El presidente colombiano exige la liberación de todos los rehenes 'canjeables'
PILAR LOZANO - Bogotá - 08/07/2009
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer por sorpresa que permitirá la mediación de la senadora de la oposición Piedad Córdoba en la liberación de los secuestrados considerados canjeables en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hace tres meses había desautorizado rotundamente a la parlamentaria para que intercediese por el cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, que lleva ya más de 11 años en las cárceles de la guerrilla más antigua del país. Las FARC anunciaron el pasado 16 de abril su intención de liberar a Moncayo junto a un soldado profesional capturado hace poco. Pero pusieron una condición: que la senadora y el padre del cabo, Gustavo Moncayo, fueran a recogerlos. Uribe alegó que no permitiría más liberaciones con cuentagotas y que no aceptaría nuevos espectáculos mediáticos a costa del dolor de los secuestrados y sus familias. Córdoba, cabeza visible del movimiento Colombianos por la Paz, protagonizó este año la liberación de los tres últimos civiles del grupo de canjeables.
Pero sus relaciones con el presidente han sido tirantes en los últimos tiempos. El presidente aceptó su actuación de la mano del presidente venezolano, Hugo Chávez, como mediadora en las liberaciones a finales de 2007, pero luego desautorizó a ambos. Desde entonces, la guerrilla ha insistido en mantener a Córdoba como el único contacto que aceptan para entregar a sus rehenes.
"Ojalá el anuncio del presidente no sea una cortina de humo", explicó ayer a EL PAÍS Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz. "¿Por qué hasta ayer era imposible la presencia de Piedad?", se pregunta. En los momentos actuales, Uribe se ve acosado por las denuncias de falta de transparencia en los trámites parlamentarios que desembocaron en su primera reelección; ahora, además, se pretende abrir la puerta a un tercer periodo. Sin embargo, Lozano cree que la flexibilización de la posición oficial es positiva: "Se demuestra que no hay inamovibles", opina.
Uribe ha puesto una condición para la tarea de Córdoba: que las FARC liberen a todos los canjeables y devuelvan los cadáveres de los tres militares que han muerto en cautiverio. Pero esto es difícil: las FARC siguen insistiendo en el intercambio de los secuestrados por sus combatientes en prisión. "Esta condición sigue dilatando la libertad de Moncayo, que ya tiene su boleta de libertad en el bolsillo", cree Lozano. Ahora sólo falta la respuesta del grupo guerrillero.
Todo un símbolo
El cabo Moncayo se ha convertido en el símbolo de los canjeables. Fue secuestrado cuando tenía apenas 19 años, durante la toma guerrillera de un puesto de comunicaciones del Ejército, en lo alto de una montaña, al sur del país. Su padre, el profesor Moncayo, ha recorrido miles de kilómetros en Colombia y en el exterior con las manos encadenadas y clamando por la libertad de su único hijo varón y de los demás secuestrados.
Por su parte, la senadora Córdoba señaló ayer en un comunicado que "reconoce y recibe como un gesto positivo la decisión del presidente Uribe", que agradeció, y le pidió una cita para ahondar en las tareas del intercambio humanitario con esa guerrilla, informa Efe.
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www.elpais.com
viernes, 2 de octubre de 2009
"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras"
Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.
En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.
El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.
El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.
La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.
La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.
Varios camiones
Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.
Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".
La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.
La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.
La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.
Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"
En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.
Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.
"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".
La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.
Mayor dolor
A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.
En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".
Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.
Publicado en
www.semana.com
En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.
El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.
El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.
La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.
La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.
Varios camiones
Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.
Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".
La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.
La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.
La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.
Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"
En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.
Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.
"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".
La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.
Mayor dolor
A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.
En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".
Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.
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20 casos de niñas abusadas por el extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo investiga la Fiscalía
Julio 5 de 2009
En seis de ellos, las menores fueron madres antes de los 14. A los investigadores les tomó casi dos años encontrar la primera persona dispuesta a declarar sobre las aberraciones de 'el Viejo'.
'Regresaba cada ocho días. Así quedé embarazada', le dijo a la Fiscalía una muchacha de 23 años que hace 10 tuvo un hijo del jefe 'para'.
El tema llegó a oídos de la Fiscalía como un rumor: muchos padres de la Sierra Nevada de Santa Marta prefirieron convertirse en desplazados antes que resignarse a que sus niñas se convirtieran en 'mujeres' del extraditado jefe 'para' Hernán Giraldo Serna. Hoy, la Fiscalía tiene documentados 19 historias de menores que tuvieron hijos de Giraldo.
"Una tarde mi mamá fue a Guachaca (corregimiento de Santa Marta) a una cita médica y me quedé sola en la finca. Como a las 4 de la tarde llegó el señor Hernán -dice el testimonio de la víctima, hoy de 23 años- (...) Yo sabía que él comandaba las autodefensas y me dijo que esa noche se iba a quedar conmigo. Al día siguiente se fue y después regresaba cada ocho días. Fue así como quedé embarazada".
Ella entonces tenía 13 años y le dio dos hijos al hombre que hace una década fue reseñado por la revista Newsweek como el 'sucesor de Pablo Escobar'. "Tengo conocimiento de que el señor Hernán tenía muchas 'peladas', todas jovencitas. Unas eran llevadas por las madres para que estuvieran con él y les ayudara (económicamente). Yo las veía por Machete (vereda Machete Pelao)", agregó la víctima.
A través de documentos en la Registraduría y en notarías de Santa Marta, Riohacha y varias poblaciones de la Costa y hasta de Bello (Antioquia), las autoridades han identificado a 22 de los hijos del extraditado ex jefe del Bloque Tayrona, que reconoció que tuvo 27. No obstante, en la Sierra Nevada se dice que tuvo más de 100 hijos desde que llegó a manejar el negocio de la coca a mediados de los 70.
"Tres generaciones de niñas crecieron a la sombra de su poder armado y a merced de lo que él quisiera hacer con ellas. Lo más dramático es que las víctimas y sus familias, en su gran mayoría, ven el asunto como algo normal o como algo que 'les tocó'", dijo uno de los investigadores.
Por meses, nadie en la Sierra quiso testificar contra el 'Patrón', como también le decían. "Hablamos con los personeros, inspectores de Policía, presidentes de juntas de acción comunal, sacerdotes, pastores, comadres -dice la fuente-. Hicimos reuniones de mujeres, y nada. Todo el mundo sabía lo que pasaba, que le había ocurrido a la hija de alguien, pero nadie habló".
Cuando el silencio se rompió empezaron a descubrir -dice el expediente conocido por EL TIEMPO- que hubo padres de familia que entregaron sus niñas "para que si a él le gustaban las hiciera sus mujeres y así aseguraban su futuro. Que (los padres) las llevaban a fiestas o eventos para que hicieran fila frente a él".
Hasta ahora, la Fiscalía ha recorrido 10 de las 102 veredas de la Sierra y considera que tiene material para acusar al extraditado 'para' por crímenes sexuales en el conflicto, que a la luz del DIH son de lesa humanidad.
Ahora, en poblaciones de la Costa buscan a una niña, que fue entregada por su madre al ex jefe 'para' y que terminó prostituida entre la tropa paramilitar. La Fiscalía también tiene información de una adolescente que fue 'escogida' por Giraldo y que supuestamente le fue infiel con uno de sus 'paras' conocido como 'el Flaco'. Él terminó muerto y de ella no se sabe nada desde que Giraldo la sacó de la casa que le había dado en Puerto Nuevo.
Giraldo no es el único jefe 'para' con esas historias. En pleno proceso de paz, 'Jorge 40' le mandó a decir a Salvatore Mancuso que él iba a seguir en la guerra mientras Mancuso seguía buscando "pelaítas". Y 'El Oso', 'para' de Sucre, está acusado por organizar reinados infantiles donde escogía a sus víctimas.
REDACCIÓN JUSTICIA
Publivado en
www.eltiempo.com
En seis de ellos, las menores fueron madres antes de los 14. A los investigadores les tomó casi dos años encontrar la primera persona dispuesta a declarar sobre las aberraciones de 'el Viejo'.
'Regresaba cada ocho días. Así quedé embarazada', le dijo a la Fiscalía una muchacha de 23 años que hace 10 tuvo un hijo del jefe 'para'.
El tema llegó a oídos de la Fiscalía como un rumor: muchos padres de la Sierra Nevada de Santa Marta prefirieron convertirse en desplazados antes que resignarse a que sus niñas se convirtieran en 'mujeres' del extraditado jefe 'para' Hernán Giraldo Serna. Hoy, la Fiscalía tiene documentados 19 historias de menores que tuvieron hijos de Giraldo.
"Una tarde mi mamá fue a Guachaca (corregimiento de Santa Marta) a una cita médica y me quedé sola en la finca. Como a las 4 de la tarde llegó el señor Hernán -dice el testimonio de la víctima, hoy de 23 años- (...) Yo sabía que él comandaba las autodefensas y me dijo que esa noche se iba a quedar conmigo. Al día siguiente se fue y después regresaba cada ocho días. Fue así como quedé embarazada".
Ella entonces tenía 13 años y le dio dos hijos al hombre que hace una década fue reseñado por la revista Newsweek como el 'sucesor de Pablo Escobar'. "Tengo conocimiento de que el señor Hernán tenía muchas 'peladas', todas jovencitas. Unas eran llevadas por las madres para que estuvieran con él y les ayudara (económicamente). Yo las veía por Machete (vereda Machete Pelao)", agregó la víctima.
A través de documentos en la Registraduría y en notarías de Santa Marta, Riohacha y varias poblaciones de la Costa y hasta de Bello (Antioquia), las autoridades han identificado a 22 de los hijos del extraditado ex jefe del Bloque Tayrona, que reconoció que tuvo 27. No obstante, en la Sierra Nevada se dice que tuvo más de 100 hijos desde que llegó a manejar el negocio de la coca a mediados de los 70.
"Tres generaciones de niñas crecieron a la sombra de su poder armado y a merced de lo que él quisiera hacer con ellas. Lo más dramático es que las víctimas y sus familias, en su gran mayoría, ven el asunto como algo normal o como algo que 'les tocó'", dijo uno de los investigadores.
Por meses, nadie en la Sierra quiso testificar contra el 'Patrón', como también le decían. "Hablamos con los personeros, inspectores de Policía, presidentes de juntas de acción comunal, sacerdotes, pastores, comadres -dice la fuente-. Hicimos reuniones de mujeres, y nada. Todo el mundo sabía lo que pasaba, que le había ocurrido a la hija de alguien, pero nadie habló".
Cuando el silencio se rompió empezaron a descubrir -dice el expediente conocido por EL TIEMPO- que hubo padres de familia que entregaron sus niñas "para que si a él le gustaban las hiciera sus mujeres y así aseguraban su futuro. Que (los padres) las llevaban a fiestas o eventos para que hicieran fila frente a él".
Hasta ahora, la Fiscalía ha recorrido 10 de las 102 veredas de la Sierra y considera que tiene material para acusar al extraditado 'para' por crímenes sexuales en el conflicto, que a la luz del DIH son de lesa humanidad.
Ahora, en poblaciones de la Costa buscan a una niña, que fue entregada por su madre al ex jefe 'para' y que terminó prostituida entre la tropa paramilitar. La Fiscalía también tiene información de una adolescente que fue 'escogida' por Giraldo y que supuestamente le fue infiel con uno de sus 'paras' conocido como 'el Flaco'. Él terminó muerto y de ella no se sabe nada desde que Giraldo la sacó de la casa que le había dado en Puerto Nuevo.
Giraldo no es el único jefe 'para' con esas historias. En pleno proceso de paz, 'Jorge 40' le mandó a decir a Salvatore Mancuso que él iba a seguir en la guerra mientras Mancuso seguía buscando "pelaítas". Y 'El Oso', 'para' de Sucre, está acusado por organizar reinados infantiles donde escogía a sus víctimas.
REDACCIÓN JUSTICIA
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El blindaje de su camioneta salvó de morir a Víctor Carranza; narcos estarían tras atentado
Julio 6 de 2009
El 'Zar de las esmeraldas' sufrió un ataque el sábado por la noche, ocurrido cuando se movilizaba por la vía que conduce de Puerto Gaitán a Puerto López, en el oriente del Meta.
De no haber contado con esta sofisticada protección, el 'zar de las esmeraldas' habría corrido la misma suerte de Luis Alejandro Álvarez y Joaquín Silva, dos de los 18 escoltas que lo custodian. Ellos murieron en medio de la lluvia de granadas y balas que cayeron sobre la caravana.
Otros dos de sus hombres resultaron heridos, y hoy cuentan con protección especial de la Policía. "Estas personas ya han sido sometidas a un interrogatorio para esclarecer el hecho", explicó el comandante de la Policía en el Meta, coronel Juan Carlos Pinzón.
El atentado ocurrió en un lugar despoblado de la carretera, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Puerto López, el municipio que ha visto crecer el emporio ganadero y de tierras de Carranza.
Algunos habitantes lamentan lo ocurrido porque daña la imagen del pueblo. "Don Víctor (Carranza) es una persona muy respetable, genera trabajo con sus empresas y nadie se mete con él. Si uno se pone a hablar de lo que pasó, quién sabe en qué líos se mete", sostuvo un funcionario de la Alcaldía.
Ayer, se realizó un consejo de seguridad en Puerto López en el que participaron la Policía, el Ejército y la Alcaldía. "Este es un hecho aislado. Los metenses son conscientes de que la región está tranquila desde hace varios años. Hace un mes se incautaron cinco fusiles en este sector, lo que refleja que el área ha sido mantenida bajo vigilancia", explicó el coronel Pinzón.
Miembros de los servicios de Inteligencia de la Policía en Bogotá no descartan que detrás del intento por asesinar a Carranza esté Daniel 'el Loco' Barrera.
"Quien hizo ese atentado es alguien con poder. Desde hace dos meses hemos recibido información fragmentada de una disputa de tierras en la zona", dijo una de las fuentes consultadas.
El ataque a la caravana de la que hacía parte Carranza se produce dos meses después de unas declaraciones del ex jefe paramilitar del bloque Élmer Cárdenas, Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán', quien señaló a Carranza de haber patrocinado el ingreso de paramilitares a la zona esmeraldífera y de participar en masacres.
Carranza admitió en una entrevista con EL TIEMPO (la última que ha concedido a un medio) dos reuniones con 'el Alemán' y con 'don Berna', pero advirtió que en esos encuentros se negó a financiarlos y denunció los hechos a las autoridades. También negó supuestos nexos con los asesinatos del narco Leonidas Vargas y del esmeraldero Yesid Nieto.
VILLAVICENCIO Y BOGOTÁ
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www.eltiempo.com
El 'Zar de las esmeraldas' sufrió un ataque el sábado por la noche, ocurrido cuando se movilizaba por la vía que conduce de Puerto Gaitán a Puerto López, en el oriente del Meta.
De no haber contado con esta sofisticada protección, el 'zar de las esmeraldas' habría corrido la misma suerte de Luis Alejandro Álvarez y Joaquín Silva, dos de los 18 escoltas que lo custodian. Ellos murieron en medio de la lluvia de granadas y balas que cayeron sobre la caravana.
Otros dos de sus hombres resultaron heridos, y hoy cuentan con protección especial de la Policía. "Estas personas ya han sido sometidas a un interrogatorio para esclarecer el hecho", explicó el comandante de la Policía en el Meta, coronel Juan Carlos Pinzón.
El atentado ocurrió en un lugar despoblado de la carretera, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Puerto López, el municipio que ha visto crecer el emporio ganadero y de tierras de Carranza.
Algunos habitantes lamentan lo ocurrido porque daña la imagen del pueblo. "Don Víctor (Carranza) es una persona muy respetable, genera trabajo con sus empresas y nadie se mete con él. Si uno se pone a hablar de lo que pasó, quién sabe en qué líos se mete", sostuvo un funcionario de la Alcaldía.
Ayer, se realizó un consejo de seguridad en Puerto López en el que participaron la Policía, el Ejército y la Alcaldía. "Este es un hecho aislado. Los metenses son conscientes de que la región está tranquila desde hace varios años. Hace un mes se incautaron cinco fusiles en este sector, lo que refleja que el área ha sido mantenida bajo vigilancia", explicó el coronel Pinzón.
Miembros de los servicios de Inteligencia de la Policía en Bogotá no descartan que detrás del intento por asesinar a Carranza esté Daniel 'el Loco' Barrera.
"Quien hizo ese atentado es alguien con poder. Desde hace dos meses hemos recibido información fragmentada de una disputa de tierras en la zona", dijo una de las fuentes consultadas.
El ataque a la caravana de la que hacía parte Carranza se produce dos meses después de unas declaraciones del ex jefe paramilitar del bloque Élmer Cárdenas, Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán', quien señaló a Carranza de haber patrocinado el ingreso de paramilitares a la zona esmeraldífera y de participar en masacres.
Carranza admitió en una entrevista con EL TIEMPO (la última que ha concedido a un medio) dos reuniones con 'el Alemán' y con 'don Berna', pero advirtió que en esos encuentros se negó a financiarlos y denunció los hechos a las autoridades. También negó supuestos nexos con los asesinatos del narco Leonidas Vargas y del esmeraldero Yesid Nieto.
VILLAVICENCIO Y BOGOTÁ
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'En E.U. dos periodos funcionan. Tras 8 años, la gente quiere un cambio', le dijo Obama a Uribe
Junio 30 de 2009
El Presidente de Estados Unidos, incluso, citó el ejemplo de George Washington, presidente de E.U. de 1789 a 1797 quien rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder.
Indagado sobre el particular, Obama dijo que en su país "dos períodos" eran suficientes ya que después de ese lapso "la gente generalmente quiere un cambio".
"Le conté al presidente Uribe que uno de nuestros presidentes más venerados, George Washington, parte de lo que lo hizo tan memorable no solo fue ser uno de los fundadores de nuestro país sino que en momentos en que pudo quedarse presidente de por vida, pudo hacerse a un lado y regresar a la vida civil", afirmó Obama luego indicar que eran una decisión de cada pueblo y que E.U. respetaba la soberanía y la autodeterminación.
Aunque el presidente fue claro en expresar las preferencias de su gobierno en este sentido, no cuestionó la figura de la reelección como tal sino la forma como se puede llegar a ella: "A la larga lo importante es que la gente siente una sensación de legitimidad, que no es algo impuesto de arriba, que no involucre manipulación del electorado, o manipulación del proceso electoral, pero que cualquier cosa que pase se determine de una manera abierta y transparente para que la gente tenga confianza que quien este en el poder representa sus voces y sus intereses", sostuvo.
Uribe explicó que el tampoco pretendía perpetuarse en el poder, pero que si le preocupaba que se extendieran hacia el futuro sus políticas de seguridad democrática.
"Yo lo que les pido es que entiendan que una cosa es el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de reelegir al presidente y otra que se cuestione la solidez de las instituciones en Colombia, que son totalmente sólidas", afirmó el presidente.
Asesores suyos dijeron después que fue Uribe mismo, cuando la reunión estaba a punto de concluir, el que le planteó el tema a Obama.
"Le aseguró que en Colombia no se iba a presentar un rompimiento del orden constitucional", dijo la fuente. Para aligerar el ambiente, que se tornó un poco pesado tras la pregunta sobre la reelección, el presidente Obama cerró con un comentario que tuvo de broma como de elogio: "La otra cosa es que debería decir es que si yo llegara a prestar dos períodos estoy seguro que no tendría el 70 por ciento que tiene el presidente Uribe".
Piden paciencia para aprobar el TLC
Sin comprometerse con una "cronograma específico", el presidente Barack Obama prometió ayer seguir empujando para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio TLC que está pendiente de ser ratificado por este país.
Obama reiteró su oferta al concluir su primera reunión bilateral con el presidente Colombiano Álvaro Uribe en los predios de la Casa Blanca en Washington.
Durante el encuentro, que fue descrito como "cálido" por algunos de los asistentes, salieron a relucir temas polémicos como el de la segunda reelección del presidente Uribe.
Ambos presidentes estuvieron reunidos por más de hora y media. Primero en la Oficina Oval, donde permanecieron a solas, y luego en una sala contigua con asesores y ministros de ambos países.
Por Colombia estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; y Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata. Mientras por E.U., la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el asesor de Seguridad Nacional, general Jim Jones; y el asesor económico de Obama, Larry Summers.
Obama, en una rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su admiración por el gobierno Uribe al que reconoció un "admirable trabajo" en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación económica tras describir la relación entre ambos países de "extremadamente fuerte".
Y le destacó a su vez grandes progresos en uno de los temas que usan los demócratas para bloquear el TLC en el Congreso: la violencia contra el sindicalismo y la impunidad. Clinton, durante la cita privada, hizo hincapié en este punto.
Para Obama , no obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer y trajo a colación, aunque con sutileza, algunos escándalos que han sacudido al entorno del gobierno en meses recientes.
"Hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de interceptaciones ilegales. Es importante que exista transparencia y el presidente lo sabe", dijo el mandatario estadounidense.
Preguntado por el TLC,. Obama enfatizó que había dado "instrucciones" de avanzar en ese tema pero explicó que por el momento su agenda legislativa estaba "llena" y que era un tema que requería el consenso del Congreso de mayoría demócrata.
EL TIEMPO estableció que tanto el representante Comercial Ron Kirk, como Gary Locke, secretario de Comercio, les pidieron "paciencia" a los miembros de la delegación colombiana.
El Congreso estadounidense deberá ocuparse primero de la reforma a la salud y de temas energéticos.
Y según estos, el libre comercio, con el TLC con Colombia a bordo, será el siguiente punto en la agenda.
El tema del narcotráfico, por supuesto, ocupó un lugar destacado en la charla. Obama ofreció más colaboración y elevar sus esfuerzos para controlar el consumo en E.U. y el tráfico de armas.
Antes de encontrarse con Obama, Uribe se reunió con el nuevo zar antidrogas de E. U., Gil Kerlikowske, quien dijo que Obama apoya lo que Uribe ha hecho en Colombia, y anunció un próximo viaje al país en septiembre.
El mandatario se reunió posteriormente con el secretario de Comercio, Gary Locke, así como con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick entre otros.
Este lunes dará una charla en el Centro Woodrow Wilson Center antes de salir rumbo a Panamá hacia el medio día.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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El Presidente de Estados Unidos, incluso, citó el ejemplo de George Washington, presidente de E.U. de 1789 a 1797 quien rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder.
Indagado sobre el particular, Obama dijo que en su país "dos períodos" eran suficientes ya que después de ese lapso "la gente generalmente quiere un cambio".
"Le conté al presidente Uribe que uno de nuestros presidentes más venerados, George Washington, parte de lo que lo hizo tan memorable no solo fue ser uno de los fundadores de nuestro país sino que en momentos en que pudo quedarse presidente de por vida, pudo hacerse a un lado y regresar a la vida civil", afirmó Obama luego indicar que eran una decisión de cada pueblo y que E.U. respetaba la soberanía y la autodeterminación.
Aunque el presidente fue claro en expresar las preferencias de su gobierno en este sentido, no cuestionó la figura de la reelección como tal sino la forma como se puede llegar a ella: "A la larga lo importante es que la gente siente una sensación de legitimidad, que no es algo impuesto de arriba, que no involucre manipulación del electorado, o manipulación del proceso electoral, pero que cualquier cosa que pase se determine de una manera abierta y transparente para que la gente tenga confianza que quien este en el poder representa sus voces y sus intereses", sostuvo.
Uribe explicó que el tampoco pretendía perpetuarse en el poder, pero que si le preocupaba que se extendieran hacia el futuro sus políticas de seguridad democrática.
"Yo lo que les pido es que entiendan que una cosa es el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de reelegir al presidente y otra que se cuestione la solidez de las instituciones en Colombia, que son totalmente sólidas", afirmó el presidente.
Asesores suyos dijeron después que fue Uribe mismo, cuando la reunión estaba a punto de concluir, el que le planteó el tema a Obama.
"Le aseguró que en Colombia no se iba a presentar un rompimiento del orden constitucional", dijo la fuente. Para aligerar el ambiente, que se tornó un poco pesado tras la pregunta sobre la reelección, el presidente Obama cerró con un comentario que tuvo de broma como de elogio: "La otra cosa es que debería decir es que si yo llegara a prestar dos períodos estoy seguro que no tendría el 70 por ciento que tiene el presidente Uribe".
Piden paciencia para aprobar el TLC
Sin comprometerse con una "cronograma específico", el presidente Barack Obama prometió ayer seguir empujando para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio TLC que está pendiente de ser ratificado por este país.
Obama reiteró su oferta al concluir su primera reunión bilateral con el presidente Colombiano Álvaro Uribe en los predios de la Casa Blanca en Washington.
Durante el encuentro, que fue descrito como "cálido" por algunos de los asistentes, salieron a relucir temas polémicos como el de la segunda reelección del presidente Uribe.
Ambos presidentes estuvieron reunidos por más de hora y media. Primero en la Oficina Oval, donde permanecieron a solas, y luego en una sala contigua con asesores y ministros de ambos países.
Por Colombia estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; y Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata. Mientras por E.U., la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el asesor de Seguridad Nacional, general Jim Jones; y el asesor económico de Obama, Larry Summers.
Obama, en una rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su admiración por el gobierno Uribe al que reconoció un "admirable trabajo" en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación económica tras describir la relación entre ambos países de "extremadamente fuerte".
Y le destacó a su vez grandes progresos en uno de los temas que usan los demócratas para bloquear el TLC en el Congreso: la violencia contra el sindicalismo y la impunidad. Clinton, durante la cita privada, hizo hincapié en este punto.
Para Obama , no obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer y trajo a colación, aunque con sutileza, algunos escándalos que han sacudido al entorno del gobierno en meses recientes.
"Hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de interceptaciones ilegales. Es importante que exista transparencia y el presidente lo sabe", dijo el mandatario estadounidense.
Preguntado por el TLC,. Obama enfatizó que había dado "instrucciones" de avanzar en ese tema pero explicó que por el momento su agenda legislativa estaba "llena" y que era un tema que requería el consenso del Congreso de mayoría demócrata.
EL TIEMPO estableció que tanto el representante Comercial Ron Kirk, como Gary Locke, secretario de Comercio, les pidieron "paciencia" a los miembros de la delegación colombiana.
El Congreso estadounidense deberá ocuparse primero de la reforma a la salud y de temas energéticos.
Y según estos, el libre comercio, con el TLC con Colombia a bordo, será el siguiente punto en la agenda.
El tema del narcotráfico, por supuesto, ocupó un lugar destacado en la charla. Obama ofreció más colaboración y elevar sus esfuerzos para controlar el consumo en E.U. y el tráfico de armas.
Antes de encontrarse con Obama, Uribe se reunió con el nuevo zar antidrogas de E. U., Gil Kerlikowske, quien dijo que Obama apoya lo que Uribe ha hecho en Colombia, y anunció un próximo viaje al país en septiembre.
El mandatario se reunió posteriormente con el secretario de Comercio, Gary Locke, así como con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick entre otros.
Este lunes dará una charla en el Centro Woodrow Wilson Center antes de salir rumbo a Panamá hacia el medio día.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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Secuestro de concejales: ¿nuevo botín de guerra?
Luís Amger Murguía
“Los concejales son matables y no canjeables”, argumentó hace unos meses un guerrillero desmovilizado durante una audiencia en la que estaba presente Fabio Estrada, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon.
Pese a la contundencia de la frase, la realidad en torno a la importancia política que las Farc le atribuyen a los legisladores locales parece que sufrió un cambio abrupto en las últimas semanas. Al menos así se desprende de las recientes acciones criminales en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, convirtieron en objetivo a los concejales de los 1.100 municipios del país.
La más reciente prueba de ese viraje se ratificó durante el fin de semana tras la desaparición de Marcos Baquero, presidente del Concejo de San José del Guaviare. El presunto plagio del edil se produjo durante un ataque del frente séptimo de las Farc a la comitiva del alcalde de esa localidad y en la que iba el concejal. En el acto resultó herido un diputado.
De confirmarse el secuestro de Baquero, se convertiría en el segundo concejal plagiado por las Farc en menos de un mes y los únicos en poder de esa guerrilla. El primer caso se produjo el pasado 29 de mayo en una cinematográfica incursión de diez guerrilleros a la sede de la alcaldía de Garzón, Huila, donde además operan el Palacio de Justicia y el Concejo. El saldo de ese atentado criminal que comparan con el secuestro de los doce diputados del Valle, fueron cuatro muertos y el plagio del edil conservador Armando Acuña. Al parecer, el objetivo de los insurgentes era raptar a los 15 legisladores del municipio.
No cabe duda que ambos hechos representan un duro golpe a las entrañas de la Seguridad Democrática. Prueba de ello es que posterior a los hechos en Huila, el propio presidente Álvaro Uribe dijo durante un acto público que “el rescate del concejal es una razón de honor”. Y no mentía. La molestia de Uribe tenía motivos de peso. Primero, porque justo en ese municipio el Ejército cuenta con dos bases militares a menos de cinco kilómetros del casco urbano. Y segundo porque Huila es históricamente el departamento más golpeado por los insurgentes. En 2001 las Farc, en especial la columna Teófilo Forero, secuestraron a 20 personas en esa región, entre ellos tres congresistas.
Blanco fácil
Pero ahora que se develó el macabro propósito de la guerrilla contra los legisladores locales, muchos se preguntan si estamos ad portas de una nueva estrategia de guerra, cuyo insumo serán los cabildantes, y con ellos insistir en el canje humanitario de civiles por guerrilleros presos. Tampoco se puede perder de vista que los concejales son el primer eslabón dentro de la pirámide para el manejo y control del potencial electoral que brindan las regiones.
También hay que recordar que tras las recientes liberaciones unilaterales, las Farc ya no tenían a civiles como rehenes políticos y la lista se redujo a 22 uniformados a la espera de un intercambio.
Para el politólogo Rafael Nieto, lo único claro por ahora es “que las Farc no han abandonado el secuestro de civiles con fines políticos”. Sin embargo, hay quienes creen que existen razones de peso para pensar en una nueva arremetida, no por el valor político de los concejales, sino por su vulnerabilidad. “Los ediles son un blanco fácil, pues más del 90% viven en municipios apartados”, explicó el director ejecutivo de Fenacon.
De hecho, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en Colombia hay 12.600 ediles, de los cuales 2.000 se encuentran amenazados y por lo menos 1.442 bajo medidas de protección del Estado, que se resumen en un auxilio para transporte, un Avantel y en algunos casos un chaleco antibalas.
En los últimos diez años en el país fueron asesinados 432 concejales, este año van cinco casos. La guerrilla aparece como ejecutor del 58% del total de esos crímenes. Históricamente, Antioquia con 27 casos, Huila y Tolima con 21, Valle con 19 y Caquetá con 18 crímenes, son las más golpeadas. “En medio de este conflicto la cuerda siempre se revienta por la hebra más delgada”, manifestó Martha Cortés, concejala presidenta de Fenacon, en Caquetá, una de las regiones más golpeada por la guerrilla.
El crimen más reciente contra ediles sucedió hace dos semanas en El Banco, Magdalena, donde sicarios acribillaron a Luis Evelio Quintanilla. Pero eso no es todo. Valle, con 517 concejales tiene al 10% de ellos amenazados por la guerrilla o bandas criminales como Los Rastrojos.
Incluso en Tuluá, en el Valle, el concejal Saúl Vela sesiona desde la clandestinidad por Internet, después de ser objeto de un atentado en contra de su vida, el año pasado. “Él tiene un correo electrónico a través del cual vota o interviene en los sesiones”, dijo Orlando Gallego, concejal que también amenazado este año.
Lo que muestra la tendencia de las Farc frente a los ediles ha sido el que las autoridades llaman “plan pistola”, práctica que hizo carrera en Huila y Caquetá, dos de las regiones azotadas.
Si en el Valle llueve, en Cauca no escampa. Según Mauricio Medina, presidente de Fenacon en esa región, la Farc no cesa sus hostilidades contra los legisladores municipales, “Hoy tenemos a 40 concejales intimidados y muchos a través de panfletos”, dijo tras precisar que la gran dificultad para protegerlos es que el 80% de los 517 legisladores de Cauca viven en la zona rural.
Ante semejante panorama, José Silva, concejal de Garzón, Huila, quien se salvó de ser plagiado por las Farc durante la incursión de mayo pasado, no duda en afirmar que “entre el secuestro o que nos sigan matando, preferimos lo primero”.
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“Los concejales son matables y no canjeables”, argumentó hace unos meses un guerrillero desmovilizado durante una audiencia en la que estaba presente Fabio Estrada, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon.
Pese a la contundencia de la frase, la realidad en torno a la importancia política que las Farc le atribuyen a los legisladores locales parece que sufrió un cambio abrupto en las últimas semanas. Al menos así se desprende de las recientes acciones criminales en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, convirtieron en objetivo a los concejales de los 1.100 municipios del país.
La más reciente prueba de ese viraje se ratificó durante el fin de semana tras la desaparición de Marcos Baquero, presidente del Concejo de San José del Guaviare. El presunto plagio del edil se produjo durante un ataque del frente séptimo de las Farc a la comitiva del alcalde de esa localidad y en la que iba el concejal. En el acto resultó herido un diputado.
De confirmarse el secuestro de Baquero, se convertiría en el segundo concejal plagiado por las Farc en menos de un mes y los únicos en poder de esa guerrilla. El primer caso se produjo el pasado 29 de mayo en una cinematográfica incursión de diez guerrilleros a la sede de la alcaldía de Garzón, Huila, donde además operan el Palacio de Justicia y el Concejo. El saldo de ese atentado criminal que comparan con el secuestro de los doce diputados del Valle, fueron cuatro muertos y el plagio del edil conservador Armando Acuña. Al parecer, el objetivo de los insurgentes era raptar a los 15 legisladores del municipio.
No cabe duda que ambos hechos representan un duro golpe a las entrañas de la Seguridad Democrática. Prueba de ello es que posterior a los hechos en Huila, el propio presidente Álvaro Uribe dijo durante un acto público que “el rescate del concejal es una razón de honor”. Y no mentía. La molestia de Uribe tenía motivos de peso. Primero, porque justo en ese municipio el Ejército cuenta con dos bases militares a menos de cinco kilómetros del casco urbano. Y segundo porque Huila es históricamente el departamento más golpeado por los insurgentes. En 2001 las Farc, en especial la columna Teófilo Forero, secuestraron a 20 personas en esa región, entre ellos tres congresistas.
Blanco fácil
Pero ahora que se develó el macabro propósito de la guerrilla contra los legisladores locales, muchos se preguntan si estamos ad portas de una nueva estrategia de guerra, cuyo insumo serán los cabildantes, y con ellos insistir en el canje humanitario de civiles por guerrilleros presos. Tampoco se puede perder de vista que los concejales son el primer eslabón dentro de la pirámide para el manejo y control del potencial electoral que brindan las regiones.
También hay que recordar que tras las recientes liberaciones unilaterales, las Farc ya no tenían a civiles como rehenes políticos y la lista se redujo a 22 uniformados a la espera de un intercambio.
Para el politólogo Rafael Nieto, lo único claro por ahora es “que las Farc no han abandonado el secuestro de civiles con fines políticos”. Sin embargo, hay quienes creen que existen razones de peso para pensar en una nueva arremetida, no por el valor político de los concejales, sino por su vulnerabilidad. “Los ediles son un blanco fácil, pues más del 90% viven en municipios apartados”, explicó el director ejecutivo de Fenacon.
De hecho, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en Colombia hay 12.600 ediles, de los cuales 2.000 se encuentran amenazados y por lo menos 1.442 bajo medidas de protección del Estado, que se resumen en un auxilio para transporte, un Avantel y en algunos casos un chaleco antibalas.
En los últimos diez años en el país fueron asesinados 432 concejales, este año van cinco casos. La guerrilla aparece como ejecutor del 58% del total de esos crímenes. Históricamente, Antioquia con 27 casos, Huila y Tolima con 21, Valle con 19 y Caquetá con 18 crímenes, son las más golpeadas. “En medio de este conflicto la cuerda siempre se revienta por la hebra más delgada”, manifestó Martha Cortés, concejala presidenta de Fenacon, en Caquetá, una de las regiones más golpeada por la guerrilla.
El crimen más reciente contra ediles sucedió hace dos semanas en El Banco, Magdalena, donde sicarios acribillaron a Luis Evelio Quintanilla. Pero eso no es todo. Valle, con 517 concejales tiene al 10% de ellos amenazados por la guerrilla o bandas criminales como Los Rastrojos.
Incluso en Tuluá, en el Valle, el concejal Saúl Vela sesiona desde la clandestinidad por Internet, después de ser objeto de un atentado en contra de su vida, el año pasado. “Él tiene un correo electrónico a través del cual vota o interviene en los sesiones”, dijo Orlando Gallego, concejal que también amenazado este año.
Lo que muestra la tendencia de las Farc frente a los ediles ha sido el que las autoridades llaman “plan pistola”, práctica que hizo carrera en Huila y Caquetá, dos de las regiones azotadas.
Si en el Valle llueve, en Cauca no escampa. Según Mauricio Medina, presidente de Fenacon en esa región, la Farc no cesa sus hostilidades contra los legisladores municipales, “Hoy tenemos a 40 concejales intimidados y muchos a través de panfletos”, dijo tras precisar que la gran dificultad para protegerlos es que el 80% de los 517 legisladores de Cauca viven en la zona rural.
Ante semejante panorama, José Silva, concejal de Garzón, Huila, quien se salvó de ser plagiado por las Farc durante la incursión de mayo pasado, no duda en afirmar que “entre el secuestro o que nos sigan matando, preferimos lo primero”.
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