Muere alias ‘El Paisa’ en bombardeo
Es el guerrillero de las Farc que según las Fuerzas Militares ordenó asesinar al ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, su asesor de paz Gilberto Echeverri y siete militares tras un tortuoso secuestro. La Policía y la Fuerza Aérea acabaron con su campamento.
‘El Paisa’ inspiraba terror. Con sólo pronunciar su nombre, la memoria de los antioqueños se remontaba a los episodios más truculentos que sembró el hoy bloque "Iván Ríos", más exactamente el frente 34 de las Farc en el Urabá antioqueño.
Este lunes el país conoció de su muerte tras un bombardeo de la Fuerza Aérea y el despliegue de Comandos Jungla de la Policía que por tierra lograron ubicar su campamento este domingo, en una zona selvática del municipio de Murindó, entre los departamentos de Antioquia y Chocó, donde daba órdenes a la compañía Jainover Palacios y donde era el tercero en el estado mayor del frente 34.
Aunque ‘El Paisa’ no era parte del secretariado de las Farc, en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le dio especial importancia debido al largo prontuario que llevaba a cuestas: según la Fiscalía, era el responsable de 400 secuestros, 500 homicidios y el que más muertes había causado a los militares a lo largo de toda su historia en las Farc.
Aicardo de Jesús Agudelo Rodríguez, nacido en el municipio de San Jerónimo (Antioquia) hace 52 años, era perseguido por las autoridades desde finales de los 90. Sin embargo, la fuerza pública concentró sus esfuerzos en ubicar su paradero luego del secuestro en abril de 2002 y posterior asesinato del ex gobernador Guillermo Gaviria, del ex ministro de defensa Gilberto Echeverri, y de siete militares durante una operación de rescate por parte de las Fuerzas Militares, en el año 2003. Sólo uno de los militares secuestrados sobrevivió.
En 1991, junto a un hombre conocido con el alias de 'El Indio', asesinó en el municipio antioqueño de Frontino a Gabriela White, ex-jefe de la Aeronáutica Civil de Medellín y madre de la actual ministra de Educación, Cecilia Vélez White.
Agudelo comenzó en el quinto frente de las Farc y luego pasó a dirigir grupos pequeños del 34, con quienes comandó un ataque al Ejército el 26 de agosto de 1988 en Tamborales, Risaralda, donde murieron varios militares. También estuvo preso por rebelión en Bellavista a finales de los 90, pero un juez ordenó su libertad inexplicablemente.
Según informes de la Policía, su área de influencia se localizaba sobre Cañas Gordas, Abriaquí, Frontino, carretera central, filo del Polo (parte alta de Venaos y Calles) y Urrao, lugares ubicados en el Urabá antioqueño.
Además, informes de inteligencia dicen que por su forma de ser ruda y agresiva, "no gozaba de aprecio en los guerrilleros base (...) se conocía de sus reiteradas extralimitaciones con los terroristas de las Farc".
Los restos del guerrillero fueron recuperados por las tropas que llegaron por tierra y que de inmediato lo trasladaron hacia la morgue de Quibdó, en el departamento del Chocó.
El ministro de Defensa dijo además que habían ocurrido otras bajas en el bombardeo, pero aún no se conoce el número de muertos, porque aún continúan las labores de rastreo en el sitio del bombardeo, muy similar al que le costó la vida el pasado primero de marzo al jefe de las Farc, ‘Raúl Reyes’.
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sábado, 27 de septiembre de 2008
Los hijos del secretariado
Los hijos del secretariado
Mientras sus padres hacen la guerra, ellos viven en Europa, hablan varios idiomas y estudiaron en las mejores universidades.
Uno de los secretos mejor guardados por cualquiera de los protagonistas de la guerra en Colombia tiene que ver con su vida familiar. Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes siempre han protegido con el mayor sigilo a sus hijos y seres más queridos. Saben que son su lado flaco. Desde hace varios años, por lo menos tres miembros del Secretariado de las Farc decidieron enviar al exterior a sus hijos como una medida preventiva: 'Alfonso Cano', 'Raúl Reyes' e 'Iván Márquez'.
Por mucho tiempo, la presencia de sus familiares en países vecinos y, en particular, Europa, pasó medio inadvertido. Al fin y al cabo en las décadas de los 80 y 90, se consideraba a todos estos colombianos como refugiados políticos y víctimas del conflicto. Esa percepción cambió luego de la decisión de la Unión Europea de declarar a las Farc y al ELN como organizaciones terroristas en junio de 2002. A partir de ese momento, las agencias de inteligencia europeas se pusieron a la tarea de ubicar a posibles redes de apoyo a las guerrillas. Gracias a esas pesquisas, las autoridades europeas detectaron la presencia de familiares de importantes miembros de la subversión en el Viejo Mundo. Esas labores de inteligencia buscaban establecer, y diferenciar, cuáles de ellos estaban involucrados en actividades ilegales o de apoyo a la guerrilla y quiénes simplemente se hallaban en territorio europeo por razones de seguridad.
SEMANA obtuvo documentos de agencias de inteligencia canadienses, estadounidenses, británicas, españolas y alemanas, así como de la Europol, entidad que agrupa a todos los cuerpos de Policía de Europa, los cuales recogen la labor de varios años de trabajo encaminados a detectar las actividades de miembros o colaboradores de las Farc en el Viejo Continente. Hoy los organismos de inteligencia y Policía de algunos países europeos tienen claro qué hacen, dónde viven, dónde estudiaron y por cuales países del mundo se han movilizado los familiares de los comandantes de las Farc.
Esa investigación ha dejado al descubierto varias sorpresas, incluso, para las propias autoridades. Una de ellas fue descubrir que los hijos de integrantes del Secretariado de las Farc viven y se movilizan tranquila y cómodamente en diferentes lugares de Europa y en países latinoamericanos.
Los hijos del comandante
Uno de los casos que más han documentado la Europol y la agencia de inteligencia alemana BND (Bundesnachrichtendienst) es el de los hijos del actual comandante de las Farc, Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano'. A mediados de los años 70, antes de pasar de lleno a la clandestinidad y refugiarse en las montañas, Cano tuvo dos hijos: Federico y Felipe Andrés. El primero nació el 16 de enero de 1975, y las autoridades saben que por lo menos desde hace siete años vive por fuera de Colombia.
Federico tiene una formación académica envidiable; realizó estudios de licenciatura en Economía y maestría en Economía Política en la Universidad de Ginebra. Tiene un máster en globalización, regulaciones sociales y desarrollo sostenible en la Universidad de Lausana. Aunque dice haber estudiado en la Universidad de Sydney, Australia, un vocero de esa entidad educativa le dijo a SEMANA que su nombre no aparece entre los ex alumnos. Federico habla perfectamente alemán, francés e inglés. Ha vivido en Venezuela, México, Estados Unidos, Australia, España, Alemania, Bulgaria y Suiza, en donde actualmente reside.
Aunque algunos de los estudios que realizó Federico los pudo hacer gracias a subsidios estatales en algunos de estos países, las agencias de inteligencia europeas detectaron que gran parte de los costos de la educación fueron pagados con dinero enviado por su padre, el actual jefe máximo de las Farc.
Federico ha trabajado en diversas compañías en Europa como consultor. Su último puesto fue en Fora (Fundación para el Desarrollo de la Comunidad), que está basado en Sofía, Bulgaria. Marina Brakalova, directora de Fora, le dijo a SEMANA que Federico estuvo con ellos apenas tres meses (de octubre de 2007 a enero de 2008). Fue contratado por medio de un programa de prácticas empresariales suizo llamado Syni. Brakalova dijo que no quedaron satisfechos con su desempeño profesional y por eso fue devuelto a Ginebra antes de tiempo. No conocía los antecedentes delictivos del padre del joven consultor.
De julio de 2006 a junio de 2007, Federico fue un analista de inversión de Symbiotics, una proveedora de servicios de microfinanzas. Tuvo un especial énfasis en Perú y Bolivia. Fabio Sofía, el gerente para América Latina de Symbiotics, le dijo a SEMANA que Federico les advirtió que él no podía viajar a Colombia, pero no explicó los motivos. Sofía se imaginó que era por razones de seguridad ya que, según manifestó, muchos colombianos en Suiza están allí por esas razones. Tampoco había sido informado que Federico era el hijo de 'Alfonso Cano'.
En su hoja de vida Federico resalta como experiencia laboral su participación en asistencia en marketing y comunicaciones para el Foro Humanitario de Ginebra, un proyecto del Comité Internacional de la Cruz Roja y actividades como asistente de investigación con el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (Unrisd). Con Unrisd, Federico participó en un estudio sobre movimientos populares y reforma agraria publicado a finales de 2001.
Según se desprende de su hoja de vida, a Federico le encanta jugar voleibol, le gustaría aprender acupuntura y es fanático de la música salsa. De hecho es el corresponsal en Ginebra de una página de Internet sobre ese género musical.
Su hermano menor, Andrés Felipe, también vive y estudia en esa ciudad suiza y ha estado matriculado en universidades en Francia y Australia. Según las autoridades, la última vez que Federico vio a 'Alfonso Cano' fue hace varios años cuando lo visitó en "las montañas de Colombia" (ver foto). Los organismos de inteligencia europeos afirman que no hay evidencia de que los dos jóvenes estén involucrados con actividades relacionadas directamente con las Farc en el Viejo Continente. Sin embargo, no ha pasado inadvertido para ellos que parte del dinero con el que han pagado sus estudios, viajes y sostenimiento provenga de su padre, jefe de una organización considerada terrorista, según informes de la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos (NSA, por su sigla en inglés), la más poderosa central de inteligencia del mundo por su capacidad tecnológica.
SEMANA llamó en repetidas oportunidades a Federico Sáenz y le envió correos electrónicos para hablar sobre su vida, pero no fue posible obtener su respuesta.
Los otros
Los hijos de 'Alfonso Cano' no son los únicos sobre los cuales las agencias de inteligencia y Policía de Europa tienen puestos los ojos y poseen completa información. Las actividades de los tres hijos de Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', también hacen parte de un completo informe sobre los familiares de los jefes guerrilleros elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), la CIA y otros organismos policiales como Europol.
Adriana, la mayor de sus hijos, estudió y vive desde hace varios años en Francia, cerca de la frontera con Suiza. Óscar Iván, el segundo hijo del subversivo, también estuvo en París pero actualmente está radicado en México. Judy Andrea, la menor, reside en Venezuela y es quien tiene la posibilidad de estar en mayor contacto con su padre debido a que el campamento principal del guerrillero está en ese país, cerca de la frontera con Colombia, según agencias de inteligencia.
Debido al largo tiempo que lleva en Francia, Andrea tiene doble nacionalidad (colombo-francesa). Europol tiene correos electrónicos y cuentas bancarias, que demostrarían la ayuda económica que 'Márquez' les proporcionó a sus hijos para que puedan estudiar y vivir en el exterior.
Al igual que 'Cano' y 'Márquez', Luis Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', también optó por que todos sus hijos estudiaran y vivieran en el exterior. Este jefe guerrillero, muerto en una operación militar en marzo pasado, tuvo cuatro hijos. A diferencia de los otros jefes guerrilleros, la formación universitaria de la mayoría de sus hijos y gran parte de la vida de ellos transcurrió en Cuba.
Ariel Robespiere Devia, hijo del primer matrimonio de 'Reyes', es sicólogo egresado de la Universidad de La Habana en donde realizó una maestría en sicología clínica. Actualmente vive en París con su esposa, de nacionalidad italiana. Lida Carmenza Devia Collazos, de 33 años, es sicóloga social, con magíster en sicología social de la Universidad de La Habana. Laura Devia, la tercera de las hijas, también estudió en Cuba y vive en México. El hijo menor del abatido jefe guerrillero, Yeri Core Devia, vive y estudia actualmente en La Habana.
El caso de los hijos de 'Reyes' guarda una diferencia con los de 'Cano' y 'Márquez'. 'Reyes' no usó la plata de la 'revolución' para llevar y financiar los estudios de sus hijos en el exterior. Lo que sí intentó fue utilizar su posición dentro de las Farc y los contactos internacionales para tratar de llevar a sus hijos al Viejo Continente. Algunos meses antes de su muerte, le escribió varios correos electrónicos a sus hijos, los cuales fueron encontrados en los computadores que el jefe guerrillero tenía en su campamento, en los que les contaba las gestiones que venía adelantando. A mediados de julio de este año el programa La Noche de RCN reveló varias de estas comunicaciones en las que quedaba claro los intentos de 'Reyes' por sacar a sus hijos a Francia.
"Hola mi querida hija, la saludo con inmenso abrazo y besos extensivos al niño y sus hermanos. Aquí continuamos con buena salud y mucho trabajo. Recibí visita del señor Noel Sáez, emisario del gobierno de Francia, para las relaciones con las Farc. Me comentó el señor que mi hija que vive en Cuba había solicitado visa para su país y que ellos tenían toda la voluntad de concederla por ser quien es. Le agradecí la oferta y buena disposición de su gobierno, explicando que yo no solicito estas cosas para evitar que comprometan a la organización que represento. Me pidió su nombre y una dirección para ordenarle a su embajada en ese país, buscarla a fin de tramitarle el viaje. Nuevamente le agradecí y le dije que tiene un niño menor de 2 años y su compañero de nacionalidad cubana, a lo cual respondió que llevaban a los tres", dice uno de los apartes del correo, revelado por La Noche, enviado por 'Reyes' a su hija Lidia.
"Le conté que es egresada de la Universidad de La Habana con magíster en sicología clínica, me dijo que con título profesional es más fácil conseguir trabajo, luego de los seis meses que dura aprender el idioma. Para el niño también existen programas de orientación y más tarde estudio. Ellos mismos por ir, como van, le ayudan a conseguir trabajo. Al cabo de cinco años de vivir allá puede solicitar nacionalidad de ese país y cumplidos los 10 años la tiene por derecho propio, el requisito es aceptar y cumplir las leyes de su país. Le di su nombre y el número del teléfono, espero lo tenga bien en mis apuntes", afirma otro de los apartes de ese correo escrito en febrero de 2008. Los planes de 'Reyes' de llevar a sus hijos a Europa quedaron inconclusos ya que no logró finalizar sus 'gestiones políticas' debido a su muerte.
El 'Canciller' y 'Calarcá'
Las que sí corrieron con la suerte de poder estudiar y vivir en Europa fueron las hijas de Rodrigo Granda, el llamado 'canciller de las Farc'. Aunque no hace parte del Secretariado, Granda es uno de los hombres más importantes para esa guerrilla debido a que era el responsable de parte de las relaciones políticas internacionales de la misma. En enero de 2005 fue capturado en Venezuela y en junio de 2007 fue liberado por orden del presidente Álvaro Uribe para adelantar gestiones humanitarias. Hoy, es nuevamente buscado por la Interpol.
Las dos hijas de Granda, Mónica María y Diana Granda Restrepo estudiaron en Ginebra. Aunque viaja con frecuencia a diferentes países de Latinoamérica la primera vive en Ginebra, Suiza. Diana, trabaja y vive en Caracas, Venezuela.
Otro de los integrantes más representativos de las Farc, cuyos hijos consiguieron una buena formación académica debido a sus actividades, es Luis Alberto Albán Urbano, alias 'Marcos Calarcá'. Durante varios años 'Calarcá' era el vocero principal de la guerrilla en México, hasta que fue expulsado por el gobierno del presidente Vicente Fox. Tal vez por esta condición 'extranjera', sus hijos siempre han estado en el exterior. Raúl Ernesto Albán Torres, el primero de ellos es, según el servicio canadiense de Seguridad e Inteligencia (Csis), biólogo de la Universidad de la Concordia en Montreal, Canadá, con posgrado en ecología en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como profesor de agroecología en la Universidad Bolivariana de Venezuela y es uno de los principales líderes de la Coordinadora Continental Bolivariana en la ciudad de Caracas.
El otro hijo de este jefe guerrillero es Juan Jacobo Albán, estudiante de quinto año de sociología en la Universidad de La Habana y que, según las autoridades, es integrante de la llamada Comisión Internacional de las Farc.
A primera vista, es indignante para algunos sectores del país que los más altos dirigentes de las Farc mantengan a sus hijos en el exterior con privilegios 'burgueses' y no en el frente de batalla. Pero ser hijo de guerrillero no implica obligaciones con la 'revolución'. Ymucho menos si algunos de ellos, como los de 'Cano', eran pequeños cuando su papá se fue al monte.
Si se tratara de familiares de ciudadanos del común, ni las agencias de inteligencia ni las policiales estarían interesadas en qué hacen o dónde residen. Pero justamente por ser los hijos de reconocidos criminales, jefes de una organización considerada terrorista y que se lucra del narcotráfico, han quedado en la mira y en especial porque varios de ellos son financiados con la plata de las Farc. Y es posible que en algunos casos terminen pagando justos por pecadores, como les ocurrió a los Ben Laden, quienes hasta el 11 de septiembre de 2001 eran unos anónimos empresarios saudíes. Desde entonces, todos los aspectos de sus vidas son seguidos milimétricamente por culpa de las andanzas de Osama. Es que en el mundo que surgió de las cenizas de las Torres Gemelas, desapareció la tolerancia con los terroristas y eso irremediablemente se extiende a sus familias. En fin, son víctimas de las Farc.
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Mientras sus padres hacen la guerra, ellos viven en Europa, hablan varios idiomas y estudiaron en las mejores universidades.
Uno de los secretos mejor guardados por cualquiera de los protagonistas de la guerra en Colombia tiene que ver con su vida familiar. Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes siempre han protegido con el mayor sigilo a sus hijos y seres más queridos. Saben que son su lado flaco. Desde hace varios años, por lo menos tres miembros del Secretariado de las Farc decidieron enviar al exterior a sus hijos como una medida preventiva: 'Alfonso Cano', 'Raúl Reyes' e 'Iván Márquez'.
Por mucho tiempo, la presencia de sus familiares en países vecinos y, en particular, Europa, pasó medio inadvertido. Al fin y al cabo en las décadas de los 80 y 90, se consideraba a todos estos colombianos como refugiados políticos y víctimas del conflicto. Esa percepción cambió luego de la decisión de la Unión Europea de declarar a las Farc y al ELN como organizaciones terroristas en junio de 2002. A partir de ese momento, las agencias de inteligencia europeas se pusieron a la tarea de ubicar a posibles redes de apoyo a las guerrillas. Gracias a esas pesquisas, las autoridades europeas detectaron la presencia de familiares de importantes miembros de la subversión en el Viejo Mundo. Esas labores de inteligencia buscaban establecer, y diferenciar, cuáles de ellos estaban involucrados en actividades ilegales o de apoyo a la guerrilla y quiénes simplemente se hallaban en territorio europeo por razones de seguridad.
SEMANA obtuvo documentos de agencias de inteligencia canadienses, estadounidenses, británicas, españolas y alemanas, así como de la Europol, entidad que agrupa a todos los cuerpos de Policía de Europa, los cuales recogen la labor de varios años de trabajo encaminados a detectar las actividades de miembros o colaboradores de las Farc en el Viejo Continente. Hoy los organismos de inteligencia y Policía de algunos países europeos tienen claro qué hacen, dónde viven, dónde estudiaron y por cuales países del mundo se han movilizado los familiares de los comandantes de las Farc.
Esa investigación ha dejado al descubierto varias sorpresas, incluso, para las propias autoridades. Una de ellas fue descubrir que los hijos de integrantes del Secretariado de las Farc viven y se movilizan tranquila y cómodamente en diferentes lugares de Europa y en países latinoamericanos.
Los hijos del comandante
Uno de los casos que más han documentado la Europol y la agencia de inteligencia alemana BND (Bundesnachrichtendienst) es el de los hijos del actual comandante de las Farc, Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano'. A mediados de los años 70, antes de pasar de lleno a la clandestinidad y refugiarse en las montañas, Cano tuvo dos hijos: Federico y Felipe Andrés. El primero nació el 16 de enero de 1975, y las autoridades saben que por lo menos desde hace siete años vive por fuera de Colombia.
Federico tiene una formación académica envidiable; realizó estudios de licenciatura en Economía y maestría en Economía Política en la Universidad de Ginebra. Tiene un máster en globalización, regulaciones sociales y desarrollo sostenible en la Universidad de Lausana. Aunque dice haber estudiado en la Universidad de Sydney, Australia, un vocero de esa entidad educativa le dijo a SEMANA que su nombre no aparece entre los ex alumnos. Federico habla perfectamente alemán, francés e inglés. Ha vivido en Venezuela, México, Estados Unidos, Australia, España, Alemania, Bulgaria y Suiza, en donde actualmente reside.
Aunque algunos de los estudios que realizó Federico los pudo hacer gracias a subsidios estatales en algunos de estos países, las agencias de inteligencia europeas detectaron que gran parte de los costos de la educación fueron pagados con dinero enviado por su padre, el actual jefe máximo de las Farc.
Federico ha trabajado en diversas compañías en Europa como consultor. Su último puesto fue en Fora (Fundación para el Desarrollo de la Comunidad), que está basado en Sofía, Bulgaria. Marina Brakalova, directora de Fora, le dijo a SEMANA que Federico estuvo con ellos apenas tres meses (de octubre de 2007 a enero de 2008). Fue contratado por medio de un programa de prácticas empresariales suizo llamado Syni. Brakalova dijo que no quedaron satisfechos con su desempeño profesional y por eso fue devuelto a Ginebra antes de tiempo. No conocía los antecedentes delictivos del padre del joven consultor.
De julio de 2006 a junio de 2007, Federico fue un analista de inversión de Symbiotics, una proveedora de servicios de microfinanzas. Tuvo un especial énfasis en Perú y Bolivia. Fabio Sofía, el gerente para América Latina de Symbiotics, le dijo a SEMANA que Federico les advirtió que él no podía viajar a Colombia, pero no explicó los motivos. Sofía se imaginó que era por razones de seguridad ya que, según manifestó, muchos colombianos en Suiza están allí por esas razones. Tampoco había sido informado que Federico era el hijo de 'Alfonso Cano'.
En su hoja de vida Federico resalta como experiencia laboral su participación en asistencia en marketing y comunicaciones para el Foro Humanitario de Ginebra, un proyecto del Comité Internacional de la Cruz Roja y actividades como asistente de investigación con el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (Unrisd). Con Unrisd, Federico participó en un estudio sobre movimientos populares y reforma agraria publicado a finales de 2001.
Según se desprende de su hoja de vida, a Federico le encanta jugar voleibol, le gustaría aprender acupuntura y es fanático de la música salsa. De hecho es el corresponsal en Ginebra de una página de Internet sobre ese género musical.
Su hermano menor, Andrés Felipe, también vive y estudia en esa ciudad suiza y ha estado matriculado en universidades en Francia y Australia. Según las autoridades, la última vez que Federico vio a 'Alfonso Cano' fue hace varios años cuando lo visitó en "las montañas de Colombia" (ver foto). Los organismos de inteligencia europeos afirman que no hay evidencia de que los dos jóvenes estén involucrados con actividades relacionadas directamente con las Farc en el Viejo Continente. Sin embargo, no ha pasado inadvertido para ellos que parte del dinero con el que han pagado sus estudios, viajes y sostenimiento provenga de su padre, jefe de una organización considerada terrorista, según informes de la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos (NSA, por su sigla en inglés), la más poderosa central de inteligencia del mundo por su capacidad tecnológica.
SEMANA llamó en repetidas oportunidades a Federico Sáenz y le envió correos electrónicos para hablar sobre su vida, pero no fue posible obtener su respuesta.
Los otros
Los hijos de 'Alfonso Cano' no son los únicos sobre los cuales las agencias de inteligencia y Policía de Europa tienen puestos los ojos y poseen completa información. Las actividades de los tres hijos de Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', también hacen parte de un completo informe sobre los familiares de los jefes guerrilleros elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), la CIA y otros organismos policiales como Europol.
Adriana, la mayor de sus hijos, estudió y vive desde hace varios años en Francia, cerca de la frontera con Suiza. Óscar Iván, el segundo hijo del subversivo, también estuvo en París pero actualmente está radicado en México. Judy Andrea, la menor, reside en Venezuela y es quien tiene la posibilidad de estar en mayor contacto con su padre debido a que el campamento principal del guerrillero está en ese país, cerca de la frontera con Colombia, según agencias de inteligencia.
Debido al largo tiempo que lleva en Francia, Andrea tiene doble nacionalidad (colombo-francesa). Europol tiene correos electrónicos y cuentas bancarias, que demostrarían la ayuda económica que 'Márquez' les proporcionó a sus hijos para que puedan estudiar y vivir en el exterior.
Al igual que 'Cano' y 'Márquez', Luis Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', también optó por que todos sus hijos estudiaran y vivieran en el exterior. Este jefe guerrillero, muerto en una operación militar en marzo pasado, tuvo cuatro hijos. A diferencia de los otros jefes guerrilleros, la formación universitaria de la mayoría de sus hijos y gran parte de la vida de ellos transcurrió en Cuba.
Ariel Robespiere Devia, hijo del primer matrimonio de 'Reyes', es sicólogo egresado de la Universidad de La Habana en donde realizó una maestría en sicología clínica. Actualmente vive en París con su esposa, de nacionalidad italiana. Lida Carmenza Devia Collazos, de 33 años, es sicóloga social, con magíster en sicología social de la Universidad de La Habana. Laura Devia, la tercera de las hijas, también estudió en Cuba y vive en México. El hijo menor del abatido jefe guerrillero, Yeri Core Devia, vive y estudia actualmente en La Habana.
El caso de los hijos de 'Reyes' guarda una diferencia con los de 'Cano' y 'Márquez'. 'Reyes' no usó la plata de la 'revolución' para llevar y financiar los estudios de sus hijos en el exterior. Lo que sí intentó fue utilizar su posición dentro de las Farc y los contactos internacionales para tratar de llevar a sus hijos al Viejo Continente. Algunos meses antes de su muerte, le escribió varios correos electrónicos a sus hijos, los cuales fueron encontrados en los computadores que el jefe guerrillero tenía en su campamento, en los que les contaba las gestiones que venía adelantando. A mediados de julio de este año el programa La Noche de RCN reveló varias de estas comunicaciones en las que quedaba claro los intentos de 'Reyes' por sacar a sus hijos a Francia.
"Hola mi querida hija, la saludo con inmenso abrazo y besos extensivos al niño y sus hermanos. Aquí continuamos con buena salud y mucho trabajo. Recibí visita del señor Noel Sáez, emisario del gobierno de Francia, para las relaciones con las Farc. Me comentó el señor que mi hija que vive en Cuba había solicitado visa para su país y que ellos tenían toda la voluntad de concederla por ser quien es. Le agradecí la oferta y buena disposición de su gobierno, explicando que yo no solicito estas cosas para evitar que comprometan a la organización que represento. Me pidió su nombre y una dirección para ordenarle a su embajada en ese país, buscarla a fin de tramitarle el viaje. Nuevamente le agradecí y le dije que tiene un niño menor de 2 años y su compañero de nacionalidad cubana, a lo cual respondió que llevaban a los tres", dice uno de los apartes del correo, revelado por La Noche, enviado por 'Reyes' a su hija Lidia.
"Le conté que es egresada de la Universidad de La Habana con magíster en sicología clínica, me dijo que con título profesional es más fácil conseguir trabajo, luego de los seis meses que dura aprender el idioma. Para el niño también existen programas de orientación y más tarde estudio. Ellos mismos por ir, como van, le ayudan a conseguir trabajo. Al cabo de cinco años de vivir allá puede solicitar nacionalidad de ese país y cumplidos los 10 años la tiene por derecho propio, el requisito es aceptar y cumplir las leyes de su país. Le di su nombre y el número del teléfono, espero lo tenga bien en mis apuntes", afirma otro de los apartes de ese correo escrito en febrero de 2008. Los planes de 'Reyes' de llevar a sus hijos a Europa quedaron inconclusos ya que no logró finalizar sus 'gestiones políticas' debido a su muerte.
El 'Canciller' y 'Calarcá'
Las que sí corrieron con la suerte de poder estudiar y vivir en Europa fueron las hijas de Rodrigo Granda, el llamado 'canciller de las Farc'. Aunque no hace parte del Secretariado, Granda es uno de los hombres más importantes para esa guerrilla debido a que era el responsable de parte de las relaciones políticas internacionales de la misma. En enero de 2005 fue capturado en Venezuela y en junio de 2007 fue liberado por orden del presidente Álvaro Uribe para adelantar gestiones humanitarias. Hoy, es nuevamente buscado por la Interpol.
Las dos hijas de Granda, Mónica María y Diana Granda Restrepo estudiaron en Ginebra. Aunque viaja con frecuencia a diferentes países de Latinoamérica la primera vive en Ginebra, Suiza. Diana, trabaja y vive en Caracas, Venezuela.
Otro de los integrantes más representativos de las Farc, cuyos hijos consiguieron una buena formación académica debido a sus actividades, es Luis Alberto Albán Urbano, alias 'Marcos Calarcá'. Durante varios años 'Calarcá' era el vocero principal de la guerrilla en México, hasta que fue expulsado por el gobierno del presidente Vicente Fox. Tal vez por esta condición 'extranjera', sus hijos siempre han estado en el exterior. Raúl Ernesto Albán Torres, el primero de ellos es, según el servicio canadiense de Seguridad e Inteligencia (Csis), biólogo de la Universidad de la Concordia en Montreal, Canadá, con posgrado en ecología en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como profesor de agroecología en la Universidad Bolivariana de Venezuela y es uno de los principales líderes de la Coordinadora Continental Bolivariana en la ciudad de Caracas.
El otro hijo de este jefe guerrillero es Juan Jacobo Albán, estudiante de quinto año de sociología en la Universidad de La Habana y que, según las autoridades, es integrante de la llamada Comisión Internacional de las Farc.
A primera vista, es indignante para algunos sectores del país que los más altos dirigentes de las Farc mantengan a sus hijos en el exterior con privilegios 'burgueses' y no en el frente de batalla. Pero ser hijo de guerrillero no implica obligaciones con la 'revolución'. Ymucho menos si algunos de ellos, como los de 'Cano', eran pequeños cuando su papá se fue al monte.
Si se tratara de familiares de ciudadanos del común, ni las agencias de inteligencia ni las policiales estarían interesadas en qué hacen o dónde residen. Pero justamente por ser los hijos de reconocidos criminales, jefes de una organización considerada terrorista y que se lucra del narcotráfico, han quedado en la mira y en especial porque varios de ellos son financiados con la plata de las Farc. Y es posible que en algunos casos terminen pagando justos por pecadores, como les ocurrió a los Ben Laden, quienes hasta el 11 de septiembre de 2001 eran unos anónimos empresarios saudíes. Desde entonces, todos los aspectos de sus vidas son seguidos milimétricamente por culpa de las andanzas de Osama. Es que en el mundo que surgió de las cenizas de las Torres Gemelas, desapareció la tolerancia con los terroristas y eso irremediablemente se extiende a sus familias. En fin, son víctimas de las Farc.
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Fiscalía ocupó bienes del papá del gobernador del Valle
Fiscalía ocupó bienes del papá del gobernador del Valle
En un operativo liderado por la Fiscalía y la Dijín, las autoridades ocuparon 17 bienes de Carlos Herney Abadía Campo, padre del actual gobernador del Valle del Cauca, en un proceso por extinción de dominio. Abadía Campo ya había sido condenado a 50 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito.
Este jueves, la Fiscalía y la Dijín ocuparon 17 inmuebles, con fines de extinción de dominio, pertenecientes a Carlos Herney Abadía Ocampo, padre del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía; vinculado al proceso 8000 por enriquecimiento ilícito y mentor político del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra de Convergencia Ciudadana, señalado por alias ‘H.H.’ de tener nexos con paramilitares.
Los bienes avaluados aproximadamente en 3 mil millones de pesos, están ubicados en los municipios de Buga, Guacarí, Yotoco y un lujoso apartamento en la ciudad Bogotá. Incluso, uno de los bienes aparece a nombre del gobernador Juan Carlos Abadía, un lote ubicado en el municipio de Guacarí, donde están instaladas varias antenas de transmisión.
Abadía fue condenado durante la investigación del ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Ernesto Samper, conocido como el proceso 8000. En ese proceso fue condenado a 50 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Carlos Herney Abadía también fue senador liberal. Se fugó de la casa fiscal donde pagaba su pena y fundó luego el Movimiento Popular Unido, que avaló en el 2002 a los congresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, hoy detenidos por presuntos nexos con las autodefensas.
Además, Carlos Herney Abadía es el padrino político del senador de Convergencia Ciudadana Juan Carlos Martínez Sinisterra, señalado en varias oportunidades por ‘H.H’ de tener nexos con las autodefensas. La Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación preliminar contra él y contra los congresistas Luis Carlos Restrepo Orozco y Dilian Francisca Toro, todos del Valle. Con los dos primeros surgen coincidencias muy particulares que dejan entrever que el narcotráfico podría convertirse en el hilo conductor de la parapolítica en el departamento. También pesa contra ellos que ambos crecieron políticamente en medio de las turbulencias de dos carteles: el del Pacífico y el del Norte del Valle. Los dos admiten conocer, aunque sea de vista, a estos capos.
Con la decisión judicial, el gobernador del Valle vuelve a ser blanco de ataques, luego de que lo señalaran varias veces de favorecerse del senador Martínez y promover junto a él una supuesta red de lavado de dineros de la mafia. El tema hasta ahora se ha quedado en denuncias verbales.
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En un operativo liderado por la Fiscalía y la Dijín, las autoridades ocuparon 17 bienes de Carlos Herney Abadía Campo, padre del actual gobernador del Valle del Cauca, en un proceso por extinción de dominio. Abadía Campo ya había sido condenado a 50 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito.
Este jueves, la Fiscalía y la Dijín ocuparon 17 inmuebles, con fines de extinción de dominio, pertenecientes a Carlos Herney Abadía Ocampo, padre del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía; vinculado al proceso 8000 por enriquecimiento ilícito y mentor político del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra de Convergencia Ciudadana, señalado por alias ‘H.H.’ de tener nexos con paramilitares.
Los bienes avaluados aproximadamente en 3 mil millones de pesos, están ubicados en los municipios de Buga, Guacarí, Yotoco y un lujoso apartamento en la ciudad Bogotá. Incluso, uno de los bienes aparece a nombre del gobernador Juan Carlos Abadía, un lote ubicado en el municipio de Guacarí, donde están instaladas varias antenas de transmisión.
Abadía fue condenado durante la investigación del ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Ernesto Samper, conocido como el proceso 8000. En ese proceso fue condenado a 50 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Carlos Herney Abadía también fue senador liberal. Se fugó de la casa fiscal donde pagaba su pena y fundó luego el Movimiento Popular Unido, que avaló en el 2002 a los congresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, hoy detenidos por presuntos nexos con las autodefensas.
Además, Carlos Herney Abadía es el padrino político del senador de Convergencia Ciudadana Juan Carlos Martínez Sinisterra, señalado en varias oportunidades por ‘H.H’ de tener nexos con las autodefensas. La Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación preliminar contra él y contra los congresistas Luis Carlos Restrepo Orozco y Dilian Francisca Toro, todos del Valle. Con los dos primeros surgen coincidencias muy particulares que dejan entrever que el narcotráfico podría convertirse en el hilo conductor de la parapolítica en el departamento. También pesa contra ellos que ambos crecieron políticamente en medio de las turbulencias de dos carteles: el del Pacífico y el del Norte del Valle. Los dos admiten conocer, aunque sea de vista, a estos capos.
Con la decisión judicial, el gobernador del Valle vuelve a ser blanco de ataques, luego de que lo señalaran varias veces de favorecerse del senador Martínez y promover junto a él una supuesta red de lavado de dineros de la mafia. El tema hasta ahora se ha quedado en denuncias verbales.
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The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
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La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
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Cayó ‘Memín’, uno de los narcotraficantes más buscados de Antioquia
Cayó ‘Memín’, uno de los narcotraficantes más buscados de Antioquia
On Line Luis Arnulfo Tuberquia, ex integrante del Bloque Noroccidental de las autodefensas y líder de la banda emergente conocida como Águilas Negras, fue capturado por la Policía en el Atlántico.
El ex paramilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, uno de los delincuentes más buscados en Antioquia después de ‘Don Mario’, fue capturado este jueves por un grupo especial de la Policía que se desplazó desde Bogotá hacia el departamento del Atlántico.
“A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado ‘El Yiyo’, que queda ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos por cuenta mía, no se preocupe mi general”, fue la orden que el presidente Álvaro Uribe dio el pasado 29 de julio a los comandantes de la Policía y del Ejército en Antioquia, tras recibir información de los movimientos que ambos delincuentes hacían en esta región del país.
De “Memín” se comenzaron a escuchar noticias desde hace tres años. El 11 de septiembre de 2005 se desmovilizó junto a otros 221 hombres, durante un acto que se cumplió en la Escuela Rural El Rodeo, en el municipio de Sopetrán. Sin embargo, no se acogió a la Ley de Justicia y Paz, sino que continuó su accionar delictivo con una banda dedicada al narcotráfico con operaciones en el norte y occidente de Antioquia.
El ex paramilitar también militó en la guerrilla. Primero lo hizo en el Ejército Polular de Liberación (Epl) y luego en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Pero la mayoría del tiempo estuvo como miembro de AUC, donde ascendió hasta ser uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño y de los miembros del estado mayor negociador.
La semana pasada, precisamente, en el municipio de Olaya, fueron confiscados dos fusiles AK- 47, una mina antipersona, 100 cartuchos para fusil, 6 mil gramos de base de coca, 8 mil gramos de marihuana e insumos para procesar narcóticos pertenecientes a su banda. En total, este año se han incautado 28 caletas en el Bajo Cauca con 178 armas de fuego, 106 mil balas, mas de 80 granadas, material bélico y de comunicaciones, media tonelada de cocaína lista para exportación y 200 kilos de base de coca, listos para proceso de cristalización.
Aunque se movía en 22 municipios de Antioquia, la Policía lo encontró en Luruaco, un pequeño pueblo al suroccidente del Atlántico. Según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, trabajos de inteligencia de la Policía lograron ubicar su residencia gracias a la ayuda de un informante, en una finca entre Bolívar y Atlántico. “Allá llegaron dos helicópteros y encontraron a este señor con tres personas más. Ninguno puso resistencia”, dijo el funcionario.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, aseguró que su detención es un golpe contundente a los grupos delincuenciales de del norte de Antioquia que se dedican a la mafia y al crimen.
Tuberquia también es conocido con los alias de “El Indio”, “Gata Arisca”, “Luis” y “El Topo”.
A “Memín” la justicia especializada de Antioquia lo condenó en enero de 2003, como reo ausente, a 30 años de prisión por secuestro simple, concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. La investigación está relacionada con la desaparición, el 21 de abril de 1998, de los abogados, Jairo de Jesús y Óscar Alberto Cobaleda Roldán, cerca a Uramita. La hermana de las víctimas, María Eugenia, es miembro de Las Madres de la Candelaria y en repetidas ocasiones ha hecho pública su historia y su desconsuelo por falta de respuestas para su caso. También está acusado de más de 400 asesinatos en el departamento.
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On Line Luis Arnulfo Tuberquia, ex integrante del Bloque Noroccidental de las autodefensas y líder de la banda emergente conocida como Águilas Negras, fue capturado por la Policía en el Atlántico.
El ex paramilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, uno de los delincuentes más buscados en Antioquia después de ‘Don Mario’, fue capturado este jueves por un grupo especial de la Policía que se desplazó desde Bogotá hacia el departamento del Atlántico.
“A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado ‘El Yiyo’, que queda ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos por cuenta mía, no se preocupe mi general”, fue la orden que el presidente Álvaro Uribe dio el pasado 29 de julio a los comandantes de la Policía y del Ejército en Antioquia, tras recibir información de los movimientos que ambos delincuentes hacían en esta región del país.
De “Memín” se comenzaron a escuchar noticias desde hace tres años. El 11 de septiembre de 2005 se desmovilizó junto a otros 221 hombres, durante un acto que se cumplió en la Escuela Rural El Rodeo, en el municipio de Sopetrán. Sin embargo, no se acogió a la Ley de Justicia y Paz, sino que continuó su accionar delictivo con una banda dedicada al narcotráfico con operaciones en el norte y occidente de Antioquia.
El ex paramilitar también militó en la guerrilla. Primero lo hizo en el Ejército Polular de Liberación (Epl) y luego en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Pero la mayoría del tiempo estuvo como miembro de AUC, donde ascendió hasta ser uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño y de los miembros del estado mayor negociador.
La semana pasada, precisamente, en el municipio de Olaya, fueron confiscados dos fusiles AK- 47, una mina antipersona, 100 cartuchos para fusil, 6 mil gramos de base de coca, 8 mil gramos de marihuana e insumos para procesar narcóticos pertenecientes a su banda. En total, este año se han incautado 28 caletas en el Bajo Cauca con 178 armas de fuego, 106 mil balas, mas de 80 granadas, material bélico y de comunicaciones, media tonelada de cocaína lista para exportación y 200 kilos de base de coca, listos para proceso de cristalización.
Aunque se movía en 22 municipios de Antioquia, la Policía lo encontró en Luruaco, un pequeño pueblo al suroccidente del Atlántico. Según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, trabajos de inteligencia de la Policía lograron ubicar su residencia gracias a la ayuda de un informante, en una finca entre Bolívar y Atlántico. “Allá llegaron dos helicópteros y encontraron a este señor con tres personas más. Ninguno puso resistencia”, dijo el funcionario.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, aseguró que su detención es un golpe contundente a los grupos delincuenciales de del norte de Antioquia que se dedican a la mafia y al crimen.
Tuberquia también es conocido con los alias de “El Indio”, “Gata Arisca”, “Luis” y “El Topo”.
A “Memín” la justicia especializada de Antioquia lo condenó en enero de 2003, como reo ausente, a 30 años de prisión por secuestro simple, concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. La investigación está relacionada con la desaparición, el 21 de abril de 1998, de los abogados, Jairo de Jesús y Óscar Alberto Cobaleda Roldán, cerca a Uramita. La hermana de las víctimas, María Eugenia, es miembro de Las Madres de la Candelaria y en repetidas ocasiones ha hecho pública su historia y su desconsuelo por falta de respuestas para su caso. También está acusado de más de 400 asesinatos en el departamento.
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Capturan a político por masacre de Trujillo
Capturan a político por masacre de Trujillo
On Line Con la captura del ex diputado Rubén Darío Agudelo Puerta se abre un nuevo capítulo sobre la posible responsabilidad de dirigentes políticos en el asesinato y desaparición de 342 personas en el Valle del Cauca.
Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La trágica historia de Trujillo, un pequeño municipio ubicado al noroccidente del Valle del Cauca, se niega a quedar en el olvido.
Justo ahora que sus habitantes conmemoran 18 años del episodio de violencia que durante 8 años bañó con sangre sus calles y campos, las autoridades parecen haber escuchado el clamor de los familiares de las víctimas.
Hoy la Fiscalía profirió orden de captura contra el ex presidente de la asamblea del Valle, Rubén Darío Agudelo Puerta. El curtido político del partidor Conservador, estuvo en la duma departamental hasta diciembre de 2007. Aunque intentó ser reelegido para el periodo 2008-2011, no le alcanzaron los 8.735 votos que facturó. Fue alcalde de Trujillo y actualmente su esposa Gloria Amparo Espinosa ocupa ese cargo.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, al ex diputado se le endilga su responsabilidad en la muerte de al menos 107 personas de las 342 que fueron brutalmente asesinadas entre 1986 - 1994.
La vinculación de Agudelo Puerta en el proceso que actualmente investiga una comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene vital importancia por cuanto el caso está rodeado de completa impunidad y los únicos procesados por ese hecho son el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quien actualmente se encuentra en juicio y el mayor del ejército Alirio Urueña, capturado en 2007.
Precisamente en una de las audiencias que se desarrolló a comienzos de este año en Buga, Valle, El Alacrán a través de su abogado defensor, le pidió al juez repetir la recopilación de testimonios en su contra y que en ellos se agregue la declaración del ex ministro de Justicia y dirigente conservador del Valle, Carlos Holguín Sardi. La petición fue negada ( ver entrevista anexa ).
Hasta ahora no había sido vinculado ningún político al caso, pese a ser un elemento clave a la hora de reconstruir el rompecabezas de lo que realmente ocurrió con esa masacre y aclarar los verdaderos autores intelectuales, colaboradores y auspiciadores de una guerra que bajo la disculpa de acabar con reductos guerrilleros acabó con la vida de campesinos, mujeres y niños.
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Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La trágica historia de Trujillo, un pequeño municipio ubicado al noroccidente del Valle del Cauca, se niega a quedar en el olvido.
Justo ahora que sus habitantes conmemoran 18 años del episodio de violencia que durante 8 años bañó con sangre sus calles y campos, las autoridades parecen haber escuchado el clamor de los familiares de las víctimas.
Hoy la Fiscalía profirió orden de captura contra el ex presidente de la asamblea del Valle, Rubén Darío Agudelo Puerta. El curtido político del partidor Conservador, estuvo en la duma departamental hasta diciembre de 2007. Aunque intentó ser reelegido para el periodo 2008-2011, no le alcanzaron los 8.735 votos que facturó. Fue alcalde de Trujillo y actualmente su esposa Gloria Amparo Espinosa ocupa ese cargo.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, al ex diputado se le endilga su responsabilidad en la muerte de al menos 107 personas de las 342 que fueron brutalmente asesinadas entre 1986 - 1994.
La vinculación de Agudelo Puerta en el proceso que actualmente investiga una comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene vital importancia por cuanto el caso está rodeado de completa impunidad y los únicos procesados por ese hecho son el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quien actualmente se encuentra en juicio y el mayor del ejército Alirio Urueña, capturado en 2007.
Precisamente en una de las audiencias que se desarrolló a comienzos de este año en Buga, Valle, El Alacrán a través de su abogado defensor, le pidió al juez repetir la recopilación de testimonios en su contra y que en ellos se agregue la declaración del ex ministro de Justicia y dirigente conservador del Valle, Carlos Holguín Sardi. La petición fue negada ( ver entrevista anexa ).
Hasta ahora no había sido vinculado ningún político al caso, pese a ser un elemento clave a la hora de reconstruir el rompecabezas de lo que realmente ocurrió con esa masacre y aclarar los verdaderos autores intelectuales, colaboradores y auspiciadores de una guerra que bajo la disculpa de acabar con reductos guerrilleros acabó con la vida de campesinos, mujeres y niños.
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Acusan a Uribe de violar los derechos humanos
Acusan a Uribe de violar los derechos humanos
Por: EFE
Varios movimientos sociales y defensores de las minorías acusaron este miércoles al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de ser responsable de violaciones de los derechos humanos en el país y criticaron a la Unión Europea (UE) por su apoyo "político y moral" al Gobierno.
"Hay pruebas contundentes de que el Estado colombiano ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad", aseguró en una rueda de prensa la coordinadora general del tribunal internacional de opinión que se celebra en Bruselas para analizar la situación humanitaria en el país latinoamericano, Lilia Solano.
Este tribunal, convocado por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas, presentará este miércoles una declaración final tras escuchar durante dos días testimonios de decenas de personas en los que se denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos.
Entre aquellos en los que estaría directamente involucrado el Gobierno, Solano mencionó la matanza en la aldea de El Aro, en la región de Antioquia, cuando ésta estaba gobernada por el hoy presidente Uribe.
Según la coordinadora del tribunal, después de "entrar al pueblo, cortar las cabezas de las personas y jugar al fútbol con ellas", los paramilitares fueron felicitados por Uribe, según habría confesado uno de los participantes en los hechos.
El presidente del tribunal internacional de opinión, el sacerdote belga François Houtart, aseguró que en los últimos años la situación de los derechos humanos en Colombia "lejos de mejorar, ha empeorado".
Houtart criticó el papel de las multinacionales europeas en Colombia y la actitud de los gobiernos de la UE, a los que consideró "responsables" de la situación por su apoyo a estas compañías y al Gobierno de Uribe.
En este sentido, el presidente del tribunal denunció también a las instituciones comunitarias y aseguró que, durante su última visita a Colombia, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, no se reunió con "ningún movimiento social" ni con ninguna asociación de defensa de los derechos humanos, lo que a su juicio muestra las prioridades de la UE.
Por su parte, el eurodiputado español Willy Meyer, del grupo de la Izquierda Unitaria, aseguró que los datos aportados ante el tribunal de opinión de Bruselas "pueden ser importantes" de cara a una solución negociada del conflicto colombiano.
Según fuentes del tribunal, la declaración final recogerá probablemente los veredictos de las sesiones similares celebradas anteriormente en Colombia y una mención concreta a la responsabilidad de la comunidad internacional.
www.elespectador.com
Por: EFE
Varios movimientos sociales y defensores de las minorías acusaron este miércoles al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de ser responsable de violaciones de los derechos humanos en el país y criticaron a la Unión Europea (UE) por su apoyo "político y moral" al Gobierno.
"Hay pruebas contundentes de que el Estado colombiano ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad", aseguró en una rueda de prensa la coordinadora general del tribunal internacional de opinión que se celebra en Bruselas para analizar la situación humanitaria en el país latinoamericano, Lilia Solano.
Este tribunal, convocado por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas, presentará este miércoles una declaración final tras escuchar durante dos días testimonios de decenas de personas en los que se denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos.
Entre aquellos en los que estaría directamente involucrado el Gobierno, Solano mencionó la matanza en la aldea de El Aro, en la región de Antioquia, cuando ésta estaba gobernada por el hoy presidente Uribe.
Según la coordinadora del tribunal, después de "entrar al pueblo, cortar las cabezas de las personas y jugar al fútbol con ellas", los paramilitares fueron felicitados por Uribe, según habría confesado uno de los participantes en los hechos.
El presidente del tribunal internacional de opinión, el sacerdote belga François Houtart, aseguró que en los últimos años la situación de los derechos humanos en Colombia "lejos de mejorar, ha empeorado".
Houtart criticó el papel de las multinacionales europeas en Colombia y la actitud de los gobiernos de la UE, a los que consideró "responsables" de la situación por su apoyo a estas compañías y al Gobierno de Uribe.
En este sentido, el presidente del tribunal denunció también a las instituciones comunitarias y aseguró que, durante su última visita a Colombia, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, no se reunió con "ningún movimiento social" ni con ninguna asociación de defensa de los derechos humanos, lo que a su juicio muestra las prioridades de la UE.
Por su parte, el eurodiputado español Willy Meyer, del grupo de la Izquierda Unitaria, aseguró que los datos aportados ante el tribunal de opinión de Bruselas "pueden ser importantes" de cara a una solución negociada del conflicto colombiano.
Según fuentes del tribunal, la declaración final recogerá probablemente los veredictos de las sesiones similares celebradas anteriormente en Colombia y una mención concreta a la responsabilidad de la comunidad internacional.
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Gobierno pide perdón a familiares de 245 víctimas de masacres en Trujillo
Gobierno pide perdón a familiares de 245 víctimas de masacres en Trujillo
'Esto es parte de un pasado que nos avergüenza a todos, pues tenemos que reconocer que el Estado fue incapaz de proteger la vida de quienes hoy recordamos", dijo el vicepresidente Francisco Santos.
El funcionario presidió la entrega del informe de la Comisión Nacional de Reparación sobre la masacre de Trujillo, en la que fueron asesinadas 245 personas a lo largo de 8 años.
Santos dijo que "el Estado no fue capaz de garantizar la vida, de proteger (a las víctimas), de hacer justicia con los responsables y de reparar integralmente a sus familiares".
Minutos antes, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión, le había pedido perdón a Trujillo por la tragedia que vivió entre los 80 y los 90.
Este acto de contición del Estado se produjo más de una década después de que el presidente Ernesto Samper pidió perdón por la masacre de Trujillo (Valle) a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Vicepresidente aseguró que produce "vergüenza y dolor" la intervención en estos crímenes de miembros del Ejército y la Policía y dijo que no tiene justificación que varios de ellos hayan actuado "con complicidad, en coautoría y de forma negligente frente al accionar de los sicarios y sus jefes en la zona".
Un coronel retirado -Alirio Antonio Urueña, que por la época era mayor del Ejército- fue detenido este año por las muertes que aterrorizaron a Trujillo.
Santos anunció, además, que le solicitó al fiscal Mario Iguarán el traslado a Bogotá de los expedientes del caso, pues "se evidencian la falta de aplicación de justicia, la total impunidad".
Precisamente esta fue una de las recomendaciones del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación en el informe entregado ayer al Vicepresidente. Iguarán respondió que esa decisión ya está en marcha y que se promoverán acciones de revisión (reapertura) de procesos que ya habían sido cerrados.
El Vicepresidente, que pidió que la Judicatura investigue por qué los jueces no han tomado decisiones contra los responsables de la masacre, pidió también que se aceleren los procesos de extinción de dominio sobre las haciendas 'Las Violetas', de propiedad de Diego León Montoya, alias 'don Diego', y 'Villa Paola', del confeso narcotraficante Henry Loaiza, 'El Alacrán', donde se cometieron las masacres.
"Lo menos que puede hacer el Estado es extinguir el dominio sobre estas fincas y entregarlas a los familiares de las víctimas", afirmó Santos.
'Que Ministerio pida perdón'
Una de las recomendaciones más importantes del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación en su informe 'Trujillo, una tragedia que no cesa' es que el Ministerio de Defensa realice un acto público para pedir perdón a las víctimas "de forma individualizada, cuando estas fueron victimizadas por las fuerzas del Estado directa o indirectamente".
Además, pide que el Gobierno postergue la extradición del narcotraficante alias 'don Diego' hasta que se determine su responsabilidad en la masacre.
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'Esto es parte de un pasado que nos avergüenza a todos, pues tenemos que reconocer que el Estado fue incapaz de proteger la vida de quienes hoy recordamos", dijo el vicepresidente Francisco Santos.
El funcionario presidió la entrega del informe de la Comisión Nacional de Reparación sobre la masacre de Trujillo, en la que fueron asesinadas 245 personas a lo largo de 8 años.
Santos dijo que "el Estado no fue capaz de garantizar la vida, de proteger (a las víctimas), de hacer justicia con los responsables y de reparar integralmente a sus familiares".
Minutos antes, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión, le había pedido perdón a Trujillo por la tragedia que vivió entre los 80 y los 90.
Este acto de contición del Estado se produjo más de una década después de que el presidente Ernesto Samper pidió perdón por la masacre de Trujillo (Valle) a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Vicepresidente aseguró que produce "vergüenza y dolor" la intervención en estos crímenes de miembros del Ejército y la Policía y dijo que no tiene justificación que varios de ellos hayan actuado "con complicidad, en coautoría y de forma negligente frente al accionar de los sicarios y sus jefes en la zona".
Un coronel retirado -Alirio Antonio Urueña, que por la época era mayor del Ejército- fue detenido este año por las muertes que aterrorizaron a Trujillo.
Santos anunció, además, que le solicitó al fiscal Mario Iguarán el traslado a Bogotá de los expedientes del caso, pues "se evidencian la falta de aplicación de justicia, la total impunidad".
Precisamente esta fue una de las recomendaciones del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación en el informe entregado ayer al Vicepresidente. Iguarán respondió que esa decisión ya está en marcha y que se promoverán acciones de revisión (reapertura) de procesos que ya habían sido cerrados.
El Vicepresidente, que pidió que la Judicatura investigue por qué los jueces no han tomado decisiones contra los responsables de la masacre, pidió también que se aceleren los procesos de extinción de dominio sobre las haciendas 'Las Violetas', de propiedad de Diego León Montoya, alias 'don Diego', y 'Villa Paola', del confeso narcotraficante Henry Loaiza, 'El Alacrán', donde se cometieron las masacres.
"Lo menos que puede hacer el Estado es extinguir el dominio sobre estas fincas y entregarlas a los familiares de las víctimas", afirmó Santos.
'Que Ministerio pida perdón'
Una de las recomendaciones más importantes del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación en su informe 'Trujillo, una tragedia que no cesa' es que el Ministerio de Defensa realice un acto público para pedir perdón a las víctimas "de forma individualizada, cuando estas fueron victimizadas por las fuerzas del Estado directa o indirectamente".
Además, pide que el Gobierno postergue la extradición del narcotraficante alias 'don Diego' hasta que se determine su responsabilidad en la masacre.
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Acusan a Álvaro Uribe de violación de DDHH y a la UE por su apoyo 'político y moral' al mandatario
Acusan a Álvaro Uribe de violación de DDHH y a la UE por su apoyo 'político y moral' al mandatario
Un Tribunal Internacional de Opinión argumenta tener documentos que involucra al Estado colombiano en "casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y tortura".
Así lo aseguró Lilia Solano, la coordinadora del tribunal, convocado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y movimientos campesinos colombianos, y con el apoyo del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento.
En los tres días que el Tribunal sesionó se presentó "documentación que trae pruebas contundentes de que el Estado colombiano ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad", agregó Solano.
Al ser consultada sobre casos concretos en los que se involucra al presidente Uribe, Solano mencionó la denominada "Masacre de El Aro", ocurrida en 1997 en la región de Antioquia, gobernada en ese entonces por el actual jefe de Estado colombiano.
En esa masacre, "paramilitares entraron a un pueblo, cortaron las cabezas de las personas y jugaron al fútbol" con ellas, antes de visitar a Uribe en la gobernación de Antioquia para informarle sobre el hecho y recibir su felicitación, según confesó un miembro de ese grupo, explicó Solano.
"Estamos seguros de que los países europeos no quieren respaldar violaciones a los derechos humanos, no quieren respaldar la ausencia de democracia que hay en Colombia y, muchos menos, el descuido del medio ambiente por parte de muchas de las empresas que operan en Colombia", agregó, al justificar la presencia del tribunal en la sede del Europarlamento en Bruselas.
La actividad de las empresas europeas en Colombia fue objeto de duras críticas, que alcanzaron también a responsables de la Unión Europea (UE) acusados de tener una "responsabilidad fuerte" por la situación en el país andino a través de su "apoyo político y moral" a Uribe.
El sacerdote François Houtart, presidente de Tribunal, afirmó que el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana, no se reunió durante su última visita a Colombia con "ningún movimiento social popular y ninguna organización de defensa de derechos humanos".
El vicepresidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, el eurodiputado español Willy Meyer, recordó que el grupo de Izquierda Unitaria defiende una "salida negociada al conflicto de Colombia" y destacó la importancia de la sesión del tribunal en Bruselas.
"Las conclusiones del tribunal pueden ser importantes para aportar datos concretos de violación de los derechos humanos en Colombia que se pongan al servicio de esa solución negociada de ese conflicto", indicó.
El Tribunal que sesionó en Bruselas se sitúa en la línea de otros similares organizados en Bogotá desde 2006 y que han analizado distintas denuncias por violaciones de los derechos humanos contra el Estado colombiano.
Efe
www.eltiempo.com
Un Tribunal Internacional de Opinión argumenta tener documentos que involucra al Estado colombiano en "casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y tortura".
Así lo aseguró Lilia Solano, la coordinadora del tribunal, convocado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y movimientos campesinos colombianos, y con el apoyo del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento.
En los tres días que el Tribunal sesionó se presentó "documentación que trae pruebas contundentes de que el Estado colombiano ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad", agregó Solano.
Al ser consultada sobre casos concretos en los que se involucra al presidente Uribe, Solano mencionó la denominada "Masacre de El Aro", ocurrida en 1997 en la región de Antioquia, gobernada en ese entonces por el actual jefe de Estado colombiano.
En esa masacre, "paramilitares entraron a un pueblo, cortaron las cabezas de las personas y jugaron al fútbol" con ellas, antes de visitar a Uribe en la gobernación de Antioquia para informarle sobre el hecho y recibir su felicitación, según confesó un miembro de ese grupo, explicó Solano.
"Estamos seguros de que los países europeos no quieren respaldar violaciones a los derechos humanos, no quieren respaldar la ausencia de democracia que hay en Colombia y, muchos menos, el descuido del medio ambiente por parte de muchas de las empresas que operan en Colombia", agregó, al justificar la presencia del tribunal en la sede del Europarlamento en Bruselas.
La actividad de las empresas europeas en Colombia fue objeto de duras críticas, que alcanzaron también a responsables de la Unión Europea (UE) acusados de tener una "responsabilidad fuerte" por la situación en el país andino a través de su "apoyo político y moral" a Uribe.
El sacerdote François Houtart, presidente de Tribunal, afirmó que el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana, no se reunió durante su última visita a Colombia con "ningún movimiento social popular y ninguna organización de defensa de derechos humanos".
El vicepresidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, el eurodiputado español Willy Meyer, recordó que el grupo de Izquierda Unitaria defiende una "salida negociada al conflicto de Colombia" y destacó la importancia de la sesión del tribunal en Bruselas.
"Las conclusiones del tribunal pueden ser importantes para aportar datos concretos de violación de los derechos humanos en Colombia que se pongan al servicio de esa solución negociada de ese conflicto", indicó.
El Tribunal que sesionó en Bruselas se sitúa en la línea de otros similares organizados en Bogotá desde 2006 y que han analizado distintas denuncias por violaciones de los derechos humanos contra el Estado colombiano.
Efe
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450 ex paramilitares se habrían rearmado para unirse o combatir a narco alias 'Don Mario'
Entre julio y septiembre esos desmovilizados se habían dejado de reportar ante el Centro de la Alta Consejería para la Reincorporación en Caucasia.
La alarma la dio el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
En el área, el bajo Cauca antioqueño, se registra un incremento del 50 por ciento en las muertes y las autoridades relacionan ambos hechos con una pugna por el dominio de cultivos y rutas de la coca detrás de la que está 'don Mario'.
Una tercera hipótesis es que los ex combatientes de marcharon antes de que los mataran. Este año van diez ex 'paras' asesinados.
"Nosotros no queremos que este municipio sea objetivo de las bandas. Lo que pedimos es que la Fuerza Pública se una para combatirlas", pidió el secretario de Gobierno de Caucasia, Jairo Alberto Mejía.
Guerra sin cuartel
Con una estrategia de tierra arrasada, en la cual quien no se les une se convierte en su blanco, los hombres de Daniel Rendón Herrera 'don Mario' estarían tratando de tomarse los territorios que otrora controlaban los ex jefes ' paras' Ramiro 'Cuco' Vanoy y Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Tal como lo han hecho en Medellín y Córdoba para disputarle territorio al también ex Auc 'don 'Berna'.
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, ese es el motivo de 75 de los 113 asesinatos ocurridos en lo que va del año. La cifra no deja de ser escandalosa si se le compara con los 75 que ocurrieron en el mismo periodo del 2007.
Venganzas con familiares
A mediados de febrero cayó Lázaro, el hermano mayor de 'don Mario', quien hoy es considerado uno de los tres más grandes capos del país. Un comando armado entró por Lázaro a su finca en el corregimiento Piamonte, del municipio de Cáceres, lo acribilló y lo lanzó al río Cauca.
También, en mayo abalearon a José Nelson Vanoy, hermano del ex jefe del bloque 'Mineros'. Pero en esa oleada violenta no solo se ha sacrificado a personas por parentesco o cercanías directas con las actividades ilícitas.
El secretario Mejía cuenta que hace dos semanas la víctima fue un ingeniero de 25 años recién graduado, hijo de un educador, que simplemente estaba haciéndose peluquear. "Querían matar al barbero y llevaron los dos", cuenta Mejía.
La incertidumbre ya ha hecho mella en la vida diaria de Caucasia y Tarazá, las dos poblaciones más afectadas, donde la gente se está resguardando a medida que avanza la oscuridad. Los negocios cierran más temprano que nunca.
El sábado pasado hubo pánico en el primero de estos municipios, que es como la capital regional, porque circuló el rumor de que iba a estallar una bomba en la zona rosa o en alguna entidad oficial.
S.O.S a Uribe
Ya la Alcaldía ha enviado cartas a los comandantes de la Policía y el Ejército en Antioquia y hasta al propio presidente Álvaro Uribe en las que lanza el S.O.S.
La Policía aumentó sus efectivos de 35 hombres a 170, destacó tres bloques especiales y fortaleció la Sijín. También el DAS incrementó sus agentes de 4 a 21. Ya ha habido resultados, como el abatimiento de Víctor Manuel Mejía Múnera, uno de los 'Mellizos', el 29 de abril en una finca ubicada entre Tarazá y Caucasia.
En los últimos días hallaron caletas con 180 armas largas, más de 100.000 cartuchos de fusil, uniformes camuflados, 200 kilos de base de coca y 500 de clorhidrato de cocaína; pero todo parece indicar que aún los ciudadanos están lejos de recobrar la sensación de seguridad.
2.790 paramilitares del bloque 'Mineros' se desmovilizaron en Tarazá, el 20 de enero del 2006. Este grupo estaba comandado por Ramiro 'Cuco' Vanoy. Otro grupo de la zona fue desmovilizado por 'Macaco'.
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Entre julio y septiembre esos desmovilizados se habían dejado de reportar ante el Centro de la Alta Consejería para la Reincorporación en Caucasia.
La alarma la dio el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
En el área, el bajo Cauca antioqueño, se registra un incremento del 50 por ciento en las muertes y las autoridades relacionan ambos hechos con una pugna por el dominio de cultivos y rutas de la coca detrás de la que está 'don Mario'.
Una tercera hipótesis es que los ex combatientes de marcharon antes de que los mataran. Este año van diez ex 'paras' asesinados.
"Nosotros no queremos que este municipio sea objetivo de las bandas. Lo que pedimos es que la Fuerza Pública se una para combatirlas", pidió el secretario de Gobierno de Caucasia, Jairo Alberto Mejía.
Guerra sin cuartel
Con una estrategia de tierra arrasada, en la cual quien no se les une se convierte en su blanco, los hombres de Daniel Rendón Herrera 'don Mario' estarían tratando de tomarse los territorios que otrora controlaban los ex jefes ' paras' Ramiro 'Cuco' Vanoy y Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Tal como lo han hecho en Medellín y Córdoba para disputarle territorio al también ex Auc 'don 'Berna'.
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, ese es el motivo de 75 de los 113 asesinatos ocurridos en lo que va del año. La cifra no deja de ser escandalosa si se le compara con los 75 que ocurrieron en el mismo periodo del 2007.
Venganzas con familiares
A mediados de febrero cayó Lázaro, el hermano mayor de 'don Mario', quien hoy es considerado uno de los tres más grandes capos del país. Un comando armado entró por Lázaro a su finca en el corregimiento Piamonte, del municipio de Cáceres, lo acribilló y lo lanzó al río Cauca.
También, en mayo abalearon a José Nelson Vanoy, hermano del ex jefe del bloque 'Mineros'. Pero en esa oleada violenta no solo se ha sacrificado a personas por parentesco o cercanías directas con las actividades ilícitas.
El secretario Mejía cuenta que hace dos semanas la víctima fue un ingeniero de 25 años recién graduado, hijo de un educador, que simplemente estaba haciéndose peluquear. "Querían matar al barbero y llevaron los dos", cuenta Mejía.
La incertidumbre ya ha hecho mella en la vida diaria de Caucasia y Tarazá, las dos poblaciones más afectadas, donde la gente se está resguardando a medida que avanza la oscuridad. Los negocios cierran más temprano que nunca.
El sábado pasado hubo pánico en el primero de estos municipios, que es como la capital regional, porque circuló el rumor de que iba a estallar una bomba en la zona rosa o en alguna entidad oficial.
S.O.S a Uribe
Ya la Alcaldía ha enviado cartas a los comandantes de la Policía y el Ejército en Antioquia y hasta al propio presidente Álvaro Uribe en las que lanza el S.O.S.
La Policía aumentó sus efectivos de 35 hombres a 170, destacó tres bloques especiales y fortaleció la Sijín. También el DAS incrementó sus agentes de 4 a 21. Ya ha habido resultados, como el abatimiento de Víctor Manuel Mejía Múnera, uno de los 'Mellizos', el 29 de abril en una finca ubicada entre Tarazá y Caucasia.
En los últimos días hallaron caletas con 180 armas largas, más de 100.000 cartuchos de fusil, uniformes camuflados, 200 kilos de base de coca y 500 de clorhidrato de cocaína; pero todo parece indicar que aún los ciudadanos están lejos de recobrar la sensación de seguridad.
2.790 paramilitares del bloque 'Mineros' se desmovilizaron en Tarazá, el 20 de enero del 2006. Este grupo estaba comandado por Ramiro 'Cuco' Vanoy. Otro grupo de la zona fue desmovilizado por 'Macaco'.
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Camioneta y entrega de antecedentes enredan más a Guillermo Valencia Cossio
Camioneta y entrega de antecedentes enredan más a Guillermo Valencia Cossio
Los casos demuestran los nexos entre el ex director seccional de fiscalías de Medellín y el empresario paisa Juan Felipe Sierra, gerente de la empresa de seguridad Control Total, capturado en agosto.
Sierra es señalado de ser el supuesto enlace del narcoparamilitar Daniel Rendón, alias 'Don Mario'.
EL TIEMPO estableció que hay evidencia de que Sierra pidió información sobre las investigaciones que tenían los cerca de dos mil empleados de su empresa, entre los que figuraba como asesor el señalado narcotraficante Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', quien luego desapareció del organigrama de 'Don Mario'.
El segundo hecho es la donación a la Fiscalía en Medellín de una camioneta blindada Ford Explorer blanca, modelo 1998, de placas BKO 551, de propiedad de Suramericana de Seguros, para uso de Valencia Cossio.
Testigos indican que Sierra no solo habría servido de intermediario para el trámite de la donación -iniciado en abril pasado- sino que, además, le pagó a la Fiscalía el traspaso: 923 mil pesos.
La carta de Vanegas
Ambos episodios fueron narrados por Carlos Vanegas, hoy ex asistente de Valencia Cossio, en carta enviada al fiscal General, Mario Iguarán, el pasado 5 de septiembre, al considerar que era un deber ético poner en conocimiento de sus superiores los dos únicos contactos que, dice, tuvo con Juan Felipe Sierra.
La Fiscalía, sin embargo, ya contaba con interceptaciones telefónicas en las que tanto la entrega de antecedentes como la gestión de la camioneta quedaban en evidencia.
Diez nombres
En cualquier caso, Vanegas dice que él les explicó a Valencia y a Sierra que cada uno de los empleados de Control Total debía pasar una petición solicitando sus antecedentes.
"Entonces, el doctor Valencia me manifestó que le colaborara averiguando diez nombres de personas que iban a trabajar con el doctor Sierra (...) que al día siguiente nos llegarían los derechos de petición", le narró Vanegas al Fiscal. Sin embargo, dice que no recuerda los nombres que chequeó y cuyos antecedentes le entregó a Sierra en el restaurante Legrit de Medellín.
Contradicciones
Vanegas es uno de los que asegura que fue Valencia Cossio quien ordenó llamar a Sierra para tramitar con Suramericana la donación de la camioneta blindada.
"Me comuniqué con el doctor Sierra y me dio el nombre del doctor Santiago Velásquez, director de Seguridad de Suramericana, quien me manifestó la intención de esta importante empresa en donar este vehículo".
Luego, ante el reporte del director administrativo, Obed de Jesús Zuluaga Henao, de que no había dinero para pagar el traspaso, Vanegas dice que Valencia Cossio le dio instrucciones para que le pidiera la plata a Sierra.
Días después, afirma, el mismo Valencia lo puso al teléfono con Sierra, y éste le preguntó por el costo de la diligencia y le dijo que estuviera tranquilo, que él le hacía llegar ese dinero.
Suramericana niega la intermediación del hoy sindicado empresario y asegura que Sierra no tuvo nada que ver en el trámite.
No obstante, EL TIEMPO habló con el director administrativo de la Fiscalía de Medellín y este confirmó la procedencia del dinero, y aseguró que Julián Calderón, otro asistente de Valencia, también lo corroboró.
"Vanegas le contó a Calderón que él mismo llamó a Sierra para pedirle el dinero del traspaso, pero que esa llamada fue ordenada por Valencia Cossio", dijo Zuluaga.
No obstante, advirtió que era usual que algunos fiscales pagaran de su bolsillo ese tipo de gastos.
También dijo que desde abril Vanegas le había dicho que la donación del vehículo se logró gracias al empresario Sierra.
Carlos Vanegas -quien dice haber actuado de manera honesta y transparente- fue declarado insubsistente esta misma semana, como parte del paquete de medidas ordenadas por el Fiscal General de la Nación tras su visita a esa seccional.
Por ahora, tanto la Fiscalía como Suramericana intentan reversar ante la Superintendencia de Vigilancia la asignación del vehículo para uso exclusivo de Guillermo León Valencia, quien ya cumplió su primera sesión de indagatoria e insiste en su plena inocencia.
'No necesitábamos de un tercero': Suramericana
Suramericana de Seguros, propietaria del carro blindado que iba a ser donado para el uso de Guillermo León Valencia Cossio, asegura que Juan Felipe Sierra no sirvió de intermediario para esa donación: "Es un tema que manejamos internamente en el Departamento de Seguridad", dice Fernando Ojalvo, vicepresidente administrativo de la firma.
Agregó que la relación de Sierra con Suramericana fue solo comercial y se terminó cuando la Superintendencia de Vigilancia le suspendió la licencia a su empresa Control Total S.A.
Ojalvo cree, precisamente, que por la relación de Control Total con la seguridad de la compañía, Sierra se pudo haber enterado de que tenían ese vehículo para donación y se lo dijo a la Fiscalía.
Pero aclaró que el carro le fue ofrecido a la Fiscalía por Santiago Velásquez, director de seguridad de Suramericana, en una reunión de un frente de seguridad que opera en la zona donde está la compañía. Ojalvo manifestó que Suramericana no firmará el traspaso hasta tanto la Fiscalía precise el nombre del funcionario que lo usará y la Superintendencia responda un recurso en el que quede claro que es una donación y no una venta.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co
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Los casos demuestran los nexos entre el ex director seccional de fiscalías de Medellín y el empresario paisa Juan Felipe Sierra, gerente de la empresa de seguridad Control Total, capturado en agosto.
Sierra es señalado de ser el supuesto enlace del narcoparamilitar Daniel Rendón, alias 'Don Mario'.
EL TIEMPO estableció que hay evidencia de que Sierra pidió información sobre las investigaciones que tenían los cerca de dos mil empleados de su empresa, entre los que figuraba como asesor el señalado narcotraficante Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', quien luego desapareció del organigrama de 'Don Mario'.
El segundo hecho es la donación a la Fiscalía en Medellín de una camioneta blindada Ford Explorer blanca, modelo 1998, de placas BKO 551, de propiedad de Suramericana de Seguros, para uso de Valencia Cossio.
Testigos indican que Sierra no solo habría servido de intermediario para el trámite de la donación -iniciado en abril pasado- sino que, además, le pagó a la Fiscalía el traspaso: 923 mil pesos.
La carta de Vanegas
Ambos episodios fueron narrados por Carlos Vanegas, hoy ex asistente de Valencia Cossio, en carta enviada al fiscal General, Mario Iguarán, el pasado 5 de septiembre, al considerar que era un deber ético poner en conocimiento de sus superiores los dos únicos contactos que, dice, tuvo con Juan Felipe Sierra.
La Fiscalía, sin embargo, ya contaba con interceptaciones telefónicas en las que tanto la entrega de antecedentes como la gestión de la camioneta quedaban en evidencia.
Diez nombres
En cualquier caso, Vanegas dice que él les explicó a Valencia y a Sierra que cada uno de los empleados de Control Total debía pasar una petición solicitando sus antecedentes.
"Entonces, el doctor Valencia me manifestó que le colaborara averiguando diez nombres de personas que iban a trabajar con el doctor Sierra (...) que al día siguiente nos llegarían los derechos de petición", le narró Vanegas al Fiscal. Sin embargo, dice que no recuerda los nombres que chequeó y cuyos antecedentes le entregó a Sierra en el restaurante Legrit de Medellín.
Contradicciones
Vanegas es uno de los que asegura que fue Valencia Cossio quien ordenó llamar a Sierra para tramitar con Suramericana la donación de la camioneta blindada.
"Me comuniqué con el doctor Sierra y me dio el nombre del doctor Santiago Velásquez, director de Seguridad de Suramericana, quien me manifestó la intención de esta importante empresa en donar este vehículo".
Luego, ante el reporte del director administrativo, Obed de Jesús Zuluaga Henao, de que no había dinero para pagar el traspaso, Vanegas dice que Valencia Cossio le dio instrucciones para que le pidiera la plata a Sierra.
Días después, afirma, el mismo Valencia lo puso al teléfono con Sierra, y éste le preguntó por el costo de la diligencia y le dijo que estuviera tranquilo, que él le hacía llegar ese dinero.
Suramericana niega la intermediación del hoy sindicado empresario y asegura que Sierra no tuvo nada que ver en el trámite.
No obstante, EL TIEMPO habló con el director administrativo de la Fiscalía de Medellín y este confirmó la procedencia del dinero, y aseguró que Julián Calderón, otro asistente de Valencia, también lo corroboró.
"Vanegas le contó a Calderón que él mismo llamó a Sierra para pedirle el dinero del traspaso, pero que esa llamada fue ordenada por Valencia Cossio", dijo Zuluaga.
No obstante, advirtió que era usual que algunos fiscales pagaran de su bolsillo ese tipo de gastos.
También dijo que desde abril Vanegas le había dicho que la donación del vehículo se logró gracias al empresario Sierra.
Carlos Vanegas -quien dice haber actuado de manera honesta y transparente- fue declarado insubsistente esta misma semana, como parte del paquete de medidas ordenadas por el Fiscal General de la Nación tras su visita a esa seccional.
Por ahora, tanto la Fiscalía como Suramericana intentan reversar ante la Superintendencia de Vigilancia la asignación del vehículo para uso exclusivo de Guillermo León Valencia, quien ya cumplió su primera sesión de indagatoria e insiste en su plena inocencia.
'No necesitábamos de un tercero': Suramericana
Suramericana de Seguros, propietaria del carro blindado que iba a ser donado para el uso de Guillermo León Valencia Cossio, asegura que Juan Felipe Sierra no sirvió de intermediario para esa donación: "Es un tema que manejamos internamente en el Departamento de Seguridad", dice Fernando Ojalvo, vicepresidente administrativo de la firma.
Agregó que la relación de Sierra con Suramericana fue solo comercial y se terminó cuando la Superintendencia de Vigilancia le suspendió la licencia a su empresa Control Total S.A.
Ojalvo cree, precisamente, que por la relación de Control Total con la seguridad de la compañía, Sierra se pudo haber enterado de que tenían ese vehículo para donación y se lo dijo a la Fiscalía.
Pero aclaró que el carro le fue ofrecido a la Fiscalía por Santiago Velásquez, director de seguridad de Suramericana, en una reunión de un frente de seguridad que opera en la zona donde está la compañía. Ojalvo manifestó que Suramericana no firmará el traspaso hasta tanto la Fiscalía precise el nombre del funcionario que lo usará y la Superintendencia responda un recurso en el que quede claro que es una donación y no una venta.
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'Job' y el Embajador
'Job' y el Embajador
SEMANA revela comprometedoras conversaciones de Juan José Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana, con un emisario de 'don Berna'. El diplomático y el ex paramilitar también estuvieron en la Casa de Nariño. Chaux renunció tras conocerse el escándalo.
El pasado 25 de agosto el presidente Álvaro Uribe convocó una rueda de prensa para explicar la presencia del abogado del ex jefe paramilitar 'don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado Antonio López, 'Job', en una reunión en el Palacio de Nariño con dos altos funcionarios. Allí se informó que dicho encuentro se hacía para analizar unas presuntas pruebas entregadas por los paramilitares y que implicaban a la Corte Suprema. Nunca se mencionó que otras personas asistieron a dicha reunión y que en la misma se tocaron temas relacionados con casos puntuales de la para-política. Y que de allí surgió una polémica relación entre ‘Job’ y Juan José Chaux, actual embajador en República Dominicana, ex gobernador del Cauca e investigado por para-política.
Según se desprende de varias grabaciones de una agencia de inteligencia extranjera obtenidas por SEMANA, ‘Job’ se convirtió en una especie de asesor del diplomático en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con el ex comandante paramilitar Éver Velosa, alias 'H.H.' El contenido de las conversaciones deja mal parado a Chaux y genera nuevos interrogantes sobre las actuaciones del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y del secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez.
Tanto Del Castillo como Velásquez haban omitido la presencia de otros dos asistentes al encuentro nocturno del 23 de abril en la Casa de Nariño: Chaux y Óscar Iván Palacio, un abogado que trabajó con Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y hoy es un lobbista con buenos amigos en Presidencia.
Para Chaux la reunión en la Casa de Nariño era una gran oportunidad porque ‘Job’ tenía línea directa con ‘don Berna’ y podía ayudarlo a persuadir a ‘H.H.’ a desistir de sus señalamientos. El comandante de las autodefensas dijo en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los paras y que con el apoyo del bloque Calima, comandado por 'H.H', ese político ganó las elecciones a la gobernación del Cauca.
Según Óscar Iván Palacio, Chaux estuvo presente en la Casa de Nariño cuando los enviados de ‘Berna’ entregaron las supuestas pruebas contra la Corte a los altos funcionarios de Palacio. Dijo que “no recuerdo bien si se habló del caso de 'H.H.'”
Veinte días después de la reunión en el Palacio Presidencial, ‘Berna’ y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. A pesar de este hecho, Chaux decidió mantener su contacto con ‘Job’, quien no sólo era el encargado de los asuntos de ‘Berna’, sino que conocía a casi todos los paramilitares que quedaron en el país y estaba al tanto de los detalles de la reunión en la Casa de Nariño. Así queda en evidencia en unas grabaciones obtenidas por SEMANA en las que Chaux, muy preocupado, le pide ayuda a ‘Job’ para su caso.
En una de las conversaciones, Chaux le cuenta al ex paramilitar, como si se tratara de un viejo amigo, que acaba de llegar a Santo Domingo (República Dominicana) y que se está instalando. Al embajador lo inquietan las declaraciones que ‘H.H.’ haba dado a Noticias Uno el fin de semana del 25 de mayo donde lo volvió a salpicar. En un lenguaje cifrado le pregunta quién puede estar detrás de las nuevas revelaciones de ‘H.H.’ “¿Tú crees que sea orden del amigo del abuelo?”, pregunta.
‘Job’ lo piensa y contrapregunta. “¿Cuándo fue tu primera gobernación?”, a lo que Chaux responde que fue en 2004. “¿Para ese tiempo él ya estaba por allá?”, interrumpe ‘Job’ al referirse a la presencia de ‘H.H.’ en el Cauca. La respuesta del ex gobernador tiene un detalle revelador: “A ese tipo la única vez que lo vi fue en el 2000... el tipo (‘H.H.’) no hay forma que pruebe nada”.
Hasta ahora Chaux sólo ha aceptado públicamente que se reunió con Salvatore Mancuso y otros paramilitares en 2003 con el fin de indagar por la suerte de un hermano de un cuñado suyo que había sido secuestrado. Pero a ‘Job’ le dice que sí lo vio.
En esa charla queda claro también la gran preocupación de Chaux por saber si ‘H.H.’ declaró ante la Fiscalía y lo que ha dicho sobre él en algunos medios de comunicación. “¿Los informantes tuyos nos fallaron o qué?”, le recrimina Chaux a Job. “No, créeme él no le ha dicho nada a la Fiscalía”, le contestó el ex paramilitar. “Si lo dijo en esa entrevista significa que lo va a repetir en la Fiscalía”, le contesta el embajador muy preocupado.
Hay una frase de ‘Job’ que llama la atención. Dice que lo puede ayudar con una ‘cosa mejor’ y que para ello necesita “la ayuda de Óscar Iván (Palacio) y ojalá del curita”. En conversaciones anteriores entre ‘Job’, otros paramilitares y el abogado de ‘Berna’ se refieren a Velásquez, el jefe de prensa de Palacio, como ‘el cura’ o el ‘curita’.
Chaux le pide al ex paramilitar realizar una serie de averiguaciones y quedan en conversar después.
Otra grabación da cuenta de la charla que continúa una hora más tarde. Chaux le pregunta qué ha logrado indagar y ‘Job’ le responde con un consejo. “Ahora más importante que saber de dónde viene, es saber qué hacemos. ¿Cuándo vienes?”, indaga ‘Job’. “Pensar en ir ahora es imposible. Si acaso en un mes. Es que van a extraditar a ese tipo o qué?”, pregunta Chaux. ‘H.H’ está en vilo para ser extraditado a Estados Unidos.
“Lástima que estemos hablando por teléfono, pero hombre, dele autonomía a Óscar Iván (Palacio) y al abogado para hacer lo que tenemos que hacer”, dice ‘Job’.
En las conversaciones no sólo se evidencia la preocupación frente a sus investigaciones sino un tono de familiaridad con ‘Job’, con los alias y con el lenguaje del bajo mundo.
Esa misma noche, ‘Job’ y Chaux hablan por tercera vez: “Qué pena joderte tanto pero imagínate mi señora y yo estamos fríos. ¿La flaca con la que hablaste qué te dijo? ¿Será que lo va a dejar ahí o va a joder en Fiscalía?”, pregunta Chaux en esa llamada desde Santo Domingo. “Que no te preocupes, que no ha dicho nada en la Fiscalía. Pero lo primero que tienes que hacer es que el gobierno se enfile alrededor tuyo y si eso pasa, muy bueno. Yo quisiera hablar con Óscar (Óscar Iván Palacio). Mañana ábrete un correo nuevo y me lo tiras”, dice ‘Job’. “Listo, un correo nuevo en donde podamos hablar de algunas cosas que tú sugieres”, responde el embajador en República Dominicana. Intercambiar correos clandestinos y un hombre con un pasado delictivo como el de ‘Job’ no es precisamente la conducta que los colombianos esperan de un representante de su país en el exterior.
SEMANA intentó comunicarse con el embajador Chaux en numerosas ocasiones para conocer su opinión sobre estas conversaciones, su relación con Job y su presencia en la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño, pero no fue posible. La explicación que Chaux le dio a El Tiempo sobre esta última es algo insólita: “Me dijeron que Job quería hablar conmigo porque había escuchado en los medios de comunicación que yo sería el nuevo embajador en La Haya. Fui a la reunión para aclararles que eso no era cierto”. ¿Quién le dijo a Chaux que ‘Job’ quería hablar con él? ¿Es acaso ese tipo de reunión -con emisarios de paramilitares- donde un embajador tiene que aclarar que no va a representar a Colombia en La Haya? ¿Estaban los paramilitares interesados en tener un contacto en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional? ?
Antonio López, ‘Job’, fue asesinado el 28 de julio. En ese momento, según agencias de inteligencia y seguridad del Estado y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ‘Job’ era miembro activo de la organización delictiva conocida como la ‘Oficina de Envigado’. Aunque se había desmovilizado, nunca se alejó del crimen. Chaux es todo menos un político ingenuo. En las conversaciones es evidente que sabe que ‘Job’ no es un ciudadano común y corriente. No a cualquiera se le pide averiguar sobre la Fiscalía y los intereses que mueven a un temido jefe paramilitar como ‘H.H’, que ha confesado miles de asesinatos.
¿Qué gestiones le hizo ‘Job’ al embajador de Colombia en República Dominicana y quién alcanzó a ser postulado antes para la sede diplomática en La Haya? (ver recuadro).
Cuando estalló el escándalo sobre la reunión del 23 de abril, el gobierno hizo alarde sobre la transparencia de ese encuentro. Mostraron incluso un video de la entrada por el sótano de ‘Job’ y el abogado de ‘Berna’ a la Casa de Nariño. Pero, si todo era tan claro, ¿por qué negaron por dos semanas la presencia de Chaux y Palacio en la reunión? Y ¿por qué, si era tan intranscendente la asistencia de César Mauricio Velásquez a ese encuentro, como él mismo describió su participación, un mes después ‘Job’ considera útil y posible contar con la ayuda del ‘curita’? ¿Qué más pasó en ese encuentro citado por Del Castillo, secretario jurídico de Presidencia?
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SEMANA revela comprometedoras conversaciones de Juan José Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana, con un emisario de 'don Berna'. El diplomático y el ex paramilitar también estuvieron en la Casa de Nariño. Chaux renunció tras conocerse el escándalo.
El pasado 25 de agosto el presidente Álvaro Uribe convocó una rueda de prensa para explicar la presencia del abogado del ex jefe paramilitar 'don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado Antonio López, 'Job', en una reunión en el Palacio de Nariño con dos altos funcionarios. Allí se informó que dicho encuentro se hacía para analizar unas presuntas pruebas entregadas por los paramilitares y que implicaban a la Corte Suprema. Nunca se mencionó que otras personas asistieron a dicha reunión y que en la misma se tocaron temas relacionados con casos puntuales de la para-política. Y que de allí surgió una polémica relación entre ‘Job’ y Juan José Chaux, actual embajador en República Dominicana, ex gobernador del Cauca e investigado por para-política.
Según se desprende de varias grabaciones de una agencia de inteligencia extranjera obtenidas por SEMANA, ‘Job’ se convirtió en una especie de asesor del diplomático en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con el ex comandante paramilitar Éver Velosa, alias 'H.H.' El contenido de las conversaciones deja mal parado a Chaux y genera nuevos interrogantes sobre las actuaciones del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y del secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez.
Tanto Del Castillo como Velásquez haban omitido la presencia de otros dos asistentes al encuentro nocturno del 23 de abril en la Casa de Nariño: Chaux y Óscar Iván Palacio, un abogado que trabajó con Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y hoy es un lobbista con buenos amigos en Presidencia.
Para Chaux la reunión en la Casa de Nariño era una gran oportunidad porque ‘Job’ tenía línea directa con ‘don Berna’ y podía ayudarlo a persuadir a ‘H.H.’ a desistir de sus señalamientos. El comandante de las autodefensas dijo en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los paras y que con el apoyo del bloque Calima, comandado por 'H.H', ese político ganó las elecciones a la gobernación del Cauca.
Según Óscar Iván Palacio, Chaux estuvo presente en la Casa de Nariño cuando los enviados de ‘Berna’ entregaron las supuestas pruebas contra la Corte a los altos funcionarios de Palacio. Dijo que “no recuerdo bien si se habló del caso de 'H.H.'”
Veinte días después de la reunión en el Palacio Presidencial, ‘Berna’ y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. A pesar de este hecho, Chaux decidió mantener su contacto con ‘Job’, quien no sólo era el encargado de los asuntos de ‘Berna’, sino que conocía a casi todos los paramilitares que quedaron en el país y estaba al tanto de los detalles de la reunión en la Casa de Nariño. Así queda en evidencia en unas grabaciones obtenidas por SEMANA en las que Chaux, muy preocupado, le pide ayuda a ‘Job’ para su caso.
En una de las conversaciones, Chaux le cuenta al ex paramilitar, como si se tratara de un viejo amigo, que acaba de llegar a Santo Domingo (República Dominicana) y que se está instalando. Al embajador lo inquietan las declaraciones que ‘H.H.’ haba dado a Noticias Uno el fin de semana del 25 de mayo donde lo volvió a salpicar. En un lenguaje cifrado le pregunta quién puede estar detrás de las nuevas revelaciones de ‘H.H.’ “¿Tú crees que sea orden del amigo del abuelo?”, pregunta.
‘Job’ lo piensa y contrapregunta. “¿Cuándo fue tu primera gobernación?”, a lo que Chaux responde que fue en 2004. “¿Para ese tiempo él ya estaba por allá?”, interrumpe ‘Job’ al referirse a la presencia de ‘H.H.’ en el Cauca. La respuesta del ex gobernador tiene un detalle revelador: “A ese tipo la única vez que lo vi fue en el 2000... el tipo (‘H.H.’) no hay forma que pruebe nada”.
Hasta ahora Chaux sólo ha aceptado públicamente que se reunió con Salvatore Mancuso y otros paramilitares en 2003 con el fin de indagar por la suerte de un hermano de un cuñado suyo que había sido secuestrado. Pero a ‘Job’ le dice que sí lo vio.
En esa charla queda claro también la gran preocupación de Chaux por saber si ‘H.H.’ declaró ante la Fiscalía y lo que ha dicho sobre él en algunos medios de comunicación. “¿Los informantes tuyos nos fallaron o qué?”, le recrimina Chaux a Job. “No, créeme él no le ha dicho nada a la Fiscalía”, le contestó el ex paramilitar. “Si lo dijo en esa entrevista significa que lo va a repetir en la Fiscalía”, le contesta el embajador muy preocupado.
Hay una frase de ‘Job’ que llama la atención. Dice que lo puede ayudar con una ‘cosa mejor’ y que para ello necesita “la ayuda de Óscar Iván (Palacio) y ojalá del curita”. En conversaciones anteriores entre ‘Job’, otros paramilitares y el abogado de ‘Berna’ se refieren a Velásquez, el jefe de prensa de Palacio, como ‘el cura’ o el ‘curita’.
Chaux le pide al ex paramilitar realizar una serie de averiguaciones y quedan en conversar después.
Otra grabación da cuenta de la charla que continúa una hora más tarde. Chaux le pregunta qué ha logrado indagar y ‘Job’ le responde con un consejo. “Ahora más importante que saber de dónde viene, es saber qué hacemos. ¿Cuándo vienes?”, indaga ‘Job’. “Pensar en ir ahora es imposible. Si acaso en un mes. Es que van a extraditar a ese tipo o qué?”, pregunta Chaux. ‘H.H’ está en vilo para ser extraditado a Estados Unidos.
“Lástima que estemos hablando por teléfono, pero hombre, dele autonomía a Óscar Iván (Palacio) y al abogado para hacer lo que tenemos que hacer”, dice ‘Job’.
En las conversaciones no sólo se evidencia la preocupación frente a sus investigaciones sino un tono de familiaridad con ‘Job’, con los alias y con el lenguaje del bajo mundo.
Esa misma noche, ‘Job’ y Chaux hablan por tercera vez: “Qué pena joderte tanto pero imagínate mi señora y yo estamos fríos. ¿La flaca con la que hablaste qué te dijo? ¿Será que lo va a dejar ahí o va a joder en Fiscalía?”, pregunta Chaux en esa llamada desde Santo Domingo. “Que no te preocupes, que no ha dicho nada en la Fiscalía. Pero lo primero que tienes que hacer es que el gobierno se enfile alrededor tuyo y si eso pasa, muy bueno. Yo quisiera hablar con Óscar (Óscar Iván Palacio). Mañana ábrete un correo nuevo y me lo tiras”, dice ‘Job’. “Listo, un correo nuevo en donde podamos hablar de algunas cosas que tú sugieres”, responde el embajador en República Dominicana. Intercambiar correos clandestinos y un hombre con un pasado delictivo como el de ‘Job’ no es precisamente la conducta que los colombianos esperan de un representante de su país en el exterior.
SEMANA intentó comunicarse con el embajador Chaux en numerosas ocasiones para conocer su opinión sobre estas conversaciones, su relación con Job y su presencia en la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño, pero no fue posible. La explicación que Chaux le dio a El Tiempo sobre esta última es algo insólita: “Me dijeron que Job quería hablar conmigo porque había escuchado en los medios de comunicación que yo sería el nuevo embajador en La Haya. Fui a la reunión para aclararles que eso no era cierto”. ¿Quién le dijo a Chaux que ‘Job’ quería hablar con él? ¿Es acaso ese tipo de reunión -con emisarios de paramilitares- donde un embajador tiene que aclarar que no va a representar a Colombia en La Haya? ¿Estaban los paramilitares interesados en tener un contacto en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional? ?
Antonio López, ‘Job’, fue asesinado el 28 de julio. En ese momento, según agencias de inteligencia y seguridad del Estado y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ‘Job’ era miembro activo de la organización delictiva conocida como la ‘Oficina de Envigado’. Aunque se había desmovilizado, nunca se alejó del crimen. Chaux es todo menos un político ingenuo. En las conversaciones es evidente que sabe que ‘Job’ no es un ciudadano común y corriente. No a cualquiera se le pide averiguar sobre la Fiscalía y los intereses que mueven a un temido jefe paramilitar como ‘H.H’, que ha confesado miles de asesinatos.
¿Qué gestiones le hizo ‘Job’ al embajador de Colombia en República Dominicana y quién alcanzó a ser postulado antes para la sede diplomática en La Haya? (ver recuadro).
Cuando estalló el escándalo sobre la reunión del 23 de abril, el gobierno hizo alarde sobre la transparencia de ese encuentro. Mostraron incluso un video de la entrada por el sótano de ‘Job’ y el abogado de ‘Berna’ a la Casa de Nariño. Pero, si todo era tan claro, ¿por qué negaron por dos semanas la presencia de Chaux y Palacio en la reunión? Y ¿por qué, si era tan intranscendente la asistencia de César Mauricio Velásquez a ese encuentro, como él mismo describió su participación, un mes después ‘Job’ considera útil y posible contar con la ayuda del ‘curita’? ¿Qué más pasó en ese encuentro citado por Del Castillo, secretario jurídico de Presidencia?
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Íngrid Betancourt gana Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008
Íngrid Betancourt gana Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008; se lo dedica a secuestrados
'Pienso sobre todo en este momento en los que están esperando su turno para la libertad, en los que están encadenados en este momento', dijo la ex candidata tras conocer la noticia.
Al anunciar el premio, el jurado señaló que "personifica a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico".
Betancourt dijo que "apenas supe pensé: 'este premio obviamente no me lo merezco, no califico para una distinción así de importante, pero nos lo merecemos como colombianos, que estamos tan sedientos de concordia y de paz'".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) mantienen en cautiverio a por lo menos otras 29 personas entre políticos, militares y policías, a quienes proponen canjear por rebeldes presos.
Para Betancourt, este premio es un "maravilloso suceso un feliz presagio para quien si la merece, mi amada patria, Colombia, sedienta de concordia y paz", dijo en un comunicado.
Tras permanecer secuestrada en la selva colombiana desde febrero del 2002, Íngrid Betancourt "se ha convertido en un símbolo mundial de la libertad y de la resistencia humana ante las más duras adversidades. Su lucha en favor de la democracia ha sido
un esperanzador ejemplo de dignidad y valentía para el mundo entero", afirmó el fallo del jurado.
El jurado ha querido "solidarizarse con todas aquellas personas que padecen las mismas dramáticas e inadmisibles condiciones que ella ha sufrido, así como con aquellos gobiernos que, al igual que el Gobierno de la República de Colombia, trabajan por la consolidación del sistema democrático y las libertades cívicas", añadió.
Entre las otras candidaturas figuraban el Colegio de Europa, con sede en Brujas (Bélgica); la asociación Nuevo Futuro, dedicada a la creación y mantenimiento de hogares de acogida para niños privados de ambiente familiar; el jesuita asturiano Enrique Figaredo y el Museo Memorial de Gandhi.
El jurado debió decidir entre 51 candidatos al galardón, procedentes de 21 países.
Betancourt, liberada el pasado 2 de julio en una espectacular operación del ejército colombiano, nació en Bogotá en 1961. Es una firme aspirante al próximo premio Nobel de la Paz.
Inicialmente diputada y luego senadora, Betancourt dimitió de su cargo para presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia en el 2002, año en que fue secuestrada junto a su directora de campaña y compañera de fórmula presidencial, Clara Rojas.
El jurado del premio Príncipe de Asturias, que inició sus deliberaciones el martes en el Hotel Reconquista de Oviedo, estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo regional asturiano, Vicente Alvarez Areces, e integrado por algunos de los miembros del
patronato de la Fundación Príncipe de Asturias y algunos altos representantes del sector económico y empresarial español, como el presidente del grupo petrolero hispano argentino Repsol YPF, Antonio Brufau; el presidente del Banco Herrero, Juan Manuel
Desvalls y el de La Caixa, Isidro Fainé, entre otros.
El Premio está dotado con 50.000 euros, la escultura creada y donada expresamente por Joan Miró para estos galardones, un diploma y una insignia acreditativos.
La candidatura de Betancourt fue apoyada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el cineasta Woody Allen, la ex presidenta irlandesa Mary Robinson, el ex secretario general de Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, el ex
presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y la francesa Simone Veil, ex ministra y superviviente del Holocausto.
El premio de la Concordia, como los otros siete galardones que concede la Fundación Príncipe de Asturias serán entregados por el heredero de la corona española, Felipe de Borbón, a finales de octubre en el teatro Campoamor de Oviedo.
Los premiados de este año:
1. Artes: Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela
2. Cooperación Internacional: Los centros de lucha contra la malaria Ifakara Health Research and Development Centre (Tanzania), The Malaria Research and Training Centre (Mali), Kintampo Health Research Centre (Ghana) y el Centro de Investiga¿ão em Saúde de Manhi¿a (Mozambique).
3. Investigación Científica y Técnica: Los investigadores en nanotecnología Tobin Marks, George M. Whitesides, Robert Langer, de Estados Unidos, y Shuji Nakamura y Sumio Iijima, de Japón.
4. Comunicación y Humanidades: El portal Google Inc.
5. Ciencias Sociales: El filósofo búlgaro Tzvetan Todorov.
6. Letras: La escritora canadiense Margaret Atwood.
7. Deportes: El tenista español Rafael Nadal.
8. Concordia: La ex rehén franco-colombiana Íngrid Betancourt.
Con AFP
www.eltiempo.com
'Pienso sobre todo en este momento en los que están esperando su turno para la libertad, en los que están encadenados en este momento', dijo la ex candidata tras conocer la noticia.
Al anunciar el premio, el jurado señaló que "personifica a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico".
Betancourt dijo que "apenas supe pensé: 'este premio obviamente no me lo merezco, no califico para una distinción así de importante, pero nos lo merecemos como colombianos, que estamos tan sedientos de concordia y de paz'".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) mantienen en cautiverio a por lo menos otras 29 personas entre políticos, militares y policías, a quienes proponen canjear por rebeldes presos.
Para Betancourt, este premio es un "maravilloso suceso un feliz presagio para quien si la merece, mi amada patria, Colombia, sedienta de concordia y paz", dijo en un comunicado.
Tras permanecer secuestrada en la selva colombiana desde febrero del 2002, Íngrid Betancourt "se ha convertido en un símbolo mundial de la libertad y de la resistencia humana ante las más duras adversidades. Su lucha en favor de la democracia ha sido
un esperanzador ejemplo de dignidad y valentía para el mundo entero", afirmó el fallo del jurado.
El jurado ha querido "solidarizarse con todas aquellas personas que padecen las mismas dramáticas e inadmisibles condiciones que ella ha sufrido, así como con aquellos gobiernos que, al igual que el Gobierno de la República de Colombia, trabajan por la consolidación del sistema democrático y las libertades cívicas", añadió.
Entre las otras candidaturas figuraban el Colegio de Europa, con sede en Brujas (Bélgica); la asociación Nuevo Futuro, dedicada a la creación y mantenimiento de hogares de acogida para niños privados de ambiente familiar; el jesuita asturiano Enrique Figaredo y el Museo Memorial de Gandhi.
El jurado debió decidir entre 51 candidatos al galardón, procedentes de 21 países.
Betancourt, liberada el pasado 2 de julio en una espectacular operación del ejército colombiano, nació en Bogotá en 1961. Es una firme aspirante al próximo premio Nobel de la Paz.
Inicialmente diputada y luego senadora, Betancourt dimitió de su cargo para presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia en el 2002, año en que fue secuestrada junto a su directora de campaña y compañera de fórmula presidencial, Clara Rojas.
El jurado del premio Príncipe de Asturias, que inició sus deliberaciones el martes en el Hotel Reconquista de Oviedo, estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo regional asturiano, Vicente Alvarez Areces, e integrado por algunos de los miembros del
patronato de la Fundación Príncipe de Asturias y algunos altos representantes del sector económico y empresarial español, como el presidente del grupo petrolero hispano argentino Repsol YPF, Antonio Brufau; el presidente del Banco Herrero, Juan Manuel
Desvalls y el de La Caixa, Isidro Fainé, entre otros.
El Premio está dotado con 50.000 euros, la escultura creada y donada expresamente por Joan Miró para estos galardones, un diploma y una insignia acreditativos.
La candidatura de Betancourt fue apoyada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el cineasta Woody Allen, la ex presidenta irlandesa Mary Robinson, el ex secretario general de Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, el ex
presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y la francesa Simone Veil, ex ministra y superviviente del Holocausto.
El premio de la Concordia, como los otros siete galardones que concede la Fundación Príncipe de Asturias serán entregados por el heredero de la corona española, Felipe de Borbón, a finales de octubre en el teatro Campoamor de Oviedo.
Los premiados de este año:
1. Artes: Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela
2. Cooperación Internacional: Los centros de lucha contra la malaria Ifakara Health Research and Development Centre (Tanzania), The Malaria Research and Training Centre (Mali), Kintampo Health Research Centre (Ghana) y el Centro de Investiga¿ão em Saúde de Manhi¿a (Mozambique).
3. Investigación Científica y Técnica: Los investigadores en nanotecnología Tobin Marks, George M. Whitesides, Robert Langer, de Estados Unidos, y Shuji Nakamura y Sumio Iijima, de Japón.
4. Comunicación y Humanidades: El portal Google Inc.
5. Ciencias Sociales: El filósofo búlgaro Tzvetan Todorov.
6. Letras: La escritora canadiense Margaret Atwood.
7. Deportes: El tenista español Rafael Nadal.
8. Concordia: La ex rehén franco-colombiana Íngrid Betancourt.
Con AFP
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Justicia bajo fuego
Justicia bajo fuego
En los municipios donde hay actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, concluye un estudio que pone la luz donde realmente se necesitaría una reforma a la justicia.
César Paredes, periodista de Semana.com
La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.
La investigación que lleva por nombre ‘Jueces sin Estado’ y que será publicada próximamente, muestra que pese al avance en seguridad del gobierno entre 2002 y 2006, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia (ver gráfico). Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2002 y 2006, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
No es un Estado moderno
Para introducir su investigación, el centro de investigación incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente.
En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados.
DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación.
En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente.
Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.
Este libro será publicado en unas semanas, justo en medio del debate de la iniciativa gubernamental de Reforma a la Justicia, que para muchos analistas no aborda los problemas reales de la rama judicial, como su eficacia y acercamiento a la ciudadanía. La investigación que incluye testimonios de jueces y fiscales que han tenido que hacer su trabajo de cara al conflicto armado, se une a las voces que reclaman una reforma a la Justicia de fondo, que responda a las necesidades reales para que la rama judicial pueda hacer su trabajo y termine la impunidad.
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En los municipios donde hay actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, concluye un estudio que pone la luz donde realmente se necesitaría una reforma a la justicia.
César Paredes, periodista de Semana.com
La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.
La investigación que lleva por nombre ‘Jueces sin Estado’ y que será publicada próximamente, muestra que pese al avance en seguridad del gobierno entre 2002 y 2006, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia (ver gráfico). Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2002 y 2006, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
No es un Estado moderno
Para introducir su investigación, el centro de investigación incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente.
En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados.
DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación.
En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente.
Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.
Este libro será publicado en unas semanas, justo en medio del debate de la iniciativa gubernamental de Reforma a la Justicia, que para muchos analistas no aborda los problemas reales de la rama judicial, como su eficacia y acercamiento a la ciudadanía. La investigación que incluye testimonios de jueces y fiscales que han tenido que hacer su trabajo de cara al conflicto armado, se une a las voces que reclaman una reforma a la Justicia de fondo, que responda a las necesidades reales para que la rama judicial pueda hacer su trabajo y termine la impunidad.
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Polémica por video que muestra a encapuchados arengando a primíparos de la Univiersidad Distrital
Septiembre 9 de 2008 - 1:30 p.m.
Polémica por video que muestra a encapuchados arengando a primíparos de la Univiersidad Distrital
En las imágenes, reveladas por la senadora Gina Parody, encapuchados arengan a los estudiantes y salen corriendo, escaleras arriba, cantando temas alusivos a la espada del Libertador Simón Bolívar.
Según la parlamentaria, estos videos -alrededor de 31 y colgados en You Tube- son titulados en la web como 'Bienvenida Semestre 2008' y en ellos se observa cómo en el "campus de la Universidad Distrital, del barrio La Macarena, en el centro de Bogotá, los estudiantes reciben charlas dirigidas por encapuchados, sin que nadie tome medidas para evitar que esto se lleve a cabo".
Al hacer la denuncia, la congresista dijo que la guerrilla pretende vincular los estudiantes al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, fundado por alias 'Alfonso Cano', jefe de las Farc.
"Me parece alarmante que las autoridades permitan que los estudiantes se presenten ante otros alumnos con capucha", dijo Parody, quien iba a hacer su denuncia en el debate sobre seguridad en Bogotá, en la Comisión Primera del Senado, a la que no comparecieron ni el alcalde, Samuel Moreno Rojas, ni el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
'Sin intención subversiva': Ossa
Al respecto, Carlos Ossa, rector de la Universidad Distrital, manifestó que "en febrero de este año, cuando se realizó la inducción a los primíparos, aparecieron unos muchachos encapuchados, que de forma pacífica arengaron a los estudiantes. No vi allí ninguna intención subversiva. El hecho de que estén encapuchados es normal en las protestas de los jóvenes".
El rector de la Distrital agregó que cuando "saquen una ley que les prohíba a los muchachos ponerse capuchas, a lo mejor promovida por la senadora (Parody), entonces no los dejo entrar en la Distrital", y comentó que es muy grave que se diga que estos encapuchados "son de las Farc. Además, no estaban violando la ley. Hasta donde yo sé, la libertad de expresión no es prohibida todavía en este país", agregó.
Para Ossa, "este hecho demuestra la intolerancia que está caracterizando al país. Ya se quiere penalizar la protesta, ya cualquier movimiento o cualquier pronunciamiento se interpreta como si fuera subversivo o viniera de las Farc... Me parece totalmente dañina esa percepción".
En un comunicado, la Universidad señaló que "ha sido a través de la historia un espacio de y para el libre pensamiento. Por lo tanto, la Universidad no puede vetar el derecho fundamental a la libre expresión, siempre y cuando se respeten los derechos de toda la comunidad académica".
Por su parte, el alcalde Samuel Moreno dijo que no se debe estigmatizar a los estudiantes de la Universidad Distrital a raíz de este episodio y señaló que se están realizando las investigaciones pertinentes.
Francisco Cajiao, experto en el tema de educación y ex secretario de Educación de Bogotá, dijo que en la Universidad "todo puede decirse y arengarse, pero sin capucha. Hay una contradicción muy grande entre pedir libertad de expresión y esconderse, porque puede venir de cualquiera: de un estudiante o de un ladrón. Incluso de un detective. Que se tenga la cara tapada implica que algo no está bien".
Comentó que entiende la posición del rector Ossa, "pero si yo fuera el director de la Distrital estaría preocupado porque aparecen encapuchados sin ninguna justificación a arengar a los muchachos".
Hablan congresistas
Sectores del Congreso manifestaron su preocupación por estos hechos en la capital del país. La ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que "hay una estrategia de llegar a las universidades para convocar a los jóvenes a la subversión", mientras el senador Alexánder López calificó la situación como un "grave asalto a la paz de las universidades".
El senador Carlos Julio González llamó la atención de las directivas de las universidades y de la Administración Distrital para que se tomen medidas, a fin de evitar que se haga este tipo de proselitismo en los centros de educación superior de la capital del país.
Vea más grabaciones en:
http://www.youtube.com/watch?v=Ayjli7MRPq0
http://www.youtube.com/watch?v=B-6RrxeLeio
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Polémica por video que muestra a encapuchados arengando a primíparos de la Univiersidad Distrital
En las imágenes, reveladas por la senadora Gina Parody, encapuchados arengan a los estudiantes y salen corriendo, escaleras arriba, cantando temas alusivos a la espada del Libertador Simón Bolívar.
Según la parlamentaria, estos videos -alrededor de 31 y colgados en You Tube- son titulados en la web como 'Bienvenida Semestre 2008' y en ellos se observa cómo en el "campus de la Universidad Distrital, del barrio La Macarena, en el centro de Bogotá, los estudiantes reciben charlas dirigidas por encapuchados, sin que nadie tome medidas para evitar que esto se lleve a cabo".
Al hacer la denuncia, la congresista dijo que la guerrilla pretende vincular los estudiantes al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, fundado por alias 'Alfonso Cano', jefe de las Farc.
"Me parece alarmante que las autoridades permitan que los estudiantes se presenten ante otros alumnos con capucha", dijo Parody, quien iba a hacer su denuncia en el debate sobre seguridad en Bogotá, en la Comisión Primera del Senado, a la que no comparecieron ni el alcalde, Samuel Moreno Rojas, ni el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
'Sin intención subversiva': Ossa
Al respecto, Carlos Ossa, rector de la Universidad Distrital, manifestó que "en febrero de este año, cuando se realizó la inducción a los primíparos, aparecieron unos muchachos encapuchados, que de forma pacífica arengaron a los estudiantes. No vi allí ninguna intención subversiva. El hecho de que estén encapuchados es normal en las protestas de los jóvenes".
El rector de la Distrital agregó que cuando "saquen una ley que les prohíba a los muchachos ponerse capuchas, a lo mejor promovida por la senadora (Parody), entonces no los dejo entrar en la Distrital", y comentó que es muy grave que se diga que estos encapuchados "son de las Farc. Además, no estaban violando la ley. Hasta donde yo sé, la libertad de expresión no es prohibida todavía en este país", agregó.
Para Ossa, "este hecho demuestra la intolerancia que está caracterizando al país. Ya se quiere penalizar la protesta, ya cualquier movimiento o cualquier pronunciamiento se interpreta como si fuera subversivo o viniera de las Farc... Me parece totalmente dañina esa percepción".
En un comunicado, la Universidad señaló que "ha sido a través de la historia un espacio de y para el libre pensamiento. Por lo tanto, la Universidad no puede vetar el derecho fundamental a la libre expresión, siempre y cuando se respeten los derechos de toda la comunidad académica".
Por su parte, el alcalde Samuel Moreno dijo que no se debe estigmatizar a los estudiantes de la Universidad Distrital a raíz de este episodio y señaló que se están realizando las investigaciones pertinentes.
Francisco Cajiao, experto en el tema de educación y ex secretario de Educación de Bogotá, dijo que en la Universidad "todo puede decirse y arengarse, pero sin capucha. Hay una contradicción muy grande entre pedir libertad de expresión y esconderse, porque puede venir de cualquiera: de un estudiante o de un ladrón. Incluso de un detective. Que se tenga la cara tapada implica que algo no está bien".
Comentó que entiende la posición del rector Ossa, "pero si yo fuera el director de la Distrital estaría preocupado porque aparecen encapuchados sin ninguna justificación a arengar a los muchachos".
Hablan congresistas
Sectores del Congreso manifestaron su preocupación por estos hechos en la capital del país. La ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que "hay una estrategia de llegar a las universidades para convocar a los jóvenes a la subversión", mientras el senador Alexánder López calificó la situación como un "grave asalto a la paz de las universidades".
El senador Carlos Julio González llamó la atención de las directivas de las universidades y de la Administración Distrital para que se tomen medidas, a fin de evitar que se haga este tipo de proselitismo en los centros de educación superior de la capital del país.
Vea más grabaciones en:
http://www.youtube.com/watch?v=Ayjli7MRPq0
http://www.youtube.com/watch?v=B-6RrxeLeio
www.eltiempo.com
Roscografía
Roscografía
La vida pública del nuevo magistrado Sanabria se ha desarrollado entre la burocracia local, el Concejo de Gachantivá y la Asamblea de Boyacá
Daniel Coronell
La elección de los dos nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura empieza a consolidar la toma de la rama judicial por parte del gobierno, y afectará las investigaciones contra congresistas. Los dos magistrados, elegidos esta semana, son conocidos más por sus vínculos políticos que por su trayectoria como juristas. Ellos harán parte de la sala disciplinaria que tiene la facultad de sancionar a los funcionarios judiciales, entre otros los magistrados principales y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.
En pocas palabras, el presidente Uribe y sus aliados quedaron con la férula en la mano para castigar a quienes han investigado la para-política y la yidispolítica. Y eventualmente para reemplazarlos.
Los nuevos altos jueces disciplinarios son políticos, nominados por el Presidente y escogidos por la bancada uribista.
De Ovidio Claros, el primero de ellos, el padrino político es William Vélez Meza, el escudero de Mario Uribe. Claros ha sido congresista, contralor de Bogotá y gerente del desaparecido Seguro Social en Cundinamarca. De sus logros jurídicos poco se sabe. Lo que sí se conoce es que, en 2002, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes, fue reportado por la Procuraduría dentro de una lista de candidatos sancionados. Según ese documento, el doctor Claros tenía dos registros disciplinarios.
El ahora 'juez de jueces' fue suspendido 30 días de la gerencia del Instituto de Seguros Sociales, porque según la investigación modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.
Sin embargo, esos asuntos nunca han sido obstáculo para el nuevo magistrado. Cuando fue elegido Contralor de Bogotá, en 1997, se posesionó en medio de una polémica porque a pesar de que tenía una resolución de la Procuraduría en su contra, alegó que técnicamente no estaba sancionado. Alguien escribió mal la cédula del doctor Claros en la resolución y mientras la confusión se solucionaba, él accedió al puesto.
El segundo 'juez de jueces' es Pedro Alonso Sanabria, quien ha sido miembro del grupo político del senador Ciro Ramírez, recluido en La Picota por cuenta de la para-política y de sus presuntas relaciones con narcotraficantes como alias 'Mi Sangre' y Gilberto Saavedra, alias el 'Doctor'.
Con la elección de Sanabria para el Consejo Superior de la Judicatura, Ciro extiende su influencia en la rama judicial. Ya tenía serviciales amigos en esa misma institución y en el Consejo de Estado; para no mencionar las cuotas que mantiene con sus anfitriones del Inpec, y que incluyen a su propio hermano.
La vida pública del nuevo magistrado Sanabria se ha desarrollado entre la burocracia local, el Concejo de Gachantivá y la Asamblea de Boyacá. También fue segundo en una lista a la Cámara de Representantes, encabezada por Rafael Flechas, dueño de una finca en la que en su momento acordaron reunirse alias 'Mi Sangre' y el poderoso Ciro Ramírez.
Jorge, el hermano de Rafael Flechas, fue también, hasta hace unas semanas, magistrado del Consejo de la Judicatura y estuvo a punto de convertirse nada menos que en magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque -y este es otro gran tema- el Consejo Superior de la Judicatura está encargado de nominar a los candidatos para la Corte.
Con la posibilidad de sancionar a los actuales y proponer a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Claros y Sanabria llegan a la alta corporación judicial.
Allí se encontraran con el presidente de la sala disciplinaria, el magistrado Angelino Lizcano, cuota de otro político detenido: el congresista Luis Fernando Almario, procesado al mismo tiempo por presuntas relaciones con las Farc y con los paramilitares.
De la mano de Almario, Angelino Lizcano saltó de la Licorera del Caquetá a la secretaría de la Cámara de Representantes y de allí a la magistratura.
El paradójico resultado de la toma política del Consejo Superior de la Judicatura, es que muy pronto algunos reos podrían estar decidiendo el destino de sus jueces.
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Daniel Coronell
La elección de los dos nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura empieza a consolidar la toma de la rama judicial por parte del gobierno, y afectará las investigaciones contra congresistas. Los dos magistrados, elegidos esta semana, son conocidos más por sus vínculos políticos que por su trayectoria como juristas. Ellos harán parte de la sala disciplinaria que tiene la facultad de sancionar a los funcionarios judiciales, entre otros los magistrados principales y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.
En pocas palabras, el presidente Uribe y sus aliados quedaron con la férula en la mano para castigar a quienes han investigado la para-política y la yidispolítica. Y eventualmente para reemplazarlos.
Los nuevos altos jueces disciplinarios son políticos, nominados por el Presidente y escogidos por la bancada uribista.
De Ovidio Claros, el primero de ellos, el padrino político es William Vélez Meza, el escudero de Mario Uribe. Claros ha sido congresista, contralor de Bogotá y gerente del desaparecido Seguro Social en Cundinamarca. De sus logros jurídicos poco se sabe. Lo que sí se conoce es que, en 2002, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes, fue reportado por la Procuraduría dentro de una lista de candidatos sancionados. Según ese documento, el doctor Claros tenía dos registros disciplinarios.
El ahora 'juez de jueces' fue suspendido 30 días de la gerencia del Instituto de Seguros Sociales, porque según la investigación modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.
Sin embargo, esos asuntos nunca han sido obstáculo para el nuevo magistrado. Cuando fue elegido Contralor de Bogotá, en 1997, se posesionó en medio de una polémica porque a pesar de que tenía una resolución de la Procuraduría en su contra, alegó que técnicamente no estaba sancionado. Alguien escribió mal la cédula del doctor Claros en la resolución y mientras la confusión se solucionaba, él accedió al puesto.
El segundo 'juez de jueces' es Pedro Alonso Sanabria, quien ha sido miembro del grupo político del senador Ciro Ramírez, recluido en La Picota por cuenta de la para-política y de sus presuntas relaciones con narcotraficantes como alias 'Mi Sangre' y Gilberto Saavedra, alias el 'Doctor'.
Con la elección de Sanabria para el Consejo Superior de la Judicatura, Ciro extiende su influencia en la rama judicial. Ya tenía serviciales amigos en esa misma institución y en el Consejo de Estado; para no mencionar las cuotas que mantiene con sus anfitriones del Inpec, y que incluyen a su propio hermano.
La vida pública del nuevo magistrado Sanabria se ha desarrollado entre la burocracia local, el Concejo de Gachantivá y la Asamblea de Boyacá. También fue segundo en una lista a la Cámara de Representantes, encabezada por Rafael Flechas, dueño de una finca en la que en su momento acordaron reunirse alias 'Mi Sangre' y el poderoso Ciro Ramírez.
Jorge, el hermano de Rafael Flechas, fue también, hasta hace unas semanas, magistrado del Consejo de la Judicatura y estuvo a punto de convertirse nada menos que en magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque -y este es otro gran tema- el Consejo Superior de la Judicatura está encargado de nominar a los candidatos para la Corte.
Con la posibilidad de sancionar a los actuales y proponer a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Claros y Sanabria llegan a la alta corporación judicial.
Allí se encontraran con el presidente de la sala disciplinaria, el magistrado Angelino Lizcano, cuota de otro político detenido: el congresista Luis Fernando Almario, procesado al mismo tiempo por presuntas relaciones con las Farc y con los paramilitares.
De la mano de Almario, Angelino Lizcano saltó de la Licorera del Caquetá a la secretaría de la Cámara de Representantes y de allí a la magistratura.
El paradójico resultado de la toma política del Consejo Superior de la Judicatura, es que muy pronto algunos reos podrían estar decidiendo el destino de sus jueces.
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La masacre de Trujillo y los mecanismos del terror
La masacre de Trujillo y los mecanismos del terror
On Line Una de las características más brutales y difíciles de comprender del conflicto colombiano es el empleo del terror para buscar la subordinación, el exterminio o la desestabilización de las poblaciones.
Vladimir Melo Moreno*
La Masacre de Trujillo
El caso conocido como la “Masacre de Trujillo” es un ejemplo límite. Dicho caso comprendió una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En estos hechos murieron, por lo menos, 245 personas.
Dichos actos de violencia fueron llevados a cabo por una alianza regional, de carácter temporal, entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya “Don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán”, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror implementadas figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de “limpieza social” y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras.
Terror difuso y contundente.
Memoria Histórica en su reconstrucción del terror, para el caso Trujillo, muestra la forma compleja en que éste se operó en la región entre 1986 y 1994. Por una parte, hubo una estrategia generalizada en el uso de los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes, para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y, así, impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo denominar los sucesos como hechos aislados.
Por otra parte, se llevaron a cabo prácticas de terror de mayor impacto, especialmente en 1990, el cual fue un año crítico en el conflicto. Dichas prácticas fueron contundentes: se trató de una oleada de homicidios selectivos, cuyo número de víctimas ascendió a 55, y de una serie de pequeñas masacres en las que fueron asesinadas 19 personas, una de ellas el párroco de Trujillo, Padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla.
La crueldad extrema
Una de las particularidades del proceso de violencia en Trujillo, especialmente en 1990, fue la generalización de la sevicia o crueldad extrema como mecanismo de terror. A la secuencia que se estableció entre la desaparición forzada y el posterior homicidio, propia de la guerra sucia, se sumaron la tortura y la mutilación de los cuerpos de las víctimas. Esta última práctica se realizaba sobre las víctimas aún con vida, para luego arrojar los fragmentos de los cuerpos al río Cauca. Así el río se convirtió, simultáneamente, en fosa común y en mensajero del terror.
Por otra parte, el uso de instrumentos como la motosierra, para la mutilación de los cuerpos, se hace presente allí por primera vez en el contexto del conflicto armado. Se puede advertir en este caso un modelo de reproducción de las prácticas de terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país (Putumayo). “Don Diego” y “El Alacrán” las aprendieron allí cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Impactos de los mecanismos del terror en Trujillo
Memoria Histórica ha podido recoger en su investigación diversos impactos del terror ejercido en Trujillo. Una primera dimensión está asociada con el empobrecimiento general de la población, debido a que buen número de las víctimas se encontraba en plena edad productiva. Así mismo, los ingresos que ellas producían eran fundamentales para el sostenimiento de las familias. Otra dimensión importante en la transformación productiva de la región se manifestó en la disolución de las cooperativas campesinas, como estrategias alternativas de subsistencia. Estas formas de organización productiva comunitaria fueron socavadas por el temor a ser estigmatizadas y a convertirse en víctimas de amenazas y acciones violentas.
En segundo lugar, se produce una ruptura y una reconfiguración de las relaciones sociales al interior de las comunidades, debido al desplazamiento forzado de la población rural —donde se concentró el terror— y a la selectividad con la que actuaron los victimarios.
Los asesinatos de diversos trabajadores y trabajadoras como los motoristas, comerciantes y tenderos, inspectores de policía, dirigentes políticos, el párroco de Trujillo y la enfermera de la vereda La Sonora, tuvieron un impacto importante en el debilitamiento de la red social local. Sus muertes afectaron, de manera profunda, todas las prácticas cotidianas de las comunidades.
Por otro lado, el terror provocó, en el largo plazo, una desconfianza generalizada entre la población y de ésta con respecto a las autoridades, ya que estas últimas son identificadas como agentes activos de los crímenes y como garantes de su impunidad. Actualmente, en el municipio de Trujillo un alto porcentaje de las personas considera que los conflictos se resuelven pasándolos por alto y olvidándolos.
Estas actitudes estarían relacionadas con el silenciamiento sistemático de la memoria de las víctimas, quienes han tenido que luchar permanentemente, en medio de la permanencia de los victimarios, para que su voz sea escuchada y su relato haga parte de la memoria colectiva de la sociedad nacional.
El uso del terror como estrategia, hace de Trujillo un caso emblemático de la violencia contemporánea de Colombia. Una de las consecuencias más importantes del despliegue del terror como parte de dicho conflicto, es la de no permitir que las víctimas elaboren sus duelos, dejando las heridas abiertas: las familias que esperan indefinidamente a los desaparecidos; los cadáveres que nunca pudieron ser recuperados para sus honras fúnebres, y los cuerpos profanados, torturados y mutilados, producen un sentimiento de indefensión total y permanente entre la población. Por esto, recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es un paso indispensable para la superación de los traumas colectivos que genera el terror en esta guerra.
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*Vladimir Melo Moreno es investigador de la Línea de Investigación Mecanismos, Lógicas e Impactos del Terror en el Conflicto Interno Armado en Colombia
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Vladimir Melo Moreno*
La Masacre de Trujillo
El caso conocido como la “Masacre de Trujillo” es un ejemplo límite. Dicho caso comprendió una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En estos hechos murieron, por lo menos, 245 personas.
Dichos actos de violencia fueron llevados a cabo por una alianza regional, de carácter temporal, entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya “Don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán”, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror implementadas figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de “limpieza social” y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras.
Terror difuso y contundente.
Memoria Histórica en su reconstrucción del terror, para el caso Trujillo, muestra la forma compleja en que éste se operó en la región entre 1986 y 1994. Por una parte, hubo una estrategia generalizada en el uso de los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes, para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y, así, impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo denominar los sucesos como hechos aislados.
Por otra parte, se llevaron a cabo prácticas de terror de mayor impacto, especialmente en 1990, el cual fue un año crítico en el conflicto. Dichas prácticas fueron contundentes: se trató de una oleada de homicidios selectivos, cuyo número de víctimas ascendió a 55, y de una serie de pequeñas masacres en las que fueron asesinadas 19 personas, una de ellas el párroco de Trujillo, Padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla.
La crueldad extrema
Una de las particularidades del proceso de violencia en Trujillo, especialmente en 1990, fue la generalización de la sevicia o crueldad extrema como mecanismo de terror. A la secuencia que se estableció entre la desaparición forzada y el posterior homicidio, propia de la guerra sucia, se sumaron la tortura y la mutilación de los cuerpos de las víctimas. Esta última práctica se realizaba sobre las víctimas aún con vida, para luego arrojar los fragmentos de los cuerpos al río Cauca. Así el río se convirtió, simultáneamente, en fosa común y en mensajero del terror.
Por otra parte, el uso de instrumentos como la motosierra, para la mutilación de los cuerpos, se hace presente allí por primera vez en el contexto del conflicto armado. Se puede advertir en este caso un modelo de reproducción de las prácticas de terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país (Putumayo). “Don Diego” y “El Alacrán” las aprendieron allí cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Impactos de los mecanismos del terror en Trujillo
Memoria Histórica ha podido recoger en su investigación diversos impactos del terror ejercido en Trujillo. Una primera dimensión está asociada con el empobrecimiento general de la población, debido a que buen número de las víctimas se encontraba en plena edad productiva. Así mismo, los ingresos que ellas producían eran fundamentales para el sostenimiento de las familias. Otra dimensión importante en la transformación productiva de la región se manifestó en la disolución de las cooperativas campesinas, como estrategias alternativas de subsistencia. Estas formas de organización productiva comunitaria fueron socavadas por el temor a ser estigmatizadas y a convertirse en víctimas de amenazas y acciones violentas.
En segundo lugar, se produce una ruptura y una reconfiguración de las relaciones sociales al interior de las comunidades, debido al desplazamiento forzado de la población rural —donde se concentró el terror— y a la selectividad con la que actuaron los victimarios.
Los asesinatos de diversos trabajadores y trabajadoras como los motoristas, comerciantes y tenderos, inspectores de policía, dirigentes políticos, el párroco de Trujillo y la enfermera de la vereda La Sonora, tuvieron un impacto importante en el debilitamiento de la red social local. Sus muertes afectaron, de manera profunda, todas las prácticas cotidianas de las comunidades.
Por otro lado, el terror provocó, en el largo plazo, una desconfianza generalizada entre la población y de ésta con respecto a las autoridades, ya que estas últimas son identificadas como agentes activos de los crímenes y como garantes de su impunidad. Actualmente, en el municipio de Trujillo un alto porcentaje de las personas considera que los conflictos se resuelven pasándolos por alto y olvidándolos.
Estas actitudes estarían relacionadas con el silenciamiento sistemático de la memoria de las víctimas, quienes han tenido que luchar permanentemente, en medio de la permanencia de los victimarios, para que su voz sea escuchada y su relato haga parte de la memoria colectiva de la sociedad nacional.
El uso del terror como estrategia, hace de Trujillo un caso emblemático de la violencia contemporánea de Colombia. Una de las consecuencias más importantes del despliegue del terror como parte de dicho conflicto, es la de no permitir que las víctimas elaboren sus duelos, dejando las heridas abiertas: las familias que esperan indefinidamente a los desaparecidos; los cadáveres que nunca pudieron ser recuperados para sus honras fúnebres, y los cuerpos profanados, torturados y mutilados, producen un sentimiento de indefensión total y permanente entre la población. Por esto, recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es un paso indispensable para la superación de los traumas colectivos que genera el terror en esta guerra.
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*Vladimir Melo Moreno es investigador de la Línea de Investigación Mecanismos, Lógicas e Impactos del Terror en el Conflicto Interno Armado en Colombia
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Contra el Olvido
Contra el olvido
Cada año la comunidad de Trujillo hace una peregrinación “de solidaridad en el dolor” al Parque Monumento donde yacen centenares de víctimas. Este martes la comunidad recibirá allí el informe oficial del Grupo de Memoria Histórica
MemoriaCon el informe de la masacre de Trujillo que se conocerá esta semana empieza a construirse la memoria de la guerra reciente del país.
Sábado 6 Septiembre 12:00AMPUBLICIDAD
Gonzalo Sánchez coordina el Grupo de Memoria Histórica conformado por importantes académicos como Álvaro Camacho Guizado, quien estuvo al frente de la investigación sobre el caso Las piedras del camino de Siapana
Información
Relacionada ArtículosLa masacre de Trujillo y los mecanismos del terror
El grupo está dirigido por el historiador Gonzalo Sánchez, quien hace dos décadas también lideró el estudio sobre la guerra en Colombia, que inauguró en el país la generación de los llamados violentólogos. El Grupo de Memoria decidió trabajar para reconstruir casos emblemáticos que permitan explicar cómo ha sido el conflicto colombiano. Episodios como el exterminio de la UP para mostrar la violencia política; la masacre de La Rochela, para ver cómo se intentó amordazar a la justicia; la masacre de Bojayá como ejemplo de la violencia guerrillera, o la violencia sexual contra las mujeres para mostrar cómo se han hecho invisibles ciertos crímenes.
No obstante, el Grupo de Memoria decidió empezar su trabajo con la masacre de Trujillo, Valle, ocurrida a principios de los 90. Eligieron esta matanza justamente porque fue una de las más crueles, que se prolongó en el tiempo, y en la que el Estado ya reconoció su falta con la comunidad y ofreció algo de reparación. Al frente del estudio sobre Trujillo estuvo el investigador Álvaro Camacho Guizado, quien coordinó a un grupo de trabajo que recopiló durante meses testimonios sobre la masacre. Luego analizaron todo el material y lo organizaron a manera de relato. El resultado es un informe de 304 páginas titulado 'Trujillo: una tragedia que no cesa'. Los resultados de esta investigación, que se ha hecho dándoles voz especialmente a las víctimas, para reconocer su verdad, casi siempre opacada por la de los victimarios, se darán a conocer esta semana en la misma población del Valle.
Estos son algunos de los elementos más interesantes hallados en el estudio del caso Trujillo:
La tragedia que no cesa
Cuando se habla de 'la masacre de Trujillo' se apela a esta denominación acuñada por medios de comunicación, comisiones e investigadores que han analizado este caso. Sin embargo se refiere a mucho más que a un episodio. Realmente se trata del ensañamiento sistemático contra una pequeña población que sufrió centenares de matanzas colectivas, desapariciones, torturas y desplazamientos, principalmente entre 1988 y 1994. Sin duda uno de los más atroces fue la muerte del sacerdote Tiberio Fernández, líder espiritual de la comunidad. Decenas de personas amanecían cada día tendidas en las cunetas de carreteras y senderos.
Por lo menos otras siete personas murieron de pena moral. Además las amenazas y tensiones sobre esta comunidad persisten con la acción temeraria de las bandas del norte del Valle, 'Los machos' y 'Los rastrojos', que luchan a muerte por el dominio de esta zona clave para sus negocios de narcotráfico. Todos estos elementos permiten concluir que ciertamente "la masacre de Trujillo es una masacre continua".
Los métodos de terror
El informe sentencia que "En Trujillo se exhibe un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y terror (...) que se repetirá una y mil veces por la geografía nacional: el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas". Efectivamente desde hace dos décadas este tipo de procedimientos siniestros se emplearon en esta zona del Valle y desde allí se proyectaron a otras zonas del país donde fueron desarrollados, e incluso perfeccionados.
Prueba de ello son las 'escuelas de descuartizamiento' que los paramilitares crearon para castigar a las víctimas y atemorizar por igual a sobrevivientes y disidentes. Fue en Trujillo donde se empezaron a desarrollar lo que el informe define como 'tecnologías del terror', procedimientos que buscaban dosificar el sufrimiento en las víctimas y aleccionar sicológicamente a la comunidad, todo a punta del horror como espectáculo.
El mayor teatro de este siniestro fue el río Cauca al que muchos simplemente denominaron 'río tumba'. Basta con apuntar que entre 1990 y 1999 Medicina Legal practicó 547 necropsias a cuerpos que flotaban por este caudal entre Cauca, Valle y Risaralda.
El esfuerzo por la memoria
En torno a la tragedia de Trujillo surgió una comunidad guardiana de la memoria. A pesar de las adversidades -de todo tipo- las familias dolientes insisten en denunciar, organizarse y sacar adelante un monumento emblemático que aunque han hecho con las uñas a través de los años, es hoy ejemplo nacional de resistencia. Se trata del Parque Monumento a las Víctimas, construido por la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit). Este complejo monumento al aire libre aparece como una fórmula para tramitar el duelo y dejar una constancia imponente del horror vivido en el municipio. El monumento cuenta con varias secciones.
En lo alto del monumento está la cripta del padre Tiberio Fernández, que fue profanada este año. En otra área hay 235 osarios en los que se destacan esculturas individuales hechas por los dolientes y alusivas a los oficios que desempeñaban quienes yacen en esas tumbas. A unos metros de los osarios está el 'Muro de la Sombra del Amor'. Es una obra plástica aportada por un artista kurdo que planea instaurar otras seis piezas idénticas en otras zonas del mundo estremecidas por la violencia. La idea es que el conjunto conforme un círculo perfecto, símbolo del dolor universal de las víctimas. Por todo ello es que el Grupo de Memoria considera que Trujillo, confrontando la violencia estéticamente, "es una de las experiencias de mayor creatividad cultural y simbólica en Colombia".
Total impunidad y nula reparación
La ausencia de castigo a los responsables en la tragedia de Trujillo se garantizó gracias a un entramado de impunidades de todo tipo. Del lado oficial está la ausencia del Estado y su implicación (por acción u omisión) en varios crímenes. Igualmente la inoperancia del aparato judicial que permitió la pérdida de pruebas y actuó torpemente al fraccionar la investigación criminal. Apenas el pasado 15 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación contra el coronel retirado Alirio Antonio Urueña, el único militar detenido por los hechos de Trujillo. La deuda de verdad está más vigente que nunca. Y el tiempo que pasa es la verdad que huye, dicen acertadamente los expertos penalistas.
Por su parte, muchos medios de comunicación y la sociedad en general fallaron al guardar silencio complaciente. Y aun peor, en otras ocasiones se facilitó la resonancia del discurso legitimador de los victimarios o se sembró sospecha sobre las víctimas al descalificar sus reclamos.
Incluso la impunidad persistió cuando intervino la justicia internacional representada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado. Su sentencia fue parcialmente cumplida. Si bien el presidente Samper reconoció en 1995 la responsabilidad estatal y ofreció excusas públicas ello no trascendió de la 'retórica política', pues las exigencias del fallo continúan en veremos.
La reparación que contempló la sentencia simplemente fracasó. Las casas con las que se debía resarcir materialmente el daño ocasionado a las víctimas se quedaron en obra negra porque los recursos se esfumaron en una mezcla de corrupción y desidia. Y si hoy hay una obra de reparación simbólica (el Parque Monumento) es realmente debido al empeño de la comunidad. Por todo ello es que al evaluar las tareas de reparación el informe habla "de la enorme deuda del Estado con las víctimas".
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Cada año la comunidad de Trujillo hace una peregrinación “de solidaridad en el dolor” al Parque Monumento donde yacen centenares de víctimas. Este martes la comunidad recibirá allí el informe oficial del Grupo de Memoria Histórica
MemoriaCon el informe de la masacre de Trujillo que se conocerá esta semana empieza a construirse la memoria de la guerra reciente del país.
Sábado 6 Septiembre 12:00AMPUBLICIDAD
Gonzalo Sánchez coordina el Grupo de Memoria Histórica conformado por importantes académicos como Álvaro Camacho Guizado, quien estuvo al frente de la investigación sobre el caso Las piedras del camino de Siapana
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No obstante, el Grupo de Memoria decidió empezar su trabajo con la masacre de Trujillo, Valle, ocurrida a principios de los 90. Eligieron esta matanza justamente porque fue una de las más crueles, que se prolongó en el tiempo, y en la que el Estado ya reconoció su falta con la comunidad y ofreció algo de reparación. Al frente del estudio sobre Trujillo estuvo el investigador Álvaro Camacho Guizado, quien coordinó a un grupo de trabajo que recopiló durante meses testimonios sobre la masacre. Luego analizaron todo el material y lo organizaron a manera de relato. El resultado es un informe de 304 páginas titulado 'Trujillo: una tragedia que no cesa'. Los resultados de esta investigación, que se ha hecho dándoles voz especialmente a las víctimas, para reconocer su verdad, casi siempre opacada por la de los victimarios, se darán a conocer esta semana en la misma población del Valle.
Estos son algunos de los elementos más interesantes hallados en el estudio del caso Trujillo:
La tragedia que no cesa
Cuando se habla de 'la masacre de Trujillo' se apela a esta denominación acuñada por medios de comunicación, comisiones e investigadores que han analizado este caso. Sin embargo se refiere a mucho más que a un episodio. Realmente se trata del ensañamiento sistemático contra una pequeña población que sufrió centenares de matanzas colectivas, desapariciones, torturas y desplazamientos, principalmente entre 1988 y 1994. Sin duda uno de los más atroces fue la muerte del sacerdote Tiberio Fernández, líder espiritual de la comunidad. Decenas de personas amanecían cada día tendidas en las cunetas de carreteras y senderos.
Por lo menos otras siete personas murieron de pena moral. Además las amenazas y tensiones sobre esta comunidad persisten con la acción temeraria de las bandas del norte del Valle, 'Los machos' y 'Los rastrojos', que luchan a muerte por el dominio de esta zona clave para sus negocios de narcotráfico. Todos estos elementos permiten concluir que ciertamente "la masacre de Trujillo es una masacre continua".
Los métodos de terror
El informe sentencia que "En Trujillo se exhibe un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y terror (...) que se repetirá una y mil veces por la geografía nacional: el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas". Efectivamente desde hace dos décadas este tipo de procedimientos siniestros se emplearon en esta zona del Valle y desde allí se proyectaron a otras zonas del país donde fueron desarrollados, e incluso perfeccionados.
Prueba de ello son las 'escuelas de descuartizamiento' que los paramilitares crearon para castigar a las víctimas y atemorizar por igual a sobrevivientes y disidentes. Fue en Trujillo donde se empezaron a desarrollar lo que el informe define como 'tecnologías del terror', procedimientos que buscaban dosificar el sufrimiento en las víctimas y aleccionar sicológicamente a la comunidad, todo a punta del horror como espectáculo.
El mayor teatro de este siniestro fue el río Cauca al que muchos simplemente denominaron 'río tumba'. Basta con apuntar que entre 1990 y 1999 Medicina Legal practicó 547 necropsias a cuerpos que flotaban por este caudal entre Cauca, Valle y Risaralda.
El esfuerzo por la memoria
En torno a la tragedia de Trujillo surgió una comunidad guardiana de la memoria. A pesar de las adversidades -de todo tipo- las familias dolientes insisten en denunciar, organizarse y sacar adelante un monumento emblemático que aunque han hecho con las uñas a través de los años, es hoy ejemplo nacional de resistencia. Se trata del Parque Monumento a las Víctimas, construido por la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit). Este complejo monumento al aire libre aparece como una fórmula para tramitar el duelo y dejar una constancia imponente del horror vivido en el municipio. El monumento cuenta con varias secciones.
En lo alto del monumento está la cripta del padre Tiberio Fernández, que fue profanada este año. En otra área hay 235 osarios en los que se destacan esculturas individuales hechas por los dolientes y alusivas a los oficios que desempeñaban quienes yacen en esas tumbas. A unos metros de los osarios está el 'Muro de la Sombra del Amor'. Es una obra plástica aportada por un artista kurdo que planea instaurar otras seis piezas idénticas en otras zonas del mundo estremecidas por la violencia. La idea es que el conjunto conforme un círculo perfecto, símbolo del dolor universal de las víctimas. Por todo ello es que el Grupo de Memoria considera que Trujillo, confrontando la violencia estéticamente, "es una de las experiencias de mayor creatividad cultural y simbólica en Colombia".
Total impunidad y nula reparación
La ausencia de castigo a los responsables en la tragedia de Trujillo se garantizó gracias a un entramado de impunidades de todo tipo. Del lado oficial está la ausencia del Estado y su implicación (por acción u omisión) en varios crímenes. Igualmente la inoperancia del aparato judicial que permitió la pérdida de pruebas y actuó torpemente al fraccionar la investigación criminal. Apenas el pasado 15 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación contra el coronel retirado Alirio Antonio Urueña, el único militar detenido por los hechos de Trujillo. La deuda de verdad está más vigente que nunca. Y el tiempo que pasa es la verdad que huye, dicen acertadamente los expertos penalistas.
Por su parte, muchos medios de comunicación y la sociedad en general fallaron al guardar silencio complaciente. Y aun peor, en otras ocasiones se facilitó la resonancia del discurso legitimador de los victimarios o se sembró sospecha sobre las víctimas al descalificar sus reclamos.
Incluso la impunidad persistió cuando intervino la justicia internacional representada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado. Su sentencia fue parcialmente cumplida. Si bien el presidente Samper reconoció en 1995 la responsabilidad estatal y ofreció excusas públicas ello no trascendió de la 'retórica política', pues las exigencias del fallo continúan en veremos.
La reparación que contempló la sentencia simplemente fracasó. Las casas con las que se debía resarcir materialmente el daño ocasionado a las víctimas se quedaron en obra negra porque los recursos se esfumaron en una mezcla de corrupción y desidia. Y si hoy hay una obra de reparación simbólica (el Parque Monumento) es realmente debido al empeño de la comunidad. Por todo ello es que al evaluar las tareas de reparación el informe habla "de la enorme deuda del Estado con las víctimas".
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