Las Farc quieren revivir la posibilidad de una negociación política. Análisis de SEMANA.
Sin despeje, sin contraprestaciones, sin mediación internacional y sin el show mediático de ocasiones anteriores, las Farc por fin liberarán a seis de los 24 secuestrados políticos y militares considerados canjeables y que llevan más de seis años secuestrados: el ex gobernador de Meta Alan Jara, el ex diputado del Valle Sigifredo López, tres policías y un soldado. No se trata de compasión, de remordimiento, ni de un repentino acogimiento de las normas humanitarias por parte del grupo insurgente. Detrás del gesto de la guerrilla hay una cuidadosa estrategia para reconfigurar el difícil escenario político y militar en el que quedó luego de los contundentes golpes que recibieron el año pasado: el bombardeo a 'Raúl Reyes', la muerte natural de 'Tirofijo', la exitosa Operación Jaque y una ofensiva de las Fuerzas Militares que los tiene acorralados.
Unos pocos años atrás, su estrategia de convertir el intercambio humanitario en una bandera política para cabalgar en el escenario internacional parecía no tener freno. Países europeos considerados pesos pesados, como Francia, Suiza y España, estaban seriamente interesados en que se lograra el canje entre los secuestrados políticos y guerrilleros presos. Y en 2007 el presidente venezolano, Hugo Chávez, también se la jugó por el mismo objetivo, primero con la autorización del gobierno colombiano, y luego sin ella, lo cual llevó a una tensión en las relaciones bilaterales.
El caso es que hace poco más de un año, en diciembre de 2007, las Farc lograron atraer el interés de la comunidad internacional, que envió decenas de delegados para ver la primera liberación unilateral de secuestrados. La masiva asistencia de enviados de América Latina respondía a que en el vecindario predominan los gobiernos de izquierda, muchos indulgentes con la lucha de las Farc. Hasta Hollywood tuvo su participación, cuando el conocido director Oliver Stone desembarcó en los Llanos a la espera de la ansiada libertad de Consuelo Perdomo, Clara Rojas y el niño Emmanuel. Pero, como quedó en evidencia, las Farc no tenían en su poder al menor, y el fiasco destruyó el tinglado que se había montado, ante la indignación de los colombianos.
No obstante, en enero y febrero de 2008 fueron liberados unilateralmente, y sobre el regazo de Chávez, seis políticos. Cuando la guerrilla había anunciado que no haría más gestos unilaterales y que insistiría en el intercambio humanitario, vinieron los golpes más duros contra el Secretariado en toda su historia: las muertes de 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos', y de su legendario líder Manuel Marulanda. La estocada final a su bandera del intercambio vino con la Operación Jaque, que les arrebató en sus narices a los secuestrados más preciados y que tenían más impacto internacional: Íngrid Betancourt y los tres norteamericanos.
Arrinconadas en lo militar, con millones de colombianos en las calles para expresar su repudio a sus actos de barbarie y con una comunidad internacional nuevamente indiferente ante el conflicto colombiano, las Farc quedaron sin ningún tipo de iniciativa.
Además, en la peor situación moral y sicológica en su larga vida revolucionaria. Con la sensación de estar vigilados e infiltrados, con desmovilizaciones diarias de sus tropas y con una profunda desconfianza hacia todos los mediadores y agentes humanitarios. Y, obviamente, con profunda rabia hacia el gobierno. La muerte de 'Tirofijo' dejó una sensación de orfandad, y el nuevo comandante en jefe, Alfonso Cano, está en la obligación de demostrar que es capaz de liderar esta guerrilla en el peor momento de su historia.
Ante semejante clima, la desconfianza se convirtió en regla. Las Farc no le creen a la Iglesia, ven con cierto recelo a la Cruz Roja y consideran traidor al gobierno. Los colombianos no le creen nada a la guerrilla, y el gobierno tilda a las Farc de tramposas. Así se tejió una especie de laberinto sin salida, con el agravante de que por lo menos 25 personas seguían agonizando en la selva ante la indiferencia de la comunidad internacional y el olvido de los colombianos.
Hasta cuando el intercambio epistolar con un grupo de intelectuales, y con Piedad Córdoba -denominado Colombianos por la Paz- le sirvió de pretexto al Secretariado para volver a hablar de liberaciones, de intercambio humanitario y del secuestro.
Pero ¿para dónde realmente van las Farc con estas liberaciones?
Durante varias décadas, las Farc estuvieron ebrias de sangre y pólvora. Atacaron pueblos, asesinaron políticos, secuestraron civiles y optaron por el camino de las organizaciones clandestinas. En fin, hicieron de la dialéctica del plomo su único lenguaje para ser oídos por la sociedad, mientras a su vez, eran sordas a los clamores de tregua que les hacían los gobiernos y el país.
Pero, ante la vertiginosa pérdida de terreno militar -quizá irreversible-, los jefes guerrilleros buscan un oxígeno urgente. Y el único instrumento que tienen hoy para ello son los secuestrados. Por eso es muy probable que vengan más liberaciones unilaterales como ésta. Es posible que insistan en un intercambio, pero sin las condiciones que han puesto en el pasado, como el despeje de territorio. Incluso, lo que habría detrás de estas liberaciones es el camino hacia el abandono del secuestro como arma de guerra, como ya se lo han hecho saber a varias de las personas que han tenido comunicación con miembros del Secretariado.
A pesar de la explicable desconfianza de la mayoría de los colombianos, hay varias razones que llevarían a las Farc a dejar ese delito de lesa humanidad. La primera es que el balance del secuestro ha sido nefasto para su lucha armada. Ante los ojos de la comunidad internacional son vistos hoy como viles criminales, salvo expresiones aisladas de caudillos neopopulistas estilo Chávez. Y ante los ojos de los colombianos aparecen como un grupo terrorista que sólo ha logrado un baño de sangre que los ha dejado con el terror como única fuente de poder.
Pero también hay razones prácticas. El secuestro requiere control de territorios, algo que la guerrilla ha perdido fuertemente, y un gran esfuerzo logístico. En una balanza de costo-beneficio, hoy para ellos es muy difícil secuestrar. De hecho, los secuestros de las Farc hoy no representan más del 20 por ciento del total de los que ocurren en el país, y eso que, según el gobierno, este delito ha disminuido en 89 por ciento. En cifras reales, mientras hace una década las guerrillas podían secuestrar a 1.500 personas al año, ahora esa cifra llega a 70, aproximadamente.
En cambio, la guerrilla ha encontrado en la extorsión a grandes empresas nacionales y extranjeras, una nueva fórmula de financiación. Necesitan menos logística, es rápida, y el castigo a quienes no cumplen con sus imposiciones es el sabotaje terrorista, como quedó demostrado la semana pasada cuando pusieron un petardo en la sede de Blockbuster, en el norte de Bogotá, que mató a dos personas.
Pero, más allá de las consideraciones sobre la suspensión del secuestro -que está por verse-, estas liberaciones son el preámbulo para ambientar la idea de una negociación de paz, que quieren y necesitan las Farc.
En ese contexto, las próximas elecciones son cruciales para ese grupo. Los años de Uribe los han dejado en agonía y un tercer período del Presidente los pone en riesgo de superviviencia. Muchos creen que Uribe buscará otros cuatro años para apostar por el aniquilamiento total de la guerrilla.
Las Farc consideran que con las liberaciones están debilitando la seguridad democrática y que si Alfonso Cano muestra la mano tendida, la negociación necesariamente se convertirá en un eje fundamental de la campaña de 2010. Obviamente la guerrilla preferiría negociar con un Presidente que no sea Uribe. Le gustaría un gobierno más blando, que les dé reconocimiento político y que les permita tomar aire y fortalecerse como lo han hecho en el pasado en treguas o procesos de paz. Situación que seguramente aprovecharían para recuperar su iniciativa militar, o para buscar una negociación donde ellos sean una contraparte fuerte. Exactamente lo que Uribe resume en una palabra: la hecatombe.
La anterior, sin embargo, es una lectura tan simple como ingenua. En primer lugar, porque en un eventual tercer gobierno de Álvaro Uribe es muy probable que él mismo empiece una negociación de paz. Uribe ha comandado bien la guerra y sería feliz sellando la paz. Aunque no parezca, Uribe sabe que en un territorio tan difícil y con narcotráfico es imposible liquidar una guerrilla a punta de plomo. Su meta, en últimas, es llevarlas a negociar sobre la base de la derrota militar. Algo que quizá no está muy lejano, pero que no alcanzará a hacer en un año y medio que le resta de gobierno. El problema es que una reelección de Uribe es absolutamente inconveniente para el país. Su permanencia en el poder es una bomba de tiempo para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes de cualquier democracia.
La otra falacia que ha hecho carrera es que un Presidente diferente a Uribe sería complaciente con las Farc y echaría atrás lo que se ha ganado con la seguridad democrática. Si algo ha quedado claro en estos años es que la seguridad ya es una política de Estado y un derecho que el ciudadano no se va a dejar quitar. Por eso, de la baraja de presidenciables con opción no existe alguno que se niegue a continuar con la ofensiva militar contra la guerrilla. Defender la seguridad democrática es necesario para la democracia y popular para el gobernante.
Pero así mismo, cualquiera que sea el próximo Presidente, tendrá que manejar la dialéctica de la mano dura de la guerra y la mano blanda de la salida política. Y la palabra negociación estará sobre la mesa del próximo gobernante de Colombia, sea Lucho Garzón, Sergio Fajardo, Juan Manuel Santos, Noemí Sanín o Germán Vargas Lleras. Cualquier político sensato sabe que es mejor terminar una guerra insurgente en una mesa de diálogo que permitir una sangrienta agonía costosa en lo humano y en lo material para el país que la sufre. Con el riesgo enorme de que sea una guerra que nunca termine y tenga ciclos recurrentes de ofensivas y contraofensivas. Algo que Colombia ya conoce, y no soporta más.
Sin embargo, un escenario de negociación no deja de ser complicado. Primero, porque a estas alturas ya no se sabe a quién representan las Farc. Difícilmente se les podrá reconocer la legitimidad para hablar de temas gruesos como la reforma agraria, pues hace tiempo esa guerrilla no representa más que su propia ambición criminal. En segundo lugar, la Ley de Justicia y Paz, que se hizo con los paramilitares, le puso un rasero a una negociación en el país que es difícil ignorar. Las víctimas se han convertido en protagonistas sociales muy importantes y no aguantarán una alta dosis de impunidad, que es a lo que aspirarían las Farc.
Tampoco será fácil bajar el estándar frente a la justicia internacional, que ha seguido con lupa el proceso con los paramilitares y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Colombia, donde las Farc han sido protagonistas. Como si fuera poco, las épocas de los 90 con el M-19, en las que se negociaba una tajada de poder político, parecen haber llegado a su fin. En Colombia se ha impuesto el modelo de la deserción, la entrega de armas y la reincorporación. Y justamente el debate sobre si concederles a las Farc poder político en una mesa es el nudo gordiano y lo que definirá en últimas el tipo de proceso que se podría adelantar.
Aun así, en el mejor de los casos las liberaciones podrían ser la primera piedra para abrir espacios de negociación para ponerle fin a la guerra. Pero existe un peligro. Que las Farc empiece a pisar los fangosos terrenos en los que quedó atrapado el ELN hace dos décadas, cuando decidió enarbolar la bandera de la mal llamada humanización de la guerra. En la práctica eso significaría hacer pequeñas concesiones en materia humanitaria, como abandonar el secuestro político, pero con la trampa de dejar abierta la puerta para seguir haciendo secuestros extorsivos. Estas medidas intermedias, que a primera vista hacen menos cruel la guerra, suelen servir, por el contrario, para prolongarla. Y para evitar que se hable de lo que realmente es importante: cómo ponerle fin al conflicto.
Algo a lo que muchas personas, de buena fe, le pueden hacer el juego, y que puede dejar atrapado al país por años en una guerra que los colombianos ya han padecido demasiado.
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en www.semana.com
sábado, 7 de marzo de 2009
Ni tan cambio, ni tan radical
La historia de este partido muestra su rápido crecimiento y sus lunares.
César Paredes, periodista de Semana.com
Cambio Radical se formó como resultado de una disidencia del Partido Liberal. Varios líderes políticos se reunieron a principios de 1998 para crear un nuevo movimiento “con ideología liberal, pero distinto al de la continuidad de las viejas costumbres políticas, que habían permitido la infiltración de los corruptos y del narcotráfico”, reza en su historia oficial. En su primera convención logró la asistencia de cerca de 1.200 personas.
Este movimiento apoyó la campaña de Andrés Pastrana, tras la renuncia a la candidatura de Alfonso Valdivieso. En esas elecciones logró conquistar cinco curules en el Senado y nueve en la Cámara, al igual que varios puestos burocráticos en el gobierno.
Para las elecciones de 2002, el movimiento hizo una consulta interna que resultó en el apoyo al entonces candidato Álvaro Uribe. En esas elecciones logró conservar los cinco escaños en el Senado y aumentó a 10 la representación en la Cámara. En 2003 el movimiento se convirtió en partido, pues logró el mínimo de representación necesaria.
A mediados de 2003 entraron a integrar el partido, Germán Varón, el actual presidente de la Cámara, y el ex senador Germán Vargas Lleras. Un año más tarde, Vargas Lleras fue elegido como Presidente de la colectividad.
En 2006 los movimientos políticos Colombia Siempre, Renovador de Acción Laboral Moral, Nuevo Liberalismo, Voluntad Popular Pas y los partidos Nacional Cristiano y Voluntad Popular, que no alcanzaron la cantidad de votos necesaria para continuar con personería jurídica, se adhirieron a Cambio Radical. Esta adhesión junto a la llegada de Vargas Lleras significó el fortalecimiento del partido.
En las elecciones al Congreso de 2006 Vargas Lleras fue el congresista con mayor respaldo en las urnas con 223.330 sufragios. El partido logró obtener 15 curules en el Senado y 21 en la Cámara. No obstante, el apoyo reflejado en las urnas quedó en entredicho con el escándalo de la parapolítica.
Uno de los implicados en el escándalo es el ex gobernador de Arauca Julio Acosta Bernal, prófugo de la justicia, quien enfrenta un proceso penal por su presunta relación con paramilitares. Uno de los testimonios que pesan en contra de Acosta es el del Manuel Mejía Múnera, alias el Mellizo, quien afirmó que el ex gobernador “tenía mando sobre el bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas" y reveló detalles del supuesto apoyo este grupo paramilitar. Según Múnera, los paramilitares le prestaron 500 millones de pesos para financiar su campaña. Uno de los hijos de Acosta, Julio César, es concejal de Bogotá por el partido que lidera Vargas Lleras.
Además, seis de los 15 senadores de Cambio Radical que logaron conquistar una curul en 2006 están salpicados por sus presuntas relaciones con paramilitares: Reginaldo Montes fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. En su lugar entró Humberto Builes quien está detenido por los mismos hechos. Rubén Darío Quintero, Miguel Pinedo y Luis Carlos Torres, renunciaron a su fuero parlamentario para ser procesados por la justicia ordinaria. Los dos primeros están detenidos. Y Antonio Guerra de la Espriella, Nancy Patricia Gutiérrez y David Char tienen abierta una investigación preliminar.
De la Cámara fueron detenidos los representantes de Cambio Radical, Óscar Wilches, Karelly Patricia Lara Vence y Alonso de Jesús Ramírez quien reemplazó a esta última. También están implicados en las investigaciones dos alcaldes de Casanare. En 2006 ya había sido condenada la representante Muriel Benito Rebollo, quien fue congresista en la legislatura pasada.
De esta manera, Cambio Radical el partido que surgió como disidencia del Partido Liberal y en reacción al proceso 8 mil, llegó a ser cuestionado por avalar a políticos que le pusieran votos, sin mayor investigación sobre sus posibles nexos con el paramilitarismo. Así desvirtuó su intención de apartarse de las prácticas que enlodaron la política en el pasado.
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César Paredes, periodista de Semana.com
Cambio Radical se formó como resultado de una disidencia del Partido Liberal. Varios líderes políticos se reunieron a principios de 1998 para crear un nuevo movimiento “con ideología liberal, pero distinto al de la continuidad de las viejas costumbres políticas, que habían permitido la infiltración de los corruptos y del narcotráfico”, reza en su historia oficial. En su primera convención logró la asistencia de cerca de 1.200 personas.
Este movimiento apoyó la campaña de Andrés Pastrana, tras la renuncia a la candidatura de Alfonso Valdivieso. En esas elecciones logró conquistar cinco curules en el Senado y nueve en la Cámara, al igual que varios puestos burocráticos en el gobierno.
Para las elecciones de 2002, el movimiento hizo una consulta interna que resultó en el apoyo al entonces candidato Álvaro Uribe. En esas elecciones logró conservar los cinco escaños en el Senado y aumentó a 10 la representación en la Cámara. En 2003 el movimiento se convirtió en partido, pues logró el mínimo de representación necesaria.
A mediados de 2003 entraron a integrar el partido, Germán Varón, el actual presidente de la Cámara, y el ex senador Germán Vargas Lleras. Un año más tarde, Vargas Lleras fue elegido como Presidente de la colectividad.
En 2006 los movimientos políticos Colombia Siempre, Renovador de Acción Laboral Moral, Nuevo Liberalismo, Voluntad Popular Pas y los partidos Nacional Cristiano y Voluntad Popular, que no alcanzaron la cantidad de votos necesaria para continuar con personería jurídica, se adhirieron a Cambio Radical. Esta adhesión junto a la llegada de Vargas Lleras significó el fortalecimiento del partido.
En las elecciones al Congreso de 2006 Vargas Lleras fue el congresista con mayor respaldo en las urnas con 223.330 sufragios. El partido logró obtener 15 curules en el Senado y 21 en la Cámara. No obstante, el apoyo reflejado en las urnas quedó en entredicho con el escándalo de la parapolítica.
Uno de los implicados en el escándalo es el ex gobernador de Arauca Julio Acosta Bernal, prófugo de la justicia, quien enfrenta un proceso penal por su presunta relación con paramilitares. Uno de los testimonios que pesan en contra de Acosta es el del Manuel Mejía Múnera, alias el Mellizo, quien afirmó que el ex gobernador “tenía mando sobre el bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas" y reveló detalles del supuesto apoyo este grupo paramilitar. Según Múnera, los paramilitares le prestaron 500 millones de pesos para financiar su campaña. Uno de los hijos de Acosta, Julio César, es concejal de Bogotá por el partido que lidera Vargas Lleras.
Además, seis de los 15 senadores de Cambio Radical que logaron conquistar una curul en 2006 están salpicados por sus presuntas relaciones con paramilitares: Reginaldo Montes fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. En su lugar entró Humberto Builes quien está detenido por los mismos hechos. Rubén Darío Quintero, Miguel Pinedo y Luis Carlos Torres, renunciaron a su fuero parlamentario para ser procesados por la justicia ordinaria. Los dos primeros están detenidos. Y Antonio Guerra de la Espriella, Nancy Patricia Gutiérrez y David Char tienen abierta una investigación preliminar.
De la Cámara fueron detenidos los representantes de Cambio Radical, Óscar Wilches, Karelly Patricia Lara Vence y Alonso de Jesús Ramírez quien reemplazó a esta última. También están implicados en las investigaciones dos alcaldes de Casanare. En 2006 ya había sido condenada la representante Muriel Benito Rebollo, quien fue congresista en la legislatura pasada.
De esta manera, Cambio Radical el partido que surgió como disidencia del Partido Liberal y en reacción al proceso 8 mil, llegó a ser cuestionado por avalar a políticos que le pusieran votos, sin mayor investigación sobre sus posibles nexos con el paramilitarismo. Así desvirtuó su intención de apartarse de las prácticas que enlodaron la política en el pasado.
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El ‘dossier’ secreto de los falsos positivos
SEMANA revela el informe con el cual se destituyeron 27 oficiales del Ejército por falsos positivos y que había sido mantenido en secreto desde octubre. El problema es más profundo de lo que se cree.
En octubre pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe conoció la investigación interna que había hecho el Ministerio de Defensa sobre falsos positivos, se puso pálido y se desplomó en una silla de su despacho. No era para menos. Los detalles sobre cada una de las muertes eran escabrosos y reveladores. "Yo he pedido resultados, no crímenes", dijo en ese momento, y tomó la decisión de destituir a 27 militares, muchos de ellos de alto rango. El informe de 70 páginas que tenía en sus manos documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.
El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman "kit de legalizaciones".
La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de 'Murciélago', y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.
La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias 'Murciélago'. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.
El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias "legalizaciones" de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.
Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.
Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la 'Tortuga' porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la 'Tortuga' nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.
La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.
No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.
El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.
Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.
La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.
De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.
Hay que aclarar que la comisión del Ministerio de Defensa no hizo una investigación criminal. Este fue un grupo transitorio, liderado por el general Carlos Arturo Suárez, para saber qué había ocurrido realmente. Lo que encontraron es que el desgreño y la negligencia de muchos comandantes les facilitó la tarea a los criminales. Y aunque muchos oficiales en retiro y activos han intentado convencer al presidente Álvaro Uribe de que se apresuró al destituir a los 27 militares, y le han hecho dudar de si tal vez cometió una injusticia con muchos de los llamados héroes de la patria, el informe muestra problemas más profundos que la simple omisión de un puñado de oficiales.
A los crímenes de lesa humanidad que eventualmente se hayan podido cometer, se les agrega la evidente corrupción en muchos niveles. Por ejemplo, en el informe queda claro que hay una vena rota en la pérdida de munición. Es obvio que por esta vía se está alimentando un mercado negro del que se benefician, irónicamente, los grupos armados que el Ejército combate.
Por otro lado, el informe muestra que el afán de resultados ha hecho que los altos oficiales no se interesen en averiguar cómo se obtienen las bajas. Había muy poco control y siempre se desestimaron las denuncias sobre ejecuciones, con el argumento de que era una guerra "jurídica" de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esta negligencia es el trato que recibió el sargento Alexánder Rodríguez, quien hace un año denunció ante la justicia los homicidios que estaba cometiendo la Brigada Móvil XV, de la que él hizo parte. Tres días después de radicar su denuncia, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo retiró de la institución, mientras al comandante de dicha Brigada, coronel Santiago Herrera, lo nombró su ayudante personal. En menos de un año Montoya mismo tuvo que destituir a su hombre de confianza por el caso de los jóvenes de Soacha. Quizá si en su momento hubiese escuchado al sargento Rodríguez, se habrían ahorrado muchas muertes.
Lo grave es que aunque el informe se centra en los casos antes descritos, el problema se presenta en muchas más brigadas. La semana pasada fueron destituídos 10 oficiales del Batallón La Popa de Valledupar, donde una nueva misión del general Suárez mostró un panorama similar. Y la decisión del ministro Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla de León es llegar al fondo del problema y acabar con esta práctica infame. Ya se están aplicando correctivos. En 2008 hubo 40 denuncias por falsos positivos. Una cifra mucho más baja que las de años anteriores, pero demasiado alta para un país que se precia de ser una democracia y un Estado de Derecho.
Muchos militares ven con malos ojos esta tendencia de destituir a los militares antes de que la Fiscalía compruebe su responsabilidad penal, y más aun hacerlo en público. En diciembre pasado, los oficiales en retiro le advirtieron al Presidente que el Ejército estaba desmoralizado y que incluso sus miembros no estaban combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Eso no es tan cierto. Según fuentes del Ejército, efectivamente han bajado las operaciones y las bajas, pero esto se debe justamente a que las Farc están debilitadas y a los cambios de comandancia en casi todas las unidades.
Pero, además de los problemas administrativos y de la falta de control, hay otros asuntos que merecen un revisión por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos militares destituidos eran considerados los mejores del Ejército. Y eso plantea preguntas morales. Muchos de estos hombres han ido borrando las fronteras entre el bien y el mal. Algo que suele ocurrir en conflictos irregulares y prolongados, donde el riesgo de degradarse como ser humano es constante.
Además, existe un gran interrogante sobre la consolidación de la seguridad democrática. Es llamativo que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde prácticamente no hay guerrilla. Hace seis años el país tenía grupos armados por todas partes. Hoy una gran porción de territorio está libre de ellos. Los propios militares dicen que 19 frentes de las Farc desaparecieron y que se acerca el "fin del fin". Tampoco hay claridad sobre la magnitud que tienen las bandas criminales. Pero a los batallones que están en zonas prácticamente liberadas les siguen midiendo el éxito por sus combates. Quizá por eso muchos han tenido la macabra idea de crear estos falsos positivos. Vale la pena preguntarse, como lo hizo recientemente el académico José Fernando Isaza en su columna de El Espectador, si ha llegado la hora, en muchos territorios, de fortalecer más a la Policía que al Ejército.
Del informe también se desprenden dos dilemas que las Fuerzas Armadas deben resolver en lo inmediato. Cómo combinar una estrategia de conflicto con las del posconflicto que viven zonas ya medianamente liberadas de guerrilla y grupos paramilitares. Y cómo construir una ética de los derechos humanos sin que se inmovilice la iniciativa de la guerra.
En todo caso, el documento deja claro que el gobierno al destituir a los militares tomó una decisión acorde con la gravedad de los hechos. Hasta ahora, en las filas militares se había pensado que las faltas administrativas eran apenas errores de forma, pero las evidencias demuestran que se pueden llegar a convertir en el talón de Aquiles para ganar la guerra porque atentan contra el alma de la legitimidad del Estado. Ello, independientemente de lo que determine la Fiscalía, que en los próximos días decidirá cuáles de todos estos oficiales actuaron como criminales.
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En octubre pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe conoció la investigación interna que había hecho el Ministerio de Defensa sobre falsos positivos, se puso pálido y se desplomó en una silla de su despacho. No era para menos. Los detalles sobre cada una de las muertes eran escabrosos y reveladores. "Yo he pedido resultados, no crímenes", dijo en ese momento, y tomó la decisión de destituir a 27 militares, muchos de ellos de alto rango. El informe de 70 páginas que tenía en sus manos documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.
El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman "kit de legalizaciones".
La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de 'Murciélago', y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.
La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias 'Murciélago'. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.
El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias "legalizaciones" de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.
Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.
Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la 'Tortuga' porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la 'Tortuga' nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.
La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.
No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.
El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.
Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.
La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.
De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.
Hay que aclarar que la comisión del Ministerio de Defensa no hizo una investigación criminal. Este fue un grupo transitorio, liderado por el general Carlos Arturo Suárez, para saber qué había ocurrido realmente. Lo que encontraron es que el desgreño y la negligencia de muchos comandantes les facilitó la tarea a los criminales. Y aunque muchos oficiales en retiro y activos han intentado convencer al presidente Álvaro Uribe de que se apresuró al destituir a los 27 militares, y le han hecho dudar de si tal vez cometió una injusticia con muchos de los llamados héroes de la patria, el informe muestra problemas más profundos que la simple omisión de un puñado de oficiales.
A los crímenes de lesa humanidad que eventualmente se hayan podido cometer, se les agrega la evidente corrupción en muchos niveles. Por ejemplo, en el informe queda claro que hay una vena rota en la pérdida de munición. Es obvio que por esta vía se está alimentando un mercado negro del que se benefician, irónicamente, los grupos armados que el Ejército combate.
Por otro lado, el informe muestra que el afán de resultados ha hecho que los altos oficiales no se interesen en averiguar cómo se obtienen las bajas. Había muy poco control y siempre se desestimaron las denuncias sobre ejecuciones, con el argumento de que era una guerra "jurídica" de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esta negligencia es el trato que recibió el sargento Alexánder Rodríguez, quien hace un año denunció ante la justicia los homicidios que estaba cometiendo la Brigada Móvil XV, de la que él hizo parte. Tres días después de radicar su denuncia, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo retiró de la institución, mientras al comandante de dicha Brigada, coronel Santiago Herrera, lo nombró su ayudante personal. En menos de un año Montoya mismo tuvo que destituir a su hombre de confianza por el caso de los jóvenes de Soacha. Quizá si en su momento hubiese escuchado al sargento Rodríguez, se habrían ahorrado muchas muertes.
Lo grave es que aunque el informe se centra en los casos antes descritos, el problema se presenta en muchas más brigadas. La semana pasada fueron destituídos 10 oficiales del Batallón La Popa de Valledupar, donde una nueva misión del general Suárez mostró un panorama similar. Y la decisión del ministro Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla de León es llegar al fondo del problema y acabar con esta práctica infame. Ya se están aplicando correctivos. En 2008 hubo 40 denuncias por falsos positivos. Una cifra mucho más baja que las de años anteriores, pero demasiado alta para un país que se precia de ser una democracia y un Estado de Derecho.
Muchos militares ven con malos ojos esta tendencia de destituir a los militares antes de que la Fiscalía compruebe su responsabilidad penal, y más aun hacerlo en público. En diciembre pasado, los oficiales en retiro le advirtieron al Presidente que el Ejército estaba desmoralizado y que incluso sus miembros no estaban combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Eso no es tan cierto. Según fuentes del Ejército, efectivamente han bajado las operaciones y las bajas, pero esto se debe justamente a que las Farc están debilitadas y a los cambios de comandancia en casi todas las unidades.
Pero, además de los problemas administrativos y de la falta de control, hay otros asuntos que merecen un revisión por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos militares destituidos eran considerados los mejores del Ejército. Y eso plantea preguntas morales. Muchos de estos hombres han ido borrando las fronteras entre el bien y el mal. Algo que suele ocurrir en conflictos irregulares y prolongados, donde el riesgo de degradarse como ser humano es constante.
Además, existe un gran interrogante sobre la consolidación de la seguridad democrática. Es llamativo que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde prácticamente no hay guerrilla. Hace seis años el país tenía grupos armados por todas partes. Hoy una gran porción de territorio está libre de ellos. Los propios militares dicen que 19 frentes de las Farc desaparecieron y que se acerca el "fin del fin". Tampoco hay claridad sobre la magnitud que tienen las bandas criminales. Pero a los batallones que están en zonas prácticamente liberadas les siguen midiendo el éxito por sus combates. Quizá por eso muchos han tenido la macabra idea de crear estos falsos positivos. Vale la pena preguntarse, como lo hizo recientemente el académico José Fernando Isaza en su columna de El Espectador, si ha llegado la hora, en muchos territorios, de fortalecer más a la Policía que al Ejército.
Del informe también se desprenden dos dilemas que las Fuerzas Armadas deben resolver en lo inmediato. Cómo combinar una estrategia de conflicto con las del posconflicto que viven zonas ya medianamente liberadas de guerrilla y grupos paramilitares. Y cómo construir una ética de los derechos humanos sin que se inmovilice la iniciativa de la guerra.
En todo caso, el documento deja claro que el gobierno al destituir a los militares tomó una decisión acorde con la gravedad de los hechos. Hasta ahora, en las filas militares se había pensado que las faltas administrativas eran apenas errores de forma, pero las evidencias demuestran que se pueden llegar a convertir en el talón de Aquiles para ganar la guerra porque atentan contra el alma de la legitimidad del Estado. Ello, independientemente de lo que determine la Fiscalía, que en los próximos días decidirá cuáles de todos estos oficiales actuaron como criminales.
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jueves, 5 de marzo de 2009
¿Qué tan Partido está Cambio Radical?
La aspiración de Germán Vargas Lleras a la Presidencia ha dividido a su partido entre quienes apoyan la reelección de Uribe y quienes lo respaldan a él.
César Paredes, periodista de Semana.com
En los últimos días Cambio Radical ha sido centro de un agitado debate debido a su distanciamiento del uribismo. Esta colectividad fue fiel al gobierno hasta el año pasado cuando se discutió en la Comisión Primera del Senado el proyecto de Reforma Política y Germán Vargas Lleras, jefe del partido, dio la orden desde el exterior (donde estaba estudiando) de votarla favorablemente mientras el gobierno hacía lo posible por hundirla.
El proyecto incluía la sanción de la pérdida de la curul a los partidos cuyos miembros estuvieran implicados en el escándalo de la parapolítica. Así las mayorías del gobierno quedarían diezmadas. Ante la presión del Ejecutivo, sin embargo, la iniciativa sucumbió.
Pero fue otro proyecto de ley el que terminó por romper el cordón que unía a este partido con el gobierno: el de referendo para la reelección presidencial. Desde el principio Cambio Radical advirtió que votaría a favor del texto que pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con el hecho de que un Presidente, “que haya ejercido” dos períodos constitucionales, pueda ser elegido para otro período. Con esta decisión sumada a la renuncia de Vargas Lleras al Senado, quedó en evidencia su aspiración presidencial.
El texto de la pregunta dio paso a una interpretación polémica: de ser aprobado, Uribe solo podría aspirar a una reelección después de terminar su mandato cabalmente, es decir, en 2014. De esta manera, Cambio Radical buscó salvar su imagen frente al gobierno apoyándose en esta interpretación: no se opuso férreamente a la reelección, lo cual podría acarrearle un alto costo político, y defendió la necesidad de un respiro en la democracia.
Pero en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara quedó demostrado que la colectividad tenía la orden de hundir el proyecto con la dilación de su debate alentada por el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, quien también pertenece a la organización. No obstante, varios representantes mostraron fidelidad al gobierno en contravía de la dirección del partido.
A comienzo de este año, Vargas Lleras calificó como retaliación del gobierno contra su partido, la renuncia presionada de varios funcionarios que eran cuotas burocráticas de la colectividad. También acusó al gobierno de querer dividir a Cambio Radical. El aspirante presidencial comparó a algunos congresistas que se ampararon en Uribe con Teodolindo Avendaño, quien está acusado de haber recibido favores a cambio de ayudar a la aprobación de la primera reelección de Uribe.
El representante a la Cámara, Roy Barreras, quien ha sido uno de los mayores contradictores de Vargas Lleras dentro de su colectividad, ha respondido acusándolo de deslealtad con el gobierno. Y contrario a lo que dicen los seguidores de Vargas Lleras, ha afirmado que la mayoría apoya al gobierno y si esta tuviera que decidir entre Uribe y el dirigente de Cambio Radical, optaría por el Presidente.
Esta serie de hechos amenazan con fracturar la unidad partidista. El tema de fondo, sin embargo, es si lo que le pasa realmente a Cambio Radical es que nunca se consolidó realmente como un partido, sino fue más un caudillo que consiguió unir tras de sí todo tipo de intereses e ideologías diversas.
Algo similar a lo que sucedió en el Partido de la U, según dice el analista político Fernando Giraldo, porque “después de la reforma de 2003, que redujo el número de partidos, muchos líderes políticos que compartían el uribismo, se refugiaron en ese partido”.
Este hecho permitió el ingreso de políticos de distintas corrientes, lo cual impide una identificación ideológica clara del partido.
La segunda razón, que según Giraldo explica las fracturas del Cambio Radical es que “miembros de la colectividad se han sentido agraviados con el talante del actual director de la organización y en medio de la crisis le están pasando la cuenta de cobro”.
Y la tercera es que “el gobierno ha encontrado en Cambio Radical un obstáculo para su propósito de promover una candidatura única que surja del uribismo para las próximas elecciones e intenta minar su disciplina para sacarlo del juego”.
Vargas Lleras fue uno de los primeros que sin esperar a que Uribe se decidiera si iba o no a aspirar a otro período presidencial, comenzó a hacer campaña. Para muchos él es quien más se parece al Primer Mandatario y quien reproduciría fielmente su política.
A pesar de su gran clientela política con presencia en todo el país, no se sería fácil competir por la Presidencia enfrentado al uribismo, si éste logra ponerse de acuerdo en un candidato único.
Lo que debe ser un partido
La semana pasada la senadora del Partido de la U, Martha Lucía Ramírez expresó su preocupación porque el debate de los partidos uribistas en los últimos días se ha centrado en la posibilidad de una nueva reelección del Presidente y ha dejado de lado temas trascendentales como la crisis financiera, la educación y el desempleo, entre otros.
Cambio Radical no escapa a esta crítica. La última reunión entre los senadores del partido giró en torno a la discusión de si iban o no a apoyar el referendo reeleccionista y según el mismo Roy Barreras el partido llevaba más de un año sin reunirse.
Este partido no ha logrado cohesionar a sus militantes alrededor de un interés o unos ideales, sino que al igual que la U, gira alrededor de un caudillo. Esto pone al partido en una permanente debilidad, pues depende de los amores y desamores del líder, quién siga fiel y quién no.
En entrevista con Semana.com la senadora Ramírez afirmó que Cambio Radical al igual que a los demás partidos necesitan fortalecerse, “ideológica y programáticamente. Un partido debe ser un conjunto de personas comprometidos con una visión del país”, dijo la senadora.
En una democracia, los partidos deben ser canales que faciliten el acceso ciudadano al Estado y canalicen la lucha política por el poder. Y como dijo Giraldo, “Cuando se debilitan, son suplantados por otros poderes”.
Lea el artículo Ni tan cambio, ni tan radical
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César Paredes, periodista de Semana.com
En los últimos días Cambio Radical ha sido centro de un agitado debate debido a su distanciamiento del uribismo. Esta colectividad fue fiel al gobierno hasta el año pasado cuando se discutió en la Comisión Primera del Senado el proyecto de Reforma Política y Germán Vargas Lleras, jefe del partido, dio la orden desde el exterior (donde estaba estudiando) de votarla favorablemente mientras el gobierno hacía lo posible por hundirla.
El proyecto incluía la sanción de la pérdida de la curul a los partidos cuyos miembros estuvieran implicados en el escándalo de la parapolítica. Así las mayorías del gobierno quedarían diezmadas. Ante la presión del Ejecutivo, sin embargo, la iniciativa sucumbió.
Pero fue otro proyecto de ley el que terminó por romper el cordón que unía a este partido con el gobierno: el de referendo para la reelección presidencial. Desde el principio Cambio Radical advirtió que votaría a favor del texto que pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con el hecho de que un Presidente, “que haya ejercido” dos períodos constitucionales, pueda ser elegido para otro período. Con esta decisión sumada a la renuncia de Vargas Lleras al Senado, quedó en evidencia su aspiración presidencial.
El texto de la pregunta dio paso a una interpretación polémica: de ser aprobado, Uribe solo podría aspirar a una reelección después de terminar su mandato cabalmente, es decir, en 2014. De esta manera, Cambio Radical buscó salvar su imagen frente al gobierno apoyándose en esta interpretación: no se opuso férreamente a la reelección, lo cual podría acarrearle un alto costo político, y defendió la necesidad de un respiro en la democracia.
Pero en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara quedó demostrado que la colectividad tenía la orden de hundir el proyecto con la dilación de su debate alentada por el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, quien también pertenece a la organización. No obstante, varios representantes mostraron fidelidad al gobierno en contravía de la dirección del partido.
A comienzo de este año, Vargas Lleras calificó como retaliación del gobierno contra su partido, la renuncia presionada de varios funcionarios que eran cuotas burocráticas de la colectividad. También acusó al gobierno de querer dividir a Cambio Radical. El aspirante presidencial comparó a algunos congresistas que se ampararon en Uribe con Teodolindo Avendaño, quien está acusado de haber recibido favores a cambio de ayudar a la aprobación de la primera reelección de Uribe.
El representante a la Cámara, Roy Barreras, quien ha sido uno de los mayores contradictores de Vargas Lleras dentro de su colectividad, ha respondido acusándolo de deslealtad con el gobierno. Y contrario a lo que dicen los seguidores de Vargas Lleras, ha afirmado que la mayoría apoya al gobierno y si esta tuviera que decidir entre Uribe y el dirigente de Cambio Radical, optaría por el Presidente.
Esta serie de hechos amenazan con fracturar la unidad partidista. El tema de fondo, sin embargo, es si lo que le pasa realmente a Cambio Radical es que nunca se consolidó realmente como un partido, sino fue más un caudillo que consiguió unir tras de sí todo tipo de intereses e ideologías diversas.
Algo similar a lo que sucedió en el Partido de la U, según dice el analista político Fernando Giraldo, porque “después de la reforma de 2003, que redujo el número de partidos, muchos líderes políticos que compartían el uribismo, se refugiaron en ese partido”.
Este hecho permitió el ingreso de políticos de distintas corrientes, lo cual impide una identificación ideológica clara del partido.
La segunda razón, que según Giraldo explica las fracturas del Cambio Radical es que “miembros de la colectividad se han sentido agraviados con el talante del actual director de la organización y en medio de la crisis le están pasando la cuenta de cobro”.
Y la tercera es que “el gobierno ha encontrado en Cambio Radical un obstáculo para su propósito de promover una candidatura única que surja del uribismo para las próximas elecciones e intenta minar su disciplina para sacarlo del juego”.
Vargas Lleras fue uno de los primeros que sin esperar a que Uribe se decidiera si iba o no a aspirar a otro período presidencial, comenzó a hacer campaña. Para muchos él es quien más se parece al Primer Mandatario y quien reproduciría fielmente su política.
A pesar de su gran clientela política con presencia en todo el país, no se sería fácil competir por la Presidencia enfrentado al uribismo, si éste logra ponerse de acuerdo en un candidato único.
Lo que debe ser un partido
La semana pasada la senadora del Partido de la U, Martha Lucía Ramírez expresó su preocupación porque el debate de los partidos uribistas en los últimos días se ha centrado en la posibilidad de una nueva reelección del Presidente y ha dejado de lado temas trascendentales como la crisis financiera, la educación y el desempleo, entre otros.
Cambio Radical no escapa a esta crítica. La última reunión entre los senadores del partido giró en torno a la discusión de si iban o no a apoyar el referendo reeleccionista y según el mismo Roy Barreras el partido llevaba más de un año sin reunirse.
Este partido no ha logrado cohesionar a sus militantes alrededor de un interés o unos ideales, sino que al igual que la U, gira alrededor de un caudillo. Esto pone al partido en una permanente debilidad, pues depende de los amores y desamores del líder, quién siga fiel y quién no.
En entrevista con Semana.com la senadora Ramírez afirmó que Cambio Radical al igual que a los demás partidos necesitan fortalecerse, “ideológica y programáticamente. Un partido debe ser un conjunto de personas comprometidos con una visión del país”, dijo la senadora.
En una democracia, los partidos deben ser canales que faciliten el acceso ciudadano al Estado y canalicen la lucha política por el poder. Y como dijo Giraldo, “Cuando se debilitan, son suplantados por otros poderes”.
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Familias de un celador y una ejecutiva, enlutadas por igual por atentado en el norte de Bogotá
Carlos Romero llevaba dos días trabajando en la tienda de alquiler de videos Blockbuster y presentía lo peor. Diana Margarita Mora aprovechaba los descuentos de los martes para alquilar películas.
A medio camino a pie entre las clases nocturnas de segundo nivel de inglés y su casa, la ejecutiva de 50 años hizo la parada obligada de los martes.Ese día, el plan era alquilar unas cuantas películas en la tienda Blockbuster de la calle 82 con carrera 9 e ir a ver unas cuantas con sus nietas, de 7 y 3 años, según contó un hermano.
Mora vivía a una cuadra, en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá. Desde febrero del año pasado era la subdirectora de compras y contratos de la firma petrolera Cepcolsa, un cargo más alto que los que ocupó en Petrobras por casi 13 años. Desde hace tres meses, y como nunca en años, tenía una relación amorosa que pintaba para matrimonio. La vida iba viento en popa, según su hija, Laura.
A Carlos Romero Echeverría, de 30 años, en cambio, la noche del martes le llegó en medio de las dificultades de un traslado laboral que no quería, y lejos de su casa del barrio Diana Turbay, en el extremo sur de la ciudad.Hacía dos noches era el vigilante del parqueadero de la misma tienda de videos a la que Mora solía ir. La palabra Blockbuster le daba pánico, pues su mejor amigo, también vigilante, estuvo a punto de morir hacía siete meses en un atentado a esa cadena.
Tampoco sabía manejar la caja del negocio, y evitaba los turnos nocturnos, porque llegar a medianoche al barrio era difícil por los problemas de seguridad.A los dos los describen como personas serenas. Los dos se ganaban a la gente por su buen humor y su optimismo. A los dos los familiares los creyeron vivos después de que en la televisión interrumpieron el partido de fútbol para anunciar un ataque terrorista con dos muertos. Como a cualquiera, a nadie se le ocurrió pensar que ellos eran la clase de personas que mueren así.
Le huía a la muerte
"Yo me hago sacar de ahí; yo mañana no vuelvo", recuerda Cleofelina Echeverría que le dijo su sobrino a su hermana el mismo martes, antes de irse a trabajar, recostado junto a ella en una cama.No lo dijo muy convencido, pues él era el único sustento de su familia -vivía con su mamá, su padrastro y su hermano en una casa arrendada por 250.000 pesos mensuales- y no era fácil pensar en sacrificar el único trabajo que había tenido, en el que llevaba 8 años.
John Alexánder Casallas, hermano menor (por parte de madre), dice que los temores a dejar sola a su familia venían desde que terminó el colegio y tuvo que definir su situación militar. "No fue a prestar servicio militar, porque le tenía mucho pavor a la muerte", dice John, de 20 años.
Su tiempo libre lo pasaba en su casa, adonde llegaban sus amigos a jugar Playstation (juegos de video), y los domingos salía a la ciclovía. "La cicla la tiene 'reelegante'; le metió mucha plata. No sé qué voy a hacer con esa cicla ahora", agrega.
A Diana Margarita Mora también le gustaba la actividad física. "Era una mujer de 50 años que se veía demasiado joven. Por eso es que los medios decían que era una estudiante de 26 a 30 años", afirma Laura, su hija (no quiso revelar su apellido), quien espera su tercer hijo.
"Estaba muy ilusionada por mi embarazo. Hace muchos años no tenía planes, pero este año sí tenía muchos", dice Laura.
Ayudas para los damnificados
Además de las dos personas muertas, el atentado al Blockbuster dejó 54 casas, 4 locales comerciales y 10 vehículos con serios daños.Tanto a las familias de las víctimas como a los propietarios de los predios y carros, el Gobierno nacional les entregará una ayuda económica y la posibilidad de acceder a créditos blandos.
Los familiares de Diana Margarita Mora y de Carlos Romero recibirán 40 salarios mínimos mensuales (unos 19 millones 880 mil pesos), mientras el resto podrá disponer de dos salarios mínimos (994 mil pesos). Los damnificados deben presentar la cédula de ciudadanía, y en el caso de los dueños de carros, además, la tarjeta de propiedad.
Con reportería de Marcela Vargas, de CityNoticias
Publicado en
www.eltiempo.com
A medio camino a pie entre las clases nocturnas de segundo nivel de inglés y su casa, la ejecutiva de 50 años hizo la parada obligada de los martes.Ese día, el plan era alquilar unas cuantas películas en la tienda Blockbuster de la calle 82 con carrera 9 e ir a ver unas cuantas con sus nietas, de 7 y 3 años, según contó un hermano.
Mora vivía a una cuadra, en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá. Desde febrero del año pasado era la subdirectora de compras y contratos de la firma petrolera Cepcolsa, un cargo más alto que los que ocupó en Petrobras por casi 13 años. Desde hace tres meses, y como nunca en años, tenía una relación amorosa que pintaba para matrimonio. La vida iba viento en popa, según su hija, Laura.
A Carlos Romero Echeverría, de 30 años, en cambio, la noche del martes le llegó en medio de las dificultades de un traslado laboral que no quería, y lejos de su casa del barrio Diana Turbay, en el extremo sur de la ciudad.Hacía dos noches era el vigilante del parqueadero de la misma tienda de videos a la que Mora solía ir. La palabra Blockbuster le daba pánico, pues su mejor amigo, también vigilante, estuvo a punto de morir hacía siete meses en un atentado a esa cadena.
Tampoco sabía manejar la caja del negocio, y evitaba los turnos nocturnos, porque llegar a medianoche al barrio era difícil por los problemas de seguridad.A los dos los describen como personas serenas. Los dos se ganaban a la gente por su buen humor y su optimismo. A los dos los familiares los creyeron vivos después de que en la televisión interrumpieron el partido de fútbol para anunciar un ataque terrorista con dos muertos. Como a cualquiera, a nadie se le ocurrió pensar que ellos eran la clase de personas que mueren así.
Le huía a la muerte
"Yo me hago sacar de ahí; yo mañana no vuelvo", recuerda Cleofelina Echeverría que le dijo su sobrino a su hermana el mismo martes, antes de irse a trabajar, recostado junto a ella en una cama.No lo dijo muy convencido, pues él era el único sustento de su familia -vivía con su mamá, su padrastro y su hermano en una casa arrendada por 250.000 pesos mensuales- y no era fácil pensar en sacrificar el único trabajo que había tenido, en el que llevaba 8 años.
John Alexánder Casallas, hermano menor (por parte de madre), dice que los temores a dejar sola a su familia venían desde que terminó el colegio y tuvo que definir su situación militar. "No fue a prestar servicio militar, porque le tenía mucho pavor a la muerte", dice John, de 20 años.
Su tiempo libre lo pasaba en su casa, adonde llegaban sus amigos a jugar Playstation (juegos de video), y los domingos salía a la ciclovía. "La cicla la tiene 'reelegante'; le metió mucha plata. No sé qué voy a hacer con esa cicla ahora", agrega.
A Diana Margarita Mora también le gustaba la actividad física. "Era una mujer de 50 años que se veía demasiado joven. Por eso es que los medios decían que era una estudiante de 26 a 30 años", afirma Laura, su hija (no quiso revelar su apellido), quien espera su tercer hijo.
"Estaba muy ilusionada por mi embarazo. Hace muchos años no tenía planes, pero este año sí tenía muchos", dice Laura.
Ayudas para los damnificados
Además de las dos personas muertas, el atentado al Blockbuster dejó 54 casas, 4 locales comerciales y 10 vehículos con serios daños.Tanto a las familias de las víctimas como a los propietarios de los predios y carros, el Gobierno nacional les entregará una ayuda económica y la posibilidad de acceder a créditos blandos.
Los familiares de Diana Margarita Mora y de Carlos Romero recibirán 40 salarios mínimos mensuales (unos 19 millones 880 mil pesos), mientras el resto podrá disponer de dos salarios mínimos (994 mil pesos). Los damnificados deben presentar la cédula de ciudadanía, y en el caso de los dueños de carros, además, la tarjeta de propiedad.
Con reportería de Marcela Vargas, de CityNoticias
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¿Por qué sólo se presentó 'La Gata'?
Tras las denuncias de que el negocio del chance que maneja 600 mil millones en Atlántico quedará en manos de la detenida empresaria Enilce López, organismos de control piden suspender la licitación.
Adjudicar el negocio del chance será siempre una tarea difícil. Para el gobierno departamental y la gerencia de la Lotería del Atlántico, no fue suficiente con haber pedido acompañamiento de los organismos de control, veedores y oficina del Zar Anticorrupción para adjudicar por un periodo de cinco años la concesión del multimillonario negocio de las apuestas conocido como ‘el chance’. Se estima que este negocio genera cerca de 600 mil millones de pesos en el departamento.
Horas previas al cierre de la hora límite para presentar propuestas, el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, denunció que las condiciones y requisitos exigidos favorecían a Uniapuestas, el actual concesionario.
A las tres en punto de la tarde y en presencia de veedores, los delegados de la Contraloría Departamental y la Procuraduría, el secretario jurídico del departamento, asesores y funcionarios de la lotería departamental, se cerró la urna y sólo hubo un proponente: Uniapuestas, una sociedad de vendedores de apuestas permanentes de la que hacen parte 80 personas, cuya socia mayoritaria es Enilce López Romero, conocida popularmente como ‘La Gata’ y quien hoy se encuentra detenida.
Las denuncias de Petro ponen en entredicho los esfuerzos que han los gobiernos departamentales por regular un negocio que ha estado salpicado por escándalos de corrupción, lavado de dinero y hasta crímenes y asesinatos entre empresarios y ganadores. Pero el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el gerente de la lotería del Atlántico, Luis Fernando De la Peña, lo defendieron, pues están seguros de haber sido transparentes y procedido de acuerdo con la ley.
Verano explicó que además de seguir al pie de la letra lo establecido en la ley 643 de 2001, analizaron los procesos adelantados en veinte departamentos en aspectos tales como valor del contrato, experiencia de las empresas, haber reportado transferencias al departamento, márgenes de utilidad, capital, nivel de endeudamiento, patrimonio técnico, capacidad tecnológica, software, hardware, que sumados a otros requisitos debían sumar mil puntos para poder ganar la licitación. Muchos más requisitos de los que según Petro, se tuvieron en cuenta para abrir la licitación .
Ayer el director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, Oscar Ortíz, quien había sido consultado a lo largo de todo el proceso y sus observaciones incluidas en las reglas de juego, le mandó una carta al gobernador Verano en la que le dice que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que revise todo lo actuado y en consideración a éste acompañamiento, le solicita al gobernador que suspenda el proceso hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría.
¿Por qué otras empresas de apuestas que operan en el país no presentaron propuestas?
Se dice que la empresas de chance han acordado no participar en licitaciones en departamentos ajenos a aquel donde surgieron. Una manera de respetarse los territorios entre empresarios que conocieron la ilegalidad y la clandestinidad y hoy dirigen negocios prósperos que en un periodo de cinco años, como el del Atlántico puede vender 600 mil millones de pesos, pagar 73 mil millones en regalías y aproximadamente 250 mil millones en premios.
José de Dios Moreno, un promotor de apuestas que se declara desplazado del negocio desde 1999. Moreno manifestó que el proceso estaba direccionado para que se lo ganara Uniapuestas y que por eso otras empresas interesadas como el Consorcio Chambacú y Circulante S.A de Bogotá, que en principio estaban actuando con un mismo representante, y la Lotería de Manizales, se abstuvieron de participar en la licitación.
El secretario jurídico del departamento manifestó que el pliego se había hecho sin restricciones y que las condiciones han sido amplias y en igualdad de condiciones. La mayoría de las loterías exigen experiencia en venta de chance entre diez y veinte años continuos. Atlántico exige cinco años discontinuos. Mientras otras loterías exigen que los licitantes hayan hecho transferencias, a los interesados en Atlántico no se les exigió.
Sin embargo, lo que sí exige Atlántico es que dentro de los próximos cinco años el concesionario debe transferir al departamento la suma de setenta y tres mil quinientos ventiun millones de pesos con destino a la salud. No cualquier empresa puede aportar semejante capital, y la única que aceptó aportar ese dinero fue Uniapuestas.
En cuanto a la denuncia de que Uniapuestas tiene una deuda de 6.000 millones con el departamento, el gobernador dijo que desconocía el hecho, pero que el requisito exigible a Uniapuestas como proponente era que en cumplimiento del contrato vigente haya cumplido con las transferencias y, según el gobernador y el gerente de la lotería, pagó en los últimos cinco años 64.000 millones de pesos que se habían estipulado en el contrato con base en el estudio de mercado de 2003. Los impuestos que adeudaría la empresa de apuestas al departamento, según fuentes de la gobernación, se encuentra en cobro coactivo.
El Contralor Departamental expresó que habían acompañado el proceso para apoyar una licitación transparente, pero que no podían pronunciarse sobre estos hechos porque el control que ese organismo ejerce es posterior a la suscripción del contrato.
El juego del chance surgió como un negocio ilegal en los años 60, por cuya venta incluso pagaban cárcel los responsables. Y la mayoría de los actuales socios de Uniapuestas fueron ilegales o trabajaron en la clandestinidad, hasta que mediante leyes y decretos a partir de los años 90 el juego fue reglamentado para que pagara regalías e impuestos. Alrededor de este juego existe una historia negra de apuestas no pagadas, de ganadores asesinados y atracados por haber arruinado a la casa de apuestas, y dineros sucios.
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Adjudicar el negocio del chance será siempre una tarea difícil. Para el gobierno departamental y la gerencia de la Lotería del Atlántico, no fue suficiente con haber pedido acompañamiento de los organismos de control, veedores y oficina del Zar Anticorrupción para adjudicar por un periodo de cinco años la concesión del multimillonario negocio de las apuestas conocido como ‘el chance’. Se estima que este negocio genera cerca de 600 mil millones de pesos en el departamento.
Horas previas al cierre de la hora límite para presentar propuestas, el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, denunció que las condiciones y requisitos exigidos favorecían a Uniapuestas, el actual concesionario.
A las tres en punto de la tarde y en presencia de veedores, los delegados de la Contraloría Departamental y la Procuraduría, el secretario jurídico del departamento, asesores y funcionarios de la lotería departamental, se cerró la urna y sólo hubo un proponente: Uniapuestas, una sociedad de vendedores de apuestas permanentes de la que hacen parte 80 personas, cuya socia mayoritaria es Enilce López Romero, conocida popularmente como ‘La Gata’ y quien hoy se encuentra detenida.
Las denuncias de Petro ponen en entredicho los esfuerzos que han los gobiernos departamentales por regular un negocio que ha estado salpicado por escándalos de corrupción, lavado de dinero y hasta crímenes y asesinatos entre empresarios y ganadores. Pero el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el gerente de la lotería del Atlántico, Luis Fernando De la Peña, lo defendieron, pues están seguros de haber sido transparentes y procedido de acuerdo con la ley.
Verano explicó que además de seguir al pie de la letra lo establecido en la ley 643 de 2001, analizaron los procesos adelantados en veinte departamentos en aspectos tales como valor del contrato, experiencia de las empresas, haber reportado transferencias al departamento, márgenes de utilidad, capital, nivel de endeudamiento, patrimonio técnico, capacidad tecnológica, software, hardware, que sumados a otros requisitos debían sumar mil puntos para poder ganar la licitación. Muchos más requisitos de los que según Petro, se tuvieron en cuenta para abrir la licitación .
Ayer el director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, Oscar Ortíz, quien había sido consultado a lo largo de todo el proceso y sus observaciones incluidas en las reglas de juego, le mandó una carta al gobernador Verano en la que le dice que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que revise todo lo actuado y en consideración a éste acompañamiento, le solicita al gobernador que suspenda el proceso hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría.
¿Por qué otras empresas de apuestas que operan en el país no presentaron propuestas?
Se dice que la empresas de chance han acordado no participar en licitaciones en departamentos ajenos a aquel donde surgieron. Una manera de respetarse los territorios entre empresarios que conocieron la ilegalidad y la clandestinidad y hoy dirigen negocios prósperos que en un periodo de cinco años, como el del Atlántico puede vender 600 mil millones de pesos, pagar 73 mil millones en regalías y aproximadamente 250 mil millones en premios.
José de Dios Moreno, un promotor de apuestas que se declara desplazado del negocio desde 1999. Moreno manifestó que el proceso estaba direccionado para que se lo ganara Uniapuestas y que por eso otras empresas interesadas como el Consorcio Chambacú y Circulante S.A de Bogotá, que en principio estaban actuando con un mismo representante, y la Lotería de Manizales, se abstuvieron de participar en la licitación.
El secretario jurídico del departamento manifestó que el pliego se había hecho sin restricciones y que las condiciones han sido amplias y en igualdad de condiciones. La mayoría de las loterías exigen experiencia en venta de chance entre diez y veinte años continuos. Atlántico exige cinco años discontinuos. Mientras otras loterías exigen que los licitantes hayan hecho transferencias, a los interesados en Atlántico no se les exigió.
Sin embargo, lo que sí exige Atlántico es que dentro de los próximos cinco años el concesionario debe transferir al departamento la suma de setenta y tres mil quinientos ventiun millones de pesos con destino a la salud. No cualquier empresa puede aportar semejante capital, y la única que aceptó aportar ese dinero fue Uniapuestas.
En cuanto a la denuncia de que Uniapuestas tiene una deuda de 6.000 millones con el departamento, el gobernador dijo que desconocía el hecho, pero que el requisito exigible a Uniapuestas como proponente era que en cumplimiento del contrato vigente haya cumplido con las transferencias y, según el gobernador y el gerente de la lotería, pagó en los últimos cinco años 64.000 millones de pesos que se habían estipulado en el contrato con base en el estudio de mercado de 2003. Los impuestos que adeudaría la empresa de apuestas al departamento, según fuentes de la gobernación, se encuentra en cobro coactivo.
El Contralor Departamental expresó que habían acompañado el proceso para apoyar una licitación transparente, pero que no podían pronunciarse sobre estos hechos porque el control que ese organismo ejerce es posterior a la suscripción del contrato.
El juego del chance surgió como un negocio ilegal en los años 60, por cuya venta incluso pagaban cárcel los responsables. Y la mayoría de los actuales socios de Uniapuestas fueron ilegales o trabajaron en la clandestinidad, hasta que mediante leyes y decretos a partir de los años 90 el juego fue reglamentado para que pagara regalías e impuestos. Alrededor de este juego existe una historia negra de apuestas no pagadas, de ganadores asesinados y atracados por haber arruinado a la casa de apuestas, y dineros sucios.
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Todos contra las Farc
En Cauca y Nariño, el Eln se ha aliado con la banda narcotraficante Los Rastrojos y juntos han golpeado a las Farc. Lo curioso es que de todos, la Fuerza Pública sólo parece atacar a éstas últimas. Por Ariel Ávila*
Ariel Ávila
Arauca no fue la única región donde las Farc perdieron la guerra con el Eln. En Cauca y Nariño fueron fuertemente golpeadas. Dos de sus frentes fueron desmantelados y perdieron territorio estratégico. En cambio, el Eln se recuperó de una decadencia que parecía irreversible. De hecho, la única región donde ha existido un crecimiento visible del Eln en el país es Cauca y Nariño, incluso han creado nuevas estructuras.
En esta región al suroccidente colombiano, las dos organizaciones guerrilleras comenzaron una guerra a finales de 2005 que tuvo su peor momento entre junio de 2006 y junio de 2007. En estos enfrentamientos el Eln pasó de un franco declive a causarle fuertes bajas y pérdida de territorio a las Farc. Pero el Eln no logró estos triunfos solo. Se alió con el grupo emergente muy ligado a mafias del narcotráfico, llamado Los Rastrojos y con dineros del propio negocio de ilícito de la droga. Además, al igual que sucedió en Arauca, como lo denunció en días pasados la revista Semana, hubo sospechosas “coincidencias” entre Eln y Fuerza Pública para darle golpes a las Farc.
El 1 de diciembre de 2006 en una emboscada del Eln murió alias ‘Ramírez’, comandante histórico del frente 8 de las Farc, que tenía como centro de operaciones el Municipio de Argelia, Cauca. Desde este momento las Farc iniciaron el repliegue hacia el Pacífico colombiano, pues coicidió contra ellos una gran presión militar de Eln, Rastrojos y Fuerzas Armadas.
La muerte de ‘Ramírez’, fue un golpe tal vez peor que la muerte de Dago hacia mediados de 2008 en el mismo departamento, pues la zona donde operaba el Frente 8 de las Farc, es cocalera y es donde las Farc habían logrado organizar el comercio de forma hegemónica. Con la pérdida de Argelia y Balboa, las Farc se quedaron sin un corredor clave y sin una fuente importante de ingreso. Con ello el Eln se apoderó del comercio de la coca en la región, cobrando un impuesto mucho más barato que el que cobraba las Farc.
Pobladores de la región involucrados en el negocio aseguran que ahora “están mejor con Eln”.
Su alianza con Los Rastrojos, le resultó fructífera al Eln, pues ésta le dio acceso a armas, uniformes y mayores posibilidades de reclutamiento. Y obviamente aumentaron sus ingresos. La estrategia para coordinarse con las demás fuerzas enemigas de las Farc fue relativamente sencilla. El Eln realizó los operativos militares en la zona con su nuevo armamento, Los Rastrojos luego ingresaban en la región intimidando a muchas personas de ser colaboradores de las Farc, y después los guerrilleros del Eln atacaron, asesinaron o forzaron a desplazarse a quienes no se alinearon con los nuevos amos.
A la vez que esto ocurría, la Fuerza Pública lanzó las operaciones militares Espada II y Espada III que obligaron a las Farc a replegarse y dejar territorios estratégicos. Lo sospechoso es que, aunque el Eln y Los Rastrojos ya empezaban a controlar el negocio del narcotráfico y ya estaban aterrorizando a la población cuando entraron los militares, sus operaciones oficiales nunca los afectaron. Las únicas perseguidas fueron las Farc.
Esto que pasó en Argelia, se ha replicado en otros municipios como El Tambo, Patía y Balboa. Allí el Frente Manuel Vásquez Castaño del Eln que para el 2005 estaba en un franco declive, aumentó su presencia en el sur del Cauca, mientras que las columnas José Luis Cabrera, Lucho Quintero, Milton Hernández y Camilo Cienfuegos han recuperado presencia en toda la zona y hoy regulan allí el negocio del narcotráfico. Los Rastrojos mantienen el control de las rutas de exportación de la hoja de coca. En su último reporte sobre el estado actual del conflicto armado, el Observatorio del la Corporación Nuevo Arco Iris ha clasificado este acuerdo como doble: “de interés” y de “pacto de guerra”.
Según lo pudo constatar Arco Iris con investigación de campo, las alianzas entre algunos frentes guerrilleros de las Farc o del Eln con grupos rearmados y disidentes de la desmovilziación paramilitar, son de tres tipos. Están los “acuerdos por interés”, como estos del Cauca, en los cuales media algún beneficio particular para los grupos en cuestión. Segundo, están los “acuerdos de no agresión”, que es lo que primó en los Llanos Orientales hasta hace unos meses, entre las Farc y los hombres de alias ‘Cuchillo’ (un paramilitar del antiguo Bloque Centauros que no se desmovilizó). Y por último, están los “pactos de guerra”, que es la unión entre dos grupos para destruir otro que es lo que también ocurre en Cauca y Nariño
A las comunidades de la zona les preocupa el constante acoso de Los Rastrojos y que estén en franca expansión. Intimidan y despiertan los peores temores de que la horrible violencia paramilitar que ya vivieron al comienzo del siglo vuelva a empezar. Por ejemplo, en el municipio del Tambo, entre 2000 y 2002, el Frente Libertadores del Sur, el Bloque Calima y comandos especializados de las entonces AUC tomaron a sangre y fuego el control municipal. Mantenían puestos visibles de control en la vía que comunica a El Tambo-Popayán, en el corregimiento de San Joaquín, en la zona conocida como el pedregal. La Fuerza Pública nunca detectó ni impidió sus acciones.
Los amores entre el Eln y Los Rastrojos pueden ser pasajeros. A medida en que los dos ganen dinero y poder en la zona, empezarán a chocar, y finalmente se terminarán enfrentando entre sí para ver quién domina.
Esta compleja situación de violencia y grupos armados ilegales, coincide con el desarrollo de mega-proyectos agroindustriales, en especial para la producción de biocombustibles a partir de la caña y de la palma, en la región, lo cual complica aún más las cosas, pues los nuevos desarrollos traen riqueza y con ella la atracción de grupos ilegales de sacar tajada; y también traen desplazamiento de población tradicional y ruptura de tejido social que ayudaría a un mejor control democrático. Así por ejemplo, en el municipio de Guapi, el Concejo Municipal realizó un acuerdo con la firma Palma Salamanca S.A lo cual implica desplazar y reubicar a decenas de la familias de la zona; y que campesinos dueños de tierra se conviertan en jornaleros con ingresos inestables.
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*Ariel Ávila es investigador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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Ariel Ávila
Arauca no fue la única región donde las Farc perdieron la guerra con el Eln. En Cauca y Nariño fueron fuertemente golpeadas. Dos de sus frentes fueron desmantelados y perdieron territorio estratégico. En cambio, el Eln se recuperó de una decadencia que parecía irreversible. De hecho, la única región donde ha existido un crecimiento visible del Eln en el país es Cauca y Nariño, incluso han creado nuevas estructuras.
En esta región al suroccidente colombiano, las dos organizaciones guerrilleras comenzaron una guerra a finales de 2005 que tuvo su peor momento entre junio de 2006 y junio de 2007. En estos enfrentamientos el Eln pasó de un franco declive a causarle fuertes bajas y pérdida de territorio a las Farc. Pero el Eln no logró estos triunfos solo. Se alió con el grupo emergente muy ligado a mafias del narcotráfico, llamado Los Rastrojos y con dineros del propio negocio de ilícito de la droga. Además, al igual que sucedió en Arauca, como lo denunció en días pasados la revista Semana, hubo sospechosas “coincidencias” entre Eln y Fuerza Pública para darle golpes a las Farc.
El 1 de diciembre de 2006 en una emboscada del Eln murió alias ‘Ramírez’, comandante histórico del frente 8 de las Farc, que tenía como centro de operaciones el Municipio de Argelia, Cauca. Desde este momento las Farc iniciaron el repliegue hacia el Pacífico colombiano, pues coicidió contra ellos una gran presión militar de Eln, Rastrojos y Fuerzas Armadas.
La muerte de ‘Ramírez’, fue un golpe tal vez peor que la muerte de Dago hacia mediados de 2008 en el mismo departamento, pues la zona donde operaba el Frente 8 de las Farc, es cocalera y es donde las Farc habían logrado organizar el comercio de forma hegemónica. Con la pérdida de Argelia y Balboa, las Farc se quedaron sin un corredor clave y sin una fuente importante de ingreso. Con ello el Eln se apoderó del comercio de la coca en la región, cobrando un impuesto mucho más barato que el que cobraba las Farc.
Pobladores de la región involucrados en el negocio aseguran que ahora “están mejor con Eln”.
Su alianza con Los Rastrojos, le resultó fructífera al Eln, pues ésta le dio acceso a armas, uniformes y mayores posibilidades de reclutamiento. Y obviamente aumentaron sus ingresos. La estrategia para coordinarse con las demás fuerzas enemigas de las Farc fue relativamente sencilla. El Eln realizó los operativos militares en la zona con su nuevo armamento, Los Rastrojos luego ingresaban en la región intimidando a muchas personas de ser colaboradores de las Farc, y después los guerrilleros del Eln atacaron, asesinaron o forzaron a desplazarse a quienes no se alinearon con los nuevos amos.
A la vez que esto ocurría, la Fuerza Pública lanzó las operaciones militares Espada II y Espada III que obligaron a las Farc a replegarse y dejar territorios estratégicos. Lo sospechoso es que, aunque el Eln y Los Rastrojos ya empezaban a controlar el negocio del narcotráfico y ya estaban aterrorizando a la población cuando entraron los militares, sus operaciones oficiales nunca los afectaron. Las únicas perseguidas fueron las Farc.
Esto que pasó en Argelia, se ha replicado en otros municipios como El Tambo, Patía y Balboa. Allí el Frente Manuel Vásquez Castaño del Eln que para el 2005 estaba en un franco declive, aumentó su presencia en el sur del Cauca, mientras que las columnas José Luis Cabrera, Lucho Quintero, Milton Hernández y Camilo Cienfuegos han recuperado presencia en toda la zona y hoy regulan allí el negocio del narcotráfico. Los Rastrojos mantienen el control de las rutas de exportación de la hoja de coca. En su último reporte sobre el estado actual del conflicto armado, el Observatorio del la Corporación Nuevo Arco Iris ha clasificado este acuerdo como doble: “de interés” y de “pacto de guerra”.
Según lo pudo constatar Arco Iris con investigación de campo, las alianzas entre algunos frentes guerrilleros de las Farc o del Eln con grupos rearmados y disidentes de la desmovilziación paramilitar, son de tres tipos. Están los “acuerdos por interés”, como estos del Cauca, en los cuales media algún beneficio particular para los grupos en cuestión. Segundo, están los “acuerdos de no agresión”, que es lo que primó en los Llanos Orientales hasta hace unos meses, entre las Farc y los hombres de alias ‘Cuchillo’ (un paramilitar del antiguo Bloque Centauros que no se desmovilizó). Y por último, están los “pactos de guerra”, que es la unión entre dos grupos para destruir otro que es lo que también ocurre en Cauca y Nariño
A las comunidades de la zona les preocupa el constante acoso de Los Rastrojos y que estén en franca expansión. Intimidan y despiertan los peores temores de que la horrible violencia paramilitar que ya vivieron al comienzo del siglo vuelva a empezar. Por ejemplo, en el municipio del Tambo, entre 2000 y 2002, el Frente Libertadores del Sur, el Bloque Calima y comandos especializados de las entonces AUC tomaron a sangre y fuego el control municipal. Mantenían puestos visibles de control en la vía que comunica a El Tambo-Popayán, en el corregimiento de San Joaquín, en la zona conocida como el pedregal. La Fuerza Pública nunca detectó ni impidió sus acciones.
Los amores entre el Eln y Los Rastrojos pueden ser pasajeros. A medida en que los dos ganen dinero y poder en la zona, empezarán a chocar, y finalmente se terminarán enfrentando entre sí para ver quién domina.
Esta compleja situación de violencia y grupos armados ilegales, coincide con el desarrollo de mega-proyectos agroindustriales, en especial para la producción de biocombustibles a partir de la caña y de la palma, en la región, lo cual complica aún más las cosas, pues los nuevos desarrollos traen riqueza y con ella la atracción de grupos ilegales de sacar tajada; y también traen desplazamiento de población tradicional y ruptura de tejido social que ayudaría a un mejor control democrático. Así por ejemplo, en el municipio de Guapi, el Concejo Municipal realizó un acuerdo con la firma Palma Salamanca S.A lo cual implica desplazar y reubicar a decenas de la familias de la zona; y que campesinos dueños de tierra se conviertan en jornaleros con ingresos inestables.
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*Ariel Ávila es investigador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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