entonces defensora regional del pueblo en Córdoba, verificó todo lo relativo al caso y, con el apoyo de una misión de la OEA que verifica el proceso de paz, organizó el retorno de los Salabarría a su finca de Nuevo Mundo. Cuando supieron que podían retornar, no lo podían creer. Estaban por terminar tres lustros de vida errante.
El 6 de junio del año pasado el regreso a la tierra fue un gran carnaval. En varios chiveros, acompañados por las camionetas de la OEA y la Defensoría, con periodistas de toda la región, se hizo la llegada triunfal. La prensa tituló con gran optimismo. El retorno de los Salabarría era un mensaje de esperanza y justicia para las miles de familias desplazadas que habían perdido todo.
Dos horas después de trasegar por el camino que conduce a la finca se dieron cuenta de que las cosas no iban a ser fáciles. Ya no quedaba nada de las cuatro casas que los Salabarría habían dejado construidas en su tierra. Por eso cuando llegaron, levantaron dos ranchos con palma y uno de plástico, y allí se instalaron los 29 miembros de la familia. Los hombres volvieron a coger la rula para limpiar la tierra, y las mujeres se dedicaron a enseñarles a sus hijos de nuevo, cómo se vive en el campo. “Las cositas que cada uno tenía las empeñamos. Compramos comida, plásticos, rulas, para empezar una nueva vida”, dice Edward Salabarría, uno de los menores de la saga.
La dicha duró poco. “Al otro día ya había cinco hombres a caballo amenazándonos. Nos decían invasores, guerrilleros”, dice Maritza. Los títulos de propiedad que ella exhibía parecían no valer nada. La tierra ahora tenía dos dueños: los Salabarría y Fabio Andrés Gutiérrez, el hijo del ganadero que se había hecho a la tierra, quien, apoyado en sus documentos de dudoso origen, interpuso una acción policial para que los otros fueran desalojados.
La Defensoría, que había promovido el retorno, tuvo que mediar. A estas alturas, la disputa por la tierra estaba ya en manos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que debe resolver el tema de fondo: a quién le pertenecen legal y justamente esas tierras. Pero Maritza alegaba que había 10 hectáreas cuyos títulos eran exclusivamente de la familia, y que no eran parte del litigio. Los ganaderos Ramírez y Gutiérrez alegaban que esto no era cierto. Un estudio topográfico, con el visto bueno del Agustín Codazzi, les dio la razón a los Salabarría. Era claro que ellos podían quedarse, por el momento, en esas 10 hectáreas, mientras la justicia resolvía el destino del resto de la tierra. A regañadientes, los Gutiérrez ofrecieron comprar ese pedazo de tierra. Al parecer, nunca se llegó a un acuerdo. En conversación con SEMANA, Gutiérrez dijo que sí pagó “como ocho millones” a la familia. Maritza Salabarría asegura que nunca recibió dinero. “Ellos nos ofrecieron dos millones por hectárea. No quisimos vender porque queremos es toda la tierra y si la quieren comprar, que sea a un precio justo”, dice. SEMANA pudo establecer que en esta región la hectárea de tierra actualmente vale siete millones de pesos. La situación entre las partes se puso más tensa. La desconfianza era mutua y el miedo empezaba a apoderarse de nuevo de los Salabarría.
A pesar de que las instituciones habían organizado el retorno, una vez allí, se quedaron solos. “No entiendo por qué esas instituciones no nos siguieron acompañando”, dice Maritza. A los dos meses, les llegó el rumor de que los iban a masacrar. Que había un grupo preparando una matanza que sería atribuida a las Farc. Como pudieron, recogieron sus cosas, buscaron un camión y se fueron, sin mirar atrás. En pocas horas todos estaban de nuevo en Planeta Rica. Pero en el pueblo tampoco quedaron tranquilos. “A los dos o tres días el señor me buscó y me dijo que reuniera a todos mis hermanos para que negociáramos la tierra. Dijo que nos llevaría a Caucasia para cerrar el trato. Cuando el señor llegó en dos camionetas y vi que atrás estaban los tipos que nos venían hostigando, pensé que nos iban a llevar era para matarnos y tirarnos al río Cauca. Entonces les dije a mis hermanos: vámonos, vámonos. Y todos salimos corriendo por calles distintas, relata Maritza. Nos iban a matar”.
Aterrorizados y sin saber a quién acudir, la familia empezó a disgregarse. Los hombres empezaron a trabajar monte adentro. “Se iban lejos, para que no pudieran dar con ellos. No cargaban ni la cédula para que no les vieran el apellido”, cuenta. Hasta que el 26 de diciembre del año pasado llegó a la casa de la familia en Montelíbano una carta. “Decía que la vida de nosotros no valía un peso. Que nosotros caminábamos por caminar. Que iban a empezar a matar a los niños pequeños, desde Andrés, que tiene 3 años, para que el sufrimiento fuera más grande. Que si denunciábamos, nos iban a matar a todos. Entonces yo misma les dije a todos mis hermanos ‘¡vámonos de aquí!’”.
Maritza organizó el viaje de todos. Decidieron irse a una gran ciudad, donde nadie los conociera. Durante dos meses, todos durmieron en un edificio que estaba en construcción y cuyo celador les dio albergue. Luego consiguieron una casa en arriendo donde se hacinan 28 personas hasta el día de hoy. Sólo Emiro, uno de los hermanos, se negó a huir de nuevo. Dijo: “ya estoy cansado de seguir con ustedes aguantando hambre. Si nos van a matar, que nos maten aquí”, cuentan sus hermanos. Se quedó en Córdoba desafiando la muerte. En marzo de este año también fue desaparecido. “Yo le supliqué que no se quedara. Pero él no quería más una vida así. Se había desapegado de la vida”, dice.
El 14 de abril, Maritza y otra de sus hermanas viajaron a Bogotá, con 500.000 pesos que consiguió prestados. Llegaron en la noche y durmieron en la terminal de transporte. No conocían a nadie y tampoco sabían a dónde ir. Al otro día tocaron todas las puertas: Defensoría, Fiscalía, Comisión de Reparación. De un lado para el otro, nadie les dio una solución. Todos les han pedido que esperen. “Yo lo que quiero es que me digan cómo y quién me va a resolver el problema”, dice con una voz ahogada de angustia.
En medio de la penuria, los Salabarría siguen esperando la acción de la justicia. Miran hacia atrás con dolor. Eran campesinos prósperos, que soñaban con heredar la tierra que su padre les había enseñado a trabajar. Pero un día, por culpa de la guerra, lo perdieron todo. Sus vidas tomaron otro rumbo. Y ni siquiera el proceso de justicia y paz ha podido enderezar de nuevo sus destinos.
La semilla de la violencia
La dificultad que ha encontrado la familia Salabarría para recuperar su vida y su dignidad es también la dificultad que encuentra el país para solucionar las raíces del conflicto armado. El destierro a punta de fusil que padecieron Maritza y su familia, en medio de la pobreza, el temor y la indiferencia del Estado, es la expresión del problema más grave del conflicto armado colombiano: la tierra.
El caso de los Salabarría, como los de millones de colombianos en los últimos 50 años, es la demostración más palpable y dramática de que todos los intentos por democratizar la propiedad de la tierra en Colombia, no sólo han fracasado, sino que la situación ha empeorado.
Hoy la tierra está más concentrada que hace 30 años. Un reciente estudio del Instituto Agustín Codazzi en 10 de los departamentos más productivos del país revela que en 2007, mientras medio millón de personas son dueñas del 0,4 por ciento de la tierra, sólo 1.000 personas poseen el 46 por ciento.
La reforma agraria que hizo López Pumarejo y que intentó completar Lleras Restrepo, terminó por cuenta de la falta de voluntad política de la clase dirigente, en una sangrienta contrarreforma llevada a cabo por el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla. La mafia convirtió la tierra en el mejor medio para lavar dinero y en su más preciado símbolo de poder. Los paramilitares y las guerrillas vieron en las tierras la mejor manera de controlar el territorio en la guerra y de establecer corredores seguros para el tráfico de drogas. El terror fue el mejor aliado para lograr esta contrarreforma. Masacres, asesinatos, amenazas, intimidación y ventas de predios forzadas han llevado en los últimos 15 años a que cientos de miles de campesinos estén reclamando sus parcelas. Sólo en el departamento de Córdoba 900 personas que se han registrado para ser reparadas aspiran a que se les restituyan 37.000 hectáreas.
Pero del vía crucis del desplazamiento forzado los desterrados pasan a la frustración de ver la impotencia del Estado para restituirles sus derechos. Colombia está lejos de encontrar una fórmula jurídica para desenredar el nudo gordiano de la restitución de la tierras. Desde compradores de buena fe, pasando por sofisticadas fórmulas de testaferrato, hasta la falsificación de documentos o escrituras –o la ausencia de éstas– hacen que las personas que buscan volver a su hogar se enfrenten a un proceso kafkiano y una peregrinación sin respuesta por todas las entidades del Estado: Fiscalía, Defensoría, Incoder, Acción Social, Comisión Nacional de Reparación, Procuraduría, alcaldías y gobernaciones.
Aunque hay esfuerzos aislados y muchos funcionarios eficientes que se conmueven y sufren con historias como la de Maritza y su familia, no se ve una política de Estado clara para coger por los cuernos el problema de la tierra, la causa más grave de la guerra en Colombia.
Si el gobierno –y sobre todo el Presidente– no le pone la cara a esta situación en momentos en que los desmovilizados y las víctimas esperan una opción de vida y de reconciliación, se estará sembrando la semilla de la violencia de los próximos 40 años.
¿Otra columna de humo de nuestr gobierno Para nacional?
La Nota que se agrega a continuación desmiente los señalamientos hechos por el vicepresidente, en el sentido de que tres representantes de sindicatos colombianos habían firmado una declaración en apoyo " a todas las formas de lucha", lo que las convertía en aliados tácitos de la guerrilla colombiana. A pesar de la declaración del vicepresidente, jamás se han enseñado las supuestas "pruebas" que demmuetren tal firma. Y sin embargo los denuestos y las agresiones por aprte del poder político en contra de lossindicatos continuán, justo en el momento en la que en los Estados Unidos, existen fuertes presiones, tanto de sindicatos, como de miembros del Partido Democrata, para que no se autorice el TLC firmado ya, hasta que no se detengan las agresiones en contra de líderes sindicales en Colombia.
¿Otra columna de humo de nuestr gobierno Para nacional? Como se ve en el balazo de la nota, mentiroso por lo demás, los medios de comicación colombianos, siguen las directrices del gobierno; "Apoyo a grupos insurgentes fue confirmado por Movimiento Popular Democrático de Ecuador" Dice el encabezado, pero jamás se menciona que el apoyo no fue firmado por los representantes de los tres sindicatos colombianos, que era el mótivo de la polémica. Encabezados mentirosos de la prensa, que continuan con declaraciones mentirosas del viepresidente. Se deje en el limbo la verdad de los hechos, para machacar la versión del gobierno; la única que recibe las ocho columnas de los medios. Los desmentidos son ubicados en alguna parte perdida de la prensa. LA impresión que queda es justo la que nuestros gobernantes querían dar; nuestros sindicatos apoyan la lucha armada, por lo tanto pueden ser considerados violentos, por lo tanto son considerados como blancos militares. Una versión peligrosa, para un gobierno que se caracteriza por proteger a los genocidas de la AUC, más que por las víctimas de los crímenes.
"Su director, Ciro Guzmán, respondió así la crítica del vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, sobre una declaración de solidaridad con las guerrillas de las Farc y del Eln emitida por el grupo.
El documento fue el resultado de un seminario de fuerzas de izquierda latinoamericanas, realizado en Quito.
Guzmán ratificó este viernes el respeto a "todas las formas de lucha" de los pueblos, entre ellas la de los movimientos insurgentes de Colombia, Filipinas y Nepal, e indicó que las Farc "no son terroristas".
Manifestó que el seminario sobre los problemas de la revolución en América Latina no fue "anónimo, clandestino o secreto", sino "público" y se realizó en la Universidad estatal de Quito, entre los pasados 9 y 13 de julio.
Añadió que el vicepresidente de Colombia extrajo "de manera arbitraria y mañosa" partes de la declaración al final del seminario que, según dijo, no fue suscrita por los sindicatos colombianos que participaron en la cita.
Al encuentro asistieron 32 organizaciones de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana, Perú y Brasil, informó.
Guzmán puntualizó que ningún miembro de las Farc o del Eln estuvo en el encuentro, aunque sí se leyeron ponencias que las dos agrupaciones enviaron por internet.
El director del MPD señaló que al concluir la cita se redactó una declaración en que se solidarizaron con "todos los pueblos del mundo que luchan por conquistar su liberación social y nacional, y por sus reivindicaciones particulares y sus derechos políticos".
"Obviamente -dijo- hay pueblos que han optado por el camino de la insurgencia popular, ese es el caso de Colombia".
Asimismo, Guzmán indicó que expresaron su solidaridad "con los proceso democráticos que se desenvuelven en Venezuela, Bolivia, y Ecuador; con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia, Filipinas y Nepal".
El canciller colombiano, Fernando Araújo, dijo que el país no recurrirá a la vía diplomática por haberse tratado de un encuentro en el que el gobierno ecuatoriano no tuvo ninguna implicación."
QUITO, ECUADOR
Agencia Efe
Publicado en www.eltiempo.com
¿Otra columna de humo de nuestr gobierno Para nacional? Como se ve en el balazo de la nota, mentiroso por lo demás, los medios de comicación colombianos, siguen las directrices del gobierno; "Apoyo a grupos insurgentes fue confirmado por Movimiento Popular Democrático de Ecuador" Dice el encabezado, pero jamás se menciona que el apoyo no fue firmado por los representantes de los tres sindicatos colombianos, que era el mótivo de la polémica. Encabezados mentirosos de la prensa, que continuan con declaraciones mentirosas del viepresidente. Se deje en el limbo la verdad de los hechos, para machacar la versión del gobierno; la única que recibe las ocho columnas de los medios. Los desmentidos son ubicados en alguna parte perdida de la prensa. LA impresión que queda es justo la que nuestros gobernantes querían dar; nuestros sindicatos apoyan la lucha armada, por lo tanto pueden ser considerados violentos, por lo tanto son considerados como blancos militares. Una versión peligrosa, para un gobierno que se caracteriza por proteger a los genocidas de la AUC, más que por las víctimas de los crímenes.
"Su director, Ciro Guzmán, respondió así la crítica del vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, sobre una declaración de solidaridad con las guerrillas de las Farc y del Eln emitida por el grupo.
El documento fue el resultado de un seminario de fuerzas de izquierda latinoamericanas, realizado en Quito.
Guzmán ratificó este viernes el respeto a "todas las formas de lucha" de los pueblos, entre ellas la de los movimientos insurgentes de Colombia, Filipinas y Nepal, e indicó que las Farc "no son terroristas".
Manifestó que el seminario sobre los problemas de la revolución en América Latina no fue "anónimo, clandestino o secreto", sino "público" y se realizó en la Universidad estatal de Quito, entre los pasados 9 y 13 de julio.
Añadió que el vicepresidente de Colombia extrajo "de manera arbitraria y mañosa" partes de la declaración al final del seminario que, según dijo, no fue suscrita por los sindicatos colombianos que participaron en la cita.
Al encuentro asistieron 32 organizaciones de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana, Perú y Brasil, informó.
Guzmán puntualizó que ningún miembro de las Farc o del Eln estuvo en el encuentro, aunque sí se leyeron ponencias que las dos agrupaciones enviaron por internet.
El director del MPD señaló que al concluir la cita se redactó una declaración en que se solidarizaron con "todos los pueblos del mundo que luchan por conquistar su liberación social y nacional, y por sus reivindicaciones particulares y sus derechos políticos".
"Obviamente -dijo- hay pueblos que han optado por el camino de la insurgencia popular, ese es el caso de Colombia".
Asimismo, Guzmán indicó que expresaron su solidaridad "con los proceso democráticos que se desenvuelven en Venezuela, Bolivia, y Ecuador; con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia, Filipinas y Nepal".
El canciller colombiano, Fernando Araújo, dijo que el país no recurrirá a la vía diplomática por haberse tratado de un encuentro en el que el gobierno ecuatoriano no tuvo ninguna implicación."
QUITO, ECUADOR
Agencia Efe
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