Quien fuera durante más de una década el mandamás político de ese departamneto, 'puso su investidura al servicio" de los paras y "les sirvió de instrumento de conservación y expansión'.
En esos términos se refiere la Procuraduría al ex senador al destituirlo e inhabilitarlo por 20 años para cargos públicos. Esto ocurre dos años después de que la Corte Suprema ordenó su captura.
La sanción, una de las más altas impuestas por ese organismo de control por el escándalo de la parapolítica, le llega a García a escasos días de que su juicio por concierto para delinquir agravado despegue en un juzgado especializado de Bogotá. También cuando una grabación hecha por el mismo Salvatore Mancuso podría enredarlo aún más con la masacre de Macayepo, por la que había sido acusado por la Corte antes de que su caso pasara a la Fiscalía.
En ese pueblo de los Montes de María los 'paras' de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', mataron a 15 personas en el 2000.
La Procuraduría, que había recibido críticas porque absolvió a García por el caso de Macayepo, considera ahora que no hay la menor duda de que el político, "durante los períodos constitucionales de 1996 a 2006, en los que se desempeñó como senador, intervino en favor de la organización al margen de la ley".
Además de los testimonios de 'Pitirri' (testigo estrella de la parapolítica) y de otros ex Auc que dieron origen a la investigación contra García en la Corte, en el expediente hay grabaciones de 'paras' que delatan que el ex senador junto con el ex gobernador de Sucre Jorge Anaya, hoy investigado, supuestamente le entregaron 400 millones de pesos a 'Cadena' para que los apoyara electoralmente en el 2004.
En el mismo fallo se absolvió al ex senador Jairo Merlano por falta de pruebas y al ex representante Eric Morris (condenado por la Corte Suprema), pues aunque hay pruebas suficientes de sus alianzas con las Auc para ese momento no era funcionario público y no estaba bajo la órbita de la Procuraduría.
sábado, 10 de enero de 2009
Procuraduría destituye a dos oficiales del Ejército por escándalo de falsos positivos en el 2006
Los mayores Javier Efrén Hermida Benavides y el mayor Luis Gerardo Barrero Calderón, según el ente, participaron en el montaje de actos terroristas para cobrar recompensas.
El escándalo de los falsos atentados que a mediados del 2006 sacudieron a Bogotá terminó por costarles la carrera a estos hombres de inteligencia militar que eran contactos de la famosa 'Jéssica' de las Farc.La Procuraduría los destituyó y los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos.
La investigación disciplinaria -que es independiente de la penal, que aún no se ha definido- los responsabilizó de "participar en en el montaje de, al menos, tres actos terroristas ocurridos entre julio y agosto del 2006 para cobrar recompensas y obtener reconocimientos".Uno de esos artefactos, un carro bomba que explotó en el barrio Gaitán, noroccidente de Bogotá, causó la muerte de una persona y heridas a varios militares que cruzaban por el sitio.
Los cargos también incluyen otro vehículo con explosivos, que no se activó, en un centro comercial del suroriente de Bogotá, y la ubicación de petardos en la Escuela de Artillería. El propósito, según el fallo, era "sembrar el pánico" y demostrar su "buen desempeño como oficiales de inteligencia".
Los mayores Hermida Benavides y Barrero Calderón hacían parte de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares. La Procuraduría considera que incurrieron en faltas que también son delitos: concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. En la decisión, se retiran los cargos contra el ex director de la Central de Inteligencia, coronel Ignacio Arbeláez Sarmiento.
La comisión investigadora encontró que los oficiales se contradijeron en sus versiones ante las autoridades. En su contra hay conversaciones telefónicas entre ellos y Lidia Álape Manrique, alias 'Jéssica', una desmovilizada de las Farc que actuaba como informante del Ejército y que al parecer seguía trabajando con la guerrilla. También se documentaron reuniones con la misma mujer en varios sitios de Bogotá días antes de ser encontrado el primer carro bomba en el centro comercial y después de la explosión del vehículo en el barrio Gaitán.
Además, ambos intervinieron para autorizar el pago de siete millones 500 mil pesos como recompensa por información a 'Jéssica' y Néstor Germán Pérez, los supuestos informantes que permitieron la ubicación de explosivos.Inicialmente, la actuación de los dos oficiales fue defendida por sus superiores.
El escándalo de los falsos atentados que a mediados del 2006 sacudieron a Bogotá terminó por costarles la carrera a estos hombres de inteligencia militar que eran contactos de la famosa 'Jéssica' de las Farc.La Procuraduría los destituyó y los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos.
La investigación disciplinaria -que es independiente de la penal, que aún no se ha definido- los responsabilizó de "participar en en el montaje de, al menos, tres actos terroristas ocurridos entre julio y agosto del 2006 para cobrar recompensas y obtener reconocimientos".Uno de esos artefactos, un carro bomba que explotó en el barrio Gaitán, noroccidente de Bogotá, causó la muerte de una persona y heridas a varios militares que cruzaban por el sitio.
Los cargos también incluyen otro vehículo con explosivos, que no se activó, en un centro comercial del suroriente de Bogotá, y la ubicación de petardos en la Escuela de Artillería. El propósito, según el fallo, era "sembrar el pánico" y demostrar su "buen desempeño como oficiales de inteligencia".
Los mayores Hermida Benavides y Barrero Calderón hacían parte de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares. La Procuraduría considera que incurrieron en faltas que también son delitos: concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. En la decisión, se retiran los cargos contra el ex director de la Central de Inteligencia, coronel Ignacio Arbeláez Sarmiento.
La comisión investigadora encontró que los oficiales se contradijeron en sus versiones ante las autoridades. En su contra hay conversaciones telefónicas entre ellos y Lidia Álape Manrique, alias 'Jéssica', una desmovilizada de las Farc que actuaba como informante del Ejército y que al parecer seguía trabajando con la guerrilla. También se documentaron reuniones con la misma mujer en varios sitios de Bogotá días antes de ser encontrado el primer carro bomba en el centro comercial y después de la explosión del vehículo en el barrio Gaitán.
Además, ambos intervinieron para autorizar el pago de siete millones 500 mil pesos como recompensa por información a 'Jéssica' y Néstor Germán Pérez, los supuestos informantes que permitieron la ubicación de explosivos.Inicialmente, la actuación de los dos oficiales fue defendida por sus superiores.
Asesinaron a otro testigo clave en caso de Alcalde de El Roble
A una semana de que se reinicie en Bogotá el juicio contra el ex gobernador de Sucre Salvador Arana por el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz, los sicarios acaban de acallar a otro testigo clave.
Munir Cadavid, un amigo del Alcalde de El Roble que habría intervenido en ese crimen cometido por los 'paras' de Sucre en abril del 2003, fue asesinado en Chinú (Córdoba) en circunstancias que aún están por establecerse. Con él ya van 11 personas, entre testigos y supuestos cómplices del asesinato, que caen bajo las balas de los sicarios o han sido víctimas de sus ataques.
El nombre de Munir Córdoba había aparecido en el proceso porque la víctima, en una carta que dejó para su familia, contó que él lo iba a acompañar a la cita con 'Cadena', el jefe 'para' de Sucre, que terminó con su desaparición forzada y asesinato.Después Diógenes Meza, un mesero que supo del crimen y que moribundo tras un atentado alcanzó a hablar ante la justicia, también lo señaló.
Supuestamente, Córdoba convenció a Díaz de reunirse con el jefe paramilitar, pocos días después de que el mandatario denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Álvaro Uribe, que los 'paras' y algunos políticos de Sucre lo iban a matar, como en efecto ocurrió.Sin embargo, no había sido vinculado a la investigación y apenas ahora los abogados de la familia del Alcalde habían logrado que lo llamaran a declarar durante el juicio contra Arana, a quien Procuraduría y Fiscalía señalan como autor intelectual del crimen.
Por esa situación, la familia pidió el relevo de la fiscal de derechos humanos que lleva el caso, decisión que está en manos del Fiscal General, Mario Iguarán.Además de Meza, entre las muertes supuestamente relacionadas con el caso del Alcalde de El Roble está la de un hermano de Juan Pablo Viloria, ex 'para' que declaró contra Arana.
El mismo Viloria fue víctima de un atentado en la cárcel y hace algunos meses hubo un ataque a tiros contra un familiar de Arana que también ha sido señalado por la familia de Díaz como implicado en el caso. Dos procuradores de Sucre, el ex comandante de Policía Norman Arango y otros funcionarios y ex funcionarios del departamento.
Publicado en
www.eltiempo.com
Munir Cadavid, un amigo del Alcalde de El Roble que habría intervenido en ese crimen cometido por los 'paras' de Sucre en abril del 2003, fue asesinado en Chinú (Córdoba) en circunstancias que aún están por establecerse. Con él ya van 11 personas, entre testigos y supuestos cómplices del asesinato, que caen bajo las balas de los sicarios o han sido víctimas de sus ataques.
El nombre de Munir Córdoba había aparecido en el proceso porque la víctima, en una carta que dejó para su familia, contó que él lo iba a acompañar a la cita con 'Cadena', el jefe 'para' de Sucre, que terminó con su desaparición forzada y asesinato.Después Diógenes Meza, un mesero que supo del crimen y que moribundo tras un atentado alcanzó a hablar ante la justicia, también lo señaló.
Supuestamente, Córdoba convenció a Díaz de reunirse con el jefe paramilitar, pocos días después de que el mandatario denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Álvaro Uribe, que los 'paras' y algunos políticos de Sucre lo iban a matar, como en efecto ocurrió.Sin embargo, no había sido vinculado a la investigación y apenas ahora los abogados de la familia del Alcalde habían logrado que lo llamaran a declarar durante el juicio contra Arana, a quien Procuraduría y Fiscalía señalan como autor intelectual del crimen.
Por esa situación, la familia pidió el relevo de la fiscal de derechos humanos que lleva el caso, decisión que está en manos del Fiscal General, Mario Iguarán.Además de Meza, entre las muertes supuestamente relacionadas con el caso del Alcalde de El Roble está la de un hermano de Juan Pablo Viloria, ex 'para' que declaró contra Arana.
El mismo Viloria fue víctima de un atentado en la cárcel y hace algunos meses hubo un ataque a tiros contra un familiar de Arana que también ha sido señalado por la familia de Díaz como implicado en el caso. Dos procuradores de Sucre, el ex comandante de Policía Norman Arango y otros funcionarios y ex funcionarios del departamento.
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jueves, 8 de enero de 2009
Primero a Serpa y luego a Pastrana: 'Jorge 40'
Jorge 40
El ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’ confesó desde Estados Unidos cómo las autodefensas presuntamente influyeron en las elecciones presidenciales de 1998 en las que supuestamente por orden de Carlos Castaño votaron por Horacio Serpa en la primera vuelta y luego se fueron con Andrés Pastrana en la segunda.
El ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’ confesó desde Estados Unidos cómo las autodefensas presuntamente influyeron en las elecciones presidenciales de 1998 y 2002.
Durante la sesión de la tarde en el juicio en contra la ex congresista Karely Lara Vence, el ex jefe del Bloque Norte, ‘Jorge 40’, aseguró haber insidido el resultado de las elecciones presidenciales de 1998 en dos ocasiones por ordenes de Carlos Castaño.
Según Rodrigo Tovar las autodefensas obligaron a la población civil a votar por Horacio Serpa en la primera vuelta de los comicios, siguiendo las instrucciones de un supuesto grupo de amigos del candidato y un alto cargo de la iglesia que visitaron directamente al jefe de las AUC para pedirle su apoyo.
"Nos reunió en el campamento El Diamante, nos dijo que para la primera vuelta a las elecciones de presidente teníamos que poner a los votantes en esas regiones donde tuviéramos territorio liberado, teníamos que poner a votar por Horacio Serpa", aseguró el jefe extraditado.
‘Jorge 40’ aseguró que Carlos Castaño pensaba que el candidato liberal iniciaría una negociación con las autodefensas una vez resultara elegido, pero sorpresivamente cambió de parecer en la segunda vuelta de las elecciones. Para ese entonces un grupo de emisarios de Andrés Pastrana presuntamente visitaron a Castaño prometiendo una negociación con los paramilitares tan pronto se resolvieran las negociaciones con las Farc en el Caguán.
Sin embargo, de la declaración de 'Jorge 40' quedan muchas inquietudes, ya que en 1998 Horacio Serpa ganaría la primera vuelta en departamentos por tradición liberales como el Magdalena, Atlántico y Córdoba, y en parte por la división de votos que hubo entre los dos candidatos conservadores Andrés Pastrana y Noemi Sanín. Incluso en la segunda vuelta Serpa fue derrotado por Andrés Pastrana, en buena medida por la votación mayoritaria en Bogotá y Medellín, en la Costa Caribe el candidato liberal ganó pero esos votos no le hicieron contrapeso a los registrados en el interior del país.
El ex jefe del Bloque Norte, confesó que se vio obligado a intimidar por segunda ocasión a los habitantes de Magdalena para que votaran en esa ocasión por el candidato Conservador. “Al principio la gente no lo tomó muy bien porque se trataba de un departamento de mayorías liberales”, dijo.
‘Jorge 40’ también se refirió a la las elecciones presidenciales del 2002. Según el extraditado, las autodefensas decidieron cómo habrían de encaminar sus esfuerzos políticos en una reunión que nombró como la cumbre de “La 21”. Los magistrados de la Corte Suprema le preguntaron a qué candidato favorecieron como resultado del encuentro pero Rodrigo Tovar guardó silencio argumentando falta de medidas de seguridad para su familia en Colombia.
Rodrigo Tovar también se refirió al fenómeno de las candidaturas únicas en el departamento del Magdalena en 1999; según el ex jefe paramilitar, los resultados electorales que desataron el estudio de la parta política en el país no son el resultado de la presión militar de las autodefensas sino la materialización de su trabajo político.
El jefe extraditado aseguró que desde 1999 constituyó unas células políticas en diferentes partes del departamento que eran conocidas como el Frente Provincial Regional. Rodrigo Tovar aseguró que las candidaturas únicas surgieron como fruto del supuesto consenso entre los miembros de estas estructuras políticas que en un comienzo, según sus propias declaraciones fueron forzados a reunirse bajo el poder de las armas.
La Corte Suprema deberá evaluar la declaraciones de ‘Jorge 40’ para demostrar su validez o falsedad. Aún no existe una jornada programada para que Rodrigo Tovar continué con sus declaraciones y la defensa de Karely Lara Vence exige que ambos temas se traten de manera diferenciada.
Al terminar sus declaraciones ‘Jorge 40’ manifestó su interés en seguir colaborando con la ley de Justicia y Paz: “Voy a decir todo lo que me había guardado”, dijo.
'Jorge 40' reconoce que se reunió con ex congresista Karely Lara
En su primera aparición desde su extradición el 13 de mayo, el ex jefe paramilitar, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, declaró en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la ex congresista Karely Lara y aseguró que se reunió con la política en al menos una ocasión.
'Jorge 40' en comapañía de su abogada en Estados Unidos Heather Shannon. Foto: Verdad Abierta
Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, aceptó haberse reunido en una ocasión con la entonces alcaldesa del municipio de Fundación, Karely Lara Vence, en el departamento de Magdalena.
Según sus declaraciones ante los magistrados del alto tribunal, la reunión se habría producido el 23 de diciembre del 2001 para mediar en una pugna entre el concejo del municipio y la Administración a cargo de Lara Vence.
En la audiencia, la Corte Suprema aseguró tener indicios de que la entonces alcaldesa utilizó la reunión para señalarle a ‘Jorge 40’ los nombres de las personas que le impedían desarrollar su mandato. Dentro de los afectados se encontraría el periodista Álvaro Alonso quien fue asesinado por hombres del Bloque Norte apenas unos meses después. ‘Jorge 40’ lo negó.
La defensa de Karely Lara, a cargo del abogado Carlos Merchán Tarazona argumentó que la ex congresista asistió a la reunión obligada por la presión de los paramilitares y que en ningún momento las autodefensas incidieron a su favor, por el contrario, intentaban realizar un juicio sobre su mandato.
El ex jefe del Bloque Norte, confesó que utilizó la reunión para promocionar la candidatura de a la Cámara de Representantes de José Rosario Gamarra Sierra. Según sus declaraciones lo hizo por “tratarse de un político de la región”.
Jorge 40' sostuvo que la reunión fue convocada directamente por los políticos de la población que argumentaban que tras un año de la alcaldía varios proyectos se encontraban estancados y por eso pidieron su mediación.
Según el testimonio del ex paramilitar, algunos miembros del concejo manifestaron estar en desacuerdo con el mandato de Karely Lara, quien en su defensa aseguró que no entregaría contratos a cambio de la colaboración del concejo. "Me sorprendió porque la vi joven y enfrentarse así a quienes supuestamente tenían el poder político en el concejo, eso era muy valeroso; pensé que qué bueno sería tenerla en las filas de las Autodefensas", declaró.
No era la primera ocasión en que los paramilitares eran llamados a tratar temas sobre la alcaldía de Lara. En septiembre del 2001, Edgar Ariel Córdoba, alias ‘Cinco Siete’ había comentado a ‘Jorge 40’ sobre la intención de los políticos del municipio de Fundación de que las autodefensas supuestamente “intercedieran” para solucionar las diferencias entre el concejo y la alcaldesa.
Tovar no asistió a la reunión que presuntamente se realizó en el municipio de Pivijay, pero delegó su responsabilidad en manos de la paramilitar Neyla Alfedrina Soto Ruiz mas conocida como ‘Sonia’ quien según las declaraciones de ‘Jorge 40’ escuchó en esa ocasión los argumentos de los miembros del Concejo y Karely Lara.
Los Magistrados de la Corte preguntaron al jefe extraditado si tenía conocimiento de un documento que habrían redactado los miembros del concejo de Fundación con motivo del encuentro en el que los políticos exponían sus diferencias con la alcaldesa. ‘Jorge 40’ negó haber tenido conocimiento del texto.
Karely Lara fue capturada el 23 de agosto del 2008 por unidades del CTI de la Fiscalía en Santa Marta. La investigación en su contra provino de un registro que apareció en el computador de ‘Don Antonio’ en el que la dirigente aparece como beneficiaria de aportes económicos del Bloque Norte para su campaña política a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical
En esas elecciones Lara sacó 12.000 votos y les ganó a dos tradicionales barones electorales: Fuad Rapag, candidato de La U, y el liberal Joaquín José Vives hoy presidente del Consejo Nacional Electoral.
Durante la etapa de práctica de pruebas en contra de la ex alcaldesa, el pasado 13 de agosto fueron llamados a presentar su testimonio el abogado Moisés Baricosqui, el concejal Carlos Arturo Sánchez y el economista Gustavo Bolaños. Las declaraciones de los testigos comprometen a la ex congresista con la Unión Temporal Trian, un ente encargado de prestar diferentes servicios a los municipios del Magdalena, sobre todo en lo concerniente a impuestos y procesos tributarios mediante un software creado por uno de sus fundadores.
Según las declaraciones de los testigos Karely Lara se reunió con jefes paramilitares del Magdalena entre septiembre y diciembre de 2001 para hablar del contrato de cobro de impuestos otorgado a la Unión Temporal .
Durante su intervención desde Estados Unidos, Rodrigo Tobar confesó la creación del movimiento político “La provincia unida por una mejor opción de vida”. Según el ex jefe paramilitar las autodefensas tenían la intención de promover una “nueva clase dirigente en la Costa Caribe” que combatiera a la guerrilla y colaborara con los paramilitares.
‘Jorge 40‘ también se refirió al nacimiento del “Frente Provincial Regional” en 1999, una célula política de diferentes municipios y corregimiento del Magdalena que las autodefensas alimentaron a través de presión y amenazas para posicionar a sus candidatos.
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www.verdadabierta.com
martes, 6 de enero de 2009
Sucedió en la república independiente de 'La Sombrerona'
La historia de una poderosa mujer que se sentía benefactora de los pueblos del Magdalena, pero que 500 víctimas asocian con despojo de tierras y muerte, y miles de millones de pesos en contratos con entidades públicas atestiguan cómo su fundación se hizo a la rentas locales. Su retrato es una elocuente muestra de cómo los paramilitares capturaron sociedad y Estado en el Caribe colombiano.
Por César Molinares Dueñas y Tadeo Martínez para Verdad Abierta
En el centro del Magdalena se estableció una mujer menuda proveniente de Córdoba, que de la noche a la mañana pasó de empleada de Profamilia y vendedora de seguros, a jefe política del bloque Norte al mando de 'Jorge 40'. La conocían como 'Sonia' o 'La Sombrerona' y es una de las claves para develar cómo fue la infiltración de los paras en la política de este departamento.
En días pasados un fiscal de la unidad de Lavado de Activos ordenó la detención del ex gobernador del Magdalena, José Domingo Dávila y una decena de políticos, entre los que encuentran varios diputados, el alcalde de Concordia, Miguel Aragón y tres ex mandatarios de esa población. Todos involucrados en parapolítica por haber firmado el Pacto de Chivolo con el ex jefe del bloque Norte, 'Jorge 40'.
Además, ordenó la detención de una mujer llamada Neyla Alfredina Soto Ruiz, más conocida por su alias de 'Sonia', hoy de 63 años. También la llamaban 'La Sombrerona', porque dice la gente que andaba siempre elegante con sombreros alones y revólver al cinto. Es una vieja conocida de la clase política de este departamento y sobre quien la Fiscalía tiene fundadas sospechas de haber sido una ficha clave en los procesos electorales en una docena de municipios del centro del Magdalena.
'Sonia', quien se había desmovilizado en Santafe de Ralito, había pasado de agache en los últimos años pese a tener en su contra varias investigaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidios, robo de tierras y desplazamientos entre otros. Con su ayuda 'Jorge 40' controló la región, manejó la contratación en varios municipios, impuso alcaldes, concejales y diputados, incluso después de desmovilizado y ser extraditado ella seguía manejando los hilos políticos de los paramilitares en el Magdalena.
De Profamilia a jefe política del bloque Norte
Neyla Alfredina Soto Ruiz, nacida el 30 de mayo de 1945 en Cereté, Córdoba, fue criada por su abuela paterna desde su primer mes de vida. Bautizada con los nombres de Sonia Catalina, un día su madre decidió registrarla con los nombres de Neyla Alfredina.
Antes de trasladarse a las tierras del Magdalena, Soto Ruiz se había criado en las -hasta entonces- pacíficas y tranquilas tierras del valle del Sinú, donde estudió primaria y bachillerato en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Cereté. Corría el año 1961, siendo adolescente, cuando contrajo matrimonio con un prospero empresario del transporte Enoc Paternina, padre de sus tres hijos Enoc, Victoria y Yaneth.
Muy pronto su matrimonio se rompió y ella convertida en madre cabeza de hogar, se trasladó a Cartagena a estudiar Trabajo Social en el Colegio Mayor de Bolívar y alcanzó a cursar también siete semestres de sicología en la misma institución. Con esa formación fue contratada en Profamilia, entidad a la que estuvo vinculada durante diez años, al cabo de los cuales fundó su propia empresa de vuelta en su natal Córdoba.
Su abuela paterna, Catalina Martínez de Soto, le había dejado una finca de 30 hectáreas a orillas del río Sinú, las vendió y con esa plata invirtió en el negocio de transporte intermunicipal de la familia de su esposo. Su abuela también le heredó unas vacas, pero esas las dejó en la finca de uno de sus hermanos y, cuando se mudó para Montería, las vendió para comprarse una casa. A mediados de los años setenta constituyó la agencia de seguros Paso, Asesores de Seguros y CIA Ltda. Durante las dos décadas siguientes se dedicó a la venta de seguros de vida, capitalización y salud, actividad en la que tuvo un notable desempeño, lo que le permitió educar a sus tres hijos y vivir sin angustias hasta los años noventa.
Pero al cerrar la década de los noventa se fue de Córdoba y se instaló en Ariguaní, a donde su nombre original, Sonia, sepultó para siempre el de Neyla Alfredina que le había puesto su madre. Allí la conocieron con otros nombres además del de 'Doña Sonia'; le decían también 'la Mama', 'La Mona' o 'La Sombrerona'. En esas ricas sabanas del centro del Magdalena, donde ejercía su mayor dominio Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, se unió a un grupo de mujeres que estaban dedicadas al trabajo social. Muy pronto llamó la atención del entonces jefe paramilitar.
Por la época que 'Sonia' llegó a San Ángel, el jefe de las autodefensas en Córdoba, Salvatore Mancuso fue comisionado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño para fundar el Bloque Norte en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y la Guajira. Después de formado este grupo, 'Jorge 40' asumió el mando y en cinco años lo consolidó como uno de los más despiadados que haya conocido Colombia en la historia reciente del paramilitarismo.
La región del Ariguaní está en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y un río del mismo nombre baña un extenso valle que se extiende hasta el río Magdalena pasando por las poblaciones de Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo, Chivolo, Zapayán, Tenerife, Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Plato y Pivijay. Es una tierra fértil y cenagosa, dedicada a la ganadería extensiva, la palma y el banano, pertenece en su mayoría a ricos hacendados con vocación política.
Por esa época, a las puertas del siglo XXI, ocurrieron tres de las peores masacres que hayan tenido lugar en el Magdalena. La primera fue al medio día del 11 de enero de 1999, en Playón de Orozco, corregimiento de Pivijay, en la que 45 hombres asesinaron a 27 personas.
Un año después, al amanecer del 12 de febrero del año 2000, un grupo de hombres armados llegó a Bocas de Aracataca, un pueblo palafítico en la desembocadura del río Aracataca, y asesinaron a 11 personas que fueron sacadas de sus casas. Las doscientas familias que vivían en lo que todos conocen como Trojas de Cataca, se fueron y ocho años después sólo han regresado 25 familias.
El paisaje era desolador: docenas de casas abandonadas, la iglesia y el colegio fueron clausurados y el puesto de policía, donde encerraron y mataron a la mayoría de las personas, está derruído, sin techos y sin puertas. La última de estas tres masacres fue en la madrugada del 22 de noviembre del año 2000 en El Morro también conocido como Nueva Venecia, corregimiento de Sitionuevo, Magdalena, en la que fueron masacradas oficialmente 39 personas, pero los habitantes creen que nunca se sabrá cuántas víctimas hubo, porque nunca se encontraron los cuerpos de varios pescadores desaparecidos.
Según le dijo una fuente de la Fiscalía a Verdad Abierta cuando empezaron a hacerse las investigaciones sobre estas masacres varios informantes empezaron a nombrar a 'Sonia' como un miembro importante del bloque Norte en la región. Si bien las informaciones no la comprometían en los crímenes, la Unidad de Derechos Humanos de Fiscalía abrió una investigación en su contra por concierto para delinquir, pero fue cerrada.
Estos crímenes fueron cometidos por el Bloque Norte y en los tres casos se dice que el autor fue Tomás Freyle Guillén, alias 'Esteban', un sanguinario jefe paramilitar que perdería la vida después, en 2001. Para que no fuese olvidado, ‘Jorge 40’ bautizó con su nombre el frente que se movía entre El Banco y Chimichagua, al sur del Magdalena.
La conexión de San Ángel
Establecida en San Ángel, 'Doña Sonia', con su larga trayectoria en el trabajo con las comunidades, muy pronto fue acogida por las autodefensas del Magdalena como su gestora social.
Quienes la conocieron aseguran que su ambición la llevó a comprometerse en otros roles dentro de las Auc. Informes de inteligencia de la época conocidos por Verdad Abierta la señalan de ser la encargada de presentar en sociedad a los nuevos jefes paramilitares cuando había un relevo.
En una ocasión, los organismos de inteligencia supieron que le organizó una fiesta a Albeiro o alias 'Siete Uno', en una finca cercana a Pivijay, y a la que conminó a todos los pobladores a participar. 'Siete Uno' había sido designado por 'Jorge 40' como jefe del frente Bernardo Escobar que hostigaba a la gente en los municipios de Sacramento, Loma del Bálsamo, Santa Rosa de Lima y la zona rural de Pivijay y Fundación.
Su arribo al Magdalena coincidió con las polémicas elecciones regionales del 2000, cuando dos centenares de dirigentes se reunieron en La Estrella, corregimiento de Chibolo, con el propósito de escoger candidatos a las alcaldías, concejos, asamblea y gobernación del Magdalena. De esa reunión surgió el polémico Pacto de Chibolo, que llevó a la gobernación al liberal José Domigo Dávila Armenta, detenido el 2 de diciembre por la Fiscalía investigado por el delito de concierto para delinquir por haber firmado este pacto.
También fueron elegidos varios diputados y alcaldes, y el pacto se adoptó como una fórmula hegemónica que impuso alcaldes en las subsiguientes elecciones. Lo logró excluyendo a los opositores mediante amenazas e intimidación, e incluso el asesinato. Esto ocurrió con el médico Eugenio Rafael Escalante Ebrath, asesinado el 7 de noviembre de 2002 por inscribirse como candidato a la alcaldía de Concordia, enfrentando al candidato de los paramilitares, Aníbal Castro Martínez, quien resultó elegido y a quien la Fiscalía dictó resolución de acusación y medida de aseguramiento el pasado 22 de noviembre.
En ese ambiente de guerra irregular y hegemonía política apoyada en las armas, 'Sonia' desplegó sus dotes de trabajadora social. Hizo bazares y tómbolas con los que obtenía recursos para dotar los puestos de salud, reparar las iglesias y colegios, arreglar los parques y en general mejorar la infraestructura de los pueblos. En esa tarea la acompañaban las esposas de los ganaderos y de los políticos de los pueblos. “Gente buena, gente sana”, dijo hace poco ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.
'Sonia' entró fácil en un territorio difícil gracias a su carácter fuerte y a su, según ella, liderazgo y trabajo intenso e ininterrumpido por el bienestar de las comunidades.
Pero, aunque no lo reconozca así, también debió ayudarle el hecho de que fuera cercana a los temidos –y en algunas partes, admirados – paramilitares. A los pocos meses de estar dedicada al trabajo comunitario fue citada por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 a la gallera del pueblo. Ese día el hoy extraditado jefe paramilitar le dijo que estaba muy contento con su trabajo, que eso era lo que él quería, que había que trabajar por las comunidades que tanto habían sufrido con la violencia guerrillera y por la confrontación entre paramilitares y guerrilleros.
Pero ‘Doña Sonia’ rechaza cualquier implicación como militante armada. No acepta que se diga que se vistió con uniformes privativos de las fuerzas armadas o que portara armas o que participara en actos armados y mucho menos haber sido quien ordenó matar a alguna persona. “Quien tenga pruebas que las muestre”, le dijo al fiscal sin pestañear. Tampoco reconoce haber tenido escoltas de la agrupación armada.
Sin embargo, ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Barranquilla, según pudo constatar Verdad Abierta, entre las víctimas del Bloque Norte, en su mayoría provenientes de la región de San Ángel y el valle del Ariguaní, existen más de 500 registros que la mencionan en denuncias por robo de tierras, homicidios, desaparición y desplazamiento. Gracias a estos múltiples testimonios la Fiscalía General pudo evitar que fuera dejada en libertad.
Hoy la mayoría de las tierras que estaban en poder de los campesinos que, a veces por la fuerza, pasaron a manos de 'Jorge 40' y de familias de la región y de prominentes personajes del Cesar, están abandonadas. Las cercas alambradas fueron desmontadas y los ganados y animales que pastaban en esas tierras, en una gran mayoría de pequeños ganaderos, desaparecieron.
Al poco tiempo de estar viviendo en San Ángel, ‘La Sombrerona’ elevó a la categoría de fundación el comité femenino con el que desarrollaba tareas sociales. Constituyó la corporación sin ánimo de lucro Las Mujeres de la Provincia y fue su primera directora.
Pero estuvo al frente sólo seis meses de 2003, tiempo en el cual celebró los primeros contratos con los alcaldes de los municipios de Concordia y Zapayán para el recaudo de los impuestos así como los servicios del Plan de Atención Básica en salud. Una vez se retiró de la dirección de la Corporación, dejó al frente a su hija Victoria Cecilia Paternina Soto, quien celebró contratos con la mayoría de los municipios del centro del Magdalena para la gestión tributaria y el Plan de Atención Básica en Salud.
En una inspección judicial que hizo la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a finales de 2005 a la sede de Mujeres de la Provincia en Santa Marta, encontró que dentro de su portafolio de negocios figuraban contratos de recaudos de impuestos en los municipios de Sabanas de San Ángel, Chivolo, Tenerife, Nueva Granada, Sitionuevo, Salamina, San Antonio, Pedraza, Piñón, Pijiño del Carmen y Plato. Además de contratos del Plan de Atención Básica en salud de San Ángel, Algarrobo y San Antonio.
Pero no sólo celebraron contratos con municipios, también extendieron su oferta de servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con suscribieron contratos para el recaudo de la factura del servicio de energía empresas como Electricaribe.
Esta empresa había tenido y sigue teniendo problemas para el pago de los servicios en la mayoría de los municipios de la Costa Caribe, pero para muchos resultaría, por lo menos cuestionable, apoyarse en una persona, natural o jurídica, cuya fundadora gestora pertenecía a las autodefensas. ¿Así quién no paga? Por el cobro de la facturación de energía, Mujeres de la Provincia recibe el 20 por ciento de lo recaudado.
La Fiscalía ya le venía siguiendo el rastro porque un informante la mencionó como una importante ficha de los paramilitares del Bloque Norte. Por eso le abrieron una investigación por concierto para delinquir, que fue precluida cuando 'Sonia' se vio acorralada y buscó refugio en Santafé de Ralito donde 'Jorge 40' la presentó como su jefe política en el Magdalena.
Los investigadores tenían la sospecha que Mujeres de la Provincia era una empresa fachada de los paramilitares que les permitía canalizar recursos y tener control sobre rentas públicas de varios municipios del Magdalena.
Sin embargo, ¿qué significa pertenecer a las autodefensas del Magdalena y desmovilizarse como tal, pero no ser parte de la organización ni en lo político ni en lo militar? ‘Doña Sonia’ no admitió su pertenencia a la organización en lo político y en lo militar. Dijo luego ante la justicia que no sabía quiénes eran los comandantes militares, no sabía con qué alcaldes, concejales, diputados, senadores y representantes existían pactos políticos.
Pero sus afirmaciones son desmentidas por testigos que, por ejemplo, dicen que en Concordia, a comienzos de 2001, la encontraron desayunando en el escritorio del despacho, rodeada por el alcalde y los secretarios. En esa reunión le exigió la renuncia al director del hospital local de Concordia porque no era parte de la comparsa de políticos y paramilitares. Y el gobernador José Domingo Chelo Dávila destituyó al gerente del hospital y nombró a uno de la cuerda del alcalde elegido al amparo del Pacto de Chibolo.
“Era déspota, gritaba a todo el mundo”, recuerda una persona que la vio en un bazar recolectando fondos para arreglar un parque. Pero también dicen que hizo muchas obras en San Ángel. “Organizaba las fiestas del pueblo”, dice otra fuente que pidió el anonimato. Era una mezcla de ángel y demonio porque a la vez que se preocupaba por los niños y ancianos, intimidaba con su sola presencia: su vestimenta a la moda, sus grandes pavas y su pistola. Son afirmaciones que ella desmiente rotundamente.
El mismo testigo dice que ‘Doña Sonia’ se paseaba con el alcalde, el nuevo gerente del hospital y el comandante alias ‘Rafael’, reemplazo del asesinado 'Esteban', por las calles de San Ángel, Pivijay, Zapayán, haciéndole campaña a la gobernación al alcalde Pablo Salas Orozco. A pesar de testimonios como este, 'Sonia' dice no haber tenido rango militar ni político, tampoco tenía sueldo porque no lo necesitaba. Pero lo más curioso es que tampoco sabía dónde tenía ‘Jorge 40’ el campamento en la región de ‘San Angel’ y dijo conocer todo el Magdalena. Tampoco le rendía cuentas ni le entregaba dineros a la organización.
Sin embargo, el mismo 'Jorge 40 reconoció en su primera audiencia desde Estados Unidos el lunes 15 de diciembre de 2008, que en septiembre del 2001, ‘Sonia’ era su mano derecha en asuntos políticos. Según palabras del propio paramilitar la envió en septiembre de 2001 para que “intercediera” a nombre de las Auc en las diferencias que se presentaban entre el concejo y la entonces alcaldesa de Fundación, Karelly Lara Vence.
A pesar de su cercanía a las Auc, ‘Sonia’ mantuvo su injerencia en varios municipios de la región hasta cuando fue capturada a fines de noviembre pasado. Dicen los alcaldes que para lanzarse a cualquier cargo de elección popular en eso pueblos, un candidato tenía que pasar primero por su filtro.
Y con todo y la sombra de ‘Sonia’ detrás a la Corporación Mujeres de la Provincia, cuya gerencia está en manos de su hija Victoria Cecilia hasta hoy, tampoco le ha ido nada mal. Hasta que Verdad Abierta investigó para esta historia, esta fundación tenía contratos vigentes para administrar dos hogares de Bienestar Familiar del Magdalena en Santa Marta en los que atendían a 270 niños de Sisben. Verdad Abierta pudo establecer a la fecha que Mujeres de la Provincia ha tenido 11 contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 2004 y 2008 por un valor total de 1.319 millones de pesos.
Solo hasta hace unos días, la regional del Icbf del Magdalena le pidió a Mujeres de la Provincia liquidar el contrato “por el buen nombre de la institución” señaló el director del instituto, Giovany Torres Barros.
Incluso, en éste momento, Mujeres de la Provincia está registrada en la Red de Gestores Sociales, una oficina adscrita a la Consejeria de Programas Especiales de la Presidencia de la República que conecta a las esposas de los alcaldes y gobernadores y organizaciones sociales para conseguir recursos para obras sociales.
Mientras miles de familias del centro del Magdalena reclaman por sus tierras robadas, y lloraban a sus muertos y desaparecidos, entidades nacionales y hasta la misma Presidencia avalaba y otorgaba contratos a esta corporación creada bajo el manto protector de las autodefensas y de quien Jorge 40 dice fue su gestora política, ‘Doña Sonia’. Y le ha tomado a la justicia tres años desde que se desmovilizó este jefe paramilitar para empezar a romper el pequeño imperio que montó. Esta es apenas una muestra de cómo y hasta dónde capturó el paramilitarismo la política y las rentas locales y cuánto falta por hacer para liberarlas.
Publicado en
www.verdadabierta.com
Por César Molinares Dueñas y Tadeo Martínez para Verdad Abierta
En el centro del Magdalena se estableció una mujer menuda proveniente de Córdoba, que de la noche a la mañana pasó de empleada de Profamilia y vendedora de seguros, a jefe política del bloque Norte al mando de 'Jorge 40'. La conocían como 'Sonia' o 'La Sombrerona' y es una de las claves para develar cómo fue la infiltración de los paras en la política de este departamento.
En días pasados un fiscal de la unidad de Lavado de Activos ordenó la detención del ex gobernador del Magdalena, José Domingo Dávila y una decena de políticos, entre los que encuentran varios diputados, el alcalde de Concordia, Miguel Aragón y tres ex mandatarios de esa población. Todos involucrados en parapolítica por haber firmado el Pacto de Chivolo con el ex jefe del bloque Norte, 'Jorge 40'.
Además, ordenó la detención de una mujer llamada Neyla Alfredina Soto Ruiz, más conocida por su alias de 'Sonia', hoy de 63 años. También la llamaban 'La Sombrerona', porque dice la gente que andaba siempre elegante con sombreros alones y revólver al cinto. Es una vieja conocida de la clase política de este departamento y sobre quien la Fiscalía tiene fundadas sospechas de haber sido una ficha clave en los procesos electorales en una docena de municipios del centro del Magdalena.
'Sonia', quien se había desmovilizado en Santafe de Ralito, había pasado de agache en los últimos años pese a tener en su contra varias investigaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidios, robo de tierras y desplazamientos entre otros. Con su ayuda 'Jorge 40' controló la región, manejó la contratación en varios municipios, impuso alcaldes, concejales y diputados, incluso después de desmovilizado y ser extraditado ella seguía manejando los hilos políticos de los paramilitares en el Magdalena.
De Profamilia a jefe política del bloque Norte
Neyla Alfredina Soto Ruiz, nacida el 30 de mayo de 1945 en Cereté, Córdoba, fue criada por su abuela paterna desde su primer mes de vida. Bautizada con los nombres de Sonia Catalina, un día su madre decidió registrarla con los nombres de Neyla Alfredina.
Antes de trasladarse a las tierras del Magdalena, Soto Ruiz se había criado en las -hasta entonces- pacíficas y tranquilas tierras del valle del Sinú, donde estudió primaria y bachillerato en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Cereté. Corría el año 1961, siendo adolescente, cuando contrajo matrimonio con un prospero empresario del transporte Enoc Paternina, padre de sus tres hijos Enoc, Victoria y Yaneth.
Muy pronto su matrimonio se rompió y ella convertida en madre cabeza de hogar, se trasladó a Cartagena a estudiar Trabajo Social en el Colegio Mayor de Bolívar y alcanzó a cursar también siete semestres de sicología en la misma institución. Con esa formación fue contratada en Profamilia, entidad a la que estuvo vinculada durante diez años, al cabo de los cuales fundó su propia empresa de vuelta en su natal Córdoba.
Su abuela paterna, Catalina Martínez de Soto, le había dejado una finca de 30 hectáreas a orillas del río Sinú, las vendió y con esa plata invirtió en el negocio de transporte intermunicipal de la familia de su esposo. Su abuela también le heredó unas vacas, pero esas las dejó en la finca de uno de sus hermanos y, cuando se mudó para Montería, las vendió para comprarse una casa. A mediados de los años setenta constituyó la agencia de seguros Paso, Asesores de Seguros y CIA Ltda. Durante las dos décadas siguientes se dedicó a la venta de seguros de vida, capitalización y salud, actividad en la que tuvo un notable desempeño, lo que le permitió educar a sus tres hijos y vivir sin angustias hasta los años noventa.
Pero al cerrar la década de los noventa se fue de Córdoba y se instaló en Ariguaní, a donde su nombre original, Sonia, sepultó para siempre el de Neyla Alfredina que le había puesto su madre. Allí la conocieron con otros nombres además del de 'Doña Sonia'; le decían también 'la Mama', 'La Mona' o 'La Sombrerona'. En esas ricas sabanas del centro del Magdalena, donde ejercía su mayor dominio Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, se unió a un grupo de mujeres que estaban dedicadas al trabajo social. Muy pronto llamó la atención del entonces jefe paramilitar.
Por la época que 'Sonia' llegó a San Ángel, el jefe de las autodefensas en Córdoba, Salvatore Mancuso fue comisionado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño para fundar el Bloque Norte en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y la Guajira. Después de formado este grupo, 'Jorge 40' asumió el mando y en cinco años lo consolidó como uno de los más despiadados que haya conocido Colombia en la historia reciente del paramilitarismo.
La región del Ariguaní está en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y un río del mismo nombre baña un extenso valle que se extiende hasta el río Magdalena pasando por las poblaciones de Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo, Chivolo, Zapayán, Tenerife, Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Plato y Pivijay. Es una tierra fértil y cenagosa, dedicada a la ganadería extensiva, la palma y el banano, pertenece en su mayoría a ricos hacendados con vocación política.
Por esa época, a las puertas del siglo XXI, ocurrieron tres de las peores masacres que hayan tenido lugar en el Magdalena. La primera fue al medio día del 11 de enero de 1999, en Playón de Orozco, corregimiento de Pivijay, en la que 45 hombres asesinaron a 27 personas.
Un año después, al amanecer del 12 de febrero del año 2000, un grupo de hombres armados llegó a Bocas de Aracataca, un pueblo palafítico en la desembocadura del río Aracataca, y asesinaron a 11 personas que fueron sacadas de sus casas. Las doscientas familias que vivían en lo que todos conocen como Trojas de Cataca, se fueron y ocho años después sólo han regresado 25 familias.
El paisaje era desolador: docenas de casas abandonadas, la iglesia y el colegio fueron clausurados y el puesto de policía, donde encerraron y mataron a la mayoría de las personas, está derruído, sin techos y sin puertas. La última de estas tres masacres fue en la madrugada del 22 de noviembre del año 2000 en El Morro también conocido como Nueva Venecia, corregimiento de Sitionuevo, Magdalena, en la que fueron masacradas oficialmente 39 personas, pero los habitantes creen que nunca se sabrá cuántas víctimas hubo, porque nunca se encontraron los cuerpos de varios pescadores desaparecidos.
Según le dijo una fuente de la Fiscalía a Verdad Abierta cuando empezaron a hacerse las investigaciones sobre estas masacres varios informantes empezaron a nombrar a 'Sonia' como un miembro importante del bloque Norte en la región. Si bien las informaciones no la comprometían en los crímenes, la Unidad de Derechos Humanos de Fiscalía abrió una investigación en su contra por concierto para delinquir, pero fue cerrada.
Estos crímenes fueron cometidos por el Bloque Norte y en los tres casos se dice que el autor fue Tomás Freyle Guillén, alias 'Esteban', un sanguinario jefe paramilitar que perdería la vida después, en 2001. Para que no fuese olvidado, ‘Jorge 40’ bautizó con su nombre el frente que se movía entre El Banco y Chimichagua, al sur del Magdalena.
La conexión de San Ángel
Establecida en San Ángel, 'Doña Sonia', con su larga trayectoria en el trabajo con las comunidades, muy pronto fue acogida por las autodefensas del Magdalena como su gestora social.
Quienes la conocieron aseguran que su ambición la llevó a comprometerse en otros roles dentro de las Auc. Informes de inteligencia de la época conocidos por Verdad Abierta la señalan de ser la encargada de presentar en sociedad a los nuevos jefes paramilitares cuando había un relevo.
En una ocasión, los organismos de inteligencia supieron que le organizó una fiesta a Albeiro o alias 'Siete Uno', en una finca cercana a Pivijay, y a la que conminó a todos los pobladores a participar. 'Siete Uno' había sido designado por 'Jorge 40' como jefe del frente Bernardo Escobar que hostigaba a la gente en los municipios de Sacramento, Loma del Bálsamo, Santa Rosa de Lima y la zona rural de Pivijay y Fundación.
Su arribo al Magdalena coincidió con las polémicas elecciones regionales del 2000, cuando dos centenares de dirigentes se reunieron en La Estrella, corregimiento de Chibolo, con el propósito de escoger candidatos a las alcaldías, concejos, asamblea y gobernación del Magdalena. De esa reunión surgió el polémico Pacto de Chibolo, que llevó a la gobernación al liberal José Domigo Dávila Armenta, detenido el 2 de diciembre por la Fiscalía investigado por el delito de concierto para delinquir por haber firmado este pacto.
También fueron elegidos varios diputados y alcaldes, y el pacto se adoptó como una fórmula hegemónica que impuso alcaldes en las subsiguientes elecciones. Lo logró excluyendo a los opositores mediante amenazas e intimidación, e incluso el asesinato. Esto ocurrió con el médico Eugenio Rafael Escalante Ebrath, asesinado el 7 de noviembre de 2002 por inscribirse como candidato a la alcaldía de Concordia, enfrentando al candidato de los paramilitares, Aníbal Castro Martínez, quien resultó elegido y a quien la Fiscalía dictó resolución de acusación y medida de aseguramiento el pasado 22 de noviembre.
En ese ambiente de guerra irregular y hegemonía política apoyada en las armas, 'Sonia' desplegó sus dotes de trabajadora social. Hizo bazares y tómbolas con los que obtenía recursos para dotar los puestos de salud, reparar las iglesias y colegios, arreglar los parques y en general mejorar la infraestructura de los pueblos. En esa tarea la acompañaban las esposas de los ganaderos y de los políticos de los pueblos. “Gente buena, gente sana”, dijo hace poco ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.
'Sonia' entró fácil en un territorio difícil gracias a su carácter fuerte y a su, según ella, liderazgo y trabajo intenso e ininterrumpido por el bienestar de las comunidades.
Pero, aunque no lo reconozca así, también debió ayudarle el hecho de que fuera cercana a los temidos –y en algunas partes, admirados – paramilitares. A los pocos meses de estar dedicada al trabajo comunitario fue citada por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 a la gallera del pueblo. Ese día el hoy extraditado jefe paramilitar le dijo que estaba muy contento con su trabajo, que eso era lo que él quería, que había que trabajar por las comunidades que tanto habían sufrido con la violencia guerrillera y por la confrontación entre paramilitares y guerrilleros.
Pero ‘Doña Sonia’ rechaza cualquier implicación como militante armada. No acepta que se diga que se vistió con uniformes privativos de las fuerzas armadas o que portara armas o que participara en actos armados y mucho menos haber sido quien ordenó matar a alguna persona. “Quien tenga pruebas que las muestre”, le dijo al fiscal sin pestañear. Tampoco reconoce haber tenido escoltas de la agrupación armada.
Sin embargo, ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Barranquilla, según pudo constatar Verdad Abierta, entre las víctimas del Bloque Norte, en su mayoría provenientes de la región de San Ángel y el valle del Ariguaní, existen más de 500 registros que la mencionan en denuncias por robo de tierras, homicidios, desaparición y desplazamiento. Gracias a estos múltiples testimonios la Fiscalía General pudo evitar que fuera dejada en libertad.
Hoy la mayoría de las tierras que estaban en poder de los campesinos que, a veces por la fuerza, pasaron a manos de 'Jorge 40' y de familias de la región y de prominentes personajes del Cesar, están abandonadas. Las cercas alambradas fueron desmontadas y los ganados y animales que pastaban en esas tierras, en una gran mayoría de pequeños ganaderos, desaparecieron.
Al poco tiempo de estar viviendo en San Ángel, ‘La Sombrerona’ elevó a la categoría de fundación el comité femenino con el que desarrollaba tareas sociales. Constituyó la corporación sin ánimo de lucro Las Mujeres de la Provincia y fue su primera directora.
Pero estuvo al frente sólo seis meses de 2003, tiempo en el cual celebró los primeros contratos con los alcaldes de los municipios de Concordia y Zapayán para el recaudo de los impuestos así como los servicios del Plan de Atención Básica en salud. Una vez se retiró de la dirección de la Corporación, dejó al frente a su hija Victoria Cecilia Paternina Soto, quien celebró contratos con la mayoría de los municipios del centro del Magdalena para la gestión tributaria y el Plan de Atención Básica en Salud.
En una inspección judicial que hizo la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a finales de 2005 a la sede de Mujeres de la Provincia en Santa Marta, encontró que dentro de su portafolio de negocios figuraban contratos de recaudos de impuestos en los municipios de Sabanas de San Ángel, Chivolo, Tenerife, Nueva Granada, Sitionuevo, Salamina, San Antonio, Pedraza, Piñón, Pijiño del Carmen y Plato. Además de contratos del Plan de Atención Básica en salud de San Ángel, Algarrobo y San Antonio.
Pero no sólo celebraron contratos con municipios, también extendieron su oferta de servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con suscribieron contratos para el recaudo de la factura del servicio de energía empresas como Electricaribe.
Esta empresa había tenido y sigue teniendo problemas para el pago de los servicios en la mayoría de los municipios de la Costa Caribe, pero para muchos resultaría, por lo menos cuestionable, apoyarse en una persona, natural o jurídica, cuya fundadora gestora pertenecía a las autodefensas. ¿Así quién no paga? Por el cobro de la facturación de energía, Mujeres de la Provincia recibe el 20 por ciento de lo recaudado.
La Fiscalía ya le venía siguiendo el rastro porque un informante la mencionó como una importante ficha de los paramilitares del Bloque Norte. Por eso le abrieron una investigación por concierto para delinquir, que fue precluida cuando 'Sonia' se vio acorralada y buscó refugio en Santafé de Ralito donde 'Jorge 40' la presentó como su jefe política en el Magdalena.
Los investigadores tenían la sospecha que Mujeres de la Provincia era una empresa fachada de los paramilitares que les permitía canalizar recursos y tener control sobre rentas públicas de varios municipios del Magdalena.
Sin embargo, ¿qué significa pertenecer a las autodefensas del Magdalena y desmovilizarse como tal, pero no ser parte de la organización ni en lo político ni en lo militar? ‘Doña Sonia’ no admitió su pertenencia a la organización en lo político y en lo militar. Dijo luego ante la justicia que no sabía quiénes eran los comandantes militares, no sabía con qué alcaldes, concejales, diputados, senadores y representantes existían pactos políticos.
Pero sus afirmaciones son desmentidas por testigos que, por ejemplo, dicen que en Concordia, a comienzos de 2001, la encontraron desayunando en el escritorio del despacho, rodeada por el alcalde y los secretarios. En esa reunión le exigió la renuncia al director del hospital local de Concordia porque no era parte de la comparsa de políticos y paramilitares. Y el gobernador José Domingo Chelo Dávila destituyó al gerente del hospital y nombró a uno de la cuerda del alcalde elegido al amparo del Pacto de Chibolo.
“Era déspota, gritaba a todo el mundo”, recuerda una persona que la vio en un bazar recolectando fondos para arreglar un parque. Pero también dicen que hizo muchas obras en San Ángel. “Organizaba las fiestas del pueblo”, dice otra fuente que pidió el anonimato. Era una mezcla de ángel y demonio porque a la vez que se preocupaba por los niños y ancianos, intimidaba con su sola presencia: su vestimenta a la moda, sus grandes pavas y su pistola. Son afirmaciones que ella desmiente rotundamente.
El mismo testigo dice que ‘Doña Sonia’ se paseaba con el alcalde, el nuevo gerente del hospital y el comandante alias ‘Rafael’, reemplazo del asesinado 'Esteban', por las calles de San Ángel, Pivijay, Zapayán, haciéndole campaña a la gobernación al alcalde Pablo Salas Orozco. A pesar de testimonios como este, 'Sonia' dice no haber tenido rango militar ni político, tampoco tenía sueldo porque no lo necesitaba. Pero lo más curioso es que tampoco sabía dónde tenía ‘Jorge 40’ el campamento en la región de ‘San Angel’ y dijo conocer todo el Magdalena. Tampoco le rendía cuentas ni le entregaba dineros a la organización.
Sin embargo, el mismo 'Jorge 40 reconoció en su primera audiencia desde Estados Unidos el lunes 15 de diciembre de 2008, que en septiembre del 2001, ‘Sonia’ era su mano derecha en asuntos políticos. Según palabras del propio paramilitar la envió en septiembre de 2001 para que “intercediera” a nombre de las Auc en las diferencias que se presentaban entre el concejo y la entonces alcaldesa de Fundación, Karelly Lara Vence.
A pesar de su cercanía a las Auc, ‘Sonia’ mantuvo su injerencia en varios municipios de la región hasta cuando fue capturada a fines de noviembre pasado. Dicen los alcaldes que para lanzarse a cualquier cargo de elección popular en eso pueblos, un candidato tenía que pasar primero por su filtro.
Y con todo y la sombra de ‘Sonia’ detrás a la Corporación Mujeres de la Provincia, cuya gerencia está en manos de su hija Victoria Cecilia hasta hoy, tampoco le ha ido nada mal. Hasta que Verdad Abierta investigó para esta historia, esta fundación tenía contratos vigentes para administrar dos hogares de Bienestar Familiar del Magdalena en Santa Marta en los que atendían a 270 niños de Sisben. Verdad Abierta pudo establecer a la fecha que Mujeres de la Provincia ha tenido 11 contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 2004 y 2008 por un valor total de 1.319 millones de pesos.
Solo hasta hace unos días, la regional del Icbf del Magdalena le pidió a Mujeres de la Provincia liquidar el contrato “por el buen nombre de la institución” señaló el director del instituto, Giovany Torres Barros.
Incluso, en éste momento, Mujeres de la Provincia está registrada en la Red de Gestores Sociales, una oficina adscrita a la Consejeria de Programas Especiales de la Presidencia de la República que conecta a las esposas de los alcaldes y gobernadores y organizaciones sociales para conseguir recursos para obras sociales.
Mientras miles de familias del centro del Magdalena reclaman por sus tierras robadas, y lloraban a sus muertos y desaparecidos, entidades nacionales y hasta la misma Presidencia avalaba y otorgaba contratos a esta corporación creada bajo el manto protector de las autodefensas y de quien Jorge 40 dice fue su gestora política, ‘Doña Sonia’. Y le ha tomado a la justicia tres años desde que se desmovilizó este jefe paramilitar para empezar a romper el pequeño imperio que montó. Esta es apenas una muestra de cómo y hasta dónde capturó el paramilitarismo la política y las rentas locales y cuánto falta por hacer para liberarlas.
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lunes, 5 de enero de 2009
Jaque a las Farc
Nunca les había ido tan mal a las Farc. ¿Puede empeorar su situación el año próximo?
Este año se resquebrajó el mito de que las Farc eran inderrotables en el campo de batalla. Por primera vez en 40 años de conflicto, el Secretariado recibió golpes mortales; se demostró que hay problemas graves de comando, control y lealtad dentro de sus filas; recibieron una bofetada histórica de los militares con la Operación 'Jaque'; les salieron mal todos sus cálculos políticos con el tema de los secuestrados, y como si fuera poco, esta vez sí murió 'Tirofijo'.
La pregunta que todo el mundo se hace es si el garrote que han recibido las Farc, y las hazañas de los militares son episodios coyunturales o si, por el contrario, marcan una tendencia estratégica y, por lo tanto, un cambio de equilibrio en la confrontación.
Ni el gobierno, ni los académicos, ni los gringos, ni el mismo Secretariado tienen claro qué tan disminuidas están realmente las Farc militarmente. Es evidente que hay un repliegue y que están actuando a la defensiva. Pero en una guerra de largo plazo esto no significa la derrota. Sin embargo, lo que sí reconocen incluso los sectores afectos a la insurgencia, es que la batalla que claramente perdió la guerrilla es la de la mente de los colombianos. La más contundente demostración de su aislamiento político fue la marcha del 4 de febrero, alentada por el gobierno, en la que salieron a protestar contra el secuestro 10 millones de personas.
Las Farc perdieron la iniciativa en la guerra, pero pensaban que podían subsanar esta retirada recuperando la iniciativa política con la propuesta de un intercambio humanitario. Este año empezó con las Farc mojando prensa, y convencidos de que tenían el manejo de una agenda de largo plazo, empujada por el entusiasmo del presidente venezolano Hugo Chávez. El cálculo de las Farc era construir un escenario internacional que pusiera contra las cuerdas al presidente Álvaro Uribe, y montar una plataforma de negociación que le diera a la guerrilla el ansiado oxígeno político. Pero nadie hubiese pronosticado que todo le saliera tan mal a la insurgencia. Aunque a instancias de Chávez y Piedad Córdoba se logró la liberación de siete rehenes, estas mismas entregas dejaron al desnudo las debilidades de comunicación interna dentro de las Farc y, lo que es peor, los graves problemas de comando y control. Primero fue el episodio de Emmanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautivero, al que prometieron liberar sin darse cuenta de que no lo tenían. En marzo vino el ataque contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, que no sólo fue trascendente por tratarse del primer miembro del Secretariado en caer bajo el fuego de las balas oficiales, sino porque con su muerte quedó en vilo gran parte del trabajo internacional de las Farc, un área considerada retaguardia estratégica en lo militar, por las fronteras, y vanguardia en lo político. El gobierno obtuvo en este bombardeo una poderosa arma de información y propaganda: el computador de 'Reyes', que neutralizó muchos de los apoyos que tenían los guerrilleros en el exterior. En ese marzo negro murió un segundo miembro del Secretariado, asesinado por su propio escolta, en un acto sangriento que revela el resquebrajamiento moral en sectores de ese grupo; y como si fuera poco, moriría de viejo, y no en combate, el legendario líder guerrillero 'Tirofijo'. A los problemas de reconstituir una dirección se le sumó el golpe de mano que significó la Operación 'Jaque', en la que las Farc, engañadas por los militares, perdieron a 15 secuestrados, incluidos Íngrid Betancourt y tres estadounidenses. Perdieron el botín más importante para un posible intercambio.
Sin la bandera del canje, la guerrilla quedó reducida en el campo político a un intercambio de cartas con intelectuales. Lo cual no deja de ser paradójico en una guerrilla que siempre ha despreciado a quien no hable con el lenguaje de las armas. En el campo militar, según el observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris, las Farc incrementaron de manera aritmética los campos minados y los francotiradores. Métodos letales para la Fuerza Plública, pero que no representan para la guerrilla ninguna ventaja militar significativa.
No obstante, el momento actual es muy delicado. Los militares han probado las mieles del éxito y la guerrilla por primera vez está mordiendo el polvo. El gobierno no puede emborracharse de triunfo cuando justamente es necesario imaginarse cómo será el final de la partida. Quienes creen que el esfuerzo militar se puede sostener eternamente, y que la agonía de las Farc será paulatina, quizá se lleven una decepción. La crisis económica hace insostenible el ritmo de gasto militar que ha habido hasta ahora y, en términos realistas, no es factible aniquilar la guerrilla ni llevarla a la completa irrelevancia. Y aunque la palabra negociación a muchos sectores les suena a claudicación, más que su proscripción lo que se necesita es que se reinvente. En Colombia ya no será posible un escenario de diálogo tipo Caguán -especialmente porque no hay un clima de opinión favorable a él-, pero tampoco es realista pensar que las Farc harán una desmovilización como la de los paramilitares, ni mucho menos una rendición. Sin duda, el tema del diálogo y de cómo ponerle el fin a la guerra, en la que el Estado ya tiene una clara y seguramente irreversible ventaja, será el centro del debate el año próximo, cuando empieza en firme la campaña presidencial. La manida frase de que hay que reelegir la seguridad democrática no le da respuesta al gran interrogante que deja planteado 2008: ...y después de debilitar a las Farc, ¿qué sigue?
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Este año se resquebrajó el mito de que las Farc eran inderrotables en el campo de batalla. Por primera vez en 40 años de conflicto, el Secretariado recibió golpes mortales; se demostró que hay problemas graves de comando, control y lealtad dentro de sus filas; recibieron una bofetada histórica de los militares con la Operación 'Jaque'; les salieron mal todos sus cálculos políticos con el tema de los secuestrados, y como si fuera poco, esta vez sí murió 'Tirofijo'.
La pregunta que todo el mundo se hace es si el garrote que han recibido las Farc, y las hazañas de los militares son episodios coyunturales o si, por el contrario, marcan una tendencia estratégica y, por lo tanto, un cambio de equilibrio en la confrontación.
Ni el gobierno, ni los académicos, ni los gringos, ni el mismo Secretariado tienen claro qué tan disminuidas están realmente las Farc militarmente. Es evidente que hay un repliegue y que están actuando a la defensiva. Pero en una guerra de largo plazo esto no significa la derrota. Sin embargo, lo que sí reconocen incluso los sectores afectos a la insurgencia, es que la batalla que claramente perdió la guerrilla es la de la mente de los colombianos. La más contundente demostración de su aislamiento político fue la marcha del 4 de febrero, alentada por el gobierno, en la que salieron a protestar contra el secuestro 10 millones de personas.
Las Farc perdieron la iniciativa en la guerra, pero pensaban que podían subsanar esta retirada recuperando la iniciativa política con la propuesta de un intercambio humanitario. Este año empezó con las Farc mojando prensa, y convencidos de que tenían el manejo de una agenda de largo plazo, empujada por el entusiasmo del presidente venezolano Hugo Chávez. El cálculo de las Farc era construir un escenario internacional que pusiera contra las cuerdas al presidente Álvaro Uribe, y montar una plataforma de negociación que le diera a la guerrilla el ansiado oxígeno político. Pero nadie hubiese pronosticado que todo le saliera tan mal a la insurgencia. Aunque a instancias de Chávez y Piedad Córdoba se logró la liberación de siete rehenes, estas mismas entregas dejaron al desnudo las debilidades de comunicación interna dentro de las Farc y, lo que es peor, los graves problemas de comando y control. Primero fue el episodio de Emmanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautivero, al que prometieron liberar sin darse cuenta de que no lo tenían. En marzo vino el ataque contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, que no sólo fue trascendente por tratarse del primer miembro del Secretariado en caer bajo el fuego de las balas oficiales, sino porque con su muerte quedó en vilo gran parte del trabajo internacional de las Farc, un área considerada retaguardia estratégica en lo militar, por las fronteras, y vanguardia en lo político. El gobierno obtuvo en este bombardeo una poderosa arma de información y propaganda: el computador de 'Reyes', que neutralizó muchos de los apoyos que tenían los guerrilleros en el exterior. En ese marzo negro murió un segundo miembro del Secretariado, asesinado por su propio escolta, en un acto sangriento que revela el resquebrajamiento moral en sectores de ese grupo; y como si fuera poco, moriría de viejo, y no en combate, el legendario líder guerrillero 'Tirofijo'. A los problemas de reconstituir una dirección se le sumó el golpe de mano que significó la Operación 'Jaque', en la que las Farc, engañadas por los militares, perdieron a 15 secuestrados, incluidos Íngrid Betancourt y tres estadounidenses. Perdieron el botín más importante para un posible intercambio.
Sin la bandera del canje, la guerrilla quedó reducida en el campo político a un intercambio de cartas con intelectuales. Lo cual no deja de ser paradójico en una guerrilla que siempre ha despreciado a quien no hable con el lenguaje de las armas. En el campo militar, según el observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris, las Farc incrementaron de manera aritmética los campos minados y los francotiradores. Métodos letales para la Fuerza Plública, pero que no representan para la guerrilla ninguna ventaja militar significativa.
No obstante, el momento actual es muy delicado. Los militares han probado las mieles del éxito y la guerrilla por primera vez está mordiendo el polvo. El gobierno no puede emborracharse de triunfo cuando justamente es necesario imaginarse cómo será el final de la partida. Quienes creen que el esfuerzo militar se puede sostener eternamente, y que la agonía de las Farc será paulatina, quizá se lleven una decepción. La crisis económica hace insostenible el ritmo de gasto militar que ha habido hasta ahora y, en términos realistas, no es factible aniquilar la guerrilla ni llevarla a la completa irrelevancia. Y aunque la palabra negociación a muchos sectores les suena a claudicación, más que su proscripción lo que se necesita es que se reinvente. En Colombia ya no será posible un escenario de diálogo tipo Caguán -especialmente porque no hay un clima de opinión favorable a él-, pero tampoco es realista pensar que las Farc harán una desmovilización como la de los paramilitares, ni mucho menos una rendición. Sin duda, el tema del diálogo y de cómo ponerle el fin a la guerra, en la que el Estado ya tiene una clara y seguramente irreversible ventaja, será el centro del debate el año próximo, cuando empieza en firme la campaña presidencial. La manida frase de que hay que reelegir la seguridad democrática no le da respuesta al gran interrogante que deja planteado 2008: ...y después de debilitar a las Farc, ¿qué sigue?
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