La red de Cleves, según la DEA, tenía ingresos por 250 millones de dólares anuales, producto de la venta de heroína.
Este hombre, cuyo nombre no tiene resonancia en Colombia, tiene ingresos anuales de US$250 millones y es el protagonista de un juicio sobre el que tienen puestos los ojos los medios de comunicación.
Su extradición hace una semana a E.U. pasó casi inadvertida. El viernes de la semana pasada, cuando fue llevado ante un gran jurado en una corte del condado de Union para responder por nueve cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y soborno de agentes federales, la Fiscalía sugirió que Cleves, conocido con el alias de 'Alex', debe enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión.
"Para llegar a este día hemos trabajado por mucho tiempo. En la captura de Alejandro Cleves ha trabajo mucha gente. Ahora esperamos que ese trabajo garantice que él, por sus crímenes, pase un tiempo significativo en la cárcel", aseguró el fiscal que lo acusa, Theodore J. Romankow.
Cleves nació en Medellín en 1980. Desde los 7 años su familia lo llevó a vivir en Estados Unidos. Según la DEA, de ser un pequeño traficante en las calles de Elizabeth (Nueva Jersey) pasó a ser el jefe de una organización que obtenía un millón de dólares por cada kilo de heroína que ponía en las calles de estados como Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania.
"Algunos funcionarios colombianos quedaron impresionados con la cantidad y la calidad de la heroína que Cleves enviaba a Estados Unidos y por eso su compromiso para ayudar a capturarlo", indicó el fiscal Romankow.
La clave para que la DEA tuviera noticias de él fue un hombre identificado como Wilson Valdez, un traficante de Elizabeth (Nueva Jersey), a quien los federales le 'chuzaron' el teléfono en el 2003.
Fue así que las autoridades de Estados Unidos descubrieron que Valdez era apenas uno de los cinco distribuidores que semanalmente recibían entre 3 y 6 kilos de heroína del verdadero 'capo' de la organización: Alejandro Cleves, de apenas 23 años.
En una conversación grabada por la DEA en esa época, Cleves le daba instrucciones a Valdez para que le contratara un abogado a dos integrantes de su red detenidos cuando recibían una entrega controlada de 2,5 kilos de la droga.
Le siguen el rastro
El traficante de heroína logró eludir una redada en su contra, cuando un agente encubierto que había sobornado lo alertó de que lo iban capturar y huyó a Medellín. En el operativo, la DEA allanó la casa de la mamá de Cleves, que en E.U. se identifica como Nidia Roldán, y le incautó 300 mil dólares en efectivo. Ante la justicia, ella aceptó cargos por lavado de dinero y fue sentenciada a 24 años de cárcel.
En la misma redada fue capturado Moisés Hernández, el agente encubierto, que alertó al 'rey de la heroína' a cambió de un soborno de 50 mil dólares en efectivo y un automóvil Mercedes Benz de 98 mil dólares. En abril del 2006, Hernández también fue condenado a 24 años de prisión.
A pesar de que no solo su mamá sino varios de sus familiares fueron detenidos en E.U., Cleves siguió controlando desde Medellín la distribución de heroína en Nueva Jersey, según el fiscal Romankow.
A un grupo de 60 agentes federales le tomó cuatro años lograr una pista de su paradero en Colombia y alertó al CTI de la Fiscalía.
En la madrugada del 11 de agosto pasado, agentes del CTI realizaron un operativo en la urbanización Plaza Oviedo, ubicada la calle 8 sur con la carrera 43 del barrio El Poblado, suroriente de Medellín, y en el apartamento 320 capturaron a Alejandro Cleves. El 16 de julio subió al avión de la DEA que lo llevó a Estados Unidos.
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viernes, 6 de noviembre de 2009
Son 40 los guerrilleros muertos en reciente ofensiva del Ejército, asegura jefe militar
Los subversivos murieron tras bombardeos y combates librados desde hace dos semanas, reveló este domingo el general Javier Flórez, comandante de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Este grupo de militares es el encargado de perseguir a rebeldes en zonas de los Llanos Orientales colombianos.
"Son 40. En el día de ayer iban 16 en la campaña aérea (bombardeos) y con las tropas del Ejército y de la Infantería de Marina, y de igual forma, la semana anterior en la 'operación Milenio' fueron 13 más", dijo Flórez a la emisora "W", de Caracol Radio.
Las tropas colombianas, por tierra y aire, estrechan el cerco contra el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), alias 'Mono Jojoy'.
"Tenemos el conteo de unos 3.000 bandidos que están en los anillos de seguridad" del 'Mono Jojoy', añadió el alto oficial. Entre el viernes y el sábado, y tras labores de inteligencia y seguimiento, fueron abatidos en un bombardeo y posteriores combates 16 guerrilleros, entre ellos dos jefes del frente 43 de las Farc.
En los enfrentamientos solo se ha informado de la muerte de un suboficial de la Aviación del Ejército.
En las operaciones, las tropas se han incautado de unas veinte toneladas de víveres y siete de explosivos de los hombres de la seguridad de 'Mono Jojoy' o 'Jorge Briceño Suárez', cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas.
En lo que va de año se han desmovilizado 76 guerrilleros del llamado 'Bloque Oriental' de las Farc, al que pertenece el frente 43, reveló también el general Flórez que comanda esa fuerza de elite colombiana.
Las acciones se concentran en parajes rurales entre las localidades de Puerto Rico y Vistahermosa, en el departamento de Meta, a unos 280 kilómetros al sureste de Bogotá.
EFE
Este grupo de militares es el encargado de perseguir a rebeldes en zonas de los Llanos Orientales colombianos.
"Son 40. En el día de ayer iban 16 en la campaña aérea (bombardeos) y con las tropas del Ejército y de la Infantería de Marina, y de igual forma, la semana anterior en la 'operación Milenio' fueron 13 más", dijo Flórez a la emisora "W", de Caracol Radio.
Las tropas colombianas, por tierra y aire, estrechan el cerco contra el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), alias 'Mono Jojoy'.
"Tenemos el conteo de unos 3.000 bandidos que están en los anillos de seguridad" del 'Mono Jojoy', añadió el alto oficial. Entre el viernes y el sábado, y tras labores de inteligencia y seguimiento, fueron abatidos en un bombardeo y posteriores combates 16 guerrilleros, entre ellos dos jefes del frente 43 de las Farc.
En los enfrentamientos solo se ha informado de la muerte de un suboficial de la Aviación del Ejército.
En las operaciones, las tropas se han incautado de unas veinte toneladas de víveres y siete de explosivos de los hombres de la seguridad de 'Mono Jojoy' o 'Jorge Briceño Suárez', cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas.
En lo que va de año se han desmovilizado 76 guerrilleros del llamado 'Bloque Oriental' de las Farc, al que pertenece el frente 43, reveló también el general Flórez que comanda esa fuerza de elite colombiana.
Las acciones se concentran en parajes rurales entre las localidades de Puerto Rico y Vistahermosa, en el departamento de Meta, a unos 280 kilómetros al sureste de Bogotá.
EFE
50 millones de dólares fueron incautados al cartel de Sinaloa
Foto: Fiscalía
Entre los bienes incautados hay varios locales y oficinas en los centros comerciales Chipichape y Palmetto, en Cali. La Fiscalía también confiscó haciendas y fincas en la zona de Puerto Boyacá.
Son 78 bienes en nueve ciudades del país, adquiridos a nombre de testaferros colombianos. Incluyen 1.300 hectáreas de tierra en Puerto Boyacá y un lujoso hotel en Cali.
Según la Fiscalía, el cartel de Sinaloa es propietario del lujoso el hotel Plaza Versalles, ubicado en el norte de Cali y que fue confiscado para iniciarle un proceso de extinción de dominio. En la capital del Valle también fueron incautados varios locales en los centros comerciales Chipichape y Palmetto Plaza, oficinas casas y apartamentos, así como la comercializadora Valle Export.
En el inventario de bienes que la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía ordenó incautar se cuentan 62 inmuebles, 10 vehículos y 6 sociedades comerciales.
Contacto en Puerto López
Hace cuatro años, la DEA le informó a la Fiscalía que el cartel de Sinaloa había montado en Colombia su propia red de acopio de cocaína y de lavado de dinero a través de la compra de bienes por medio de testaferros.
La organización de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, jefe de ese cartel, tomó la decisión ante los operativos contra el cartel del Norte del Valle, que les enviaba la droga desde Colombia hacía México.
El encargado de coordinar la operación desde México fue el colombiano Teodoro Fina Restrepo, alias 'Gaviota', capturado a finales del año pasado en ese país. Su contacto clave en Colombia, según estableció la Fiscalía, era Germán Alirio Vásquez, alias 'Pacho', antiguo hombre de confianza del extraditado 'Pipe' Montoya, primo de Diego Montoya, alias 'don Diego'.
Desde una finca de Puerto López (Meta), 'Pacho' supervisaba el envío de cargamentos de cocaína en lanchas rápidas desde la zona costera del Pacífico en Nariño. Cerca de las costas de México, el cartel de Sinaloa utilizaba barcos pesqueros para recoger los cargamentos de droga y reaprovisionar de combustible a las lanchas rápidas para su regreso a territorio colombiano.
'Gaviota' también era el enlace del cartel de Sinaloa para el lavado de dinero a través de inversiones en Colombia. Fue capturado el 16 de octubre del año pasado en ciudad de México. A Vásquez o 'Pacho' lo capturó el CTI de la Fiscalía y fue pedido en extradición por las autoridades de E.U., donde ya cumplió una condena por narcotráfico entre 1986 y 1994.
En los operativos de esta semana, la Fiscalía capturó a siete los presuntos testaferros colombianos del cartel de Sinaloa.
Como el Cartel de Medellín
El cartel de Sinaloa de México es considerado por la DEA como una de las organizaciones de narcotraficantes "más poderosas y violentas de México". Su jefe es Joaquín 'el Chapo' Guzmán, quien en el 2001 se fugó de un penal federal mexicano cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos.
Desde la década de los 80 se disputa el control de las rutas y el mercado de droga en E.U. con otros carteles mexicanos, como el de Tijuana, el de Juárez y el del Golfo. Esa guerra causó el año pasado en México 5.300 muertes violentas.
Por el poder creciente que ha tenido dentro de la mafia, desde la década de los 90 la organización del 'Chapo' Guzmán es comparada con el cartel de Medellín. Según la DEA, sus tentáculos extienden a 34 países, entre ellos Colombia, donde se conocía que tenía vínculos con el cartel del Norte del Valle, pero no que hubiese decidido abrir su propio espacio de 'negocios'.
Las autoridades de E.U. ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por el 'Chapo' Guzmán.
Publicado en
www.eltiempo.com
Entre los bienes incautados hay varios locales y oficinas en los centros comerciales Chipichape y Palmetto, en Cali. La Fiscalía también confiscó haciendas y fincas en la zona de Puerto Boyacá.
Son 78 bienes en nueve ciudades del país, adquiridos a nombre de testaferros colombianos. Incluyen 1.300 hectáreas de tierra en Puerto Boyacá y un lujoso hotel en Cali.
Según la Fiscalía, el cartel de Sinaloa es propietario del lujoso el hotel Plaza Versalles, ubicado en el norte de Cali y que fue confiscado para iniciarle un proceso de extinción de dominio. En la capital del Valle también fueron incautados varios locales en los centros comerciales Chipichape y Palmetto Plaza, oficinas casas y apartamentos, así como la comercializadora Valle Export.
En el inventario de bienes que la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía ordenó incautar se cuentan 62 inmuebles, 10 vehículos y 6 sociedades comerciales.
Contacto en Puerto López
Hace cuatro años, la DEA le informó a la Fiscalía que el cartel de Sinaloa había montado en Colombia su propia red de acopio de cocaína y de lavado de dinero a través de la compra de bienes por medio de testaferros.
La organización de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, jefe de ese cartel, tomó la decisión ante los operativos contra el cartel del Norte del Valle, que les enviaba la droga desde Colombia hacía México.
El encargado de coordinar la operación desde México fue el colombiano Teodoro Fina Restrepo, alias 'Gaviota', capturado a finales del año pasado en ese país. Su contacto clave en Colombia, según estableció la Fiscalía, era Germán Alirio Vásquez, alias 'Pacho', antiguo hombre de confianza del extraditado 'Pipe' Montoya, primo de Diego Montoya, alias 'don Diego'.
Desde una finca de Puerto López (Meta), 'Pacho' supervisaba el envío de cargamentos de cocaína en lanchas rápidas desde la zona costera del Pacífico en Nariño. Cerca de las costas de México, el cartel de Sinaloa utilizaba barcos pesqueros para recoger los cargamentos de droga y reaprovisionar de combustible a las lanchas rápidas para su regreso a territorio colombiano.
'Gaviota' también era el enlace del cartel de Sinaloa para el lavado de dinero a través de inversiones en Colombia. Fue capturado el 16 de octubre del año pasado en ciudad de México. A Vásquez o 'Pacho' lo capturó el CTI de la Fiscalía y fue pedido en extradición por las autoridades de E.U., donde ya cumplió una condena por narcotráfico entre 1986 y 1994.
En los operativos de esta semana, la Fiscalía capturó a siete los presuntos testaferros colombianos del cartel de Sinaloa.
Como el Cartel de Medellín
El cartel de Sinaloa de México es considerado por la DEA como una de las organizaciones de narcotraficantes "más poderosas y violentas de México". Su jefe es Joaquín 'el Chapo' Guzmán, quien en el 2001 se fugó de un penal federal mexicano cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos.
Desde la década de los 80 se disputa el control de las rutas y el mercado de droga en E.U. con otros carteles mexicanos, como el de Tijuana, el de Juárez y el del Golfo. Esa guerra causó el año pasado en México 5.300 muertes violentas.
Por el poder creciente que ha tenido dentro de la mafia, desde la década de los 90 la organización del 'Chapo' Guzmán es comparada con el cartel de Medellín. Según la DEA, sus tentáculos extienden a 34 países, entre ellos Colombia, donde se conocía que tenía vínculos con el cartel del Norte del Valle, pero no que hubiese decidido abrir su propio espacio de 'negocios'.
Las autoridades de E.U. ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por el 'Chapo' Guzmán.
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Tres bases harán parte de acuerdo militar con E.U., pero ese país podrá pedir permiso para usar más
Tres bases harán parte de acuerdo militar con E.U., pero ese país podrá pedir permiso para usar más
Apiay, Malambo y Palanquero concentrarán el grueso de operaciones antinarcóticos que hacen parte del acuerdo, que se firmaría antes del 20 de agosto, según confirmaron fuentes oficiales a EL TIEMPO.
Según esas fuentes, desde la primera reunión quedó claro que no habría instalaciones militares norteamericanas en el país. También se conformó una lista de bases que se podrán utilizar inicialmente, pero el acuerdo incluye acceso a otras bases, según las necesidades del caso.
"Por ejemplo, si se detecta que los narcos están utilizando rutas desde el suroriente, podría haber operaciones desde las bases del sur", explicó un funcionario que ha tenido acceso a la negociación.
El uso de bases navales será para temas logísticos (podrán llegar buques de transporte) y, en todo caso, se deberá contar con autorización colombiana. Y es posible que, en operaciones antinarcóticos, buques de E.U. se ubiquen frente a aguas colombianas.
Quedará por escrito que el uso de bases colombianas excluye cualquier tipo de acción hostil contra terceros países.
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Apiay, Malambo y Palanquero concentrarán el grueso de operaciones antinarcóticos que hacen parte del acuerdo, que se firmaría antes del 20 de agosto, según confirmaron fuentes oficiales a EL TIEMPO.
Según esas fuentes, desde la primera reunión quedó claro que no habría instalaciones militares norteamericanas en el país. También se conformó una lista de bases que se podrán utilizar inicialmente, pero el acuerdo incluye acceso a otras bases, según las necesidades del caso.
"Por ejemplo, si se detecta que los narcos están utilizando rutas desde el suroriente, podría haber operaciones desde las bases del sur", explicó un funcionario que ha tenido acceso a la negociación.
El uso de bases navales será para temas logísticos (podrán llegar buques de transporte) y, en todo caso, se deberá contar con autorización colombiana. Y es posible que, en operaciones antinarcóticos, buques de E.U. se ubiquen frente a aguas colombianas.
Quedará por escrito que el uso de bases colombianas excluye cualquier tipo de acción hostil contra terceros países.
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Defensores de derechos humanos, atacados por doquier
Tanto en la Colombia de Uribe, como en la Nicaragua de Ortega, o la Venezuela de Chávez, ser defensor de derechos humanos parece ser una profesión de alto riesgo y muy estigmatizada por los gobiernos.
Si hay una tarea que suele ser incomprendida por la gente es la de defensor de derechos humanos. Si son atacados a agredidos, se tiende a creer que es un asunto político, un problema de ellos que nada tiene que ver con los ciudadanos corrientes. Pero es exactamente al revés. Los defensores cumplen una función escencial para toda la gente porque precisamente consiste en detectar incumplimientos a estos derechos fundamentales que tiene toda persona, demandar para que se cumplan y denunciarlos para dar a conocer la situación internacionalmente.
Ellos son quienes vigilan que se cumpla la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas hace más de 50 años, patrimonio apreciado de la civilización contemporánea.
Debido a la importancia que tienen estas personas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) decidieron monitorear los abusos contra quienes se dedican a esta valiente labor. Entonces crearon el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), que desde 1997 emite un informe anual sobre el panorama en cada continente. El más reciente, presentado este miércoles, tiene 590 páginas donde se resalta en cuáles países tuvieron más problemas estos defensores.
En el capítulo de las Américas, Colombia no salió bien librada. Organizaciones de todo el planeta que leen este balance están enteradas de las estigmatizadoras declaraciones emitidas en 2008 por el presidente Álvaro Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria contra los defensores. Y tienen un panorama de las muertes y amenazas contra quienes velan por el cumplimiento de aquella declaración universal.
Antes de contar la situación de los defensores colombianos, el informe empieza describiendo las consecuencias del conflicto en el país. “Los diferentes actores del conflicto – las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla – cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil”, dice.
Ataques desde el gobierno
Con fecha y palabras exactas, el informe cita los comentarios del presidente Álvaro Uribe contra quienes desarrollan esta labor en el país, como el que hizo el 6 de mayo de 2008 en Montería. Allí, Uribe dijo que “hay personas en Colombia, como el doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas. Y la protección de las víctimas les sirve para tener ONG que piden plata en la comunidad internacional. La protección de las víctimas les sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas. Y nada les pasa. La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas…”, reseña el documento.
El primero de noviembre, en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia), Uribe se refirió al trabajo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y su director para América Latina, José Miguel Vivanco. “Simplemente le quiero decir al Señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.
Para colmo, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo comentarios basándose en información de las ONG que aún no era pública y que no se explica cómo la conoció.
El 9 de septiembre de 2008, Día Nacional de los Derechos Humanos, “de manera extraña, el Ministro se dedicó a lanzar numerosas críticas contra un informe que aún no había sido divulgado ni ha salido a la luz pública, y anunció su próximo lanzamiento, generando así interrogantes sobre la manera como el Ministerio de Defensa obtiene o extrae la información que manejan las ONG y las organizaciones sociales. Días antes se hicieron circular informaciones entre medios de comunicación en las cuales se asevera que entidades de inteligencia habrían logrado establecer que “detrás del Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre las Ejecuciones Exrajudiciales e Impunidad en Colombia” existirían personas vinculadas al PC3”, según el informe.
Además, el Observatorio para la Protección de los Defensores cita con gran despliegue los señalamientos a que fueron sometidos quienes organizaron y participaron en la marcha del 6 de marzo del año pasado en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y los agentes del Estado.
“Altos funcionarios del Gobierno afirmaron públicamente que ésta había sido convocada por las Farc”, registra el documento. Como ejemplo, cita las declaraciones dadas por el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria a Caracol Radio el 10 de febrero en ese sentido.
En consecuencia, se desató una “grave oleada de represión con amenazas, ataques e incluso asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales entre los meses de febrero y abril de 2008 por haber organizado la marcha... cuatro personas fueron asesinadas”, dice.
En la mira
Aparte de ese episodio, el año pasado “siguieron las amenazas y los actos de hostigamientos contra defensores de derechos humanos en razón de sus actividades”, como la ocurrida el 10 de abril de 2008.
Ese día, el bloque norte de las Águilas Negras envió un correo electrónico a varias organizaciones del Magdalena Medio, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), la Corporación Sembrar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y a los sacerdotes de Regidor y Tiquisio. Los declaraban objetivos militares por ser, supuestamente, auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros y decían que “su nombre esta (sic) en la lista de personas no deseadas por el gobierno nacional que deben ser eliminados”.
En Nariño, el panorama fue también difícil el año pasado. El 12 de febrero, la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y otras 13 organizaciones sociales también fueron amenazas, esta vez, por el grupo paramilitar Nueva Generación. Ya finalizando el año, el 23 de octubre de 2008 volvieron las amenazas. Las víctimas fueron el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas, la Humanidad Vigente y otras organizaciones indígenas. Por correo electrónico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia los acusa también de guerrilleros y los sentencia a muerte.
Y había pasado menos de un mes, cuando el 11 de noviembre, en ese mismo departamento, recibieron amenazas la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), y de nuevo el CPDH, la Unipa y Humanidad Vigente. En esta ocasión, personas que nunca se identificaron los intimidaron por teléfono y les dijeron que tenían 30 días para abandonar la región.
Ese mismo día, fueron amenazados otros defensores, como la señora Jahel Quiroga, de la corporación Reiniciar; Fernando Escobar, personero de Soacha; el senador Gustavo Petro; Jorge Rojas, director de Codhes, e Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Todos éstos habían denunciado las ejecuciones de los jóvenes de Soacha por parte del ejército.
Como parte del panorama, no podía dejarse de mencionar que el año pasado fueron asesinados 49 sindicalistas, lo que significó un incremento del 25 por ciento en relación con 2007, cuando fueron 39.
Entre los casos aterradores de muertes de sindicalistas, el informe reseña el de Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá, que desapareció el 22 de abril y fue encontrado torturado y muerto dos días después en Ibagué. Su familia supo de su muerte el 15 de julio.
Y menos que se podían quedar por fuera los actos violentos contra dirigentes indígenas. Los casos son muchos, pero el informe registra con especial despliegue la muerte de Edwin Legarda por parte del ejército. Legarda era esposo de la indígena Aída Quilcué, líder del Comité Regional Indígena del Cauca, que fue una de las organizadoras de la gigantesca minga que recorrió el país el año pasado. En diciembre, estuvo en Suiza participando del Examen Periódico Universal al que se sometió Colombia ante el Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aída Quilcué fue a contar cómo es la situación de los indígenas en el país. Cuando regresó, su esposo iba a recogerla y el ejército lo mató en un supuesto retén.
También en otros países
Normalmente, este tipo de balances suelen calificarse como provenientes de organizaciones con ideologías de izquierda. Pero los casos registrados por el informe en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras o Bolivia, deja sin piso aquella interpretación. Con el mismo rigor, el documento enumera dificultades en cada uno de esos países.
Los defensores de derechos humanos fueron calificados como traidores de la patria, oligarcas y marionetas del imperio en Venezuela y Nicaragua. En Perú los acusaron de ser terroristas y en Cuba, los señalaron como asesinos, mercenarios y prostitutos.
“En Venezuela y Nicaragua, las autoridades acusaron en sucesivas ocasiones a ONG de defensa de los derechos humanos de recibir fondos de los Estados Unidos y de ser enlaces de la oposición. Finalmente, en Cuba, Nicaragua y Perú, los partidarios de los Gobiernos vigentes organizaron “actos de repudio” con el fin de ejercer presión sobre los defensores, durante los cuales agentes del Estado se reunieron frente a los domicilios o a las sedes de las organizaciones de los defensores para insultarlos o incluso agredirlos físicamente”, describe el documento, que da hace también un extenso balance sobre la situación en cada país.
Puntualmente, sobre el gobierno de Hugo Chávez, el informe describe que “impulsó el hostigamiento hacia algunas organizaciones consideradas como voces de la oposición. En efecto, el año 2008 siguió marcado por campañas de desprestigio, llevadas a cabo por representantes del Gobierno mediante varias declaraciones difamatorias en medios de comunicación oficiales. A los organismos de derechos humanos se les tachó a menudo de ser parciales, de colaborar con la oposición y de tener vínculos estrechos con Estados Unidos, país que el Presidente Chávez critica abiertamente.”.
En Nicaragua, “continuaron los ataques verbales de las autoridades en contra de toda organización o defensor de derechos humanos que se atrevió a criticar la gestión del Presidente Ortega o de su Gobierno. Estos ataques, que fueron retomados de forma sistemática y permanente por los medios de comunicación oficialistas y afines al Gobierno como Canal 4, Radio Ya y el Semanario El 19, exacerbaron los ánimos de simpatizantes del Gobierno y pusieron en peligro la vida de los defensores de derechos humanos”, dice el OBS.
En Honduras, antes de que ocurriera el golpe de Estado a Manuel Zelaya, la situación era bien crítica también para los defensores. “Las personas y organizaciones que han buscado mayor transparencia y justicia en el seno de las instituciones estatales fueron objeto en 2008 de amenazas, actos de hostigamiento e incluso intentos de asesinato”.
Con tales casos y tantas estigmatizaciones y persecuciones, es apenas evidente que el trabajo de los defensores de derechos humanos se vuelve, muchas veces en una zancadilla para los gobiernos, que frecuentemente se olvidan de darles las garantías mínimas a sus pueblos.
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Si hay una tarea que suele ser incomprendida por la gente es la de defensor de derechos humanos. Si son atacados a agredidos, se tiende a creer que es un asunto político, un problema de ellos que nada tiene que ver con los ciudadanos corrientes. Pero es exactamente al revés. Los defensores cumplen una función escencial para toda la gente porque precisamente consiste en detectar incumplimientos a estos derechos fundamentales que tiene toda persona, demandar para que se cumplan y denunciarlos para dar a conocer la situación internacionalmente.
Ellos son quienes vigilan que se cumpla la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas hace más de 50 años, patrimonio apreciado de la civilización contemporánea.
Debido a la importancia que tienen estas personas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) decidieron monitorear los abusos contra quienes se dedican a esta valiente labor. Entonces crearon el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), que desde 1997 emite un informe anual sobre el panorama en cada continente. El más reciente, presentado este miércoles, tiene 590 páginas donde se resalta en cuáles países tuvieron más problemas estos defensores.
En el capítulo de las Américas, Colombia no salió bien librada. Organizaciones de todo el planeta que leen este balance están enteradas de las estigmatizadoras declaraciones emitidas en 2008 por el presidente Álvaro Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria contra los defensores. Y tienen un panorama de las muertes y amenazas contra quienes velan por el cumplimiento de aquella declaración universal.
Antes de contar la situación de los defensores colombianos, el informe empieza describiendo las consecuencias del conflicto en el país. “Los diferentes actores del conflicto – las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla – cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil”, dice.
Ataques desde el gobierno
Con fecha y palabras exactas, el informe cita los comentarios del presidente Álvaro Uribe contra quienes desarrollan esta labor en el país, como el que hizo el 6 de mayo de 2008 en Montería. Allí, Uribe dijo que “hay personas en Colombia, como el doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas. Y la protección de las víctimas les sirve para tener ONG que piden plata en la comunidad internacional. La protección de las víctimas les sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas. Y nada les pasa. La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas…”, reseña el documento.
El primero de noviembre, en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia), Uribe se refirió al trabajo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y su director para América Latina, José Miguel Vivanco. “Simplemente le quiero decir al Señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.
Para colmo, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo comentarios basándose en información de las ONG que aún no era pública y que no se explica cómo la conoció.
El 9 de septiembre de 2008, Día Nacional de los Derechos Humanos, “de manera extraña, el Ministro se dedicó a lanzar numerosas críticas contra un informe que aún no había sido divulgado ni ha salido a la luz pública, y anunció su próximo lanzamiento, generando así interrogantes sobre la manera como el Ministerio de Defensa obtiene o extrae la información que manejan las ONG y las organizaciones sociales. Días antes se hicieron circular informaciones entre medios de comunicación en las cuales se asevera que entidades de inteligencia habrían logrado establecer que “detrás del Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre las Ejecuciones Exrajudiciales e Impunidad en Colombia” existirían personas vinculadas al PC3”, según el informe.
Además, el Observatorio para la Protección de los Defensores cita con gran despliegue los señalamientos a que fueron sometidos quienes organizaron y participaron en la marcha del 6 de marzo del año pasado en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y los agentes del Estado.
“Altos funcionarios del Gobierno afirmaron públicamente que ésta había sido convocada por las Farc”, registra el documento. Como ejemplo, cita las declaraciones dadas por el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria a Caracol Radio el 10 de febrero en ese sentido.
En consecuencia, se desató una “grave oleada de represión con amenazas, ataques e incluso asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales entre los meses de febrero y abril de 2008 por haber organizado la marcha... cuatro personas fueron asesinadas”, dice.
En la mira
Aparte de ese episodio, el año pasado “siguieron las amenazas y los actos de hostigamientos contra defensores de derechos humanos en razón de sus actividades”, como la ocurrida el 10 de abril de 2008.
Ese día, el bloque norte de las Águilas Negras envió un correo electrónico a varias organizaciones del Magdalena Medio, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), la Corporación Sembrar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y a los sacerdotes de Regidor y Tiquisio. Los declaraban objetivos militares por ser, supuestamente, auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros y decían que “su nombre esta (sic) en la lista de personas no deseadas por el gobierno nacional que deben ser eliminados”.
En Nariño, el panorama fue también difícil el año pasado. El 12 de febrero, la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y otras 13 organizaciones sociales también fueron amenazas, esta vez, por el grupo paramilitar Nueva Generación. Ya finalizando el año, el 23 de octubre de 2008 volvieron las amenazas. Las víctimas fueron el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas, la Humanidad Vigente y otras organizaciones indígenas. Por correo electrónico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia los acusa también de guerrilleros y los sentencia a muerte.
Y había pasado menos de un mes, cuando el 11 de noviembre, en ese mismo departamento, recibieron amenazas la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), y de nuevo el CPDH, la Unipa y Humanidad Vigente. En esta ocasión, personas que nunca se identificaron los intimidaron por teléfono y les dijeron que tenían 30 días para abandonar la región.
Ese mismo día, fueron amenazados otros defensores, como la señora Jahel Quiroga, de la corporación Reiniciar; Fernando Escobar, personero de Soacha; el senador Gustavo Petro; Jorge Rojas, director de Codhes, e Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Todos éstos habían denunciado las ejecuciones de los jóvenes de Soacha por parte del ejército.
Como parte del panorama, no podía dejarse de mencionar que el año pasado fueron asesinados 49 sindicalistas, lo que significó un incremento del 25 por ciento en relación con 2007, cuando fueron 39.
Entre los casos aterradores de muertes de sindicalistas, el informe reseña el de Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá, que desapareció el 22 de abril y fue encontrado torturado y muerto dos días después en Ibagué. Su familia supo de su muerte el 15 de julio.
Y menos que se podían quedar por fuera los actos violentos contra dirigentes indígenas. Los casos son muchos, pero el informe registra con especial despliegue la muerte de Edwin Legarda por parte del ejército. Legarda era esposo de la indígena Aída Quilcué, líder del Comité Regional Indígena del Cauca, que fue una de las organizadoras de la gigantesca minga que recorrió el país el año pasado. En diciembre, estuvo en Suiza participando del Examen Periódico Universal al que se sometió Colombia ante el Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aída Quilcué fue a contar cómo es la situación de los indígenas en el país. Cuando regresó, su esposo iba a recogerla y el ejército lo mató en un supuesto retén.
También en otros países
Normalmente, este tipo de balances suelen calificarse como provenientes de organizaciones con ideologías de izquierda. Pero los casos registrados por el informe en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras o Bolivia, deja sin piso aquella interpretación. Con el mismo rigor, el documento enumera dificultades en cada uno de esos países.
Los defensores de derechos humanos fueron calificados como traidores de la patria, oligarcas y marionetas del imperio en Venezuela y Nicaragua. En Perú los acusaron de ser terroristas y en Cuba, los señalaron como asesinos, mercenarios y prostitutos.
“En Venezuela y Nicaragua, las autoridades acusaron en sucesivas ocasiones a ONG de defensa de los derechos humanos de recibir fondos de los Estados Unidos y de ser enlaces de la oposición. Finalmente, en Cuba, Nicaragua y Perú, los partidarios de los Gobiernos vigentes organizaron “actos de repudio” con el fin de ejercer presión sobre los defensores, durante los cuales agentes del Estado se reunieron frente a los domicilios o a las sedes de las organizaciones de los defensores para insultarlos o incluso agredirlos físicamente”, describe el documento, que da hace también un extenso balance sobre la situación en cada país.
Puntualmente, sobre el gobierno de Hugo Chávez, el informe describe que “impulsó el hostigamiento hacia algunas organizaciones consideradas como voces de la oposición. En efecto, el año 2008 siguió marcado por campañas de desprestigio, llevadas a cabo por representantes del Gobierno mediante varias declaraciones difamatorias en medios de comunicación oficiales. A los organismos de derechos humanos se les tachó a menudo de ser parciales, de colaborar con la oposición y de tener vínculos estrechos con Estados Unidos, país que el Presidente Chávez critica abiertamente.”.
En Nicaragua, “continuaron los ataques verbales de las autoridades en contra de toda organización o defensor de derechos humanos que se atrevió a criticar la gestión del Presidente Ortega o de su Gobierno. Estos ataques, que fueron retomados de forma sistemática y permanente por los medios de comunicación oficialistas y afines al Gobierno como Canal 4, Radio Ya y el Semanario El 19, exacerbaron los ánimos de simpatizantes del Gobierno y pusieron en peligro la vida de los defensores de derechos humanos”, dice el OBS.
En Honduras, antes de que ocurriera el golpe de Estado a Manuel Zelaya, la situación era bien crítica también para los defensores. “Las personas y organizaciones que han buscado mayor transparencia y justicia en el seno de las instituciones estatales fueron objeto en 2008 de amenazas, actos de hostigamiento e incluso intentos de asesinato”.
Con tales casos y tantas estigmatizaciones y persecuciones, es apenas evidente que el trabajo de los defensores de derechos humanos se vuelve, muchas veces en una zancadilla para los gobiernos, que frecuentemente se olvidan de darles las garantías mínimas a sus pueblos.
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miércoles, 4 de noviembre de 2009
Los secretos de un rescate
Ingrid Betancourt y los demás rehenes hicieron peligrar sin saberlo la Operación Jaque, que los salvó de las FARC
MAITE RICO - Madrid - 24/07/2009
El 2 de julio de 2008, un comando de once hombres y mujeres de la inteligencia colombiana, completamente desarmados, rescató a 15 rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo hizo en plena selva, y rodeado por cientos de guerrilleros que los apuntaban con sus fusiles. La Operación Jaque, que devolvió la libertad a Ingrid Betancourt, tres asesores antidrogas estadounidenses y once soldados y policías, conmocionó al mundo. Pero la misión más audaz de la que se tenga memoria estuvo en peligro por la más insospechada de las razones: la rebelión de los propios secuestrados.
Lo cuenta Juan Carlos Torres en el libro Operación Jaque. La verdadera historia (Planeta), que narra los entresijos de la aventura y acaba de presentarse en Madrid. Días antes del rescate, las FARC habían agrupado a Betancourt y a los otros cautivos en un claro de la jungla, y por primera vez en años les habían dado buena comida y trato correcto. Sus esperanzas de liberación se difuminaron al escuchar que una misión internacional los iba a trasladar a otro frente de la guerrilla.
Por eso, el aterrizaje de aquel helicóptero blanco les llenó de angustia. Sobre todo cuando vieron bajar a aquellos personajes estrafalarios: el árabe que no hablaba español y que saludaba con calidez a su carcelero, César, jefe del Frente Primero de las FARC. O ese australiano rubio y con pendientes. O el tipo con la camiseta del Che. Por no hablar del reportero pesado de Telesur, la televisión venezolana. "Esta gente es de Hugo Chávez, es un show", gritó uno de los rehenes.
Cundió entonces la desesperación, fruto de años en condiciones infrahumanas, encadenados, malnutridos y corroídos por las enfermedades. Algunos cautivos pensaron en secuestrar el helicóptero una vez en vuelo, con un cortauñas y unas tijeras que habían escondido. Cualquier cosa antes que volver al infierno. Cuando les informaron de que irían esposados, estalló la rebelión. Los rehenes se negaron a abordar la aeronave. "Por favor, colaboren", rogaba la enfermera de la misión. Ellos respondían con gritos e insultos. El tiempo pasaba y aumentaba el nerviosismo. Finalmente, el australiano se acercó discretamente a Tom Howes, uno de los estadounidenses, y se identificó en inglés como miembro del Ejército colombiano. Howes se dejó entonces poner las esposas de plástico. Los demás, llorosos y agotados, le siguieron. El helicóptero despegó con la puerta abierta. "Generadores OK", transmitió el piloto. Y cayó el telón. Los pacíficos activistas neutralizaron a César y a su lugarteniente Gafas y soltaron a los rehenes. "Somos el Ejército Nacional. Están en libertad". La escena de los llantos y los gritos a bordo de la aeronave ha pasado a la posteridad.
Tres meses, cuenta Juan Carlos Torres, duró la preparación de la Operación Jaque. Pero detrás hay "años de infiltración en las comunicaciones y de seguimiento incluso físico", con los llamados hombres-jungla, que se camuflan en la selva.
La base del plan, explica Torres, fue el "engaño electrónico, que consiste en penetrar las comunicaciones del enemigo para luego suplantarlo, haciéndole creer que habla con su contacto habitual cuando en realidad está hablando con el agente que realiza la suplantación". Todos los días, el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, se comunicaba con los cinco frentes a su cargo, entre ellos el de César. Lo hacían a través de sus respectivos radiooperadores en una frecuencia común. Andrea, la operadora de Jojoy, saludaba a todos y después iba pasando a cada uno a una segunda frecuencia, para darles instrucciones en privado. Así hablaba con la India, la operadora de César.
En un alambicado proceso, el equipo de inteligencia suplantó a los radiooperadores con agentes que tenían voces similares y fijó nuevas frecuencias. Así fue cómo una falsa Andrea comenzó a dar instrucciones de la jefatura para el traslado de los rehenes a otra base de las FARC.
Contrarreloj, por temor a que se destapara el engaño, se formó la misión de rescate con personajes construidos hasta el último detalle. La prioridad era evitar cualquier riesgo para los rehenes. Por toda arma defensiva, recibieron un espray de pimienta.
MAITE RICO - Madrid - 24/07/2009
El 2 de julio de 2008, un comando de once hombres y mujeres de la inteligencia colombiana, completamente desarmados, rescató a 15 rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo hizo en plena selva, y rodeado por cientos de guerrilleros que los apuntaban con sus fusiles. La Operación Jaque, que devolvió la libertad a Ingrid Betancourt, tres asesores antidrogas estadounidenses y once soldados y policías, conmocionó al mundo. Pero la misión más audaz de la que se tenga memoria estuvo en peligro por la más insospechada de las razones: la rebelión de los propios secuestrados.
Lo cuenta Juan Carlos Torres en el libro Operación Jaque. La verdadera historia (Planeta), que narra los entresijos de la aventura y acaba de presentarse en Madrid. Días antes del rescate, las FARC habían agrupado a Betancourt y a los otros cautivos en un claro de la jungla, y por primera vez en años les habían dado buena comida y trato correcto. Sus esperanzas de liberación se difuminaron al escuchar que una misión internacional los iba a trasladar a otro frente de la guerrilla.
Por eso, el aterrizaje de aquel helicóptero blanco les llenó de angustia. Sobre todo cuando vieron bajar a aquellos personajes estrafalarios: el árabe que no hablaba español y que saludaba con calidez a su carcelero, César, jefe del Frente Primero de las FARC. O ese australiano rubio y con pendientes. O el tipo con la camiseta del Che. Por no hablar del reportero pesado de Telesur, la televisión venezolana. "Esta gente es de Hugo Chávez, es un show", gritó uno de los rehenes.
Cundió entonces la desesperación, fruto de años en condiciones infrahumanas, encadenados, malnutridos y corroídos por las enfermedades. Algunos cautivos pensaron en secuestrar el helicóptero una vez en vuelo, con un cortauñas y unas tijeras que habían escondido. Cualquier cosa antes que volver al infierno. Cuando les informaron de que irían esposados, estalló la rebelión. Los rehenes se negaron a abordar la aeronave. "Por favor, colaboren", rogaba la enfermera de la misión. Ellos respondían con gritos e insultos. El tiempo pasaba y aumentaba el nerviosismo. Finalmente, el australiano se acercó discretamente a Tom Howes, uno de los estadounidenses, y se identificó en inglés como miembro del Ejército colombiano. Howes se dejó entonces poner las esposas de plástico. Los demás, llorosos y agotados, le siguieron. El helicóptero despegó con la puerta abierta. "Generadores OK", transmitió el piloto. Y cayó el telón. Los pacíficos activistas neutralizaron a César y a su lugarteniente Gafas y soltaron a los rehenes. "Somos el Ejército Nacional. Están en libertad". La escena de los llantos y los gritos a bordo de la aeronave ha pasado a la posteridad.
Tres meses, cuenta Juan Carlos Torres, duró la preparación de la Operación Jaque. Pero detrás hay "años de infiltración en las comunicaciones y de seguimiento incluso físico", con los llamados hombres-jungla, que se camuflan en la selva.
La base del plan, explica Torres, fue el "engaño electrónico, que consiste en penetrar las comunicaciones del enemigo para luego suplantarlo, haciéndole creer que habla con su contacto habitual cuando en realidad está hablando con el agente que realiza la suplantación". Todos los días, el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, se comunicaba con los cinco frentes a su cargo, entre ellos el de César. Lo hacían a través de sus respectivos radiooperadores en una frecuencia común. Andrea, la operadora de Jojoy, saludaba a todos y después iba pasando a cada uno a una segunda frecuencia, para darles instrucciones en privado. Así hablaba con la India, la operadora de César.
En un alambicado proceso, el equipo de inteligencia suplantó a los radiooperadores con agentes que tenían voces similares y fijó nuevas frecuencias. Así fue cómo una falsa Andrea comenzó a dar instrucciones de la jefatura para el traslado de los rehenes a otra base de las FARC.
Contrarreloj, por temor a que se destapara el engaño, se formó la misión de rescate con personajes construidos hasta el último detalle. La prioridad era evitar cualquier riesgo para los rehenes. Por toda arma defensiva, recibieron un espray de pimienta.
Documentos comprometedores que relacionan a Correa con las Farc
"Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, dice el 'Mono Jojoy'. Autoridades colombianas analizan este video y otros documentos encontrados a alias 'Camila', capturada hace dos meses.
Frank Bajak, AP
BOGOTA (AP) — La Fiscalía General investiga unos documentos decomisados por la Policía a una presunta guerrillera de las Farc, entre los que figura un video en el que Jorge Briceño Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’, menciona los aportes que esta organización insurgente hizo en dólares a la primera campaña electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Hermes Ardila, jefe de los fiscales de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General, confirmó a la AP que su despacho lleva el caso de una guerrillera detenida el pasado mayo en Bogotá, y a quien le fueron incautados tres computadores, uno de ellos con un video de al menos una hora.
En la filmación se ve al ‘Mono Jojoy’, uno de los siete miembros del secretariado de las Farc , mencionando que entre otras informaciones de la guerrilla que han quedado al descubierto, debido a operativos de las autoridades colombianas, están los aportes dados por los insurgentes a la campaña de Correa en 2006.
“Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, aseguró el líder rebelde. “Veamos, en los documentos incautados había referencias de compra de armas de varios calibres y quiénes las moverían y con sentido a quiénes" iban dirigidas, se escucha decir a Briceño al comenzar a enumerar la serie de documentos y datos que habían caído en poder de las autoridades.
"Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos", agrega Briceño, de pie frente a un computador portátil del que lee en medio de un selvático paraje.
Fue la primera vez que se escuchó de viva voz a un alto miembro de las Farc mencionar tales aportes, de los cuales ya habían circulado versiones en 2008. El gobierno de Correa siempre los ha negado.
El video fue entregado a la AP a condición de no revelar su origen.
Al ser consultado sobre el video, el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, dijo a la AP que primero debía ver las imágenes, comprobar su veracidad, pero que tenía la “absoluta convicción y fuerza que el gobierno del presidente Correa ni ha tenido en la campaña ni tiene ninguna relación ni aportes de grupos como las FARC y mucho menos ningún tipo de acuerdo".
"Si es que algún miembro de las FARC, en el supuesto de que ese video sea verificada su autenticidad, afirma haber entregado recursos como se dice, a emisarios, tendrían que decir quiénes son esos emisarios que se han tomado el nombre del presidente o quiénes son esos emisarios que a nombre de la campaña electoral han establecido esos vínculos", aseguró.
En el video no se escucha a Briceño dar detalles sobre el monto entregado o la fecha de ese aporte.
El año pasado, cinco documentos divulgados o filtrados por el gobierno a los medios mencionaban comunicaciones en las que jefes rebeldes discutían un aporte de 100.000 dólares hecho por las Farc a la campaña de Correa a fines del 2006. El gobierno de Colombia dijo que tales documentos eran de un computador de un jefe de las Farc.
Ni en el video ni en los documentos hay mención a un contacto directo de miembros de las Farc con Correa o que el entonces candidato supiera del aporte de esos dineros rebeldes.
El video seguramente atizará las discordias entre Quito y Bogotá, sin relaciones diplomáticas desde el 3 de marzo del 2008. Briceño aparece hablando delante de al menos unos 250 guerrilleros sentados o recostados a los árboles con sus armas al hombro, caras largas o agarrándose la cabeza porque entre otras noticias leídas por Briceño está la confirmación de la muerte de un infarto el 26 de marzo del 2008 de Manuel Marulanda o "Tirofijo", líder fundador de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los años 60.
Al leer apartes de un mensaje dejado por Marulanda a sus rebeldes, se escucha a Briceño hacer una breve pausa para preguntar: "¿qué sonó?, ¿una bomba?" y, tras recibir una respuesta negativa, sigue leyendo.
El material de los tres computadores, marca Sony Vaio, estaba total o parcialmente encriptado y técnicos de la policía lograron tener acceso a todo el material, incluyendo el video, sólo hasta el pasado 10 de julio y se los entregaron a fiscales.
Las autoridades dieron con los equipos al detener a Adela Pérez, alias "Camila", de 36 años, quien lideraba una red urbana de las Farc en Bogotá. Las autoridades capturaron a la guerrillera gracias a un informante y la mujer fue detenida por la policía en una casa de la barriada de Suba, al noroeste de la capital, el 30 de mayo del 2009.
Al día siguiente a "Camila" le fueron formulados cargos por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento. Actualmente está detenida en una cárcel de Bogotá.
Los nuevos datos en manos de la Fiscalía General parecieron ratificar versiones surgidas en marzo del 2008, que en parte provenían de comunicaciones y correos electrónicos encontrados en computadores decomisados por el ejército en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en una incursión militar no autorizada por Quito.
En el ataque en suelo ecuatoriano al puesto rebelde, murió Raúl Reyes, otro de los miembros del secretariado de las Farc y uno de sus más importantes voceros internacionales y negociador.
Ecuador ha negado la existencia de los computadores de Reyes y duda de la veracidad de la información que Bogotá dice haber obtenido de ellos. En el ataque murieron Reyes y otras 25 personas, pero sobrevivieron dos colombianas y una mexicana.
De acuerdo con las autoridades, el video de Briceño fue grabado probablemente en la región de La Macarena, al sur del país --tradicional bastión del líder rebelde--, entre el 27 de marzo y el 2 de julio del 2008 porque en las imágenes el jefe insurgente se refiere a las muertes de Marulanda, ocurrida el 26 de marzo del 2008 y a la de Reyes.
Briceño no menciona la "Operación Jaque", el rescate militar de 15 rehenes en poder de las Farc el 2 de julio del 2008.
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Frank Bajak, AP
BOGOTA (AP) — La Fiscalía General investiga unos documentos decomisados por la Policía a una presunta guerrillera de las Farc, entre los que figura un video en el que Jorge Briceño Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’, menciona los aportes que esta organización insurgente hizo en dólares a la primera campaña electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Hermes Ardila, jefe de los fiscales de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General, confirmó a la AP que su despacho lleva el caso de una guerrillera detenida el pasado mayo en Bogotá, y a quien le fueron incautados tres computadores, uno de ellos con un video de al menos una hora.
En la filmación se ve al ‘Mono Jojoy’, uno de los siete miembros del secretariado de las Farc , mencionando que entre otras informaciones de la guerrilla que han quedado al descubierto, debido a operativos de las autoridades colombianas, están los aportes dados por los insurgentes a la campaña de Correa en 2006.
“Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, aseguró el líder rebelde. “Veamos, en los documentos incautados había referencias de compra de armas de varios calibres y quiénes las moverían y con sentido a quiénes" iban dirigidas, se escucha decir a Briceño al comenzar a enumerar la serie de documentos y datos que habían caído en poder de las autoridades.
"Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos", agrega Briceño, de pie frente a un computador portátil del que lee en medio de un selvático paraje.
Fue la primera vez que se escuchó de viva voz a un alto miembro de las Farc mencionar tales aportes, de los cuales ya habían circulado versiones en 2008. El gobierno de Correa siempre los ha negado.
El video fue entregado a la AP a condición de no revelar su origen.
Al ser consultado sobre el video, el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, dijo a la AP que primero debía ver las imágenes, comprobar su veracidad, pero que tenía la “absoluta convicción y fuerza que el gobierno del presidente Correa ni ha tenido en la campaña ni tiene ninguna relación ni aportes de grupos como las FARC y mucho menos ningún tipo de acuerdo".
"Si es que algún miembro de las FARC, en el supuesto de que ese video sea verificada su autenticidad, afirma haber entregado recursos como se dice, a emisarios, tendrían que decir quiénes son esos emisarios que se han tomado el nombre del presidente o quiénes son esos emisarios que a nombre de la campaña electoral han establecido esos vínculos", aseguró.
En el video no se escucha a Briceño dar detalles sobre el monto entregado o la fecha de ese aporte.
El año pasado, cinco documentos divulgados o filtrados por el gobierno a los medios mencionaban comunicaciones en las que jefes rebeldes discutían un aporte de 100.000 dólares hecho por las Farc a la campaña de Correa a fines del 2006. El gobierno de Colombia dijo que tales documentos eran de un computador de un jefe de las Farc.
Ni en el video ni en los documentos hay mención a un contacto directo de miembros de las Farc con Correa o que el entonces candidato supiera del aporte de esos dineros rebeldes.
El video seguramente atizará las discordias entre Quito y Bogotá, sin relaciones diplomáticas desde el 3 de marzo del 2008. Briceño aparece hablando delante de al menos unos 250 guerrilleros sentados o recostados a los árboles con sus armas al hombro, caras largas o agarrándose la cabeza porque entre otras noticias leídas por Briceño está la confirmación de la muerte de un infarto el 26 de marzo del 2008 de Manuel Marulanda o "Tirofijo", líder fundador de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los años 60.
Al leer apartes de un mensaje dejado por Marulanda a sus rebeldes, se escucha a Briceño hacer una breve pausa para preguntar: "¿qué sonó?, ¿una bomba?" y, tras recibir una respuesta negativa, sigue leyendo.
El material de los tres computadores, marca Sony Vaio, estaba total o parcialmente encriptado y técnicos de la policía lograron tener acceso a todo el material, incluyendo el video, sólo hasta el pasado 10 de julio y se los entregaron a fiscales.
Las autoridades dieron con los equipos al detener a Adela Pérez, alias "Camila", de 36 años, quien lideraba una red urbana de las Farc en Bogotá. Las autoridades capturaron a la guerrillera gracias a un informante y la mujer fue detenida por la policía en una casa de la barriada de Suba, al noroeste de la capital, el 30 de mayo del 2009.
Al día siguiente a "Camila" le fueron formulados cargos por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento. Actualmente está detenida en una cárcel de Bogotá.
Los nuevos datos en manos de la Fiscalía General parecieron ratificar versiones surgidas en marzo del 2008, que en parte provenían de comunicaciones y correos electrónicos encontrados en computadores decomisados por el ejército en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en una incursión militar no autorizada por Quito.
En el ataque en suelo ecuatoriano al puesto rebelde, murió Raúl Reyes, otro de los miembros del secretariado de las Farc y uno de sus más importantes voceros internacionales y negociador.
Ecuador ha negado la existencia de los computadores de Reyes y duda de la veracidad de la información que Bogotá dice haber obtenido de ellos. En el ataque murieron Reyes y otras 25 personas, pero sobrevivieron dos colombianas y una mexicana.
De acuerdo con las autoridades, el video de Briceño fue grabado probablemente en la región de La Macarena, al sur del país --tradicional bastión del líder rebelde--, entre el 27 de marzo y el 2 de julio del 2008 porque en las imágenes el jefe insurgente se refiere a las muertes de Marulanda, ocurrida el 26 de marzo del 2008 y a la de Reyes.
Briceño no menciona la "Operación Jaque", el rescate militar de 15 rehenes en poder de las Farc el 2 de julio del 2008.
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El ‘Turco’ contra la pared
Testimonio y documentos aseguran que Alfonso Hilsaca, el polémico contratista de Cartagena, se alió con los paras, les ordenaba asesinatos y coordinaba con ellos beneficios de contratos públicos. El 'Turco' lo niega. SEMANA revela evidencias.
No hay nadie en la clase dirigente de Cartagena que no sepa quién es Alfonso Hilsaca. Ha ganado tal protagonismo que se ha convertido en uno de aquellos personajes que divide las opiniones en dos: entre los que hablan de él con temor reverencial y los que prefieren no mencionarlo.
Cada vez que su nombre aparece en la pelea por un contrato público se desata una tormenta en la opinión. Pero al final del día Hilsaca -o las empresas de las que hace parte- se queda con los contratos y todas las críticas en su contra se esfuman como el agua del mar entre la arena. Sin embargo, ahora las cosas pueden ser a otro precio para el empresario. Un ex paramilitar conocido con el alias de 'Convivir' acaba de dar un testimonio a la justicia, según el cual Alfonso Hilsaca tenía una alianza con los paramilitares no sólo para beneficiarse de los contratos públicos de los municipios de la zona, sino para cometer crímenes en la ciudad amurallada.
"Hilsaca hacía aportes a los urbanos y estos debían hacer 'trabajos' en Cartagena. Él mandó matar a unas prostitutas en la Torre del Reloj en Cartagena por medio del 'Pollo'. También intercedió para que mataran a unos recicladores en Pasacaballos (corregimiento de Cartagena)", dijo el ex para a la fiscal.
En su relato, 'Convivir' asegura que el contratista cartagenero tenía vínculos con su grupo paramilitar prácticamente desde el nacimiento del frente que azotó al centro y al norte del departamento de Bolívar. "Hilsaca y 'Juancho Dique' (el comandante del frente) se reunieron varias veces en las oficinas del empresario en Cartagena en el Pie de la Popa. La primera reunión entre ellos fue en esa oficina, y para esa época, en 2001, fue cuando nació el frente Héroes del Canal del Dique. Entonces, Hilsaca reunió a los alcaldes de Arjona, Turbaco, Turbana y María La Baja en el año 2001", anota 'Convivir',
cuyo nombre de pila es Emiro Correa.
De ser cierto lo que dice, se estaría configurando una cruel paradoja: el mismo hombre al que la ciudad ha premiado con los contratos para que se encargue de sus basuras y hasta del alcantarillado de Bocagrande, estaría aliado con paramilitares que cometieron graves crímenes.
Hilsaca, un hombre de carácter recio, lo niega rotundamente. Consultado sobre el tema por SEMANA, asegura que ya entabló denuncia penal contra 'Convivir': "Todo eso es mentira. No me he reunido con ningún 'Juancho Dique' en 2001. No he aportado un solo peso a las autodefensas. Ni lo haría. Jamás. De las personas que mandé a asesinar ¡que las diga! No le tengo miedo".
Sin embargo, el testimonio de 'Convivir' no es el único que deja, por ahora, mal parado a Hilsaca. En el registro de ingresos de ese frente paramilitar aparece 'Alfonso Isaca' (sic) haciendo un aporte de 10 millones de pesos en noviembre de 2002 (ver facsímil). Las tablas de contabilidad que hoy están en manos de la Fiscalía no las suministró ningún desmovilizado, por el contrario, fueron descubiertas en el computador de 'Juancho Dique' después de un allanamiento que llevó a cabo la infantería de marina a la base del delincuente.
De vendedor de tinto...
Alfonso Hilsaca, conocido como el 'Turco', está cerca de cumplir 50 años y desde que nació en Mompós no tuvo una vida propiamente fácil. Le tocó ser cocinero, mensajero, chatarrero y como le dijo hace un tiempo a SEMANA, "hasta vendedor de tinto callejero en Bogotá". Pero su vida dio en unos pocos años un giro tan pronunciado como poco común: el mismo hombre que llegó a Magangué (Bolívar) en los años 90 y no tenía cómo pagar dónde dormir, apenas una década después admitía tener contratos por 30.000 millones de pesos al año, 24.000 millones de ellos con el Estado y muchos en sociedad con otras firmas.
Se convirtió en un competidor de grandes ligas en importantes licitaciones de obras públicas en Cartagena y el departamento. Se ganó en 2004 la concesión del relleno sanitario de Cartagena, también se quedó con la concesión del alumbrado público de Mompós y El Carmen de Bolívar y la del acueducto y alcantarillado de Turbaco, tal vez los tres municipios más importantes de Bolívar. Asimismo, hizo parte del consorcio de siete empresas que construyó el alcantarillado de Bocagrande, un tubo que terminó costando casi 30.000 millones de pesos.
Según el testimonio de 'Convivir', el tema de los contratos también hacía parte de la alianza de Hilsaca con los paramilitares. "Él se reunía en Rocha (corregimiento del municipio de Arjona) con 'Juancho Dique'. Ellos tenían una alianza para beneficiarse de contratos de medicinas, arreglos de carreteras y obras públicas".
Los fiscales tienen la tarea de investigar si esas declaraciones tienen algo que ver con otros registros contables hallados en el computador de 'Dique'. En los meses de enero y marzo de 2003 aparecen como ingresos de los paramilitares aportes hechos por 10 alcaldías de Bolívar (ver facsímil).
Los cuatro asesinatos
La muerte de las cuatro meretrices causó gran impacto, en su momento, en la ciudad amurallada. En la madrugada del 13 de febrero de 2003, Ofelia y Hendy Smith de 17 años, Lourdes de 20 y Betsevit de 27, fueron acribilladas entre la Torre del Reloj y el Camellón de los Mártires, a escasos metros del despacho del Alcalde de Cartagena.
'Convivir' no es el único que se ha referido a este múltiple asesinato. El propio jefe paramilitar 'Juancho Dique' les dijo a los fiscales de Justicia y Paz en julio del año pasado que un empresario, dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches, había pagado seis millones de pesos para que asesinaran a las mujeres porque daban burundanga a los clientes. El testimonio de 'Dique' -Uber Bánquez Martínez- cobró credibilidad porque reveló que a lo largo de los Montes de María, el Canal del Dique y Cartagena, su grupo cometió 365 crímenes, y dijo que él mismo asesinó a un sindicalista de Ecopetrol y al ex secretario general de la Alcaldía de Cartagena.
'Dique' no quiso dar el nombre del dueño de la discoteca, pero dejó en claro que les recomendaba a los hombres del grupo urbano de su frente que contaran toda la verdad. Según pudo establecer esta revista, al menos 10 de los paras urbanos se enteraron en una reunión de todos los detalles del caso. Las autoridades nunca han investigado la posible participación de los dueños de discotecas del sector, entre los cuales se encuentra Alfonso Hilsaca.
Por ese crimen de las prostitutas el único que está preso es el ex fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz, quien le había recibido la última versión a 'Juancho Dique' y cayó en desgracia por una reunión que sostuvo con Hilsaca en un restaurante en Barranquilla. Tras de esa comida apareció una grabación en la que se oye al fiscal pidiéndole al 'Turco' 500 millones de pesos para direccionar las próximas versiones del ex paramilitar de manera que soslayara referirse al homicidio de las prostitutas. En medio de esta polémica, el fiscal Jaramillo le dijo al diario El Tiempo que 'Dique' le había dicho que en la próxima versión señalaría a Hilsaca como autor intelectual de los homicidios. La Fiscalía destituyó de manera fulminante a Jaramillo, quien ha dicho que todo fue un montaje y que la grabación fue editada.
'Juancho Dique' no ha vuelto a hablar del tema. Sin duda todavía falta mucho por aclarar ese capítulo de la historia de Cartagena y los paramilitares. El contratista Alfonso Hilsaca no tiene una sola investigación abierta por sus presuntos nexos con estos hechos. El próximo miércoles, 'Convivir' volverá a hablar ante la fiscal de Justicia y Paz y, según trascendió, ya hay amenazas contra él.
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No hay nadie en la clase dirigente de Cartagena que no sepa quién es Alfonso Hilsaca. Ha ganado tal protagonismo que se ha convertido en uno de aquellos personajes que divide las opiniones en dos: entre los que hablan de él con temor reverencial y los que prefieren no mencionarlo.
Cada vez que su nombre aparece en la pelea por un contrato público se desata una tormenta en la opinión. Pero al final del día Hilsaca -o las empresas de las que hace parte- se queda con los contratos y todas las críticas en su contra se esfuman como el agua del mar entre la arena. Sin embargo, ahora las cosas pueden ser a otro precio para el empresario. Un ex paramilitar conocido con el alias de 'Convivir' acaba de dar un testimonio a la justicia, según el cual Alfonso Hilsaca tenía una alianza con los paramilitares no sólo para beneficiarse de los contratos públicos de los municipios de la zona, sino para cometer crímenes en la ciudad amurallada.
"Hilsaca hacía aportes a los urbanos y estos debían hacer 'trabajos' en Cartagena. Él mandó matar a unas prostitutas en la Torre del Reloj en Cartagena por medio del 'Pollo'. También intercedió para que mataran a unos recicladores en Pasacaballos (corregimiento de Cartagena)", dijo el ex para a la fiscal.
En su relato, 'Convivir' asegura que el contratista cartagenero tenía vínculos con su grupo paramilitar prácticamente desde el nacimiento del frente que azotó al centro y al norte del departamento de Bolívar. "Hilsaca y 'Juancho Dique' (el comandante del frente) se reunieron varias veces en las oficinas del empresario en Cartagena en el Pie de la Popa. La primera reunión entre ellos fue en esa oficina, y para esa época, en 2001, fue cuando nació el frente Héroes del Canal del Dique. Entonces, Hilsaca reunió a los alcaldes de Arjona, Turbaco, Turbana y María La Baja en el año 2001", anota 'Convivir',
cuyo nombre de pila es Emiro Correa.
De ser cierto lo que dice, se estaría configurando una cruel paradoja: el mismo hombre al que la ciudad ha premiado con los contratos para que se encargue de sus basuras y hasta del alcantarillado de Bocagrande, estaría aliado con paramilitares que cometieron graves crímenes.
Hilsaca, un hombre de carácter recio, lo niega rotundamente. Consultado sobre el tema por SEMANA, asegura que ya entabló denuncia penal contra 'Convivir': "Todo eso es mentira. No me he reunido con ningún 'Juancho Dique' en 2001. No he aportado un solo peso a las autodefensas. Ni lo haría. Jamás. De las personas que mandé a asesinar ¡que las diga! No le tengo miedo".
Sin embargo, el testimonio de 'Convivir' no es el único que deja, por ahora, mal parado a Hilsaca. En el registro de ingresos de ese frente paramilitar aparece 'Alfonso Isaca' (sic) haciendo un aporte de 10 millones de pesos en noviembre de 2002 (ver facsímil). Las tablas de contabilidad que hoy están en manos de la Fiscalía no las suministró ningún desmovilizado, por el contrario, fueron descubiertas en el computador de 'Juancho Dique' después de un allanamiento que llevó a cabo la infantería de marina a la base del delincuente.
De vendedor de tinto...
Alfonso Hilsaca, conocido como el 'Turco', está cerca de cumplir 50 años y desde que nació en Mompós no tuvo una vida propiamente fácil. Le tocó ser cocinero, mensajero, chatarrero y como le dijo hace un tiempo a SEMANA, "hasta vendedor de tinto callejero en Bogotá". Pero su vida dio en unos pocos años un giro tan pronunciado como poco común: el mismo hombre que llegó a Magangué (Bolívar) en los años 90 y no tenía cómo pagar dónde dormir, apenas una década después admitía tener contratos por 30.000 millones de pesos al año, 24.000 millones de ellos con el Estado y muchos en sociedad con otras firmas.
Se convirtió en un competidor de grandes ligas en importantes licitaciones de obras públicas en Cartagena y el departamento. Se ganó en 2004 la concesión del relleno sanitario de Cartagena, también se quedó con la concesión del alumbrado público de Mompós y El Carmen de Bolívar y la del acueducto y alcantarillado de Turbaco, tal vez los tres municipios más importantes de Bolívar. Asimismo, hizo parte del consorcio de siete empresas que construyó el alcantarillado de Bocagrande, un tubo que terminó costando casi 30.000 millones de pesos.
Según el testimonio de 'Convivir', el tema de los contratos también hacía parte de la alianza de Hilsaca con los paramilitares. "Él se reunía en Rocha (corregimiento del municipio de Arjona) con 'Juancho Dique'. Ellos tenían una alianza para beneficiarse de contratos de medicinas, arreglos de carreteras y obras públicas".
Los fiscales tienen la tarea de investigar si esas declaraciones tienen algo que ver con otros registros contables hallados en el computador de 'Dique'. En los meses de enero y marzo de 2003 aparecen como ingresos de los paramilitares aportes hechos por 10 alcaldías de Bolívar (ver facsímil).
Los cuatro asesinatos
La muerte de las cuatro meretrices causó gran impacto, en su momento, en la ciudad amurallada. En la madrugada del 13 de febrero de 2003, Ofelia y Hendy Smith de 17 años, Lourdes de 20 y Betsevit de 27, fueron acribilladas entre la Torre del Reloj y el Camellón de los Mártires, a escasos metros del despacho del Alcalde de Cartagena.
'Convivir' no es el único que se ha referido a este múltiple asesinato. El propio jefe paramilitar 'Juancho Dique' les dijo a los fiscales de Justicia y Paz en julio del año pasado que un empresario, dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches, había pagado seis millones de pesos para que asesinaran a las mujeres porque daban burundanga a los clientes. El testimonio de 'Dique' -Uber Bánquez Martínez- cobró credibilidad porque reveló que a lo largo de los Montes de María, el Canal del Dique y Cartagena, su grupo cometió 365 crímenes, y dijo que él mismo asesinó a un sindicalista de Ecopetrol y al ex secretario general de la Alcaldía de Cartagena.
'Dique' no quiso dar el nombre del dueño de la discoteca, pero dejó en claro que les recomendaba a los hombres del grupo urbano de su frente que contaran toda la verdad. Según pudo establecer esta revista, al menos 10 de los paras urbanos se enteraron en una reunión de todos los detalles del caso. Las autoridades nunca han investigado la posible participación de los dueños de discotecas del sector, entre los cuales se encuentra Alfonso Hilsaca.
Por ese crimen de las prostitutas el único que está preso es el ex fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz, quien le había recibido la última versión a 'Juancho Dique' y cayó en desgracia por una reunión que sostuvo con Hilsaca en un restaurante en Barranquilla. Tras de esa comida apareció una grabación en la que se oye al fiscal pidiéndole al 'Turco' 500 millones de pesos para direccionar las próximas versiones del ex paramilitar de manera que soslayara referirse al homicidio de las prostitutas. En medio de esta polémica, el fiscal Jaramillo le dijo al diario El Tiempo que 'Dique' le había dicho que en la próxima versión señalaría a Hilsaca como autor intelectual de los homicidios. La Fiscalía destituyó de manera fulminante a Jaramillo, quien ha dicho que todo fue un montaje y que la grabación fue editada.
'Juancho Dique' no ha vuelto a hablar del tema. Sin duda todavía falta mucho por aclarar ese capítulo de la historia de Cartagena y los paramilitares. El contratista Alfonso Hilsaca no tiene una sola investigación abierta por sus presuntos nexos con estos hechos. El próximo miércoles, 'Convivir' volverá a hablar ante la fiscal de Justicia y Paz y, según trascendió, ya hay amenazas contra él.
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Las fuerzas oscuras
Nación Los hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría revelan cómo el DAS se convirtió en la punta de lanza de la guerra sucia del régimen. Evidencias de 'chuzadas' telefónicas, seguimientos a familiares, interceptación de correos, violación de la intimidad, hacen parte de la artillería que se utilizó contra quienes eran considerados 'enemigos' del gobierno.
En medio de la ola de asesinatos a finales de los 80, hizo carrera una frase del presidente Virgilio Barco quien, ante cada nuevo crimen, achacaba la responsabilidad a unas "fuerzas oscuras". Con el tiempo, se generalizó el uso de esa frase para explicar los atentados y las masacres de los 90 y la muerte de sindicalistas en este siglo. Para las ONG de derechos humanos, nunca cuajó la posición oficial de que todos esos hechos ocurrieran a las "espaldas" de las autoridades. Alegaron por años que dentro de esas "fuerzas oscuras" había agentes del Estado, cómplices en una guerra política en contra de la oposición de izquierda: no necesariamente en asesinatos, pero sí en hostigamientos, seguimientos y amenazas.
La reciente investigación de la Fiscalía a las llamadas "chuzadas" del DAS demuestra que sus miedos estaban bien fundamentados. En la inspección del CTI al edificio de Paloquemao, los investigadores encontraron centenares de folios y documentos de un grupo denominado G-3. Les llamó la atención primero, que la existencia del Grupo Especial de Inteligencia 3 no aparecía en ningún organigrama ni tenía manual de funciones, y segundo, lo explosivo del contenido de los archivos hallados. Allí se describe en blanco y negro la persecución de reconocidos activistas de derechos humanos y líderes políticos de izquierda durante 2004 y 2005, los dos últimos años del período de Jorge Noguera al frente del DAS.
Hay actas, solicitudes de recursos económicos para adelantar actividades contra "blancos" e informes de inteligencia sobre miembros de ONG, incluidos papeles recolectados en canecas de basura, como ocurrió en el caso de Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo. La obsesión del G-3 con Uribe es evidente y aterradora: en los archivos aparecen fotos de su esposa y sus hijos, sus cuentas bancarias, sus viajes al exterior, correos electrónicos y hasta un perfil sicológico (ver recuadro).
Uribe no es el único. La lista de objetivos de este grupo encubierto del DAS parece una colección de un Quién es quién de ONG (ver recuadro). Y no sólo les pusieron el ojo a las criollas. A José Miguel Vivanco, director de América Latina de Human Rights Watch, le interceptaron su correo y el de su asistente, y recomendaron hacerle "inteligencia ofensiva". Esta mención no es pasajera; es una de las tareas asignadas al G-3 en una reunión del 25 de julio de 2005.
Aunque este grupo especial no formaba parte oficialmente del DAS, tenía la facultad para dar órdenes a todas las otras dependencias y gastar recursos. Según se desglosa del acta del 8 de marzo de 2005, este "monstruo" fue la creación de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez, en ese momento asesor del DAS y quien sería su subdirector por pocos meses. Desde su nacimiento, a principios de 2004, el objetivo del G-3 era adelantar una "guerra política" contra todo lo que oliera a izquierda. Meses atrás, en septiembre de 2003, se había publicado el libro El embrujo autoritario, una violenta crítica de las ONG contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para los miembros de este grupo, las ONG y sus amigos -periodistas como Hollman Morris y Carlos Lozano- eran fachadas o miembros de la guerrilla y por ello, blancos legítimos. Una posición que reflejaba a la letra el pensamiento de Narváez, quien ingresó al gobierno inicialmente como asesor de Fondelibertad. Pedro Juan Moreno lo había recomendado para ser el zar de una central de inteligencia que querría establecer en la Casa de Nariño. Sin embargo, esa idea fue desechada por Uribe por considerarla peligrosa.
La presencia de Narváez en el gobierno fue marcada por la polémica y la confrontación. Como lo recordó esta semana el vicepresidente, Francisco Santos, Narváez le confesó una vez que tenía "chuzado" a Carlos Franco, el director de derechos humanos de la Vicepresidencia. Santos lo echó de la oficina y Andrés Peñate, entonces viceministro de Defensa, quien estuvo presente en la reunión, le recomendó a su jefe, el ministro Jorge Uribe, que no le renovaran el contrato a Narváez. Ese enfrentamiento, según le contó Peñate a la Fiscalía, generó una retaliación contra él y su familia por parte de Narváez. Ésta incluyó seguimientos a su esposa y a sus hijos. El CTI también encontró evidencias de trabajos de inteligencia del G-3 contra el Vicepresidente.
Si bien Narváez es un hombre poco conocido por la opinión pública, parece tener mayor recordación en las filas de los paramilitares, según se desprende de las declaraciones de varios integrantes y jefes de las autodefensas. El primero en mencionar a Narváez fue Jorge Iván Laverde, el 'Iguano', quien describió al ex subdirector del DAS como muy cercano a Carlos Castaño. Luego, este año, Salvatore Mancuso dijo desde Washington que sus hombres habían escuchado a Narváez dictar la cátedra Por qué es lícito matar a comunistas en Colombia. Freddy Rendón, el 'Alemán', ratificó lo dicho por Mancuso: "Narváez era instructor de las autodefensas". Narváez ha negado esos vínculos y ha declarado que "es una estratagema paramilitar".
Según las investigaciones de la Fiscalía sobre la infiltración de paramilitares en el DAS, durante 2004 y 2005 hubo una estrecha relación entre esos delincuentes y la cúpula de esa agencia de inteligencia del Estado. Jorge Noguera incluso ha sido acusado de que, bajo su dirección, el DAS les filtró a los paramilitares de 'Jorge 40' listas de profesores universitarios y sindicalistas para que fueran asesinados. Es el caso, entre muchos otros, del académico Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla.
Evidentemente dentro de los voluminosos documentos de espionaje no está por escrito con qué fin se utilizó el voluminoso material recogido por el G-3 ni cuál era el objetivo final de dedicarle tantos recursos en plata y en tiempo al seguimiento de cientosde políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. La hipótesis más fuerte es que formaba parte de la "guerra política" de la que tanto hace alarde Nárvaez en sus cátedras en la Escuela Superior de Guerra.
Se buscaría, en primer lugar, recopilar información preventiva, en otras palabras, saber en qué andaban los "enemigos del gobierno". Pero no se trataba de los grupos ilegales como paramilitares, guerrilleros o mafiosos, cuyo brazo criminal puede poner en jaque las instituciones. Los "enemigos" en este caso eran actores políticos que están en la legalidad y ejercen el legítimo derecho a la crítica y la oposición.
Segundo, los funcionarios de inteligencia buscaban escudriñar la intimidad de sus "blancos" con el fin de poder desprestigiar sus eventuales deslices, ya fuera en su vida privada o en la pública. Una clásica actividad de propaganda negra para deslegitimar el ejercicio de la oposición. Y tercero, hostigar e intimidar a esos "objetivos".
No hay indicios en los centenares de documentos de que las acciones del G-3 ayudaran a evitar reales amenazas del Estado o que culminaran en la captura de miembros importantes de las Farc. El Grupo Especial 3 se disolvió con la escandalosa salida de Noguera y Nárvaez en octubre de 2005; tanto, que los subsecuentes directores -Peñate, María Pilar Hurtado y Joaquín Polo- dicen no haber conocido el trabajo del G-3.
Sin embargo, el coordinador de ese grupo -Jaime Fernando Ovalle- continuó en el DAS hasta noviembre de 2008, cuando fue destituido por ser el autor de un memorando donde se ordenaba el seguimiento del senador Gustavo Petro. La directora Hurtado también renunció en ese momento.
En febrero de este año, SEMANA reveló cómo el DAS estaba fuera de control: hacía seguimientos a magistrados e interceptaba comunicaciones de la oposición y a periodistas. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría confirmaron el particular interés del DAS en la Corte Suprema; a los juristas les aplicaron el mismo modus operandi del G-3 (solicitud de información a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, elaboración de perfiles, seguimientos y espionaje de sus cuentas bancarias). También encontraron oficinas clandestinas y funcionarios del DAS más preocupados por los intereses particulares de miembros del gobierno, que por la seguridad del Estado. Peor aun, hay indicios, según la Procuraduría, de una operación de encubrimiento de las actividades non sanctas de los últimos años (ver siguiente artículo).
En la era Noguera y Narváez, el blanco 'legítimo' eran las ONG que criticaban día y noche a Álvaro Uribe. Con Hurtado, ese objetivo cambió al convertirse la Corte -en la opinión de algunos funcionarios de Palacio- en el nuevo "enemigo" más peligroso para el Presidente.
Desde cuando el general Gustavo Rojas Pinilla creó el DAS y lo puso a depender directamente de la Presidencia de la República, siempre se temía que se volviera el punta de lanza de una guerra política del gobierno contra la oposición. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría parecen haber confirmado ese nefasto presagio que ha resquebrajado la separación de poderes, ha puesto en peligro la vida de los defensores de derechos humanos y ha estigmatizado la prensa libre e independiente.
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En medio de la ola de asesinatos a finales de los 80, hizo carrera una frase del presidente Virgilio Barco quien, ante cada nuevo crimen, achacaba la responsabilidad a unas "fuerzas oscuras". Con el tiempo, se generalizó el uso de esa frase para explicar los atentados y las masacres de los 90 y la muerte de sindicalistas en este siglo. Para las ONG de derechos humanos, nunca cuajó la posición oficial de que todos esos hechos ocurrieran a las "espaldas" de las autoridades. Alegaron por años que dentro de esas "fuerzas oscuras" había agentes del Estado, cómplices en una guerra política en contra de la oposición de izquierda: no necesariamente en asesinatos, pero sí en hostigamientos, seguimientos y amenazas.
La reciente investigación de la Fiscalía a las llamadas "chuzadas" del DAS demuestra que sus miedos estaban bien fundamentados. En la inspección del CTI al edificio de Paloquemao, los investigadores encontraron centenares de folios y documentos de un grupo denominado G-3. Les llamó la atención primero, que la existencia del Grupo Especial de Inteligencia 3 no aparecía en ningún organigrama ni tenía manual de funciones, y segundo, lo explosivo del contenido de los archivos hallados. Allí se describe en blanco y negro la persecución de reconocidos activistas de derechos humanos y líderes políticos de izquierda durante 2004 y 2005, los dos últimos años del período de Jorge Noguera al frente del DAS.
Hay actas, solicitudes de recursos económicos para adelantar actividades contra "blancos" e informes de inteligencia sobre miembros de ONG, incluidos papeles recolectados en canecas de basura, como ocurrió en el caso de Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo. La obsesión del G-3 con Uribe es evidente y aterradora: en los archivos aparecen fotos de su esposa y sus hijos, sus cuentas bancarias, sus viajes al exterior, correos electrónicos y hasta un perfil sicológico (ver recuadro).
Uribe no es el único. La lista de objetivos de este grupo encubierto del DAS parece una colección de un Quién es quién de ONG (ver recuadro). Y no sólo les pusieron el ojo a las criollas. A José Miguel Vivanco, director de América Latina de Human Rights Watch, le interceptaron su correo y el de su asistente, y recomendaron hacerle "inteligencia ofensiva". Esta mención no es pasajera; es una de las tareas asignadas al G-3 en una reunión del 25 de julio de 2005.
Aunque este grupo especial no formaba parte oficialmente del DAS, tenía la facultad para dar órdenes a todas las otras dependencias y gastar recursos. Según se desglosa del acta del 8 de marzo de 2005, este "monstruo" fue la creación de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez, en ese momento asesor del DAS y quien sería su subdirector por pocos meses. Desde su nacimiento, a principios de 2004, el objetivo del G-3 era adelantar una "guerra política" contra todo lo que oliera a izquierda. Meses atrás, en septiembre de 2003, se había publicado el libro El embrujo autoritario, una violenta crítica de las ONG contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para los miembros de este grupo, las ONG y sus amigos -periodistas como Hollman Morris y Carlos Lozano- eran fachadas o miembros de la guerrilla y por ello, blancos legítimos. Una posición que reflejaba a la letra el pensamiento de Narváez, quien ingresó al gobierno inicialmente como asesor de Fondelibertad. Pedro Juan Moreno lo había recomendado para ser el zar de una central de inteligencia que querría establecer en la Casa de Nariño. Sin embargo, esa idea fue desechada por Uribe por considerarla peligrosa.
La presencia de Narváez en el gobierno fue marcada por la polémica y la confrontación. Como lo recordó esta semana el vicepresidente, Francisco Santos, Narváez le confesó una vez que tenía "chuzado" a Carlos Franco, el director de derechos humanos de la Vicepresidencia. Santos lo echó de la oficina y Andrés Peñate, entonces viceministro de Defensa, quien estuvo presente en la reunión, le recomendó a su jefe, el ministro Jorge Uribe, que no le renovaran el contrato a Narváez. Ese enfrentamiento, según le contó Peñate a la Fiscalía, generó una retaliación contra él y su familia por parte de Narváez. Ésta incluyó seguimientos a su esposa y a sus hijos. El CTI también encontró evidencias de trabajos de inteligencia del G-3 contra el Vicepresidente.
Si bien Narváez es un hombre poco conocido por la opinión pública, parece tener mayor recordación en las filas de los paramilitares, según se desprende de las declaraciones de varios integrantes y jefes de las autodefensas. El primero en mencionar a Narváez fue Jorge Iván Laverde, el 'Iguano', quien describió al ex subdirector del DAS como muy cercano a Carlos Castaño. Luego, este año, Salvatore Mancuso dijo desde Washington que sus hombres habían escuchado a Narváez dictar la cátedra Por qué es lícito matar a comunistas en Colombia. Freddy Rendón, el 'Alemán', ratificó lo dicho por Mancuso: "Narváez era instructor de las autodefensas". Narváez ha negado esos vínculos y ha declarado que "es una estratagema paramilitar".
Según las investigaciones de la Fiscalía sobre la infiltración de paramilitares en el DAS, durante 2004 y 2005 hubo una estrecha relación entre esos delincuentes y la cúpula de esa agencia de inteligencia del Estado. Jorge Noguera incluso ha sido acusado de que, bajo su dirección, el DAS les filtró a los paramilitares de 'Jorge 40' listas de profesores universitarios y sindicalistas para que fueran asesinados. Es el caso, entre muchos otros, del académico Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla.
Evidentemente dentro de los voluminosos documentos de espionaje no está por escrito con qué fin se utilizó el voluminoso material recogido por el G-3 ni cuál era el objetivo final de dedicarle tantos recursos en plata y en tiempo al seguimiento de cientosde políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. La hipótesis más fuerte es que formaba parte de la "guerra política" de la que tanto hace alarde Nárvaez en sus cátedras en la Escuela Superior de Guerra.
Se buscaría, en primer lugar, recopilar información preventiva, en otras palabras, saber en qué andaban los "enemigos del gobierno". Pero no se trataba de los grupos ilegales como paramilitares, guerrilleros o mafiosos, cuyo brazo criminal puede poner en jaque las instituciones. Los "enemigos" en este caso eran actores políticos que están en la legalidad y ejercen el legítimo derecho a la crítica y la oposición.
Segundo, los funcionarios de inteligencia buscaban escudriñar la intimidad de sus "blancos" con el fin de poder desprestigiar sus eventuales deslices, ya fuera en su vida privada o en la pública. Una clásica actividad de propaganda negra para deslegitimar el ejercicio de la oposición. Y tercero, hostigar e intimidar a esos "objetivos".
No hay indicios en los centenares de documentos de que las acciones del G-3 ayudaran a evitar reales amenazas del Estado o que culminaran en la captura de miembros importantes de las Farc. El Grupo Especial 3 se disolvió con la escandalosa salida de Noguera y Nárvaez en octubre de 2005; tanto, que los subsecuentes directores -Peñate, María Pilar Hurtado y Joaquín Polo- dicen no haber conocido el trabajo del G-3.
Sin embargo, el coordinador de ese grupo -Jaime Fernando Ovalle- continuó en el DAS hasta noviembre de 2008, cuando fue destituido por ser el autor de un memorando donde se ordenaba el seguimiento del senador Gustavo Petro. La directora Hurtado también renunció en ese momento.
En febrero de este año, SEMANA reveló cómo el DAS estaba fuera de control: hacía seguimientos a magistrados e interceptaba comunicaciones de la oposición y a periodistas. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría confirmaron el particular interés del DAS en la Corte Suprema; a los juristas les aplicaron el mismo modus operandi del G-3 (solicitud de información a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, elaboración de perfiles, seguimientos y espionaje de sus cuentas bancarias). También encontraron oficinas clandestinas y funcionarios del DAS más preocupados por los intereses particulares de miembros del gobierno, que por la seguridad del Estado. Peor aun, hay indicios, según la Procuraduría, de una operación de encubrimiento de las actividades non sanctas de los últimos años (ver siguiente artículo).
En la era Noguera y Narváez, el blanco 'legítimo' eran las ONG que criticaban día y noche a Álvaro Uribe. Con Hurtado, ese objetivo cambió al convertirse la Corte -en la opinión de algunos funcionarios de Palacio- en el nuevo "enemigo" más peligroso para el Presidente.
Desde cuando el general Gustavo Rojas Pinilla creó el DAS y lo puso a depender directamente de la Presidencia de la República, siempre se temía que se volviera el punta de lanza de una guerra política del gobierno contra la oposición. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría parecen haber confirmado ese nefasto presagio que ha resquebrajado la separación de poderes, ha puesto en peligro la vida de los defensores de derechos humanos y ha estigmatizado la prensa libre e independiente.
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