Alias "Don Antonio” implica a funcionario del DAS
Según testimonio del ex paramilitar, el ex subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya, el informe que usó el organismo de inteligencia para sustentar la captura del profesor Alfredo Correa, pudo haber sido el mismo en el que se basaron las Auc para asesinarlo luego.
Fecha: 08/28/2008 -
En una madrugada de junio de 2004 un grupo de agentes del DAS y del CTI, por orden del entonces fiscal 36 de Cartagena, Demóstenes Camargo, ingresaron a la residencia del profesor universitario, escritor e investigador Alfredo Rafael Correa De Andreis, lo detuvieron y se lo llevaron de Barranquilla a esa ciudad donde le seguían un proceso acusado presuntamente de rebelión.
Dos meses después fue dejado en libertad porque las pruebas que tenían en su contra se fundaban en los testimonios de unos testigos que no conocían a Correa D'Andreis y que habían mentido, pues las fechas en las que ellos decían que el profesor había estado reunido con guerrilleros en la frontera con Venezuela, en realidad se encontraba reunido con su familia celebrando el cumpleaños de su padre en Barranquilla.
Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía lo dejó en libertad por falta de pruebas, la orden de asesinarlo había sido dada. Así lo aseguró alias Don Antonio, el hombre del ex jefe paramilitar Jorge 40 en el Atlántico, ante un fiscal y otros funcionarios judiciales el pasado 14 de agosto.
Dijo además que las supuestas evidencias que tenían para matarlo se las dio el propio DAS y estaban consignadas, al parecer, en el mismo informe de inteligencia que le había servido al organismo para judicializarlo y detenerlo semanas antes de que fuera asesinado. Ese informe del DAS contenía, entre otras afirmaciones sin sustento, que Correa D'Andreis era el mismo "Eulogio", ideólogo del Eln.
El informe fue elaborado por Javier Alfredo Valle Anaya, quien se desempeñaba como investigador del DAS en Barranquilla, y a quien después trasladaron como subdirector a Santa Marta.
Don Antonio, dijo ante un fiscal y otros funcionaros judiciales, que el funcionario del DAS, Anaya lo transportaba a él y alias “Gonzalo” (exjefe político de las Auc en Atlántico), entre las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, y entre estas ciudades y Valledeupar.
Don Antonio se acogió a sentencia anticipada y fue condenado el pasado 12 de agosto a 506 meses de prisión, sin embargo sólo pagará entre 60 y 84 meses, gracias a la desmovilización y a haberse acogido al proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz.
Los siguientes son apartes de la última indagatoria de Don Antonio el pasado 14 de agosto de 2008 en la Cárcel Modelo de Barranquilla con funcionarios judiciales y su apoderado:
PREGUNTA EL FISCAL ¿Ha escuchado hablar de Javier Francisco Valle Anaya del DAS, de la Armada a Cristian y del Gaula a Eduard Abelardo Suárez Cuadros. En caso positivo, cuándo, cómo y qué sabe de ellos?
DON ANTONIO: A Javier Valle Anaya si lo he escuchado, era amigo de “Gonzalo”, que es Carlos Mario García, ex jefe político del frente José Pablo Díaz, y lo conocí porque alias “Gonzalo” me lo presentó, eso debió ser como A finales de 2004, comienzos de 2005. A los demás no los conozco.
F:: ¿En cuántas ocasiones observó usted a alias Gonzalo con Javier Valle Anaya.?
D.A.: : El día que me lo presentó, los vi a los dos.
F: ¿Sabe usted si Javier Valle Anaya trabajaba para las autodefensas?
D.A.: : Que trabajara directamente no. Lo que sí puedo decir es que colaboraba, le colaboraba a Gonzalo y a mí en algunas ocasiones.
F: ¿Explíquele al despacho en qué le colaboraba Javier Valle Anaya a alias Gonzalo y a usted?
D.A.: A mí en algunas ocasiones me desplazó o me movió desde Santa Marta hasta Barranquilla. A alias Gonzalo, creo que lo mismo, yo le escuché a Gonzalo que a él también lo movía de un municipio a otro, de una ciudad a otra.
F.: ¿Indíquenos si recuerda la fecha en la cual le colaboraba Valle Anaya a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No recuerdo, pero eso fue mientras se desempeñó como subdirector del DAS en Santa Marta.
F: ¿Indíquenos en qué vehículos Valle Anaya lo movilizaba a usted y a alias Gonzalo, indíquenos si lo hacía personalmente o le daba la orden a una tercera persona y si el vehículo era del DAS o personal de él?
D.A.: A mi él me movió personalmente. Las dos o tres veces que lo hizo fue personalmente, no sé si el vehículo era del DAS. A alias Gonzalo no sé.
F ¿En varias respuestas en esta diligencia ha indicado que usted vio a Valle Anaya, la ocasión que se lo presentó alias Gonzalo, y ahora ha manifestado que
él personalmente lo transportó como en dos o tres ocasiones, sírvase aclarar en cuántas ocasiones observó a Valle Anaya?
D.A.: Lo que dije fue que había visto juntos a alias Gonzalo y a Valle en una sola ocasión, eso fue lo que dije.
F:. ¿Sabe usted si alias Gonzalo tuvo participación en los hechos de Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No tuvo ninguna participación.
F:. ¿Por qué Valle Anaya les movilizaba a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No sé, tendrá que preguntárselo usted.
F: ¿Usted y alias Gonzalo le requerían el servicio del transporte a Javier Valle Anaya?
D.A.: Sí, las dos veces que lo necesité sí le pedí el favor que me transportara.
F: ¿Cómo hacía contacto con Valle Anaya para solicitarle el servicio del transporte?
D.A.: Yo llamaba a alias Gonzalo y él lo llamaba a él.
F: ¿Por qué le solicitaba usted el servicio de transporte a Valle Anaya?
D.A.: : Por evadir a las autoridades.
F.: ¿En algún momento una persona le dijo a usted que Valle Anaya le podía colaborar para evadir las autoridades?
D.A.: : Sí, alias Gonzalo.
F: Explíquenos en qué términos le dijo alias Gonzalo que Valle Anaya le podía colaborar a evadir a las autoridades.
D.A.: Me dijo que él tenía un amigo en el DAS, que cuando necesitara moverme de Santa Marta a Barranquilla o de Santa Marta a Valledeupar, o de Barranquilla a
Valledeupar, él me podía colaborar.
F: En los correos electrónicos que aparecen en el
expediente menciona a “J. Valle”, y se dice que se está tratando de buscar un nombramiento para su esposa en la fiscalía de Barranquilla. Díganos si la persona que
allí aparece como “J. Valle”, es el mismo señor Javier Alfredo Valle Anaya, de quien estamos hablando?
D.A.: Sí, es el mismo.
F: ¿El señor Valle Anaya prestó algún tipo de colaboración o tuvo participación en los actos preparatorios y/o de ejecución del asesinato del profesor Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No doctor, ninguna.
F: Ha reiterado en ésta diligencia que el profesor Correa fue dado de baja. ¿Díganos si las Auc, bloque Norte, consideraban al sociólogo como su enemigo?
D.A.: : Sí, era enemigo de las autodefensas y de la sociedad.
F¿Nos podría usted argumentar o sustentar por qué consideraban a Correa enemigo de las Auc y de la sociedad?
D.A.: Porque era ideólogo de las Farc, era conocido con el alias de “Eulogio”, básicamente eso era lo que decía el informe de inteligencia que me hizo llegar
el comandante de inteligencia del frente José Pablo Díaz, que era alias “El Sarco”, no recuerdo su nombre, así como si se desmovilizó.
F: ¿Constató usted la veracidad del informe de inteligencia, elaborado por alias “El Sarco”, con relación a la condición de ideólogo de las Farc?
D.A.: No hacía parte de mis funciones verificar las informaciones obtenidas por la comisión de inteligenciA precisamente para eso fue creada, porque sus miembros
tenían la misión de recibir las informaciones y convertirlas en inteligencia.
F: El proceso penal por el delito de rebelión que cursó contra Alfredo Correa D´Andreis, tuvo como fundamento un informe de inteligencia elaborado por
JAVIER ALFREDO VALLE ANAYA, informe que corresponde exactamente con el informe de inteligencia, que según usted alias “El Sarco”, realizó sobre éste asunto. ¿Tiene usted alguna explicación para estas coincidencias?
D.A.: Es posible que alguien del DAS le haya entregado este informe al jefe de la comisión de inteligencia.
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sábado, 30 de agosto de 2008
Miembros activos de la fuerza pública en la red de ‘Don Mario’
Miembros activos de la fuerza pública en la red de ‘Don Mario’
Dos oficiales, un suboficial del Ejército, un patrullero de la Policía y seis personas más que trabajaban para el narcotraficante alias “Don Mario” en Antioquia, Córdoba y Chocó fueron capturadas por la Policía en siete ciudades del noroccidente del país. El fiscal Mario Iguarán reconoció la infiltración en las organizaciones del Estado.
Fecha: 08/27/2008 -
La polémica por las conversaciones que comprometen a Guillermo León Valencia, ex director de Fiscalías de Antioquia y hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, con la organización del narcotraficante alias ‘Don Mario’, creció este miércoles al conocerse la captura de cuatro miembros activos de la fuerza pública y otras seis personas que actuaban como sicarios para la organización de este narco.
Los diez detenidos, al parecer, integraban la organización “Héroes de Castaño” que trabajaba para Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, quien luego de desmovilizarse de los paramilitares regresó a la vida delincuencial para manejar una organización de narcos en Antioquia, Córdoba y Chocó principalmente.
Estas personas eran responsables de reclutar, patrullar, cobrar extorsiones y controlar la salida de cocaína hacia el exterior, según la policía. Entre los capturados se encuentra Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’, quien según la Policía Antinarcóticos era la que llevaba la nómina y la contabilidad de la organización. En uno de los allanamientos los investigadores encontraron un computador con información sobre ‘Don Mario’ que será analizado por las autoridades.
Los ratones cuidando el queso
Investigan a hermano de Mininterior y a comandante de policía por presuntos vínculos con “Don Mario”
'Don Mario' es el narcotraficante más buscado por las autoridades de todo el país. Estas capturas de miembros de la fuerza pública y las investigaciones que cursan contra el ex fiscal en Antioquia, Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Justicia, dieron pie para que el Fiscal General Mario Iguarán asegurara este miércoles que ‘Don Mario’ infiltró varios organismos del Estado.
Los capturados son el capitán del Ejército Duván Mauricio Hernández Tabares, alias ‘Michael’; el suboficial del Ejército Ronald Hernández Fuentes; el teniente de la Policía Fredy Alexánder Burgos Ortiz; el patrullero de la Policía Carlos Alberto González Castañeda y los civiles Yonny Cano Linares, alias ‘El Llanero’ y Lubín Cardona Borja, alias ‘Lubín’, todos capturados en el Urabá Antioqueño. Así mismo, la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron en Barranquilla a Jhon Fréider Arias Espinoza, alias ‘Oscar’ y a Jeremías Higuita Arango, alias ‘Omar’; y en Carepa a Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’ y a José Vega Rodríguez, alias ‘Harold’.
Estas personas serán procesadas por concierto para delinquir, financiación de actividades terroristas y homicidio agravado entre otros delitos.
Lo que hasta hoy conocen las autoridades de esta organización es que se creó con varios reductos del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC luego su desmovilización, y que concentran sus actividades delincuenciales en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Carepa y Chigorodó, todos en la región del Urabá.
“A través de interceptaciones de correos electrónicos de esta organización delincuencial se pudo determinar que ‘Don Mario’ procura mucho el correo humano y creemos que con golpes como este, en particular el que tiene que ver con las finanzas, esta organización queda debilitada”, dijo el fiscal Iguarán.
De Daniel Rendón Herrera se dice que hace unos meses llegó a un acuerdo con la justicia norteamericana para entregarse y que, a comienzos de julio pasado, un primer paso fue el traslado a territorio estadounidense de su familia.
La revista Semana publicó hace unas semanas lo siguiente: “el propio narco llegó a Panamá para finiquitar la negociación que lo llevaría a Estados Unidos. Aunque lleva más de 15 años en tráfico de drogas, 'Don Mario' se transformó en los dos últimos años en el hombre fuerte del narcotráfico en el norte del país. Hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el 'Alemán', 'Don Mario' heredó parte del ejército del Bloque Élmer Cárdenas y reclutó gran parte de los desmovilizados en la zona del Urabá antioqueño. Desde allí se hizo al control absoluto de una de las principales rutas de exportación de drogas por el Caribe”.
ww.semana.com
Dos oficiales, un suboficial del Ejército, un patrullero de la Policía y seis personas más que trabajaban para el narcotraficante alias “Don Mario” en Antioquia, Córdoba y Chocó fueron capturadas por la Policía en siete ciudades del noroccidente del país. El fiscal Mario Iguarán reconoció la infiltración en las organizaciones del Estado.
Fecha: 08/27/2008 -
La polémica por las conversaciones que comprometen a Guillermo León Valencia, ex director de Fiscalías de Antioquia y hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, con la organización del narcotraficante alias ‘Don Mario’, creció este miércoles al conocerse la captura de cuatro miembros activos de la fuerza pública y otras seis personas que actuaban como sicarios para la organización de este narco.
Los diez detenidos, al parecer, integraban la organización “Héroes de Castaño” que trabajaba para Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, quien luego de desmovilizarse de los paramilitares regresó a la vida delincuencial para manejar una organización de narcos en Antioquia, Córdoba y Chocó principalmente.
Estas personas eran responsables de reclutar, patrullar, cobrar extorsiones y controlar la salida de cocaína hacia el exterior, según la policía. Entre los capturados se encuentra Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’, quien según la Policía Antinarcóticos era la que llevaba la nómina y la contabilidad de la organización. En uno de los allanamientos los investigadores encontraron un computador con información sobre ‘Don Mario’ que será analizado por las autoridades.
Los ratones cuidando el queso
Investigan a hermano de Mininterior y a comandante de policía por presuntos vínculos con “Don Mario”
'Don Mario' es el narcotraficante más buscado por las autoridades de todo el país. Estas capturas de miembros de la fuerza pública y las investigaciones que cursan contra el ex fiscal en Antioquia, Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Justicia, dieron pie para que el Fiscal General Mario Iguarán asegurara este miércoles que ‘Don Mario’ infiltró varios organismos del Estado.
Los capturados son el capitán del Ejército Duván Mauricio Hernández Tabares, alias ‘Michael’; el suboficial del Ejército Ronald Hernández Fuentes; el teniente de la Policía Fredy Alexánder Burgos Ortiz; el patrullero de la Policía Carlos Alberto González Castañeda y los civiles Yonny Cano Linares, alias ‘El Llanero’ y Lubín Cardona Borja, alias ‘Lubín’, todos capturados en el Urabá Antioqueño. Así mismo, la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron en Barranquilla a Jhon Fréider Arias Espinoza, alias ‘Oscar’ y a Jeremías Higuita Arango, alias ‘Omar’; y en Carepa a Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’ y a José Vega Rodríguez, alias ‘Harold’.
Estas personas serán procesadas por concierto para delinquir, financiación de actividades terroristas y homicidio agravado entre otros delitos.
Lo que hasta hoy conocen las autoridades de esta organización es que se creó con varios reductos del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC luego su desmovilización, y que concentran sus actividades delincuenciales en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Carepa y Chigorodó, todos en la región del Urabá.
“A través de interceptaciones de correos electrónicos de esta organización delincuencial se pudo determinar que ‘Don Mario’ procura mucho el correo humano y creemos que con golpes como este, en particular el que tiene que ver con las finanzas, esta organización queda debilitada”, dijo el fiscal Iguarán.
De Daniel Rendón Herrera se dice que hace unos meses llegó a un acuerdo con la justicia norteamericana para entregarse y que, a comienzos de julio pasado, un primer paso fue el traslado a territorio estadounidense de su familia.
La revista Semana publicó hace unas semanas lo siguiente: “el propio narco llegó a Panamá para finiquitar la negociación que lo llevaría a Estados Unidos. Aunque lleva más de 15 años en tráfico de drogas, 'Don Mario' se transformó en los dos últimos años en el hombre fuerte del narcotráfico en el norte del país. Hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el 'Alemán', 'Don Mario' heredó parte del ejército del Bloque Élmer Cárdenas y reclutó gran parte de los desmovilizados en la zona del Urabá antioqueño. Desde allí se hizo al control absoluto de una de las principales rutas de exportación de drogas por el Caribe”.
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Mafia S.A.
“Los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones”
En muchas ocasiones es más fácil que se pongan de acuerdo las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico que las instituciones de los países que intentan luchar contra ellas. Esa es una de las conclusiones del libro Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia de Juan Carlos Garzón donde se presenta una radiografía del problema de las drogas en estos tres países. Entrevista de Semana.com.
Fecha: 08/26/2008 -
La globalización de las economías criminales que lograron llevar droga a muchos rincones del mundo es un ejemplo lamentable del éxito que tuvieron las mafias de centro y Suramérica descritas en Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia, el libro del politólogo Juan Carlos Garzón lanzado en la noche del martes.
En entrevista con Semana.com, Garzón habla sobre el papel de los carteles de droga en México, Brasil y Colombia, sobre las similitudes y diferencias entre ellos, y sobre los esfuerzos de la lucha antinarcóticos en estos tres países.
- ¿Por qué reunir tres países como Colombia, Brasil y México en un libro sobre mafias?
Colombia en términos de producción, México y Brasil en términos de comercialización y tránsito son cruciales para hablar de narcotráfico en el hemisferio. México está pasando por un momento difícil en términos de seguridad con el enfrentamiento entre carteles y estado, y entre los mismos mafiosos. En Brasil, en ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro la dinámica de violencia y tráfico de drogas tiene relación directa con la comercialización y el transporte de la droga proveniente de Colombia. A pesar de que nuestro país disminuyó levemente la producción de droga, tanto en Brasil como en México ya se viene hablando de la ‘colombianización’, haciendo referencia a la escalada de violencia de la década de los 90 que ahora se está viviendo en esos países, especialmente en el país centroamericano.
- ¿Qué revelaciones trae Mafia & Co.?
Más que revelaciones, es una radiografía de las principales organizaciones criminales de estos países y las condiciones que necesita el crimen para sobrevivir. Se habla de los nexos con la economía ilegal, con la política, con las fuerzas de seguridad del estado y con la sociedad. El libro va más allá de una perspectiva local y se centra en algo muy global.
- ¿En cuál de los tres países es más difícil la lucha antimafias?
Yo creo que la situación más crítica la tiene México, con una dinámica de contagio en varios países de Centroamérica. También hay aspectos difíciles que son necesarios reflexionar como Venezuela, que es hoy una zona de tránsito, o Argentina y Chile donde se ha dado un incremento en el consumo, y Perú y Bolivia donde los cultivos ilícitos están creciendo. En definitiva, me parece que el análisis de la lucha antimafias se debe pensar desde un punto de vista regional, incluso hemisférico, considerando las problemáticas que hay en cada uno de los países.
- ¿Cómo ve usted la lucha antidrogas en América?
Se han hecho esfuerzos por tener una perspectiva hemisférica, pero haciendo una comparación odiosa, se articulan de manera más fácil las organizaciones criminales que la institucionalidad de los países para luchar contra los delincuentes.
- ¿Qué se sabe de los nexos de carteles colombianos con los de México?
Las condiciones para los carteles colombianos han cambiado porque los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones. No quieren esperar a que a su país llegue la droga, sino que ellos mismos están haciendo los contactos en los países de origen. Adicionalmente manejan parte de la producción, no solo de anfetaminas, sino también de coca en el denominado Triángulo Dorado como se le denomina a la zona que se encuentra entre los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Hoy hay presencia de carteles mexicanos en Bolivia, Colombia, Perú e incluso Argentina, donde están tratando de tener básicamente relaciones directas con los sitios de producción de coca y de importación de efedrina, insumo principal para la producción de anfetaminas. La otra cosa es que la fuerza pública colombiana ha dado golpes fuertes en los articuladores, y eso debilita las relaciones internacionales.
- En la reciente cumbre de países de América y el Caribe que se celebró en Cartagena las autoridades de Colombia sentaron su preocupación por ascenso del consumo en Colombia...
En Colombia creció el consumo de coca, de marihuana y de drogas sintéticas, igual que en México y Brasil. No hay que perder de vista que cuando los narcos tienen problemas para exportar droga, el mercado local es una opción no tan rentable, pero que deja algo de ganancia. En el mercado local de Colombia hay una oferta importante en ciudades como Medellín (conocidas como plazas de vicio o las ollas), Bogotá (donde las autoridades indican que determinados hechos de violencia tiene que ver con la distribución de droga), Cali, Cúcuta y Bucaramanga.
-¿Qué conclusiones tiene Mafia & Co. sobre el negocio de la droga en México, Brasil y Colombia?
El tema de la globalización de las empresas criminales que lograron llevar sus productos a mercados mundiales es una conclusión. Por otro lado están los mercados ilegales emergentes que no están lo suficientemente explotados como Europa y en un futuro mercado como Asia, China y Japón, zonas potenciales para la distribución de la droga. Y otra muy importante es que la sociedad tiene parte de responsabilidad en la expansión del comercio ilícito. Desde esta perspectiva, el crimen organizado es un asunto de todos. Hay que tener en cuenta que él crimen vive de lo que la sociedad demanda. Lo que los ciudadanos consuman hoy puede terminar financiando grupo o prácticas que aborrecemos. El mejor ejemplo es la piratería: el destino final de sus ganancias casi siempre termina proporcionando los recursos para acciones criminales de gran impacto.
www.semana.com
En muchas ocasiones es más fácil que se pongan de acuerdo las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico que las instituciones de los países que intentan luchar contra ellas. Esa es una de las conclusiones del libro Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia de Juan Carlos Garzón donde se presenta una radiografía del problema de las drogas en estos tres países. Entrevista de Semana.com.
Fecha: 08/26/2008 -
La globalización de las economías criminales que lograron llevar droga a muchos rincones del mundo es un ejemplo lamentable del éxito que tuvieron las mafias de centro y Suramérica descritas en Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia, el libro del politólogo Juan Carlos Garzón lanzado en la noche del martes.
En entrevista con Semana.com, Garzón habla sobre el papel de los carteles de droga en México, Brasil y Colombia, sobre las similitudes y diferencias entre ellos, y sobre los esfuerzos de la lucha antinarcóticos en estos tres países.
- ¿Por qué reunir tres países como Colombia, Brasil y México en un libro sobre mafias?
Colombia en términos de producción, México y Brasil en términos de comercialización y tránsito son cruciales para hablar de narcotráfico en el hemisferio. México está pasando por un momento difícil en términos de seguridad con el enfrentamiento entre carteles y estado, y entre los mismos mafiosos. En Brasil, en ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro la dinámica de violencia y tráfico de drogas tiene relación directa con la comercialización y el transporte de la droga proveniente de Colombia. A pesar de que nuestro país disminuyó levemente la producción de droga, tanto en Brasil como en México ya se viene hablando de la ‘colombianización’, haciendo referencia a la escalada de violencia de la década de los 90 que ahora se está viviendo en esos países, especialmente en el país centroamericano.
- ¿Qué revelaciones trae Mafia & Co.?
Más que revelaciones, es una radiografía de las principales organizaciones criminales de estos países y las condiciones que necesita el crimen para sobrevivir. Se habla de los nexos con la economía ilegal, con la política, con las fuerzas de seguridad del estado y con la sociedad. El libro va más allá de una perspectiva local y se centra en algo muy global.
- ¿En cuál de los tres países es más difícil la lucha antimafias?
Yo creo que la situación más crítica la tiene México, con una dinámica de contagio en varios países de Centroamérica. También hay aspectos difíciles que son necesarios reflexionar como Venezuela, que es hoy una zona de tránsito, o Argentina y Chile donde se ha dado un incremento en el consumo, y Perú y Bolivia donde los cultivos ilícitos están creciendo. En definitiva, me parece que el análisis de la lucha antimafias se debe pensar desde un punto de vista regional, incluso hemisférico, considerando las problemáticas que hay en cada uno de los países.
- ¿Cómo ve usted la lucha antidrogas en América?
Se han hecho esfuerzos por tener una perspectiva hemisférica, pero haciendo una comparación odiosa, se articulan de manera más fácil las organizaciones criminales que la institucionalidad de los países para luchar contra los delincuentes.
- ¿Qué se sabe de los nexos de carteles colombianos con los de México?
Las condiciones para los carteles colombianos han cambiado porque los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones. No quieren esperar a que a su país llegue la droga, sino que ellos mismos están haciendo los contactos en los países de origen. Adicionalmente manejan parte de la producción, no solo de anfetaminas, sino también de coca en el denominado Triángulo Dorado como se le denomina a la zona que se encuentra entre los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Hoy hay presencia de carteles mexicanos en Bolivia, Colombia, Perú e incluso Argentina, donde están tratando de tener básicamente relaciones directas con los sitios de producción de coca y de importación de efedrina, insumo principal para la producción de anfetaminas. La otra cosa es que la fuerza pública colombiana ha dado golpes fuertes en los articuladores, y eso debilita las relaciones internacionales.
- En la reciente cumbre de países de América y el Caribe que se celebró en Cartagena las autoridades de Colombia sentaron su preocupación por ascenso del consumo en Colombia...
En Colombia creció el consumo de coca, de marihuana y de drogas sintéticas, igual que en México y Brasil. No hay que perder de vista que cuando los narcos tienen problemas para exportar droga, el mercado local es una opción no tan rentable, pero que deja algo de ganancia. En el mercado local de Colombia hay una oferta importante en ciudades como Medellín (conocidas como plazas de vicio o las ollas), Bogotá (donde las autoridades indican que determinados hechos de violencia tiene que ver con la distribución de droga), Cali, Cúcuta y Bucaramanga.
-¿Qué conclusiones tiene Mafia & Co. sobre el negocio de la droga en México, Brasil y Colombia?
El tema de la globalización de las empresas criminales que lograron llevar sus productos a mercados mundiales es una conclusión. Por otro lado están los mercados ilegales emergentes que no están lo suficientemente explotados como Europa y en un futuro mercado como Asia, China y Japón, zonas potenciales para la distribución de la droga. Y otra muy importante es que la sociedad tiene parte de responsabilidad en la expansión del comercio ilícito. Desde esta perspectiva, el crimen organizado es un asunto de todos. Hay que tener en cuenta que él crimen vive de lo que la sociedad demanda. Lo que los ciudadanos consuman hoy puede terminar financiando grupo o prácticas que aborrecemos. El mejor ejemplo es la piratería: el destino final de sus ganancias casi siempre termina proporcionando los recursos para acciones criminales de gran impacto.
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El enviado del Señor
Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
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Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
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Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.
Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.
Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".
Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.
"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.
Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).
El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.
"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.
Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.
"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.
Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.
Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".
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El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.
Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.
Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".
Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.
"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.
Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).
El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.
"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.
Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.
"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.
Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.
Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".
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Corte Suprema pide investigar encuentros de emisarios 'paras' con secretarios de Presidente
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
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Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
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La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional
Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional
Foto: Presidencia
El presidente Álvaro Uribe durante la conferencia de prensa que convocó ayer en la Casa de Nariño.
El mandatario se refirió a esta hipótesis, por una supuesta obstrucción a la justicia, mientras visita el país el fiscal jefe de ese organismo, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
Palacio de Nariño pide nuevas aclaraciones al senador Juan Fernando Cristo
Se distancian aún más Uribe y Corte Suprema tras conocerse visita del para 'Job' a la Casa de Nariño
Corte Penal Internacional actuará si justicia colombiana no lo hace en casos de crímenes masivos
Se vigilará juzgamiento de 'paras', ratifica la Corte Penal Internacional Las declaraciones fueron hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que "enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia".
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
Con EFE
www.eltiempo.com
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El presidente Álvaro Uribe durante la conferencia de prensa que convocó ayer en la Casa de Nariño.
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Se vigilará juzgamiento de 'paras', ratifica la Corte Penal Internacional Las declaraciones fueron hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que "enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia".
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
Con EFE
www.eltiempo.com
Mi hermano y yo
Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
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Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
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Uribe se enfrenta a la Corte Suprema
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
¿Quién ganó con el exterminio de la UP?
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
www.semana.co
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
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Preguntas sobre alocución presidencial
Preguntas sobre alocución presidencial
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
BR>
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
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A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
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¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
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El Complot de los Paras
El complot de los paras
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
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