Política Según una denuncia hecha por el representante Germán Navas ante la Fiscalía, la Asociación Colombia Primero sí recaudó dinero con el fin de impulsar el referendo.
La primera denuncia penal por el delito de fraude procesal contra los promotores del referendo de la reelección, encabezado por el ex secretario del partido de la U, Luis Guillermo Giraldo, fue instaurada este jueves por el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero.
Según el Representante que hizo la denuncia formal ante la Fiscalía, los promotores del referendo evadieron los topes de donaciones que impone la ley para este fin y trataron de engañar a la Registraduría General de la Nación para que avalara el referendo.
Según Navas la Asociación Colombia Primero recaudaba fondos con el fin específico de financiar la campaña de recolección de firmas a favor del referendo.
“La tramoya se cayó y ahora se sabe cómo los promotores del referendo obtuvieron dineros para cubrir los gastos exorbitantes de la recolección de firmas”, dice Navas en su denuncia.
Los promotores del referendo han negado que esto sea así, y han alegado que el dinero que recibió el Comité promotor del referendo de Colombia Primero fue en calidad de préstamo, sustentado por un supuesto pagaré.
Sin embargo, Navas hoy sustenta su acusación en un acta oficial del Consejo Central de Colombia Primero, fechada el 28 de abril de 2008, que muestra que esta Asociación sí se puso como meta recaudar estos fondos para el referendo.
“El Consejo Central de la Asociación Colombia Primero resuelve: primero: se autoriza la recepción de donaciones para financiar el apoyo de la iniciativa popular que permita la segunda reelección...”, dice el acta firmada por el presidente de la Asociación, Luis Guillermo Giraldo (también cabeza del Comité promotor del referendo) y Juan Carlos Salazar, secretario de la Asociación.
En la misma acta se autoriza recibir 305 millones de pesos de cinco donantes, Intersec Ltda., Interactiva S.A., Inversiones Zarate Gutierrez &Cia., Organización Ardila Lule y Colpatria S.A.
Igualmente durante esa reunión de Colombia Primero se reforman los estatutos para permitirle al presidente de la asociación hacer contrataciones por hasta 1000 salarios mínimos (unos 4.700 millones de pesos), pues “la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales es muy baja”, según queda consignado en el acta.
“Colombia Primero recibía donaciones muy por encima de lo permitido en las leyes electorales, muchas de ellas de contratistas del Estado, pero que no se inhabilitaban por cuanto esta fundación hacía unos juegos contables para aparecer prestándole a los promotores del referendo que altruistas uribistas le habían dado a la fundación”, escribe Navas en su denuncia ante la fiscalía.
En total, el Comité del referendo recaudó para la recolección de firmas más de 2 mil millones de pesos cuando el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral en la resolución 067 del 30 de enero del 2008 fue de 334 millones de pesos.
Los promotores del referendo han dicho que no existía cercanía alguna entre Colombia Primero y el Comité Promotor del Referendo. Sin embargo, seis de los nueve miembros del Comité Promotor pertenecen al Consejo Directivo de Colombia Primero y el gerente del Comité del referendo, Luis Guillermo Giraldo, es el mismo representante legal de Colombia Primero.
“Estoy convencido que con esta maniobra artificial sólo quería buscarse encubrir a los verdaderos donantes de la campaña del referendo haciendo aparecer como un pasivo lo que habían sido donaciones para este fin, pasivo que debía ser cubierto, quién sabe cuando por el comité de promotores”, le dice Navas al fiscal en la denuncia
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miércoles, 4 de febrero de 2009
¿Quién era el ‘rey del Caquetá’?
Leonidas vargas
También conocido con el alias de ‘José Antonio Cortés Vaquero’, el narcotraficante Leonidas Vargas tenía una oscura historia en Colombia, a pesar de que en la Fiscalía no reposaba ninguna investigación en su contra.
Leonidas Vargas Vargas tenía 59 años de edad, una delicada enfermedad pulmonar y un pasado negro por cuenta del narcotráfico en el Caquetá. Su vida terminó el pasado jueves en la noche en la habitación 537 de un reconocido hospital de la ciudad de Madrid, en España, hasta donde llegó un delincuente que le disparó mientras se recuperaba en una cama de una intervención médica.
En Colombia, el ‘rey del Caquetá’ era conocido como ex jefe de los carteles de este departamento y de otros más pequeños en el sur del país. Primero fue matarife en Florencia, capital del Caquetá, pero después empezó a gustarle el negocio de la coca hasta que terminó siendo socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, ex jefe cartel de Medellín, a quien conoció a mediados de los 80 y con quien envió droga a Estados Unidos a través de Centroamérica, a donde llegaba después de una travesía por las selvas del Caquetá.
En esa carrera por las drogas tuvo varios enemigos. Uno de ellos fue Víctor Carranza, el “zar de las esmeraldas”, con quien disputó el control de territorios cultivados con coca. Ambos estuvieron presos en los 90 y la guerra entre ambos dejó más de 70 muertos entre los dos bandos. La historia de este enfrentamiento comenzó cuando Vargas sindicó a Carranza como autor de la muerte de su hija y su novio. Desde ese momento la guerra se intensificó entre ambos a tal punto que a Vargas casi lo envenenan en la cárcel La Picota, en Bogotá. Carranza, por su parte, se defendió y en un comunicado de prensa señaló que todas esas acusaciones de Vargas eran “demenciales”.
Por otro lado, la justicia nunca pudo comprobar al responsable del robo de un expediente de la Fiscalía General que, al parecer, tenía serias evidencias en su contra por narcotráfico y que, seguramente, lo hubieran condenado a varios años de prisión en Colombia.
El 6 de enero de 1993, Vargas fue detenido por la Policía en Cartagena. Fue señalado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial Horacio Serpa y finalmente fue condenado en 1995 a 19 años de cárcel por narcotráfico y a 26 años de cárcel por homicidio, porte ilegal de armas y enriquecimiento ilícito, penas por las que estuvo recluido en varias cárceles de máxima seguridad del país.
Sin embargo, hace siete años, Leonidas Vargas, también conocido con el alias de ‘José Antonio Cortés Vaquero’, quedó libre gracias a una reducción de pena. Logró viajar a Europa y el 8 de julio del 2006, en la ciudad de Madrid, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) lo sorprendió en un hotel con pasaporte venezolano. Los delitos que le sindicaban era tráfico de drogas y crimen organizado. Pero debido a una enfermedad cardiaca la justicia le autorizó la libertad condicional, a la espera de un juicio en su contra que iba a comenzar en siete meses.
Actualmente el Estado colombiano tiene en su poder 377 bienes que fueron del asesinado capo del narcotráfico y que suman varios miles de millones de dólares. Entre las excentricidades del capo hay una casa ubicada entre Bogotá y Chía que tiene la forma del departamento de Caquetá, donde Vargas nació
Lavado de activos en DMG reconocieron Daniel Ángel y Margarita Pabón, socios de David Murcia Guzmán
Según la Fiscalía, el monto total de dinero lavado por DMG fueron 245.836 millones 588.378 pesos. La audiencia, que se suspendió hacia las 2:00 p.m., continuará el próximo martes 13 de enero.
El ente acusador estableció que DMG se constituyó en el 2005 con un capital de 2.696 millones de pesos. El proceso contra Murcia inició con el hallazgo de 2 mil millones de pesos el 28 de agosto en la Hormiga, Putumayo.
El preacuerdo firmado por Ángel y Pabón con la Fiscalía les permitirá a estos últimos una rebaja de pena de hasta las tres quintas partes de sus respectivas condenas.
En el juicio se evidenció una división entre Murcia Guzmán y sus dos asociados. En el momento en el que los dos socios salían de la sala, familiares de Murcia los increparon.
Una persona no identificada le gritó a Pabón :'Te defendimos hasta el último momento'.
El juez del caso ordenó la salida inmediata de la sala de los dos detenidos, pues la continuación de la diligencia ya no sería en contra de ellos
El juez cuarto especializado de Bogotá fijó para el próximo jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana la sentencia a Ángel y Pabón.
En el caso de Murcia Guzmán, la cabeza de la captadora DMG, la Fiscalía presentará la sustentación de acusación.
Por la aceptación de cargos de los socios de Murcia se rompió la unidad procesal, con lo que el representante de DMG esperará la acusación de la Fiscalía.
Pabón, cerebro de las operaciones financieras de la firma, y Ángel, productor de televisión, fueron capturados a mediados de noviembre en un edifico en Bogotá, pocos días antes de que cayera en Panamá Murcia Guzmán.
Entre las pruebas que tenía la Fiscalía en contra de Ángel, es una conversación con David Murcia en la habla de comprar bienes y enviar 8,7 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.
Tanto Pabón como Ángel habían anunciado en diciembre que estaban dispuestos a colaborar con la justicia. Como el principio de oportunidad no les fue aceptado por la Fiscalía, recurrieron a los beneficios del preacuerdo.
Dagoberto Charry, defensor de David Murcia, pidió que se anulara el escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Murcia con el argumento de que viola el derecho de defensa al incluir elementos que no había en el juicio inicial.
Charry también dijo que se violaron los derechos fundamentales de las victimas, así como de David Murcia, pues los bienes incautados no se han allegado al proceso sino han sido entregados a la interventora María Mereces Perry, para que haga su devolución.
Según el defensor, si Murcia resulta absuelto el Estado no tendrá cómo devolverle lo incautado y si resulta condenado, el dinero no podrá reclamarse en el proceso de reparación.
El abogado de Murcia rechazó la representación de dos abogados de los afectados, pues según él, no expusieron de manera suficiente la calidad de victimas.
El juez del caso estableció que las tarjetas prepago no son prueba suficiente para acreditar la calidad de victim
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www.eltiempoo.com
Según la Fiscalía, el monto total de dinero lavado por DMG fueron 245.836 millones 588.378 pesos. La audiencia, que se suspendió hacia las 2:00 p.m., continuará el próximo martes 13 de enero.
El ente acusador estableció que DMG se constituyó en el 2005 con un capital de 2.696 millones de pesos. El proceso contra Murcia inició con el hallazgo de 2 mil millones de pesos el 28 de agosto en la Hormiga, Putumayo.
El preacuerdo firmado por Ángel y Pabón con la Fiscalía les permitirá a estos últimos una rebaja de pena de hasta las tres quintas partes de sus respectivas condenas.
En el juicio se evidenció una división entre Murcia Guzmán y sus dos asociados. En el momento en el que los dos socios salían de la sala, familiares de Murcia los increparon.
Una persona no identificada le gritó a Pabón :'Te defendimos hasta el último momento'.
El juez del caso ordenó la salida inmediata de la sala de los dos detenidos, pues la continuación de la diligencia ya no sería en contra de ellos
El juez cuarto especializado de Bogotá fijó para el próximo jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana la sentencia a Ángel y Pabón.
En el caso de Murcia Guzmán, la cabeza de la captadora DMG, la Fiscalía presentará la sustentación de acusación.
Por la aceptación de cargos de los socios de Murcia se rompió la unidad procesal, con lo que el representante de DMG esperará la acusación de la Fiscalía.
Pabón, cerebro de las operaciones financieras de la firma, y Ángel, productor de televisión, fueron capturados a mediados de noviembre en un edifico en Bogotá, pocos días antes de que cayera en Panamá Murcia Guzmán.
Entre las pruebas que tenía la Fiscalía en contra de Ángel, es una conversación con David Murcia en la habla de comprar bienes y enviar 8,7 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.
Tanto Pabón como Ángel habían anunciado en diciembre que estaban dispuestos a colaborar con la justicia. Como el principio de oportunidad no les fue aceptado por la Fiscalía, recurrieron a los beneficios del preacuerdo.
Dagoberto Charry, defensor de David Murcia, pidió que se anulara el escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Murcia con el argumento de que viola el derecho de defensa al incluir elementos que no había en el juicio inicial.
Charry también dijo que se violaron los derechos fundamentales de las victimas, así como de David Murcia, pues los bienes incautados no se han allegado al proceso sino han sido entregados a la interventora María Mereces Perry, para que haga su devolución.
Según el defensor, si Murcia resulta absuelto el Estado no tendrá cómo devolverle lo incautado y si resulta condenado, el dinero no podrá reclamarse en el proceso de reparación.
El abogado de Murcia rechazó la representación de dos abogados de los afectados, pues según él, no expusieron de manera suficiente la calidad de victimas.
El juez del caso estableció que las tarjetas prepago no son prueba suficiente para acreditar la calidad de victim
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Estafados narcos colombianos con obras falsas de Picasso, Dalí, Renoir, Rubens y Obregón
Foto: Mauricio Dueñas/Afp
Personal del Museo Nacional transportan un cuadro supuestamente del artista colombiano Enrique Grau.
Los cuadros, en los que se gastaron millones de dólares para decorar sus extravagantes casas, resultaron siendo falsos en su mayoría, revelaron autoridades.
En poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) reposan 425 lujosas pinturas -unas falsas, otras no- de artistas colombianos y extranjeros que son objeto de un proceso de extinción de dominio a sus antiguos dueños, los más poderosos narcotraficantes colombianos que ahora están presos o muertos.
Otras 76 pinturas -según Omar Figueroa, director de bienes de la DNE-, ya fueron expropiadas a los barones de la droga que, por lo visto, pudieron ser excesivamente meticulosos para cultivar, procesar o enviar los cargamentos de cocaína pero legos a la hora de detectar la autenticidad de los cuadros.
"Las paredes de este edificio están llenas de obras sin valor artístico pero que serán vendidas a través de subastas después de que se cumpla el proceso de extinción de dominio", aseguró Figueroa a la agencia AFP, al señalar como ejemplo lienzos con burdas copias del afamado artista local Alejandro Obregón.
El funcionario recuerda en especial una obra de Dalí que le fue decomisada a la asesinada Elizabeth Montoya -conocida con el alias de 'la monita retrechera'- y esposa de un ex policía. Ambos fueron procesados por la justicia que los acusó de enriquecimiento ilícito. La obra resultó falsa.
Después de los allanamientos a las propiedades de los narcotraficantes, cuando se encuentran obras de arte, éstas pasan a custodia de la DNE que las relaciona en un meticuloso listado que incluye el número del proceso judicial de su antiguo dueño y una descripción de la obra.
Para determinar su autenticidad, la DNE envía los cuadros a peritos del Museo Nacional de Colombia quienes llevan a cabo una minuciosa inspección y envían su dictamen.
Las obras falsas -la gran mayoría- van a parar a bóvedas del organismo, y las auténticas quedan bajo custodia del museo y son exhibidas.
Una fuente del Museo dijo a la AFP que detectar la autenticidad de los cuadros es un complejo proceso que puede tardar años y que en ocasiones se requiere del traslado de expertos en arte europeos cuya asesoría y gastos de traslado exceden la capacidad y presupuestos de la DNE.
"Nos pasa con un Rubens que le incautamos a 'Rasguño' (Hernando Gómez Bustamante, un narcotraficante que fue detenido en Cuba y extraditado, primero a Colombia y luego a Estados Unidos). Está en estudio pero nos tocaría traer a un experto de esa escuela, y no lo podemos hacer", añadió Figueroa.
"Realmente no creemos que se trate de un Rubens original pero eso no lo podremos saber en el corto plazo. De momento esperaremos. Igual, es difícil pensar que un Rubens original esté aquí pero pues habrá que esperar, con estos señores (narcotraficantes) nunca se sabe", enfatizó Figueroa.
Por su parte, Carlos Albornoz -director de la DNE- aseguró que una vez se surtan las expropiaciones de las obras y demás bienes que estaban en poder de la mafia, se propone realizar este año un gran remate con el que aspira a recaudar 136 millones de dólares.
"En los últimos dos años vendimos activos por 150.000 millones de pesos (63 millones de dólares) y este año aspiramos a rematar bienes por una cuantía similar.
Colombia se ha convertido en una voz autorizada en materia de lucha y desmantelamiento del narcotráfico", enfatizó. Los bienes incautados a los narcotraficantes también incluyen por lo menos un millar de motocicletas, automóviles, aviones y barcos que se encuentran en mal estado y que igual se intentarán vender, así sea como chatarra.
BOGOTÁ
Afp
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Formulan pliego de cargos a ministro Diego Palacios y a embajador Sabas Pretelt
El embajador Sabas Pretelt a su salida de la Procuraduría el pasado mes de mayo, después de declarar en el proceso de la 'yidispolítica'.
La medida de la Procuraduría también afecta al ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño.
A cinco días de entregar su cargo -y cuando el país está pendiente del fallo de la Procuraduría en el caso de las acusaciones de Yidis Medina sobre el trámite del proyecto de reelección en el 2004- el procurador Edgardo Maya formuló pliego de cargos contra ellos y contra el ex representante Teodolindo Avendaño porque éste supuestamente recibió una notaría por haber ayudado a la aprobación de la reelección.
La acusación disciplinaria dice que Pretelt y Angarita, en su calidad de jefes del Ministerio del Interior, habrían ofrecido "la vinculación de recomendados del señor Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O'meara Riveira".
O'meara es el notario 67 de Bogotá y Yidis (ya condenada por esos hechos), dice que ella medió para que Avendaño recibiera plata por ese despacho, que supuestamente le fue asignado por altos funcionarios tras la aprobación de la reelección.
La Procuraduría dice que Teodolindo habría incurrido en el delito de cohecho propio -el mismo que lo tiene preso por orden de la Corte Suprema de Justicia-, "al haber recibido utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo, como fue haberse retirado de la discusión y votación del proyecto de reforma de Acto Legislativo, garantizando con ello la aprobación del mismo".
Cargos por filtración
Al ministro de la Protección, Diego Palacio, la Procuraduría lo cuestiona por haber revelado, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, apartes de una declaración reservada que la ex congresista dio en un proceso.
"El señor Palacio, amparado en su condición de sujeto procesal, solicitó y obtuvo copias de la versión libre rendida por la ex congresista Yidis Medina en otro proceso también cobijado con reserva -dice el pliego de cargos (...) Copias que posteriormente dio a conocer a los medios, para lo cual, haciendo uso de su investidura, convocó una rueda de prensa en la Casa de Nariño".
A la Procuraduría le llama la atención que en esa declaración aparecían teléfonos de Yidis que, después, fueron "citados por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez como aquellos números desde los cuales se habrían realizado llamadas de presión al señor Tomás Uribe, hijo del Presidente de la República".
Palacio, Pretelt y Angarita ya tenían pliego de cargos por las acusaciones de Yidis y están pendientes de la decisión que tome la Procuraduría.
Explicaciones de Diego Palacio
El ministro de la Protección, Diego Palacio, le dijo anoche a EL TIEMPO que recibe tranquilo la decisión de la Procuraduría, pues no lo vincula con los cargos contra Avendaño por cohecho; y porque -dice- puede explicar las conductas que le reprochan.
Sobre la violación a la reserva al suministrar uno de los teléfonos usados por Yidis Medina, dice que se trata de un dato público que ella misma había mencionado para desmentir al Presidente.
En cuanto a la negativa de entregarle información pública no reservada al abogado Ramiro Bejarano, manifiesta que inicialmente se le pidió consignar el valor de las copias (medida prevista en la Ley) pero que luego se le entregó sin problema.
El pliego de cargos también señala que Palacio habría abusado de su jerarquía al ordenar a la Secretaria Privada y a la Jefa de Comunicaciones del Ministerio "realizar acciones ante los medios y en la Procuraduría ajenas a sus funciones y relacionadas con sus procesos disciplinarios". Pero Palacio argumenta que el material solicitado era para debates políticos y no para su defensa individual. La Procuraduría tiene la última palabra
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La medida de la Procuraduría también afecta al ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño.
A cinco días de entregar su cargo -y cuando el país está pendiente del fallo de la Procuraduría en el caso de las acusaciones de Yidis Medina sobre el trámite del proyecto de reelección en el 2004- el procurador Edgardo Maya formuló pliego de cargos contra ellos y contra el ex representante Teodolindo Avendaño porque éste supuestamente recibió una notaría por haber ayudado a la aprobación de la reelección.
La acusación disciplinaria dice que Pretelt y Angarita, en su calidad de jefes del Ministerio del Interior, habrían ofrecido "la vinculación de recomendados del señor Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O'meara Riveira".
O'meara es el notario 67 de Bogotá y Yidis (ya condenada por esos hechos), dice que ella medió para que Avendaño recibiera plata por ese despacho, que supuestamente le fue asignado por altos funcionarios tras la aprobación de la reelección.
La Procuraduría dice que Teodolindo habría incurrido en el delito de cohecho propio -el mismo que lo tiene preso por orden de la Corte Suprema de Justicia-, "al haber recibido utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo, como fue haberse retirado de la discusión y votación del proyecto de reforma de Acto Legislativo, garantizando con ello la aprobación del mismo".
Cargos por filtración
Al ministro de la Protección, Diego Palacio, la Procuraduría lo cuestiona por haber revelado, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, apartes de una declaración reservada que la ex congresista dio en un proceso.
"El señor Palacio, amparado en su condición de sujeto procesal, solicitó y obtuvo copias de la versión libre rendida por la ex congresista Yidis Medina en otro proceso también cobijado con reserva -dice el pliego de cargos (...) Copias que posteriormente dio a conocer a los medios, para lo cual, haciendo uso de su investidura, convocó una rueda de prensa en la Casa de Nariño".
A la Procuraduría le llama la atención que en esa declaración aparecían teléfonos de Yidis que, después, fueron "citados por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez como aquellos números desde los cuales se habrían realizado llamadas de presión al señor Tomás Uribe, hijo del Presidente de la República".
Palacio, Pretelt y Angarita ya tenían pliego de cargos por las acusaciones de Yidis y están pendientes de la decisión que tome la Procuraduría.
Explicaciones de Diego Palacio
El ministro de la Protección, Diego Palacio, le dijo anoche a EL TIEMPO que recibe tranquilo la decisión de la Procuraduría, pues no lo vincula con los cargos contra Avendaño por cohecho; y porque -dice- puede explicar las conductas que le reprochan.
Sobre la violación a la reserva al suministrar uno de los teléfonos usados por Yidis Medina, dice que se trata de un dato público que ella misma había mencionado para desmentir al Presidente.
En cuanto a la negativa de entregarle información pública no reservada al abogado Ramiro Bejarano, manifiesta que inicialmente se le pidió consignar el valor de las copias (medida prevista en la Ley) pero que luego se le entregó sin problema.
El pliego de cargos también señala que Palacio habría abusado de su jerarquía al ordenar a la Secretaria Privada y a la Jefa de Comunicaciones del Ministerio "realizar acciones ante los medios y en la Procuraduría ajenas a sus funciones y relacionadas con sus procesos disciplinarios". Pero Palacio argumenta que el material solicitado era para debates políticos y no para su defensa individual. La Procuraduría tiene la última palabra
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