Recordar es morir
Tal vez la información del piloto le molestó a alguien, porque al aviador memorioso lo mataron desde una moto en julio de 2001
Por Daniel Coronell
Le ha ido mejor al general Rito Alejo del Río que a quienes han declarado en su contra. Mientras él sigue rodeado de poderosos, una racha inexplicable y fatal ha ido acabando con quienes se han atrevido a atestiguar en contra de este oficial en uso de buen retiro y de inocencia judicial.
Uno de esos desafortunados testigos fue Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes. Era un soldado profesional que en 2001, contó sus recuerdos de Carepa, Antioquia, cuando Rito Alejo era comandante de la Brigada 17.
El soldado Giraldo aseguró que los paramilitares llegaban a la Brigada "como Pedro por su casa". Según afirmó en una declaración grabada en video "Ahí normal entraban y somos paracos y que vamos a hablar con el general Rito Alejo. Entraban a hablar con el general, se demoraban cuatro o cinco horas, medio día, y después que los paramilitares salían para Apartadó, al otro día era la masacre fija pues".
Según ese testimonio, el general recibía en su despacho al 'Mono' Mancuso, a 'Negrofino', a 'Coyote' y a 'Doble Cero'. El soldado decía recordar que "toda masacre que íbamos a hacer, teníamos que apoyar a los paracos".
Por cuenta de esa declaración Rito Alejo del Río fue capturado y recluido en la Escuela de Infantería. Sin embargo, desde la llegada de Luis Camilo Osorio a la Fiscalía las cosas se empezaron a componer para el general. Los fiscales que lo procesaban fueron despedidos y poco después el soldado Giraldo, detenido en una cárcel común, denunció que estaba recibiendo presiones para que cambiara su declaración.
Finalmente, Oswaldo de Jesús Giraldo se retractó, según explicó "porque la justicia colombiana no ha actuado como se debe, en contra de los corruptos, sólo me tiene a mí pagando cárcel".
Después de salir de la cárcel, en abril del año 2005, lo mataron a tiros en Yarumal, Antioquia.
Pero el soldado Giraldo no ha sido la única persona cuyos recuerdos antecedieron la fatalidad.
José de Jesús Germán, un ex concejal de Apartadó, le ofreció a la Fiscalía pruebas contra el general Del Río. Una investigadora judicial que sostuvo una entrevista previa con el potencial testigo consideró que tenía elementos importantes. Tristemente, la justicia y el país se quedaron sin conocer esos elementos. En septiembre de 2001, unas horas antes de oficializar su testimonio, el ex concejal fue acribillado en un modesto hotel de Bogotá.
La funcionaria judicial a quien había contactado recibió amenazas de muerte y tuvo que dejar el país.
Por desgracia, ahí no termina la mortal serie de casualidades.
Los paramilitares que ejecutaron la masacre de Mapiripán fueron transportados desde Urabá en dos aviones alquilados. Para la época, el comandante militar de la zona era el general Del Río. Uno de los pilotos, llamado Juan Manuel Ortiz Matamoros, recordó: "En la pista había personal militar y yo paré frente a la Policía antinarcóticos, pero nadie dijo nada. Es más, los del Ejército posaron y se tomaron fotos al lado del avión".
Los investigadores no consideraron importante preguntarle a Rito Alejo por qué sus hombres permanecieron impasibles frente al embarque de los paramilitares. Pero, tal vez, la información del piloto le molestó a alguien porque al aviador memorioso lo mataron desde una moto, el 7 de julio de 2001, en inmediaciones del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
En lo que va corrido de este año, han surgido tres nuevos testimonios contra Rito Alejo del Río. Salvatore Mancuso certificó su cercanía con el general y ratificó, en lo sustancial, el primer testimonio del finado soldado Giraldo. Alias 'HH' calificó con 10 sobre 10 el grado de colaboración de Rito Alejo con los paramilitares. Un suboficial del Ejército, testigo principal contra el coronel Hernán Mejía, señaló que el general Del Río usó helicópteros militares para transportar miembros de las autodefensas y que incluso recomendó a un paramilitar como chofer civil del Batallón Colombia en el Sinaí.
Nada ha resultado suficiente para que la justicia se ocupe del general Rito Alejo del Río. Quizá ellos tienen claro que la buena memoria trae mala suerte.
Publicado en www.semana.com
viernes, 24 de agosto de 2007
El juego presidencial y el canje humanitario
El juego presidencial y el canje humanitario
Melquizedec Torremolinos
ANNCOL
En buenahora la senadora Piedad Córdoba sea la facilitadora para que la Insurgencia colombiana (Farc-ep, E-L -N) logre que en países como México, Venezuela, Francia, se abran sedes de esas organizaciones político-militares, en reconocimiento a su status político internacional de fuerzas beligerantes y un primer paso para que tanto el ilegitimo gobierno colombiano como el de sus países amigos les revoquen el calificativo de terroristas. Unas condiciones objetivas así resurgidas conllevaría a asumir en serio y sin divagaciones legalistas el problema del secuestro político en Colombia, materializando el Canje Humanitario, que sin lugar a condicionamientos, viabiliza la búsqueda de una solución política negociada en Colombia.
Los registros de nuevas distracciones en torno al intercambio de presos políticos y guerrilleros detenidos en Colombia y en U.S.A. y los retenidos por la Insurgencia, permite al Miniführer mantener el escenario de una confrontación armada con la Insurgencia, que no gana. Ante su demostrada incapacidad de lograr solución, en el territorio nacional, al problema político-militar del Canje Humanitario; ahora se apoya en dirigentes de reconocida sensibilidad popular en el país, como la Senadora Piedad Córdoba. Su designación como facilitadora en acercamientos con la Insurgencia trae consigo dos inevitables situaciones que saltan a la palestra: la de una creciente presión política contra el mandatario colombiano por los anteriores, fallidos y hasta fallecidos “facilitadores” por él designados. De otro lado, enlodar la imagen del gobierno bolivariano de Venezuela ante el mundo, bajo el San Benito que las guerrillas de las Farc-ep también es bolivariana y en Venezuela tienen “su cuartel general”.
Loable la iniciativa de la senadora Piedad, como denigrante el remojo de barbas del Miniführer, esperando que el Presidente Hugo Chávez lave los platos rotos de su soberbia actitud.
En el panorama político internacional nada mas descabellado que pretender admitir que un gobierno popular como el bolivariano, asfalte el ilegítimo gobierno fratricida y narco paramilitar colombiano. En las primeras de cambio, qué efectos redundan en aliviar el dolor de las familias de los presos políticos, de guerrilleros y también de retenidos por la Insurgencia, en que la alta diplomacia de dos Jefes de Estado tan disimiles busquen a espaldas de las fuerzas insurgentes colombianas decidir el derrotero político inmediato del país colombiano?. Resulta que las Montañas de Colombia , no son escenario para la búsqueda de la solución política?. De manera que las ciudades colombianas- centro del poder político- no son medio para el desempeño diplomático de los países facilitadores?. Acaso la diplomacia de los países facilitadores no comprende el asumir un rol o papel ante el Imperio para el cese de toda clase de violación a los derechos fundamentales de Sonia y Trinidad, atropellados y sometidos a condiciones infrahumanas?. Subsiguientemente, trabajar en la lógica de un intercambio de los tres ciudadanos estadounidenses por los dos guerrilleros colombianos. Bajo la fórmula “2 por 3”, contribuirían a desenmarañar la situación creada por el Miniführer, al utilizar la indigna extradición como instrumento contrainsurgente en Colombia.
En buenahora la senadora Piedad Córdoba sea la facilitadora para que la Insurgencia colombiana (Farc-ep, E-L -N) logre que en países como México, Venezuela, Francia, se abran sedes de esas organizaciones político-militares, en reconocimiento a su status político internacional de fuerzas beligerantes y un primer paso para que tanto el ilegitimo gobierno colombiano como el de sus países amigos les revoquen el calificativo de terroristas. Unas condiciones objetivas así resurgidas conllevaría a asumir en serio y sin divagaciones legalistas el problema del secuestro político en Colombia, materializando el Canje Humanitario, que sin lugar a condicionamientos, viabiliza la búsqueda de una solución política negociada en Colombia.
Continuar con actitudes unilaterales desconociendo el escenario natural y el paisaje de patria en que se mueve la Insurgencia colombiana, dilata aun más el canje verdadero de dando y entregando. En tanto se le acaba el tiempo al narco-paraco Presidente para lograr solución y victoria, juntas.
LA FARSA ELECTORERA EN COLOMBIA
En este país, regido por la fe confesional que los Medios de Alienación Masiva, repiten a diario, el gobernante de todos conocido por sus antecedentes familiares y personales con el narcotráfico, aspira que unas nuevas elecciones de remozamiento del aparato estatal a llevarse a cabo en el mes de octubre próximo, maquillen al país como un ejemplo de democracia. El cinismo de contar con un sistema electorero corrupto, con practicas electoreras criminales; con tierra a punta de moto sierra arrasada; con seis millares de dirigentes y candidatos políticos y populares asesinados; con activos paramilitares actuando con la patente de impunidad que su gobernarte les permite, en todas las regiones de Colombia; contrasta con la mojigata realidad expresada por el Procurador Nacional de Colombia cuando alerta que en trescientos veinte municipios colombianos no existen garantías para llevar a cabo elecciones. Con anterioridad hemos recontado la conflictiva situación en el eje fronterizo colombo-venezolano. No serán trescientos treinta y tantos los Municipios colombianos en que no estén dadas las condiciones para llevar a cabo las elecciones en el mes de Octubre próximo. El efecto del dominio paramilitar de la derecha está en todos los municipios, incluidas las grandes ciudades. El Imperio y la narco oligarquía colombiana apuestan con mentiras bajo un sistema electorero corrupto, perpetuado bajo una concepción criminal y falsa, lo cual lo hace imposible de ser convalidado por cualquier organismo Veedor internacional que se respete.
Es sabido que la única oposición política existente en Colombia, es la oposición armada. La oposición no armada es macartizada por el poder gubernamental y sus voceros acallados. Prima el miedo y el Terrorismo de Estado paramilitar.
Últimamente gesticula el Miniführer que le quedan tres años para capturar a los cabecillas del “terrorismo”. Incluye a los insurgentes colombianos; pero también a los de la oposición civil. Para contrarrestar el escándalo de la narco- para -política, acuña el término de una supuesta “farc- política”. Estamos esperando la promoción de ese infundió, a tiempo descartado por sus consejeros, por el efecto boomerang que le representaría. Esperemos su difusión para referirnos a ello y daríamos el debate con la lucha y explicación ideológica y política al respecto.
Un gobierno concebido para la guerra, montado por la extrema derecha narco-oligárquica; ante la imposibilidad de una victoria y solución militar a su favor, personaliza todo el poder del Estado. Lo chocante es prever , luego de esos tres años qué?. Al no lograr una solución al Canje Humanitario busca la eliminación material de todos los retenidos para sustraerse al incomodo Canje Humanitario. Con cerca de 9 billones de pesos y mas de 10,000 soldados nuevos que reemplazan al fallido ejercito blanco paramilitar de la oligarquía colombiana, insulta al pueblo colombiano, mencionándolo, bajo la brújula de un desgobierno militarista, en que la inversión social del Estado es sustituida por la imposición privatizadora de la inversión (o mejor invasión) del capital monopólico financiero y privado, en una Colombia narco financiada impúdicamente ante el mundo.
El Yo absoluto del Miniführer y sus consejeros olvidan: que la estructura de la Insurgencia colombiana está intacta. Que su capacidad o potencial de responder, acorde con el desarrollo del movimiento popular de masas, crece cualitativa y cuantitativamente; que el movimiento político clandestino comunista y de izquierda se prepara ante los presagios del “Cataclismo colombiano” que no es otra que la invasión del Imperio en la conservación de la esquina estratégica latinoamericana.
Bajo la brújula imperialista y oligárquica impedirán que el movimiento legal de masas alcance triunfos; lo cual implica la relación dialéctica gradual de la consolidación del movimiento ilegal e insurgente en el caudaloso derrotero político. La atomización del movimiento político legal y su desvertebra miento nacional, repasa a una derecha sangrienta de sectarismos históricos, que al no poderlos revivir, escalona el conflicto a niveles de guerra civil en Colombia; puesto que definitivamente está en juego es el Poder.
Bajo la consigna de acabar con los “cabecillas” la condena de muerte contra la dirigencia política de la izquierda legal está nuevamente dada en Colombia. Por ello repito, qué Veedor internacional puede dar garantía de un proceso electoral en Colombia en las actuales condiciones?. Ninguno que se respete.
Publicado en www.rebelion.org
Melquizedec Torremolinos
ANNCOL
En buenahora la senadora Piedad Córdoba sea la facilitadora para que la Insurgencia colombiana (Farc-ep, E-L -N) logre que en países como México, Venezuela, Francia, se abran sedes de esas organizaciones político-militares, en reconocimiento a su status político internacional de fuerzas beligerantes y un primer paso para que tanto el ilegitimo gobierno colombiano como el de sus países amigos les revoquen el calificativo de terroristas. Unas condiciones objetivas así resurgidas conllevaría a asumir en serio y sin divagaciones legalistas el problema del secuestro político en Colombia, materializando el Canje Humanitario, que sin lugar a condicionamientos, viabiliza la búsqueda de una solución política negociada en Colombia.
Los registros de nuevas distracciones en torno al intercambio de presos políticos y guerrilleros detenidos en Colombia y en U.S.A. y los retenidos por la Insurgencia, permite al Miniführer mantener el escenario de una confrontación armada con la Insurgencia, que no gana. Ante su demostrada incapacidad de lograr solución, en el territorio nacional, al problema político-militar del Canje Humanitario; ahora se apoya en dirigentes de reconocida sensibilidad popular en el país, como la Senadora Piedad Córdoba. Su designación como facilitadora en acercamientos con la Insurgencia trae consigo dos inevitables situaciones que saltan a la palestra: la de una creciente presión política contra el mandatario colombiano por los anteriores, fallidos y hasta fallecidos “facilitadores” por él designados. De otro lado, enlodar la imagen del gobierno bolivariano de Venezuela ante el mundo, bajo el San Benito que las guerrillas de las Farc-ep también es bolivariana y en Venezuela tienen “su cuartel general”.
Loable la iniciativa de la senadora Piedad, como denigrante el remojo de barbas del Miniführer, esperando que el Presidente Hugo Chávez lave los platos rotos de su soberbia actitud.
En el panorama político internacional nada mas descabellado que pretender admitir que un gobierno popular como el bolivariano, asfalte el ilegítimo gobierno fratricida y narco paramilitar colombiano. En las primeras de cambio, qué efectos redundan en aliviar el dolor de las familias de los presos políticos, de guerrilleros y también de retenidos por la Insurgencia, en que la alta diplomacia de dos Jefes de Estado tan disimiles busquen a espaldas de las fuerzas insurgentes colombianas decidir el derrotero político inmediato del país colombiano?. Resulta que las Montañas de Colombia , no son escenario para la búsqueda de la solución política?. De manera que las ciudades colombianas- centro del poder político- no son medio para el desempeño diplomático de los países facilitadores?. Acaso la diplomacia de los países facilitadores no comprende el asumir un rol o papel ante el Imperio para el cese de toda clase de violación a los derechos fundamentales de Sonia y Trinidad, atropellados y sometidos a condiciones infrahumanas?. Subsiguientemente, trabajar en la lógica de un intercambio de los tres ciudadanos estadounidenses por los dos guerrilleros colombianos. Bajo la fórmula “2 por 3”, contribuirían a desenmarañar la situación creada por el Miniführer, al utilizar la indigna extradición como instrumento contrainsurgente en Colombia.
En buenahora la senadora Piedad Córdoba sea la facilitadora para que la Insurgencia colombiana (Farc-ep, E-L -N) logre que en países como México, Venezuela, Francia, se abran sedes de esas organizaciones político-militares, en reconocimiento a su status político internacional de fuerzas beligerantes y un primer paso para que tanto el ilegitimo gobierno colombiano como el de sus países amigos les revoquen el calificativo de terroristas. Unas condiciones objetivas así resurgidas conllevaría a asumir en serio y sin divagaciones legalistas el problema del secuestro político en Colombia, materializando el Canje Humanitario, que sin lugar a condicionamientos, viabiliza la búsqueda de una solución política negociada en Colombia.
Continuar con actitudes unilaterales desconociendo el escenario natural y el paisaje de patria en que se mueve la Insurgencia colombiana, dilata aun más el canje verdadero de dando y entregando. En tanto se le acaba el tiempo al narco-paraco Presidente para lograr solución y victoria, juntas.
LA FARSA ELECTORERA EN COLOMBIA
En este país, regido por la fe confesional que los Medios de Alienación Masiva, repiten a diario, el gobernante de todos conocido por sus antecedentes familiares y personales con el narcotráfico, aspira que unas nuevas elecciones de remozamiento del aparato estatal a llevarse a cabo en el mes de octubre próximo, maquillen al país como un ejemplo de democracia. El cinismo de contar con un sistema electorero corrupto, con practicas electoreras criminales; con tierra a punta de moto sierra arrasada; con seis millares de dirigentes y candidatos políticos y populares asesinados; con activos paramilitares actuando con la patente de impunidad que su gobernarte les permite, en todas las regiones de Colombia; contrasta con la mojigata realidad expresada por el Procurador Nacional de Colombia cuando alerta que en trescientos veinte municipios colombianos no existen garantías para llevar a cabo elecciones. Con anterioridad hemos recontado la conflictiva situación en el eje fronterizo colombo-venezolano. No serán trescientos treinta y tantos los Municipios colombianos en que no estén dadas las condiciones para llevar a cabo las elecciones en el mes de Octubre próximo. El efecto del dominio paramilitar de la derecha está en todos los municipios, incluidas las grandes ciudades. El Imperio y la narco oligarquía colombiana apuestan con mentiras bajo un sistema electorero corrupto, perpetuado bajo una concepción criminal y falsa, lo cual lo hace imposible de ser convalidado por cualquier organismo Veedor internacional que se respete.
Es sabido que la única oposición política existente en Colombia, es la oposición armada. La oposición no armada es macartizada por el poder gubernamental y sus voceros acallados. Prima el miedo y el Terrorismo de Estado paramilitar.
Últimamente gesticula el Miniführer que le quedan tres años para capturar a los cabecillas del “terrorismo”. Incluye a los insurgentes colombianos; pero también a los de la oposición civil. Para contrarrestar el escándalo de la narco- para -política, acuña el término de una supuesta “farc- política”. Estamos esperando la promoción de ese infundió, a tiempo descartado por sus consejeros, por el efecto boomerang que le representaría. Esperemos su difusión para referirnos a ello y daríamos el debate con la lucha y explicación ideológica y política al respecto.
Un gobierno concebido para la guerra, montado por la extrema derecha narco-oligárquica; ante la imposibilidad de una victoria y solución militar a su favor, personaliza todo el poder del Estado. Lo chocante es prever , luego de esos tres años qué?. Al no lograr una solución al Canje Humanitario busca la eliminación material de todos los retenidos para sustraerse al incomodo Canje Humanitario. Con cerca de 9 billones de pesos y mas de 10,000 soldados nuevos que reemplazan al fallido ejercito blanco paramilitar de la oligarquía colombiana, insulta al pueblo colombiano, mencionándolo, bajo la brújula de un desgobierno militarista, en que la inversión social del Estado es sustituida por la imposición privatizadora de la inversión (o mejor invasión) del capital monopólico financiero y privado, en una Colombia narco financiada impúdicamente ante el mundo.
El Yo absoluto del Miniführer y sus consejeros olvidan: que la estructura de la Insurgencia colombiana está intacta. Que su capacidad o potencial de responder, acorde con el desarrollo del movimiento popular de masas, crece cualitativa y cuantitativamente; que el movimiento político clandestino comunista y de izquierda se prepara ante los presagios del “Cataclismo colombiano” que no es otra que la invasión del Imperio en la conservación de la esquina estratégica latinoamericana.
Bajo la brújula imperialista y oligárquica impedirán que el movimiento legal de masas alcance triunfos; lo cual implica la relación dialéctica gradual de la consolidación del movimiento ilegal e insurgente en el caudaloso derrotero político. La atomización del movimiento político legal y su desvertebra miento nacional, repasa a una derecha sangrienta de sectarismos históricos, que al no poderlos revivir, escalona el conflicto a niveles de guerra civil en Colombia; puesto que definitivamente está en juego es el Poder.
Bajo la consigna de acabar con los “cabecillas” la condena de muerte contra la dirigencia política de la izquierda legal está nuevamente dada en Colombia. Por ello repito, qué Veedor internacional puede dar garantía de un proceso electoral en Colombia en las actuales condiciones?. Ninguno que se respete.
Publicado en www.rebelion.org
Los once diputados rehenes de las FARC murieron en un combate con un grupo de elite del ejército colombiano
Constanza Vieira
IPS
La muerte en junio de 11 de los 12 diputados rehenes de las FARC pudo ocurrir en medio de un combate entre los insurgentes que los custodiaban y un Comando Jungla, grupo de elite de las Fuerzas Armadas de Colombia, según una reconstrucción exclusiva de IPS.
Fue en una madrugada de junio cuando una lancha motorizada navegaba por la cabecera del occidental río Cajambre y se topó con un Comando Jungla. Desde el día anterior viajaban en ella unos 30 guerrilleros y 11 diputados regionales, rehenes de éstos desde hacía más de cinco años.
La lancha iba escoltada desde tierra por otra unidad guerrillera, comandada por Milton Sierra, a quien las autoridades asignan el alias de "J J".
"J J" había recibido al grupo de rehenes el día anterior, de manos de otra unidad de las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pues hubo una deserción sospechosa entre los custodios de los diputados y estos fueron cambiados de lugar de inmediato.
El diputado Sigifredo López sobrevivió porque "no estaba en ese instante junto a los demás" rehenes, según las FARC.
Quizá el Comando Jungla inició un fracasado intento de rescate de los rehenes, o quizá la guerrilla lo detectó y comenzó la defensa.
En todo caso, "todo el mundo disparó", dijo a IPS una fuente que se dice cercana a las FARC y que condicionó la reserva de su identidad para hablar con esta agencia.
La fuente adujo que el Secretariado del Estado Mayor de las FARC, máximo órgano de dirección de esa guerrilla, orientó a sus miembros y adherentes a no comentar sobre estos hechos, en espera de un pronunciamiento oficial de ese cuerpo.
La lancha se orilló, al encuentro del grupo de apoyo terrestre de las FARC. Enseguida, "dos o tres" helicópteros de la fuerza pública, con tropas de desembarco, se unieron al combate. "Fueron tres días de bala con los muertos en la lancha", según la misma fuente.
Pasado ese tiempo, tanto el Comando Jungla como la guerrilla se guarecieron en el empinado cañón andino. "Los muertos quedaron botados otros tres días", agregó.
Entonces, la guerrilla "regresó a ver qué había quedado". Estaba incomunicada, los radioteléfonos "se habían perdido", dijo la fuente.
"El ejército estaba aún ahí. Pensaron que había más fuerza guerrillera" de la que realmente estaba en la zona, y emboscaron a los insurgentes. "La guerrilla responde. (Los militares) tenían apoyo grande", agregó.
Luego, por segunda vez, "ejército y guerrilla se van cada uno para su lado". Finalmente la guerrilla regresó de nuevo y consiguió recuperar los cadáveres de los diputados y de los propios, y trasladarlos.
En ese momento fue muerto "J J", según esta fuente, cuya versión da sentido a informaciones fragmentarias de fuentes diversas, recogidas por esta agencia en un estrecho seguimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de los diputados, a los que la guerrilla aspiraba a intercambiar por sus camaradas presos, en virtud de un pendiente acuerdo humanitario.
Los 11 diputados del occidental departamento del Valle del Cauca, territorio donde ocurrió el combate, eran parte del grupo de rehenes civiles en el que se encuentra también la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, además de militares, policías y tres contratistas estadounidenses.
Varias versiones coinciden en el lugar de los hechos, pero divergen ampliamente en el número de bajas de la guerrilla. Otro aspecto divergente es la presunta participación de comandos extranjeros, señalada por una de las fuentes.
IPS se abstiene de reproducir la descripción obtenida sobre la procedencia de los disparos que mataron a los rehenes, pues eso corresponde al dictamen de una misión forense humanitaria.
Un parte en la página de Internet de la Armada Nacional, vista por IPS el 6 de agosto y fechada el 15 de junio, da cuenta de que "en una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, fue abatido en combate el cabecilla (…) alias ‘Jota Jota’, en momentos en los que se desplazaba en una embarcación, por el río Cajambre, aguas arriba de la población del Barco, departamento del Valle del Cauca".
COMANDOS JUNGLA
Los Comandos Jungla están entrenados para hacer "tomas de objetivo", operación que consiste en un arduo trabajo previo de recopilación de información, ubicación del sitio e infiltración.
Para la infiltración, unos pocos comandos se hacen pasar por campesinos o indígenas comunes y corrientes, pero también se infiltra, en este caso, a la guerrilla misma, como parece haber ocurrido, reconoció la fuente citada.
Los Comandos Jungla están equipados con visores nocturnos y otros dispositivos de moderna tecnología. Se entrenan en supervivencia para ser capaces de pasar incluso un mes deslizándose en la selva o penetrar por río usando silenciosos kayaks y, en el momento del ataque, son apoyados por tropas transportadas en helicópteros.
Al menos en sus comienzos, en 1989 e inicios de los años 90, los Comandos Jungla fueron entrenados por el grupo de elite en contrainsurgencia y antiterrorismo SAS (Special Air Service) de Gran Bretaña, que también capacitó a instructores nativos.
Este año, el corresponsal en Colombia de la radioemisora estatal británica BBC, Hernando Salazar, informó del entrenamiento en este país sudamericano de policías afganos en técnicas de Comando Jungla.
Además de permitir la infiltración en filas guerrilleras, la fuente reconoció otro "error" de las curtidas FARC, surgidas en 1964: "no se han adaptado a los Comandos Jungla".
Esto explica los términos de los comunicados del Comando Conjunto de Occidente (CCO), estructura de las FARC que dio a conocer el 28 de junio la noticia de la muerte de los diputados: "Fallamos en la misión de custodiar los prisioneros y llevarlos al canje…", decían el 10 de julio.
CUÁNDO OCURRIERON LOS HECHOS
En el comunicado del 28 de junio del CCO, se lee que "un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban" los rehenes y data los hechos "el día 18".
Pero esa fecha sólo coincide parcialmente con un reporte que llegó a IPS a través de una red de monitoreo de Colombia con sede en Alemania, firmado por el Consejo Comunitario del Río Cajambre (autoridad de la población negra de la zona), y fechado simplemente como "Julio de 2007".
En su comunicado, el Consejo Comunitario denuncia el desplazamiento de 50 familias que viven en la zona alta del río, "de varias comunidades hacia otras", "ante el riesgo de perecer en el fuego cruzado" debido a "enfrentamientos en el territorio colectivo del Río Cajambre".
"En el mes de junio", escribe el Consejo Comunitario, "se han intensificado los bombardeos desde el aire, los sobre vuelos y las ráfagas. Los hechos han ocurrido especialmente en la Quebrada llamada Agua Sucia ubicada en la parte alta del Río, que además es una zona donde los hombres y mujeres del río van a ejercer sus prácticas tradicionales de producción" (sic).
"Estos hechos han causado el desplazamiento interno de 50 familias de la comunidad de Barco hacia las comunidades de San Isidro y Aragón", afirma y aclara que los desplazados se mantienen en movimiento al ritmo de los combates y "cuando la situación se tranquiliza vuelven a su comunidad".
"Los hechos más críticos tuvieron lugar entre el 10 y 18 de junio de 2007, fecha en la que los enfrentamientos se intensificaron".
Noventa y nueve por ciento de los cerca de 3.750 habitantes del Río Cajambre son de raza negra. El Consejo Comunitario solicita "a los actores armados legales e ilegales que respeten los derechos que tiene la población civil, poniendo en práctica el principio de distinción", columna vertebral del derecho internacional humanitario.
El propio presidente Álvaro Uribe negó haber intentado un rescate violento de los diputados. También negó que hubiera habido combates en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, más al sur, los días 17, 18 y 19 de junio.
La muerte de "J J" fue reportada por el vicealmirante Edgar Celi Núñez, jefe de Operaciones Navales, el 15 de junio. El cadáver del insurgente no fue mostrado a la prensa.
En la Bitácora de Acciones Militares del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio, aparecen eliminados ahora los combates inicialmente reportados como ocurridos el 15 de junio en Barco.
La versión publicada en el mismo sitio y archivada por IPS el 16 de julio, rezaba: "En la vereda Barco, en la comprensión del corregimiento de Cajambre, jurisdicción de Buenaventura (Valle), se registraron combates entre la Armada Nacional y subversivos del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC, en los que murió Milton Sierra Gómez, alias 'J J', líder de ese frente. En el mismo hecho, fueron desmantelados dos campamentos de ese grupo. Fuente: El País", principal diario regional.
A continuación y en letras azules aparecía la siguiente anotación: "N.B. Sin embargo, según información proveniente de la Armada Nacional, este evento se presentó en las mismas circunstancias de modo y lugar el día miércoles 6 de junio de 2007."
En la Bitácora correspondiente a la semana del 6 al 12 de junio no aparece ninguna referencia a combates en Barco o el río Cajambre, lo que de todas formas puede explicarse porque se trata de "una revisión diaria de Periódicos nacionales y regionales y las cadenas radiales consultadas en la Internet", según se indica en la metodología del sitio.
Fue Uribe quien dijo que "durante la tercera semana de junio" se encontraron con el portavoz de las FARC, Raúl Reyes, quien despacha en el departamento de Putumayo, en el sur del país y fronterizo con Ecuador, "los delegados de los tres países europeos, Francia, España y Suiza", "que autorizados por el Gobierno nacional buscan el acuerdo humanitario".
Hasta ahora, gobierno y FARC mantienen diferencias que se van reduciendo, según supo IPS, sobre la conformación de la comisión forense neutral que reciba los cadáveres de los diputados y dictamine si fueron ejecutados por sus captores o si murieron en el fuego cruzado, como sostiene la guerrilla.
La cuenca del río Cajambre se extiende unos 48,5 kilómetros al suroeste del estratégico puerto de Buenaventura, en Valle del Cauca, única terminal portuaria colombiana sobre el océano Pacífico e intensamente disputada en la guerra.
Desde las nacientes del Cajambre, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, hasta 200 metros antes de su desembocadura se extiende el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Publicado en www.rebelion.org
Constanza Vieira
IPS
La muerte en junio de 11 de los 12 diputados rehenes de las FARC pudo ocurrir en medio de un combate entre los insurgentes que los custodiaban y un Comando Jungla, grupo de elite de las Fuerzas Armadas de Colombia, según una reconstrucción exclusiva de IPS.
Fue en una madrugada de junio cuando una lancha motorizada navegaba por la cabecera del occidental río Cajambre y se topó con un Comando Jungla. Desde el día anterior viajaban en ella unos 30 guerrilleros y 11 diputados regionales, rehenes de éstos desde hacía más de cinco años.
La lancha iba escoltada desde tierra por otra unidad guerrillera, comandada por Milton Sierra, a quien las autoridades asignan el alias de "J J".
"J J" había recibido al grupo de rehenes el día anterior, de manos de otra unidad de las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pues hubo una deserción sospechosa entre los custodios de los diputados y estos fueron cambiados de lugar de inmediato.
El diputado Sigifredo López sobrevivió porque "no estaba en ese instante junto a los demás" rehenes, según las FARC.
Quizá el Comando Jungla inició un fracasado intento de rescate de los rehenes, o quizá la guerrilla lo detectó y comenzó la defensa.
En todo caso, "todo el mundo disparó", dijo a IPS una fuente que se dice cercana a las FARC y que condicionó la reserva de su identidad para hablar con esta agencia.
La fuente adujo que el Secretariado del Estado Mayor de las FARC, máximo órgano de dirección de esa guerrilla, orientó a sus miembros y adherentes a no comentar sobre estos hechos, en espera de un pronunciamiento oficial de ese cuerpo.
La lancha se orilló, al encuentro del grupo de apoyo terrestre de las FARC. Enseguida, "dos o tres" helicópteros de la fuerza pública, con tropas de desembarco, se unieron al combate. "Fueron tres días de bala con los muertos en la lancha", según la misma fuente.
Pasado ese tiempo, tanto el Comando Jungla como la guerrilla se guarecieron en el empinado cañón andino. "Los muertos quedaron botados otros tres días", agregó.
Entonces, la guerrilla "regresó a ver qué había quedado". Estaba incomunicada, los radioteléfonos "se habían perdido", dijo la fuente.
"El ejército estaba aún ahí. Pensaron que había más fuerza guerrillera" de la que realmente estaba en la zona, y emboscaron a los insurgentes. "La guerrilla responde. (Los militares) tenían apoyo grande", agregó.
Luego, por segunda vez, "ejército y guerrilla se van cada uno para su lado". Finalmente la guerrilla regresó de nuevo y consiguió recuperar los cadáveres de los diputados y de los propios, y trasladarlos.
En ese momento fue muerto "J J", según esta fuente, cuya versión da sentido a informaciones fragmentarias de fuentes diversas, recogidas por esta agencia en un estrecho seguimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de los diputados, a los que la guerrilla aspiraba a intercambiar por sus camaradas presos, en virtud de un pendiente acuerdo humanitario.
Los 11 diputados del occidental departamento del Valle del Cauca, territorio donde ocurrió el combate, eran parte del grupo de rehenes civiles en el que se encuentra también la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, además de militares, policías y tres contratistas estadounidenses.
Varias versiones coinciden en el lugar de los hechos, pero divergen ampliamente en el número de bajas de la guerrilla. Otro aspecto divergente es la presunta participación de comandos extranjeros, señalada por una de las fuentes.
IPS se abstiene de reproducir la descripción obtenida sobre la procedencia de los disparos que mataron a los rehenes, pues eso corresponde al dictamen de una misión forense humanitaria.
Un parte en la página de Internet de la Armada Nacional, vista por IPS el 6 de agosto y fechada el 15 de junio, da cuenta de que "en una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, fue abatido en combate el cabecilla (…) alias ‘Jota Jota’, en momentos en los que se desplazaba en una embarcación, por el río Cajambre, aguas arriba de la población del Barco, departamento del Valle del Cauca".
COMANDOS JUNGLA
Los Comandos Jungla están entrenados para hacer "tomas de objetivo", operación que consiste en un arduo trabajo previo de recopilación de información, ubicación del sitio e infiltración.
Para la infiltración, unos pocos comandos se hacen pasar por campesinos o indígenas comunes y corrientes, pero también se infiltra, en este caso, a la guerrilla misma, como parece haber ocurrido, reconoció la fuente citada.
Los Comandos Jungla están equipados con visores nocturnos y otros dispositivos de moderna tecnología. Se entrenan en supervivencia para ser capaces de pasar incluso un mes deslizándose en la selva o penetrar por río usando silenciosos kayaks y, en el momento del ataque, son apoyados por tropas transportadas en helicópteros.
Al menos en sus comienzos, en 1989 e inicios de los años 90, los Comandos Jungla fueron entrenados por el grupo de elite en contrainsurgencia y antiterrorismo SAS (Special Air Service) de Gran Bretaña, que también capacitó a instructores nativos.
Este año, el corresponsal en Colombia de la radioemisora estatal británica BBC, Hernando Salazar, informó del entrenamiento en este país sudamericano de policías afganos en técnicas de Comando Jungla.
Además de permitir la infiltración en filas guerrilleras, la fuente reconoció otro "error" de las curtidas FARC, surgidas en 1964: "no se han adaptado a los Comandos Jungla".
Esto explica los términos de los comunicados del Comando Conjunto de Occidente (CCO), estructura de las FARC que dio a conocer el 28 de junio la noticia de la muerte de los diputados: "Fallamos en la misión de custodiar los prisioneros y llevarlos al canje…", decían el 10 de julio.
CUÁNDO OCURRIERON LOS HECHOS
En el comunicado del 28 de junio del CCO, se lee que "un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban" los rehenes y data los hechos "el día 18".
Pero esa fecha sólo coincide parcialmente con un reporte que llegó a IPS a través de una red de monitoreo de Colombia con sede en Alemania, firmado por el Consejo Comunitario del Río Cajambre (autoridad de la población negra de la zona), y fechado simplemente como "Julio de 2007".
En su comunicado, el Consejo Comunitario denuncia el desplazamiento de 50 familias que viven en la zona alta del río, "de varias comunidades hacia otras", "ante el riesgo de perecer en el fuego cruzado" debido a "enfrentamientos en el territorio colectivo del Río Cajambre".
"En el mes de junio", escribe el Consejo Comunitario, "se han intensificado los bombardeos desde el aire, los sobre vuelos y las ráfagas. Los hechos han ocurrido especialmente en la Quebrada llamada Agua Sucia ubicada en la parte alta del Río, que además es una zona donde los hombres y mujeres del río van a ejercer sus prácticas tradicionales de producción" (sic).
"Estos hechos han causado el desplazamiento interno de 50 familias de la comunidad de Barco hacia las comunidades de San Isidro y Aragón", afirma y aclara que los desplazados se mantienen en movimiento al ritmo de los combates y "cuando la situación se tranquiliza vuelven a su comunidad".
"Los hechos más críticos tuvieron lugar entre el 10 y 18 de junio de 2007, fecha en la que los enfrentamientos se intensificaron".
Noventa y nueve por ciento de los cerca de 3.750 habitantes del Río Cajambre son de raza negra. El Consejo Comunitario solicita "a los actores armados legales e ilegales que respeten los derechos que tiene la población civil, poniendo en práctica el principio de distinción", columna vertebral del derecho internacional humanitario.
El propio presidente Álvaro Uribe negó haber intentado un rescate violento de los diputados. También negó que hubiera habido combates en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, más al sur, los días 17, 18 y 19 de junio.
La muerte de "J J" fue reportada por el vicealmirante Edgar Celi Núñez, jefe de Operaciones Navales, el 15 de junio. El cadáver del insurgente no fue mostrado a la prensa.
En la Bitácora de Acciones Militares del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio, aparecen eliminados ahora los combates inicialmente reportados como ocurridos el 15 de junio en Barco.
La versión publicada en el mismo sitio y archivada por IPS el 16 de julio, rezaba: "En la vereda Barco, en la comprensión del corregimiento de Cajambre, jurisdicción de Buenaventura (Valle), se registraron combates entre la Armada Nacional y subversivos del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC, en los que murió Milton Sierra Gómez, alias 'J J', líder de ese frente. En el mismo hecho, fueron desmantelados dos campamentos de ese grupo. Fuente: El País", principal diario regional.
A continuación y en letras azules aparecía la siguiente anotación: "N.B. Sin embargo, según información proveniente de la Armada Nacional, este evento se presentó en las mismas circunstancias de modo y lugar el día miércoles 6 de junio de 2007."
En la Bitácora correspondiente a la semana del 6 al 12 de junio no aparece ninguna referencia a combates en Barco o el río Cajambre, lo que de todas formas puede explicarse porque se trata de "una revisión diaria de Periódicos nacionales y regionales y las cadenas radiales consultadas en la Internet", según se indica en la metodología del sitio.
Fue Uribe quien dijo que "durante la tercera semana de junio" se encontraron con el portavoz de las FARC, Raúl Reyes, quien despacha en el departamento de Putumayo, en el sur del país y fronterizo con Ecuador, "los delegados de los tres países europeos, Francia, España y Suiza", "que autorizados por el Gobierno nacional buscan el acuerdo humanitario".
Hasta ahora, gobierno y FARC mantienen diferencias que se van reduciendo, según supo IPS, sobre la conformación de la comisión forense neutral que reciba los cadáveres de los diputados y dictamine si fueron ejecutados por sus captores o si murieron en el fuego cruzado, como sostiene la guerrilla.
La cuenca del río Cajambre se extiende unos 48,5 kilómetros al suroeste del estratégico puerto de Buenaventura, en Valle del Cauca, única terminal portuaria colombiana sobre el océano Pacífico e intensamente disputada en la guerra.
Desde las nacientes del Cajambre, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, hasta 200 metros antes de su desembocadura se extiende el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Publicado en www.rebelion.org
Paramilitares amenazan a campesinos del valle del río Cimitarra
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Miércoles 22 de agosto de 2007
+ de Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
• Desaparecido Alquíber Trujillo en el sur de Bolívar
• Atropellos del ejército en la vereda El Jardín, en San Pablo, sur de Bolívar
• Ejército intenta retener arbitrariamente a integrante de la ACVC
• Las mujeres en la ACVC
• Las Zonas de Reserva Campesina: una iniciativa agraria de paz
+ en ACVC
• Grave crisi umanitaria nel Magdalena Medio colombiano
• Desaparecido Ovidio Betancur en San Pablo, Sur de Bolívar
• Solidaridad del Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones del Ecuador con la ACVC
• Las tierras y sus recursos, en el ojo del huracán
• Suspendida comisión de verificación al Nordeste Antioqueño
• Ejército asesina a campesino en Yondó y lo presenta como "guerrillero dado de baja en combate"
• El adiós de Erasmo
• ¡Solidaridad con la Unión Sindical Obrera!Los campesinos de la parte media del valle del río Cimitarra, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), temen por sus vidas, a causa de la amenaza hecha por grupos paramilitares y desmovilizados que trabajan como informantes del Ejército Nacional.
El 20 de julio de 2007, el señor José Nelson Ramírez López, alias Arturo, paramilitar desmovilizado, envió una lista de seis personas que, según él, serán asesinadas por los paramilitares. Estas personas son: Álvaro Manzano, José Manuel Atencio, Nury Cárcamo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero y Telésforo Bonilla.
Según Ramírez, el motivo para asesinar a estos campesinos es que su labor en defensa de los derechos humanos es trabajo encubierto de la guerrilla.
El pasado 10 de julio este desmovilizado arribó al campamento de refugio humanitario en Barrancabermeja, averiguando los nombres de personas que se encontraban allí. Los campesinos lo reconocieron por su pertenencia a un grupo paramilitar y le pidieron que se retirara del lugar.
El 4 de agosto del presente año, el señor Rodolfo Triana Rodríguez, alias “Galloparado”, desmovilizado de los grupos paramilitares, junto a los reinsertados conocidos con los alias de “Bombillo” y “Culeco”, dieron a un campesino de la vereda Notepases (municipio de Yondó), una lista con los nombres de varios campesinos de la vereda, diciéndole que a partir del 20 de agosto se comenzará a asesinar a esas personas. Añadieron que ya tienen las personas encargadas de hacer los asesinatos: Bombillo, Bleyner, Culeco y dos paramilitares nuevos. Estos desmovilizados permanecen en el casco urbano de Yondó, donde amenazan a los campesinos sin ningún inconveniente.
Esta lista se ha dado a conocer también a varios campesinos que salen a hacer sus compras al casco urbano de Yondó.
El 7 de enero de 2007 el señor Ramírez López llegó a la vereda Notepases, donde intimidó, robó y maltrató física y verbalmente al señor Benjamín Sánchez, a su esposa Rubiela Guerrero y a tres menores más que se encontraban con ellos. Esta familia tuvo que salir de la región para proteger sus vidas, dejando todo para pasar a ser parte de los millones de desplazados del país.
Los campesinos amenazados temen por sus vidas y responsabilizan al Estado colombiano y a la fuerza pública, presente en la región, como responsables de lo que ocurra.
En el Nordeste Antioqueño
De otra parte, la comunidad de la vereda Puerto Nuevo Ité, zona rural de Remedios (Antioquia), informa que un desconocido que había arribado el 16 de agosto a las veredas Camelias y Dosquebradas, en el nordeste antioqueño, apareció muerto el pasado lunes 20 de agosto en el camino que comunica a Dosquebradas con Puerto Nuevo Ité. Ese día, hacia las 11:15 de la mañana se escucharon disparos. La comunidad se dirigió al sitio y encontró el cuerpo sin vida del señor, el cual enterraron al lado del camino a la espera de que alguna autoridad se haga presente para efectuar el levantamiento respectivo.
La comunidad desconoce la identidad y ocupación de esta persona, así como las motivaciones de su presencia en la región, pues entre sus pertenencias no se encontró ningún documento personal y no se conoce de la existencia de familiares suyos en las veredas vecinas. Tampoco se conoce los autores del asesinato.
Así mismo, el 20 de agosto dos civiles armados arribaron a la finca del campesino Hernán Darío Gallego en la vereda Tamar, preguntando por su paradero. Al no encontrarse, los dos hombres la emprendieron a golpes contra su hijo, Álvaro Andrés, de 25 años, quien en este momento se encuentra en la vereda San Francisco reponiéndose de la golpiza.
En la zona se encuentran tropas del Batallón Calibío, adscrito a la 14a. Brigada del Ejército Nacional, comandadas por el sargento Ruiz.
Publicado en www.prensarural.org
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Miércoles 22 de agosto de 2007
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El 20 de julio de 2007, el señor José Nelson Ramírez López, alias Arturo, paramilitar desmovilizado, envió una lista de seis personas que, según él, serán asesinadas por los paramilitares. Estas personas son: Álvaro Manzano, José Manuel Atencio, Nury Cárcamo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero y Telésforo Bonilla.
Según Ramírez, el motivo para asesinar a estos campesinos es que su labor en defensa de los derechos humanos es trabajo encubierto de la guerrilla.
El pasado 10 de julio este desmovilizado arribó al campamento de refugio humanitario en Barrancabermeja, averiguando los nombres de personas que se encontraban allí. Los campesinos lo reconocieron por su pertenencia a un grupo paramilitar y le pidieron que se retirara del lugar.
El 4 de agosto del presente año, el señor Rodolfo Triana Rodríguez, alias “Galloparado”, desmovilizado de los grupos paramilitares, junto a los reinsertados conocidos con los alias de “Bombillo” y “Culeco”, dieron a un campesino de la vereda Notepases (municipio de Yondó), una lista con los nombres de varios campesinos de la vereda, diciéndole que a partir del 20 de agosto se comenzará a asesinar a esas personas. Añadieron que ya tienen las personas encargadas de hacer los asesinatos: Bombillo, Bleyner, Culeco y dos paramilitares nuevos. Estos desmovilizados permanecen en el casco urbano de Yondó, donde amenazan a los campesinos sin ningún inconveniente.
Esta lista se ha dado a conocer también a varios campesinos que salen a hacer sus compras al casco urbano de Yondó.
El 7 de enero de 2007 el señor Ramírez López llegó a la vereda Notepases, donde intimidó, robó y maltrató física y verbalmente al señor Benjamín Sánchez, a su esposa Rubiela Guerrero y a tres menores más que se encontraban con ellos. Esta familia tuvo que salir de la región para proteger sus vidas, dejando todo para pasar a ser parte de los millones de desplazados del país.
Los campesinos amenazados temen por sus vidas y responsabilizan al Estado colombiano y a la fuerza pública, presente en la región, como responsables de lo que ocurra.
En el Nordeste Antioqueño
De otra parte, la comunidad de la vereda Puerto Nuevo Ité, zona rural de Remedios (Antioquia), informa que un desconocido que había arribado el 16 de agosto a las veredas Camelias y Dosquebradas, en el nordeste antioqueño, apareció muerto el pasado lunes 20 de agosto en el camino que comunica a Dosquebradas con Puerto Nuevo Ité. Ese día, hacia las 11:15 de la mañana se escucharon disparos. La comunidad se dirigió al sitio y encontró el cuerpo sin vida del señor, el cual enterraron al lado del camino a la espera de que alguna autoridad se haga presente para efectuar el levantamiento respectivo.
La comunidad desconoce la identidad y ocupación de esta persona, así como las motivaciones de su presencia en la región, pues entre sus pertenencias no se encontró ningún documento personal y no se conoce de la existencia de familiares suyos en las veredas vecinas. Tampoco se conoce los autores del asesinato.
Así mismo, el 20 de agosto dos civiles armados arribaron a la finca del campesino Hernán Darío Gallego en la vereda Tamar, preguntando por su paradero. Al no encontrarse, los dos hombres la emprendieron a golpes contra su hijo, Álvaro Andrés, de 25 años, quien en este momento se encuentra en la vereda San Francisco reponiéndose de la golpiza.
En la zona se encuentran tropas del Batallón Calibío, adscrito a la 14a. Brigada del Ejército Nacional, comandadas por el sargento Ruiz.
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En el Catatumbo
Abusos del ejército en Operación Alacrán
Asociación Campesina del Catatumbo / Jueves 23 de agosto de 2007
+ de Asociación Campesina del Catatumbo
• No avalamos campañas políticas
• Atropellos militares en el Catatumbo
• Bloqueo alimentario en el Catatumbo
• En medio de la violencia, ¡haremos reflorecer el Catatumbo!
• David Jaime: In memoriam
+ en Ascamcat
• Exitoso encuentro de la Asociación Campesina del Catatumbo
• El Catatumbo, de nuevo bajo la presión militar
• Ejército asesina a campesino en El Limón (Teorama, Norte de Santander)
• Encuentro entre indígenas y campesinos
• Efectuada comisión de verificación en el Catatumbo
• Segundo capítulo de la Escuela de Formación de Líderes “David Jaime”
• Ascamcat responde a Asojuntas de La Gabarra
• Se realizó con éxito el primer capítulo de la Escuela de Formación de Líderes “David Jaime”La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización social que lucha por el respeto de la vida y los derechos humanos del campesinado catatumbero, denuncia los siguientes hechos, sucedidos en medio de la realización de operativos de tropas del Ejército Nacional, en especial de la nueva Brigada Móvil No. 21, que entró en vigencia a partir de agosto en la región del Catatumbo.
El 13 de agosto de 2007, en la escuela de la vereda La Paz, militares abordaron a dos campesinos habitantes de la vereda El Milagro, municipio de El Tarra, les pegaron planazos con machetes y luego se los pusieron en el cuello, dejándoles considerables marcas, casi degollándolos, y amenazándolos de muerte, argumentando que ellos no tenían permiso de transitar por ese camino pues “ellos (el ejército) estaban ahí y las comunidades sabían que por ahí no se puede transitar.” Además los tuvieron detenidos durante dos horas y media y los maltrataron verbalmente.
El jueves 16 de agosto de 2007, a las 4:10 pm, en la vereda de Caño Tomas del municipio de Teorama, tres aviones Kfir y una avioneta bombardearon a 250 metros de la comunidad Brubucanina de los indígenas motilón barí, afectando la vivienda del cacique Jorge Arabadora. Las bombas que lanzan estos aviones son de 500 libras y en el momento en que fueron arrojadas no había combates en la zona.
Ese mismo día, a las nueve de la mañana, tropas de la Brigada Movil No. 15, acantonados en la vereda La Paz del municipio de El Tarra, instalaron a 200 metros de la escuela de la vereda un puesto de control donde obligan a parar a los campesinos y los registran.
También el 16 de agosto en la vereda Vegas de San José, corregimiento de La Cecilia, municipio de Teorama, tropas de la recién creada Brigada Móvil No. 21 lanzaron cinco morteros hacia las fincas de esta vereda, atemorizando a sus pobladores. Estos morteros fueron lanzados entre las nueve y diez de la mañana.
El 18 de agosto de 2007, tropas de la Brigada Móvil No. 15 lanzaron indiscriminadamente tres morteros desde la escuela de la vereda La Paz hacia las casas de los campesinos. A escasos 10 metros de la finca de Juan De Dios Robles cayó uno de estos, matando nueve vacas de su propiedad y dejando 11 vacas con heridas de gravedad. Estos morteros fueron lanzados a las 4:30 am, 4:45 am y 4:48 am. En ese momento, en la finca se encontraban dos adultos y cuatro menores de edad. Ante esta situación, el señor Robles les dijo a sus vecinos que bajaran para regalarles la carne de las vacas muertas para que no se perdiera, pero el ejército no dejó pasar a la comunidad.
Ese mismo día, a las nueve de la mañana, en la vereda El Milagro del municipio de El Tarra, la señora Ofelia Oscuro mandó a sus tres pequeños para la escuela de esa misma vereda. En la escuela, tropas de la Brigada Movil No. 15 instalaron un reten militar. Cuando los niños llegaron, los militares los desnudaron, los maltrataron verbalmente y finalmente no los dejaron pasar a la escuela para recibir clase normalmente sino que después de estos vejámenes, los regresaron a sus casas. El mayor de los niños es de tan sólo diez años de edad.
El 20 de agosto de 2007 aparecieron 15 hombres encapuchados y armados en la vereda El Maicito, perteneciente al corregimiento La Trinidad, municipio de Convención. En esta zona hay actualmente tropas de la Brigada Móvil No. 15, las cuales vienen adelantando el operativo militar "Alacrán". Los pobladores creen que estos encapuchados son el mismo ejército.
Publicado en www.prensarural.org
Abusos del ejército en Operación Alacrán
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El 13 de agosto de 2007, en la escuela de la vereda La Paz, militares abordaron a dos campesinos habitantes de la vereda El Milagro, municipio de El Tarra, les pegaron planazos con machetes y luego se los pusieron en el cuello, dejándoles considerables marcas, casi degollándolos, y amenazándolos de muerte, argumentando que ellos no tenían permiso de transitar por ese camino pues “ellos (el ejército) estaban ahí y las comunidades sabían que por ahí no se puede transitar.” Además los tuvieron detenidos durante dos horas y media y los maltrataron verbalmente.
El jueves 16 de agosto de 2007, a las 4:10 pm, en la vereda de Caño Tomas del municipio de Teorama, tres aviones Kfir y una avioneta bombardearon a 250 metros de la comunidad Brubucanina de los indígenas motilón barí, afectando la vivienda del cacique Jorge Arabadora. Las bombas que lanzan estos aviones son de 500 libras y en el momento en que fueron arrojadas no había combates en la zona.
Ese mismo día, a las nueve de la mañana, tropas de la Brigada Movil No. 15, acantonados en la vereda La Paz del municipio de El Tarra, instalaron a 200 metros de la escuela de la vereda un puesto de control donde obligan a parar a los campesinos y los registran.
También el 16 de agosto en la vereda Vegas de San José, corregimiento de La Cecilia, municipio de Teorama, tropas de la recién creada Brigada Móvil No. 21 lanzaron cinco morteros hacia las fincas de esta vereda, atemorizando a sus pobladores. Estos morteros fueron lanzados entre las nueve y diez de la mañana.
El 18 de agosto de 2007, tropas de la Brigada Móvil No. 15 lanzaron indiscriminadamente tres morteros desde la escuela de la vereda La Paz hacia las casas de los campesinos. A escasos 10 metros de la finca de Juan De Dios Robles cayó uno de estos, matando nueve vacas de su propiedad y dejando 11 vacas con heridas de gravedad. Estos morteros fueron lanzados a las 4:30 am, 4:45 am y 4:48 am. En ese momento, en la finca se encontraban dos adultos y cuatro menores de edad. Ante esta situación, el señor Robles les dijo a sus vecinos que bajaran para regalarles la carne de las vacas muertas para que no se perdiera, pero el ejército no dejó pasar a la comunidad.
Ese mismo día, a las nueve de la mañana, en la vereda El Milagro del municipio de El Tarra, la señora Ofelia Oscuro mandó a sus tres pequeños para la escuela de esa misma vereda. En la escuela, tropas de la Brigada Movil No. 15 instalaron un reten militar. Cuando los niños llegaron, los militares los desnudaron, los maltrataron verbalmente y finalmente no los dejaron pasar a la escuela para recibir clase normalmente sino que después de estos vejámenes, los regresaron a sus casas. El mayor de los niños es de tan sólo diez años de edad.
El 20 de agosto de 2007 aparecieron 15 hombres encapuchados y armados en la vereda El Maicito, perteneciente al corregimiento La Trinidad, municipio de Convención. En esta zona hay actualmente tropas de la Brigada Móvil No. 15, las cuales vienen adelantando el operativo militar "Alacrán". Los pobladores creen que estos encapuchados son el mismo ejército.
Publicado en www.prensarural.org
Agosto 24 de 2007 - 9:45 a.m.
Jefe paramilitar 'Macaco' delinquía desde la cárcel y podría ser extraditado, dice Gobierno
Esta madrugada, Carlos Mario Jiménez y Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', fueron trasladados a la Cárcel de Cómbita. El traslado de este último se produjo por razones de seguridad.
En un comunicado, el Gobierno explicó que "con base en investigaciones realizadas por las agencias oficiales", llegó a la conclusión de que Jiménez seguía realizando actividades ilícitas después de su desmovilización.
El Ministro del Interior, Carlos Holguín, reveló que estas actividades están relacionadas con el tráfico de drogas.
Por esta razón, el Gobierno pidió a la Fiscalía que 'Macaco' sea excluido de la lista de paramilitares sometidos a la ley de Justicia y Paz, y que sea investigado por la justicia ordinaria.
Aunque actualmente no existe pedido de extradición en contra de 'Macaco', su traslado a Cómbita -lugar desde donde por lo general se produce el envio de los extraditables a Estados Unidos- hace presumir que el Gobierno estaría alistando su entrega a la justicia de ese país.
Sobre el traslado de Diego Fernando Murillo no se han dado aún mayores razones, aunque el Ministro Holguín admitió que podría estar relacionado con las pugnas internas entre jefes paramilitares en la Cárcel de Itagüí.
Así fue el traslado
'Macaco' y 'Don Berna' fueron sacados sorpresivamente de la cárcel de Itagüí a las 3 de la mañana.
Esta mañana, los jefes paramilitares recluídos en Itagüí esperaban el traslado de alias 'Gordolindo', quien por motivos familiares había solicitado ser enviado a la Cárcel La Picota.
La noticia de que los trasladados eran 'Macaco' y 'Don Berna' y no 'Gordolindo', los sorprendió. Ninguno de los dos opuso resistencia a su traslado.
El traslado de 'Gordolindo' se hizo efectivo hacia las 9 de la mañana.
Comunicado del Gobierno:
El Gobierno Nacional se permite informar que:
1. Con base en investigaciones realizadas por las agencias oficiales, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que Carlos Mario Jiménez, conocido como "Macaco", ha continuado realizando actividades ilícitas con posterioridad a su desmovilización.
2. El Gobierno, en consecuencia, ha decidido retirar a Carlos Mario Jiménez de la lista de postulados de la ley de justicia y paz y solicitar a la Fiscalía General de la Nación el traslado de su caso a la justicia penal ordinaria. Adicionalmente se dispuso su reclusión en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad en "Cómbita".
3. El Gobierno Nacional expresa que tramitará la extradición de Carlos Mario Jiménez en caso de presentarse solicitud en tal sentido, previo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
4. Igualmente, el Gobierno Nacional ordenó el traslado de Diego Fernando Murillo, conocido como "Don Berna", al establecimiento penitenciario de "Cómbita", por razones de seguridad.
Publicado en www.eltiempo.com
Jefe paramilitar 'Macaco' delinquía desde la cárcel y podría ser extraditado, dice Gobierno
Esta madrugada, Carlos Mario Jiménez y Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', fueron trasladados a la Cárcel de Cómbita. El traslado de este último se produjo por razones de seguridad.
En un comunicado, el Gobierno explicó que "con base en investigaciones realizadas por las agencias oficiales", llegó a la conclusión de que Jiménez seguía realizando actividades ilícitas después de su desmovilización.
El Ministro del Interior, Carlos Holguín, reveló que estas actividades están relacionadas con el tráfico de drogas.
Por esta razón, el Gobierno pidió a la Fiscalía que 'Macaco' sea excluido de la lista de paramilitares sometidos a la ley de Justicia y Paz, y que sea investigado por la justicia ordinaria.
Aunque actualmente no existe pedido de extradición en contra de 'Macaco', su traslado a Cómbita -lugar desde donde por lo general se produce el envio de los extraditables a Estados Unidos- hace presumir que el Gobierno estaría alistando su entrega a la justicia de ese país.
Sobre el traslado de Diego Fernando Murillo no se han dado aún mayores razones, aunque el Ministro Holguín admitió que podría estar relacionado con las pugnas internas entre jefes paramilitares en la Cárcel de Itagüí.
Así fue el traslado
'Macaco' y 'Don Berna' fueron sacados sorpresivamente de la cárcel de Itagüí a las 3 de la mañana.
Esta mañana, los jefes paramilitares recluídos en Itagüí esperaban el traslado de alias 'Gordolindo', quien por motivos familiares había solicitado ser enviado a la Cárcel La Picota.
La noticia de que los trasladados eran 'Macaco' y 'Don Berna' y no 'Gordolindo', los sorprendió. Ninguno de los dos opuso resistencia a su traslado.
El traslado de 'Gordolindo' se hizo efectivo hacia las 9 de la mañana.
Comunicado del Gobierno:
El Gobierno Nacional se permite informar que:
1. Con base en investigaciones realizadas por las agencias oficiales, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que Carlos Mario Jiménez, conocido como "Macaco", ha continuado realizando actividades ilícitas con posterioridad a su desmovilización.
2. El Gobierno, en consecuencia, ha decidido retirar a Carlos Mario Jiménez de la lista de postulados de la ley de justicia y paz y solicitar a la Fiscalía General de la Nación el traslado de su caso a la justicia penal ordinaria. Adicionalmente se dispuso su reclusión en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad en "Cómbita".
3. El Gobierno Nacional expresa que tramitará la extradición de Carlos Mario Jiménez en caso de presentarse solicitud en tal sentido, previo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
4. Igualmente, el Gobierno Nacional ordenó el traslado de Diego Fernando Murillo, conocido como "Don Berna", al establecimiento penitenciario de "Cómbita", por razones de seguridad.
Publicado en www.eltiempo.com
Capturan a congresista Karelly Patricia Lara Vence por vínculos con los paramilitares
La Corte Suprema de Justicia la acusa de tener nexos con ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte de las AUC. La dirigente es miembro de la coalición uribista de Gobierno.
La representante a la Cámara, Karelly Patricia Lara Vence, fue detenida este jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia que la acusa de haberse aliado con los paramilitares para obtener beneficios electorales durante las elecciones que la llevaron a la alcaldía de Fundación ( Magdalena) y las de Congreso de 2006.
Lara Vence, nacida el 6 de noviembre de 1965 en Fundación, inició su vida política en su un pueblo natal, uno de los bastiones más importantes del país en cuanto a la producción de banano de exportación y ubicado en la zona estratégica para la comunicación del sur del departamento con las salidas al Mar Caribe.
Comenzó como concejal (1998-2000) y luego fue alcaldesa. Su cargo como máxima autoridad del municipio –entre los años 2001-2003– coincidió con el dominio absoluto de los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.
Tras la purga de comienzos de 2006 a las listas uribistas que aspiraban a llegar al Congreso, en marzo de ese año, el nombre de la legisladora comenzó a sonar con insistencia entre los de los nuevos aliados de los paramilitares. Incluso se llegó a mencionar que sostuvo una relación sentimental con uno de los negociadores de las autodefensas.
Sin embargo Lara adoptó un perfil bajo en el Congreso que le permitió irse posicionando hasta convertirse en vocera de Cambio Radical, partido que hizo alianza con el Movimiento de Renovación y Acción Laboral, Moral, por el cual salió elegida. Moral era dirigido por el senador Miguel Pinedo Vidal y fue el mismo partido que avaló cuatro años antes la candidatura de Mario Uribe -el primo del presidente Álvaro Uribe- quien hoy es otro de los senadores vinculados por la Corte al escándalo por la ‘parapolìtica’.
Curiosamente, para las elecciones de 2006 Uribe creó su propio partido (Colombia Democrática), Lara fue respaldada por el de Pinedo (Moral) y éste último se inscribió por Cambio Radical, que orienta Germán Vargas Lleras.
Pero el mismo Vargas Lleras prendió las alertas en la campaña de 2006 al expulsar de Cambio Radical a Jorge Luis Caballero y Jorge Castro, ambos del Magdalena. Tras la reacomodación de listas los purgados buscaron cabida en otros partidos y de todas formas se presentaron a elecciones. La mayoría logró curul, pero otros dieron el paso a congresistas nuevos como Lara, de quien de todas formas ya se hablaba en la región como una de las nuevas congresistas cercanas a los paramilitares. Nada de eso se le probó y ni siquiera fue investigado hasta que la Corte decidió llamarla a indagatoria tras una declaración de Rafael García, el testigo estrella en el proceso, hoy condenado por nexos con los ‘paras’.
Sin embargo algunas investigaciones de politólogos como Claudia López señalaron en su momento que “en los dominios de Jorge 40 la estrategia de aplazar la desmovilización hasta asegurar el control territorial y la influencia política parece que funcionó. En Cesar salió reelegido Mauricio Pimiento por la U y Alas reeligió a Álvaro Araujo y eligió a Jorge Ballesteros en la Guajira con alianzas en las Cámaras. Tres expulsados de la U y Cambio Radical se reeligieron: Dieb Maloof por Colombia Viva en el Atlántico, y en el Magdalena, Luis Eduardo Vives por Convergencia Ciudadana al Senado y Jorge Caballero y su segundo, Rodrigo Roncallo. Karelly Lara Vence también obtuvo una curul por Moral, el partido que inscribió la vez pasada a Mario Uribe”.
En orden de votación, Magdalena eligió ese año como representantes a la Cámara a Jorge Luis Caballero (hoy prófugo de la justicia y con orden de captura de INTERPOL), Rodrigo Roncallo, Alfonso Campo (preso por la parapolítica), Karelly Lara (capturada este jueves) y Fuad Rapag.
La captura
La captura de Lara fue confirmada en Bogotá por el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfredo Gómez Quintero, quien aseguró que la parlamentaria habría incurrido en el delito de concierto para delinquir.
“Efectivamente, se le impuso medida de aseguramiento al definir la situación jurídica a la congresista Karelly Patricia Lara Vence imputándole el delito concierto para delinquir agravado disponiendo su captura en la tarde de hoy (jueves)”, explicó el funcionario. La medida fue ejecutada por miembros del CTI, quienes encontraron a la congresista de la Comisión Cuarta en Santa Marta. De inmediato fue trasladada a Bogotá en donde permanecerá en un centro de reclusión para mujeres.
Por el escándalo de vínculos con las autodefensas hay ahora quince congresistas y más de media docena de ex congresistas presos. En Idéntica situación se encuentran dos gobernadores y dos ex gobernadores. Además de Caballero también huyen de la justicia el ex congresista Álvaro Araújo (padre del detenido senador del mismo nombre y de la ex canciller María Consuelo Araújo) y el ex gobernador de sucre Salvador Arana, también buscado por Interpol.
En cuanto al caso por la penetración paramilitar en este último departamento la Fiscalía General de la Nación le pidió este jueves a la Procuraduría y a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investiguen al gobernador de Sucre, Jorge Anaya. Según las pesquisas de la Fiscalía, el funcionario también se habría beneficiado electoralmente de la presión armada de los paramilitares. Anaya pertenece al mismo grupo del senador Álvaro García, llamado a juicio por nexos con los paramilitares y coautor de la masacre de Macayepo, Bolívar.
Publicado en www.semana.com
La Corte Suprema de Justicia la acusa de tener nexos con ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte de las AUC. La dirigente es miembro de la coalición uribista de Gobierno.
La representante a la Cámara, Karelly Patricia Lara Vence, fue detenida este jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia que la acusa de haberse aliado con los paramilitares para obtener beneficios electorales durante las elecciones que la llevaron a la alcaldía de Fundación ( Magdalena) y las de Congreso de 2006.
Lara Vence, nacida el 6 de noviembre de 1965 en Fundación, inició su vida política en su un pueblo natal, uno de los bastiones más importantes del país en cuanto a la producción de banano de exportación y ubicado en la zona estratégica para la comunicación del sur del departamento con las salidas al Mar Caribe.
Comenzó como concejal (1998-2000) y luego fue alcaldesa. Su cargo como máxima autoridad del municipio –entre los años 2001-2003– coincidió con el dominio absoluto de los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.
Tras la purga de comienzos de 2006 a las listas uribistas que aspiraban a llegar al Congreso, en marzo de ese año, el nombre de la legisladora comenzó a sonar con insistencia entre los de los nuevos aliados de los paramilitares. Incluso se llegó a mencionar que sostuvo una relación sentimental con uno de los negociadores de las autodefensas.
Sin embargo Lara adoptó un perfil bajo en el Congreso que le permitió irse posicionando hasta convertirse en vocera de Cambio Radical, partido que hizo alianza con el Movimiento de Renovación y Acción Laboral, Moral, por el cual salió elegida. Moral era dirigido por el senador Miguel Pinedo Vidal y fue el mismo partido que avaló cuatro años antes la candidatura de Mario Uribe -el primo del presidente Álvaro Uribe- quien hoy es otro de los senadores vinculados por la Corte al escándalo por la ‘parapolìtica’.
Curiosamente, para las elecciones de 2006 Uribe creó su propio partido (Colombia Democrática), Lara fue respaldada por el de Pinedo (Moral) y éste último se inscribió por Cambio Radical, que orienta Germán Vargas Lleras.
Pero el mismo Vargas Lleras prendió las alertas en la campaña de 2006 al expulsar de Cambio Radical a Jorge Luis Caballero y Jorge Castro, ambos del Magdalena. Tras la reacomodación de listas los purgados buscaron cabida en otros partidos y de todas formas se presentaron a elecciones. La mayoría logró curul, pero otros dieron el paso a congresistas nuevos como Lara, de quien de todas formas ya se hablaba en la región como una de las nuevas congresistas cercanas a los paramilitares. Nada de eso se le probó y ni siquiera fue investigado hasta que la Corte decidió llamarla a indagatoria tras una declaración de Rafael García, el testigo estrella en el proceso, hoy condenado por nexos con los ‘paras’.
Sin embargo algunas investigaciones de politólogos como Claudia López señalaron en su momento que “en los dominios de Jorge 40 la estrategia de aplazar la desmovilización hasta asegurar el control territorial y la influencia política parece que funcionó. En Cesar salió reelegido Mauricio Pimiento por la U y Alas reeligió a Álvaro Araujo y eligió a Jorge Ballesteros en la Guajira con alianzas en las Cámaras. Tres expulsados de la U y Cambio Radical se reeligieron: Dieb Maloof por Colombia Viva en el Atlántico, y en el Magdalena, Luis Eduardo Vives por Convergencia Ciudadana al Senado y Jorge Caballero y su segundo, Rodrigo Roncallo. Karelly Lara Vence también obtuvo una curul por Moral, el partido que inscribió la vez pasada a Mario Uribe”.
En orden de votación, Magdalena eligió ese año como representantes a la Cámara a Jorge Luis Caballero (hoy prófugo de la justicia y con orden de captura de INTERPOL), Rodrigo Roncallo, Alfonso Campo (preso por la parapolítica), Karelly Lara (capturada este jueves) y Fuad Rapag.
La captura
La captura de Lara fue confirmada en Bogotá por el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfredo Gómez Quintero, quien aseguró que la parlamentaria habría incurrido en el delito de concierto para delinquir.
“Efectivamente, se le impuso medida de aseguramiento al definir la situación jurídica a la congresista Karelly Patricia Lara Vence imputándole el delito concierto para delinquir agravado disponiendo su captura en la tarde de hoy (jueves)”, explicó el funcionario. La medida fue ejecutada por miembros del CTI, quienes encontraron a la congresista de la Comisión Cuarta en Santa Marta. De inmediato fue trasladada a Bogotá en donde permanecerá en un centro de reclusión para mujeres.
Por el escándalo de vínculos con las autodefensas hay ahora quince congresistas y más de media docena de ex congresistas presos. En Idéntica situación se encuentran dos gobernadores y dos ex gobernadores. Además de Caballero también huyen de la justicia el ex congresista Álvaro Araújo (padre del detenido senador del mismo nombre y de la ex canciller María Consuelo Araújo) y el ex gobernador de sucre Salvador Arana, también buscado por Interpol.
En cuanto al caso por la penetración paramilitar en este último departamento la Fiscalía General de la Nación le pidió este jueves a la Procuraduría y a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investiguen al gobernador de Sucre, Jorge Anaya. Según las pesquisas de la Fiscalía, el funcionario también se habría beneficiado electoralmente de la presión armada de los paramilitares. Anaya pertenece al mismo grupo del senador Álvaro García, llamado a juicio por nexos con los paramilitares y coautor de la masacre de Macayepo, Bolívar.
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Yidis, lista a declarar en contra del senador Gil a quien vincula con los paramilitares
Yidis Medina, la ex congresista que se hizo célebre por su voto decisivo para aprobar la reelección de Uribe, ahora sorprende al país con el anuncio de tener pruebas que vinculan al movimiento Convergencia Ciudadana con Ernesto Báez. ¿En qué basa sus acusaciones?
Tres años después de alcanzar renombre nacional gracias a su voltereta en el tema de la reelección presidencial, la ex congresista Yidis Medina volvió a aparecer en la escena pública como protagonista de un escándalo de similares proporciones.
En junio de 2004, después de haber dicho inicialmente que votaría en contra del proyecto que estableció la reelección presidencial, la legisladora terminó dándole el voto decisivo a la iniciativa, que le permitió a Álvaro Uribe aspirar a un segundo periodo presidencial. Yidis no solo se contradijo, sino que hasta explicó su cambio de posición diciendo que el gobierno le había prometido obras para su tierra, situación que le valió una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, ya que sus palabras fueron interpretadas como la venta de su voto en el Congreso.
Tres años después de esa efímera pero sonada paloma en la Cámara de Representantes (Iván Díaz, el titular del cargo, estaba en licencia) la legisladora reapareció en la escena pública con una verdadera bomba: asegura ser la testigo de las relaciones entre el senador Luis Alberto Gil y el paramilitarismo, especialmente con alias Ernesto Báez.
Dado su pasado de volteretas y errores -la opinión política coincide en que sus declaraciones de hace tres años sobre las razones de su apoyo a la reelección fueron, por lo menos, impertinentes- el nuevo escándalo de la ex congresista ha sido interpretado por Gil -el directo afectado- como una anécdota más en el largo listado de versiones sobre sus nexos con las autodefensas. Sin embargo, parece haber mucha distancia entre la Yidis imprudente de 2004 y la acusadora de hoy.
En 2004 la ex congresista Medina era una novata en los asuntos de la política nacional. Si bien había desempeñado algunos cargos en Barrancabermeja, su salto a la arena en Bogotá fue en momentos de agitación por la discusión de un proyecto cuyas dimensiones solo comprenderían después. La Yidis de hoy parece más madura, ya sabe que tiene que medirse en cualquier declaración pública y por eso mismo sorprende la vehemencia de su andanada contra Gil, un político de quien se ha dicho mucho, pero a quien nada se le ha probado.
Aunque por los pasillos del Congreso se insiste mucho en que Gil pertenece al listado de los dirigentes vinculados con las autodefensas, son muy pocos los que se han atrevido a denunciarlo públicamente. Hugo Serrano, su contradictor en Santander, y Gustavo Petro, autor del destape de la parapolítica, fueron los únicos congresistas que atrevieron a sustentar públicamente dichas afirmaciones desde hace más de dos años. Desde entonces Gil ha asumido una posición de bajo perfil ante el tema, no quiere polemizar con ellos y solo de vez en cuando les contesta que contra él no hay nada en los estrados judiciales. Dicho argumento se le acabó el 25 de julio pasado, cuando fue vinculado mediante investigación preliminar al proceso por la ‘parapolítica’.
Con todo y la fuerza y el respeto que Serrano tiene en Santander, sus afirmaciones de los últimos años sobre el supuesto origen ilícito de los recursos de Gil no resultaron tan impactantes como las nuevas declaraciones de Yidis. Tampoco lo fueron las revelaciones de Petro acerca de la existencia de un documento que Gil y otros políticos de su grupo habrían suscrito con las autodefensas de Báez. La razón, a diferencia de aquellos, Yidis no habla sobre información de terceros, sino que dice que ella fue testigo de una reunión entre Gil y los paramilitares. “Si la corte investiga encontrará muchos nexos más. Con Báez, con Julián...”, aseguró.
Según la versión de la ex congresista, Convergencia Ciudadana obligaba a los concejales de Barrancabermeja a ir a sitios como Puerto Berrío o la Meseta de San Rafael a encontrarse con Gil. De esas reuniones salían los políticos, según la versión de Yidis, con cantidades de dinero suficientes como para ganarle una campaña a cualquier rival. Puerto Berrío es el mismo sitio en el que se habría llevado a cabo la reunión de 2001 entre Gil y Báez denunciada hace una semana por Petro.
Mientras Gil atribuye la nueva versión en su contra a una “envidia política”, Yidis cree que es necesario que el gobierno nacional adopte medidas para garantizar la transparencia en las elecciones regionales de octubre. Según ella, es imposible hacer campaña porque los candidatos están amenazados o serán superados por la ley del que más plata tenga.
Ante la gravedad de las denuncias, Medina fue llamada este martes por la Corte Suprema para que haga oficial su declaración contra Gil. Está dispuesta a hablar, dice tener pruebas y hasta recuerda que vio a Gil “tomando whisky con los paramilitares”. “Yo les vuelvo a decir lo que he dicho siempre. Si alguien tiene pruebas contra mí, está en la obligación de presentarlas ante la justicia para que este episodio se aclare de una vez por todas”, respondió el jefe de Convergencia Ciudadana.
Gil se pregunta por qué razón sus rivales políticos salen a hablar del tema justo en época electoral. Yidis responde: “Porque están haciendo lo mismo que en la campaña pasada. A mí me secuestraron los paramilitares. Ahora hacen lo mismo y este tipo de cosas son las que tiene que saber la Corte Suprema de Justicia”.
El testimonio de Yidis sería recibido por la Corte en una semana e incluido en el expediente de los congresistas santandereanos Óscar Reyes, Alfonso Riaño José Manuel Herrera y Gil, su jefe político. Mientras la justicia se toma su tiempo para investigar con rigor, no estaría de más que las autoridades le pongan mayor atención a la forma como se está desarrollando la campaña política en el departamento.
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Yidis Medina, la ex congresista que se hizo célebre por su voto decisivo para aprobar la reelección de Uribe, ahora sorprende al país con el anuncio de tener pruebas que vinculan al movimiento Convergencia Ciudadana con Ernesto Báez. ¿En qué basa sus acusaciones?
Tres años después de alcanzar renombre nacional gracias a su voltereta en el tema de la reelección presidencial, la ex congresista Yidis Medina volvió a aparecer en la escena pública como protagonista de un escándalo de similares proporciones.
En junio de 2004, después de haber dicho inicialmente que votaría en contra del proyecto que estableció la reelección presidencial, la legisladora terminó dándole el voto decisivo a la iniciativa, que le permitió a Álvaro Uribe aspirar a un segundo periodo presidencial. Yidis no solo se contradijo, sino que hasta explicó su cambio de posición diciendo que el gobierno le había prometido obras para su tierra, situación que le valió una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, ya que sus palabras fueron interpretadas como la venta de su voto en el Congreso.
Tres años después de esa efímera pero sonada paloma en la Cámara de Representantes (Iván Díaz, el titular del cargo, estaba en licencia) la legisladora reapareció en la escena pública con una verdadera bomba: asegura ser la testigo de las relaciones entre el senador Luis Alberto Gil y el paramilitarismo, especialmente con alias Ernesto Báez.
Dado su pasado de volteretas y errores -la opinión política coincide en que sus declaraciones de hace tres años sobre las razones de su apoyo a la reelección fueron, por lo menos, impertinentes- el nuevo escándalo de la ex congresista ha sido interpretado por Gil -el directo afectado- como una anécdota más en el largo listado de versiones sobre sus nexos con las autodefensas. Sin embargo, parece haber mucha distancia entre la Yidis imprudente de 2004 y la acusadora de hoy.
En 2004 la ex congresista Medina era una novata en los asuntos de la política nacional. Si bien había desempeñado algunos cargos en Barrancabermeja, su salto a la arena en Bogotá fue en momentos de agitación por la discusión de un proyecto cuyas dimensiones solo comprenderían después. La Yidis de hoy parece más madura, ya sabe que tiene que medirse en cualquier declaración pública y por eso mismo sorprende la vehemencia de su andanada contra Gil, un político de quien se ha dicho mucho, pero a quien nada se le ha probado.
Aunque por los pasillos del Congreso se insiste mucho en que Gil pertenece al listado de los dirigentes vinculados con las autodefensas, son muy pocos los que se han atrevido a denunciarlo públicamente. Hugo Serrano, su contradictor en Santander, y Gustavo Petro, autor del destape de la parapolítica, fueron los únicos congresistas que atrevieron a sustentar públicamente dichas afirmaciones desde hace más de dos años. Desde entonces Gil ha asumido una posición de bajo perfil ante el tema, no quiere polemizar con ellos y solo de vez en cuando les contesta que contra él no hay nada en los estrados judiciales. Dicho argumento se le acabó el 25 de julio pasado, cuando fue vinculado mediante investigación preliminar al proceso por la ‘parapolítica’.
Con todo y la fuerza y el respeto que Serrano tiene en Santander, sus afirmaciones de los últimos años sobre el supuesto origen ilícito de los recursos de Gil no resultaron tan impactantes como las nuevas declaraciones de Yidis. Tampoco lo fueron las revelaciones de Petro acerca de la existencia de un documento que Gil y otros políticos de su grupo habrían suscrito con las autodefensas de Báez. La razón, a diferencia de aquellos, Yidis no habla sobre información de terceros, sino que dice que ella fue testigo de una reunión entre Gil y los paramilitares. “Si la corte investiga encontrará muchos nexos más. Con Báez, con Julián...”, aseguró.
Según la versión de la ex congresista, Convergencia Ciudadana obligaba a los concejales de Barrancabermeja a ir a sitios como Puerto Berrío o la Meseta de San Rafael a encontrarse con Gil. De esas reuniones salían los políticos, según la versión de Yidis, con cantidades de dinero suficientes como para ganarle una campaña a cualquier rival. Puerto Berrío es el mismo sitio en el que se habría llevado a cabo la reunión de 2001 entre Gil y Báez denunciada hace una semana por Petro.
Mientras Gil atribuye la nueva versión en su contra a una “envidia política”, Yidis cree que es necesario que el gobierno nacional adopte medidas para garantizar la transparencia en las elecciones regionales de octubre. Según ella, es imposible hacer campaña porque los candidatos están amenazados o serán superados por la ley del que más plata tenga.
Ante la gravedad de las denuncias, Medina fue llamada este martes por la Corte Suprema para que haga oficial su declaración contra Gil. Está dispuesta a hablar, dice tener pruebas y hasta recuerda que vio a Gil “tomando whisky con los paramilitares”. “Yo les vuelvo a decir lo que he dicho siempre. Si alguien tiene pruebas contra mí, está en la obligación de presentarlas ante la justicia para que este episodio se aclare de una vez por todas”, respondió el jefe de Convergencia Ciudadana.
Gil se pregunta por qué razón sus rivales políticos salen a hablar del tema justo en época electoral. Yidis responde: “Porque están haciendo lo mismo que en la campaña pasada. A mí me secuestraron los paramilitares. Ahora hacen lo mismo y este tipo de cosas son las que tiene que saber la Corte Suprema de Justicia”.
El testimonio de Yidis sería recibido por la Corte en una semana e incluido en el expediente de los congresistas santandereanos Óscar Reyes, Alfonso Riaño José Manuel Herrera y Gil, su jefe político. Mientras la justicia se toma su tiempo para investigar con rigor, no estaría de más que las autoridades le pongan mayor atención a la forma como se está desarrollando la campaña política en el departamento.
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Después de una década, Turbo vuelve a sentir el pánico por una masacre contra civiles indefensos
Un grupo armado –según las autoridades todos los indicios apuntan a las Farc– llegó hasta el corregimiento de Currulao y asesinó a cinco personas. Se investiga si las víctimas eran desmovilizados de las AUC.
Urabá volvió a sentir el dolor por una masacre. Cinco campesinos –tres mujeres y dos hombres– fueron asesinados en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, una zona estratégica para el tráfico de drogas que antes estaba bajo el control de grupos paramilitares pero que recientemente ha caído bajo la influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.
Este es uno de los elementos que las autoridades tienen para sustentar la tesis de que los autores fueron miembros de ese grupo armado.
El alcalde William Palacio dijo a radio Caracol que “por la zona es muy probable que sean las Farc”. Según Palacio, los campesinos asesinados eran paramilitares desmovilizados y guerrilleros que abandonaron las filas de ese grupo ilegal.
Sin embargo, la periodista Beatriz García, dijo telefónicamente a la AP desde Turbo, que ninguna de las víctimas estaba relacionada con grupos armados ilegales. “Al parecer, no hay ningún vínculo que relacionen entre sí a las víctimas... fueron asesinatos selectivos.... fueron de casa en casa buscando la gente”, señaló la periodista.
Carlos Beer, un líder comunitario, dijo a la AP que al menos unos 70 subversivos entraron al caserío de Currulao, en donde los habitantes viven principalmente del cultivo de plátano y banano, y que también realizaron ataques indiscriminados contra los habitantes que dejaron al menos 11 heridos.
“Hay mucha presencia de la Farc en la zona... la guerrilla dio un campanazo de alerta hace una semana cuando asesinaron un campesino en las afueras del pueblo”, dijo Beer. Agregó que no tenía información sobre si las víctimas estaban relacionadas con los grupos armados ilegales.
El alcalde Palacio aseguró que los supuestos guerrilleros incursionaron el martes por la noche en el caserío, fueron de puerta en puerta buscando con un listado de nombres a sus víctimas y luego los ejecutaron con tiros en la cabeza.
Palacio resaltó su preocupación por la falta de respuesta de las Fuerza Pública en la zona, ya que el caserío cuenta con una estación de Policía que no se percato de la incursión de los supuestos guerrilleros que duró unas tres horas.
“Es una zona muy deprimida, donde habitan personas de muy pocos recursos”, dijo Palacio.
El caserío de Currulao se encuentra a solo unos 10 minutos por carretera del puerto de Turbo, ubicado en el Golfo de Urabá, que es una ruta estratégica para el tráfico de armas y drogas por el océano Atlántico. Turbo se encuentra a unos 470 kilómetros al noroeste de la capital.
Palacio descartó que los motivos del asesinato estuvieran relacionados con el narcotráfico ya que se trataba de campesinos de escasos recursos.
Hasta 2006, esa zona estuvo bajó el control del comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien se desmovilizó como parte de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Desde entonces las Farc han intentado retomar el poder en la zona y a mediados del año pasado decapitaron a 13 campesinos que al parecer era colaboradores de los paramilitares.
Las Farc son la guerrilla más antigua del continente, cuentan con unos 15.000 combatientes y llevan más de 40 años intentando imponer un régimen de izquierda en el país por la vía armada.
Con información de AP
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Un grupo armado –según las autoridades todos los indicios apuntan a las Farc– llegó hasta el corregimiento de Currulao y asesinó a cinco personas. Se investiga si las víctimas eran desmovilizados de las AUC.
Urabá volvió a sentir el dolor por una masacre. Cinco campesinos –tres mujeres y dos hombres– fueron asesinados en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, una zona estratégica para el tráfico de drogas que antes estaba bajo el control de grupos paramilitares pero que recientemente ha caído bajo la influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.
Este es uno de los elementos que las autoridades tienen para sustentar la tesis de que los autores fueron miembros de ese grupo armado.
El alcalde William Palacio dijo a radio Caracol que “por la zona es muy probable que sean las Farc”. Según Palacio, los campesinos asesinados eran paramilitares desmovilizados y guerrilleros que abandonaron las filas de ese grupo ilegal.
Sin embargo, la periodista Beatriz García, dijo telefónicamente a la AP desde Turbo, que ninguna de las víctimas estaba relacionada con grupos armados ilegales. “Al parecer, no hay ningún vínculo que relacionen entre sí a las víctimas... fueron asesinatos selectivos.... fueron de casa en casa buscando la gente”, señaló la periodista.
Carlos Beer, un líder comunitario, dijo a la AP que al menos unos 70 subversivos entraron al caserío de Currulao, en donde los habitantes viven principalmente del cultivo de plátano y banano, y que también realizaron ataques indiscriminados contra los habitantes que dejaron al menos 11 heridos.
“Hay mucha presencia de la Farc en la zona... la guerrilla dio un campanazo de alerta hace una semana cuando asesinaron un campesino en las afueras del pueblo”, dijo Beer. Agregó que no tenía información sobre si las víctimas estaban relacionadas con los grupos armados ilegales.
El alcalde Palacio aseguró que los supuestos guerrilleros incursionaron el martes por la noche en el caserío, fueron de puerta en puerta buscando con un listado de nombres a sus víctimas y luego los ejecutaron con tiros en la cabeza.
Palacio resaltó su preocupación por la falta de respuesta de las Fuerza Pública en la zona, ya que el caserío cuenta con una estación de Policía que no se percato de la incursión de los supuestos guerrilleros que duró unas tres horas.
“Es una zona muy deprimida, donde habitan personas de muy pocos recursos”, dijo Palacio.
El caserío de Currulao se encuentra a solo unos 10 minutos por carretera del puerto de Turbo, ubicado en el Golfo de Urabá, que es una ruta estratégica para el tráfico de armas y drogas por el océano Atlántico. Turbo se encuentra a unos 470 kilómetros al noroeste de la capital.
Palacio descartó que los motivos del asesinato estuvieran relacionados con el narcotráfico ya que se trataba de campesinos de escasos recursos.
Hasta 2006, esa zona estuvo bajó el control del comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien se desmovilizó como parte de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Desde entonces las Farc han intentado retomar el poder en la zona y a mediados del año pasado decapitaron a 13 campesinos que al parecer era colaboradores de los paramilitares.
Las Farc son la guerrilla más antigua del continente, cuentan con unos 15.000 combatientes y llevan más de 40 años intentando imponer un régimen de izquierda en el país por la vía armada.
Con información de AP
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Agosto 23 de 2007 -
Asesinos de seis personas en Currulao (Antioquia) buscaban a paramilitares desmovilizados
En las tres horas que estuvieron en el caserío, mataron a una amiga de un antiguo jefe del 'Bloque Bananero', a la suegra de un desmovilizado y a una joven cercana a otro.
En este corregimiento de Turbo (Antioquia) todavía comentan el cinismo disfrazado de buenas maneras que tuvieron los integrantes del grupo armado que el martes en la noche asesinó a tres mujeres y a tres hombres allí.
En una de las estaciones de su recorrido de muerte los homicidas le permitieron a un hombre que medio se vistiera antes de matarlo y en otra le ofrecieron disculpas a la familia de la muerta al descubrir que se habían equivocado.
De acuerdo con testigos, todo comenzó a las 9:45 p.m., cuando caía una tempestad que destechó muchas casas de Urabá. Justo hacía cinco minutos que casi toda la zona estaba sumida en un apagón que al parecer era producto de la misma tormenta.
La lluvia ayudó a los atacantes
Según el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, eso facilitó la acción de los delincuentes, pues retrasó la respuesta de las autoridades, que no alcanzaron a actuar a tiempo aunque la incursión duró tres horas.
Alrededor de 8 hombres y una mujer armados con fusiles ingresaron en tres grupos, por el barrio Las Flores, Primero de Mayo y por la margen del río Currulao.
Al parecer buscaban a varios paramilitares desmovilizados con el 'Bloque Bananero' y al no hallarlos la emprendieron contra sus allegados.
Dos encapuchados iban señalando las viviendas para victimizar a sus ocupantes.
En el barrio Primero de Mayo sacaron a Lezly María Mejía, de 39 años, y la mataron en la puerta. Era pitonisa de mucha trayectoria y reconocida amiga del ex líder del 'Bananero' Carlos Vásquez, alias 'Cepillo', quien murió en un accidente automovilístico en agosto del 2006.
Lenis Fuentes se ganaba la vida vendiendo chance. También estaba en la casa de otro ex 'para' y cuando llegaron atropellando la entrada, él saltó por un alambrado, pero a ella la alcanzaron las
balas.
La mataron debajo de la cama
Lodofelis Coa Benítez, una indígena de 43 años, se metió debajo de la cama y en ese mismo sitio la balearon los atacantes.
"Creyeron que el que estaba escondido era su yerno, un desmovilizado. Después les pidieron disculpas", relató un vecino.
Donde Éver de Jesús Castro Pérez, un expendedor a domicilio de productos de panadería, de 26 años, ni siquiera tuvieron que tocar, porque la casa es tan humilde que atravesaron el plástico negro que hacía las veces de pared.
Él dormía en calzoncillos y por eso les pidió que por lo menos lo dejaran vestir. Tan pronto se puso el pantalón lo acribillaron en presencia de su esposa y tres niños menores de 6 años.
Ayer en la mañana un pequeño de 11 años lloraba en la misma acera donde mataron a su padrastro, el obrero bananero Eduardo Antonio Pérez Segura.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una sexta persona, de sexo masculino, pero no revelaron su nombre.
El general Naranjo dijo en Medellín que se barajan dos hipótesis sobre los hechos: que sea una acción de las Farc, pues Currulao está al pie de la Serranía de Abibe, de donde esa guerrilla nunca se ha ido.
O una retaliación de narcotraficantes por el decomiso de coca y armas en días pasados.
Vecinos de Currulao se inclinan más por la versión de que se trate de una incursión guerrillera, ya que en mayo pasado en la vereda Arenales, muy cerca del casco urbano de Currulao, hombres del frente 58 de las Farc asesinaron a cuatro personas, entre ellas a una niña de 3 años.
Centro de disputa
Desde el primer pulso de la guerrilla con los paramilitares en el eje bananero de Urabá, en la segunda mitad de la década de los 90, Currulao fue uno de los sitios más afectados por las matanzas que se hacían mutuamente.
De ser un corregimiento de influencia guerrillera pasó, en medio de esa disputa, a ser plenamente controlado por los paramilitares.
Después de la desmovilización del 'Bloque Bananero', el 25 de noviembre del 2004, se convirtió de nuevo en un territorio en disputa, no solo de las Farc sino de bandas emergentes.
A finales del 2006, un abaleo entre desmovilizados dejó 4 muertos, y apenas la semana pasada, de acuerdo con el personero de Turbo, Carlos Arturo Perea, las Farc asesinaron a dos informantes del Ejército en el alto de Pío López.
"La falta de fluido eléctrico impidió una acción más eficaz de la Fuerza Pública, pero de todas manera estamos investigando a ver si hay alguna responsabilidad", señaló el general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía.
Poblado con una larga historia de matanzas
1. El primer hecho violento que sacó del anonimato a este caserío de Urabá fue en 1991, cuando las Farc mataron a tres personas, entre ellas a un vigilante de la finca La Toyosa, en un sitio público de la población.
2. En 1995, guerrilleros llegaron a la finca Agripina y asesinaron a Nelson Bedoya, el administrador, y a los obreros Rafael Romero y Javier Ramírez. Todos eran del Partido Comunista.
3. El 10 de enero de 1996 se registró la primera masacre de trabajadores de una finca bananera del corregimiento. Ese día, un comando de las Farc asesinó a cinco empleados y dejó heridos a otros dos.
4. El 14 de septiembre de ese mismo año ocurrió otra masacre. Guerrilleros de las Farc asesinaron a seis campesinos en otra finca bananera, a escasos 10 minutos de Currulao.
5. La más grave masacre fue el 9 de marzo de 1997. En un recorrido mortal, guerrilleros del Frente 5 de las Farc mataron a nueve personas. Cuatro en la heladería Añoranzas y cinco más en las calles del pueblo.
6. En noviembre del año pasado la muerte volvió a esta zona cuando, al parecer, milicianos de las Farc asesinaron a cuatro desmovilizados ex integrantes del 'Bloque Bananero' de las autodefensas.
7. El 17 de mayo de este año fueron masacrados 4 miembros de una misma familia en la vereda Arenales de Currulao. Entre ellos una niña de 3 años y un supuesto ayudante de los 'paras'.
Publicado en www.eltiempo.com
Asesinos de seis personas en Currulao (Antioquia) buscaban a paramilitares desmovilizados
En las tres horas que estuvieron en el caserío, mataron a una amiga de un antiguo jefe del 'Bloque Bananero', a la suegra de un desmovilizado y a una joven cercana a otro.
En este corregimiento de Turbo (Antioquia) todavía comentan el cinismo disfrazado de buenas maneras que tuvieron los integrantes del grupo armado que el martes en la noche asesinó a tres mujeres y a tres hombres allí.
En una de las estaciones de su recorrido de muerte los homicidas le permitieron a un hombre que medio se vistiera antes de matarlo y en otra le ofrecieron disculpas a la familia de la muerta al descubrir que se habían equivocado.
De acuerdo con testigos, todo comenzó a las 9:45 p.m., cuando caía una tempestad que destechó muchas casas de Urabá. Justo hacía cinco minutos que casi toda la zona estaba sumida en un apagón que al parecer era producto de la misma tormenta.
La lluvia ayudó a los atacantes
Según el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, eso facilitó la acción de los delincuentes, pues retrasó la respuesta de las autoridades, que no alcanzaron a actuar a tiempo aunque la incursión duró tres horas.
Alrededor de 8 hombres y una mujer armados con fusiles ingresaron en tres grupos, por el barrio Las Flores, Primero de Mayo y por la margen del río Currulao.
Al parecer buscaban a varios paramilitares desmovilizados con el 'Bloque Bananero' y al no hallarlos la emprendieron contra sus allegados.
Dos encapuchados iban señalando las viviendas para victimizar a sus ocupantes.
En el barrio Primero de Mayo sacaron a Lezly María Mejía, de 39 años, y la mataron en la puerta. Era pitonisa de mucha trayectoria y reconocida amiga del ex líder del 'Bananero' Carlos Vásquez, alias 'Cepillo', quien murió en un accidente automovilístico en agosto del 2006.
Lenis Fuentes se ganaba la vida vendiendo chance. También estaba en la casa de otro ex 'para' y cuando llegaron atropellando la entrada, él saltó por un alambrado, pero a ella la alcanzaron las
balas.
La mataron debajo de la cama
Lodofelis Coa Benítez, una indígena de 43 años, se metió debajo de la cama y en ese mismo sitio la balearon los atacantes.
"Creyeron que el que estaba escondido era su yerno, un desmovilizado. Después les pidieron disculpas", relató un vecino.
Donde Éver de Jesús Castro Pérez, un expendedor a domicilio de productos de panadería, de 26 años, ni siquiera tuvieron que tocar, porque la casa es tan humilde que atravesaron el plástico negro que hacía las veces de pared.
Él dormía en calzoncillos y por eso les pidió que por lo menos lo dejaran vestir. Tan pronto se puso el pantalón lo acribillaron en presencia de su esposa y tres niños menores de 6 años.
Ayer en la mañana un pequeño de 11 años lloraba en la misma acera donde mataron a su padrastro, el obrero bananero Eduardo Antonio Pérez Segura.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una sexta persona, de sexo masculino, pero no revelaron su nombre.
El general Naranjo dijo en Medellín que se barajan dos hipótesis sobre los hechos: que sea una acción de las Farc, pues Currulao está al pie de la Serranía de Abibe, de donde esa guerrilla nunca se ha ido.
O una retaliación de narcotraficantes por el decomiso de coca y armas en días pasados.
Vecinos de Currulao se inclinan más por la versión de que se trate de una incursión guerrillera, ya que en mayo pasado en la vereda Arenales, muy cerca del casco urbano de Currulao, hombres del frente 58 de las Farc asesinaron a cuatro personas, entre ellas a una niña de 3 años.
Centro de disputa
Desde el primer pulso de la guerrilla con los paramilitares en el eje bananero de Urabá, en la segunda mitad de la década de los 90, Currulao fue uno de los sitios más afectados por las matanzas que se hacían mutuamente.
De ser un corregimiento de influencia guerrillera pasó, en medio de esa disputa, a ser plenamente controlado por los paramilitares.
Después de la desmovilización del 'Bloque Bananero', el 25 de noviembre del 2004, se convirtió de nuevo en un territorio en disputa, no solo de las Farc sino de bandas emergentes.
A finales del 2006, un abaleo entre desmovilizados dejó 4 muertos, y apenas la semana pasada, de acuerdo con el personero de Turbo, Carlos Arturo Perea, las Farc asesinaron a dos informantes del Ejército en el alto de Pío López.
"La falta de fluido eléctrico impidió una acción más eficaz de la Fuerza Pública, pero de todas manera estamos investigando a ver si hay alguna responsabilidad", señaló el general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía.
Poblado con una larga historia de matanzas
1. El primer hecho violento que sacó del anonimato a este caserío de Urabá fue en 1991, cuando las Farc mataron a tres personas, entre ellas a un vigilante de la finca La Toyosa, en un sitio público de la población.
2. En 1995, guerrilleros llegaron a la finca Agripina y asesinaron a Nelson Bedoya, el administrador, y a los obreros Rafael Romero y Javier Ramírez. Todos eran del Partido Comunista.
3. El 10 de enero de 1996 se registró la primera masacre de trabajadores de una finca bananera del corregimiento. Ese día, un comando de las Farc asesinó a cinco empleados y dejó heridos a otros dos.
4. El 14 de septiembre de ese mismo año ocurrió otra masacre. Guerrilleros de las Farc asesinaron a seis campesinos en otra finca bananera, a escasos 10 minutos de Currulao.
5. La más grave masacre fue el 9 de marzo de 1997. En un recorrido mortal, guerrilleros del Frente 5 de las Farc mataron a nueve personas. Cuatro en la heladería Añoranzas y cinco más en las calles del pueblo.
6. En noviembre del año pasado la muerte volvió a esta zona cuando, al parecer, milicianos de las Farc asesinaron a cuatro desmovilizados ex integrantes del 'Bloque Bananero' de las autodefensas.
7. El 17 de mayo de este año fueron masacrados 4 miembros de una misma familia en la vereda Arenales de Currulao. Entre ellos una niña de 3 años y un supuesto ayudante de los 'paras'.
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Rechazan contacto entre FARC y Chávez
María Pérez-Plá
El Universal
Jueves 23 de agosto de 2007
BOGOTÁ.— El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, negó ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan contactado con el presidente venezolano, Hugo Chávez, para tratar sobre un canje humanitario de todos los rehenes.
“Es mentira, yo no he visto absolutamente nada”, declaró Nicolás Maduro al ser consultado por periodistas en Brasilia, donde asiste a la III Reunión del Foro de Cooperación Latinoamérica-Asia del Este.
El diario El Universal de Caracas dijo ayer que el portavoz Raúl Reyes, de las FARC, “envió un mensaje” a Chávez, sin precisar el contenido, y agregó que la “información la suministró una fuente cercana” al gobernante venezolano.
El periódico agregó que las mismas fuentes, señalaron la posibilidad de un encuentro entre el jefe de Estado venezolano y el líder guerrillero después de la reunión que sostendrán Hugo Chávez y su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto en Bogotá.
Chávez se ha erigido como el abanderado del acuerdo que intercambiaría 45 secuestrados por las FARC por unos 500 guerrilleros presos, a petición de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fue nombrada recientemente “facilitadora” del atascado proceso.
El nombramiento sorprendió, pues Córdoba es una acérrima opositora de Uribe que ha aprovechado su cercanía con Hugo Chávez para solicitar sus oficios.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
María Pérez-Plá
El Universal
Jueves 23 de agosto de 2007
BOGOTÁ.— El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, negó ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan contactado con el presidente venezolano, Hugo Chávez, para tratar sobre un canje humanitario de todos los rehenes.
“Es mentira, yo no he visto absolutamente nada”, declaró Nicolás Maduro al ser consultado por periodistas en Brasilia, donde asiste a la III Reunión del Foro de Cooperación Latinoamérica-Asia del Este.
El diario El Universal de Caracas dijo ayer que el portavoz Raúl Reyes, de las FARC, “envió un mensaje” a Chávez, sin precisar el contenido, y agregó que la “información la suministró una fuente cercana” al gobernante venezolano.
El periódico agregó que las mismas fuentes, señalaron la posibilidad de un encuentro entre el jefe de Estado venezolano y el líder guerrillero después de la reunión que sostendrán Hugo Chávez y su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto en Bogotá.
Chávez se ha erigido como el abanderado del acuerdo que intercambiaría 45 secuestrados por las FARC por unos 500 guerrilleros presos, a petición de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fue nombrada recientemente “facilitadora” del atascado proceso.
El nombramiento sorprendió, pues Córdoba es una acérrima opositora de Uribe que ha aprovechado su cercanía con Hugo Chávez para solicitar sus oficios.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
explotación sexual son sometidos unos 35.000 niños y niñas en Colombia
Agosto 19 de 2007 -
A explotación sexual son sometidos unos 35.000 niños y niñas en Colombia
Esa es la proyección de un estudio realizado en once ciudades del país, en el que se conocieron las historias de 2.117 menores, muchos de los cuales tenían entre 9 y 12 años de edad.
Entre las nuevas dinámicas de este delito están el consumismo, el desarrollo de las tecnologías y la falta de educación sexual de los menores.
La investigación, denominada 'Escenarios de la infamia. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes', se desarrolló en Arjona, Malagana, Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta.
En esos sitios, los niños también son víctimas de desplazamiento, violencia, conflicto armado y pobreza, un terreno abonado para el crecimiento de la problemática. Eso han encontrado las tres instituciones que financiaron el estudio (las fundaciones Plan, Antonio Restrepo Barco y Renacer) y que trabajan por el bienestar de las comunidades y hacen propuestas para hallar soluciones efectivas.
Precisamente, con el estudio quedó en evidencia que estos factores favorecen la ocurrencia de la explotación sexual comercial de los niños. Y el papel preponderante de los grupos al margen de la ley en el delito es uno de los elementos que más preocupó a las instituciones.
"Existen dinámicas nuevas para explotar a los niños. Cada vez son más pequeños y hay más violencia en sus historias", explica Stella Cárdenas, directora de la fundación Renacer y coordinadora de la investigación que duró año y medio, y cuyos resultados son compartidos por el Icbf.
Los delincuentes "manejan las redes y actúan como clientes -cuenta Carolina Borda, quien participó en la investigación-. En Medellín, por ejemplo, les piden plata para dejarlos estar en un sitio. Los niños hombres están en una parte, y en otra, las niñas. Los que no pagan deben tener relaciones con ellos o, de lo contrario, los amenazan".
Las poblaciones que han sufrido el desplazamiento son las más vulnerables y, entre ellas, indígenas y afrodescendientes.
"En Montería, Sincelejo y Quibdó se aprovechan de la inocencia de las niñas indígenas desplazadas -dice Cárdenas-. Muchos proxenetas pagan la dote para casarse con ellas, las llevan a otros sitios donde las prostituyen y después las devuelven diciendo que no sirvieron como esposas. Esas niñas son rechazadas por la comunidad. Los indígenas no denuncian porque no conocen nuestras leyes".
Principales hallazgos
Por las condiciones de pobreza los niños acuden al rebusque de comida y dinero o a la venta de productos en plazas de mercado, calles y carnicerías que es aprovechado por proxenetas y pedófilos.
Se encontraron casos de pequeños que a cambio de vender la mercancía con que ayudan al sustento de sus casas, se dejan tocar o tienen relaciones sexuales con adultos.
Taxistas, peluqueros, soldados, turistas, miembros de los grupos ilegales, camioneros y vendedores de plazas son los principales abusadores.
Exceptuando Malagana (Bolívar), en las ciudades analizadas se encontraron niños víctimas de la explotación sexual asociada al desplazamiento.
Pero en esta población son frecuentes los matrimonios serviles: menores son entregadas para las labores domésticas y sexuales a cambio de un pago mensual para sus familias. También se encontraron casos de niños que les compran las onces a sus compañeras para tener sexo con ellas.
En Medellín, Cali y Cúcuta la pornografía infantil es más fuerte. Los pedófilos pueden conseguir, entre los que venden películas piratas, DVD por 3 mil pesos o hacer su propio DVD en un café internet por 30 mil pesos.
La explotación de niños hombres que no tienen clara su sexualidad es constante. Hay pequeños de 10, 11 y 12 años vestidos como mujeres, incluso que han sido inyectados con hormonas.
Historias aterradoras
1 Gay a la fuerza
Mi nombre es José, tengo 16 años, vivo con mis papás y estoy en grado noveno. Yo tenía bastantes amigos y los tenía tramados con que era muy arrecho y que ponía a los tipos en distintas posiciones y por eso me daban plata, pero mentira, yo no había hecho nada. Un día un amigo me dijo que me daban 70 mil pesos por eso y yo estaba muerto del susto. El tipo se agachó y empezó a acariciarme el pene y yo le dije: "Hermano qué le pasa, la mercancía no se muestra si no hay plata". Me dijo: "¿Cuánto quiere? Le doy 20 mil pesos". Así empecé.
2 'Por estar a la moda'
Me llamo Diana y tengo 16 años. Comencé en esto porque me antojaba de una cosa y de otra, una camisa, por ejemplo. Conocí a Carolina que me convidó para la cárcel. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde. Estamos con 10 o 13 hombres. Los guardias nos dejan entrar, ellos saben a qué vamos.
Nos pagan 40 o 50 mil pesos por cada persona y llegamos a tener 400.000 pesos. La primera vez que hice algo así fue con el que cose. Fue el peor día. Después lo hice con señores de la plaza de mercado.
3 'Soy el que contacta'
Me llamo Juan Manuel y tengo 17 años. Yo me encargo de buscar a las niñas para los de la marina. Hay niñas de 13 años a las que ni les han salido senos. Las de 11 y 12 años yo las consigo en los barrios. A veces la mamá o el papá las mandan porque no tienen con qué comer ni vestirse. Los de la marina me dan 10 mil pesos por llevarlas. Las meten en el monte y les dan vicio. A los taxistas yo se las recojo, los tipos me dan 5.000 o 15.000 pesos, y ellas ellas me dan 5.000 pesos, yo vivo de eso. Las chinas se sacan a veces hasta 200.000 o 300.000 pesos.
ÁNGELA CONSTANZA JEREZ
EDITORA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Publicado en www.eltiempo.com
A explotación sexual son sometidos unos 35.000 niños y niñas en Colombia
Esa es la proyección de un estudio realizado en once ciudades del país, en el que se conocieron las historias de 2.117 menores, muchos de los cuales tenían entre 9 y 12 años de edad.
Entre las nuevas dinámicas de este delito están el consumismo, el desarrollo de las tecnologías y la falta de educación sexual de los menores.
La investigación, denominada 'Escenarios de la infamia. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes', se desarrolló en Arjona, Malagana, Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta.
En esos sitios, los niños también son víctimas de desplazamiento, violencia, conflicto armado y pobreza, un terreno abonado para el crecimiento de la problemática. Eso han encontrado las tres instituciones que financiaron el estudio (las fundaciones Plan, Antonio Restrepo Barco y Renacer) y que trabajan por el bienestar de las comunidades y hacen propuestas para hallar soluciones efectivas.
Precisamente, con el estudio quedó en evidencia que estos factores favorecen la ocurrencia de la explotación sexual comercial de los niños. Y el papel preponderante de los grupos al margen de la ley en el delito es uno de los elementos que más preocupó a las instituciones.
"Existen dinámicas nuevas para explotar a los niños. Cada vez son más pequeños y hay más violencia en sus historias", explica Stella Cárdenas, directora de la fundación Renacer y coordinadora de la investigación que duró año y medio, y cuyos resultados son compartidos por el Icbf.
Los delincuentes "manejan las redes y actúan como clientes -cuenta Carolina Borda, quien participó en la investigación-. En Medellín, por ejemplo, les piden plata para dejarlos estar en un sitio. Los niños hombres están en una parte, y en otra, las niñas. Los que no pagan deben tener relaciones con ellos o, de lo contrario, los amenazan".
Las poblaciones que han sufrido el desplazamiento son las más vulnerables y, entre ellas, indígenas y afrodescendientes.
"En Montería, Sincelejo y Quibdó se aprovechan de la inocencia de las niñas indígenas desplazadas -dice Cárdenas-. Muchos proxenetas pagan la dote para casarse con ellas, las llevan a otros sitios donde las prostituyen y después las devuelven diciendo que no sirvieron como esposas. Esas niñas son rechazadas por la comunidad. Los indígenas no denuncian porque no conocen nuestras leyes".
Principales hallazgos
Por las condiciones de pobreza los niños acuden al rebusque de comida y dinero o a la venta de productos en plazas de mercado, calles y carnicerías que es aprovechado por proxenetas y pedófilos.
Se encontraron casos de pequeños que a cambio de vender la mercancía con que ayudan al sustento de sus casas, se dejan tocar o tienen relaciones sexuales con adultos.
Taxistas, peluqueros, soldados, turistas, miembros de los grupos ilegales, camioneros y vendedores de plazas son los principales abusadores.
Exceptuando Malagana (Bolívar), en las ciudades analizadas se encontraron niños víctimas de la explotación sexual asociada al desplazamiento.
Pero en esta población son frecuentes los matrimonios serviles: menores son entregadas para las labores domésticas y sexuales a cambio de un pago mensual para sus familias. También se encontraron casos de niños que les compran las onces a sus compañeras para tener sexo con ellas.
En Medellín, Cali y Cúcuta la pornografía infantil es más fuerte. Los pedófilos pueden conseguir, entre los que venden películas piratas, DVD por 3 mil pesos o hacer su propio DVD en un café internet por 30 mil pesos.
La explotación de niños hombres que no tienen clara su sexualidad es constante. Hay pequeños de 10, 11 y 12 años vestidos como mujeres, incluso que han sido inyectados con hormonas.
Historias aterradoras
1 Gay a la fuerza
Mi nombre es José, tengo 16 años, vivo con mis papás y estoy en grado noveno. Yo tenía bastantes amigos y los tenía tramados con que era muy arrecho y que ponía a los tipos en distintas posiciones y por eso me daban plata, pero mentira, yo no había hecho nada. Un día un amigo me dijo que me daban 70 mil pesos por eso y yo estaba muerto del susto. El tipo se agachó y empezó a acariciarme el pene y yo le dije: "Hermano qué le pasa, la mercancía no se muestra si no hay plata". Me dijo: "¿Cuánto quiere? Le doy 20 mil pesos". Así empecé.
2 'Por estar a la moda'
Me llamo Diana y tengo 16 años. Comencé en esto porque me antojaba de una cosa y de otra, una camisa, por ejemplo. Conocí a Carolina que me convidó para la cárcel. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde. Estamos con 10 o 13 hombres. Los guardias nos dejan entrar, ellos saben a qué vamos.
Nos pagan 40 o 50 mil pesos por cada persona y llegamos a tener 400.000 pesos. La primera vez que hice algo así fue con el que cose. Fue el peor día. Después lo hice con señores de la plaza de mercado.
3 'Soy el que contacta'
Me llamo Juan Manuel y tengo 17 años. Yo me encargo de buscar a las niñas para los de la marina. Hay niñas de 13 años a las que ni les han salido senos. Las de 11 y 12 años yo las consigo en los barrios. A veces la mamá o el papá las mandan porque no tienen con qué comer ni vestirse. Los de la marina me dan 10 mil pesos por llevarlas. Las meten en el monte y les dan vicio. A los taxistas yo se las recojo, los tipos me dan 5.000 o 15.000 pesos, y ellas ellas me dan 5.000 pesos, yo vivo de eso. Las chinas se sacan a veces hasta 200.000 o 300.000 pesos.
ÁNGELA CONSTANZA JEREZ
EDITORA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Publicado en www.eltiempo.com
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
Agosto 20 de 2007 -
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
El presidente venezolano dijo este domingo que está dispuesto a facilitar un territorio en su país para recibir a los plagiados y a los guerrilleros que deben ser liberados.
Así, Chávez anticipó parte de lo que será la propuesta que llevará a su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto para lograr el acuerdo humanitario.
"Si tuvieran que traerlos a Venezuela y aquí, con toda la seguridad de organismos internacionales, los familiares reciben a estos secuestrados y los guerrilleros presos vienen y aquí son liberados y se van a otros países, bienvenidos. Ojalá podamos avanzar en esa dirección, son ideas que uno va madurando", dijo Chávez en su habitual programa dominical 'Aló, Presidente'.
Esta afirmación del mandatario venezolano parecería apuntar al centro de las diferencias que el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Farc mantienen para hacer el acuerdo humanitario: un territorio para negociar el intercambio.
Chávez advierte que sería algo transitorio, pues hace énfasis en que los guerrilleros que sean liberados deberán abandonar su territorio e ir a otros países.
El discurso de Chávez fue dirigido a ambas partes. Dijo que tanto el gobierno del presidente Uribe como las Farc "tendrían que ceder, liberar aquí, liberar allá, esa es la realidad: los guerrilleros piden una zona desmilitarizada, el Gobierno (colombiano) no quiere ceder al respecto, vamos a hablar a ver qué pasa", agregó.
Chávez, que recibirá hoy a familiares de secuestrados colombianos, también dijo que solo actuará si es autorizado por el gobierno colombiano. Y lo que se sabe es que fue el propio Uribe, quien le dio vía libre a la senadora Piedad Córdoba para pedir la ayuda del presidente venezolano el día que la designó facilitadora del proceso.
Esta tesis parece confirmarla Chávez al admitir que viene a Colombia porque "el amigo Uribe ha dado una señal muy interesante".
EL TIEMPO supo que Uribe y Chávez han hablado telefónicamente en varias oportunidades y de manera extensa los últimos días, lo que haría pensar que habría las primeras coincidencias entre los dos mandatarios.
Aunque Chávez estaba dispuesto a ir a Bogotá este viernes 24 de agosto, fue Uribe quien pidió posponer por ocho días más (el 31 de agosto) el encuentro.
Se cree que la propuesta del presidente venezolano tiene otros ingredientes que compartirá de manera personal con su colega colombiano en la Casa de Nariño.
No sería una facilitación más
Son varias las instituciones y personas que el presidente Álvaro Uribe ha admitido como facilitadoras del acuerdo humanitario y que han fracasado en ese propósito.
La del presidente Hugo Chávez parece no ser una más. Es el primer jefe de Estado de un país extranjero que anuncia su mediación directa para liberar a todos los secuestrados; trae la solidaridad de unos vecinos con capacidad de incidir de manera directa sobre las partes; es una de las pocas personas a las que las dos partes escuchan con respeto; y además, entra con propuestas concretas como la de ofrecer territorio para los acercamientos, el punto que más distancia a los antagonistas.
Estos aspectos hacen la diferencia con los muchos casos anteriores. Tres meses después de su primera posesión (2002), Uribe pidió ayuda a la ONU y esta le asignó a James Lemoine la misión buscar el regreso de los secuestrados a sus hogares. El diplomático salió luego de la escena por petición del propio Gobierno.
Después estuvieron el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri y Angelino Garzón. Pero tampoco lograron su cometido.
El ex presidente liberal Alfonso López murió dando la pelea.
El ex ministro Álvaro Leyva Durán ha hecho varias aproximaciones con fórmulas diferentes, sin efectos.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario VOZ, recibió autorización del Presidente, en la Casa de Nariño, pero luego fue criticado por el mismo mandatario.
Una comisión de congresistas demócratas ofreció sus buenos oficios, pero no se conocieron sus acciones.
El gobierno francés lleva más de cuatro años con aproximaciones.
El trabajo más intenso lo han hecho España, Francia y Suiza, sin resultados efectivos a la vista.
VALENTINA LARES
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
Publicado en www.eltiempo.com
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
El presidente venezolano dijo este domingo que está dispuesto a facilitar un territorio en su país para recibir a los plagiados y a los guerrilleros que deben ser liberados.
Así, Chávez anticipó parte de lo que será la propuesta que llevará a su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto para lograr el acuerdo humanitario.
"Si tuvieran que traerlos a Venezuela y aquí, con toda la seguridad de organismos internacionales, los familiares reciben a estos secuestrados y los guerrilleros presos vienen y aquí son liberados y se van a otros países, bienvenidos. Ojalá podamos avanzar en esa dirección, son ideas que uno va madurando", dijo Chávez en su habitual programa dominical 'Aló, Presidente'.
Esta afirmación del mandatario venezolano parecería apuntar al centro de las diferencias que el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Farc mantienen para hacer el acuerdo humanitario: un territorio para negociar el intercambio.
Chávez advierte que sería algo transitorio, pues hace énfasis en que los guerrilleros que sean liberados deberán abandonar su territorio e ir a otros países.
El discurso de Chávez fue dirigido a ambas partes. Dijo que tanto el gobierno del presidente Uribe como las Farc "tendrían que ceder, liberar aquí, liberar allá, esa es la realidad: los guerrilleros piden una zona desmilitarizada, el Gobierno (colombiano) no quiere ceder al respecto, vamos a hablar a ver qué pasa", agregó.
Chávez, que recibirá hoy a familiares de secuestrados colombianos, también dijo que solo actuará si es autorizado por el gobierno colombiano. Y lo que se sabe es que fue el propio Uribe, quien le dio vía libre a la senadora Piedad Córdoba para pedir la ayuda del presidente venezolano el día que la designó facilitadora del proceso.
Esta tesis parece confirmarla Chávez al admitir que viene a Colombia porque "el amigo Uribe ha dado una señal muy interesante".
EL TIEMPO supo que Uribe y Chávez han hablado telefónicamente en varias oportunidades y de manera extensa los últimos días, lo que haría pensar que habría las primeras coincidencias entre los dos mandatarios.
Aunque Chávez estaba dispuesto a ir a Bogotá este viernes 24 de agosto, fue Uribe quien pidió posponer por ocho días más (el 31 de agosto) el encuentro.
Se cree que la propuesta del presidente venezolano tiene otros ingredientes que compartirá de manera personal con su colega colombiano en la Casa de Nariño.
No sería una facilitación más
Son varias las instituciones y personas que el presidente Álvaro Uribe ha admitido como facilitadoras del acuerdo humanitario y que han fracasado en ese propósito.
La del presidente Hugo Chávez parece no ser una más. Es el primer jefe de Estado de un país extranjero que anuncia su mediación directa para liberar a todos los secuestrados; trae la solidaridad de unos vecinos con capacidad de incidir de manera directa sobre las partes; es una de las pocas personas a las que las dos partes escuchan con respeto; y además, entra con propuestas concretas como la de ofrecer territorio para los acercamientos, el punto que más distancia a los antagonistas.
Estos aspectos hacen la diferencia con los muchos casos anteriores. Tres meses después de su primera posesión (2002), Uribe pidió ayuda a la ONU y esta le asignó a James Lemoine la misión buscar el regreso de los secuestrados a sus hogares. El diplomático salió luego de la escena por petición del propio Gobierno.
Después estuvieron el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri y Angelino Garzón. Pero tampoco lograron su cometido.
El ex presidente liberal Alfonso López murió dando la pelea.
El ex ministro Álvaro Leyva Durán ha hecho varias aproximaciones con fórmulas diferentes, sin efectos.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario VOZ, recibió autorización del Presidente, en la Casa de Nariño, pero luego fue criticado por el mismo mandatario.
Una comisión de congresistas demócratas ofreció sus buenos oficios, pero no se conocieron sus acciones.
El gobierno francés lleva más de cuatro años con aproximaciones.
El trabajo más intenso lo han hecho España, Francia y Suiza, sin resultados efectivos a la vista.
VALENTINA LARES
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
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lunes, 20 de agosto de 2007
El hombre de las mil caras
El hombre de las mil caras
La captura de 'Chupeta' fue impresionante. Pero mucho más impresionante fue la vida excéntrica, cruel y llena de excesos que llevó durante más de 20 años como capo de la droga.
Ninguna cirugía plástica puede esconder la naturaleza de un hombre. Menos la de un mafioso. Eso lo comprendió Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', la madrugada del martes pasado, cuando vio su lujosa mansión cerca de Sao Paulo invadida de policías. La cinematográfica operación de las autoridades brasileñas no pudo ser más exitosa. Sin saberlo, capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados en el mundo, que se ocultaba tras un rostro totalmente desconocido.
La operación buscaba golpear una gran red internacional de lavadores de dinero que venían investigando desde hacía dos años las policías de Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay y España. Lo que no sabían los sabuesos investigadores era que el hombre que salía de su casa todos los días con gorra y gafas hacia un local de venta de automóviles y motos náuticas, y al que ellos consideraban el cerebro de la red de lavado, era nada más y nada menos que 'Chupeta'. Las autoridades le filmaban todos sus pasos. Quién entraba y quién salía de su establecimiento. Pero vivían sorprendidos porque a su lujosa mansión sólo entraban dos personas: él y su esposa.
Ramírez Abadía llegó a Brasil hace dos años con 16 millones de dólares, según él, para "vivir como un rey". Eso fue lo que le dijo a la Policía federal brasileña mientras le colocaban las esposas alrededor de las manos. "¿Quién es usted en realidad?", le preguntó uno de los oficiales. 'Chupeta' estaba acorralado y decidió revelar su verdadera identidad. "Yo soy la persona que buscan, Juan Carlos Ramírez Abadía. Pero mi mujer no tiene nada que ver en esto", dijo angustiado.
Luego de ser detenido, contó además que se practicó seis cirugías plásticas. "Sólo pudo ser identificado por su voz y sus huellas dactilares, que fueron confirmadas por el propio director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo", le dijo a SEMANA Fernando Francischini, el agente de la Policía federal a cargo de la investigación contra 'Chupeta'.
La sorpresa fue mayúscula cuando las autoridades comenzaron a recorrer su lujosa mansión, avaluada en dos millones de dólares, en la que sólo vivían 'Chupeta' y su tercera esposa, Jessica Paula Rojas, una colombiana que se identificó inicialmente con documentos venezolanos a nombre de Ana Mella. "¿Dónde tiene la plata?", le preguntó de nuevo el oficial. "Venga, deme ese manojo de llaves. Yo les quiero colaborar", le dijo Ramírez Abadía al policía. Se agachó, abrió la puerta que ocultaba la caja fuerte y adentro tenía 544.000 dólares, 250.000 euros y 55.000 reales.
La Policía federal brasileña le encontró 160 teléfonos celulares que utilizaba para burlar las interceptaciones telefónicas. Tenía una colección de relojes suizos y utilizaba varios pasaportes falsos. En un video que logró obtener en exclusiva el periodista Wílber Correa, del canal Caracol, se ve cuando 'Chupeta' decide entregarles a las autoridades brasileñas todas las caletas que tenía en su casa y en sectores rurales cerca de Sao Paulo. Según la Policía, el capo les reveló que encaletó parte de su fortuna en puntos estratégicos por si tenía que fugarse y les mostró el sitio exacto en donde tenía otra de sus caletas. Fue así como descubrieron debajo del asador, en los jardines de su mansión, otro millón de dólares y 200.000 euros.
Después, la Policía recibió una llamada inesperada. Se trataba de la cirujana Loriti Breuel, quien vio las imágenes de la captura de 'Chupeta' y lo reconoció al instante. "Yo fui la que operé a ese hombre, pero se identificó con documentos de Argentina", dijo la médica, quien se mostró dispuesta a colaborarles a la autoridades. Ramírez Abadía se identificaba en Brasil como Marcelo Javier Unzué, un médico argentino de 44 años, la misma edad de 'Chupeta', quien supuestamente vivía en La Plata, trabajaba como hemoterapista en una clínica y a quien le habían robado sus documentos en 2005.
Con esa falsa identidad, y con la también apócrifa identidad de su esposa como venezolana, llegaron 'Chupeta' y Paula Rojas al consultorio de la cirujana en un barrio de Sao Paulo, en donde hay por lo menos 50 clínicas de cirugía plástica. "Mi esposa se quiere operar la nariz y yo me hice dos cirugías de la nariz en Estados Unidos que no me gustaron y quiero que usted me arregle un poco más", le dijo el supuesto argentino a la médica. 'Chupeta' se mandó a hacer un ensanchamiento de la quijada, el mentón partido, los párpados y estirar la frente. Ambas operaciones, las del capo y su esposa fueron hace una semana. Por eso en las fotografías mostradas por la Policía brasileña, después de su captura, aún se ven las cicatrices recientes de las cirugías.
Su vida en Colombia
La vanidad de Juan Carlos Ramírez Abadía ha sido su debilidad toda la vida. Desde cuando ingresó a la mafia no ocultaba sus gustos por las joyas, por vestir bien y por mantenerse en forma. Gracias al negocio de la droga, desde principios de los años 90, Ramírez Abadía vivió como un rey en Colombia. Junto con su amigo Juan Carlos Ortiz, alias 'Cuchilla', quien fue asesinado en 2000, se convirtió en el primer colombiano en enviar una tonelada de cocaína a Estados Unidos en un avión. Este gran golpe lo perfiló como el más seguro sucesor de los ex jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que hicieron de 'Chupeta' un barón de la droga. En esa época, junto con Ortiz, trabajaba de la mano de Helmer 'Pacho' Herrera y eran los amos y señores de la rumba en Cali, en donde ostentaban su poderío con carros lujosos, joyas y acompañados de mujeres hermosas. Esas han sido las tres grandes pasiones de 'Chupeta': la vanidad, el sexo y el dinero.
En 1996 'Chupeta' y 'Cuchilla' se entregaron a la justicia y aceptaron los cargos por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Fueron condenados a 24 años de prisión, de los cuales, por rebaja de penas, Ramírez Abadía pagó cuatro y estuvo en tres cárceles diferentes: máxima seguridad de Palmira, Villahermosa y Buga, en el Valle del Cauca. Desde esos centros de reclusión mantuvo su organización y su negocio intactos. Las autoridades norteamericanas y las colombianas lo sabían. Y él presentía que tarde o temprano tendría que ir a un estrado judicial estadounidense.
Por eso, en 2003, se reunió en un prestigioso hotel de Cali con la ex fiscal norteamericana Lee Stapleton y un abogado, para indagar si tenía algún proceso en curso en Estados Unidos. Fue el último día que las autoridades lo vieron. Un grupo de la Dijín le cayó por sorpresa en la suite. Los investigadores estaban convencidos de que a la reunión asistiría Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Al descubrir que se trataba de Ramírez Abadía tuvieron que dejarlo en libertad porque no tenía ningún proceso judicial en su contra. 'Chupeta' se había integrado al cartel del norte del Valle desde cuando salió de la prisión.
Sólo un año después, en mayo de 2004, Ramírez Abadía pasó a la clandestinidad y se volvió invisible para las autoridades cuando supo que era solicitado en extradición, bajo la Ley Rico, por una Corte de Washington. No era la primera vez que la justicia norteamericana quería juzgarlo por narcotráfico. Desde 1994 tenía cargo en el Distrito de Colorado y en el Distrito Este de Nueva York. Pero en 1996 Colombia negó su extradición. Por esa época 'Chupeta' ya llevaba 10 años traficando cocaína y lideró una organización que envió cientos de toneladas del alcaloide a Los Ángeles y San Antonio, Texas, a través de México. Además creó su propia red distribuidora en Nueva York. Hoy, con 44 años, se calcula que su fortuna bordea los 1.800 millones de dólares.
Tenía parte de esa fortuna, 60 millones de dólares y 309 lingotes de oro, enterrada en siete casas de Cali. Fue el gran golpe que la Dijín le dio a 'Chupeta' a principios de este año, cuando fueron encontradas las millonarias caletas del capo, noticia que dió la vuelta al mundo. Como resultado de los allanamientos, 14 personas fueron capturadas en Colombia. La mayoría se acogió a sentencia anticipada ante los jueces y recibió condenas entre de 22 y 44 meses de prisión. Entre los detenidos estaba un hombre clave para ayudar a capturar a su jefe 'Chupeta' y desmantelar su organización: Laureano Rentería, quien fue su mano derecha toda la vida. En una operación relámpago, que aún no ha tenido explicación por parte de las autoridades policiales y judiciales, Rentería fue trasladado de Cali a Bogotá. Permaneció varios días protegido en la Dijín y cuando llegó a su celda en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, era vox populi que su jefe planeaba silenciarlo. La DEA, que entendió rápidamente la importancia de este testigo, ayudó a acelerar el pedido de extradición. Pero ni la Policía, ni los gringos, ni los pabellones de hierro reforzado fueron suficientes frente a la mano criminal de su jefe. Rentería fue envenenado con cianuro en su celda.
La información que tenía este hombre era tan importante, que su muerte ocasionó uno de los más grandes roces entre las autoridades estadounidenses y el gobierno colombiano de los últimos años. Nadie pagó por este crimen planeado como cualquier guión de Hollywood.
Pero la historia de la mafia de 'Chupeta' seguía su curso. El 17 de enero, un día después del hallazgo de las millonarias caletas, un hombre llegó hasta las oficinas de la DEA en Nueva York y les entregó a los agentes estadounidenses un computador que llevaba consigo. En ese portátil estaba la información financiera que movía 'Chupeta'. Mientras las autoridades colombianas anunciaban el éxito de la operación contra las finanzas del capo, la DEA analizaba minuciosamente la información que contenía el portátil. Nombres, direcciones, teléfonos e información personal de socios, testaferros, familiares y amigos. Lo que les ha llamado la atención a los agentes federales es que en el portátil también aparecen los nombres de quienes durante los últimos seis años han estado vinculados con la organización de 'Chupeta'.
El listado incluye miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, empresarios, políticos e importantes dirigentes, principalmente del Valle del Cauca, vinculados con Ramírez Abadía, quien era uno de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
En el computador también hay decenas de empresas que durante años han aparecido ante los ojos de la justicia y la opinión pública como respetadas industrias legales pero que, gracias a la información que descubrieron en el portátil, ahora se sabe que son fachadas y empresas que ha utilizado por años 'Chupeta' para lavar millones de dólares. "La importancia del computador es que confirma la versión de varios colaboradores de la justicia y apoya la información contra su organización delictiva y la fortaleza es que identifica la red de contactos del capo, lo que podría facilitar otras 20 extradiciones", sostuvo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.
Un video que poseen las autoridades contiene el testimonio clave del informante que le dio a la DEA el portátil de 'Chupeta'. El testigo dice que fue suboficial de la Armada de Colombia y que conoció a Ramírez Abadía en la cárcel de Palmira y se unió a su organización cuando salió de prisión. 'Chupeta', quien estuvo en la Escuela Naval de Cadetes en su época de juventud, confiaba en el hombre ciegamente y dejó en sus manos el manejo de toda su información financiera de los últimos ocho años. El hombre comenzó a conocer del capo no sólo su habilidad con los números sino su trayectoria criminal y su perfil violento. Sabía que varios de sus hombres de confianza habían sido asesinados por saber demasiado sobre él. Y pensó que algún día él correría la misma suerte de ser asesinado por su propio jefe. Decidió salir del país y se acogió al programa de Protección de Testigos de la justicia norteamericana, a la que le dio todos los secretos de Ramírez Abadía.
Sangre y muerte
La pasión de 'Chupeta' por el dinero y la vida extravagante no tenía límites. Tampoco su sed de venganza. Las autoridades le atribuyen innumerables ajustes de cuentas, cuyo episodio más macabro fue haber ordenado la ejecución de 35 familiares, socios, abogados y colaboradores del extraditado Víctor Patiño Fómeque, en retaliación por haberlo acusado ante las autoridades norteamericanas, según el relato de su madre, Deisy Fómeque, que divulgó SEMANA en 2002.
En el bajo mundo sostienen que 'Chupeta' terminó apropiándose de la fortuna de Patiño. Esa guerra sangrienta lo posicionó en el norte del Valle en donde logró comprar conciencias, sobornar a la justicia, utilizar testaferros para ocultar sus propiedades y enterrar parte de su fortuna. Sin embargo, a pesar de que le encontraron 60 millones de dólares encaletados y la Fiscalía le había confiscado millones en bienes, el capo vivía a sus anchas en Brasil, país que se ha convertido en el epicentro para el tráfico de la droga.
Narcolujos
Aparte de su mansión y de sus lujosos carros blindados, 'Chupeta' tenía en Brasil una hacienda ganadera a 20 kilómetros de la población de Pouso Alegre (Minas Gerais), en donde había levantado siete construcciones, una casa principal con seis suites, una vista maravillosa a 10 lagos que utilizaba para la cría de peces y seis lujosas cabañas alrededor de una piscina estilo jacuzzi, con tobogán.
Su habilidad para crear empresas quedó demostrada también en territorio brasileño. Logró comprar inmuebles, principalmente hoteles y mansiones, empresas reconocidas, costosos vehículos y una casa en la playa que pretendía vender por 1,5 millones de dólares. Pero la más sorprendente y lo que realmente condujo a su captura fue la forma como se las ingenió para ocultar los bienes que iba comprando. Convenció a muchas familias pobres para que sus bienes figuraran a nombre de ellas, y las autoridades brasileñas fueron detectando la compra de muchos inmuebles a nombre de nuevos ricos que dentro de la investigación fue arrojando como resultado que se trataba de una red de testaferros de un hombre que fungía ser sólo un vendedor de carros. Ese era 'Chupeta'. Por eso la investigación lleva el nombre de 'Operación Harapos'. ?
Todos quieren a 'Chupeta'
Ramírez Abadía permanece detenido en la Policía federal de Brasil. Su vecino de celda es el astro de la selección Colombia Freddy Rincón, quien está preso por lavado de activos y a la espera de ser extraditado a Panamá. Lo más probable es que esta semana, 'Chupeta' sea trasladado a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, cerca de la población Amarato Groso, en donde está recluido Luis Fernando da Costa, más conocido como 'Fernandinho' Beira-Mar, poderoso jefe del narcotráfico en Brasil y capturado en 2001 por el Ejército en las selvas del Vichada en donde movía el negocio de la coca con las Farc.
Ahora, todas las autoridades quieren a 'Chupeta'. "Queremos que sea extraditado directamente a Estados Unidos", dijo Richard Mei, vocero de prensa de la DEA en Brasilia. No obstante, el fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo que no es procedente enviarlo a territorio norteamericano, aunque mencionó otros instrumentos de asistencia jurídica internacional. Pero la batalla legal se complicó. Será el Supremo Tribunal Federal de Brasil el que decidirá si cumple primero su condena en el país por falsedad en documentos públicos y lavado de dinero, por los que podría pagar penas de prisión de entre cinco y 15 años.
Con la captura de 'Chupeta', quedó demostrado que a pesar de su habilidad para cambiar constantemente su rostro, no pudo cambiar su voz ni sus huellas dactilares. Y su gran equivocación fue la de vivir como un mafioso a la vieja usanza, es decir, no haber aprendido la lección de que las excentricidades, los excesos y la soberbia que produce el dinero ilegal son la perdición de los narcotraficantes. Pero, aparentemente, eso a 'Chupeta' no le importaba
Publicado en www.semana.com
La captura de 'Chupeta' fue impresionante. Pero mucho más impresionante fue la vida excéntrica, cruel y llena de excesos que llevó durante más de 20 años como capo de la droga.
Ninguna cirugía plástica puede esconder la naturaleza de un hombre. Menos la de un mafioso. Eso lo comprendió Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', la madrugada del martes pasado, cuando vio su lujosa mansión cerca de Sao Paulo invadida de policías. La cinematográfica operación de las autoridades brasileñas no pudo ser más exitosa. Sin saberlo, capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados en el mundo, que se ocultaba tras un rostro totalmente desconocido.
La operación buscaba golpear una gran red internacional de lavadores de dinero que venían investigando desde hacía dos años las policías de Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay y España. Lo que no sabían los sabuesos investigadores era que el hombre que salía de su casa todos los días con gorra y gafas hacia un local de venta de automóviles y motos náuticas, y al que ellos consideraban el cerebro de la red de lavado, era nada más y nada menos que 'Chupeta'. Las autoridades le filmaban todos sus pasos. Quién entraba y quién salía de su establecimiento. Pero vivían sorprendidos porque a su lujosa mansión sólo entraban dos personas: él y su esposa.
Ramírez Abadía llegó a Brasil hace dos años con 16 millones de dólares, según él, para "vivir como un rey". Eso fue lo que le dijo a la Policía federal brasileña mientras le colocaban las esposas alrededor de las manos. "¿Quién es usted en realidad?", le preguntó uno de los oficiales. 'Chupeta' estaba acorralado y decidió revelar su verdadera identidad. "Yo soy la persona que buscan, Juan Carlos Ramírez Abadía. Pero mi mujer no tiene nada que ver en esto", dijo angustiado.
Luego de ser detenido, contó además que se practicó seis cirugías plásticas. "Sólo pudo ser identificado por su voz y sus huellas dactilares, que fueron confirmadas por el propio director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo", le dijo a SEMANA Fernando Francischini, el agente de la Policía federal a cargo de la investigación contra 'Chupeta'.
La sorpresa fue mayúscula cuando las autoridades comenzaron a recorrer su lujosa mansión, avaluada en dos millones de dólares, en la que sólo vivían 'Chupeta' y su tercera esposa, Jessica Paula Rojas, una colombiana que se identificó inicialmente con documentos venezolanos a nombre de Ana Mella. "¿Dónde tiene la plata?", le preguntó de nuevo el oficial. "Venga, deme ese manojo de llaves. Yo les quiero colaborar", le dijo Ramírez Abadía al policía. Se agachó, abrió la puerta que ocultaba la caja fuerte y adentro tenía 544.000 dólares, 250.000 euros y 55.000 reales.
La Policía federal brasileña le encontró 160 teléfonos celulares que utilizaba para burlar las interceptaciones telefónicas. Tenía una colección de relojes suizos y utilizaba varios pasaportes falsos. En un video que logró obtener en exclusiva el periodista Wílber Correa, del canal Caracol, se ve cuando 'Chupeta' decide entregarles a las autoridades brasileñas todas las caletas que tenía en su casa y en sectores rurales cerca de Sao Paulo. Según la Policía, el capo les reveló que encaletó parte de su fortuna en puntos estratégicos por si tenía que fugarse y les mostró el sitio exacto en donde tenía otra de sus caletas. Fue así como descubrieron debajo del asador, en los jardines de su mansión, otro millón de dólares y 200.000 euros.
Después, la Policía recibió una llamada inesperada. Se trataba de la cirujana Loriti Breuel, quien vio las imágenes de la captura de 'Chupeta' y lo reconoció al instante. "Yo fui la que operé a ese hombre, pero se identificó con documentos de Argentina", dijo la médica, quien se mostró dispuesta a colaborarles a la autoridades. Ramírez Abadía se identificaba en Brasil como Marcelo Javier Unzué, un médico argentino de 44 años, la misma edad de 'Chupeta', quien supuestamente vivía en La Plata, trabajaba como hemoterapista en una clínica y a quien le habían robado sus documentos en 2005.
Con esa falsa identidad, y con la también apócrifa identidad de su esposa como venezolana, llegaron 'Chupeta' y Paula Rojas al consultorio de la cirujana en un barrio de Sao Paulo, en donde hay por lo menos 50 clínicas de cirugía plástica. "Mi esposa se quiere operar la nariz y yo me hice dos cirugías de la nariz en Estados Unidos que no me gustaron y quiero que usted me arregle un poco más", le dijo el supuesto argentino a la médica. 'Chupeta' se mandó a hacer un ensanchamiento de la quijada, el mentón partido, los párpados y estirar la frente. Ambas operaciones, las del capo y su esposa fueron hace una semana. Por eso en las fotografías mostradas por la Policía brasileña, después de su captura, aún se ven las cicatrices recientes de las cirugías.
Su vida en Colombia
La vanidad de Juan Carlos Ramírez Abadía ha sido su debilidad toda la vida. Desde cuando ingresó a la mafia no ocultaba sus gustos por las joyas, por vestir bien y por mantenerse en forma. Gracias al negocio de la droga, desde principios de los años 90, Ramírez Abadía vivió como un rey en Colombia. Junto con su amigo Juan Carlos Ortiz, alias 'Cuchilla', quien fue asesinado en 2000, se convirtió en el primer colombiano en enviar una tonelada de cocaína a Estados Unidos en un avión. Este gran golpe lo perfiló como el más seguro sucesor de los ex jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que hicieron de 'Chupeta' un barón de la droga. En esa época, junto con Ortiz, trabajaba de la mano de Helmer 'Pacho' Herrera y eran los amos y señores de la rumba en Cali, en donde ostentaban su poderío con carros lujosos, joyas y acompañados de mujeres hermosas. Esas han sido las tres grandes pasiones de 'Chupeta': la vanidad, el sexo y el dinero.
En 1996 'Chupeta' y 'Cuchilla' se entregaron a la justicia y aceptaron los cargos por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Fueron condenados a 24 años de prisión, de los cuales, por rebaja de penas, Ramírez Abadía pagó cuatro y estuvo en tres cárceles diferentes: máxima seguridad de Palmira, Villahermosa y Buga, en el Valle del Cauca. Desde esos centros de reclusión mantuvo su organización y su negocio intactos. Las autoridades norteamericanas y las colombianas lo sabían. Y él presentía que tarde o temprano tendría que ir a un estrado judicial estadounidense.
Por eso, en 2003, se reunió en un prestigioso hotel de Cali con la ex fiscal norteamericana Lee Stapleton y un abogado, para indagar si tenía algún proceso en curso en Estados Unidos. Fue el último día que las autoridades lo vieron. Un grupo de la Dijín le cayó por sorpresa en la suite. Los investigadores estaban convencidos de que a la reunión asistiría Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Al descubrir que se trataba de Ramírez Abadía tuvieron que dejarlo en libertad porque no tenía ningún proceso judicial en su contra. 'Chupeta' se había integrado al cartel del norte del Valle desde cuando salió de la prisión.
Sólo un año después, en mayo de 2004, Ramírez Abadía pasó a la clandestinidad y se volvió invisible para las autoridades cuando supo que era solicitado en extradición, bajo la Ley Rico, por una Corte de Washington. No era la primera vez que la justicia norteamericana quería juzgarlo por narcotráfico. Desde 1994 tenía cargo en el Distrito de Colorado y en el Distrito Este de Nueva York. Pero en 1996 Colombia negó su extradición. Por esa época 'Chupeta' ya llevaba 10 años traficando cocaína y lideró una organización que envió cientos de toneladas del alcaloide a Los Ángeles y San Antonio, Texas, a través de México. Además creó su propia red distribuidora en Nueva York. Hoy, con 44 años, se calcula que su fortuna bordea los 1.800 millones de dólares.
Tenía parte de esa fortuna, 60 millones de dólares y 309 lingotes de oro, enterrada en siete casas de Cali. Fue el gran golpe que la Dijín le dio a 'Chupeta' a principios de este año, cuando fueron encontradas las millonarias caletas del capo, noticia que dió la vuelta al mundo. Como resultado de los allanamientos, 14 personas fueron capturadas en Colombia. La mayoría se acogió a sentencia anticipada ante los jueces y recibió condenas entre de 22 y 44 meses de prisión. Entre los detenidos estaba un hombre clave para ayudar a capturar a su jefe 'Chupeta' y desmantelar su organización: Laureano Rentería, quien fue su mano derecha toda la vida. En una operación relámpago, que aún no ha tenido explicación por parte de las autoridades policiales y judiciales, Rentería fue trasladado de Cali a Bogotá. Permaneció varios días protegido en la Dijín y cuando llegó a su celda en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, era vox populi que su jefe planeaba silenciarlo. La DEA, que entendió rápidamente la importancia de este testigo, ayudó a acelerar el pedido de extradición. Pero ni la Policía, ni los gringos, ni los pabellones de hierro reforzado fueron suficientes frente a la mano criminal de su jefe. Rentería fue envenenado con cianuro en su celda.
La información que tenía este hombre era tan importante, que su muerte ocasionó uno de los más grandes roces entre las autoridades estadounidenses y el gobierno colombiano de los últimos años. Nadie pagó por este crimen planeado como cualquier guión de Hollywood.
Pero la historia de la mafia de 'Chupeta' seguía su curso. El 17 de enero, un día después del hallazgo de las millonarias caletas, un hombre llegó hasta las oficinas de la DEA en Nueva York y les entregó a los agentes estadounidenses un computador que llevaba consigo. En ese portátil estaba la información financiera que movía 'Chupeta'. Mientras las autoridades colombianas anunciaban el éxito de la operación contra las finanzas del capo, la DEA analizaba minuciosamente la información que contenía el portátil. Nombres, direcciones, teléfonos e información personal de socios, testaferros, familiares y amigos. Lo que les ha llamado la atención a los agentes federales es que en el portátil también aparecen los nombres de quienes durante los últimos seis años han estado vinculados con la organización de 'Chupeta'.
El listado incluye miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, empresarios, políticos e importantes dirigentes, principalmente del Valle del Cauca, vinculados con Ramírez Abadía, quien era uno de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
En el computador también hay decenas de empresas que durante años han aparecido ante los ojos de la justicia y la opinión pública como respetadas industrias legales pero que, gracias a la información que descubrieron en el portátil, ahora se sabe que son fachadas y empresas que ha utilizado por años 'Chupeta' para lavar millones de dólares. "La importancia del computador es que confirma la versión de varios colaboradores de la justicia y apoya la información contra su organización delictiva y la fortaleza es que identifica la red de contactos del capo, lo que podría facilitar otras 20 extradiciones", sostuvo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.
Un video que poseen las autoridades contiene el testimonio clave del informante que le dio a la DEA el portátil de 'Chupeta'. El testigo dice que fue suboficial de la Armada de Colombia y que conoció a Ramírez Abadía en la cárcel de Palmira y se unió a su organización cuando salió de prisión. 'Chupeta', quien estuvo en la Escuela Naval de Cadetes en su época de juventud, confiaba en el hombre ciegamente y dejó en sus manos el manejo de toda su información financiera de los últimos ocho años. El hombre comenzó a conocer del capo no sólo su habilidad con los números sino su trayectoria criminal y su perfil violento. Sabía que varios de sus hombres de confianza habían sido asesinados por saber demasiado sobre él. Y pensó que algún día él correría la misma suerte de ser asesinado por su propio jefe. Decidió salir del país y se acogió al programa de Protección de Testigos de la justicia norteamericana, a la que le dio todos los secretos de Ramírez Abadía.
Sangre y muerte
La pasión de 'Chupeta' por el dinero y la vida extravagante no tenía límites. Tampoco su sed de venganza. Las autoridades le atribuyen innumerables ajustes de cuentas, cuyo episodio más macabro fue haber ordenado la ejecución de 35 familiares, socios, abogados y colaboradores del extraditado Víctor Patiño Fómeque, en retaliación por haberlo acusado ante las autoridades norteamericanas, según el relato de su madre, Deisy Fómeque, que divulgó SEMANA en 2002.
En el bajo mundo sostienen que 'Chupeta' terminó apropiándose de la fortuna de Patiño. Esa guerra sangrienta lo posicionó en el norte del Valle en donde logró comprar conciencias, sobornar a la justicia, utilizar testaferros para ocultar sus propiedades y enterrar parte de su fortuna. Sin embargo, a pesar de que le encontraron 60 millones de dólares encaletados y la Fiscalía le había confiscado millones en bienes, el capo vivía a sus anchas en Brasil, país que se ha convertido en el epicentro para el tráfico de la droga.
Narcolujos
Aparte de su mansión y de sus lujosos carros blindados, 'Chupeta' tenía en Brasil una hacienda ganadera a 20 kilómetros de la población de Pouso Alegre (Minas Gerais), en donde había levantado siete construcciones, una casa principal con seis suites, una vista maravillosa a 10 lagos que utilizaba para la cría de peces y seis lujosas cabañas alrededor de una piscina estilo jacuzzi, con tobogán.
Su habilidad para crear empresas quedó demostrada también en territorio brasileño. Logró comprar inmuebles, principalmente hoteles y mansiones, empresas reconocidas, costosos vehículos y una casa en la playa que pretendía vender por 1,5 millones de dólares. Pero la más sorprendente y lo que realmente condujo a su captura fue la forma como se las ingenió para ocultar los bienes que iba comprando. Convenció a muchas familias pobres para que sus bienes figuraran a nombre de ellas, y las autoridades brasileñas fueron detectando la compra de muchos inmuebles a nombre de nuevos ricos que dentro de la investigación fue arrojando como resultado que se trataba de una red de testaferros de un hombre que fungía ser sólo un vendedor de carros. Ese era 'Chupeta'. Por eso la investigación lleva el nombre de 'Operación Harapos'. ?
Todos quieren a 'Chupeta'
Ramírez Abadía permanece detenido en la Policía federal de Brasil. Su vecino de celda es el astro de la selección Colombia Freddy Rincón, quien está preso por lavado de activos y a la espera de ser extraditado a Panamá. Lo más probable es que esta semana, 'Chupeta' sea trasladado a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, cerca de la población Amarato Groso, en donde está recluido Luis Fernando da Costa, más conocido como 'Fernandinho' Beira-Mar, poderoso jefe del narcotráfico en Brasil y capturado en 2001 por el Ejército en las selvas del Vichada en donde movía el negocio de la coca con las Farc.
Ahora, todas las autoridades quieren a 'Chupeta'. "Queremos que sea extraditado directamente a Estados Unidos", dijo Richard Mei, vocero de prensa de la DEA en Brasilia. No obstante, el fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo que no es procedente enviarlo a territorio norteamericano, aunque mencionó otros instrumentos de asistencia jurídica internacional. Pero la batalla legal se complicó. Será el Supremo Tribunal Federal de Brasil el que decidirá si cumple primero su condena en el país por falsedad en documentos públicos y lavado de dinero, por los que podría pagar penas de prisión de entre cinco y 15 años.
Con la captura de 'Chupeta', quedó demostrado que a pesar de su habilidad para cambiar constantemente su rostro, no pudo cambiar su voz ni sus huellas dactilares. Y su gran equivocación fue la de vivir como un mafioso a la vieja usanza, es decir, no haber aprendido la lección de que las excentricidades, los excesos y la soberbia que produce el dinero ilegal son la perdición de los narcotraficantes. Pero, aparentemente, eso a 'Chupeta' no le importaba
Publicado en www.semana.com
El Chupeta
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info
16/08/2007
La captura en Brasil del buscado narcotraficante colombiano conocido como “Chupeta” será sin duda un enorme éxito para los funcionarios policiales que han participado en la operación pero tiene al mismo tiempo una lectura menos optimista: a pesar de la muerte o prisión de los grandes jefes de estas mafias el fenómeno se reproduce indefinidamente y habrá sido cosa de horas hasta que las familias mafiosas de Cali hayan reemplazado a este siniestro personaje por otro igual o peor.
Que las cosas ocurran de esta manera solo se explica porque la llamada guerra contra el narcotráfico se está perdiendo a pesar de los ingentes recursos de todo tipo que se han invertido. En parte, porque las estrategias son equivocadas; en parte, porque los objetivos reales son otros, y en parte porque el mismo orden social es el mejor caldo de cultivo para estas actividades, de suerte que mientras no se emprendan cambios significativos el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas no va a cesar. De hecho, después de tantos años de combate al narcotráfico el balance no puede ser más desalentador si nos atenemos a las cifras de producción y consumo que registran los organismos internacionales concernientes.
Lo primero que salta a la vista es la enorme debilidad e impotencia del Estado frente a la mafia de las drogas no tanto por la falta de recursos sino por la infiltración profunda del narcotráfico en las instituciones de policía y justicia. Los casos de Colombia o México resultan paradigmáticos pero no son los únicos afectados ni el fenómeno se presenta solamente en los países pobres del planeta.
El escándalo más reciente destapa los vínculos de la misma oficina de reclutamiento del ejército colombiano con un grupo mafioso precisamente de Cali, al cual se le ofrecían especialistas en protección, después de minucioso estudio de hojas de vida, la entrevista de rigor y el “pase” de las filas de las fuerzas armadas a la delincuencia organizada. También un juez aparece implicado en la puesta en libertad del mayor cabecilla del escándalo, desmintiendo la versión oficial que se escuda en la conocida teoría de la “manzana podrida”. Una “teoría” ya insostenible dada la reiteración y la extensión de los escándalos que llevan a pensar que aunque esta versión oficial fuese cierta, estos “casos aislados” resultan ya suficientes para paralizar y anular la acción de la justicia. Y al paso que avanzan los acontecimientos no está lejano el momento en que sea necesario decretar que la cesta está podrida y tan solo algunas manzanas son salvables.
Pero no es solo la impotencia de los instrumentos estatales; también se falla en el enfoque global, pues en lugar de emprender acciones decididas contra los principales protagonistas el combate se dirige a el eslabón más débil: el campesino pobre que produce la materia prima. Es aparentemente inexplicable que las Operaciones “Colombia” – iniciada por Clinton y Pastrana Arango- y las sucesivas extensiones de este inmenso y millonario operativo no solo tengan un carácter casi exclusivamente militar sino que se reducen a fumigar, provocar desplazamientos de población, amedrentar y perseguir comunidades enteras en aquellas áreas que se suponen las mayores productoras de hoja de coca y amapola. Contrasta tanta dedicación con los esfuerzos muy inferiores destinados a perseguir laboratorios, interceptar los medios de transporte de la droga, incautar envíos y sobre todo, poner coto al inmenso tráfico de dineros ilegales, que ya como depósitos bancarios, ya como inversiones directas, constituyen un porcentaje decisivo de la economía nacional e igualan o superan las remesas enviadas por los emigrantes. Seguramente que los campesinos pobres de la frontera agrícola del país apenas cuentan con apoyos sociales y políticos; no parece ser el caso, sin embargo, de las mafias, tan bien incrustadas en todo el entramado social del país. Esta sería una de las razones principales para decidirse a combatir ante todo al eslabón más débil de la cadena.
No menos escandalosa resulta la actitud de los países que apoyan estas “operaciones”. En particular- pero no solo- los Estados Unidos, quienes asumen como correcta la estrategia de “golpear en origen” (si no hay producción no hay consumo) mientras resultan remisos incurables a la hora de ejecutar sus propios controles. Si asumieran su responsabilidad, en los países ricos se controlaría la venta de los llamados “precursores químicos”, indispensables para elaborar las drogas y que solo producen algunos países desarrollados; se afanarían sinceramente por terminar el tráfico de armas, equipos de transporte y sofisticados sistemas de comunicación destinados a las mafias del narcotráfico. Tampoco parece que exista una diligencia destacada en controlar los flujos del dinero producto del tráfico de drogas. Algunos analistas calculan que a países productores –como Colombia- tan solo llega un porcentaje pequeño (¿5%?) del monto total de las transacciones mientras en bancos, empresas y paraísos fiscales del Occidente rico se queda la parte de león del narcotráfico, haciendo bueno el refrán según el cual “el dinero no huele”.
No es posible conseguir vencer a las mafias de la droga si el orden social imperante resulta ser el mejor caldo de cultivo para su nacimiento y expansión. La pobreza de muchos en zonas marginales del campo y la ciudad constituye la mejor aliada del empresario mafioso a la hora de incitar a estos colectivos a participar en estas actividades ilegales. En la pobreza extrema recluta el narcotráfico sus peones y soldados. En la desesperanza de los llamados “sectores medios” se produce el cuerpo de administrativos y directores de la empresa delictiva; de esos sectores sale “Chupeta”, descrito por la policía como “culto, educado y todo un caballero”. Mientras tanto, en las clases altas se produce la discreta vinculación, la tolerancia calculada, la apertura de la puerta trasera para que estos nuevos ricos ingresen en la sociedad. Si el lema de los tiempos no es otro que el “enriquecerse a cualquier precio”, si la vieja ética del trabajo duro, la honradez, el gasto sistemático, la inversión productiva y la sobriedad - la versión criolla del calvinismo - se abandona en favor del “todo vale con tal de triunfar” no debe extrañar lo inútil que resulta combatir una actividad que propicia el rápido enriquecimiento, la casi total impunidad, el triunfo seguro, el boato, el derroche y una vida “a la americana” (símbolo del mayor prestigio), es decir, que tan bien coincide con el mensaje que recibe toda la sociedad y se expone como el ideal para estas y futuras generaciones.
La clase dominante colombiana tiene evidentemente la principal responsabilidad y de nada valen los intentos de eludirla atribuyéndola a todos, de la misma forma que ahora se quiere diluir en cada colombiano la culpa no solo del narcotráfico sino del paramilitarismo.
En el caso colombiano la cuestión se complica aún más por el empeño de las autoridades de convertir la guerra contra las drogas en una guerra contra los insurgentes, considerados un cartel más (el “mayor del mundo” según Washington). De hecho, los recursos militares (más del 90%) del Plan Colombia y sus continuaciones se dedican fundamentalmente a combatir guerrilleros, eludiendo el camino de la negociación política y la salida pacífica de un conflicto armado con claras raíces sociales y políticas. Como resultado, los operativos se concentran en las áreas de influencia de las guerrillas pero apenas tocan las zonas de control paramilitar, en las cuales florece frenéticamente el narcotráfico. Toda una paradoja si se piensa que el vínculo de narcotráfico y paramilitarismo no solo es evidente sino reconocido por ellos mismos; sus principales cabecillas tienen juicios pendientes en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y están solicitados en extradición, mientras no se conoce de captura alguna de droga perteneciente a la guerrilla, que reconoce “cobrar impuestos” a todas las actividades económicas en las regiones bajo su control - incluida la producción de materia prima para la elaboración de la droga- pero niega rotundamente que plante, produzca o comercialice el producto.
El resultado ha sido pobre para la estrategia de Uribe Vélez: ni ha conseguido éxitos destacables en la lucha contra el tráfico de drogas, ni consigue debilitar al movimiento guerrillero
En realidad, y echando mano de la experiencia, parece más probable que las mafias de la droga terminen siendo asumidas en el orden social que exterminadas por la acción de las autoridades. Se disolverán ellas mismas en la medida en que su condición de grandes capitalistas les reserve un puesto en el sistema. De hecho, han tenido y tienen una enorme influencia política, manipulando a su antojo muchas leyes y promoviendo otras en su favor; han infiltrado las instituciones públicas en una medida tan grave que las paraliza; hacen presencia activa en la economía del país y en su vida social y demuestran no solo un enorme sentido de los negocios sino una capacidad enorme para reproducirse y mantenerse.
No será sin embargo la primera vez que la parte mafiosa del capitalismo termine por integrarse en el sistema. Primero de forma discreta, por la puerta trasera; luego, tras algunas generaciones, por la pomposa entrada principal, con todos los honores. Aquellos que no entienden estas reglas de juego suelen cometer el error de querer entrar de inmediato, haciendo gala de su mal gusto y altanería, tratando de cobrar con torpeza todos los favores que le deben políticos, jueces, obispos, policías y empresarios. Estos son los incautos que deliran de grandeza y de convierten en estorbo para los mismos intereses generales de la mafia. Eso es el “Chupeta”, uno más que irá (si no escapa) a purgar sus delitos de por vida en una cárcel gringa, mientras los listos saben que haciendo las cosas bien pueden esperar que si no sus hijos, al menos si sus nietos lleguen inclusive a la presidencia de la república, como confesaba cierto traficante irlandés que de haber vivido algunos años más hubiese alcanzado a ver cumplido su sueño.
Oublicado en www.segenpre.info
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info
16/08/2007
La captura en Brasil del buscado narcotraficante colombiano conocido como “Chupeta” será sin duda un enorme éxito para los funcionarios policiales que han participado en la operación pero tiene al mismo tiempo una lectura menos optimista: a pesar de la muerte o prisión de los grandes jefes de estas mafias el fenómeno se reproduce indefinidamente y habrá sido cosa de horas hasta que las familias mafiosas de Cali hayan reemplazado a este siniestro personaje por otro igual o peor.
Que las cosas ocurran de esta manera solo se explica porque la llamada guerra contra el narcotráfico se está perdiendo a pesar de los ingentes recursos de todo tipo que se han invertido. En parte, porque las estrategias son equivocadas; en parte, porque los objetivos reales son otros, y en parte porque el mismo orden social es el mejor caldo de cultivo para estas actividades, de suerte que mientras no se emprendan cambios significativos el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas no va a cesar. De hecho, después de tantos años de combate al narcotráfico el balance no puede ser más desalentador si nos atenemos a las cifras de producción y consumo que registran los organismos internacionales concernientes.
Lo primero que salta a la vista es la enorme debilidad e impotencia del Estado frente a la mafia de las drogas no tanto por la falta de recursos sino por la infiltración profunda del narcotráfico en las instituciones de policía y justicia. Los casos de Colombia o México resultan paradigmáticos pero no son los únicos afectados ni el fenómeno se presenta solamente en los países pobres del planeta.
El escándalo más reciente destapa los vínculos de la misma oficina de reclutamiento del ejército colombiano con un grupo mafioso precisamente de Cali, al cual se le ofrecían especialistas en protección, después de minucioso estudio de hojas de vida, la entrevista de rigor y el “pase” de las filas de las fuerzas armadas a la delincuencia organizada. También un juez aparece implicado en la puesta en libertad del mayor cabecilla del escándalo, desmintiendo la versión oficial que se escuda en la conocida teoría de la “manzana podrida”. Una “teoría” ya insostenible dada la reiteración y la extensión de los escándalos que llevan a pensar que aunque esta versión oficial fuese cierta, estos “casos aislados” resultan ya suficientes para paralizar y anular la acción de la justicia. Y al paso que avanzan los acontecimientos no está lejano el momento en que sea necesario decretar que la cesta está podrida y tan solo algunas manzanas son salvables.
Pero no es solo la impotencia de los instrumentos estatales; también se falla en el enfoque global, pues en lugar de emprender acciones decididas contra los principales protagonistas el combate se dirige a el eslabón más débil: el campesino pobre que produce la materia prima. Es aparentemente inexplicable que las Operaciones “Colombia” – iniciada por Clinton y Pastrana Arango- y las sucesivas extensiones de este inmenso y millonario operativo no solo tengan un carácter casi exclusivamente militar sino que se reducen a fumigar, provocar desplazamientos de población, amedrentar y perseguir comunidades enteras en aquellas áreas que se suponen las mayores productoras de hoja de coca y amapola. Contrasta tanta dedicación con los esfuerzos muy inferiores destinados a perseguir laboratorios, interceptar los medios de transporte de la droga, incautar envíos y sobre todo, poner coto al inmenso tráfico de dineros ilegales, que ya como depósitos bancarios, ya como inversiones directas, constituyen un porcentaje decisivo de la economía nacional e igualan o superan las remesas enviadas por los emigrantes. Seguramente que los campesinos pobres de la frontera agrícola del país apenas cuentan con apoyos sociales y políticos; no parece ser el caso, sin embargo, de las mafias, tan bien incrustadas en todo el entramado social del país. Esta sería una de las razones principales para decidirse a combatir ante todo al eslabón más débil de la cadena.
No menos escandalosa resulta la actitud de los países que apoyan estas “operaciones”. En particular- pero no solo- los Estados Unidos, quienes asumen como correcta la estrategia de “golpear en origen” (si no hay producción no hay consumo) mientras resultan remisos incurables a la hora de ejecutar sus propios controles. Si asumieran su responsabilidad, en los países ricos se controlaría la venta de los llamados “precursores químicos”, indispensables para elaborar las drogas y que solo producen algunos países desarrollados; se afanarían sinceramente por terminar el tráfico de armas, equipos de transporte y sofisticados sistemas de comunicación destinados a las mafias del narcotráfico. Tampoco parece que exista una diligencia destacada en controlar los flujos del dinero producto del tráfico de drogas. Algunos analistas calculan que a países productores –como Colombia- tan solo llega un porcentaje pequeño (¿5%?) del monto total de las transacciones mientras en bancos, empresas y paraísos fiscales del Occidente rico se queda la parte de león del narcotráfico, haciendo bueno el refrán según el cual “el dinero no huele”.
No es posible conseguir vencer a las mafias de la droga si el orden social imperante resulta ser el mejor caldo de cultivo para su nacimiento y expansión. La pobreza de muchos en zonas marginales del campo y la ciudad constituye la mejor aliada del empresario mafioso a la hora de incitar a estos colectivos a participar en estas actividades ilegales. En la pobreza extrema recluta el narcotráfico sus peones y soldados. En la desesperanza de los llamados “sectores medios” se produce el cuerpo de administrativos y directores de la empresa delictiva; de esos sectores sale “Chupeta”, descrito por la policía como “culto, educado y todo un caballero”. Mientras tanto, en las clases altas se produce la discreta vinculación, la tolerancia calculada, la apertura de la puerta trasera para que estos nuevos ricos ingresen en la sociedad. Si el lema de los tiempos no es otro que el “enriquecerse a cualquier precio”, si la vieja ética del trabajo duro, la honradez, el gasto sistemático, la inversión productiva y la sobriedad - la versión criolla del calvinismo - se abandona en favor del “todo vale con tal de triunfar” no debe extrañar lo inútil que resulta combatir una actividad que propicia el rápido enriquecimiento, la casi total impunidad, el triunfo seguro, el boato, el derroche y una vida “a la americana” (símbolo del mayor prestigio), es decir, que tan bien coincide con el mensaje que recibe toda la sociedad y se expone como el ideal para estas y futuras generaciones.
La clase dominante colombiana tiene evidentemente la principal responsabilidad y de nada valen los intentos de eludirla atribuyéndola a todos, de la misma forma que ahora se quiere diluir en cada colombiano la culpa no solo del narcotráfico sino del paramilitarismo.
En el caso colombiano la cuestión se complica aún más por el empeño de las autoridades de convertir la guerra contra las drogas en una guerra contra los insurgentes, considerados un cartel más (el “mayor del mundo” según Washington). De hecho, los recursos militares (más del 90%) del Plan Colombia y sus continuaciones se dedican fundamentalmente a combatir guerrilleros, eludiendo el camino de la negociación política y la salida pacífica de un conflicto armado con claras raíces sociales y políticas. Como resultado, los operativos se concentran en las áreas de influencia de las guerrillas pero apenas tocan las zonas de control paramilitar, en las cuales florece frenéticamente el narcotráfico. Toda una paradoja si se piensa que el vínculo de narcotráfico y paramilitarismo no solo es evidente sino reconocido por ellos mismos; sus principales cabecillas tienen juicios pendientes en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y están solicitados en extradición, mientras no se conoce de captura alguna de droga perteneciente a la guerrilla, que reconoce “cobrar impuestos” a todas las actividades económicas en las regiones bajo su control - incluida la producción de materia prima para la elaboración de la droga- pero niega rotundamente que plante, produzca o comercialice el producto.
El resultado ha sido pobre para la estrategia de Uribe Vélez: ni ha conseguido éxitos destacables en la lucha contra el tráfico de drogas, ni consigue debilitar al movimiento guerrillero
En realidad, y echando mano de la experiencia, parece más probable que las mafias de la droga terminen siendo asumidas en el orden social que exterminadas por la acción de las autoridades. Se disolverán ellas mismas en la medida en que su condición de grandes capitalistas les reserve un puesto en el sistema. De hecho, han tenido y tienen una enorme influencia política, manipulando a su antojo muchas leyes y promoviendo otras en su favor; han infiltrado las instituciones públicas en una medida tan grave que las paraliza; hacen presencia activa en la economía del país y en su vida social y demuestran no solo un enorme sentido de los negocios sino una capacidad enorme para reproducirse y mantenerse.
No será sin embargo la primera vez que la parte mafiosa del capitalismo termine por integrarse en el sistema. Primero de forma discreta, por la puerta trasera; luego, tras algunas generaciones, por la pomposa entrada principal, con todos los honores. Aquellos que no entienden estas reglas de juego suelen cometer el error de querer entrar de inmediato, haciendo gala de su mal gusto y altanería, tratando de cobrar con torpeza todos los favores que le deben políticos, jueces, obispos, policías y empresarios. Estos son los incautos que deliran de grandeza y de convierten en estorbo para los mismos intereses generales de la mafia. Eso es el “Chupeta”, uno más que irá (si no escapa) a purgar sus delitos de por vida en una cárcel gringa, mientras los listos saben que haciendo las cosas bien pueden esperar que si no sus hijos, al menos si sus nietos lleguen inclusive a la presidencia de la república, como confesaba cierto traficante irlandés que de haber vivido algunos años más hubiese alcanzado a ver cumplido su sueño.
Oublicado en www.segenpre.info
Pacto con Ernesto Báez enreda a cuatro congresistas de Santander
Pacto con Ernesto Báez enreda a cuatro congresistas de Santander
La Corte Suprema indaga los alcances del ‘acuerdo de Puerto Berrío’, suscrito por Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera en la misma época del Pacto de Ralito.
Por Élber Gutiérrez Roa
El nombre del senador Luis Alberto Gil comenzó a sonar en el escándalo por la infiltración paramilitar en la política desde antes de que la Corte Suprema de Justicia vinculara formalmente a los 14 congresistas que hoy están presos por dichos hechos.
Sonó cuando su movimiento, Convergencia Ciudadana, comenzó a expandirse velozmente ante el asombro de sus rivales de patio en Santander. Volvió a aparecer en octubre de 2004, cuando el senador Hugo Serrano lo acusó de tener nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y cuando el senador Gustavo Petro denunció la infiltración paramilitar en las elecciones para gobernador de ese departamento. Estuvo en el ojo del huracán en 2006, cuando el senador Germán Vargas Lleras lo denunció por hacer proselitismo con un morral cargado de fajos de dinero. Y dio de qué hablar a comienzos de 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo expulsó de la bancada uribista y pidió a la Fiscalía que investigara el origen de sus recursos.
Pese a tantos rumores, Gil se las había arreglado para pasar desapercibido gracias a un muy bajo perfil en su labor como congresista, en abierto contraste con la bonanza económica de sus campañas. Una y otra vez repitió que si alguien poseía pruebas en su contra tenía que presentarlas ante la autoridad competente y no en pocas ocasiones dijo que nunca le probarían nada porque Dios estaba de su parte.
Sus argumentos religiosos parecieron funcionarle hasta el 25 de julio pasado, cuando la Corte les abrió investigación preliminar a él y sus colegas Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, todos de Convergencia Ciudadana. Gil trató de salir del paso alegando que la medida fue tomada con base en un anónimo enviado al alto tribunal.
Pero este martes su situación se complicó aún más gracias a una nueva revelación de Petro, el mismo congresista que hace tres años lo puso a defenderse por su supuesta cercanía con los paras. Según el legislador del Polo Democrático, Gil y otros congresistas asistieron a una reunión con alias Ernesto Báez para hacer una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron “refundar la Patria”.
Petro se abstuvo de revelar los nombres de los demás asistentes al encuentro, pero indicó que éste se cumplió en Puerto Berrío, Antioquia. “Los demás nombres los debe decir Báez, quien se comprometió, mediante la ley de justicia y paz, a contar la verdad sobre sus acciones en el paramilitarismo”, indicó el senador opositor.
Aunque el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, no quiso referirse al caso para respetar la reserva sumarial, Semana.com estableció que el tribunal posee el documento mencionado por Petro y que indaga tanto su autenticidad como las consecuencias del mismo. Extraoficialmente también se conoció que los otros tres congresistas de Convergencia llamados a indagatoria por la corte habrían asistido a la reunión, pero que no serían los únicos.
La vinculación de Gil y los suyos al proceso por la parapolítica –en el que han sido mencionados medio centenar de dirigentes políticos y que tiene tras las rejas a buenas parte de la bancada uribista en el Congreso- se convierte así en una nueva arista para los investigadores, a los que mucho se les ha hablado, sin pruebas contundentes hasta el momento, sobre supuestas irregularidades en empresas en las que el Congresista tiene intereses, tales como la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio y la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud.
Pese a las insistentes versiones sobre nexos de Gil con las autodefensas, lo más cerca que la justicia había estado de él hasta esta semana eran unas investigaciones que la Fiscalía abrió en de 2005 contra dos militantes de su grupo político: Armando Quiñónez, alcalde de Rionegro, Santander, y Fredy Álvarez, concejal del mismo municipio. A ambos se les vinculó por relaciones con grupos de autodefensas.
Los votos de Convergencia
El inusitado crecimiento de los votos de convergencia Ciudadana le ha permitido al senador Gil darse varios lujos electorales como el de ser expulsado y convocado nuevamente al redil del uribismo o el de sobrevivir políticamente pese a las permanentes acusaciones del senador Serrano.
El ritmo de crecimiento de su partido comenzó en las elecciones de Congreso de 2002, cuando el de Gil era aún un colectivo regional. En las votaciones para Congreso de ese año obtuvo 161 mil votos en Santander: 90 mil para Senado y 70 mil para Cámara de Representantes.
Gil obtuvo curul en Senado siendo el puesto 14 entre los candidatos más votados del país, con 82.053 sufragios. En la Cámara de Representantes por Santander obtuvo dos de las siete casillas por proveer. La de José Manuel Herrera (uno de los políticos llamados a indagatoria por la Corte) y la de Jaime Durán. Gracias a ese resultado se quedaron por fuera verdaderos pesos pesados de la política local como los ex congresistas Juana Bazán (serpista), Gerardo Tamayo y Jorge Humberto Mantilla.
En las elecciones de gobernación, del año siguiente, accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.
También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.
Su más reciente medición en las urnas fue en las elecciones de Congreso de 2006 en las que su partido se convirtió en la sexta votación más alta del país, con 566 mil apoyos y subió a siete curules en el Senado. En su orden lograron casilla Gil, el polémico senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes (también llamado a indagatoria por la Corte), Luis Eduardo Vives (preso por la parapolítica), Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.
Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez. Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.
Paras en Puerto Berrío
Puerto Berrío es uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y tiene vital importancia en la geografía de la violencia nacional. Como Santa fe de Ralito, es uno de los lugares en donde mayor presencia histórica han tenido las autodefensas. Fue controlado durante muchos años por el Bloque Central Bolívar, del que hacía parte Ernesto Báez.
Colonizado desde la primera mitad del siglo XX, Puerto Berrío reunió en 1.184 kilómetros cuadrados buena parte de la poderosa dirigencia ganadera del país (el municipio fue desarrollado a partir de la ganadería extensiva y del ferrocarril), una importante presencia de grupos de izquierda (alimentados desde los años 50 por la llegada de nuevos campesinos desplazados por la Violencia), guerrilla (allí operaba el frente IV de las Farc) y narcotraficantes dedicados a los negocios de la marihuana y la cocaína. Según la revista Alternativa # 44, de agosto de 1975, para esa época algunos narcos como Jaime Builes ya se habían instalado en el municipio en busca de latifundios.
En medio de este compendio de actores surgió el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, un grupo político de extrema derecha en el que militó Báez cuando todavía no tenía apodo y se hacía llamar Iván Roberto Duque, por su nombre de pila. Morena se extendió por el Magdalena Medio, que posteriormente fueron controlando los paramilitares: Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
Eran las épocas del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, en cuyo primer año, según cifras oficiales, hubo más de 60 mil detenidos en todo el país por supuestos vínculos con terroristas. La arremetida contra las Farc fue especialmente fuerte en Puerto Berrío, en donde comenzaron a desaparecer sindicalistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Uno de los primeras y más sonados crímenes de esta etapa fue el de Darío Apango, a quien oficialmente reportaron como víctima de un paro cardíaco. En realidad, el vicepresidente del concejo fue arrastrado por el pueblo, torturado y su cuerpo apareció con los brazos despellejados, sin pulmones y sin vísceras. Por este caso el Tribunal contencioso administrativo de Antioquia condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los familiares de la víctima.
Ese fue solo el inicio de una larga cadena de desapariciones, torturas, secuestros y masacres producidas bajo el telón de la pacificación de la zona. Mientras el frente IV de las Farc daba origen al XI -que masificó el boleteo, el secuestro y la extorsión-, los ganaderos, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, definieron la creación de un escuadrón de 100 hombres armados para proteger el Magdalena Medio. Según el pacto, firmado en enero de 1982, cada ganadero tenía que aportar entre uno y tres hombres o el equivalente a sus sueldos.
Al mismo tiempo comenzaron a trabajar en la zona los hombres del grupo delincuencial creado por los narcos del Valle, Medellín, la Costa y Bogotá para liberar a Martha Nieves Ochoa –del clan Ochoa Vásquez- de su secuestro a manos del M-19. El reducto criminal pasó a la historia como el MAS, que significaba “muerte a secuestradores”.
El último ingrediente para el coctel de violencia que vivió el municipio fue la llegada de la XIV Brigada, que inicialmente tenía sede en Cimitarra (Santander) y que fue reubicada para ayudar en la lucha contrainsurgente. A la postre, la brigada sería comandada por el general Farouk Yanine Díaz.
De poco servían las marchas a favor de la paz lideradas por la ciudadanía. Tampoco ayudaban las de iniciativa oficial, como aquella que, en 1983, coordinó el presidente Belisario Betancur y que contó con la presencia de sus ministros de Gobierno, Justicia y Educación, así como del comisionado de paz.
En el municipio, que para entonces tenía 30 mil habitantes, se hablaba de 30 muertos cada fin de semana a manos de los paramilitares y de una población de 10 secuestrados, por los cuales la guerrilla pedía hasta 12 millones de pesos. Al final de la guerra, el Partido Comunista pasó de tener 1.382 líderes en el municipio, durante 1982, a desaparecer completamente del mapa político dos años después.
En ese ambiente se fue gestando el poder de Báez, el ex comandante de autodefensas de voz ronca y sindicado de narcotráfico que logró el reconocimiento de desmovilizado durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe. El mismo que, meses después de la reunión con Gil, presidió una manifestación pública en Barrancabermeja para pedirle a la gente que votara al Senado por Carlos Clavijo, candidato del partido del ministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora Adriana Gutiérrez, quienes se formaron políticamente en el Magdalena Medio. El mismo que aceptó haberse reunido, en su condición de jefe de autodefensas, con varios candidatos políticos para hablar sobre apoyos electorales. Y el mismo a quien el país vio por televisión ingresar hace tres años al Congreso a decir que Colombia está en deuda con las AUC por su gran aporte a la preservación de la democracia.
Publicado en www.semana.com
La Corte Suprema indaga los alcances del ‘acuerdo de Puerto Berrío’, suscrito por Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera en la misma época del Pacto de Ralito.
Por Élber Gutiérrez Roa
El nombre del senador Luis Alberto Gil comenzó a sonar en el escándalo por la infiltración paramilitar en la política desde antes de que la Corte Suprema de Justicia vinculara formalmente a los 14 congresistas que hoy están presos por dichos hechos.
Sonó cuando su movimiento, Convergencia Ciudadana, comenzó a expandirse velozmente ante el asombro de sus rivales de patio en Santander. Volvió a aparecer en octubre de 2004, cuando el senador Hugo Serrano lo acusó de tener nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y cuando el senador Gustavo Petro denunció la infiltración paramilitar en las elecciones para gobernador de ese departamento. Estuvo en el ojo del huracán en 2006, cuando el senador Germán Vargas Lleras lo denunció por hacer proselitismo con un morral cargado de fajos de dinero. Y dio de qué hablar a comienzos de 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo expulsó de la bancada uribista y pidió a la Fiscalía que investigara el origen de sus recursos.
Pese a tantos rumores, Gil se las había arreglado para pasar desapercibido gracias a un muy bajo perfil en su labor como congresista, en abierto contraste con la bonanza económica de sus campañas. Una y otra vez repitió que si alguien poseía pruebas en su contra tenía que presentarlas ante la autoridad competente y no en pocas ocasiones dijo que nunca le probarían nada porque Dios estaba de su parte.
Sus argumentos religiosos parecieron funcionarle hasta el 25 de julio pasado, cuando la Corte les abrió investigación preliminar a él y sus colegas Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, todos de Convergencia Ciudadana. Gil trató de salir del paso alegando que la medida fue tomada con base en un anónimo enviado al alto tribunal.
Pero este martes su situación se complicó aún más gracias a una nueva revelación de Petro, el mismo congresista que hace tres años lo puso a defenderse por su supuesta cercanía con los paras. Según el legislador del Polo Democrático, Gil y otros congresistas asistieron a una reunión con alias Ernesto Báez para hacer una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron “refundar la Patria”.
Petro se abstuvo de revelar los nombres de los demás asistentes al encuentro, pero indicó que éste se cumplió en Puerto Berrío, Antioquia. “Los demás nombres los debe decir Báez, quien se comprometió, mediante la ley de justicia y paz, a contar la verdad sobre sus acciones en el paramilitarismo”, indicó el senador opositor.
Aunque el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, no quiso referirse al caso para respetar la reserva sumarial, Semana.com estableció que el tribunal posee el documento mencionado por Petro y que indaga tanto su autenticidad como las consecuencias del mismo. Extraoficialmente también se conoció que los otros tres congresistas de Convergencia llamados a indagatoria por la corte habrían asistido a la reunión, pero que no serían los únicos.
La vinculación de Gil y los suyos al proceso por la parapolítica –en el que han sido mencionados medio centenar de dirigentes políticos y que tiene tras las rejas a buenas parte de la bancada uribista en el Congreso- se convierte así en una nueva arista para los investigadores, a los que mucho se les ha hablado, sin pruebas contundentes hasta el momento, sobre supuestas irregularidades en empresas en las que el Congresista tiene intereses, tales como la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio y la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud.
Pese a las insistentes versiones sobre nexos de Gil con las autodefensas, lo más cerca que la justicia había estado de él hasta esta semana eran unas investigaciones que la Fiscalía abrió en de 2005 contra dos militantes de su grupo político: Armando Quiñónez, alcalde de Rionegro, Santander, y Fredy Álvarez, concejal del mismo municipio. A ambos se les vinculó por relaciones con grupos de autodefensas.
Los votos de Convergencia
El inusitado crecimiento de los votos de convergencia Ciudadana le ha permitido al senador Gil darse varios lujos electorales como el de ser expulsado y convocado nuevamente al redil del uribismo o el de sobrevivir políticamente pese a las permanentes acusaciones del senador Serrano.
El ritmo de crecimiento de su partido comenzó en las elecciones de Congreso de 2002, cuando el de Gil era aún un colectivo regional. En las votaciones para Congreso de ese año obtuvo 161 mil votos en Santander: 90 mil para Senado y 70 mil para Cámara de Representantes.
Gil obtuvo curul en Senado siendo el puesto 14 entre los candidatos más votados del país, con 82.053 sufragios. En la Cámara de Representantes por Santander obtuvo dos de las siete casillas por proveer. La de José Manuel Herrera (uno de los políticos llamados a indagatoria por la Corte) y la de Jaime Durán. Gracias a ese resultado se quedaron por fuera verdaderos pesos pesados de la política local como los ex congresistas Juana Bazán (serpista), Gerardo Tamayo y Jorge Humberto Mantilla.
En las elecciones de gobernación, del año siguiente, accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.
También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.
Su más reciente medición en las urnas fue en las elecciones de Congreso de 2006 en las que su partido se convirtió en la sexta votación más alta del país, con 566 mil apoyos y subió a siete curules en el Senado. En su orden lograron casilla Gil, el polémico senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes (también llamado a indagatoria por la Corte), Luis Eduardo Vives (preso por la parapolítica), Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.
Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez. Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.
Paras en Puerto Berrío
Puerto Berrío es uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y tiene vital importancia en la geografía de la violencia nacional. Como Santa fe de Ralito, es uno de los lugares en donde mayor presencia histórica han tenido las autodefensas. Fue controlado durante muchos años por el Bloque Central Bolívar, del que hacía parte Ernesto Báez.
Colonizado desde la primera mitad del siglo XX, Puerto Berrío reunió en 1.184 kilómetros cuadrados buena parte de la poderosa dirigencia ganadera del país (el municipio fue desarrollado a partir de la ganadería extensiva y del ferrocarril), una importante presencia de grupos de izquierda (alimentados desde los años 50 por la llegada de nuevos campesinos desplazados por la Violencia), guerrilla (allí operaba el frente IV de las Farc) y narcotraficantes dedicados a los negocios de la marihuana y la cocaína. Según la revista Alternativa # 44, de agosto de 1975, para esa época algunos narcos como Jaime Builes ya se habían instalado en el municipio en busca de latifundios.
En medio de este compendio de actores surgió el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, un grupo político de extrema derecha en el que militó Báez cuando todavía no tenía apodo y se hacía llamar Iván Roberto Duque, por su nombre de pila. Morena se extendió por el Magdalena Medio, que posteriormente fueron controlando los paramilitares: Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
Eran las épocas del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, en cuyo primer año, según cifras oficiales, hubo más de 60 mil detenidos en todo el país por supuestos vínculos con terroristas. La arremetida contra las Farc fue especialmente fuerte en Puerto Berrío, en donde comenzaron a desaparecer sindicalistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Uno de los primeras y más sonados crímenes de esta etapa fue el de Darío Apango, a quien oficialmente reportaron como víctima de un paro cardíaco. En realidad, el vicepresidente del concejo fue arrastrado por el pueblo, torturado y su cuerpo apareció con los brazos despellejados, sin pulmones y sin vísceras. Por este caso el Tribunal contencioso administrativo de Antioquia condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los familiares de la víctima.
Ese fue solo el inicio de una larga cadena de desapariciones, torturas, secuestros y masacres producidas bajo el telón de la pacificación de la zona. Mientras el frente IV de las Farc daba origen al XI -que masificó el boleteo, el secuestro y la extorsión-, los ganaderos, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, definieron la creación de un escuadrón de 100 hombres armados para proteger el Magdalena Medio. Según el pacto, firmado en enero de 1982, cada ganadero tenía que aportar entre uno y tres hombres o el equivalente a sus sueldos.
Al mismo tiempo comenzaron a trabajar en la zona los hombres del grupo delincuencial creado por los narcos del Valle, Medellín, la Costa y Bogotá para liberar a Martha Nieves Ochoa –del clan Ochoa Vásquez- de su secuestro a manos del M-19. El reducto criminal pasó a la historia como el MAS, que significaba “muerte a secuestradores”.
El último ingrediente para el coctel de violencia que vivió el municipio fue la llegada de la XIV Brigada, que inicialmente tenía sede en Cimitarra (Santander) y que fue reubicada para ayudar en la lucha contrainsurgente. A la postre, la brigada sería comandada por el general Farouk Yanine Díaz.
De poco servían las marchas a favor de la paz lideradas por la ciudadanía. Tampoco ayudaban las de iniciativa oficial, como aquella que, en 1983, coordinó el presidente Belisario Betancur y que contó con la presencia de sus ministros de Gobierno, Justicia y Educación, así como del comisionado de paz.
En el municipio, que para entonces tenía 30 mil habitantes, se hablaba de 30 muertos cada fin de semana a manos de los paramilitares y de una población de 10 secuestrados, por los cuales la guerrilla pedía hasta 12 millones de pesos. Al final de la guerra, el Partido Comunista pasó de tener 1.382 líderes en el municipio, durante 1982, a desaparecer completamente del mapa político dos años después.
En ese ambiente se fue gestando el poder de Báez, el ex comandante de autodefensas de voz ronca y sindicado de narcotráfico que logró el reconocimiento de desmovilizado durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe. El mismo que, meses después de la reunión con Gil, presidió una manifestación pública en Barrancabermeja para pedirle a la gente que votara al Senado por Carlos Clavijo, candidato del partido del ministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora Adriana Gutiérrez, quienes se formaron políticamente en el Magdalena Medio. El mismo que aceptó haberse reunido, en su condición de jefe de autodefensas, con varios candidatos políticos para hablar sobre apoyos electorales. Y el mismo a quien el país vio por televisión ingresar hace tres años al Congreso a decir que Colombia está en deuda con las AUC por su gran aporte a la preservación de la democracia.
Publicado en www.semana.com
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