La senadora liberal pidió una cita con el Presidente para preguntarle qué es posible hacer y qué no para poder reanudar el proceso de liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Calvo.
"No es sino que el Gobierno diga (...) hay que avanzar en el intercambio (humanitario) y solicito, personalmente, una cita (con el presidente) y que él me de diga qué es lo que debemos y no debemos hacer", dijo este martes la senadora a periodistas.
Córdoba, que lidera el movimiento de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), grupo que nació en septiembre del año pasado para la búsqueda de la libertad de los secuestrados de las Farc aludió así a un nuevo comunicado de la guerrilla y a sus anuncios de liberaciones.
En el escrito, las Farc reiteran su voluntad de entregar al suboficial Pablo Emilio Moncayo, el rehén más antiguo en su poder, como lo habían anunciado el 16 de abril pasado, y de un nuevo rehén, el soldado Josué Daniel Calvo Sánchez.
"En Colombianos y Colombianas por la Paz estamos expectantes. Me parece muy positiva la intención de las Farc de liberar más personas, y que hayan salvado a un soldado y que lo vayan a liberar.
Es un soldado que nadie tenía en cuenta", añadió la senadora del Partido Liberal (PL).
Calvo Sánchez está en poder de las Farc desde el pasado 20 de abril, cuando fue llevado herido, tras un enfrentamiento entre guerrilleros y tropas del Ejército en el caserío El Encanto, en el departamento del Meta.
Moncayo, por su parte, fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997, cuando tenía 18 años, en un ataque a una base de comunicaciones del Ejército en el cerro de Pastascoy, en el sureño departamento de Nariño.
En el comunicado, las Farc señalan que aceptan que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia Católica participen en la entrega de los dos rehenes.
Hace casi dos meses Uribe dijo que solamente se aceptaba en la entrega de Moncayo al CICR y a la Iglesia católica y apartó de esa gestión a Córdoba, quien gestionó y participó en la puesta en libertad de una docena de políticos secuestrados.
"Me parece muy importante que la Cruz Roja y la Iglesia participen" en la entrega de los uniformados, señaló hoy Córdoba y remarcó que "lo que sigue es lo que define el Gobierno".
Tanto Uribe como otros altos funcionarios han señalado que en las liberaciones no permitirán "politiquería".
Córdoba apuntó hoy que en el caso de CCP, lo que se busca es "resolver" esa situación y, precisó, "que se puedan liberar las personas, que se avance en una agenda hacia el fin del conflicto, hasta el final del secuestro y del desminado" (desactivación de minas antipersonales).
Las Farc tienen en su poder a 22 policías y militares considerados "canjeables", que pretenden intercambiar por más de medio millar de guerrilleros presos, algunos incluso extraditados a Estados Unidos.
Con EFE.
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sábado, 5 de septiembre de 2009
Colombia digiere el varapalo de Obama a la reelección de Uribe
El rechazo del presidente de EE UU complica la posibilidad de un referéndum
PILAR LOZANO - Bogotá - 01/07/2009
Sorpresivo y duro. Así se interpretó en Colombia el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la segunda reelección de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. "Dos periodos bastan", dijo Obama de manera tajante tras el primer encuentro de ambos mandatarios en Washington.
"Nuestra experiencia en Estados Unidos es que dos periodos funcionan y que después de ocho años usualmente el pueblo desea un cambio", afirmó el jefe del Ejecutivo estadounidense. Obama puso el ejemplo de George Washington, que pudiendo haber sido presidente de por vida tuvo la grandeza de regresar "a la vida civil". Fue un momento incómodo para Uribe. Frunció el ceño al escuchar al inquilino de la Casa Blanca.
Se sabía de antemano el malestar que provoca este asunto en EE UU, pero no se esperaba que el mensaje viniera de forma tan clara y en público.
"Es un duro golpe a la reelección, un mensaje muy fuerte que va a ampliar la franja antireeleccionista", aseguró a este periódico el analista León Valencia. Empresarios y representantes de otros sectores de poder, entre ellos las Fuerzas Armadas, podrían retirar el apoyo al proyecto de un tercer periodo uribista, según este columnista. El mayor socio comercial de Colombia es Estados Unidos. El país suramericano es uno de tres países del mundo que recibe mayor ayuda militar estadounidense.
Se acaba el tiempo
Este golpe llega justo cuando la posibilidad de sacar adelante el referéndum reeleccionista hace agua. Se acaba el tiempo para que supere los trámites que aún le faltan en el Congreso, en la Corte Constitucional, en las urnas. En una reciente reunión, los abanderados de la idea de llevar a Uribe como candidato a las elecciones de mayo de 2010 analizaron esta realidad. Pactaron intensificar la defensa del referéndum en el Congreso, pero se fijaron un plazo: si no se ha logrado una conciliación para unificar el texto ?las dos Cámaras aprobaron un texto distinto? antes de la primera semana de agosto, se enterraría esta opción. El foco se encaminaría entonces a un nuevo objetivo: elegir al candidato que garantice la continuidad de las políticas uribistas como la seguridad democrática y la confianza de los inversores.
La revista Semana, la publicación de análisis más influyente del país, asegura que el referéndum se ha convertido ya en una cuestión de honor.
Aunque Obama no habló de forma directa de esta consulta, sí se refirió a la importancia de estos procesos populares. Aseguró que se deben dar de "manera legítima, que no deben ser impuestos desde arriba", que no "se manipule o se altere el proceso electoral" o se repriman las voces de la oposición. Los dos procesos de referéndum reeleccionistas ?el primero llevó a repetir a Uribe en 2006? han estado salpicados de escándalos y episodios oscuros.
Uribe no ha respondido al consejo de Obama. La prensa de EE UU le presionó para sacarle una opinión, una respuesta al enigma de si quiere o no mantenerse en el poder. Imposible. Sus respuestas siguen siendo ambiguas. "Lo que tenemos que proyectar con dinamismo es la seguridad democrática, la confianza inversionista. Tenemos que diseñar con dinamismo la política social", se limitó a decir.
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PILAR LOZANO - Bogotá - 01/07/2009
Sorpresivo y duro. Así se interpretó en Colombia el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la segunda reelección de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. "Dos periodos bastan", dijo Obama de manera tajante tras el primer encuentro de ambos mandatarios en Washington.
"Nuestra experiencia en Estados Unidos es que dos periodos funcionan y que después de ocho años usualmente el pueblo desea un cambio", afirmó el jefe del Ejecutivo estadounidense. Obama puso el ejemplo de George Washington, que pudiendo haber sido presidente de por vida tuvo la grandeza de regresar "a la vida civil". Fue un momento incómodo para Uribe. Frunció el ceño al escuchar al inquilino de la Casa Blanca.
Se sabía de antemano el malestar que provoca este asunto en EE UU, pero no se esperaba que el mensaje viniera de forma tan clara y en público.
"Es un duro golpe a la reelección, un mensaje muy fuerte que va a ampliar la franja antireeleccionista", aseguró a este periódico el analista León Valencia. Empresarios y representantes de otros sectores de poder, entre ellos las Fuerzas Armadas, podrían retirar el apoyo al proyecto de un tercer periodo uribista, según este columnista. El mayor socio comercial de Colombia es Estados Unidos. El país suramericano es uno de tres países del mundo que recibe mayor ayuda militar estadounidense.
Se acaba el tiempo
Este golpe llega justo cuando la posibilidad de sacar adelante el referéndum reeleccionista hace agua. Se acaba el tiempo para que supere los trámites que aún le faltan en el Congreso, en la Corte Constitucional, en las urnas. En una reciente reunión, los abanderados de la idea de llevar a Uribe como candidato a las elecciones de mayo de 2010 analizaron esta realidad. Pactaron intensificar la defensa del referéndum en el Congreso, pero se fijaron un plazo: si no se ha logrado una conciliación para unificar el texto ?las dos Cámaras aprobaron un texto distinto? antes de la primera semana de agosto, se enterraría esta opción. El foco se encaminaría entonces a un nuevo objetivo: elegir al candidato que garantice la continuidad de las políticas uribistas como la seguridad democrática y la confianza de los inversores.
La revista Semana, la publicación de análisis más influyente del país, asegura que el referéndum se ha convertido ya en una cuestión de honor.
Aunque Obama no habló de forma directa de esta consulta, sí se refirió a la importancia de estos procesos populares. Aseguró que se deben dar de "manera legítima, que no deben ser impuestos desde arriba", que no "se manipule o se altere el proceso electoral" o se repriman las voces de la oposición. Los dos procesos de referéndum reeleccionistas ?el primero llevó a repetir a Uribe en 2006? han estado salpicados de escándalos y episodios oscuros.
Uribe no ha respondido al consejo de Obama. La prensa de EE UU le presionó para sacarle una opinión, una respuesta al enigma de si quiere o no mantenerse en el poder. Imposible. Sus respuestas siguen siendo ambiguas. "Lo que tenemos que proyectar con dinamismo es la seguridad democrática, la confianza inversionista. Tenemos que diseñar con dinamismo la política social", se limitó a decir.
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Por Operación Fénix, juez de Ecuador ordena captura de Juan Manuel Santos;
Junio 30 de 2009
Gobierno rechaza decisión
Desde Washington, el presidente Álvaro Uribe afirmó, de forma categórica, que el Gobierno "no permitirá que toquen al ex ministro Santos".
A su vez, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, también condenó el hecho y anunció que el Gobierno acudirá a organismos internacionales para denunciar por "arbitraria e ilegal" la decisión.
El juez primero de lo penal de la provincia de Sucumbíos -que limita con el departamento del Putumayo, en Colombia-, Daniel Méndez, confirmó a EL TIEMPO la orden de detención preventiva por asesinato en contra de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa colombiano.
El pedido de detención fue solicitado por el fiscal de delitos contra la vida Carlos Jiménez, durante una formulación de cargos en la que argumentó que existen suficientes pruebas para responsabilizar a Santos por la muerte de 25 personas, como resultado del ataque militar colombiano a un campamento clandestino de las Farc levantado en territorio ecuatoriano.
Aunque inicialmente medios locales manifestaron que la decisión del juez había sido notificada a la Interpol, lo que convertiría la medida en una orden de arresto internacional, EL TIEMPO no confirmó esta versión.
Horas después de conocerse la determinación judicial, el presidente Álvaro Uribe rechazó la acción de la justicia de Ecuador.
La operación 'Fénix'
En el operativo militar, registrado el primero de marzo del 2008 en el sector de Angostura, murió el segundo hombre de las Farc, 'Raúl Reyes', junto con el ecuatoriano Franklin Aisalla, cinco estudiantes mexicanos y otros supuestos guerrilleros que nunca fueron identificados.
El proceso judicial se encuentra en fase de instrucción fiscal para determinar autores, cómplices y encubridores de la acción armada que desde el 3 de marzo mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
Méndez, quien evadió explicar los fundamentos de su determinación, puntualizó que dictó "la orden de detención preventiva por el delito de asesinato que se registró hace más de un año en Angostura, provincia de Sucumbíos".
Este lunes, durante la audiencia de formulación de cargos que se efectuó en Nueva Loja, Walter Lombeida, defensor de oficio de Santos, rechazó "profundamente la acusación" contra el ex hombre fuerte del gobierno de Álvaro Uribe.
Pero en la diligencia se impusieron los criterios de los fiscales, Carlos Jiménez, quien lleva el juicio contra el ex ministro colombiano, y Ángel Toapanta, fiscal provincial, quien acudió para respaldar a su colega.
Según Jiménez, como ex ministro de Defensa de Colombia, Santos coordinó y dispuso el ataque al campamento de las Farc, además de que hay suficientes indicios para enjuiciarlo por la violación al derecho a la vida, es decir el asesinato de 25 personas.
Solo horas después de esta medida cautelar, José Ignacio Chauvín, ex subsecretario del Gobierno de Rafael Correa, quien se declaró "amigo personal" de 'Raúl Reyes' y reconoció haberse reunido con él en siete ocasiones, salió en libertad acogiéndose a un Habeas Corpus.
Chauvín enfrenta acusaciones por delitos de narcotráfico al ser relacionado por la Fiscalía con los hermanos ecuatorianos Ostaiza, que según las investigaciones traficaban droga de la guerrilla de las Farc.
Entre tanto, la comisión de alto nivel que investiga el ataque de Angostura y las supuestas relaciones de miembros de las últimas administraciones gubernamentales con los subversivos colombianos, emitirá su informe mañana, según informó el comisionado Francisco Huerta Montalvo.
MAGGY AYALA SAMANIEGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
QUITO
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Gobierno rechaza decisión
Desde Washington, el presidente Álvaro Uribe afirmó, de forma categórica, que el Gobierno "no permitirá que toquen al ex ministro Santos".
A su vez, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, también condenó el hecho y anunció que el Gobierno acudirá a organismos internacionales para denunciar por "arbitraria e ilegal" la decisión.
El juez primero de lo penal de la provincia de Sucumbíos -que limita con el departamento del Putumayo, en Colombia-, Daniel Méndez, confirmó a EL TIEMPO la orden de detención preventiva por asesinato en contra de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa colombiano.
El pedido de detención fue solicitado por el fiscal de delitos contra la vida Carlos Jiménez, durante una formulación de cargos en la que argumentó que existen suficientes pruebas para responsabilizar a Santos por la muerte de 25 personas, como resultado del ataque militar colombiano a un campamento clandestino de las Farc levantado en territorio ecuatoriano.
Aunque inicialmente medios locales manifestaron que la decisión del juez había sido notificada a la Interpol, lo que convertiría la medida en una orden de arresto internacional, EL TIEMPO no confirmó esta versión.
Horas después de conocerse la determinación judicial, el presidente Álvaro Uribe rechazó la acción de la justicia de Ecuador.
La operación 'Fénix'
En el operativo militar, registrado el primero de marzo del 2008 en el sector de Angostura, murió el segundo hombre de las Farc, 'Raúl Reyes', junto con el ecuatoriano Franklin Aisalla, cinco estudiantes mexicanos y otros supuestos guerrilleros que nunca fueron identificados.
El proceso judicial se encuentra en fase de instrucción fiscal para determinar autores, cómplices y encubridores de la acción armada que desde el 3 de marzo mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
Méndez, quien evadió explicar los fundamentos de su determinación, puntualizó que dictó "la orden de detención preventiva por el delito de asesinato que se registró hace más de un año en Angostura, provincia de Sucumbíos".
Este lunes, durante la audiencia de formulación de cargos que se efectuó en Nueva Loja, Walter Lombeida, defensor de oficio de Santos, rechazó "profundamente la acusación" contra el ex hombre fuerte del gobierno de Álvaro Uribe.
Pero en la diligencia se impusieron los criterios de los fiscales, Carlos Jiménez, quien lleva el juicio contra el ex ministro colombiano, y Ángel Toapanta, fiscal provincial, quien acudió para respaldar a su colega.
Según Jiménez, como ex ministro de Defensa de Colombia, Santos coordinó y dispuso el ataque al campamento de las Farc, además de que hay suficientes indicios para enjuiciarlo por la violación al derecho a la vida, es decir el asesinato de 25 personas.
Solo horas después de esta medida cautelar, José Ignacio Chauvín, ex subsecretario del Gobierno de Rafael Correa, quien se declaró "amigo personal" de 'Raúl Reyes' y reconoció haberse reunido con él en siete ocasiones, salió en libertad acogiéndose a un Habeas Corpus.
Chauvín enfrenta acusaciones por delitos de narcotráfico al ser relacionado por la Fiscalía con los hermanos ecuatorianos Ostaiza, que según las investigaciones traficaban droga de la guerrilla de las Farc.
Entre tanto, la comisión de alto nivel que investiga el ataque de Angostura y las supuestas relaciones de miembros de las últimas administraciones gubernamentales con los subversivos colombianos, emitirá su informe mañana, según informó el comisionado Francisco Huerta Montalvo.
MAGGY AYALA SAMANIEGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
QUITO
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Guerra interna se vive en el brazo armado de la oficina de Envigado
Junio 30 de 2009
La víctima más reciente de esta pugna es Armando Rendón Cardona. A las 4:30 de la tarde del pasado 26 de junio dos hombres lo balearon en el parque de Itagüí.
Rendón aparecía como testigo clave en investigaciones contra la 'Oficina' y las bandas de La Unión y Calatrava, que según las autoridades se conformaron para hacer ajustes de cuentas y cobros
Así,se rompió la aparente calma entre los miembros de las bandas que trabajan para la 'Oficina de Envigado', que supuestamente se vivía tras la desaparición de uno de los pesos pesados de La Unión, hace un mes, y las capturas de 22 de sus integrantes hace dos semanas.
De hecho, Rendón Cardona había declarado el pasado 9 de junio para aportar pruebas en un expediente en el que aparecía el nombre de Alirio de Jesús Rendón, alias 'el Cebollero', señalado de dirigir la conformación de grupos armados desde la Central Mayorista de Medellín.
La investigación de la Dijín, que permitió dejar fuera de circulación a una veintena de integrantes de La Unión, dejó al descubierto dos cosas: que esta organización está vinculada en por lo menos 39 asesinatos en Antioquia, y que la ola de crímenes que azotó a Medellín el primer fin de semana de abril, -29 víctimas- tenía más relación con la puja por el poder al interior de dichas bandas, que con el miedo a delaciones entre jefes de la Oficina de Envigado'.
Durante meses la Policía hizo interceptaciones a miembros de La Unión, que a través de sus conversaciones telefónicas planearon varios asesinatos, que luego ejecutaron, e incluso hablaron de otros que no se realizaron.
Según la investigación, el asesinato de Francisco Villalba Mosquera, ex 'para' que participó en la masacre del Aro, se produjo en medio de su interés por organizar un nuevo combo. "Se trataba de una persona que podía adquirir cierto poder con facilidad, por lo que al interior de la Unión se dio la orden de asesinarlo", explicó a EL TIEMPO un investigador del caso.
La orden de ese crimen habría sido dada por Diego Alejandro Mejía, alias '28', desmovilizado de las Auc y quien desapareció el pasado 29 de mayo en compañía de 3 mujeres, una de ellas estudiante.
Para ese momento, organismos de seguridad conocieron que con este hecho quedaban saldados algunos crímenes por divisiones entre miembros de La Unión, organización que ahora está con cerca de 100 integrantes.
"Hay informaciones de que después de estas desapariciones surgieron dudas y hubo una especie de tregua entre los combos que los líderes manejaban", dijo el investigador.
La verdad es que a '28' ya le habían asesinado a 10 de sus hombres más cercanos. Miembros de la propia Unión, según conversaciones que tiene la Policía, habrían justificado la cacería en su contra por la muerte de John Jairo Herrera, 'Chicle', otro de los jefes. Las vendetas se han generado por el control del manejo de las 'plazas' (las llamadas ollas o expendios de drogas).
A esa situación se suma el que algunos miembros de La Unión detenidos siguen dando órdenes desde la cárcel.
Uno de ellos es Joan Valencia, alias 'Bam ban', del que se investiga su participación en por lo menos seis crímenes.
REDACCIÓN JUSTICIA
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La víctima más reciente de esta pugna es Armando Rendón Cardona. A las 4:30 de la tarde del pasado 26 de junio dos hombres lo balearon en el parque de Itagüí.
Rendón aparecía como testigo clave en investigaciones contra la 'Oficina' y las bandas de La Unión y Calatrava, que según las autoridades se conformaron para hacer ajustes de cuentas y cobros
Así,se rompió la aparente calma entre los miembros de las bandas que trabajan para la 'Oficina de Envigado', que supuestamente se vivía tras la desaparición de uno de los pesos pesados de La Unión, hace un mes, y las capturas de 22 de sus integrantes hace dos semanas.
De hecho, Rendón Cardona había declarado el pasado 9 de junio para aportar pruebas en un expediente en el que aparecía el nombre de Alirio de Jesús Rendón, alias 'el Cebollero', señalado de dirigir la conformación de grupos armados desde la Central Mayorista de Medellín.
La investigación de la Dijín, que permitió dejar fuera de circulación a una veintena de integrantes de La Unión, dejó al descubierto dos cosas: que esta organización está vinculada en por lo menos 39 asesinatos en Antioquia, y que la ola de crímenes que azotó a Medellín el primer fin de semana de abril, -29 víctimas- tenía más relación con la puja por el poder al interior de dichas bandas, que con el miedo a delaciones entre jefes de la Oficina de Envigado'.
Durante meses la Policía hizo interceptaciones a miembros de La Unión, que a través de sus conversaciones telefónicas planearon varios asesinatos, que luego ejecutaron, e incluso hablaron de otros que no se realizaron.
Según la investigación, el asesinato de Francisco Villalba Mosquera, ex 'para' que participó en la masacre del Aro, se produjo en medio de su interés por organizar un nuevo combo. "Se trataba de una persona que podía adquirir cierto poder con facilidad, por lo que al interior de la Unión se dio la orden de asesinarlo", explicó a EL TIEMPO un investigador del caso.
La orden de ese crimen habría sido dada por Diego Alejandro Mejía, alias '28', desmovilizado de las Auc y quien desapareció el pasado 29 de mayo en compañía de 3 mujeres, una de ellas estudiante.
Para ese momento, organismos de seguridad conocieron que con este hecho quedaban saldados algunos crímenes por divisiones entre miembros de La Unión, organización que ahora está con cerca de 100 integrantes.
"Hay informaciones de que después de estas desapariciones surgieron dudas y hubo una especie de tregua entre los combos que los líderes manejaban", dijo el investigador.
La verdad es que a '28' ya le habían asesinado a 10 de sus hombres más cercanos. Miembros de la propia Unión, según conversaciones que tiene la Policía, habrían justificado la cacería en su contra por la muerte de John Jairo Herrera, 'Chicle', otro de los jefes. Las vendetas se han generado por el control del manejo de las 'plazas' (las llamadas ollas o expendios de drogas).
A esa situación se suma el que algunos miembros de La Unión detenidos siguen dando órdenes desde la cárcel.
Uno de ellos es Joan Valencia, alias 'Bam ban', del que se investiga su participación en por lo menos seis crímenes.
REDACCIÓN JUSTICIA
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El ventilador de las notarías
El ex superintendente de Notariado y Registro le confesó a la Corte Suprema cómo se entregaron más de 30 notarías para pasar la reelección. SEMANA investigó sus declaraciones y esto fue lo que encontró.
El miércoles 24 de junio, pasadas las 9 de la mañana, llegó a la Corte Suprema de Justicia un hombre que se convertirá en el súper testigo del segundo y más extenso capítulo de la llamada 'Yidis-política': la investigación que se adelanta para determinar si por lo menos 30 congresistas, al igual que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, obtuvieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección. El hombre se llama Manuel Cuello Baute, quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como superintendente de Notariado y Registro. Por su cargo, Cuello fue testigo de excepción de la forma como decenas de senadores y representantes habrían sido beneficiados con la entrega de notarías a cambio de sus votos.
SEMANA conoció parte de las declaraciones y de las pruebas de Cuello, que están siendo valoradas por la Corte, las cuales demostrarían los compromisos entre el gobierno y las prebendas que habrían recibido decenas de parlamentarios. Cuello es el hombre clave para aclarar cómo se pagó la reelección. Su testimonio llega en un momento crucial y, sin lugar a dudas, desatará una tormenta política y judicial.
Hace tres semanas la Corte Suprema emitió el fallo en el que condenó a Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por el delito de cohecho al comprobarse que recibió una notaría, que posteriormente vendió, para favorecer la reelección. Por ese mismo caso también fue sentenciado a seis años de cárcel el ex congresista Iván Díaz Mateus. A ellos se suma la condena de tres años y medio que había sido impuesta a Yidis Medina. A diferencia de lo que algunos pensaron, las condenas a estos tres ex congresistas no fueron el final de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reconoció a los medios de comunicación que se estudiaba la posibilidad de investigar a por lo menos 33 congresistas. Pero con lo que no contaba la Corte es con que apareciera un testigo de la talla de Cuello Baute.
La importancia de Cuello para la Corte radica en que sabe quién dio las órdenes y para quiénes iban las notarías. Y eso es lo que ha empezado a contarle a la justicia. SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones de Cuello y algunas de las pruebas que están en manos de los investigadores de la Corte.
El súper testigo
Cuando Cuello ingresó a la Corte Suprema el miércoles pasado, acompañado de su abogado, el reconocido penalista Álvaro Rolando Pérez, los magistrados difícilmente se imaginaron lo que estaba por contar. El ex superintendente comenzó por explicar que su retiro de esa entidad, a finales de agosto de 2006, obedeció a los choques y enfrentamientos que tuvo con altos funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con que se implementara el concurso notarial. Según dijo Cuello a la Corte, funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretelt, lo recriminaron por insistir en sacar adelante la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre. De acuerdo con la declaración de Cuello, el malestar consistía en que el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos, "situación que lastimosamente vi ejecutar", dijo.
Cuando le preguntaron a Cuello qué pruebas tenía para sustentar sus afirmaciones, el ex superintendente entregó, entre otras, un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, según él, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos (ver recuadro).
Explicó que poco después de haber sido aprobada la reelección en el Congreso, comenzó a ser llamado frecuentemente por los miembros del gobierno, especialmente por Bernardo Moreno. "Para la Navidad de 2004 Bernardo Moreno me citó a Palacio y me pidió que llevara la relación de las notarías que para el año 2005 quedarían vacantes, así como los resultados económicos y protocolos de cada una de ellas, pero especialmente los de la notaría 57 de Bogotá. Me manifestó que al gobierno le urgía cumplir un compromiso con los representantes Eduardo Enríquez Maya, Roberto Camacho y Hernando Torres Barrera, por lo que habría que revisar requisitos y proyectar decretos a una persona cuya hoja de vida me harían llegar. Días después, Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura) me hizo entrega de la hoja de vida de Ligia Josefina Erazo, informándome que la había llevado a Palacio el representante Enríquez Maya. Se revisaron los requisitos y se expidió el Decreto 219 de febrero de 2005 nombrándola notaria 57", contó Cuello la semana pasada en la Corte.
Durante más de 10 horas Cuello relató otros episodios a la Corte en los que contó detalladamente cómo se hicieron nombramientos en varias notarías. "Hernando Angarita (ex viceministro de Interior) me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para verificar requisitos y nombrarlo notario 6 de Barranquilla. Así lo hice mediante el Decreto 809 de marzo 18 de 2005. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt (esposa del representante Jaime Amín) para ser nombrada en la misma notaría.Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite la posesión. Me dijo que ese era un compromiso del gobierno con el representante Jaime Amín, que mi deber era simplemente verificar requisitos y que por la renuncia del doctor Paternina no me preocupara, que me la haría llegar a los pocos días. Se envió el proyecto de decreto 1201 de 19 de abril de 2005 para nombrarla.
"Sin embargo, un viernes recibí una llamada de Palacio. Era el Presidente, quien me preguntó que quién me había dado la orden de nombrar a la doctora Betancourt, a lo cual le contesté que había sido Bernardo Moreno, a través de Juan David Ortega, y el ministro Sabas, a través de Hernando Angarita. (El Presidente) me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro (Sabas) y revocara ese decreto. Ese fin de semana me comuniqué con el representante Jaime Amín, le comenté lo sucedido y le sugerí que su esposa declinara el nombramiento, a lo cual me manifestó que de ninguna manera, ya que se trataba de un compromiso del gobierno con él. El lunes busqué al Ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amín, y que él se encargaría de hablar del tema con el Presidente", relató Cuello a la Corte. Betancourt sigue siendo la notaria 6 de Barranquilla.
Feria de notarías
En su declaración, el ex superintendente hizo especial énfasis en una época. Recordó que el mes de noviembre de 2005 fue "un período bastante agitado por las llamadas constantes del ministro Sabas, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y Juan David Ortega, para solicitar información de toda índole acerca de las notarías. Eran constantes las reuniones a las cuales era citado para brindarles información y fui testigo de la toma de decisiones frente a quienes les serían concedidos los despachos, de acuerdo con los compromisos adquiridos". Cuello hizo énfasis en dos fechas clave: el 23 y el 25 de noviembre, para explicar por qué lo llamaban tanto altos funcionarios del gobierno.
El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios (ver recuadro). Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O'Meara, en la notaría 67 de Bogotá. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O'Meara. Por ese caso fue condenado Avendaño.
En su declaración en la Corte, el ex superintendente les explicó a los investigadores los pormenores de los nombramientos y las creaciones de notarías en esa fecha. "El 14 de octubre de 2003 la notaría 2 de Chía había sido suprimida por el gobierno mediante el Decreto 2915, ya que no era viable. Sin embargo, en noviembre de 2005 fui citado por Hernando Angarita a Palacio, en donde Bernardo Moreno me dijo que por orden del Presidente adelantara los estudios pertinentes para reabrir la notaría 2 de Chía. Fue un tema en el que recibí mucha presión por parte de Bernardo Moreno, tanto así que en una de las citas en Palacio me exigió muy alterado que acelerara el trámite para reabrir esa notaría porque había que cumplir un compromiso del gobierno con el representante Plinio Olano. Angarita me hizo llegar la hoja de vida de a quien debía nombrar y así se hizo. La creación de esa notaría y el nombramiento integran un solo decreto, el 4267 del 23 de noviembre de 2005", dijo Cuello a la Corte. Ese 23 de noviembre se crearon de un sólo plumazo ocho notarías más aparte de la de Chía.
El día más importante en todos estos episodios fue el 25 de noviembre de 2005. Esa fecha se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios (ver recuadro). Entre esos está el de la célebre notaría 2 de Barrancabermeja, en la cual fue nombrada María Lucely Valencia, la cuota de Yidis Medina, caso por el cual terminó condenada la ex congresista.
Cuello le contó a la Corte que pocos días antes de esa maratónica jornada de nombramientos fue citado al Palacio de Nariño, en donde estuvo reunido con Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Juan David Ortega. Allí, según Cuello, le dijeron a quién tenía que nombrar en determinada notaría y de quién era cuota. Por ejemplo, Cuello relató que ese día se nombró a Rosa Margarita Jiménez Nájera, quien era la cuñada del representante a la Cámara José María Imbett. Dos días antes se había creado la notaría 7 de Cartagena, la cual le fue asignada a Jiménez. Este es sólo uno de los muchos casos a los que ha hecho referencia Cuello y que están siendo evaluados por la Corte.
La inusual lluvia de nombramientos que ocurrió el 25 de noviembre tiene explicaciones. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la ley de garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.
No es la única razón. Apenas a finales de octubre la Corte Constitucional le había dado vía libre a la reelección. Sólo a partir de esa fecha tendrían valor los votos de los congresistas a favor de la reforma constitucional. Eso explica por qué apenas en noviembre de 2005 se les entregaron las notarías a Yidis y Teodolindo, si su rol fundamental fue en la votación en el tercer debate, que se realizó en junio de 2004. Sin la sentencia favorable del alto tribunal, no habría necesidad de pagarles las prebendas a esos parlamentarios y los otros que mencionó Cuello a la Corte.
Las palabras de Cuello coinciden con la declaración deYidis Medina en el proceso que se les adelantaba a Díaz Mateus y Teodolindo. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías. "Señores magistrados, si ustedes desean, yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías", dice la declaración de Yidis.
"Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a 'congresistas' cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor... Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas", dice uno de los apartes de la sentencia contra Díaz Mateus en la que la Corte ordena la apertura de nuevas investigaciones.
Si bien hasta ahora las declaraciones de Medina la habían convertido en pieza clave de la investigación, la realidad es que su testimonio palidece al lado de lo que ha dicho, y dirá, Cuello Baute. La razón es simple: él, como superintendente de Notariado, fue el encargado por parte del gobierno de entregar las notarías a los políticos, entre ellas las de Yidis y Teodolindo, como lo reconoció ante la Corte. Para los investigadores de la Corte la responsabilidad de Cuello en los nombramientos de notarios y creación de notarías es relativa. De hecho, en algunos apartes de la sentencia condenatoria de Teodolindo se recalca que Cuello era un "convidado de piedra" y que la creación y la designación de notarías y notarios no era responsabilidad del funcionario porque era "obvio que se necesitaba la voluntad política y la orden del gobierno". Nombrar a un notario y crear una notaría es algo que sólo puede ordenar el Presidente de la República por medio de un decreto que va firmado por el mandatario y por el Ministro del Interior.
La confesión de Cuello abre una nueva etapa en la llamada Yidis-política. Hasta ahora, la Corte ha condenado a tres parlamentarios por su participación en el voto por la reelección, la Procuraduría ha absuelto a los funcionarios acusados de dar las prebendas y la Fiscalía sigue investigando.
Publicado en
www.semana.com
El miércoles 24 de junio, pasadas las 9 de la mañana, llegó a la Corte Suprema de Justicia un hombre que se convertirá en el súper testigo del segundo y más extenso capítulo de la llamada 'Yidis-política': la investigación que se adelanta para determinar si por lo menos 30 congresistas, al igual que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, obtuvieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección. El hombre se llama Manuel Cuello Baute, quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como superintendente de Notariado y Registro. Por su cargo, Cuello fue testigo de excepción de la forma como decenas de senadores y representantes habrían sido beneficiados con la entrega de notarías a cambio de sus votos.
SEMANA conoció parte de las declaraciones y de las pruebas de Cuello, que están siendo valoradas por la Corte, las cuales demostrarían los compromisos entre el gobierno y las prebendas que habrían recibido decenas de parlamentarios. Cuello es el hombre clave para aclarar cómo se pagó la reelección. Su testimonio llega en un momento crucial y, sin lugar a dudas, desatará una tormenta política y judicial.
Hace tres semanas la Corte Suprema emitió el fallo en el que condenó a Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por el delito de cohecho al comprobarse que recibió una notaría, que posteriormente vendió, para favorecer la reelección. Por ese mismo caso también fue sentenciado a seis años de cárcel el ex congresista Iván Díaz Mateus. A ellos se suma la condena de tres años y medio que había sido impuesta a Yidis Medina. A diferencia de lo que algunos pensaron, las condenas a estos tres ex congresistas no fueron el final de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reconoció a los medios de comunicación que se estudiaba la posibilidad de investigar a por lo menos 33 congresistas. Pero con lo que no contaba la Corte es con que apareciera un testigo de la talla de Cuello Baute.
La importancia de Cuello para la Corte radica en que sabe quién dio las órdenes y para quiénes iban las notarías. Y eso es lo que ha empezado a contarle a la justicia. SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones de Cuello y algunas de las pruebas que están en manos de los investigadores de la Corte.
El súper testigo
Cuando Cuello ingresó a la Corte Suprema el miércoles pasado, acompañado de su abogado, el reconocido penalista Álvaro Rolando Pérez, los magistrados difícilmente se imaginaron lo que estaba por contar. El ex superintendente comenzó por explicar que su retiro de esa entidad, a finales de agosto de 2006, obedeció a los choques y enfrentamientos que tuvo con altos funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con que se implementara el concurso notarial. Según dijo Cuello a la Corte, funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretelt, lo recriminaron por insistir en sacar adelante la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre. De acuerdo con la declaración de Cuello, el malestar consistía en que el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos, "situación que lastimosamente vi ejecutar", dijo.
Cuando le preguntaron a Cuello qué pruebas tenía para sustentar sus afirmaciones, el ex superintendente entregó, entre otras, un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, según él, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos (ver recuadro).
Explicó que poco después de haber sido aprobada la reelección en el Congreso, comenzó a ser llamado frecuentemente por los miembros del gobierno, especialmente por Bernardo Moreno. "Para la Navidad de 2004 Bernardo Moreno me citó a Palacio y me pidió que llevara la relación de las notarías que para el año 2005 quedarían vacantes, así como los resultados económicos y protocolos de cada una de ellas, pero especialmente los de la notaría 57 de Bogotá. Me manifestó que al gobierno le urgía cumplir un compromiso con los representantes Eduardo Enríquez Maya, Roberto Camacho y Hernando Torres Barrera, por lo que habría que revisar requisitos y proyectar decretos a una persona cuya hoja de vida me harían llegar. Días después, Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura) me hizo entrega de la hoja de vida de Ligia Josefina Erazo, informándome que la había llevado a Palacio el representante Enríquez Maya. Se revisaron los requisitos y se expidió el Decreto 219 de febrero de 2005 nombrándola notaria 57", contó Cuello la semana pasada en la Corte.
Durante más de 10 horas Cuello relató otros episodios a la Corte en los que contó detalladamente cómo se hicieron nombramientos en varias notarías. "Hernando Angarita (ex viceministro de Interior) me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para verificar requisitos y nombrarlo notario 6 de Barranquilla. Así lo hice mediante el Decreto 809 de marzo 18 de 2005. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt (esposa del representante Jaime Amín) para ser nombrada en la misma notaría.Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite la posesión. Me dijo que ese era un compromiso del gobierno con el representante Jaime Amín, que mi deber era simplemente verificar requisitos y que por la renuncia del doctor Paternina no me preocupara, que me la haría llegar a los pocos días. Se envió el proyecto de decreto 1201 de 19 de abril de 2005 para nombrarla.
"Sin embargo, un viernes recibí una llamada de Palacio. Era el Presidente, quien me preguntó que quién me había dado la orden de nombrar a la doctora Betancourt, a lo cual le contesté que había sido Bernardo Moreno, a través de Juan David Ortega, y el ministro Sabas, a través de Hernando Angarita. (El Presidente) me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro (Sabas) y revocara ese decreto. Ese fin de semana me comuniqué con el representante Jaime Amín, le comenté lo sucedido y le sugerí que su esposa declinara el nombramiento, a lo cual me manifestó que de ninguna manera, ya que se trataba de un compromiso del gobierno con él. El lunes busqué al Ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amín, y que él se encargaría de hablar del tema con el Presidente", relató Cuello a la Corte. Betancourt sigue siendo la notaria 6 de Barranquilla.
Feria de notarías
En su declaración, el ex superintendente hizo especial énfasis en una época. Recordó que el mes de noviembre de 2005 fue "un período bastante agitado por las llamadas constantes del ministro Sabas, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y Juan David Ortega, para solicitar información de toda índole acerca de las notarías. Eran constantes las reuniones a las cuales era citado para brindarles información y fui testigo de la toma de decisiones frente a quienes les serían concedidos los despachos, de acuerdo con los compromisos adquiridos". Cuello hizo énfasis en dos fechas clave: el 23 y el 25 de noviembre, para explicar por qué lo llamaban tanto altos funcionarios del gobierno.
El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios (ver recuadro). Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O'Meara, en la notaría 67 de Bogotá. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O'Meara. Por ese caso fue condenado Avendaño.
En su declaración en la Corte, el ex superintendente les explicó a los investigadores los pormenores de los nombramientos y las creaciones de notarías en esa fecha. "El 14 de octubre de 2003 la notaría 2 de Chía había sido suprimida por el gobierno mediante el Decreto 2915, ya que no era viable. Sin embargo, en noviembre de 2005 fui citado por Hernando Angarita a Palacio, en donde Bernardo Moreno me dijo que por orden del Presidente adelantara los estudios pertinentes para reabrir la notaría 2 de Chía. Fue un tema en el que recibí mucha presión por parte de Bernardo Moreno, tanto así que en una de las citas en Palacio me exigió muy alterado que acelerara el trámite para reabrir esa notaría porque había que cumplir un compromiso del gobierno con el representante Plinio Olano. Angarita me hizo llegar la hoja de vida de a quien debía nombrar y así se hizo. La creación de esa notaría y el nombramiento integran un solo decreto, el 4267 del 23 de noviembre de 2005", dijo Cuello a la Corte. Ese 23 de noviembre se crearon de un sólo plumazo ocho notarías más aparte de la de Chía.
El día más importante en todos estos episodios fue el 25 de noviembre de 2005. Esa fecha se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios (ver recuadro). Entre esos está el de la célebre notaría 2 de Barrancabermeja, en la cual fue nombrada María Lucely Valencia, la cuota de Yidis Medina, caso por el cual terminó condenada la ex congresista.
Cuello le contó a la Corte que pocos días antes de esa maratónica jornada de nombramientos fue citado al Palacio de Nariño, en donde estuvo reunido con Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Juan David Ortega. Allí, según Cuello, le dijeron a quién tenía que nombrar en determinada notaría y de quién era cuota. Por ejemplo, Cuello relató que ese día se nombró a Rosa Margarita Jiménez Nájera, quien era la cuñada del representante a la Cámara José María Imbett. Dos días antes se había creado la notaría 7 de Cartagena, la cual le fue asignada a Jiménez. Este es sólo uno de los muchos casos a los que ha hecho referencia Cuello y que están siendo evaluados por la Corte.
La inusual lluvia de nombramientos que ocurrió el 25 de noviembre tiene explicaciones. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la ley de garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.
No es la única razón. Apenas a finales de octubre la Corte Constitucional le había dado vía libre a la reelección. Sólo a partir de esa fecha tendrían valor los votos de los congresistas a favor de la reforma constitucional. Eso explica por qué apenas en noviembre de 2005 se les entregaron las notarías a Yidis y Teodolindo, si su rol fundamental fue en la votación en el tercer debate, que se realizó en junio de 2004. Sin la sentencia favorable del alto tribunal, no habría necesidad de pagarles las prebendas a esos parlamentarios y los otros que mencionó Cuello a la Corte.
Las palabras de Cuello coinciden con la declaración deYidis Medina en el proceso que se les adelantaba a Díaz Mateus y Teodolindo. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías. "Señores magistrados, si ustedes desean, yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías", dice la declaración de Yidis.
"Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a 'congresistas' cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor... Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas", dice uno de los apartes de la sentencia contra Díaz Mateus en la que la Corte ordena la apertura de nuevas investigaciones.
Si bien hasta ahora las declaraciones de Medina la habían convertido en pieza clave de la investigación, la realidad es que su testimonio palidece al lado de lo que ha dicho, y dirá, Cuello Baute. La razón es simple: él, como superintendente de Notariado, fue el encargado por parte del gobierno de entregar las notarías a los políticos, entre ellas las de Yidis y Teodolindo, como lo reconoció ante la Corte. Para los investigadores de la Corte la responsabilidad de Cuello en los nombramientos de notarios y creación de notarías es relativa. De hecho, en algunos apartes de la sentencia condenatoria de Teodolindo se recalca que Cuello era un "convidado de piedra" y que la creación y la designación de notarías y notarios no era responsabilidad del funcionario porque era "obvio que se necesitaba la voluntad política y la orden del gobierno". Nombrar a un notario y crear una notaría es algo que sólo puede ordenar el Presidente de la República por medio de un decreto que va firmado por el mandatario y por el Ministro del Interior.
La confesión de Cuello abre una nueva etapa en la llamada Yidis-política. Hasta ahora, la Corte ha condenado a tres parlamentarios por su participación en el voto por la reelección, la Procuraduría ha absuelto a los funcionarios acusados de dar las prebendas y la Fiscalía sigue investigando.
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Ileso gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, en atentado en Chaparral; habría un herido
Junio 27 de 2009
El funcionario, que viajó a esa población a inspeccionar obras de la hidroeléctica de Amoya, fue atacado con petardos y se encuentra fuera de peligro en el Batallón Caicedo del municipio.
Desde Quibdó, donde este viernes presidió un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe llamó por teléfono a Barreto: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes".
Acto seguido se comunicó con el ministro encargado de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León: "Creo que nos toca una acción extraordinaria allá y muy agresiva de nuestra parte, donde tienen que jugar un papel muy importante la oferta inmediata de recompensas y una acción muy agresiva de nuestra parte en esa región", le dijo el mandatario a Padilla.
Cuerpos de la VI Brigada con sede en Ibagué, desplazaron un helicóptero blindado para sacar al gobernador de la zona y llevarlo a la capital del departamento en forma segura.
Es es segundo atentando en menos de una semana contra Barreto.
El carro bomba desactivado el fin de semana pasado en Ibagué también buscaba atentar en su contra.
Al menos en siete oportunidades las Farc han fracasado en su intento de asesinar a Barreto.
Desde Quibdó, Chocó, el Presidente Uribe se comunicó con el gobernador para expersarle su solidaridad: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes", dijo el Mandatario.
Uribe agregó: "(...) me parece esto muy grave. Yo estoy aquí en el Chocó, voy a llamar al General Padilla para que miremos a ver qué es lo que nos está fallando allá y cómo podemos avanzar efectivamente en la recuperación de ese control del orden público".
Ataques en la zona
Debido a la arremetida de Barreto en contra de las Farc, el funcionario ha recibido amenazas desde el inicio de su campaña en el 2007.
El director del DAS, Santiago Vásquez, confirmó que el blanco del último carro bomba era una institución estatal, "probablemente la Gobernación del Tolima". Agregó que se han interceptado comunicaciones de las Farc en las que se menciona a Barreto.
Según el gobernador, la persecución se debe a su apoyo a la Seguridad Democrática e incluso por haberse atrevido a llegar con obras en vías, salud y educación a zonas de dominio de ese grupo, como Dolores, Alpujarra, Rioblanco, el Cañón de las Hermosas (Chaparral), Santiago Pérez (Ataco) Gaitania (Planadas) y Riomanso (Rovira).
Además, agrega que ha tenido que aplazar viajes a municipios y hasta salirse de reuniones por la presunta presencia de sicarios pagados por las Farc.
Uno de los momentos más críticos lo vivió el año pasado cuando el DAS y la Policía ubicaron en el barrio Chapetón de Ibagué una vivienda con explosivos.
Por ese lugar, al día siguiente, el gobernador debía pasar en su vehículo para asistir a una reunión en el Cañón del Combeima.
Luego, la Policía inmovilizó en Ibagué un taxi con explosivos posiblemente dirigido contra Barreto y el presidente Álvaro Uribe en una visita del mandatario a esta capital. "Esos casos no son coincidencias", afirma Barreto.
A comienzos de junio suspendió un viaje a Playarrica, en San Antonio, pues una llamada advirtió un plan de la guerrilla para atentar contra su vida. "Un correo humano nos suministró información", dice una fuente que prefirió conservar el anonimato.
El año pasado Barreto también fue amenazado cuando pretendía realizar un conversatorio en el corregimiento Santiago Pérez (Ataco). La Sexta Brigada interceptó una llamada que daba la orden de cometer un atentado.
Esta fue la conversación por radio entre dos subversivos decía así:
- "¿Tienen todo listo para la fiesta en Santiago Pérez con la visita de Payaso?"
- "Tenemos pólvora y fósforos de luces para la fiesta"
-"La orden es bajarlo", dijo un cabecilla guerrillero.
Las vías también han sido utilizadas para frenar a Barreto que ha realizado 75 conversatorios de gobierno en los municipios y un número alto de consejos de seguridad. A mediados de junio fueron desactivados explosivos en la carretera a Anzoátegui por donde pasaría Barreto.
Amenaza en San Antonio
Las amenazas vienen desde su campaña política. En octubre de 2007 las autoridades descubrieron que en San Antonio las Farc utilizarían a uno de sus hombres para dispararle a quemarropa al entonces candidato.
Días antes, la Policía lo sacó rápidamente de una concentración en el barrio La Gaviota de Ibagué. Fue descubierto un plan para asesinarlo a través de un individuo armado.
'Me encomiendo a Dios y a la memoria de mi padre', Barreto
Gobernador, ¿qué se sabe de los explosivos del domingo pasado?
El blanco posible era la Gobernación.
¿Por qué las Farc quieren atentar contra su vida?
Desde el momento de mi posesión me declaré identificado con la Seguridad Democrática, además, mi gobierno tiene mucho entendimiento con la Fuerza Pública. A esto se suma la presencia con inversión social en vías, salud y acueductos, en zonas abandonadas por el Estado, donde la subversión cabalgaba a su antojo.
¿Cuál acción de las Farc lo ha preocupado más?
La ubicación de un taxi con abundantes explosivos en Ibagué que tenía como fin atentar contra mi vida y contra el Presidente Uribe. Otro caso sucedió en Chapetón donde se detectaron explosivos justo por donde yo debía pasar para ir al Cañón del Combeima.
¿Hay más casos delicados?
Hay unos siete, desde mi campaña y en el gobierno se han presentado situaciones que no son coincidencias gratuitas. Mi gobierno llega a todos los rincones del departamento y eso se ha convertido en una piedra en el zapato para la guerrilla.
¿Cómo ve la seguridad?
Ha habido avances grandes, el trabajo de la Fuerza Pública es significativo. Hoy se puede viajar sin temores y la gente en los campos trabaja sin muchas perturbaciones.
¿Siente temor?
No, pero debo ser cuidadoso y precavido.
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El funcionario, que viajó a esa población a inspeccionar obras de la hidroeléctica de Amoya, fue atacado con petardos y se encuentra fuera de peligro en el Batallón Caicedo del municipio.
Desde Quibdó, donde este viernes presidió un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe llamó por teléfono a Barreto: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes".
Acto seguido se comunicó con el ministro encargado de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León: "Creo que nos toca una acción extraordinaria allá y muy agresiva de nuestra parte, donde tienen que jugar un papel muy importante la oferta inmediata de recompensas y una acción muy agresiva de nuestra parte en esa región", le dijo el mandatario a Padilla.
Cuerpos de la VI Brigada con sede en Ibagué, desplazaron un helicóptero blindado para sacar al gobernador de la zona y llevarlo a la capital del departamento en forma segura.
Es es segundo atentando en menos de una semana contra Barreto.
El carro bomba desactivado el fin de semana pasado en Ibagué también buscaba atentar en su contra.
Al menos en siete oportunidades las Farc han fracasado en su intento de asesinar a Barreto.
Desde Quibdó, Chocó, el Presidente Uribe se comunicó con el gobernador para expersarle su solidaridad: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes", dijo el Mandatario.
Uribe agregó: "(...) me parece esto muy grave. Yo estoy aquí en el Chocó, voy a llamar al General Padilla para que miremos a ver qué es lo que nos está fallando allá y cómo podemos avanzar efectivamente en la recuperación de ese control del orden público".
Ataques en la zona
Debido a la arremetida de Barreto en contra de las Farc, el funcionario ha recibido amenazas desde el inicio de su campaña en el 2007.
El director del DAS, Santiago Vásquez, confirmó que el blanco del último carro bomba era una institución estatal, "probablemente la Gobernación del Tolima". Agregó que se han interceptado comunicaciones de las Farc en las que se menciona a Barreto.
Según el gobernador, la persecución se debe a su apoyo a la Seguridad Democrática e incluso por haberse atrevido a llegar con obras en vías, salud y educación a zonas de dominio de ese grupo, como Dolores, Alpujarra, Rioblanco, el Cañón de las Hermosas (Chaparral), Santiago Pérez (Ataco) Gaitania (Planadas) y Riomanso (Rovira).
Además, agrega que ha tenido que aplazar viajes a municipios y hasta salirse de reuniones por la presunta presencia de sicarios pagados por las Farc.
Uno de los momentos más críticos lo vivió el año pasado cuando el DAS y la Policía ubicaron en el barrio Chapetón de Ibagué una vivienda con explosivos.
Por ese lugar, al día siguiente, el gobernador debía pasar en su vehículo para asistir a una reunión en el Cañón del Combeima.
Luego, la Policía inmovilizó en Ibagué un taxi con explosivos posiblemente dirigido contra Barreto y el presidente Álvaro Uribe en una visita del mandatario a esta capital. "Esos casos no son coincidencias", afirma Barreto.
A comienzos de junio suspendió un viaje a Playarrica, en San Antonio, pues una llamada advirtió un plan de la guerrilla para atentar contra su vida. "Un correo humano nos suministró información", dice una fuente que prefirió conservar el anonimato.
El año pasado Barreto también fue amenazado cuando pretendía realizar un conversatorio en el corregimiento Santiago Pérez (Ataco). La Sexta Brigada interceptó una llamada que daba la orden de cometer un atentado.
Esta fue la conversación por radio entre dos subversivos decía así:
- "¿Tienen todo listo para la fiesta en Santiago Pérez con la visita de Payaso?"
- "Tenemos pólvora y fósforos de luces para la fiesta"
-"La orden es bajarlo", dijo un cabecilla guerrillero.
Las vías también han sido utilizadas para frenar a Barreto que ha realizado 75 conversatorios de gobierno en los municipios y un número alto de consejos de seguridad. A mediados de junio fueron desactivados explosivos en la carretera a Anzoátegui por donde pasaría Barreto.
Amenaza en San Antonio
Las amenazas vienen desde su campaña política. En octubre de 2007 las autoridades descubrieron que en San Antonio las Farc utilizarían a uno de sus hombres para dispararle a quemarropa al entonces candidato.
Días antes, la Policía lo sacó rápidamente de una concentración en el barrio La Gaviota de Ibagué. Fue descubierto un plan para asesinarlo a través de un individuo armado.
'Me encomiendo a Dios y a la memoria de mi padre', Barreto
Gobernador, ¿qué se sabe de los explosivos del domingo pasado?
El blanco posible era la Gobernación.
¿Por qué las Farc quieren atentar contra su vida?
Desde el momento de mi posesión me declaré identificado con la Seguridad Democrática, además, mi gobierno tiene mucho entendimiento con la Fuerza Pública. A esto se suma la presencia con inversión social en vías, salud y acueductos, en zonas abandonadas por el Estado, donde la subversión cabalgaba a su antojo.
¿Cuál acción de las Farc lo ha preocupado más?
La ubicación de un taxi con abundantes explosivos en Ibagué que tenía como fin atentar contra mi vida y contra el Presidente Uribe. Otro caso sucedió en Chapetón donde se detectaron explosivos justo por donde yo debía pasar para ir al Cañón del Combeima.
¿Hay más casos delicados?
Hay unos siete, desde mi campaña y en el gobierno se han presentado situaciones que no son coincidencias gratuitas. Mi gobierno llega a todos los rincones del departamento y eso se ha convertido en una piedra en el zapato para la guerrilla.
¿Cómo ve la seguridad?
Ha habido avances grandes, el trabajo de la Fuerza Pública es significativo. Hoy se puede viajar sin temores y la gente en los campos trabaja sin muchas perturbaciones.
¿Siente temor?
No, pero debo ser cuidadoso y precavido.
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Al menos 32 muertos en enfrentamientos entre la policía colombiana y las FARC
Siete agentes han fallecido desde la noche del domingo al suroeste del país, según fuentes oficiales
EFE / ELPAÍS.com - Bogotá/ Madrid - 23/06/2009
Al menos siete policías y 25 rebeldes de las FARC han fallecido durante los enfrentamientos que sostienen desde la noche del domingo en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), según han informado fuentes policiales.
El comandante de la policía regional, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ha asegurado que los choques comenzaron cuando tropas conjuntas de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana atacaron el campamento del jefe rebelde conocido con el alias de El Enano, jefe del frente "Manuel Cepeda" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Timba (Cauca).
Ricaurte ha señalado que los labriegos de la zona vieron que esta madrugada los rebeldes evacuaron los cadáveres de por lo menos 25 guerrilleros que murieron en los choques.
Los siete policías, entre ellos un oficial, se movilizaban en una patrulla que fue atacada con morteros de granada desde la parte montañosa de esa región del suroeste de Colombia. Además de los policías fallecidos, habrían resultado heridos otros tres agentes, informa el colombiano El Espectador en su edición digital.
Publicado en www.elpais.co
EFE / ELPAÍS.com - Bogotá/ Madrid - 23/06/2009
Al menos siete policías y 25 rebeldes de las FARC han fallecido durante los enfrentamientos que sostienen desde la noche del domingo en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), según han informado fuentes policiales.
El comandante de la policía regional, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ha asegurado que los choques comenzaron cuando tropas conjuntas de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana atacaron el campamento del jefe rebelde conocido con el alias de El Enano, jefe del frente "Manuel Cepeda" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Timba (Cauca).
Ricaurte ha señalado que los labriegos de la zona vieron que esta madrugada los rebeldes evacuaron los cadáveres de por lo menos 25 guerrilleros que murieron en los choques.
Los siete policías, entre ellos un oficial, se movilizaban en una patrulla que fue atacada con morteros de granada desde la parte montañosa de esa región del suroeste de Colombia. Además de los policías fallecidos, habrían resultado heridos otros tres agentes, informa el colombiano El Espectador en su edición digital.
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