Desde enero, la Defensoría adviritió que las Farc había declarado a los indígenas Awá objetivo militar porque creían que le estaban ayudando al Ejército recién desembarcado en la zona... Después vinieron las muertes de 28 awás.
A comienzos de 2008 el Ejército llegó a los territorios Awá en Nariño con un gran contingente para disputarle el control a las Farc.
Los resguardos de los indígenas Awá en Nariño están en Roberto Payán (resguardos de Saunde y Guiguai) y en Barbacoas (resguardos de Saunde, Guiguay, Guelmanbí, Caraño, Tronquería Pulgande, Palicito, Tortugaña Telembí, Honda Río Guiza, Alto Ulbí Nunalbí, Pipalta Palbí Yaguapí, Ñambí Piedra Verde).
La mayor parte de esos territorios son selváticos y montañosos. En Nariño hay 26 resguardos de este pueblo que ocupan 300.000 hectáreas con pequeños caseríos dispersos. En ellos viven 29.000 de los 30.500 awás que hay en Colombia. El resto están en Putumayo.
Allá lejos, entre el monte, dicen que no quieren casarse con ninguna ideología ni con ningún grupo armado. Lo único que quieren es vivir, como lo han hecho durante siglos, en armonía con la naturaleza y con autonomía sobre su territorio ancestral, según lo define su cosmovisión.
Entonces la manera como recibieron la noticia de la llegada de las tropas no se trataba de un lamento por lo que pudiera pasar con las Farc, sino porque la información que tenían era que las tropas estarían cerca de sus casas. Y en una zona de conflicto, eso significa convertirlos en objetivos militares por parte de la guerrilla.
Insistentemente, pidieron que no llegaran los militares y que ellos tenían autonomía sobre su territorio. Pero era inminente. La Seguridad Democrática debía llegarles y en eso fueron enfáticas las autoridades regionales y nacionales. Entonces propusieron sus líderes que, con ayuda de Naciones Unidas, fueran trasladados temporalmente los indígenas Awá que habitaban las zonas que el Ejército iba a ocupar. Así, no los afectarían los enfrentamientos y los bandos podían hacer sus hostilidades sin poner en peligro a civiles, según le explicó a Semana.com uno de los proponentes.
“Prevención era lo que estaban pidiendo”, comenta Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
No hubo respuesta pronta. Mientras tanto, la inevitable llegada de los soldados hizo que las Farc vieran como sospechoso a cualquier Awá. Por eso, cortaron la señal de la emisora por la que los indígenas, en su propia lengua, hablaban de su rechazo al conflicto y a la presencia de actores armados en su tierra.
Hablaban en su propia lengua, primero, por preservar su identidad. Segundo, porque no todos los Awá dominan perfectamente el español. Selva adentro, hay grupos que hablan sobre todo en su lengua. A veces no entienden cuando se les habla en español y si les preguntan algo, la respuesta que dan es, simplemente, sonreír con la calma que los caracteriza. Y no siempre es porque simpaticen con alguno o con otro, sino porque no comprenden bien lo que les dicen.
Que los indígenas emitieran por la radiodifusora en su propio lenguaje hizo pensar a las Farc que podían estar entregando información que le diera ventaja a su enemigo, el Ejército. Por eso, cortaron la señal de la radio. Quisieron eliminar cualquier facilidad de comunicación entre los diferentes caseríos y en los pocos que había señal telefónica, les quitaron los celulares a los indígenas, de acuerdo con testimonios de habitantes de la zona.
Y nunca llegó la respuesta sobre el traslado que habían requerido. En cambio, los indígenas empezaron a sentir sonidos de hélices en su cielo. Soldados descendían desde las aeronaves y, hasta se hospedaban sus viviendas, según han denunciado reiteradamente ante autoridades y medios de comunicación.
El rechazo de los nativos no sirvió. Dicen denunciantes que los soldados también pidieron información que permitiera encontrar a los guerrilleros. “Pero si el Ejército sabe dónde están, ¿para que les tiene que preguntar a los civiles y ponerlos en riesgo?”, se cuestiona Andrade, de la Onic.
Todo eso era suficiente para que las Farc tomaran represalias contra los Awá. Y así lo hicieron. Desde septiembre de 2008 hasta lo que va de 2009, han muerto, posiblemente bajo la estigmatización de ser colaboradores del Ejército, 44 indígenas Awá.
La Defensoría del Pueblo empezó a enterarse oportunamente de lo que ocurría. El pasado 9 de enero, emitió una nota diciendo que “los grupos guerrilleros han declarado objeto de ataque a integrantes de los Cabildos y dirigentes indígenas por considerarlos como colaboradores e informantes de la Fuerza Pública y de los grupos armados contrainsurgentes; además han minado caminos y senderos de acceso a los sitios de trabajo, caza y pesca, lo cual mantiene confinadas a las comunidades”.
En todos estos meses, tras cada visita del Ejército a un caserío indígena, llegaban las Farc acusando a alguno de colaborador para matarlo después. Pero lo que ocurrió la semana pasada encendió las alarmas.
Los indígenas cuentan que a partir del primero de febrero llegó el Ejército a las veredas Volteadero y Bravo, del resguardo Tortuguña Telembí, en el municipio de Barbacoas. Dicen que los militares entraron a las viviendas y pidieron información que permitiera ubicar a las Farc.
Pese a que los nativos no quisieron hablar, el 4 de febrero llegaron hombres armados que vestían prendas con distintivos de esa guerrilla. Se llevaron a 20 personas, entre las que había hombres, mujeres y niños, hacia una quebrada llamada El Hojal, de la vereda Bravo. Algunos testigos vieron que mataron a varios de los indígenas con arma blanca.
Otros testigos contaron que esos mismos hombres regresaron al día siguiente al mismo caserío y se llevaron a los niños que quedaron en sus casas y aún no se sabe qué pasó con ellos. En los días siguientes, se presentaron combates entre el ejército y las Farc.
Las versiones las ha dado gente que ha salido desplazada hacia el municipio de Samaniego. Unas 50 personas ya han llegado a ese destino y otras van en camino. El éxodo se inició pese a que las parcelas de los indígenas están rodeadas por campos minados y al triste significado que tiene para estos indígenas abandonar los territorios que han heredado de sus ancestros.
Pero la tragedia no terminó ahí. Mientras huían, 10 personas más fueron masacradas en la madrugada del pasado miércoles 11 de febrero, hasta donde hoy se sabe, también por las Farc . La nueva matanza ocurrió cuando los indígenas tomaban un descanso en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego.
Los militares han negado su presencia en los caseríos. Y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha pedido a los indígenas que suministren información que permita hallar los cadáveres de los masacrados hace una semana. Pero los hechos han demostrado que cualquier intercambio de palabras con los militares, les puede costar la vida a los nativos.
Ahora, todos los indígenas del país están dispuestos a unirse para acompañar a los Awá. En los próximos días harán una asamblea para definir cómo hacer para llevar la guardia indígena llegue al territorio donde están ocurriendo tantas muertes y expresarles de frente a las Farc el rechazo a sus bárbaros actos.
Por lo pronto, le piden a Alfonso Cano, líder de las Farc, que explique por qué está masacrando a los indígenas, que devuelva vivos a los niños que se llevaron de Tortugaña, que no siembre más minas antipersonal, que respete la autoridad de los indígenas, que se lleve a sus guerrilleros de los territorios indígenas y que entregue a los responsables de las masacres para que los juzguen los nativos.
Y al gobierno, le dicen que no mienta negando la presencia de soldados en territorios de los Awá, que atienda la crisis humanitaria que se ha generado en Nariño, que dé garantías para la minga que se avecina en apoyo a ese pueblo indígena y que deje de pregonar la seguridad democrática como fórmula para proteger la vida.
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jueves, 26 de marzo de 2009
Gobernación confirma masacre en Nariño
Las Farc habrían asesinado a 17 indígenas, entre ellos tres menores de la etnia Awá, en retaliación por ser supuestos colaboradores del Ejército.
Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La noticia la confirmó el secretario de Gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, quien explicó a Semana.com que el acto criminal se habría perpetrado a lo largo de varios días de la semana pasada.
“Es un hecho lamentable para nuestro departamento, precisamente a esta hora se lleva en Pasto una reunión extraordinaria con todas las autoridades de la región”.
Raúl Vallejo, Defensor del Pueblo de Nariño dijo a Semana.com que pese a al gravedad del hecho, por ahora es imposible llegar a la zona ya que en este momento hay enfretamientos y operaciones militares en la zona.
Durante toda la mañana tanto el gobernador Antonio Navarro, el gestor de Paz, Xavier Hernández, y Luis Evelis Andrade, representante de la Organización Indígena de Colombia, Onic, informaron ante los medios la versión en torno al asesinato de por lo menos diez indígenas Awá y la desaparición de otros ocho,
“Al parecer grupos armados llegaron al caserío asesinaron a un grupo y se llevaron otro tanto”, dijo Andrade tras recordar que en los últimos años esa comunidad ha recibido amenazas de las Farc.
Sin embargo, después del medio día y tras una reunión extraordinaria de las autoridades de Nariño, surgieron más datos y se confirmó el hecho que ocurrió en el resguardo indígena Tortugaña Telembí de la etnia Awá, cuyo territorio se encuentra distante a dos días por trocha del municipio de Barbacoas, Nariño.
Precisamente las dificultades de acceso a esa zona son la razón por la cual durante toda la mañana se especuló en torno a la cifra exacta de muertos y las circunstancias en las que se originó la masacre y sus presuntos autores.
Los Awá son la segunda comunidad indígena más grande de Nariño; está compuesta por las organizaciones Unipa y Camawari y tienen asiento en al menos tres mil kilómetros cuadrados del pie de monte costero del pacífico, circundado por las localidades de Samaniego, Barbacoas y Ricaurte.
Precisamente esa posición geográfica es lo que convirtió a este pueblo en blanco de grupos ilegales como guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, quienes se pelean el dominio territorial, ya que es ruta obligada tanto para el cultivo de coca, como para su transporte hacia las costas del Pacifico.
De ahí que esta no es la primera vez que los Awá padecen el flagelo de estar en medio de una guerra ajena.
El 14 febrero del 2004, se registraron bombardeos de la Fuerza Aérea en el área rural de Ricaurte. El 15 de junio del 2005 fue asesinado el indígena Germán Efraín Guagua.
El 28 de junio del 2005 murieron dos indígenas víctimas de las minas antipersona, en el resguardo de Magüí. Seguidamente, en junio y julio del 2005, cuando se desarrollaba contra las Farc la ‘Operación Gladiador’, del Ejército, un indígena perdió la vida y 1.400 más fueron desplazados por temor a los enfrentamientos. La racha de actos violentos contra este pueblo siguió el 10 de junio del 2006, tras ser bombardeado el Centro Educativo del Resguardo de Magüí.
El 1 de julio del año anterior, nuevamente las minas antipersona cobraron la vida de tres menores indígenas, en la localidad de Planadas-Telembí. Pero el hecho más sangriento ocurriría tres días después, cuando las Farc asesinaron a cuatro docentes en El Sande, en límites entre Santacruz y Samaniego.
De hecho, la Defensoría del Pueblo había advertido el pasado 8 de enero sobre vulnerabilidad de la comunidad Awa de Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán, “por el accionar armado de los grupos armados ilegales de la guerrilla de las Farc y el ELN y de los grupos armados emergidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas que se autodenominan Autodefensas Campesinas de Nariño (ACN) y ‘Los Rastrojos’, que se podrían materializar en homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, accidentes por minas antipersonal, entre otros hechos de violencia”.
Con esa estela criminal, todo indica que la masacre de esta semana no es un caso aislado contra los Awá, sino una cruzada de exterminio por cuenta de una guerra de la que ellos son ajenos.
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Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La noticia la confirmó el secretario de Gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, quien explicó a Semana.com que el acto criminal se habría perpetrado a lo largo de varios días de la semana pasada.
“Es un hecho lamentable para nuestro departamento, precisamente a esta hora se lleva en Pasto una reunión extraordinaria con todas las autoridades de la región”.
Raúl Vallejo, Defensor del Pueblo de Nariño dijo a Semana.com que pese a al gravedad del hecho, por ahora es imposible llegar a la zona ya que en este momento hay enfretamientos y operaciones militares en la zona.
Durante toda la mañana tanto el gobernador Antonio Navarro, el gestor de Paz, Xavier Hernández, y Luis Evelis Andrade, representante de la Organización Indígena de Colombia, Onic, informaron ante los medios la versión en torno al asesinato de por lo menos diez indígenas Awá y la desaparición de otros ocho,
“Al parecer grupos armados llegaron al caserío asesinaron a un grupo y se llevaron otro tanto”, dijo Andrade tras recordar que en los últimos años esa comunidad ha recibido amenazas de las Farc.
Sin embargo, después del medio día y tras una reunión extraordinaria de las autoridades de Nariño, surgieron más datos y se confirmó el hecho que ocurrió en el resguardo indígena Tortugaña Telembí de la etnia Awá, cuyo territorio se encuentra distante a dos días por trocha del municipio de Barbacoas, Nariño.
Precisamente las dificultades de acceso a esa zona son la razón por la cual durante toda la mañana se especuló en torno a la cifra exacta de muertos y las circunstancias en las que se originó la masacre y sus presuntos autores.
Los Awá son la segunda comunidad indígena más grande de Nariño; está compuesta por las organizaciones Unipa y Camawari y tienen asiento en al menos tres mil kilómetros cuadrados del pie de monte costero del pacífico, circundado por las localidades de Samaniego, Barbacoas y Ricaurte.
Precisamente esa posición geográfica es lo que convirtió a este pueblo en blanco de grupos ilegales como guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, quienes se pelean el dominio territorial, ya que es ruta obligada tanto para el cultivo de coca, como para su transporte hacia las costas del Pacifico.
De ahí que esta no es la primera vez que los Awá padecen el flagelo de estar en medio de una guerra ajena.
El 14 febrero del 2004, se registraron bombardeos de la Fuerza Aérea en el área rural de Ricaurte. El 15 de junio del 2005 fue asesinado el indígena Germán Efraín Guagua.
El 28 de junio del 2005 murieron dos indígenas víctimas de las minas antipersona, en el resguardo de Magüí. Seguidamente, en junio y julio del 2005, cuando se desarrollaba contra las Farc la ‘Operación Gladiador’, del Ejército, un indígena perdió la vida y 1.400 más fueron desplazados por temor a los enfrentamientos. La racha de actos violentos contra este pueblo siguió el 10 de junio del 2006, tras ser bombardeado el Centro Educativo del Resguardo de Magüí.
El 1 de julio del año anterior, nuevamente las minas antipersona cobraron la vida de tres menores indígenas, en la localidad de Planadas-Telembí. Pero el hecho más sangriento ocurriría tres días después, cuando las Farc asesinaron a cuatro docentes en El Sande, en límites entre Santacruz y Samaniego.
De hecho, la Defensoría del Pueblo había advertido el pasado 8 de enero sobre vulnerabilidad de la comunidad Awa de Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán, “por el accionar armado de los grupos armados ilegales de la guerrilla de las Farc y el ELN y de los grupos armados emergidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas que se autodenominan Autodefensas Campesinas de Nariño (ACN) y ‘Los Rastrojos’, que se podrían materializar en homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, accidentes por minas antipersonal, entre otros hechos de violencia”.
Con esa estela criminal, todo indica que la masacre de esta semana no es un caso aislado contra los Awá, sino una cruzada de exterminio por cuenta de una guerra de la que ellos son ajenos.
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¿Por qué nos odian en Ecuador?
¿Por qué nos odian en Ecuador?
La periodista de SEMANA María Jimena Duzán estuvo en el vecino país y palpó el creciente sentimiento anticolombiano. Es la radiografía de una olla a presión que puede estallar en cualquier momento mientras en Colombia a nadie le importa.
En un debate televisivo con el Fiscal General del Ecuador, uno de los periodistas invitados le increpó al funcionario por la ineficacia de ciertas medidas adoptadas por su despacho. El Fiscal lo miró y respondió a su pregunta no sin antes echarle en cara su origen colombiano. A José Hernández, actual director editorial de la revista Vanguardia, la alusión no sólo le sonó fuera de lugar, sino que lo sorprendió: en sus 12 años de vida como periodista era la primera vez que algo así le sucedía en Ecuador. Sorprendido con el episodio, no le quedó más remedio que responderle: "Pues yo sí quiero decirle a usted -le dijo al aire al Fiscal- que yo tengo el honor de ser una persona que tiene las dos nacionalidades".
Lo que le sucedió a José Hernández, un periodista que para ser más justos es más ecuatoriano que colombiano, no es un caso fortuito. Infortunadamente, ese tipo de situaciones en las que se percibe un creciente sentimiento anticolombiano se ha ido incrementando de manera muy preocupante en Ecuador. Sobre todo desde el primero de marzo del año pasado, fecha en que la Policía y el Ejército colombiano incursionaron en territorio ecuatoriano y, sin avisarle al Presidente ecuatoriano, bombardearon el campamento del jefe guerrillero 'Raúl Reyes', hecho que motivó el rompimiento de las relaciones entre los dos países.
Desde entonces, las historias de colombianos que han sido bajados de un taxi por haberse declarado partidarios del presidente Uribe se han ido multiplicando, así como los trámites y el costo para la revalidación de las visas a los colombianos residentes. No menos sorprendentes han resultado las declaraciones dadas por el dimitente ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, un reconocido intelectual liberal, en las que justificó la exigencia del certificado judicial a los colombianos que entran al Ecuador, basándose en "la percepción ciudadana" -que nadie ha podido probar en la realidad- de que "el libre ingreso de colombianos ha contribuido a la inseguridad". En esa misma línea estaría el ex canciller Francisco Carrión, quien recuerda que en las cárceles ecuatorianas la mayoría de los presos no son de ese país sino colombianos.
Por no hablar de que en los almacenes de Quito y Guayaquil a los vendedores colombianos, antes tan apetecidos por los comerciantes debido a su destreza en ese campo, se les contrata cada vez menos. "El acento ya no les gusta", me dijo una colombiana que ha sentido en carne propia un cambio sustancial en la forma como los ecuatorianos resienten el uso de imperativos y el hablar directo y francote que caracteriza al colombiano. "Es que suenan tan arrogantes como el presidente Uribe", me dijo un taxista que no le perdona "que le haya mentido a Correa como lo hizo".
Yo misma fui objeto de una fuerte recriminación en ese sentido por parte del jefe de prensa del dimitente ministro, a quien le disgustó tremendamente el tono de voz que utilicé por el teléfono cuando lo llamé a pedirle de manera infructuosa una entrevista con su jefe: "¡No tiene que levantar la voz para pedir una entrevista con el Ministro!", me dijo de manera drástica, como si mi tono lo hubiera agredido.
"Es probable que a muchos colombianos en Ecuador les esté pasando lo que les sucedió a los musulmanes en Estados Unidos, después del 11 de septiembre", me confesó, muy a su pesar, Guadalupe Mantilla, la dueña y directora del periódico El Comercio, el diario más influyente y más antiguo de Ecuador, por el que además ha pasado una pléyade de importantes periodistas colombianos que llegaron a Ecuador hace muchos años.
Hoy, sin embargo, los vientos que recorren ese país son otros y de la visión idílica que se tenía hace 10 ó 20 años de los colombianos, se ha pasado a una marcada por el prejuicio y la xenofobia. Prueba de ello es que a los pocos días del bombardeo del campamento de 'Reyes' en territorio ecuatoriano, dos colombianos acusados de haber violado a una niña fueron linchados por la comunidad, que prefirió quemarlos vivos a ponerlos a disposición de la justicia.
¿A qué horas los colombianos nos convertimos en los pícaros y dejamos de ser los vecinos queridos y admirados? ¿Por qué nos están odiando tantos ecuatorianos?
Para contestar esta pregunta habría primero que decir que fueron muchos los demonios que se despertaron en Ecuador -pero que se venían incubando desde hacía años- luego de la incursión colombiana del primero de marzo de 2007, día de la violación a su soberanía.
Mientras en Colombia la opinión pública aplaudió la decisión unilateral del Presidente colombiano de bombardear un campamento de las Farc en Sucumbíos, y el gobierno de Bogotá intentó lavarse las manos con la tesis de que su problema era con la amenaza terrorista de las Farc y no con el pueblo ecuatoriano, en Ecuador este acto fue como una puñalada a su nacionalismo que tocó hondas raíces culturales e históricas.
La actitud de Uribe fue registrada en Ecuador como la de un Presidente arrogante, que no quiso informarle a Correa lo que realmente había sucedido en Sucumbíos a pesar de que en los días anteriores la conversación entre los dos había sido bastante fluída. Tanto era así, que 72 horas antes del bombardeo el presidente Correa había decidido levantar la exigencia del pasado judicial para los colombianos. "Uribe se equivocó con esa actitud porque afincó en el imaginario ecuatoriano esa percepción de que los colombianos nos han mirado siempre por encima del hombro", sostiene el ex canciller Francisco Carrión, uno de los ecuatorianos que más han cuestionado la actitud imperialista de Colombia a la hora de sentarse a solucionar los problemas que afectan a una frontera de por sí porosa, entrecruzada por el narcotráfico, guerrilla, paras y desplazados.
Pero, además, en Ecuador se percibe en todos los ambientes una sensación de desconcierto frente a un país que siempre ha sido un referente cultural. Aunque también es cierto lo que dice el periodista José Hernández en el sentido de que paralela a esa percepción los ecuatorianos han mantenido una relación de amor y odio con Colombia, porque por un lado nos admiran, mientras que por el otro resienten el trato displicente que les damos.
Lo cierto es que a los ojos de los ecuatorianos, su país no mereció el trato indigno que le dio el gobierno de Colombia con el bombardeo sobre Sucumbíos. Ecuador ha recibido los últimos siete años miles y miles de refugiados, ha hecho ingentes esfuerzos para ayudarles a retomar su vida lejos del conflicto colombiano y además ha acogido en su territorio cerca de 500.000 colombianos en los últimos siete años. "El gobierno colombiano nos trató como si nosotros fuéramos un país enemigo", me dijo la subdirectora del periódico Hoy de Quito.
Para poder entender la magnitud de la indignación que ha suscitado en Ecuador el bombardeo en Sucumbíos, hay que recordar que este es el mismo país que vivió casi todo el siglo pasado un conflicto cruento con el Perú. "Por ese motivo -me recuerda Adrian Bonilla, director de Flacso- el tema de la soberanía es un tema tremendamente sensible para los ecuatorianos". Durante casi 60 años este país construyó en su imaginario la imagen de que Perú era el enemigo de su soberanía y cuando sucedió el bombardeo en Sucumbíos se despertaron todos estos fantasmas que se habían sepultado desde cuando en 1998 se pactó finalmente la paz con Perú.
Ahora entiendo lo que me dijo Gonzalo Ruiz, un periodista ecuatoriano integrante del grupo de buenos oficios constituido por la Fundación Carter, en el sentido de que los colombianos no entendimos realmente el significado de la mirada cerrera que le propinó Correa a Uribe en aquella tensa reunión de Santo Domingo. "No era simplemente la mirada de un presidente furioso que se sintió engañado. Esa mirada interpretaba un país cuya soberanía estuvo amenazada por espacio de 60 años, que fue lo que duró el conflicto con Perú". No sobra anotar que durante ese conflicto, Ecuador nunca rompió relaciones con ese país.
Evidentemente las causas del cambio en la percepción de los colombianos en Ecuador van más allá de los errores cometidos por Uribe y de esta guerra de percepciones en las que unas resultan más reales que otras. Para el canciller ecuatoriano Francisco Carrión, este cambio comenzó en el año 2000, cuando aumentó considerablemente el número de colombianos en Ecuador, muchos de los cuales habían llegado como refugiados a raíz del conflicto interno que vive el país, según datos ofrecidos por la Acnur. "Si se fija uno bien, en las cifras este aumento de la migración coincidió con el Plan Colombia, lo cual confirma la teoría del 'balloon effect', según la cual todo lo que tu reprimes por un lado sale por el otro".
En siete años, Ecuador pasó de tener una migración colombiana pequeña constituida por representantes de las elites preparadas, a tener una más popular y numerosa. Se cree que en Ecuador puede haber cerca de 500.000 colombianos, aunque muchos hablan de que la cifra puede ser el doble si se tiene en cuenta que muchos de ellos están indocumentados. Como lo dice el ex canciller Carrión, "para un país que tiene escasos 13 millones de habitantes, el impacto de la migración colombiana es de hecho bastante grande".
Muchos de esos colombianos han llegado a un país donde la oferta de empleos es reducida e insuficiente, y han desplazado a muchos nacionales que han tenido que aceptar que en la mayoría de los casos los colombianos son más preparados y más trabajadores. Lo más grave es que esta tensa situación se podría agudizar aun más en la medida en que la crisis económica se hace más latente y los puestos de trabajo escaseen, sobre todo entre los que viven en el subempleo, que en Ecuador es uno de los más altos de Suramérica.
Por si lo anterior ya no fuera difícil de manejar, existe el hecho innegable de que no todos los colombianos que han llegado a Ecuador lo han hecho con la intención de trabajar y de salir adelante. Muchos de ellos se han dedicado a montar bandas delincuenciales dedicadas a asaltar bancos y residencias. "La verdad es que cada vez que hay una noticia en los medios informando sobre el asalto a una residencia o a un banco, el jefe de la banda es colombiano", me confiesa un ecuatoriano, preocupado por el aumento de la inseguridad en su país y quien no duda de que este deterioro tenga que ver con la presencia de colombianos. "En Ecuador hasta hace poco un muerto era la gran noticia", me dice. Y aunque en realidad las bandas actuales son cada vez más mixtas o inclusive ya tienen jefes ecuatorianos, la percepción que se ha ido afincando en Ecuador es la de que las dos cosas van de la mano. Por cuenta de estas percepciones, a los colombianos que buscan arrendar un apartamento les están exigiendo tres veces más documentos que a los ecuatorianos. "No es que yo piense que todos los colombianos sean unos pillos, pero por uno que la embarra, las llevan todos", me dijo una mujer que se dedica a arrendar apartamentos.
La situación se agrava con el hecho de que este tipo de percepciones que incitan a la xenofobia y que reafirman clichés que poco ayudan a la convivencia entre unos y otros -como el de que el colombiano es un vivo y el ecuatoriano un torpe-, coinciden con un duro discurso oficial que el presidente Correa ha mantenido contra el gobierno Uribe; un discurso que sin duda es mucho más persistente e incitador que el que ha tenido Uribe contra Correa.
No hay sábado que el Presidente ecuatoriano no se refiera de manera peyorativa al gobierno colombiano ni les recuerde a los ecuatorianos la importancia de pelear por la patria y la defensa de la soberanía. "Un Presidente que ha tenido en dos años casi que cinco elecciones y que se apresta a reelegirse el próximo 26 de abril, ha sabido utilizar electoralmente el tema de Colombia para exacerbar un nacionalismo que cohesiona a los ecuatorianos y que le da buenos puntos en las encuestas", me advirtió el periodista Gonzalo Ruiz. Aunque el presidente Correa se cuida de no inmiscuir en sus diatribas sabatinas al pueblo colombiano, para muchos ecuatorianos la diferencia entre el presidente Uribe y sus súbditos en la práctica resulta más difícil de establecer.
Lo más preocupante es que mientras estos estigmas se están afincando en el imaginario ecuatoriano, no hay mucho interés por reanudar las relaciones con Colombia. Entre otras razones porque existe la sensación de que los costos de esta ruptura, medidos en términos económicos, han sido prácticamente nulos. Así lo advierte un estudio hecho por la Flacso en el que queda claro que las importaciones colombianas desde Ecuador no sólo no decrecieron, sino que tuvieron su mejor año en 2008.
La sensación de que no hay necesidad de reanudar las relaciones se afianzó aun más hace unos meses, cuando más de la mitad del Ecuador sufrió un apagón y Colombia le envió energía sin mayores contratiempos. No sería extraño que esta sensación sea la misma que se siente en Bogotá y que estos brotes xenófobos contra los colombianos que viven en Ecuador le tengan sin cuidado a la gran mayoría de los colombianos.
Yo me quedo con lo que opina el ex canciller ecuatoriano Francisco Carrión, para quien "las relaciones entre los dos países no se pueden medir por el termómetro económico porque terminan subordinándose serios problemas sociales que necesitan de una pronta solución". Ojalá no se necesite esperar a que esta olla de presión explote y se tenga que lamentar hechos violentos, para que el presidente Uribe y el presidente Correa hagan a un lado sus gigantes egos y se sienten a dialogar.
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La periodista de SEMANA María Jimena Duzán estuvo en el vecino país y palpó el creciente sentimiento anticolombiano. Es la radiografía de una olla a presión que puede estallar en cualquier momento mientras en Colombia a nadie le importa.
En un debate televisivo con el Fiscal General del Ecuador, uno de los periodistas invitados le increpó al funcionario por la ineficacia de ciertas medidas adoptadas por su despacho. El Fiscal lo miró y respondió a su pregunta no sin antes echarle en cara su origen colombiano. A José Hernández, actual director editorial de la revista Vanguardia, la alusión no sólo le sonó fuera de lugar, sino que lo sorprendió: en sus 12 años de vida como periodista era la primera vez que algo así le sucedía en Ecuador. Sorprendido con el episodio, no le quedó más remedio que responderle: "Pues yo sí quiero decirle a usted -le dijo al aire al Fiscal- que yo tengo el honor de ser una persona que tiene las dos nacionalidades".
Lo que le sucedió a José Hernández, un periodista que para ser más justos es más ecuatoriano que colombiano, no es un caso fortuito. Infortunadamente, ese tipo de situaciones en las que se percibe un creciente sentimiento anticolombiano se ha ido incrementando de manera muy preocupante en Ecuador. Sobre todo desde el primero de marzo del año pasado, fecha en que la Policía y el Ejército colombiano incursionaron en territorio ecuatoriano y, sin avisarle al Presidente ecuatoriano, bombardearon el campamento del jefe guerrillero 'Raúl Reyes', hecho que motivó el rompimiento de las relaciones entre los dos países.
Desde entonces, las historias de colombianos que han sido bajados de un taxi por haberse declarado partidarios del presidente Uribe se han ido multiplicando, así como los trámites y el costo para la revalidación de las visas a los colombianos residentes. No menos sorprendentes han resultado las declaraciones dadas por el dimitente ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, un reconocido intelectual liberal, en las que justificó la exigencia del certificado judicial a los colombianos que entran al Ecuador, basándose en "la percepción ciudadana" -que nadie ha podido probar en la realidad- de que "el libre ingreso de colombianos ha contribuido a la inseguridad". En esa misma línea estaría el ex canciller Francisco Carrión, quien recuerda que en las cárceles ecuatorianas la mayoría de los presos no son de ese país sino colombianos.
Por no hablar de que en los almacenes de Quito y Guayaquil a los vendedores colombianos, antes tan apetecidos por los comerciantes debido a su destreza en ese campo, se les contrata cada vez menos. "El acento ya no les gusta", me dijo una colombiana que ha sentido en carne propia un cambio sustancial en la forma como los ecuatorianos resienten el uso de imperativos y el hablar directo y francote que caracteriza al colombiano. "Es que suenan tan arrogantes como el presidente Uribe", me dijo un taxista que no le perdona "que le haya mentido a Correa como lo hizo".
Yo misma fui objeto de una fuerte recriminación en ese sentido por parte del jefe de prensa del dimitente ministro, a quien le disgustó tremendamente el tono de voz que utilicé por el teléfono cuando lo llamé a pedirle de manera infructuosa una entrevista con su jefe: "¡No tiene que levantar la voz para pedir una entrevista con el Ministro!", me dijo de manera drástica, como si mi tono lo hubiera agredido.
"Es probable que a muchos colombianos en Ecuador les esté pasando lo que les sucedió a los musulmanes en Estados Unidos, después del 11 de septiembre", me confesó, muy a su pesar, Guadalupe Mantilla, la dueña y directora del periódico El Comercio, el diario más influyente y más antiguo de Ecuador, por el que además ha pasado una pléyade de importantes periodistas colombianos que llegaron a Ecuador hace muchos años.
Hoy, sin embargo, los vientos que recorren ese país son otros y de la visión idílica que se tenía hace 10 ó 20 años de los colombianos, se ha pasado a una marcada por el prejuicio y la xenofobia. Prueba de ello es que a los pocos días del bombardeo del campamento de 'Reyes' en territorio ecuatoriano, dos colombianos acusados de haber violado a una niña fueron linchados por la comunidad, que prefirió quemarlos vivos a ponerlos a disposición de la justicia.
¿A qué horas los colombianos nos convertimos en los pícaros y dejamos de ser los vecinos queridos y admirados? ¿Por qué nos están odiando tantos ecuatorianos?
Para contestar esta pregunta habría primero que decir que fueron muchos los demonios que se despertaron en Ecuador -pero que se venían incubando desde hacía años- luego de la incursión colombiana del primero de marzo de 2007, día de la violación a su soberanía.
Mientras en Colombia la opinión pública aplaudió la decisión unilateral del Presidente colombiano de bombardear un campamento de las Farc en Sucumbíos, y el gobierno de Bogotá intentó lavarse las manos con la tesis de que su problema era con la amenaza terrorista de las Farc y no con el pueblo ecuatoriano, en Ecuador este acto fue como una puñalada a su nacionalismo que tocó hondas raíces culturales e históricas.
La actitud de Uribe fue registrada en Ecuador como la de un Presidente arrogante, que no quiso informarle a Correa lo que realmente había sucedido en Sucumbíos a pesar de que en los días anteriores la conversación entre los dos había sido bastante fluída. Tanto era así, que 72 horas antes del bombardeo el presidente Correa había decidido levantar la exigencia del pasado judicial para los colombianos. "Uribe se equivocó con esa actitud porque afincó en el imaginario ecuatoriano esa percepción de que los colombianos nos han mirado siempre por encima del hombro", sostiene el ex canciller Francisco Carrión, uno de los ecuatorianos que más han cuestionado la actitud imperialista de Colombia a la hora de sentarse a solucionar los problemas que afectan a una frontera de por sí porosa, entrecruzada por el narcotráfico, guerrilla, paras y desplazados.
Pero, además, en Ecuador se percibe en todos los ambientes una sensación de desconcierto frente a un país que siempre ha sido un referente cultural. Aunque también es cierto lo que dice el periodista José Hernández en el sentido de que paralela a esa percepción los ecuatorianos han mantenido una relación de amor y odio con Colombia, porque por un lado nos admiran, mientras que por el otro resienten el trato displicente que les damos.
Lo cierto es que a los ojos de los ecuatorianos, su país no mereció el trato indigno que le dio el gobierno de Colombia con el bombardeo sobre Sucumbíos. Ecuador ha recibido los últimos siete años miles y miles de refugiados, ha hecho ingentes esfuerzos para ayudarles a retomar su vida lejos del conflicto colombiano y además ha acogido en su territorio cerca de 500.000 colombianos en los últimos siete años. "El gobierno colombiano nos trató como si nosotros fuéramos un país enemigo", me dijo la subdirectora del periódico Hoy de Quito.
Para poder entender la magnitud de la indignación que ha suscitado en Ecuador el bombardeo en Sucumbíos, hay que recordar que este es el mismo país que vivió casi todo el siglo pasado un conflicto cruento con el Perú. "Por ese motivo -me recuerda Adrian Bonilla, director de Flacso- el tema de la soberanía es un tema tremendamente sensible para los ecuatorianos". Durante casi 60 años este país construyó en su imaginario la imagen de que Perú era el enemigo de su soberanía y cuando sucedió el bombardeo en Sucumbíos se despertaron todos estos fantasmas que se habían sepultado desde cuando en 1998 se pactó finalmente la paz con Perú.
Ahora entiendo lo que me dijo Gonzalo Ruiz, un periodista ecuatoriano integrante del grupo de buenos oficios constituido por la Fundación Carter, en el sentido de que los colombianos no entendimos realmente el significado de la mirada cerrera que le propinó Correa a Uribe en aquella tensa reunión de Santo Domingo. "No era simplemente la mirada de un presidente furioso que se sintió engañado. Esa mirada interpretaba un país cuya soberanía estuvo amenazada por espacio de 60 años, que fue lo que duró el conflicto con Perú". No sobra anotar que durante ese conflicto, Ecuador nunca rompió relaciones con ese país.
Evidentemente las causas del cambio en la percepción de los colombianos en Ecuador van más allá de los errores cometidos por Uribe y de esta guerra de percepciones en las que unas resultan más reales que otras. Para el canciller ecuatoriano Francisco Carrión, este cambio comenzó en el año 2000, cuando aumentó considerablemente el número de colombianos en Ecuador, muchos de los cuales habían llegado como refugiados a raíz del conflicto interno que vive el país, según datos ofrecidos por la Acnur. "Si se fija uno bien, en las cifras este aumento de la migración coincidió con el Plan Colombia, lo cual confirma la teoría del 'balloon effect', según la cual todo lo que tu reprimes por un lado sale por el otro".
En siete años, Ecuador pasó de tener una migración colombiana pequeña constituida por representantes de las elites preparadas, a tener una más popular y numerosa. Se cree que en Ecuador puede haber cerca de 500.000 colombianos, aunque muchos hablan de que la cifra puede ser el doble si se tiene en cuenta que muchos de ellos están indocumentados. Como lo dice el ex canciller Carrión, "para un país que tiene escasos 13 millones de habitantes, el impacto de la migración colombiana es de hecho bastante grande".
Muchos de esos colombianos han llegado a un país donde la oferta de empleos es reducida e insuficiente, y han desplazado a muchos nacionales que han tenido que aceptar que en la mayoría de los casos los colombianos son más preparados y más trabajadores. Lo más grave es que esta tensa situación se podría agudizar aun más en la medida en que la crisis económica se hace más latente y los puestos de trabajo escaseen, sobre todo entre los que viven en el subempleo, que en Ecuador es uno de los más altos de Suramérica.
Por si lo anterior ya no fuera difícil de manejar, existe el hecho innegable de que no todos los colombianos que han llegado a Ecuador lo han hecho con la intención de trabajar y de salir adelante. Muchos de ellos se han dedicado a montar bandas delincuenciales dedicadas a asaltar bancos y residencias. "La verdad es que cada vez que hay una noticia en los medios informando sobre el asalto a una residencia o a un banco, el jefe de la banda es colombiano", me confiesa un ecuatoriano, preocupado por el aumento de la inseguridad en su país y quien no duda de que este deterioro tenga que ver con la presencia de colombianos. "En Ecuador hasta hace poco un muerto era la gran noticia", me dice. Y aunque en realidad las bandas actuales son cada vez más mixtas o inclusive ya tienen jefes ecuatorianos, la percepción que se ha ido afincando en Ecuador es la de que las dos cosas van de la mano. Por cuenta de estas percepciones, a los colombianos que buscan arrendar un apartamento les están exigiendo tres veces más documentos que a los ecuatorianos. "No es que yo piense que todos los colombianos sean unos pillos, pero por uno que la embarra, las llevan todos", me dijo una mujer que se dedica a arrendar apartamentos.
La situación se agrava con el hecho de que este tipo de percepciones que incitan a la xenofobia y que reafirman clichés que poco ayudan a la convivencia entre unos y otros -como el de que el colombiano es un vivo y el ecuatoriano un torpe-, coinciden con un duro discurso oficial que el presidente Correa ha mantenido contra el gobierno Uribe; un discurso que sin duda es mucho más persistente e incitador que el que ha tenido Uribe contra Correa.
No hay sábado que el Presidente ecuatoriano no se refiera de manera peyorativa al gobierno colombiano ni les recuerde a los ecuatorianos la importancia de pelear por la patria y la defensa de la soberanía. "Un Presidente que ha tenido en dos años casi que cinco elecciones y que se apresta a reelegirse el próximo 26 de abril, ha sabido utilizar electoralmente el tema de Colombia para exacerbar un nacionalismo que cohesiona a los ecuatorianos y que le da buenos puntos en las encuestas", me advirtió el periodista Gonzalo Ruiz. Aunque el presidente Correa se cuida de no inmiscuir en sus diatribas sabatinas al pueblo colombiano, para muchos ecuatorianos la diferencia entre el presidente Uribe y sus súbditos en la práctica resulta más difícil de establecer.
Lo más preocupante es que mientras estos estigmas se están afincando en el imaginario ecuatoriano, no hay mucho interés por reanudar las relaciones con Colombia. Entre otras razones porque existe la sensación de que los costos de esta ruptura, medidos en términos económicos, han sido prácticamente nulos. Así lo advierte un estudio hecho por la Flacso en el que queda claro que las importaciones colombianas desde Ecuador no sólo no decrecieron, sino que tuvieron su mejor año en 2008.
La sensación de que no hay necesidad de reanudar las relaciones se afianzó aun más hace unos meses, cuando más de la mitad del Ecuador sufrió un apagón y Colombia le envió energía sin mayores contratiempos. No sería extraño que esta sensación sea la misma que se siente en Bogotá y que estos brotes xenófobos contra los colombianos que viven en Ecuador le tengan sin cuidado a la gran mayoría de los colombianos.
Yo me quedo con lo que opina el ex canciller ecuatoriano Francisco Carrión, para quien "las relaciones entre los dos países no se pueden medir por el termómetro económico porque terminan subordinándose serios problemas sociales que necesitan de una pronta solución". Ojalá no se necesite esperar a que esta olla de presión explote y se tenga que lamentar hechos violentos, para que el presidente Uribe y el presidente Correa hagan a un lado sus gigantes egos y se sienten a dialogar.
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De la selva al Congreso
Casi todos los secuestrados liberados se la juegan por el intercambio humanitario en la próximas elecciones. Confían en que su calvario los convierta en un fenómeno electoral.
Cuando Sigifredo López se bajó del helicóptero y se fundió en un abrazo con sus dos hijos, Colombia entera lloró. El jueves, los canales de televisión pasaron una y otra vez en cámara lenta la imagen que mostraba cómo su rostro pasaba de la sonrisa al llanto incontenible, y su familia se aferraba a él con toda su fuerza.
Pocos minutos después, López empezó a hablar ante la multitud que lo aclamaba. Micrófono en mano, pronunció un discurso largo ante una plaza abarrotada de gente, al que le siguió una rueda de prensa en tono de campaña, que seguían millones de colombianos por la televisión. Literalmente, y sin escalas, pasó del aislamiento infernal del secuestro a la tribuna pública que lo conectaba con las masas.
Es un epílogo usual en la tragedia de los conflictos. Basta recordar cómo Nelson Mandela, después de 20 años de cárcel salió directamente a la Presidencia de Sudáfrica, y la influencia que tuvo su condición de víctima del apartheid para que se convirtiera en figura mundial. Lo mismo que el dramaturgo Vaclav Havel, quien después de años de cárcel y de ser proscrito por los comunistas, se reivindicó al ser elegido Presidente de Checoslovaquia, cuando colapsó el régimen.
En Colombia, guardadas las proporciones, podría estar pasando algo similar con los políticos que han recuperado la libertad y cuya condición de víctimas de la guerrilla los ha proyectado nacionalmente, ha incrementado su capital político y les ha dado opciones reales de ser protagonistas de la política de primera plana. Si bien algo va de Mandela a Jorge Géchem, lo que está demostrado es que la política se construye en lo emocional y que una historia humana cargada de dolor, como el secuestro, con adecuadas dosis de discurso y una estrategia política sencilla, los puede catapultar en las próximas elecciones.
Así ocurrió, por ejemplo, con el ex ministro Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado durante seis años y se fugó en enero de 2007. Por su condición de víctima de inmediato fue nombrado Canciller, para que diera testimonio en el mundo entero sobre los métodos inhumanos que usan las Farc con sus rehenes. Aunque su gestión no ha merecido muchos elogios, ahora es un firme aspirante a la candidatura conservadora para la Presidencia.
Íngrid Betancourt era también un personaje controvertido y radical, y su marcación en las encuestas para Presidencia no llegaba al 2 por ciento. No obstante, ya libre, llegó a ser la persona con más preferencia entre la opinión, después de Álvaro Uribe.
En el plano regional, el fenómeno se puede repetir. Los políticos liberados, aunque hayan sido en el pasado apenas pequeños manzanillos o parlamentarios sin figuración, hoy están investidos de valores que identifican a la gente, como la estoica capacidad de sufrir, la dignidad como arma para doblegar la barbarie, y los intentos épicos de fuga, como la de Araújo, cuyo coraje quedó anclado en el alma de los colombianos. Pero, sobre todo, encarnan el valor supremo de la libertad.
Uno de los intelectuales más influyentes actualmente en teorías sobre comportamiento electoral, el neurolingüista George Lakoff, les da un enorme valor a las emociones como parte del conocimiento y de la experiencia política, y, según sus estudios, nada influye tanto en las decisiones electorales de la gente como las metáforas. A través de ellas, las personas comunes se identifican con el candidato y deciden su voto. Tal como ocurrió con Obama en Estados Unidos, donde no influye tanto lo que él diga, sino lo que él es y lo que representa. Como podría ocurrir con los secuestrados que, aunque no mencionen en campaña su cautiverio, llevan la metáfora de un país en guerra impresa en su rostro.
Íngrid Bolívar, profesora de la Universidad de los Andes especializada en emociones y política, comparte esta visión y dice que sólo con su presencia "los liberados ratifican un sentimiento popular contra las Farc" y eso es lo que la sociedad quiere ver y escuchar. Por eso no sería extraño que personas como Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Jorge Géchem o Consuelo Perdomo se conviertan en las estrellas de las próximas elecciones.
Es cierto que a ellos el secuestro no los convirtió en políticos, puesto que ya lo eran, y justamente por eso los secuestraron. Pero el cautiverio sí les da un aura y un magnetismo con la opinión que ningún hombre en busca de votos puede despreciar. La gente los quiere y los admira, los medios de comunicación todavía tienen sus reflectores sobre ellos y sus palabras son escuchadas con respeto porque desde la autoridad moral triunfaron sobre la violencia.
SEMANA habló con casi todos los liberados y es prácticamente un hecho que todos se van a lanzar al ruedo. Unos a gobernaciones, pero la mayoría al Congreso.
Uno de los políticos que ha tenido mayor protagonismo después de su liberación es el ex gobernador de Meta Alan Jara, de filiación liberal. Por un lado, puso a todo el país a hablar sobre su discurso, en el que le hizo duras críticas al presidente Álvaro Uribe. Estas tuvieron tanto impacto en la opinión, que el propio Uribe fue el miércoles a Villavicencio para hablar con él y responder a sus comentarios. Si bien Alan Jara ya era popular en Meta, ahora tiene el espacio para lanzarse a lo que quiera, bien sea el Congreso o la Gobernación. Aunque es prematuro saber qué decisión política tomará Jara -no ha pasado ni una semana en libertad-, lo que sí ha dejado claro es que volverá a la política y que apostará duro por el intercambio humanitario y el diálogo con las Farc.
Algo similar ocurre con el conservador Sigifredo López. Al igual que Jara, envió un mensaje claro de que no va a tomarse un descanso demasiado largo, y de que empezará a moverse pronto en política. Quedó claro desde cuando agarró ese micrófono, a los pocos minutos de su liberación, y se echó un largo y emotivo discurso. Como único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, tiene el momento más alto de reconocimiento y popularidad, y una candidatura suya podría ser un homenaje a los 11 diputados que nunca volvieron.
Por su parte, el ex ministro Fernando Araújo confirma sus aspiraciones. "Voy a participar de la consulta interna del Partido Conservador, para la selección de candidato presidencial". Araújo, quien es uribista declarado, es el único ex secuestrado que no apoya el intercambio humanitario y se declara continuador de las políticas de Seguridad Democrática. Se sabe que cuenta con el apoyo de muchos conservadores de la Costa, pero se enfrentará en su partido a una dura competencia en la que quizá podrán estar políticos de mucho peso, como Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias y Carlos Holguín. No sería extraño que la figuración en la consulta interna lo deje bien posicionado para el Senado.
Entre tanto, Luis Eladio Pérez es uno de los pocos liberados que aseguran que no se volverán a medir en las urnas. Pero su proyecto tal vez es más ambicioso que el de los demás. Quiere crear un nuevo partido para el cual ya tiene nombre, Movimiento de Reconstrucción Nacional; aspira a recoger 500.000 firmas a partir de marzo y su propósito es "representar a 15 millones de colombianos que no salen a votar" porque no se identifican con los políticos.
Aunque Íngrid Betancourt se ha mostrado distante en los últimos meses, no sería extraño que este movimiento le sirviera de plataforma en caso de que decidiera lanzarse a la Presidencia. Al fin y al cabo, Íngrid y Luis Eladio dedicaron meses enteros de su cautiverio a discutir un programa de gobierno. El ex senador nariñense no revela el portafolio de su partido, pero anticipa que "hay muchísimas figuras públicas y políticas del país y serán muy sorprendentes".
Entre los ex secuestrados, la representación más grande es la de Huila. La clase política de este departamento fue una de las más golpeadas, en gran medida por la cercanía con la zona de retaguardia de las Farc que le facilitó a esa guerrilla tener la información necesaria para llevar a cabo los secuestros. De los cuatro liberados de Huila, dos se demoraron más en salir de la selva que en volcarse a las calles para dedicarse de nuevo al proselitismo político. Jorge Eduardo Géchem fue liberado en febrero y en abril ya estaba recorriendo los 37 municipios del departamento, 10 de Caquetá y otros pueblos de Putumayo.
Géchem es el único de todos los secuestrados que ya hizo público su interés de lanzarse al Senado y en su región es vox populi que su fórmula a la Cámara sería Orlando Beltrán, otro de los secuestrados, que ya también ha dejado clara su candidatura. "Es una obligación moral llegar al Congreso de nuevo para trabajar por quienes siguen en las selvas de Colombia. Vamos a pelear por la paz y el intercambio humanitario, y el Congreso es el mejor escenario para exigirle al gobierno", dice Beltrán, un ingeniero industrial que ha estado dos períodos en el Parlamento. En el caso de Géchem, parece pesarle mucho el bicho de la política, no en vano ha estado cuatro períodos en el Congreso. "Vuelvo a lo mismo que he hecho toda mi vida", anota el liberal de origen turbayista que en marzo decidirá por cuál partido se lanza.
Consuelo González no ha tomado una decisión final, pero es altamente probable que también se lance al Senado. Curiosamente, su experiencia en la selva hizo que se distanciara de Géchem -su jefe político regional y a quien su esposo, un hombre adinerado, financiaba-, y ahora va de la mano del gobernador liberal Rodrigo Villalba. Consuelo, una mujer centrada y a la que las Farc le interrumpieron su primera experiencia en el Congreso, dice que no quiere utilizar su condición de ex secuestrada para ganar elecciones: "Tengo muy claro que si vuelvo al ejercicio de la política no quiero aprovechar mi tragedia para conseguir votos. No quiero ser la víctima en una campaña".
El caso de Gloria Polanco es distinto porque nunca ha sido política. Ella fue congresista estando secuestrada, gracias a una jugada de su esposo, Jaime Losada, quien con las mejores intenciones de que la liberaran, la hizo elegir, pero la estrategia terminó yéndose en su contra. Sin embargo, Gloria sí quiere medirse en las urnas. Podría ser como candidata a la Gobernación, pues la gente tiene un buen recuerdo de ella como primera dama del departamento de Huila, y tampoco se descarta que haga parte de las listas a la Cámara del conservador Hernán Andrade, hoy presidente del Congreso.
En el grupo de Huila también habría que contar con otros dos personajes que si bien no estuvieron secuestrados, sí padecieron la reclusión de sus familiares y tuvieron un protagonismo en medios suficiente para estar hoy en la jugada política. Se trata de Jaime Felipe Losada, el hijo de Gloria Polanco, quien se lanzaría al Congreso, y Lucy Artunduaga, hoy separada de Géchem, que participa en una campaña antagonista de su otrora esposo.
Caso aparte merece Clara Rojas. Aunque en el momento del secuestro era prácticamente desconocida, su amistad con Íngrid Betancourt y la apasionante historia del hijo que tuvo en cautiverio, la pérdida del pequeño y su feliz reencuentro, la pusieron en un nivel de interés nacional e internacional que muchos envidiarían. Clara siempre ha sido una persona independiente y de centro, y esa actitud se ha reflejado en estos meses, pues aunque ha mantenido su presencia en los medios y defendido la idea de un intercambio humanitario, nunca ha sido radical frente a las políticas del gobierno. Aunque Clara no está en campaña, ya está en la mira de varios partidos que la quieren en sus listas futuras.
Quizá la excepción es Óscar Tulio Lizcano. Pese a que en el momento de su secuestro estaba en la mitad de su carrera política, ocho años en la selva lo dejaron sin ganas de volver a la tribuna pública. El ex representante a la Cámara, que protagonizó una heroica fuga de un campamento de las Farc hace pocos meses, asegura que aunque ha recibido propuestas políticas por parte de dirigentes del partido de La U, ha declinado, pues "todo el mundo sabe que necesito un largo proceso de recuperación". Lo que no descarta es ponerse al servicio de la carrera de su hijo Mauricio Lizcano, quien salió elegido a la Cámara en 2006 por el Partido de La U, apoyándose en el legado de su padre y en el juego mediático que le permitió el secuestro. No obstante, Lizcano hijo está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría dar al traste con sus aspiraciones.
Ante ese hecho ya consumado, el de que los secuestrados ahora en libertad quieren sumergirse de nuevo en el berenjenal de la política, quedan tres preguntas por resolver: ¿Saldrán elegidos? ¿Qué tan bueno puede ser que ganen? ¿Qué papel van a jugar en el Congreso?
A la primera pregunta, la respuesta obvia sería pensar que es casi seguro que todos los ex secuestrados que pongan su foto en el tarjetón van a salir elegidos. En particular quienes se lanzan al Senado, pues la circunscripción nacional termina favoreciendo a los personajes más mediáticos. Nunca antes un representante a la Cámara, ni siquiera un senador, había tenido más exposición y un tratamiento tan benévolo como los que los liberados han tenido por parte de los medios.
No cabe duda de que durante la campaña, con su etiqueta de ex secuestrados y sus increíbles dramas personales, seguirán siendo muy taquilleros. Y, finalmente, no se descarta que una buena parte del electorado interprete que apoyarlos es dar voto a favor de la libertad y en protesta contra unas Farc que hoy tienen unos índices de rechazo más bajos que los del propio demonio.
Pero no es suficiente tener el carné de secuestrado para que lluevan los votos. Si bien las emociones son importantes, en política no bastan. Mandela y Havel no sólo tenían sufrimiento en su historia personal, sino un legado político, atado a causas democráticas muy poderosas, que interpretaban el sentir de sus pueblos en coyunturas específicas. En el caso de los políticos colombianos que estuvieron secuestrados está por verse si el valor simbólico que son, y la credibilidad que tienen, son suficientes, por ejemplo, para convencer a la gente de que hay que negociar con las Farc. Algo que la mayoría de ellos defiende.
Hay que tener en cuenta además que todavía queda un año para las elecciones al Congreso y eso en política es mucho tiempo; se podría enfriar el entusiasmo de la gente y decaer la sintonía con su dolor. De no ser, por supuesto, que las historias de otros colombianos que siguen secuestrados en la selva mantengan clavada la espina del secuestro en el corazón del país.
Pero una cosa es que el secuestro los haya convertido en candidatos más atractivos en las urnas, y otra, muy distinta, que siete años en la selva los haya transformado en mejores políticos o les den credenciales más sólidas para ejercer su cargo. En muchos de los casos, no en todos, se estác hablando de personajes que en sus regiones no recuerdan con especial gratitud, algunos por ser caciques tradicionales, y otros por ser políticos sin mayor impacto.
Y por eso, más allá de su desempeño como políticos, se podría perfilar para las próximas elecciones a Congreso una especie de bancada por el intercambio humanitario y la negociación política con las Farc. Si bien en número la bancada de liberados no sería representativa, es difícil pensar que su voz no sea escuchada por el resto del Congreso y no se produzca un efecto de contagio entre sus compañeros.
La bancada de los liberados es una clara demostración de que el bicho de la política resiste la intemperie más furiosa de la selva. Esa inquebrantable vocación y la experiencia cruel e inédita que vivieron los ponen ante una oportunidad de oro. Aunque no se trata de exigirles nada a ellos, sin duda tienen por delante el desafío de lograr tener una voz única en el Congreso con una autoridad moral que ningún otro político tiene para lograr una transformación duradera en la guerra.
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Cuando Sigifredo López se bajó del helicóptero y se fundió en un abrazo con sus dos hijos, Colombia entera lloró. El jueves, los canales de televisión pasaron una y otra vez en cámara lenta la imagen que mostraba cómo su rostro pasaba de la sonrisa al llanto incontenible, y su familia se aferraba a él con toda su fuerza.
Pocos minutos después, López empezó a hablar ante la multitud que lo aclamaba. Micrófono en mano, pronunció un discurso largo ante una plaza abarrotada de gente, al que le siguió una rueda de prensa en tono de campaña, que seguían millones de colombianos por la televisión. Literalmente, y sin escalas, pasó del aislamiento infernal del secuestro a la tribuna pública que lo conectaba con las masas.
Es un epílogo usual en la tragedia de los conflictos. Basta recordar cómo Nelson Mandela, después de 20 años de cárcel salió directamente a la Presidencia de Sudáfrica, y la influencia que tuvo su condición de víctima del apartheid para que se convirtiera en figura mundial. Lo mismo que el dramaturgo Vaclav Havel, quien después de años de cárcel y de ser proscrito por los comunistas, se reivindicó al ser elegido Presidente de Checoslovaquia, cuando colapsó el régimen.
En Colombia, guardadas las proporciones, podría estar pasando algo similar con los políticos que han recuperado la libertad y cuya condición de víctimas de la guerrilla los ha proyectado nacionalmente, ha incrementado su capital político y les ha dado opciones reales de ser protagonistas de la política de primera plana. Si bien algo va de Mandela a Jorge Géchem, lo que está demostrado es que la política se construye en lo emocional y que una historia humana cargada de dolor, como el secuestro, con adecuadas dosis de discurso y una estrategia política sencilla, los puede catapultar en las próximas elecciones.
Así ocurrió, por ejemplo, con el ex ministro Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado durante seis años y se fugó en enero de 2007. Por su condición de víctima de inmediato fue nombrado Canciller, para que diera testimonio en el mundo entero sobre los métodos inhumanos que usan las Farc con sus rehenes. Aunque su gestión no ha merecido muchos elogios, ahora es un firme aspirante a la candidatura conservadora para la Presidencia.
Íngrid Betancourt era también un personaje controvertido y radical, y su marcación en las encuestas para Presidencia no llegaba al 2 por ciento. No obstante, ya libre, llegó a ser la persona con más preferencia entre la opinión, después de Álvaro Uribe.
En el plano regional, el fenómeno se puede repetir. Los políticos liberados, aunque hayan sido en el pasado apenas pequeños manzanillos o parlamentarios sin figuración, hoy están investidos de valores que identifican a la gente, como la estoica capacidad de sufrir, la dignidad como arma para doblegar la barbarie, y los intentos épicos de fuga, como la de Araújo, cuyo coraje quedó anclado en el alma de los colombianos. Pero, sobre todo, encarnan el valor supremo de la libertad.
Uno de los intelectuales más influyentes actualmente en teorías sobre comportamiento electoral, el neurolingüista George Lakoff, les da un enorme valor a las emociones como parte del conocimiento y de la experiencia política, y, según sus estudios, nada influye tanto en las decisiones electorales de la gente como las metáforas. A través de ellas, las personas comunes se identifican con el candidato y deciden su voto. Tal como ocurrió con Obama en Estados Unidos, donde no influye tanto lo que él diga, sino lo que él es y lo que representa. Como podría ocurrir con los secuestrados que, aunque no mencionen en campaña su cautiverio, llevan la metáfora de un país en guerra impresa en su rostro.
Íngrid Bolívar, profesora de la Universidad de los Andes especializada en emociones y política, comparte esta visión y dice que sólo con su presencia "los liberados ratifican un sentimiento popular contra las Farc" y eso es lo que la sociedad quiere ver y escuchar. Por eso no sería extraño que personas como Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Jorge Géchem o Consuelo Perdomo se conviertan en las estrellas de las próximas elecciones.
Es cierto que a ellos el secuestro no los convirtió en políticos, puesto que ya lo eran, y justamente por eso los secuestraron. Pero el cautiverio sí les da un aura y un magnetismo con la opinión que ningún hombre en busca de votos puede despreciar. La gente los quiere y los admira, los medios de comunicación todavía tienen sus reflectores sobre ellos y sus palabras son escuchadas con respeto porque desde la autoridad moral triunfaron sobre la violencia.
SEMANA habló con casi todos los liberados y es prácticamente un hecho que todos se van a lanzar al ruedo. Unos a gobernaciones, pero la mayoría al Congreso.
Uno de los políticos que ha tenido mayor protagonismo después de su liberación es el ex gobernador de Meta Alan Jara, de filiación liberal. Por un lado, puso a todo el país a hablar sobre su discurso, en el que le hizo duras críticas al presidente Álvaro Uribe. Estas tuvieron tanto impacto en la opinión, que el propio Uribe fue el miércoles a Villavicencio para hablar con él y responder a sus comentarios. Si bien Alan Jara ya era popular en Meta, ahora tiene el espacio para lanzarse a lo que quiera, bien sea el Congreso o la Gobernación. Aunque es prematuro saber qué decisión política tomará Jara -no ha pasado ni una semana en libertad-, lo que sí ha dejado claro es que volverá a la política y que apostará duro por el intercambio humanitario y el diálogo con las Farc.
Algo similar ocurre con el conservador Sigifredo López. Al igual que Jara, envió un mensaje claro de que no va a tomarse un descanso demasiado largo, y de que empezará a moverse pronto en política. Quedó claro desde cuando agarró ese micrófono, a los pocos minutos de su liberación, y se echó un largo y emotivo discurso. Como único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, tiene el momento más alto de reconocimiento y popularidad, y una candidatura suya podría ser un homenaje a los 11 diputados que nunca volvieron.
Por su parte, el ex ministro Fernando Araújo confirma sus aspiraciones. "Voy a participar de la consulta interna del Partido Conservador, para la selección de candidato presidencial". Araújo, quien es uribista declarado, es el único ex secuestrado que no apoya el intercambio humanitario y se declara continuador de las políticas de Seguridad Democrática. Se sabe que cuenta con el apoyo de muchos conservadores de la Costa, pero se enfrentará en su partido a una dura competencia en la que quizá podrán estar políticos de mucho peso, como Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias y Carlos Holguín. No sería extraño que la figuración en la consulta interna lo deje bien posicionado para el Senado.
Entre tanto, Luis Eladio Pérez es uno de los pocos liberados que aseguran que no se volverán a medir en las urnas. Pero su proyecto tal vez es más ambicioso que el de los demás. Quiere crear un nuevo partido para el cual ya tiene nombre, Movimiento de Reconstrucción Nacional; aspira a recoger 500.000 firmas a partir de marzo y su propósito es "representar a 15 millones de colombianos que no salen a votar" porque no se identifican con los políticos.
Aunque Íngrid Betancourt se ha mostrado distante en los últimos meses, no sería extraño que este movimiento le sirviera de plataforma en caso de que decidiera lanzarse a la Presidencia. Al fin y al cabo, Íngrid y Luis Eladio dedicaron meses enteros de su cautiverio a discutir un programa de gobierno. El ex senador nariñense no revela el portafolio de su partido, pero anticipa que "hay muchísimas figuras públicas y políticas del país y serán muy sorprendentes".
Entre los ex secuestrados, la representación más grande es la de Huila. La clase política de este departamento fue una de las más golpeadas, en gran medida por la cercanía con la zona de retaguardia de las Farc que le facilitó a esa guerrilla tener la información necesaria para llevar a cabo los secuestros. De los cuatro liberados de Huila, dos se demoraron más en salir de la selva que en volcarse a las calles para dedicarse de nuevo al proselitismo político. Jorge Eduardo Géchem fue liberado en febrero y en abril ya estaba recorriendo los 37 municipios del departamento, 10 de Caquetá y otros pueblos de Putumayo.
Géchem es el único de todos los secuestrados que ya hizo público su interés de lanzarse al Senado y en su región es vox populi que su fórmula a la Cámara sería Orlando Beltrán, otro de los secuestrados, que ya también ha dejado clara su candidatura. "Es una obligación moral llegar al Congreso de nuevo para trabajar por quienes siguen en las selvas de Colombia. Vamos a pelear por la paz y el intercambio humanitario, y el Congreso es el mejor escenario para exigirle al gobierno", dice Beltrán, un ingeniero industrial que ha estado dos períodos en el Parlamento. En el caso de Géchem, parece pesarle mucho el bicho de la política, no en vano ha estado cuatro períodos en el Congreso. "Vuelvo a lo mismo que he hecho toda mi vida", anota el liberal de origen turbayista que en marzo decidirá por cuál partido se lanza.
Consuelo González no ha tomado una decisión final, pero es altamente probable que también se lance al Senado. Curiosamente, su experiencia en la selva hizo que se distanciara de Géchem -su jefe político regional y a quien su esposo, un hombre adinerado, financiaba-, y ahora va de la mano del gobernador liberal Rodrigo Villalba. Consuelo, una mujer centrada y a la que las Farc le interrumpieron su primera experiencia en el Congreso, dice que no quiere utilizar su condición de ex secuestrada para ganar elecciones: "Tengo muy claro que si vuelvo al ejercicio de la política no quiero aprovechar mi tragedia para conseguir votos. No quiero ser la víctima en una campaña".
El caso de Gloria Polanco es distinto porque nunca ha sido política. Ella fue congresista estando secuestrada, gracias a una jugada de su esposo, Jaime Losada, quien con las mejores intenciones de que la liberaran, la hizo elegir, pero la estrategia terminó yéndose en su contra. Sin embargo, Gloria sí quiere medirse en las urnas. Podría ser como candidata a la Gobernación, pues la gente tiene un buen recuerdo de ella como primera dama del departamento de Huila, y tampoco se descarta que haga parte de las listas a la Cámara del conservador Hernán Andrade, hoy presidente del Congreso.
En el grupo de Huila también habría que contar con otros dos personajes que si bien no estuvieron secuestrados, sí padecieron la reclusión de sus familiares y tuvieron un protagonismo en medios suficiente para estar hoy en la jugada política. Se trata de Jaime Felipe Losada, el hijo de Gloria Polanco, quien se lanzaría al Congreso, y Lucy Artunduaga, hoy separada de Géchem, que participa en una campaña antagonista de su otrora esposo.
Caso aparte merece Clara Rojas. Aunque en el momento del secuestro era prácticamente desconocida, su amistad con Íngrid Betancourt y la apasionante historia del hijo que tuvo en cautiverio, la pérdida del pequeño y su feliz reencuentro, la pusieron en un nivel de interés nacional e internacional que muchos envidiarían. Clara siempre ha sido una persona independiente y de centro, y esa actitud se ha reflejado en estos meses, pues aunque ha mantenido su presencia en los medios y defendido la idea de un intercambio humanitario, nunca ha sido radical frente a las políticas del gobierno. Aunque Clara no está en campaña, ya está en la mira de varios partidos que la quieren en sus listas futuras.
Quizá la excepción es Óscar Tulio Lizcano. Pese a que en el momento de su secuestro estaba en la mitad de su carrera política, ocho años en la selva lo dejaron sin ganas de volver a la tribuna pública. El ex representante a la Cámara, que protagonizó una heroica fuga de un campamento de las Farc hace pocos meses, asegura que aunque ha recibido propuestas políticas por parte de dirigentes del partido de La U, ha declinado, pues "todo el mundo sabe que necesito un largo proceso de recuperación". Lo que no descarta es ponerse al servicio de la carrera de su hijo Mauricio Lizcano, quien salió elegido a la Cámara en 2006 por el Partido de La U, apoyándose en el legado de su padre y en el juego mediático que le permitió el secuestro. No obstante, Lizcano hijo está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría dar al traste con sus aspiraciones.
Ante ese hecho ya consumado, el de que los secuestrados ahora en libertad quieren sumergirse de nuevo en el berenjenal de la política, quedan tres preguntas por resolver: ¿Saldrán elegidos? ¿Qué tan bueno puede ser que ganen? ¿Qué papel van a jugar en el Congreso?
A la primera pregunta, la respuesta obvia sería pensar que es casi seguro que todos los ex secuestrados que pongan su foto en el tarjetón van a salir elegidos. En particular quienes se lanzan al Senado, pues la circunscripción nacional termina favoreciendo a los personajes más mediáticos. Nunca antes un representante a la Cámara, ni siquiera un senador, había tenido más exposición y un tratamiento tan benévolo como los que los liberados han tenido por parte de los medios.
No cabe duda de que durante la campaña, con su etiqueta de ex secuestrados y sus increíbles dramas personales, seguirán siendo muy taquilleros. Y, finalmente, no se descarta que una buena parte del electorado interprete que apoyarlos es dar voto a favor de la libertad y en protesta contra unas Farc que hoy tienen unos índices de rechazo más bajos que los del propio demonio.
Pero no es suficiente tener el carné de secuestrado para que lluevan los votos. Si bien las emociones son importantes, en política no bastan. Mandela y Havel no sólo tenían sufrimiento en su historia personal, sino un legado político, atado a causas democráticas muy poderosas, que interpretaban el sentir de sus pueblos en coyunturas específicas. En el caso de los políticos colombianos que estuvieron secuestrados está por verse si el valor simbólico que son, y la credibilidad que tienen, son suficientes, por ejemplo, para convencer a la gente de que hay que negociar con las Farc. Algo que la mayoría de ellos defiende.
Hay que tener en cuenta además que todavía queda un año para las elecciones al Congreso y eso en política es mucho tiempo; se podría enfriar el entusiasmo de la gente y decaer la sintonía con su dolor. De no ser, por supuesto, que las historias de otros colombianos que siguen secuestrados en la selva mantengan clavada la espina del secuestro en el corazón del país.
Pero una cosa es que el secuestro los haya convertido en candidatos más atractivos en las urnas, y otra, muy distinta, que siete años en la selva los haya transformado en mejores políticos o les den credenciales más sólidas para ejercer su cargo. En muchos de los casos, no en todos, se estác hablando de personajes que en sus regiones no recuerdan con especial gratitud, algunos por ser caciques tradicionales, y otros por ser políticos sin mayor impacto.
Y por eso, más allá de su desempeño como políticos, se podría perfilar para las próximas elecciones a Congreso una especie de bancada por el intercambio humanitario y la negociación política con las Farc. Si bien en número la bancada de liberados no sería representativa, es difícil pensar que su voz no sea escuchada por el resto del Congreso y no se produzca un efecto de contagio entre sus compañeros.
La bancada de los liberados es una clara demostración de que el bicho de la política resiste la intemperie más furiosa de la selva. Esa inquebrantable vocación y la experiencia cruel e inédita que vivieron los ponen ante una oportunidad de oro. Aunque no se trata de exigirles nada a ellos, sin duda tienen por delante el desafío de lograr tener una voz única en el Congreso con una autoridad moral que ningún otro político tiene para lograr una transformación duradera en la guerra.
Publicado en:
www.semana.com
La guardia de ‘Don Mario’
Por: Fernando Cárdenas H. Elespectador.com
El Espectador recorrió las selváticas cercanías del Golfo de Urabá, donde el ‘narco’ más buscado del país cuenta con al menos 400 hombres en armas con el brazalete de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En otros lugares del mundo, un año y medio puede significar un tiempo muy corto para dar un vuelco significativo de la realidad. Pero en el Urabá chocoano, cerca de la frontera con Panamá, bastaron los últimos 18 meses para que el mapa geopolítico de toda una región privilegiada para lo ilícito se volviera a rayar.
En vista del giro en una de las zonas más abandonadas del planeta, este equipo de El Espectador recorrió varios pueblos del tapón del Darién colombiano, justo donde hoy Daniel Rendón Herrera, más conocido con el alias de Don Mario, encontró el lugar perfecto para esconderse de las autoridades y dirigir desde la selva su época dorada de poder y fortuna.
Ya en las laderas colombianas de la serranía del Darién, los pocos que se atreven a hablar del hecho cuentan que con la desmovilización de los 1.500 hombres del bloque paramilitar Élmer Cárdenas (BEC) en agosto de 2006, al mando de su hermano Freddy Rendón Herrera, El Alemán, este territorio quedó sumergido en un vacío de poder. Ni estúpido que fuera y acostumbrado a la guerra, el mayor de los Rendón de Amalfi —la misma tierra antioqueña de los hermanos Castaño Gil— supo piratear a la perfección la estructura política y militar que gobernó a sangre y fuego durante una década la región y, de paso, copar de tropa bien armada esa franja. Para ese propósito, metió de un zarpazo a 400 hombres al Chocó hace dos meses, tras entrenarlos en un campo especializado en el lado antioqueño del mapa. Lo mismo ha hecho en otros lados, como Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Si se mira el mapa de norte a sur, el viaje comienza casi en la frontera, en Acandí. Un pueblo costero sin magia, con presencia de las autoridades estatales, aunque por debajo de la alfombra mandan los “urbanos” de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado de Don Mario y sus amigos. Esta es una de esas verdades que en los caseríos todos saben, incluso las amas de casa, pero que nadie las comenta por miedo a las represalias. Los mudos viven más, dicen.
Así que no hay nombres propios en la grabadora. En especial el de las autoridades locales, que intentan tildar sus comarcas como remansos de paz, y al mismo tiempo demandan protección por la amenaza de los grupos ilegales que operan en la comarca. “Uno está acá en la Alcaldía protegido, pero si sale, en cualquier momento te pueden matar”, aclara uno de ellos en su oficina sin luz eléctrica.
La discreción general no impide que se filtren los últimos acontecimientos. Como la jugosa oferta que llega desde el monte, de casi dos sueldos mínimos a quien empuñe un fusil con los gaitanistas y se anime a recorrer esa cordillera desde el Parque Los Katíos hasta Capurganá. La bola corrió en todo el país: Don Mario paga el mejor sueldo de la guerra. A los patrulleros, 700.000. Al trabajo político en un pueblo, dos millones. Y si dirigen las finanzas de la organización, llámese manejo de lanchas rápidas, el sueldo puede llegar a los 10 millones.
Una tentación que incluso tiene amenazados los proyectos productivos de pesca y turismo de los paramilitares desmovilizados, pues se paga la mitad del sueldo de los gaitanistas. De ahí que desde la cárcel de Itagüí, El Alemán, en medio de las versiones libres bajo la Ley de Justicia y Paz, reclama por la suerte de sus antiguos hombres. “Estoy muy preocupado, porque me los están amenazando para que dejen todo y se vuelvan al monte”, sostuvo, sin decir que en los últimos meses 150 de sus 400 hombres inscritos en cooperativas ya se han ido a las filas de su hermano.
En Acandí, Don Mario es el que les da trabajo a casi todos los dueños de lanchas y tiene convertida la playa de este pueblo en un centro de reunión de traquetos. Ahora mismo, este periodista está sentado almorzando en la costa caribeña al lado de
varios ‘narcos’ que estacionan sus cuatrimotos a un costado y usan cadenas de oro. El guía nos pide “bajar las cámaras” y nos cuenta: “Una vez a ese man —uno de los vecinos de mesa— alguien le tomó una foto. Él fue y le preguntó que cuánto valía la cámara y sacó 1,5 millones de pesos en efectivo y se la pagó. De una, la tiró al mar”.
Las autoridades prefieren no hablar del nuevo furor, más bien optan por revelar lo que ocurrió en la frontera panameña, a mediados de enero. El frente 57 de las Farc, que camina por todo el filo de la frontera y donde se refugia al menos a un miembro del Secretariado, quemó la finca El Tigre, bien arriba de Acandí, porque sus dueños se negaban a pagar una extorsión.
Según el relato de un reinsertado, hace un año este grupo irregular estaba pasando física hambre y no alcanzaba a tener más de 30 guerrilleros en la parte alta del pueblo. Luego, a finales del año pasado, la guerrilla pudo reponerse al desespero y ahora supera los 100 hombres bien dotados, con nuevas energías y con varias acciones muy cerca del casco principal. En realidad, en todo el límite chocoano este frente ha crecido de tal forma en el último año que ya supera los mil hombres, justo con la llegada de Don Mario, en una especie de pacto de no agresión que algunos analistas olfatean como una alianza perversa.
Ante el incendio de la finca El Tigre, de inmediato reaccionó la Fuerza Pública, que movilizó a esa montaña donde estaban las fumarolas a hombres y helicópteros, pero en vez de repeler las balas de los guerrilleros, se toparon con algo nuevo para ellos: una columna de al menos 40 hombres de los gaitanistas, que disparaban con la intensidad de las mejores épocas de la lucha armada, con un saldo de dos militares heridos y varios ilegales muertos.
Los testimonios florecen en este aspecto. En los dos últimos meses, el choque entre la fuerza pública y las tropas de las AGC se ha repetido en varios poblados, como Carepa y Currulao, donde los ilegales atacaron a comitivas policiales y de la Armada con un desenlace de varios efectivos heridos y muertos. En Lomas Aisladas, donde termina la carretera y empiezan los pantanos del Darién, también hubo intercambio de disparos en diciembre. El ejército se vio desdibujado por la potencia armada de este grupo y no pudo arrestar a uno de los comandantes de la organización. Según un analista político cercano a los paramilitares, “estos pequeños ataques obedecen a que Don Mario quiere enfrentarse al Gobierno como una fuerza armada no sólo dedicada a actividades ilícitas, que lo lleve a una negociación”.
En vísperas de Navidad, el grupo atacó en Santa María del Darién a un pelotón del ejército y además de matar a un sargento y herir a tres soldados, se robaron cinco fusiles y una ametralladora M60.
De todas sus acciones, la única prueba de la presencia de Don Mario en el campo es un rayado de las AGC en San María del Darién, Chocó. La tierra de Camilo Torres, no del cura guerrillero sino de alias Fritanga, un hacendado y ganadero de la región que cayó en desgracia por el lío del fiscal Valencia Cossio, y que hoy está recluido en una celda. En las cercanías lo identifican como un joven de campo que regalaba dinero a los desposeídos. No como la mano derecha o el jefe de finanzas de Don Mario, según el expediente judicial.
Ningún guía local nos quiso acompañar a registrar ese grafiti que está en el frontis de su discoteca La Jungla, con gallera en el centro y adornos de hierro forjado. Además de la ausencia de policía en el pueblo, la gente se dedica a mirar con ceño fruncido a los extraños. Hacer preguntas significa que a los cinco minutos lleguen unos motorizados a imponer la ley, tal cual pasaba en los tiempos de El Alemán, cuando los alcaldes eran damas de compañía y los caseríos obedecían u obedecían las órdenes de los “urbanos”.
Salimos de Santa María en dos motos arrendadas para recorrer otros caseríos, como Unguía, Gilgal y las veredas aledañas a este lado de la montaña. Pero no pudimos llegar muy lejos, ya que en el siguiente pueblo a nuestro acompañante lo retuvieron los hombres de Don Mario para un interrogatorio por nuestra presencia. Una llamada por celular nos advirtió del hecho y nos aconsejó salir de la zona de inmediato, por la rabia de los mandos medios y bajos, más acostumbrados a las “vueltas” de tulas que a las preguntas de la prensa.
La opción fue dejar esos caseríos díscolos de jerarquía y meternos a las partes altas, las más selváticas, donde los campesinos dicen que se mueven “los gaitanistas” en grandes pelotones. También, el jefe. Para meterse en el monte de la serranía del Darién hay que hacer largas caminatas y viajar en mulas maduras que resistan esos caminos de contrabando.
En esa selva de árboles viejos que ha impedido el término de la carretera Panamericana, ya no se divisa, como en los pueblos, a los soldados profesionales haciendo presencia en pequeños grupos. Sólo hay indígenas pescando o campesinos trabajando en fincas semiabandonadas. En medio de follaje y tras dos días de camino, pudimos comprobar el rastro de Don Mario. No directamente de él, que se mueve como un zorro viejo, sino el de sus colaboradores. En una quebrada pequeña y antes de subir una gran loma, estaban cuatro hombres armados descansando. Nos saludaron y nos dijeron que si les llevábamos los bolsos en las bestias. “Allá están los demás”, apuntó uno que no tenía mucha experiencia y que le costaba hablar por el cansancio. En la cima estaba un grupo de 40 miembros de los gaitanistas, de los 400 que entraron al Darién a fines del año pasado. Unos kilómetros más allá camina otro bloque similar, y así.
Todos portaban fusiles AK-47 nuevos y usaban trajes camuflados importados de pocas mudas. Al comandante, con equipo de radio, se le notaba la experiencia de mando, no así a los otros muchachos, que al perecer no conocen bien el terreno y están recién llegados a los pantanos del Darién atraídos por el sueldo. Vienen de otros rincones como si fueran colonos o raspachines. Él nos dejó pasar sin tomar nota de las advertencias del pueblo, con la condición de no hacer preguntas y menos sacar fotos.
De alguna forma ellos querían que registráramos el momento. Esa realidad de que el considerado narcotraficante más buscado del momento tiene un ejército robusto como para proponer encima de una mesa unos diálogos posparamilitarismo o pelear por bastante tiempo en una de las zonas más estratégicas para la salida de cocaína del país. Dinero para la guerra, le sobra.
El prontuario de Rendón
A pesar de que Daniel Rendón Herrera, de 44 años, apareció en el listado de desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas (el grupo de su hermano menor Freddy), este campesino antioqueño —quien creció cerca de Fidel, Vicente y Carlos Castaño— no está en la cárcel de Itagüí como el Alemán, sino que anda prófugo y es considerado como el principal reto de seguridad para la Policía Nacional. Por eso ofrecen una recompensa de 3 mil millones de pesos por la ubicación de su paradero.
Amante de la buena comida y de los relojes caros, Don Mario tiene una larga experiencia en la guerra y en el narcotráfico desde los 90, que lo han catapultado a dominar los territorios dejados por los grandes jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, no sin antes dejar una estela de sangre. Conoce muy bien Antioquia, Córdoba y Urabá, sus territorios naturales, así como los Llanos Orientales, donde secundó al grupo paramilitar del extinto Miguel Arroyave, El químico.
Su organización es considerada hoy por las autoridades como una de las tantas “bandas emergentes” que hay en el país, incluido su brazo armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Luego de pelear con otras estructuras armadas como ‘las Águilas Negras’ y ‘Los Paisas’ en varias zonas, su imperio abarca desde la Serranía del Darién y el Urabá hasta Córdoba y el Bajo Cauca de Antioquia, lugares de producción de coca y rutas de contrabando.
Los desmovilizados del caucho
Hace unos meses la cabeza de ‘Don Mario’ costaba menos, como un narco de medio pelo, pero sin duda que el paro armado que impuso en toda la zona de Urabá, el 15 de octubre pasado cuando estrenó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), fue motivo suficiente para que las autoridades crearan un bloque de búsqueda contra el hombre más perseguido por narcotráfico del país (la recompensa es de tres mil millones de pesos), y a quien el director de la Policía, general Óscar Naranjo, llama “criminal al servicio del narcotráfico”. Ese día de octubre, Acandí amaneció lleno de panfletos y los negocios no se atrevieron a abrir las rejas. En Unguía cuentan que pasó lo mismo. En Apartadó, 3.000 tiendas hicieron caso a la advertencia de unos encapuchados con fusiles de paralizar el comercio, y los trabajadores de las bananeras se tuvieron que devolver a sus casas porque había retenes armados.
El estreno de las AGC
Los hombres que dejaron las armas del bloque Elmer Cárdenas tienen en estos momentos varios proyectos productivos en su ex zona de influencia en el Urabá. Liderado por la Cooperativa de Trabajo Asociado Constructores de Paz (Construpaz) y acompañados por la oficina de Acción Social y Naciones Unidas, han avanzado en pesca, artesanía y turismo, así como las 400 hectáreas plantadas de caucho y pimienta en Villa la Paz, cerca de Unguía y Necoclí.
Sin embargo, la mala noticia para esta iniciativa es que las familias que se incorporaron a estos proyectos han sufrido la deserción de más de 150 miembros, producto de la tentación de volver a empuñar las armas que ofrecen los gaitanistas en vez de esperar los resultados de unos cultivos de rendimiento tardío.
Espere el próximo domingo la segunda parte de este reportaje.
Publicado en :
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso115823-guardia-de-don-mario
El Espectador recorrió las selváticas cercanías del Golfo de Urabá, donde el ‘narco’ más buscado del país cuenta con al menos 400 hombres en armas con el brazalete de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En otros lugares del mundo, un año y medio puede significar un tiempo muy corto para dar un vuelco significativo de la realidad. Pero en el Urabá chocoano, cerca de la frontera con Panamá, bastaron los últimos 18 meses para que el mapa geopolítico de toda una región privilegiada para lo ilícito se volviera a rayar.
En vista del giro en una de las zonas más abandonadas del planeta, este equipo de El Espectador recorrió varios pueblos del tapón del Darién colombiano, justo donde hoy Daniel Rendón Herrera, más conocido con el alias de Don Mario, encontró el lugar perfecto para esconderse de las autoridades y dirigir desde la selva su época dorada de poder y fortuna.
Ya en las laderas colombianas de la serranía del Darién, los pocos que se atreven a hablar del hecho cuentan que con la desmovilización de los 1.500 hombres del bloque paramilitar Élmer Cárdenas (BEC) en agosto de 2006, al mando de su hermano Freddy Rendón Herrera, El Alemán, este territorio quedó sumergido en un vacío de poder. Ni estúpido que fuera y acostumbrado a la guerra, el mayor de los Rendón de Amalfi —la misma tierra antioqueña de los hermanos Castaño Gil— supo piratear a la perfección la estructura política y militar que gobernó a sangre y fuego durante una década la región y, de paso, copar de tropa bien armada esa franja. Para ese propósito, metió de un zarpazo a 400 hombres al Chocó hace dos meses, tras entrenarlos en un campo especializado en el lado antioqueño del mapa. Lo mismo ha hecho en otros lados, como Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Si se mira el mapa de norte a sur, el viaje comienza casi en la frontera, en Acandí. Un pueblo costero sin magia, con presencia de las autoridades estatales, aunque por debajo de la alfombra mandan los “urbanos” de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado de Don Mario y sus amigos. Esta es una de esas verdades que en los caseríos todos saben, incluso las amas de casa, pero que nadie las comenta por miedo a las represalias. Los mudos viven más, dicen.
Así que no hay nombres propios en la grabadora. En especial el de las autoridades locales, que intentan tildar sus comarcas como remansos de paz, y al mismo tiempo demandan protección por la amenaza de los grupos ilegales que operan en la comarca. “Uno está acá en la Alcaldía protegido, pero si sale, en cualquier momento te pueden matar”, aclara uno de ellos en su oficina sin luz eléctrica.
La discreción general no impide que se filtren los últimos acontecimientos. Como la jugosa oferta que llega desde el monte, de casi dos sueldos mínimos a quien empuñe un fusil con los gaitanistas y se anime a recorrer esa cordillera desde el Parque Los Katíos hasta Capurganá. La bola corrió en todo el país: Don Mario paga el mejor sueldo de la guerra. A los patrulleros, 700.000. Al trabajo político en un pueblo, dos millones. Y si dirigen las finanzas de la organización, llámese manejo de lanchas rápidas, el sueldo puede llegar a los 10 millones.
Una tentación que incluso tiene amenazados los proyectos productivos de pesca y turismo de los paramilitares desmovilizados, pues se paga la mitad del sueldo de los gaitanistas. De ahí que desde la cárcel de Itagüí, El Alemán, en medio de las versiones libres bajo la Ley de Justicia y Paz, reclama por la suerte de sus antiguos hombres. “Estoy muy preocupado, porque me los están amenazando para que dejen todo y se vuelvan al monte”, sostuvo, sin decir que en los últimos meses 150 de sus 400 hombres inscritos en cooperativas ya se han ido a las filas de su hermano.
En Acandí, Don Mario es el que les da trabajo a casi todos los dueños de lanchas y tiene convertida la playa de este pueblo en un centro de reunión de traquetos. Ahora mismo, este periodista está sentado almorzando en la costa caribeña al lado de
varios ‘narcos’ que estacionan sus cuatrimotos a un costado y usan cadenas de oro. El guía nos pide “bajar las cámaras” y nos cuenta: “Una vez a ese man —uno de los vecinos de mesa— alguien le tomó una foto. Él fue y le preguntó que cuánto valía la cámara y sacó 1,5 millones de pesos en efectivo y se la pagó. De una, la tiró al mar”.
Las autoridades prefieren no hablar del nuevo furor, más bien optan por revelar lo que ocurrió en la frontera panameña, a mediados de enero. El frente 57 de las Farc, que camina por todo el filo de la frontera y donde se refugia al menos a un miembro del Secretariado, quemó la finca El Tigre, bien arriba de Acandí, porque sus dueños se negaban a pagar una extorsión.
Según el relato de un reinsertado, hace un año este grupo irregular estaba pasando física hambre y no alcanzaba a tener más de 30 guerrilleros en la parte alta del pueblo. Luego, a finales del año pasado, la guerrilla pudo reponerse al desespero y ahora supera los 100 hombres bien dotados, con nuevas energías y con varias acciones muy cerca del casco principal. En realidad, en todo el límite chocoano este frente ha crecido de tal forma en el último año que ya supera los mil hombres, justo con la llegada de Don Mario, en una especie de pacto de no agresión que algunos analistas olfatean como una alianza perversa.
Ante el incendio de la finca El Tigre, de inmediato reaccionó la Fuerza Pública, que movilizó a esa montaña donde estaban las fumarolas a hombres y helicópteros, pero en vez de repeler las balas de los guerrilleros, se toparon con algo nuevo para ellos: una columna de al menos 40 hombres de los gaitanistas, que disparaban con la intensidad de las mejores épocas de la lucha armada, con un saldo de dos militares heridos y varios ilegales muertos.
Los testimonios florecen en este aspecto. En los dos últimos meses, el choque entre la fuerza pública y las tropas de las AGC se ha repetido en varios poblados, como Carepa y Currulao, donde los ilegales atacaron a comitivas policiales y de la Armada con un desenlace de varios efectivos heridos y muertos. En Lomas Aisladas, donde termina la carretera y empiezan los pantanos del Darién, también hubo intercambio de disparos en diciembre. El ejército se vio desdibujado por la potencia armada de este grupo y no pudo arrestar a uno de los comandantes de la organización. Según un analista político cercano a los paramilitares, “estos pequeños ataques obedecen a que Don Mario quiere enfrentarse al Gobierno como una fuerza armada no sólo dedicada a actividades ilícitas, que lo lleve a una negociación”.
En vísperas de Navidad, el grupo atacó en Santa María del Darién a un pelotón del ejército y además de matar a un sargento y herir a tres soldados, se robaron cinco fusiles y una ametralladora M60.
De todas sus acciones, la única prueba de la presencia de Don Mario en el campo es un rayado de las AGC en San María del Darién, Chocó. La tierra de Camilo Torres, no del cura guerrillero sino de alias Fritanga, un hacendado y ganadero de la región que cayó en desgracia por el lío del fiscal Valencia Cossio, y que hoy está recluido en una celda. En las cercanías lo identifican como un joven de campo que regalaba dinero a los desposeídos. No como la mano derecha o el jefe de finanzas de Don Mario, según el expediente judicial.
Ningún guía local nos quiso acompañar a registrar ese grafiti que está en el frontis de su discoteca La Jungla, con gallera en el centro y adornos de hierro forjado. Además de la ausencia de policía en el pueblo, la gente se dedica a mirar con ceño fruncido a los extraños. Hacer preguntas significa que a los cinco minutos lleguen unos motorizados a imponer la ley, tal cual pasaba en los tiempos de El Alemán, cuando los alcaldes eran damas de compañía y los caseríos obedecían u obedecían las órdenes de los “urbanos”.
Salimos de Santa María en dos motos arrendadas para recorrer otros caseríos, como Unguía, Gilgal y las veredas aledañas a este lado de la montaña. Pero no pudimos llegar muy lejos, ya que en el siguiente pueblo a nuestro acompañante lo retuvieron los hombres de Don Mario para un interrogatorio por nuestra presencia. Una llamada por celular nos advirtió del hecho y nos aconsejó salir de la zona de inmediato, por la rabia de los mandos medios y bajos, más acostumbrados a las “vueltas” de tulas que a las preguntas de la prensa.
La opción fue dejar esos caseríos díscolos de jerarquía y meternos a las partes altas, las más selváticas, donde los campesinos dicen que se mueven “los gaitanistas” en grandes pelotones. También, el jefe. Para meterse en el monte de la serranía del Darién hay que hacer largas caminatas y viajar en mulas maduras que resistan esos caminos de contrabando.
En esa selva de árboles viejos que ha impedido el término de la carretera Panamericana, ya no se divisa, como en los pueblos, a los soldados profesionales haciendo presencia en pequeños grupos. Sólo hay indígenas pescando o campesinos trabajando en fincas semiabandonadas. En medio de follaje y tras dos días de camino, pudimos comprobar el rastro de Don Mario. No directamente de él, que se mueve como un zorro viejo, sino el de sus colaboradores. En una quebrada pequeña y antes de subir una gran loma, estaban cuatro hombres armados descansando. Nos saludaron y nos dijeron que si les llevábamos los bolsos en las bestias. “Allá están los demás”, apuntó uno que no tenía mucha experiencia y que le costaba hablar por el cansancio. En la cima estaba un grupo de 40 miembros de los gaitanistas, de los 400 que entraron al Darién a fines del año pasado. Unos kilómetros más allá camina otro bloque similar, y así.
Todos portaban fusiles AK-47 nuevos y usaban trajes camuflados importados de pocas mudas. Al comandante, con equipo de radio, se le notaba la experiencia de mando, no así a los otros muchachos, que al perecer no conocen bien el terreno y están recién llegados a los pantanos del Darién atraídos por el sueldo. Vienen de otros rincones como si fueran colonos o raspachines. Él nos dejó pasar sin tomar nota de las advertencias del pueblo, con la condición de no hacer preguntas y menos sacar fotos.
De alguna forma ellos querían que registráramos el momento. Esa realidad de que el considerado narcotraficante más buscado del momento tiene un ejército robusto como para proponer encima de una mesa unos diálogos posparamilitarismo o pelear por bastante tiempo en una de las zonas más estratégicas para la salida de cocaína del país. Dinero para la guerra, le sobra.
El prontuario de Rendón
A pesar de que Daniel Rendón Herrera, de 44 años, apareció en el listado de desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas (el grupo de su hermano menor Freddy), este campesino antioqueño —quien creció cerca de Fidel, Vicente y Carlos Castaño— no está en la cárcel de Itagüí como el Alemán, sino que anda prófugo y es considerado como el principal reto de seguridad para la Policía Nacional. Por eso ofrecen una recompensa de 3 mil millones de pesos por la ubicación de su paradero.
Amante de la buena comida y de los relojes caros, Don Mario tiene una larga experiencia en la guerra y en el narcotráfico desde los 90, que lo han catapultado a dominar los territorios dejados por los grandes jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, no sin antes dejar una estela de sangre. Conoce muy bien Antioquia, Córdoba y Urabá, sus territorios naturales, así como los Llanos Orientales, donde secundó al grupo paramilitar del extinto Miguel Arroyave, El químico.
Su organización es considerada hoy por las autoridades como una de las tantas “bandas emergentes” que hay en el país, incluido su brazo armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Luego de pelear con otras estructuras armadas como ‘las Águilas Negras’ y ‘Los Paisas’ en varias zonas, su imperio abarca desde la Serranía del Darién y el Urabá hasta Córdoba y el Bajo Cauca de Antioquia, lugares de producción de coca y rutas de contrabando.
Los desmovilizados del caucho
Hace unos meses la cabeza de ‘Don Mario’ costaba menos, como un narco de medio pelo, pero sin duda que el paro armado que impuso en toda la zona de Urabá, el 15 de octubre pasado cuando estrenó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), fue motivo suficiente para que las autoridades crearan un bloque de búsqueda contra el hombre más perseguido por narcotráfico del país (la recompensa es de tres mil millones de pesos), y a quien el director de la Policía, general Óscar Naranjo, llama “criminal al servicio del narcotráfico”. Ese día de octubre, Acandí amaneció lleno de panfletos y los negocios no se atrevieron a abrir las rejas. En Unguía cuentan que pasó lo mismo. En Apartadó, 3.000 tiendas hicieron caso a la advertencia de unos encapuchados con fusiles de paralizar el comercio, y los trabajadores de las bananeras se tuvieron que devolver a sus casas porque había retenes armados.
El estreno de las AGC
Los hombres que dejaron las armas del bloque Elmer Cárdenas tienen en estos momentos varios proyectos productivos en su ex zona de influencia en el Urabá. Liderado por la Cooperativa de Trabajo Asociado Constructores de Paz (Construpaz) y acompañados por la oficina de Acción Social y Naciones Unidas, han avanzado en pesca, artesanía y turismo, así como las 400 hectáreas plantadas de caucho y pimienta en Villa la Paz, cerca de Unguía y Necoclí.
Sin embargo, la mala noticia para esta iniciativa es que las familias que se incorporaron a estos proyectos han sufrido la deserción de más de 150 miembros, producto de la tentación de volver a empuñar las armas que ofrecen los gaitanistas en vez de esperar los resultados de unos cultivos de rendimiento tardío.
Espere el próximo domingo la segunda parte de este reportaje.
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