Sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia
Uribe es el jefe del ocultamiento (Parte I)
Por: POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Fecha publicación:29/08/2007
No hay colombiano que en público no exprese estar a favor de que cesen todas las violencias que desangran a Colombia. Y parece haber coincidencia en torno a que la justicia transicional debe ser un pilar de cualquier proceso de paz que se adelante, que la reparación de las víctimas debe ser otra de las condiciones y que los comprometidos con los actos violentos deben contar toda la verdad sobre lo ocurrido, como requisitos para hacerse beneficiarios de la generosidad de la sociedad para con ellos. En especial, la verdad aparece como el primer elemento en que deben sustentarse los otros dos, para contribuir con la efectiva erradicación de todos los factores que conforman el poder de los violentos y acercar el momento en que las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los colombianos se afronten sin apelar a los instrumentos de la guerra. Pero también es cierto que estas coincidencias no existieron desde el inicio del proceso de paz del presidente Alvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares y que puede demostrarse, como se hará en este texto, que el gobierno no solo no ha sido consecuente con sus afirmaciones en torno a la importancia de que se conozca toda la verdad sobre dichos grupos y sobre sus vínculos con los diversos poderes dominantes en el país, sino que ha puesto su enorme poder para manipularla y ocultarla.
El calibre del horror
Desde el inicio del proceso de paz de Alvaro Uribe Vélez con los paramilitares -proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones especiales de favorabilidad- el Presidente y sus partidarios se han negado a reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de dirigentes del Estado o con el respaldo o la complicidad de estos, violando el que se supone es el fin primordial de cualquier organización estatal: mantener en sus manos el monopolio sobre las armas y la fuerza, bajo el supuesto de que las normas y su cumplimiento también aseguran que dicha prerrogativa se ejerce con sujeción a precisas reglamentaciones y a rigurosos controles constitucionales y legales. Y se trata de una toma del poder del Estado de grandes proporciones, puesto que tiene bastante que ver con el desplazamiento de sus lares de cerca de tres millones de colombianos (865.000 entre 2002 y 2005), con decenas de miles de asesinatos (incluidos los de tres candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas y centenares de alcaldes, diputados de los departamentos y concejales de los municipios), entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a campesinos y empresarios, enormes negocios de narcotráfico y la acumulación de descomunales fortunas por parte de los jefes de esas organizaciones. En el caso de la persecución a los sindicalistas colombianos, entre 1991 y 2006 van 1.113 asesinados, 70 desaparecidos y 896 desplazados, para un total, contando otros delitos, de 3.388 víctimas, cifras que han convertido los derechos laborales de los trabajadores colombianos en una ficción, mediante el brutal expediente de haber hecho del país el más peligroso en el mundo para ejercer las actividades sindicales.
En carta dirigida al presidente Uribe por Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch (2 de mayo de 2007), en respuesta a explicaciones oficiales, se refutan las afirmaciones del gobierno de Colombia sobre los supuestos “grandes avances” en el control de la violencia contra los sindicalistas y se explican otras realidades que la propaganda oficial dice que se han modificado:
“Su carta afirma que tan sólo 25 sindicalistas fueron asesinados en el 2006 en Colombia, y que, hasta el momento, este año sólo ha sido asesinado un sindicalista en Colombia. Sin embargo, la única manera de generar estas cifras artificialmente reducidas es excluyendo a los profesores sindicalizados de la categoría de sindicalistas. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales de su propio gobierno, si se incluye a los profesores sindicalizados, 58 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, un incremento sustancial con relación a los 40 asesinados del año anterior (…) en realidad, los índices actuales de asesinatos de sindicalistas son similares a aquellos que fueron comunes en 1998 y 1999 (…) El número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, por ejemplo, se está incrementando considerablemente -un hecho que su propio Ministro de Defensa admitió en una reunión conmigo y otros colegas. Las Naciones Unidas tienen una lista de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército en todo el país en los últimos dos años”.
El gran poder del paramilitarismo en el Estado colombiano se ilustra también con el resultado de las investigaciones -que apenas empiezan- de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, las cuales han llevado a que estén presos o prófugos catorce senadores y representantes a la Cámara, dos gobernadores, seis alcaldes y quince ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes. Además, está encarcelado por graves cargos de complicidad con los paramilitares Jorge Noguera, quien fuera nada menos que director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que le responde directamente al presidente de la República. Y la Fundación Arco Iris, en investigación respaldada por el gobierno de Suecia, concluyó que, en 2002, en las regiones con fuerte presencia paramilitar fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara y que en las elecciones locales del año siguiente los electos en esas mismas zonas sumaron 285 alcaldes, 6 gobernadores de departamento y 3.500 concejales de municipios. La misma investigación concluyó que, en 2006, 83 senadores y representantes (de un total de 268) fueron elegidos en dichas áreas. Entonces no se cae en una exageración cuando en Colombia se habla de la parapolítica y los parapolíticos para describir las relaciones entre estas organizaciones armadas ilegales y muchos dirigentes políticos.
Parapolíticos y parauribistas
Pero la cabal comprensión del fenómeno exige conocer la militancia política de los legalmente acusados por sus vínculos con el paramilitarismo. Los datos dicen que trece de los catorce congresistas presos o prófugos son uribistas, es decir, partidarios del presidente Alvaro Uribe Vélez. También es un hombre del Presidente, como es obvio, el jefe de su policía secreta. Son uribistas los dos gobernadores y los seis alcaldes encarcelados, al igual que casi todos los otros quince altos dirigentes políticos recluidos en las cárceles. Y militan en fuerzas uribistas el 87 por ciento de los 83 congresistas señalados por la Fundación Arco Iris, estadísticas que llevaron a acuñar el término de parauribismo para calificar mejor lo que ocurre y que les concede la razón a los medios de comunicación que en Estados Unidos hablan del paragate.
No fue por una arbitrariedad, entonces, que Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, expresó su convencimiento acerca de las relaciones entre los paramilitares y el gobierno de Colombia, posición que sin duda es una de las razones de la determinación de su partido de detener en el Congreso recursos para el Plan Colombia y de no tramitar la aprobación del TLC entre los dos países, hasta tanto la administración de Alvaro Uribe no dé pruebas fehacientes de un cambio en la actitud gubernamental con respecto a los asesinatos de los sindicalistas colombianos y en las relaciones entre el Estado, el paramilitarismo y los parapolíticos. El senador Leahy dijo:
“Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, que los paramilitares han infiltrado el establecimiento económico y político de la sociedad colombiana. Y debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando” (El Tiempo, 19 de febrero de 2007). “Durante años mucha gente le insistió al gobierno que tomara medidas más fuertes contra los paras, cuando era obvio que adquirían más poder y riqueza (…) Lo que dije es que el gobierno no es simplemente una víctima. También permitió que los paramilitares florecieran, algunas veces actuando junto a ellos, otras, estimulándolos (...) Los arrestos son el comienzo. Pero si el gobierno es serio en cortar sus vínculos con el paramilitarismo debe dedicar muchos más recursos y personal a la investigación” (El Tiempo, 4 de marzo de 2007).
Y de especial gravedad ha sido la cada vez más abierta opinión del Presidente tendiente a justificar los horrores de los paramilitares y a solicitar la benevolencia de la sociedad para con ellos. En su discurso del 20 de julio pasado, ante el Congreso en pleno, Alvaro Uribe fue capaz de afirmar:
“No puede ser que impere el ánimo benigno en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con los paramilitares”.
El silencio del Presidente
A pesar de la contundencia de los hechos y del tiempo transcurrido, todavía Alvaro Uribe no les ha dado ninguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos importantes amigos políticos suyos -que pasan de cien si se suman los presos, prófugos, sindicados e investigados- resultaron ser parapolíticos ni por qué quienes le pusieron una votación enorme para elegirlo Presidente, y a los que él, a su vez, respaldó entregándoles a sus partidarios cargos en el gobierno nacional, terminaron involucrados en esas actividades criminales, las cuales, sin la menor duda, incluyeron la coacción a los electores en su beneficio personal, en el de sus organizaciones políticas y en el del actual jefe del Estado. Los votos obtenidos en 2006 por los congresistas uribistas hasta ahora presos y prófugos alcanzan los 624.580.
Entre los hechos no explicados debidamente por Alvaro Uribe está el notable impulso que él, como gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997, les dio a las Convivir, unas organizaciones conformadas por propietarios rurales que jugaron un papel clave en la justificación y organización de lo que luego se llamaría el paramilitarismo. De acuerdo con Jorge Humberto Botero, quien fuera hasta diciembre de 2006 ministro de Comercio de la administración Uribe, “A nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años noventa, se manifestaba en las autodefensas (los paramilitares)… estos grupos armados tuvieron, en aquella época, una dimensión legal, las ‘Convivir’” (El Espectador.com, 9 de febrero de 2007).
Manipulaciones desde el principio
El presidente Uribe y sus partidarios han dicho que es por sus iniciativas, como la llamada Ley de Justicia y Paz -Ley 975 del 25 de julio de 2005, que se supone debe acabar con el fenómeno paramilitar-, que se están conociendo e investigando penalmente las relaciones entre dirigentes políticos y paramilitares. Pero ello no es cierto, como puede comprobarse de diferentes maneras.
Primero, porque la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la que ha llevado el peso de las investigaciones y las decisiones, no actúa bajo las órdenes del poder Ejecutivo. Incluso, hay que poner en duda el efectivo respeto del gobierno por el principio de separación de los poderes cuando se iniciaba este proceso, pues fue evidente que el Ejecutivo volcó todo el peso de su influencia para que se designara como fiscal a Mario Iguarán, hasta ese momento viceministro de Justicia del presidente Uribe, con el obvio propósito de tener un fiscal amigo. Y tampoco es ejemplarizante que el anterior fiscal, Luís Camilo Osorio, con graves acusaciones por su complicidad o por lo menos negligencia en relación con el paramilitarismo cuando desempeñó ese cargo, sea hoy embajador de Colombia ante la República de México.
Segundo, porque desde que se inició el proceso de paz con los paramilitares era conocido que la Fiscalía no tendría la capacidad para atender los miles de complejos procesos que le llegarían (ya van 2.800 a su cargo, y eso que 28.000 de los paramilitares que se desmovilizaron hoy andan en libertad y no tendrán que darle ningún tipo de explicación a la justicia). A pesar de ello, el gobierno no le ha aumentado los recursos para que pueda atender sus nuevas responsabilidades, luego de cuatro años desde el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, cuando la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas, y dos años desde la aprobación de la ley diseñada en su beneficio. Al decir del jefe de la sección encargada por la Fiscalía, esta tiene solo 23 fiscales y 150 investigadores para atender por lo menos 2.800 casos, y solo dos de los jefes paramilitares comprometidos han anunciado que declararán sobre 2.567 asesinatos, además de los otros delitos cometidos. Es tal el riesgo de que el proceso termine en una farsa, en el sentido de que lo único que se cumpla de la ley sea la rebaja de las penas, que el editorial de El Tiempo del 24 de junio de 2007, titulado “¿Colapso anunciado?”, alertó al respecto:
“So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por lo cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto (…) Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en este caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc (los paramilitares)”.
Y tercero, la primera propuesta del gobierno sobre la ley que beneficiaría a los jefes paramilitares es bien diferente a la que a la postre se aprobó en el Congreso y, en especial, a aquella que le dio el pase la Corte Constitucional. Porque inicialmente los paramilitares no tenían que pagar ninguna pena, ni siquiera la menor, para redimir sus crímenes, así como tampoco se les exigía narrar la verdad sobre sus actividades criminales para hacerse merecedores de los beneficios legales otorgados. Fue por presiones nacionales e internacionales que las mayorías uribistas en el Senado y la Cámara de Representantes -que son del orden del 70 por ciento- tuvieron que incluir periodos de reclusión para poder disfrutar de los beneficios de la ley, y eso que no los definieron en cárceles sino en establecimientos especiales. Y si hoy esas gabelas tienen que ganárselas declarando la verdad sobre los crímenes cometidos, no fue porque así lo exigiera la norma aprobada, sino porque ello lo determinó mediante sentencia la Corte Constitucional, la cual, en esa misma decisión, también declaró ilegal el artículo que convertía en sediciosos a los paramilitares, con el fin de hacerlos acreedores a las ventajas de que gozan en Colombia los delincuentes políticos, incluida la posibilidad de ser cobijados por indultos y amnistías. El desagrado del gobierno en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que modificó la Ley de Justicia y Paz lo expresó el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega: “Estoy preocupadísimo y perplejo”. “Y luego, tras advertir su acatamiento a regañadientes al Estado de derecho, agregó en tono resignado: ‘Ahora hay que pedir la ayuda de Dios’” (El Espectador, 21 de mayo de 2006.) ¡La ayuda de Dios porque los paramilitares tendrían que declarar sobre sus delitos y porque no iban a poder ampararse bajo la figura de la sedición! Por su parte, uno de los senadores uribistas que hoy está tras las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo exclamó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada” (Ibíd).
Entre las cosas que deberán esclarecerse está la relativa a quién cooptó a quién. Porque según el fiscal, Mario Iguarán: “No fueron las autodefensas (los paramilitares) las que reclutaron a la clase política, sino fue la clase política la que reclutó a las autodefensas”, afirmación que inmediata y curiosamente rechazó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, al decir que “son indebidas esas generalizaciones” (Caracol Radio, 15 de marzo de 2007.
Incluso lo mucho que se ufanan Alvaro Uribe y sus partidarios sobre el “gran” éxito de la ley de Justicia y Paz, porque con ella -dicen- se desmovilizaron 30.915 paramilitares, silencia verdades al respecto. Aun cuando en la cuentas del gobierno aparecen como desmovilizadas esas tropas, las armas entregadas apenas sumaron 17.540, el encargado de la reinserción a la vida civil de esos combatientes, Frank Pearl, informó que no tiene ninguna noticia sobre 4.731 de ellos (El Tiempo, 13 de febrero de 2007), hubo grupos paramilitares que no se acogieron a la Ley y volvieron a sus actividades ilegales muchos de los que se comprometieron a salirse de ellas, todo lo cual ayuda a explicar por qué la OEA calcula en 3.200 el número de nuevos paramilitares. Y seguramente no es posible encontrar un solo colombiano que exprese su convencimiento acerca de que los jefes paramilitares que se acogieron a las normas que los favorecen hayan efectivamente cesado todo vínculo con los instrumentos de coacción que se comprometieron a abandonar. No es sorprendente, entonces, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 5 de marzo de 2007, informara: “Resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales.
“Se recibieron quejas sobre casos en los cuales la libertad de opinión y de expresión se vio afectada por las condiciones de riesgo en que desarrollan su labor quienes opinan o informan sobre temas relacionados con el proceso de desmovilización de los paramilitares y la actuación de servidores públicos comprometidos en actos de violencia o corrupción, o con el paramilitarismo. Casos de esta índole se dieron en Bogotá, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Magdalena, Arauca, Antioquia, Cauca y Valle.
La laxitud del Presidente y del uribismo
La actitud laxa del presidente Uribe y de las organizaciones políticas uribistas con respecto a dirigentes políticos que tenían vínculos con los paramilitares puede documentarse de muchas maneras. A tanto llegaron las cosas, que la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá tuvo que ejercer presiones para que se desvinculara de dichas colectividades políticas a algunos congresistas que aspiraban a reelegirse en las elecciones de 2006 y para que Alvaro Uribe solicitara que fuera investigado uno de esos partidos. Pero una vez pasadas las elecciones y asegurada la reelección del Presidente, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, se encargó de desnudar la farsa, según lo explicó en el periódico El Tiempo del 9 de julio de 2006:
“- ¿Qué va a pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas en el Congreso? - El gobierno siempre respetó las decisiones de los partidos. Ellos tienen la facultad de ver con quién trabajan o no en sus organizaciones. Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano. - ¿Aceptarán la ayuda de los parlamentarios a los que el gobierno pidió investigar? - El Presidente no tomó partido. Cuando conoció las denuncias hizo lo que todo buen demócrata: pidió que las investigara la Fiscalía. Si alguien tiene credencial de congresistas, a esa persona hay que respetarla. Y, como ministro, trabajaré con cada uno de ellos. Si están en la oposición, para entenderme con ellos. Y si no, para que nos apoyen con entusiasmo en la aprobación de los proyectos. El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, 9 de julio de 2006).
Entre los analistas que han denunciado la alcahuetería de Alvaro Uribe frente a las andanzas de los parapolíticos, resaltan las opiniones de César Gaviria Trujillo, ex presidente de la República, jefe único del Partido Liberal y ex secretario general de la OEA:
“Uribe ha sido laxo con los paramilitares” (El Espectador, 4 de febrero de 2007). “El presidente no usó todos los mecanismos que tenía para averiguar por las fechorías de muchas personas sobre las cuales ya había información de que podrían estar vinculados con el paramilitarismo. No la usó para que sus amigos pudieran hacer sus listas” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “En la campaña le pedí al Presidente que dijera que no quería ningún tipo de apoyo de sectores vinculados al paramilitarismo. Lo dije muchas veces. Infortunadamente, fracasé en conseguir respuesta… el Presidente ha debido decir de manera expresa que él no quería apoyo paramilitar” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “El presidente tuvo una actitud pasiva ante el tema de los congresistas vinculados con los paras. No se puede poner de espectador y mucho menos hacerse el de la vista gorda” (Cambio, 20 de noviembre de 2006). “El Presidente y el gobierno deberían anunciar que van a contribuir con toda su capacidad de investigación en el proceso que ha iniciado la Corte y que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuirán” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006).
sábado, 1 de septiembre de 2007
Agosto 29 de 2007 -
Ejército atacó campamento de Carlos Antonio Lozada, jefe de milicias de las Farc
El guerrillero, que fue negociador de ese grupo armado en los diálogos con el gobierno Pastrana, habría resultado herido. Su computador está en manos del Ejército desde finales de julio.
Lozada, que estructuró en 1995 todo el esquema miliciano de la guerrilla, que fue negociador de las Farc en el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana y es uno de los tres voceros designados por 'Manuel Marulanda' para el intercambio humanitario, se ha movido los tres últimos años entre Uribe y el área del Guayabero, en la zona de La Macarena.
Después de la muerte de alias el 'Campesino', el pasado 15 de julio, la Fudra logró llegar hasta el campamento de Lozada, en inmediaciones del río Guayabero. Allí, el guerrillero, que hace parte del estado mayor del bloque Oriental, Embo, estaba reunido con otros subversivos de importancia.
El combate fue tan repentino que no le dio tiempo a Lozada y a sus hombres de llevarse sus pertenencias. Tres guerrilleros murieron y Lozada huyó, pero al parecer herido, según lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de diferentes sectores.
Cae jefe del PC3 en Bogotá
Este diario confirmó que uno de los muertos es alias 'Cristobal', el hombre que comandaba en Bogotá el Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3, y quien había hecho parte de los comités temáticos en los diálogos de paz.
Después del combate y en medio de su fuga, los guerrilleros no pudieron recuperar el cadáver de 'Cristobal' . Lozada dejó abandonado su computador personal, que está en manos de la Fuerza de Tarea Omega que lidera el 'Plan Consolidación'.
También quedaron documentos, su equipo de campaña y objetos personales.
Al respecto, los organismos de inteligencia señalan que aún no se tiene una confirmación de inteligencia técnica o humana de que Lozada estuviera en graves condiciones de salud. "Sin embargo han llegado los rumores", agregó una fuente en Bogotá.
Sobre la muerte de 'Cristobal', la misma fuente señaló que su cuerpo fue identificado por un desmovilizado que conoció al guerrillero en la Universidad Nacional, cuando era profesor.
El resto de los datos y averiguaciones se mantienen en reserva para no entorpecer las operaciones.
La muerte de este ideólogo y jefe de las Farc se suma a otros golpes dados por las Fuerzas Militares como el de 'JJ', jefe del frente 'Manuel Cepeda Vargas' en el Valle.
De profesor universitario a jefe del 'PC3'
Alias 'Diego Cristobal' se inició dentro de las Farc como activista en reuniones en Bogotá con diferentes sectores y luego reclutó estudiantes desde su trabajo como profesor en las universidades Nacional y Libre, según los informes que han entregado varios desmovilizados al Ejército.
Durante la zona de despeje, en el Caguán, hizo parte de los comités temáticos del grupo guerrillero.
En el 2004, cuando Carlos Antonio Lozada y Marbel Zamora, 'Chucho', se internan en La Julia (Meta), 'Cristobal queda al frente de las milicias urbanas en Bogotá y posteriormente, por orden del 'Mono Jojoy' se encarga de la coordinación del 'PC3'.
La clave del 'Mono Jojoy'
Carlos Antonio Lozada Gallo, oriundo de Bogotá y con formación académica en el exterior, fue uno de los hombres de la 'cosecha' de Jorge Briceño Suárez, alias el 'Mono Jojoy'.
Inicialmente militó en las juventudes comunistas y algunas organizaciones de izquierda, pero sus ideas lo llevaron a ingresar a las Farc, donde los conocimientos adquiridos en Rusia le dieron la responsabilidad de armar las Milicias Bolivarianas.
Su primer golpe fue la toma a la estación de Policía de Kennedy en la capital, en 1996. Luego vinieron otras acciones que le dieron estatus dentro de las Farc.
Así, en el 2000 es nombrado integrante de los Comités Temáticos de los diálogos de paz y hace por lo menos tres años apareció en la terna de voceros de las Farc para el intercambio humanitario, al lado de 'Fabián Ramírez' y 'Felipe Rincón'.
Carlos Antonio Lozada tuvo que salir de Cundinamarca en el año 2003, cuando el Ejército lanzó la operación 'Libertad Uno', que golpeó no solo los frentes de las Farc, sino las estructuras de las milicias en los municipios del departamento.
REDACCIÓN JUSTICIA
Ejército atacó campamento de Carlos Antonio Lozada, jefe de milicias de las Farc
El guerrillero, que fue negociador de ese grupo armado en los diálogos con el gobierno Pastrana, habría resultado herido. Su computador está en manos del Ejército desde finales de julio.
Lozada, que estructuró en 1995 todo el esquema miliciano de la guerrilla, que fue negociador de las Farc en el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana y es uno de los tres voceros designados por 'Manuel Marulanda' para el intercambio humanitario, se ha movido los tres últimos años entre Uribe y el área del Guayabero, en la zona de La Macarena.
Después de la muerte de alias el 'Campesino', el pasado 15 de julio, la Fudra logró llegar hasta el campamento de Lozada, en inmediaciones del río Guayabero. Allí, el guerrillero, que hace parte del estado mayor del bloque Oriental, Embo, estaba reunido con otros subversivos de importancia.
El combate fue tan repentino que no le dio tiempo a Lozada y a sus hombres de llevarse sus pertenencias. Tres guerrilleros murieron y Lozada huyó, pero al parecer herido, según lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de diferentes sectores.
Cae jefe del PC3 en Bogotá
Este diario confirmó que uno de los muertos es alias 'Cristobal', el hombre que comandaba en Bogotá el Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3, y quien había hecho parte de los comités temáticos en los diálogos de paz.
Después del combate y en medio de su fuga, los guerrilleros no pudieron recuperar el cadáver de 'Cristobal' . Lozada dejó abandonado su computador personal, que está en manos de la Fuerza de Tarea Omega que lidera el 'Plan Consolidación'.
También quedaron documentos, su equipo de campaña y objetos personales.
Al respecto, los organismos de inteligencia señalan que aún no se tiene una confirmación de inteligencia técnica o humana de que Lozada estuviera en graves condiciones de salud. "Sin embargo han llegado los rumores", agregó una fuente en Bogotá.
Sobre la muerte de 'Cristobal', la misma fuente señaló que su cuerpo fue identificado por un desmovilizado que conoció al guerrillero en la Universidad Nacional, cuando era profesor.
El resto de los datos y averiguaciones se mantienen en reserva para no entorpecer las operaciones.
La muerte de este ideólogo y jefe de las Farc se suma a otros golpes dados por las Fuerzas Militares como el de 'JJ', jefe del frente 'Manuel Cepeda Vargas' en el Valle.
De profesor universitario a jefe del 'PC3'
Alias 'Diego Cristobal' se inició dentro de las Farc como activista en reuniones en Bogotá con diferentes sectores y luego reclutó estudiantes desde su trabajo como profesor en las universidades Nacional y Libre, según los informes que han entregado varios desmovilizados al Ejército.
Durante la zona de despeje, en el Caguán, hizo parte de los comités temáticos del grupo guerrillero.
En el 2004, cuando Carlos Antonio Lozada y Marbel Zamora, 'Chucho', se internan en La Julia (Meta), 'Cristobal queda al frente de las milicias urbanas en Bogotá y posteriormente, por orden del 'Mono Jojoy' se encarga de la coordinación del 'PC3'.
La clave del 'Mono Jojoy'
Carlos Antonio Lozada Gallo, oriundo de Bogotá y con formación académica en el exterior, fue uno de los hombres de la 'cosecha' de Jorge Briceño Suárez, alias el 'Mono Jojoy'.
Inicialmente militó en las juventudes comunistas y algunas organizaciones de izquierda, pero sus ideas lo llevaron a ingresar a las Farc, donde los conocimientos adquiridos en Rusia le dieron la responsabilidad de armar las Milicias Bolivarianas.
Su primer golpe fue la toma a la estación de Policía de Kennedy en la capital, en 1996. Luego vinieron otras acciones que le dieron estatus dentro de las Farc.
Así, en el 2000 es nombrado integrante de los Comités Temáticos de los diálogos de paz y hace por lo menos tres años apareció en la terna de voceros de las Farc para el intercambio humanitario, al lado de 'Fabián Ramírez' y 'Felipe Rincón'.
Carlos Antonio Lozada tuvo que salir de Cundinamarca en el año 2003, cuando el Ejército lanzó la operación 'Libertad Uno', que golpeó no solo los frentes de las Farc, sino las estructuras de las milicias en los municipios del departamento.
REDACCIÓN JUSTICIA
El huevo de la serpiente
El huevo de la serpiente
En Puerto Boyacá se expandió la guerrilla, nacieron las autodefensas, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y se instauró la tolerancia de la sociedad hacia la violencia y la impunidad. Por Armando Neira, Editor de Semana.com
“En este pueblo no ha pasado nada”, dice doña Rosaura García mientras descansa en una mecedora arrullada por las aguas mansas del río Magdalena.
-¿Y esos cuentos que dicen que aquí han matado a mucha gente?
-“Son historias, leyendas. La gente que le gusta hablar y se inventa todo. Mire no más: de mi esposo y de mis hijos han venido hasta mi casa a decirme cosas terribles. ¡Gente incrédula! Yo sé que ellos están bien y van a regresar”.
¿Volverán? ¿Están vivos? ¿Yacen en una fosa? Es mejor no alterar la ilusión de la septuagenaria mujer que, como muchos de los habitantes de Puerto Boyacá, insiste en comparar su tierra con el paraíso y callar de su pasado reciente tan cercano al infierno.
Por este municipio del Magdalena Medio y ubicado en el corazón del país –a tres horas de Medellín y a cuatro de Bogotá– han pasado todos los protagonistas de la violencia en Colombia. Aquí brotaron las guerrillas, nacieron las autodefensas, se entrenaron los sicarios, arribaron los mercenarios extranjeros, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y, al final, se instauró la tolerancia hacia la violencia y la impunidad. En un tiempo tan breve y de acontecimientos tan delirantes, se entiende que no faltara quien le diera la razón a doña Rosaura García: “Son historias, leyendas”.
Reconstruir la historia es difícil porque a muchos se los llevó la violencia, mientras a otros, como al viejo paramilitar Ramón Isaza, repentinamente les dio alzheimer: “Le pido comprensión. He perdido la memoria –aseguró hace unos días ante un juez de Justicia y Paz–. Sí recuerdo es que todo lo que hice lo hice contra las Farc y si volviera a nacer, lo volvería a hacer”.
Y es que hasta hace un poco más de tres décadas este era el hábitat natural de las Farc. Los guerrilleros se movían como pez en el agua en este escenario. La mayor parte de sus combatientes eran campesinos humildes que además recibían el abrazo del entonces organizado Partido Comunista. Controlaban el Concejo Municipal, y sus líderes ejercían un trabajo de masas que llegaba a los confines de las veredas más lejanas. Impartían justicia con tan buen criterio, que muchos los venían como a una especie de guardia rural.
Uno de los dirigentes era el profesor Gentil Duarte, que en su época era una de las personas más apreciadas del puerto. Corría la década de los 70 y él, como comandante del frente IX de las Farc, iba de caserío en caserío a explicar su revolución. “Nosotros dejábamos que los trabajadores fueran a escucharlos no sólo porque el profesor era muy buena persona, sino porque nadie les creía que fueran a hacer una revolución descamisados y en alpargatas”, le dijo a SEMANA uno de los sobrevivientes de la violencia de este pueblo, un nonagenario ganadero que pidió mantener su nombre en reserva.
Y aunque hoy es increíble imaginar unos campesinos colombianos cantando a los cuatro vientos la Internacional Socialista, esa era la realidad aquí en los años 70. Todos iban felices a sus marchas, con banderas rojas en las que brillaban la hoz y el martillo.
La revolución era una fiesta hasta que a Duarte le llegó, desde Uribe, Meta, una orden perentoria: “Consiga plata como sea para comprar armas de verdad”. Las Farc creían que la toma del poder estaba a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, las exigencias crecieron y Duarte perdió los estribos. Aumentó las cuotas a los campesinos y exigió ‘vacunas’ a los ganaderos, a lo que muchos se negaron. En 1981 corrió la primera gota de sangre inocente. Las Farc secuestraron al ganadero Alejandro Núñez. Lo mataron y dejaron su cadáver a merced de los gallinazos.
“Yo fui y le dije a mi compadre: o nos organizamos o nos joden”, recuerda el viejo ganadero. Compraron escopetas, afilaron machetes y decidieron combatir. Entre los campesinos que se sumaron a estos incipientes grupos de defensa campesina estaba un hombre apasionado por la música, que daba serenatas: Ramón Isaza. Otros de los fundadores eran los líderes campesinos Gonzalo Pérez y su hijo Henry. A ellos se sumó Pablo Emilio Guarín, representante a la Cámara del Partido Liberal. Aunque por entonces el término de para-política no formaba parte del léxico nacional, había quedado sellado el pacto entre un grupo armado y un dirigente de un partido político legal.
En cuestión de días, esta ardiente región se llenó de un odio inimaginable. Paradójicamente, esto ocurría mientras en el resto del país Belisario Betancur (1982-1986) impulsaba los diálogos con la guerrilla, juraba que durante su gobierno no se iba a derramar una gota de sangre y a lo largo y ancho de Colombia se pintaban millones de palomitas de paz.
¿Por qué pasó ese horror? Entre otras cosas, porque en este pueblo, que por entonces tenía 30.000 habitantes, coincidieron los más diversos dirigentes políticos, comerciantes, miembros de la Iglesia y del Ejército, a quienes los unía su rechazo absoluto a cualquier cosa que oliera a izquierda. Algunos de los propietarios de los mejores predios pertenecían a miembros de Tradición, Familia y Propiedad, que organizaba fogosas marchas contra los comunistas; los militares del Batallón de Infantería Número 3 Bárbula, de la XIV Brigada, llegaron con una rígida formación en la Doctrina de la Seguridad Nacional que, en términos sencillos, se proponía exterminar como fuera la amenaza comunista. Y el empresariado creía que se iba a acabar la propiedad privada. La Texas Petroleum Company, que durante años explotó los ricos campos petroleros de la zona, no vaciló en prestar la sede de la compañía para que todos los anticomunistas decidieran qué hacer. En cuestión de meses se formó el huevo de la serpiente que cambió el país para siempre.
Con la dirigencia unida, ahora se necesitaban las armas. El Ejército entregó las primeras a la naciente autodefensa. La edición de agosto de 1987 del periódico Puerto Rojo dice: “Las armas se adquieren en la Brigada XIV, indudablemente por todas las personas que las necesiten...”. ‘Luis Ramírez’, uno de los más sangrientos jefes de las autodefensas de la época, dijo en la televisión en su momento: “Nosotros lo que hicimos fue unirnos a las Fuerzas Armadas de Colombia”. “Las autodefensas de hoy son oficiales, creadas por el gobierno y el Ejército. Por eso las llamamos paramilitares”, respondió entonces el máximo ideólogo de las Farc, Jacobo Arenas.
En el batallón Bárbula los campesinos recibieron instrucciones militares para ir a pelear contra la guerrilla, como lo ratificó recientemente Ramón Isaza. El romántico cantante ahora sólo tenía voz para la muerte. Así quiso que todos sus herederos siguieran su ejemplo. Seis de sus ocho hijos son caracterizados jefes paras.
Las Farc no se quedaron atrás y de los cánticos y consignas proletarias pasaron a las masacres. Un vistazo a los periódicos refleja el horror de lo que pasó en la década de los 80 en Puerto Boyacá y sus alrededores: “Los cadáveres bajan por el río como troncos a la deriva. Navegan tan putrefactos y desfigurados y son tantos, que el comandante de la base fluvial de Barrancabermeja y varios alcaldes de pueblos ribereños decidieron no recoger más muertos del río”, escribió Germán Santamaría en El Tiempo.
Y Gabriel García Márquez, en El Espectador: “Los distraídos habitantes de las ciudades hemos comprendido que el infierno no está más allá de la muerte –como nos lo enseñaron en el catecismo–,sino a sólo cuatro horas por carretera de los cumpleaños de corbata negra y los torneos retóricos y las fiestas de bodas medievales de las sabanas de Bogotá”.
“Fue horrible, recuerda el nonagenario ganadero, pero ganamos, no dejamos ni un solo guerrillero en Puerto Boyacá. Por eso levantamos el muro con orgullo”. Se refiere al muro que hoy está a la entrada del pueblo: “Bienvenido a Puerto Boyacá. Tierra de paz y progreso. Capital Antisubversiva de Colombia”.
Mientras la fuerza de la violencia aumentaba, al puerto llegaban paramilitares de otras partes. Por ejemplo, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, uno de los ideólogos de las AUC. Vino a Puerto Boyacá y fundó el movimiento Morena, en otro intento de los grupos armados de extrema derecha de allanar el camino para hacer política.
De un momento a otro, ese ejército victorioso de autodefensas, compuesto por campesinos convertidos en guerreros sanguinarios, se encontró además con la financiación de los capos de la droga: José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mexicano’, y Pablo Escobar Gaviria hicieron su aparición y convirtieron a esos muchachos en sus ejércitos rurales. Fundaron en este escenario las escuelas de sicarios. El ‘Mexicano’, aliado con Isaza, trajo al mercenario israelí Yair Klein para organizar un ejército privado con el que se propuso exterminar la Unión Patriótica, ejecutar masacres a lo largo y ancho del país y amedrentar al Estado. De aquí salieron algunos de los asesinos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, así como varios de los autores de las masacres de La Rochela y Segovia.
Esta coyuntura se presentó, entre otras razones, porque el pueblo tiene una ubicación que está sintetizada en la carta de presentación para atraer turistas: “Puerto Boyacá, cerca de todo”. En efecto, aquí se abre paso hacia los Santanderes, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
Al tiempo que los asesinos salían en sus camionetas a disparar, aquí y en los pueblos adyacentes se vivían días de asombro y delirio. Por ejemplo, en Puerto Triunfo, a una hora en carretera de Puerto Boyacá, Pablo Escobar dictaba las leyes. Inclusive, Virginia Vallejo, la diva del momento de la televisión colombiana, sobrevolaba estas tierras en helicópteros privados junto al capo. El más fogoso e inteligente líder del liberalismo, Alberto Santofimio, navegaba también por las aguas del Magdalena en lujosas lanchas junto a Escobar, como lo testimonian varias fotos. Y mientras los símbolos sexuales del país se paseaban por aquí, los presidenciables les hacían venia a los capos del narcotráfico, la población estaba extasiada ante el surgimiento del nuevo paraíso donde había jirafas, hipopótamos, leones, leopardos y avestruces. Eran tales el exceso y el derroche, que personas humildes como doña Rosaura García se negaban a creer: “Son historias, leyendas”.
Mientras tanto, la sangría continuaba. Cuando ya mataron al guerrillero, al comunista, al simpatizante, al profesor, al periodista, al médico, al homosexual, a todo el que se les atravesaba y ya no tenían nadie más a quien matar, empezaron a matarse entre ellos mismos.
A Pablo Guarín, que se vanagloriaba de sus acciones paramilitares en los recintos del Congreso ante la mirada silenciosa de la dirigencia del Partido Liberal, lo asesinaron en una carretera, en 1987. Gonzalo Pérez fue abatido en julio de 1991 por un patrullero de las autodefensas que había cometido una falta y al que él mismo iba a matar, aunque muchos juraron que fue un encargo de Escobar. A Henry, 12 días después de la muerte de su padre, lo encontraron en el atrio de la iglesia con una veintena de hombres desarmados. Los disparos se confundieron con la pólvora que señalaba el comienzo de las fiestas del pueblo.
Entonces apareció otro hombre de revólver caliente: Ariel Otero. Tomó el liderazgo de los paras y anunció, a través de una emisora, que se vengaría de Escobar Gaviria. El capo le ganó la partida y lo mató seis meses después. Isaza, entre tanto, entró a una guerra frontal también con Escobar, por Puerto Triunfo, donde los visitantes alucinaban con el naciente edén.
“Nos gusta el billete y odiamos a los comunistas. ¿Por qué peleamos?”, preguntó el ‘Mexicano’. Algunos de los sobrevivientes aprendieron la lección. Ahora dominan algunos de los hombres que o bien son narcos o paras, o todo al mismo tiempo. Es el caso de Víctor Rafael Triana, ‘Botalón’, quien, según un informe del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, “perteneció a la estructura de Rodríguez Gacha” y el sábado 28 de enero de 2006 se desmovilizó como miembro de las AUC, en medio de una cabalgata con 150 jinetes escoltados por 75 camionetas burbuja.
Hoy nadie en este pueblo habla de violencia, todos dicen que es un remanso de paz. Muchos lo dicen por temor, y otros, por convicción. En un país que hoy se llena de horror por el hallazgo de las fosas comunes y donde los políticos con nexos dudosos van a la cárcel, aquí, en cambio, muchos creen, al menos de labios para fuera, que “en este pueblo no ha pasado nada”.
En Puerto Boyacá se expandió la guerrilla, nacieron las autodefensas, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y se instauró la tolerancia de la sociedad hacia la violencia y la impunidad. Por Armando Neira, Editor de Semana.com
“En este pueblo no ha pasado nada”, dice doña Rosaura García mientras descansa en una mecedora arrullada por las aguas mansas del río Magdalena.
-¿Y esos cuentos que dicen que aquí han matado a mucha gente?
-“Son historias, leyendas. La gente que le gusta hablar y se inventa todo. Mire no más: de mi esposo y de mis hijos han venido hasta mi casa a decirme cosas terribles. ¡Gente incrédula! Yo sé que ellos están bien y van a regresar”.
¿Volverán? ¿Están vivos? ¿Yacen en una fosa? Es mejor no alterar la ilusión de la septuagenaria mujer que, como muchos de los habitantes de Puerto Boyacá, insiste en comparar su tierra con el paraíso y callar de su pasado reciente tan cercano al infierno.
Por este municipio del Magdalena Medio y ubicado en el corazón del país –a tres horas de Medellín y a cuatro de Bogotá– han pasado todos los protagonistas de la violencia en Colombia. Aquí brotaron las guerrillas, nacieron las autodefensas, se entrenaron los sicarios, arribaron los mercenarios extranjeros, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y, al final, se instauró la tolerancia hacia la violencia y la impunidad. En un tiempo tan breve y de acontecimientos tan delirantes, se entiende que no faltara quien le diera la razón a doña Rosaura García: “Son historias, leyendas”.
Reconstruir la historia es difícil porque a muchos se los llevó la violencia, mientras a otros, como al viejo paramilitar Ramón Isaza, repentinamente les dio alzheimer: “Le pido comprensión. He perdido la memoria –aseguró hace unos días ante un juez de Justicia y Paz–. Sí recuerdo es que todo lo que hice lo hice contra las Farc y si volviera a nacer, lo volvería a hacer”.
Y es que hasta hace un poco más de tres décadas este era el hábitat natural de las Farc. Los guerrilleros se movían como pez en el agua en este escenario. La mayor parte de sus combatientes eran campesinos humildes que además recibían el abrazo del entonces organizado Partido Comunista. Controlaban el Concejo Municipal, y sus líderes ejercían un trabajo de masas que llegaba a los confines de las veredas más lejanas. Impartían justicia con tan buen criterio, que muchos los venían como a una especie de guardia rural.
Uno de los dirigentes era el profesor Gentil Duarte, que en su época era una de las personas más apreciadas del puerto. Corría la década de los 70 y él, como comandante del frente IX de las Farc, iba de caserío en caserío a explicar su revolución. “Nosotros dejábamos que los trabajadores fueran a escucharlos no sólo porque el profesor era muy buena persona, sino porque nadie les creía que fueran a hacer una revolución descamisados y en alpargatas”, le dijo a SEMANA uno de los sobrevivientes de la violencia de este pueblo, un nonagenario ganadero que pidió mantener su nombre en reserva.
Y aunque hoy es increíble imaginar unos campesinos colombianos cantando a los cuatro vientos la Internacional Socialista, esa era la realidad aquí en los años 70. Todos iban felices a sus marchas, con banderas rojas en las que brillaban la hoz y el martillo.
La revolución era una fiesta hasta que a Duarte le llegó, desde Uribe, Meta, una orden perentoria: “Consiga plata como sea para comprar armas de verdad”. Las Farc creían que la toma del poder estaba a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, las exigencias crecieron y Duarte perdió los estribos. Aumentó las cuotas a los campesinos y exigió ‘vacunas’ a los ganaderos, a lo que muchos se negaron. En 1981 corrió la primera gota de sangre inocente. Las Farc secuestraron al ganadero Alejandro Núñez. Lo mataron y dejaron su cadáver a merced de los gallinazos.
“Yo fui y le dije a mi compadre: o nos organizamos o nos joden”, recuerda el viejo ganadero. Compraron escopetas, afilaron machetes y decidieron combatir. Entre los campesinos que se sumaron a estos incipientes grupos de defensa campesina estaba un hombre apasionado por la música, que daba serenatas: Ramón Isaza. Otros de los fundadores eran los líderes campesinos Gonzalo Pérez y su hijo Henry. A ellos se sumó Pablo Emilio Guarín, representante a la Cámara del Partido Liberal. Aunque por entonces el término de para-política no formaba parte del léxico nacional, había quedado sellado el pacto entre un grupo armado y un dirigente de un partido político legal.
En cuestión de días, esta ardiente región se llenó de un odio inimaginable. Paradójicamente, esto ocurría mientras en el resto del país Belisario Betancur (1982-1986) impulsaba los diálogos con la guerrilla, juraba que durante su gobierno no se iba a derramar una gota de sangre y a lo largo y ancho de Colombia se pintaban millones de palomitas de paz.
¿Por qué pasó ese horror? Entre otras cosas, porque en este pueblo, que por entonces tenía 30.000 habitantes, coincidieron los más diversos dirigentes políticos, comerciantes, miembros de la Iglesia y del Ejército, a quienes los unía su rechazo absoluto a cualquier cosa que oliera a izquierda. Algunos de los propietarios de los mejores predios pertenecían a miembros de Tradición, Familia y Propiedad, que organizaba fogosas marchas contra los comunistas; los militares del Batallón de Infantería Número 3 Bárbula, de la XIV Brigada, llegaron con una rígida formación en la Doctrina de la Seguridad Nacional que, en términos sencillos, se proponía exterminar como fuera la amenaza comunista. Y el empresariado creía que se iba a acabar la propiedad privada. La Texas Petroleum Company, que durante años explotó los ricos campos petroleros de la zona, no vaciló en prestar la sede de la compañía para que todos los anticomunistas decidieran qué hacer. En cuestión de meses se formó el huevo de la serpiente que cambió el país para siempre.
Con la dirigencia unida, ahora se necesitaban las armas. El Ejército entregó las primeras a la naciente autodefensa. La edición de agosto de 1987 del periódico Puerto Rojo dice: “Las armas se adquieren en la Brigada XIV, indudablemente por todas las personas que las necesiten...”. ‘Luis Ramírez’, uno de los más sangrientos jefes de las autodefensas de la época, dijo en la televisión en su momento: “Nosotros lo que hicimos fue unirnos a las Fuerzas Armadas de Colombia”. “Las autodefensas de hoy son oficiales, creadas por el gobierno y el Ejército. Por eso las llamamos paramilitares”, respondió entonces el máximo ideólogo de las Farc, Jacobo Arenas.
En el batallón Bárbula los campesinos recibieron instrucciones militares para ir a pelear contra la guerrilla, como lo ratificó recientemente Ramón Isaza. El romántico cantante ahora sólo tenía voz para la muerte. Así quiso que todos sus herederos siguieran su ejemplo. Seis de sus ocho hijos son caracterizados jefes paras.
Las Farc no se quedaron atrás y de los cánticos y consignas proletarias pasaron a las masacres. Un vistazo a los periódicos refleja el horror de lo que pasó en la década de los 80 en Puerto Boyacá y sus alrededores: “Los cadáveres bajan por el río como troncos a la deriva. Navegan tan putrefactos y desfigurados y son tantos, que el comandante de la base fluvial de Barrancabermeja y varios alcaldes de pueblos ribereños decidieron no recoger más muertos del río”, escribió Germán Santamaría en El Tiempo.
Y Gabriel García Márquez, en El Espectador: “Los distraídos habitantes de las ciudades hemos comprendido que el infierno no está más allá de la muerte –como nos lo enseñaron en el catecismo–,sino a sólo cuatro horas por carretera de los cumpleaños de corbata negra y los torneos retóricos y las fiestas de bodas medievales de las sabanas de Bogotá”.
“Fue horrible, recuerda el nonagenario ganadero, pero ganamos, no dejamos ni un solo guerrillero en Puerto Boyacá. Por eso levantamos el muro con orgullo”. Se refiere al muro que hoy está a la entrada del pueblo: “Bienvenido a Puerto Boyacá. Tierra de paz y progreso. Capital Antisubversiva de Colombia”.
Mientras la fuerza de la violencia aumentaba, al puerto llegaban paramilitares de otras partes. Por ejemplo, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, uno de los ideólogos de las AUC. Vino a Puerto Boyacá y fundó el movimiento Morena, en otro intento de los grupos armados de extrema derecha de allanar el camino para hacer política.
De un momento a otro, ese ejército victorioso de autodefensas, compuesto por campesinos convertidos en guerreros sanguinarios, se encontró además con la financiación de los capos de la droga: José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mexicano’, y Pablo Escobar Gaviria hicieron su aparición y convirtieron a esos muchachos en sus ejércitos rurales. Fundaron en este escenario las escuelas de sicarios. El ‘Mexicano’, aliado con Isaza, trajo al mercenario israelí Yair Klein para organizar un ejército privado con el que se propuso exterminar la Unión Patriótica, ejecutar masacres a lo largo y ancho del país y amedrentar al Estado. De aquí salieron algunos de los asesinos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, así como varios de los autores de las masacres de La Rochela y Segovia.
Esta coyuntura se presentó, entre otras razones, porque el pueblo tiene una ubicación que está sintetizada en la carta de presentación para atraer turistas: “Puerto Boyacá, cerca de todo”. En efecto, aquí se abre paso hacia los Santanderes, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
Al tiempo que los asesinos salían en sus camionetas a disparar, aquí y en los pueblos adyacentes se vivían días de asombro y delirio. Por ejemplo, en Puerto Triunfo, a una hora en carretera de Puerto Boyacá, Pablo Escobar dictaba las leyes. Inclusive, Virginia Vallejo, la diva del momento de la televisión colombiana, sobrevolaba estas tierras en helicópteros privados junto al capo. El más fogoso e inteligente líder del liberalismo, Alberto Santofimio, navegaba también por las aguas del Magdalena en lujosas lanchas junto a Escobar, como lo testimonian varias fotos. Y mientras los símbolos sexuales del país se paseaban por aquí, los presidenciables les hacían venia a los capos del narcotráfico, la población estaba extasiada ante el surgimiento del nuevo paraíso donde había jirafas, hipopótamos, leones, leopardos y avestruces. Eran tales el exceso y el derroche, que personas humildes como doña Rosaura García se negaban a creer: “Son historias, leyendas”.
Mientras tanto, la sangría continuaba. Cuando ya mataron al guerrillero, al comunista, al simpatizante, al profesor, al periodista, al médico, al homosexual, a todo el que se les atravesaba y ya no tenían nadie más a quien matar, empezaron a matarse entre ellos mismos.
A Pablo Guarín, que se vanagloriaba de sus acciones paramilitares en los recintos del Congreso ante la mirada silenciosa de la dirigencia del Partido Liberal, lo asesinaron en una carretera, en 1987. Gonzalo Pérez fue abatido en julio de 1991 por un patrullero de las autodefensas que había cometido una falta y al que él mismo iba a matar, aunque muchos juraron que fue un encargo de Escobar. A Henry, 12 días después de la muerte de su padre, lo encontraron en el atrio de la iglesia con una veintena de hombres desarmados. Los disparos se confundieron con la pólvora que señalaba el comienzo de las fiestas del pueblo.
Entonces apareció otro hombre de revólver caliente: Ariel Otero. Tomó el liderazgo de los paras y anunció, a través de una emisora, que se vengaría de Escobar Gaviria. El capo le ganó la partida y lo mató seis meses después. Isaza, entre tanto, entró a una guerra frontal también con Escobar, por Puerto Triunfo, donde los visitantes alucinaban con el naciente edén.
“Nos gusta el billete y odiamos a los comunistas. ¿Por qué peleamos?”, preguntó el ‘Mexicano’. Algunos de los sobrevivientes aprendieron la lección. Ahora dominan algunos de los hombres que o bien son narcos o paras, o todo al mismo tiempo. Es el caso de Víctor Rafael Triana, ‘Botalón’, quien, según un informe del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, “perteneció a la estructura de Rodríguez Gacha” y el sábado 28 de enero de 2006 se desmovilizó como miembro de las AUC, en medio de una cabalgata con 150 jinetes escoltados por 75 camionetas burbuja.
Hoy nadie en este pueblo habla de violencia, todos dicen que es un remanso de paz. Muchos lo dicen por temor, y otros, por convicción. En un país que hoy se llena de horror por el hallazgo de las fosas comunes y donde los políticos con nexos dudosos van a la cárcel, aquí, en cambio, muchos creen, al menos de labios para fuera, que “en este pueblo no ha pasado nada”.
Calma chicha
La campaña electoral en el sur del Cesar se libra en medio de una nueva guerra por el negocio de la droga proveniente del Catatumbo y el sur de Bolívar.
Amedia mañana, como si fuera una película, ocurre una escena frenética en la plaza central de Aguachica: llegan raudas dos camionetas con vidrios oscuros. De ellas baja un grupo de hombres armados y una mujer a la que protegen. Se trata de la alcaldesa Luz Irina Pérez, quien llega a trabajar a las 10 de la mañana. Su ingreso parece más el operativo de rescate de un secuestrado que el inicio de la jornada laboral de un funcionario.
Los habitantes de este pueblo, a quienes llaman morrocoyeros, ven la escena desde hace más de un año. Y ahora se repite con la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, sin importar los más de 35 grados de temperatura, se confunden con las coloridas vallas de las campañas y las melodías que los cantantes vallenatos han compuesto por encargo de los políticos y que retumban a toda hora en las puertas de las sedes de las campañas y en los carros que recorren todo el municipio.
Ese ambiente festivo se frenó, pero no del todo, en plena fiesta del cumpleaños de Aguachica, cuando asesinaron al líder político Anuar Yaver Cortés. El pleno de la dirigencia liberal, partido al que pertenecía Yaver, anunció que retiraría a todos sus candidatos, y José Luis Urón, el presidente del directorio departamental, recordó que desde junio está denunciando un plan para asesinar a los dirigentes liberales en el departamento. "Pero faltó un muerto para que miraran al Cesar", dijo. Abandonaron la idea de retirarse luego de que el gobierno les ofreció mayor seguridad.
Paradójicamente, la situación de zozobra hoy tiene unidos a liberales y conservadores, que por años tuvieron enconadas diferencias políticas, pero que ahora lucen como minoría frente a las nuevas fuerzas políticas en el departamento. Son los únicos que admiten las amenazas y los seguimientos, en contraste con los candidatos de otros grupos políticos que aseguran que no hay riesgo ni amenazas, como lo han reiterado en diferentes reuniones. Según el registrador municipal, Pablo Gómez, desde comienzo de año han realizado seis comités de seguimiento electoral y en ninguno de ellos se escucharon voces intimidadas. Él asegura que "no es miedo sino prevención originada en la historia de violencia del pueblo".
Este optimismo desconoce la realidad en la que ha vivido la región en los últimos años. Aguachica es el eje de la violencia en el sur del Cesar. Fue el municipio donde se encontraron el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte de las autodefensas y decidieron mandar ambos. Así era en las elecciones de los últimos 10 años, cuando los políticos debían tener la venia de estos grupos armados para participar y, una vez elegidos, estaban obligados a rendir cuentas.
La guerra de hoy en el sur del Cesar tiene una razón: se rompió el acuerdo que durante años mantuvieron los líderes del Bloque Norte y el BCB para el manejo de la droga que proviene del sur de Bolívar y del Catatumbo. Luego de la desmovilización, los mellizos Mejía Múnera se quedaron con la parte que controlaba el Bloque Norte de 'Jorge 40'. Al parecer, eso no le cayó muy bien al BCB, liderado por alias 'Macaco', y después de intentos de acuerdo, la guerra se declaró. En el centro quedó Aguachica. El personero, David Ramos, asegura que los muertos por esos días, entre marzo y junio, llegaron a 60. Hubo días en que se contaron hasta siete.
Con la campaña electoral todo pareciera indicar que la guerra de narcos está asomando su cabeza en la política.
Días antes de su crimen, Yaver Cortés le reclamó a un noticiero de Radio Guatapurí, por difundir una información según la cual su precandidatura liberal a la Alcaldía era apoyada por las Águilas Negras. "Con esta información ustedes me están poniendo una lápida en el pecho", dijo Yaver en ese momento. Hoy muchos dicen que la sentencia se cumplió. Las autoridades militares de la zona se apartan de esa hipótesis y dicen que al parecer el atentado no iba contra el dirigente liberal, sino contra su acompañante.
No hay claridad aún sobre el crimen. Mientras tanto, el pasado jueves la candidata a la Asamblea de Cesar por el Partido Conservador, Jacqueline Galván Lobo, por poco es asesinada en una calle llena de gente en Aguachica. Mientras compraba un obsequio, unos hombres en una motocicleta intentaron infructuosamente alcanzarla con sus armas. Unos vecinos le avisaron y la salvaron.
Es un ataque más contra los conservadores. El candidato a la Alcaldía por ese partido, Alfredo Vega, denunció ante el gobierno que varios hombres lo perseguían para matarlo. "Hay una orden de asesinar políticos morrocoyeros", dijo recientemente, frente a varias autoridades nacionales, en el lanzamiento del programa del Gobierno Voto Limpio. Hoy hace parte del programa de protección del Ministerio del Interior y hace su campaña protegido por seis escoltas. Según dijo Vega a Votebien, quienes intentan matarlo son actores políticos."Hay candidatos que hacen alianzas con el diablo y el demonio para poder hacerse con el poder".
Otro de los candidatos, que pidió que se omitiera su nombre, asegura que "se recrudeció la violencia de manera tenebrosa. Hasta ahora, se estaban matando sólo entre ellos". Pero con el crimen de Yaver Cortés cambió el panorama y parece que metió la guerra de los grupos emergentes en el predio de los políticos. Antes de que comenzara la campaña electoral, la guerra había pasado de lado. Incluso, el debate pintaba más político y apasionado, como suelen defender sus ideas los dirigentes de esta zona del país. De ahí que estén inscritos siete candidatos a la Alcaldía y 140 al Concejo.
La pregunta es ¿por qué la guerra de los narcos se metió con la política? "Las campañas son más bien empresas electorales. No es una puja de ideas sino de financiación", asegura Moisés Álvarez, coordinador del núcleo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
Para el registrador municipal, por lo menos hay garantías electorales. Pero eso no es suficiente. Las medidas de seguridad van más allá de los chalecos blindados e implican el control de las actividades de los narcotraficantes. Los aspirantes y los ciudadanos tienen derecho a una campaña con garantías de seguridad y en la que se pueda hacer proselitismo a partir de las ideas.
La campaña electoral en el sur del Cesar se libra en medio de una nueva guerra por el negocio de la droga proveniente del Catatumbo y el sur de Bolívar.
Amedia mañana, como si fuera una película, ocurre una escena frenética en la plaza central de Aguachica: llegan raudas dos camionetas con vidrios oscuros. De ellas baja un grupo de hombres armados y una mujer a la que protegen. Se trata de la alcaldesa Luz Irina Pérez, quien llega a trabajar a las 10 de la mañana. Su ingreso parece más el operativo de rescate de un secuestrado que el inicio de la jornada laboral de un funcionario.
Los habitantes de este pueblo, a quienes llaman morrocoyeros, ven la escena desde hace más de un año. Y ahora se repite con la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, sin importar los más de 35 grados de temperatura, se confunden con las coloridas vallas de las campañas y las melodías que los cantantes vallenatos han compuesto por encargo de los políticos y que retumban a toda hora en las puertas de las sedes de las campañas y en los carros que recorren todo el municipio.
Ese ambiente festivo se frenó, pero no del todo, en plena fiesta del cumpleaños de Aguachica, cuando asesinaron al líder político Anuar Yaver Cortés. El pleno de la dirigencia liberal, partido al que pertenecía Yaver, anunció que retiraría a todos sus candidatos, y José Luis Urón, el presidente del directorio departamental, recordó que desde junio está denunciando un plan para asesinar a los dirigentes liberales en el departamento. "Pero faltó un muerto para que miraran al Cesar", dijo. Abandonaron la idea de retirarse luego de que el gobierno les ofreció mayor seguridad.
Paradójicamente, la situación de zozobra hoy tiene unidos a liberales y conservadores, que por años tuvieron enconadas diferencias políticas, pero que ahora lucen como minoría frente a las nuevas fuerzas políticas en el departamento. Son los únicos que admiten las amenazas y los seguimientos, en contraste con los candidatos de otros grupos políticos que aseguran que no hay riesgo ni amenazas, como lo han reiterado en diferentes reuniones. Según el registrador municipal, Pablo Gómez, desde comienzo de año han realizado seis comités de seguimiento electoral y en ninguno de ellos se escucharon voces intimidadas. Él asegura que "no es miedo sino prevención originada en la historia de violencia del pueblo".
Este optimismo desconoce la realidad en la que ha vivido la región en los últimos años. Aguachica es el eje de la violencia en el sur del Cesar. Fue el municipio donde se encontraron el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte de las autodefensas y decidieron mandar ambos. Así era en las elecciones de los últimos 10 años, cuando los políticos debían tener la venia de estos grupos armados para participar y, una vez elegidos, estaban obligados a rendir cuentas.
La guerra de hoy en el sur del Cesar tiene una razón: se rompió el acuerdo que durante años mantuvieron los líderes del Bloque Norte y el BCB para el manejo de la droga que proviene del sur de Bolívar y del Catatumbo. Luego de la desmovilización, los mellizos Mejía Múnera se quedaron con la parte que controlaba el Bloque Norte de 'Jorge 40'. Al parecer, eso no le cayó muy bien al BCB, liderado por alias 'Macaco', y después de intentos de acuerdo, la guerra se declaró. En el centro quedó Aguachica. El personero, David Ramos, asegura que los muertos por esos días, entre marzo y junio, llegaron a 60. Hubo días en que se contaron hasta siete.
Con la campaña electoral todo pareciera indicar que la guerra de narcos está asomando su cabeza en la política.
Días antes de su crimen, Yaver Cortés le reclamó a un noticiero de Radio Guatapurí, por difundir una información según la cual su precandidatura liberal a la Alcaldía era apoyada por las Águilas Negras. "Con esta información ustedes me están poniendo una lápida en el pecho", dijo Yaver en ese momento. Hoy muchos dicen que la sentencia se cumplió. Las autoridades militares de la zona se apartan de esa hipótesis y dicen que al parecer el atentado no iba contra el dirigente liberal, sino contra su acompañante.
No hay claridad aún sobre el crimen. Mientras tanto, el pasado jueves la candidata a la Asamblea de Cesar por el Partido Conservador, Jacqueline Galván Lobo, por poco es asesinada en una calle llena de gente en Aguachica. Mientras compraba un obsequio, unos hombres en una motocicleta intentaron infructuosamente alcanzarla con sus armas. Unos vecinos le avisaron y la salvaron.
Es un ataque más contra los conservadores. El candidato a la Alcaldía por ese partido, Alfredo Vega, denunció ante el gobierno que varios hombres lo perseguían para matarlo. "Hay una orden de asesinar políticos morrocoyeros", dijo recientemente, frente a varias autoridades nacionales, en el lanzamiento del programa del Gobierno Voto Limpio. Hoy hace parte del programa de protección del Ministerio del Interior y hace su campaña protegido por seis escoltas. Según dijo Vega a Votebien, quienes intentan matarlo son actores políticos."Hay candidatos que hacen alianzas con el diablo y el demonio para poder hacerse con el poder".
Otro de los candidatos, que pidió que se omitiera su nombre, asegura que "se recrudeció la violencia de manera tenebrosa. Hasta ahora, se estaban matando sólo entre ellos". Pero con el crimen de Yaver Cortés cambió el panorama y parece que metió la guerra de los grupos emergentes en el predio de los políticos. Antes de que comenzara la campaña electoral, la guerra había pasado de lado. Incluso, el debate pintaba más político y apasionado, como suelen defender sus ideas los dirigentes de esta zona del país. De ahí que estén inscritos siete candidatos a la Alcaldía y 140 al Concejo.
La pregunta es ¿por qué la guerra de los narcos se metió con la política? "Las campañas son más bien empresas electorales. No es una puja de ideas sino de financiación", asegura Moisés Álvarez, coordinador del núcleo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
Para el registrador municipal, por lo menos hay garantías electorales. Pero eso no es suficiente. Las medidas de seguridad van más allá de los chalecos blindados e implican el control de las actividades de los narcotraficantes. Los aspirantes y los ciudadanos tienen derecho a una campaña con garantías de seguridad y en la que se pueda hacer proselitismo a partir de las ideas.
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos
Agosto 26 de 2007 -
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular
Aunque la violencia política se ha reducido en 25% con relación al mismo periodo de la campaña pasada, el número de atentados contra dirigentes políticos aumentó frente a lo ocurrido en el 2003.
Eso admitió la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, quien aclaró que en la campaña electoral de ese año (2003), para esta misma fecha hubo 78 muertes. Y si bien las 54 ocurridas en el 2007 no todas son de candidatos, lo que sí es evidente es que estas van en aumento.
En los últimos 15 días, por ejemplo, fue asesinado Ramiro Rodríguez, candidato de Convergencia Ciudadana al Concejo de Garzón (Huila). Los dos candidatos a la Alcaldía de Cereté (Córdoba), Rafael Chica y Alfonso de la Espriella Burgos, denunciaron amenazas de muerte.
También en el Huila, fue asesinado Javier Andrade, quien aspiraba a su reelección como concejal de Íquira, y el 16 de agosto murió en un atentado el candidato liberal a la Alcaldía de Aguachica (Cesar), Anuar Yáver Cortés. Este hecho provocó una dura reacción del liberalismo que estuvo al borde de marginarse de la contienda electoral en ese departamento.
Todos en riesgo
Son pocas las zonas del país que escapan a esta escalada de violencia que afecta de manera indiscriminada a candidatos y dirigentes de casi todas las vertientes políticas.
Del Partido Conservador han muerto seis candidatos a concejos en Meta, Arauca, Valle, Caquetá y Chocó.
Y el Polo Democrático elaboró un mapa de riesgo con base en las amenazas recibidas por sus aspirantes en 18 departamentos.
El Comité de Seguimiento Electoral, que evalúa la situación de riesgo, ha detectado 37 municipios del país con alta probabilidad de ser objeto de presiones y amenazas contra candidatos.
La Misión de Observación Electoral (MOE), prepara un informe sobre el tema que se hará público en los próximos días.
Hasta el pasado 24 de agosto, información preliminar de la MOE, da cuenta de 11 asesinatos, 6 secuestros y 47 amenazas a candidatos de diferentes partidos en distintas regiones del país.
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el jueves pasado, los partidos le insistieron al Gobierno en la necesidad extremar las medidas y pidieron garantías reales para poder hacer una campaña sin contratiempos en todos los municipios del país.
La viceministra Nieto dijo que el Gobierno hace todo lo posible, pero admitió que, "lo que no podemos decir es que no van a matar a un candidato más"
"Se requiere apoyo de ellos, los candidatos también tienen que autoprotegerse y acatar las recomendaciones de las autoridades. El Gobierno no tiene la capacidad de ponerles escolta y un carro blindado a todos los candidatos", agregó.
Atentado dejó dos muertos y tres heridos
Este mismo domingo por la noche se conoció que dos personas murieron en un establecimiento público en el parque La Florida de La Jagua de Ibirico (Cesar), cuando dos hombres llegaron en una moto: uno se bajó y disparó de manera indiscriminada contra todos los presentes.
Los dos muertos son Leonardo Muriel, de 33 años, oriundo del departamento del Tolima; y Jorge Peñalosa Martín, quienes junto a otras personas celebraban el éxito del desfile político desarrollado por la campaña a la Alcaldía de La Jagua por el Partido Liberal de Alfonso Palacios.
Resultaron heridos Benjamín Molina, candidato liberal al Concejo de La Jagua; Cristóbal Peña y otra persona que no fue identificada por las autoridades.
El comandante de la Policía en el Cesar, Coronel José Edgar Cepeda Ayala, descartó la posibilidad de un eventual atentado contra el candidato Palacios o el aspirante al Concejo herido.
Sin embargo, Palacios asegura que la acción violenta sì tiene algo que ver con su candidatura por la proximidad del lugar donde ocurrió el doble crimen a su sede política y "porque además el candidato al Concejo herido es de mi lista inscrita ante la Registraduría", aseguró.
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular
Aunque la violencia política se ha reducido en 25% con relación al mismo periodo de la campaña pasada, el número de atentados contra dirigentes políticos aumentó frente a lo ocurrido en el 2003.
Eso admitió la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, quien aclaró que en la campaña electoral de ese año (2003), para esta misma fecha hubo 78 muertes. Y si bien las 54 ocurridas en el 2007 no todas son de candidatos, lo que sí es evidente es que estas van en aumento.
En los últimos 15 días, por ejemplo, fue asesinado Ramiro Rodríguez, candidato de Convergencia Ciudadana al Concejo de Garzón (Huila). Los dos candidatos a la Alcaldía de Cereté (Córdoba), Rafael Chica y Alfonso de la Espriella Burgos, denunciaron amenazas de muerte.
También en el Huila, fue asesinado Javier Andrade, quien aspiraba a su reelección como concejal de Íquira, y el 16 de agosto murió en un atentado el candidato liberal a la Alcaldía de Aguachica (Cesar), Anuar Yáver Cortés. Este hecho provocó una dura reacción del liberalismo que estuvo al borde de marginarse de la contienda electoral en ese departamento.
Todos en riesgo
Son pocas las zonas del país que escapan a esta escalada de violencia que afecta de manera indiscriminada a candidatos y dirigentes de casi todas las vertientes políticas.
Del Partido Conservador han muerto seis candidatos a concejos en Meta, Arauca, Valle, Caquetá y Chocó.
Y el Polo Democrático elaboró un mapa de riesgo con base en las amenazas recibidas por sus aspirantes en 18 departamentos.
El Comité de Seguimiento Electoral, que evalúa la situación de riesgo, ha detectado 37 municipios del país con alta probabilidad de ser objeto de presiones y amenazas contra candidatos.
La Misión de Observación Electoral (MOE), prepara un informe sobre el tema que se hará público en los próximos días.
Hasta el pasado 24 de agosto, información preliminar de la MOE, da cuenta de 11 asesinatos, 6 secuestros y 47 amenazas a candidatos de diferentes partidos en distintas regiones del país.
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el jueves pasado, los partidos le insistieron al Gobierno en la necesidad extremar las medidas y pidieron garantías reales para poder hacer una campaña sin contratiempos en todos los municipios del país.
La viceministra Nieto dijo que el Gobierno hace todo lo posible, pero admitió que, "lo que no podemos decir es que no van a matar a un candidato más"
"Se requiere apoyo de ellos, los candidatos también tienen que autoprotegerse y acatar las recomendaciones de las autoridades. El Gobierno no tiene la capacidad de ponerles escolta y un carro blindado a todos los candidatos", agregó.
Atentado dejó dos muertos y tres heridos
Este mismo domingo por la noche se conoció que dos personas murieron en un establecimiento público en el parque La Florida de La Jagua de Ibirico (Cesar), cuando dos hombres llegaron en una moto: uno se bajó y disparó de manera indiscriminada contra todos los presentes.
Los dos muertos son Leonardo Muriel, de 33 años, oriundo del departamento del Tolima; y Jorge Peñalosa Martín, quienes junto a otras personas celebraban el éxito del desfile político desarrollado por la campaña a la Alcaldía de La Jagua por el Partido Liberal de Alfonso Palacios.
Resultaron heridos Benjamín Molina, candidato liberal al Concejo de La Jagua; Cristóbal Peña y otra persona que no fue identificada por las autoridades.
El comandante de la Policía en el Cesar, Coronel José Edgar Cepeda Ayala, descartó la posibilidad de un eventual atentado contra el candidato Palacios o el aspirante al Concejo herido.
Sin embargo, Palacios asegura que la acción violenta sì tiene algo que ver con su candidatura por la proximidad del lugar donde ocurrió el doble crimen a su sede política y "porque además el candidato al Concejo herido es de mi lista inscrita ante la Registraduría", aseguró.
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Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
26.08.2007 | Clarin.com | Zona
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA GUERRILLA COLOMBIANA
"Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
Raúl Reyes hizo esa advertencia, hoy clave, aunque agradeció la mediación de Chávez, quien había ofrecido una zona de despeje en su país. El jefe guerrillero insistió en que Colombia debe abrir un área para el intercambio.
Imprimir
Pablo Biffi
El "comandante" Raúl Reyes es el número dos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los siete miembros del Secretariado del Estado Mayor, conducido por el mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, quien lleva casi 60 años en la clandestinidad. Creadas en 1964, las FARC se definen marxistas leninistas y "campesinas y bolivarianas". En una entrevista exclusiva con Clarín en un campamento transitorio montado para el encuentro con este diario en la selva del sur de Colombia, Reyes dio la bienvenida al aporte del venezolano Hugo Chávez para un canje de unos 50 rehenes -entre ellos la ex candidata Ingrid Betancourt- por 400 guerrilleros presos. Pero aclaró que no aceptan entregar a sus prisioneros en Venezuela, tal como propuso el líder bolivariano quien el viernes se reunirá en Bogotá con su colega Alvaro Uribe. "El está haciendo su aporte y lo agradecemos. Nosotros pensamos que es un inicio, es un nuevo impulso, un nuevo oxígeno que se le puede dar al tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que el canje, por ser un problema derivado del conflicto interno, debe solucionarse en Colombia. No vamos a entregar prisioneros en Venezuela", dijo.
Con 30 años dentro de la organización -el grupo cuenta con alrededor de 17.000 hombres en armas-, un pasado vinculado al Partido Comunista y como concejal de un pueblo en Caquetá, Reyes tiene tres hijos de un matrimonio en la vida civil -cuando era Luis Edgar Devia Silva- y dice estar "cerquita de los 60 años". Para el líder guerrillero, Ingrid Betancourt no está en carácter de "secuestrada" desde febrero de 2002, sino como "prisionera política, por ser parte de un régimen que nosotros combatimos". A lo largo de un día, Clarín compartió con Reyes un extenso diálogo en el que negó los vínculos de las FARC con el narcotráfico y rechazó que sean una organización terrorista.
-¿Por qué es tan difícil un acuerdo humanitario para liberar rehenes que algunos ya llevan 10 años prisioneros?
-Es que este gobierno no tiene la más mínima intención de hacerlo. Las FARC han insistido desde hace más de 5 años para conseguir el acuerdo, un canje entre unos 50 rehenes y 400 presos guerrilleros. Y hay que recordar que en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana liberamos unilateralmente a más de 300 soldados y policías. Y sólo obtuvimos la liberación de 14 guerrilleros enfermos. El resto de los rehenes que teníamos quedaron en nuestro poder para buscar un acuerdo humanitario.
-¿Por qué insisten en el despeje militar de dos municipios de 800 kilómetros cuadrados, Florida y Pradera, para el canje?
-Cuando asumió este gobierno en 2002 le propusimos el despeje de dos municipios en Caquetá, que eran San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pero Uribe dijo que proponíamos esos sitios porque las FARC se sentían acosadas militarmente y querían recuperar terreno. Nosotros dijimos entonces: bueno, que sean otros así el gobierno no cree que queremos sacar ventaja.
-¿Pero no se puede hacer de otra manera el intercambio?
-No, no se puede hacer de ninguna manera porque las FARC no tienen la más mínima confianza en los representantes de Uribe, porque es un gobierno ilegítimo, narco paramilitar, un gobierno que no tiene un interés distinto al de la guerra. Además, pensamos que es poca cosa desmilitarizar dos municipios por 45 días para un acuerdo de tanta envergadura.
-Pero el gobierno insiste en que no desmilitarizará y Uds., que sin desmilitarización no hay canje ¿Cómo se sale de esa trampa?
-Pensamos que de esto se sale con la presión nacional e internacional, para sensibilizar a Uribe que entienda que la única forma de llegar al acuerdo es desmilitarizando los municipios. No es Uribe el que ha hecho la propuesta, son las FARC las que la hicieron. Por eso es que hemos valorado muchísimo el papel que jugaron y juegan Francia, Suiza y España buscando el acuerdo. Pero la política de Uribe es la del rescate por la fuerza, sin importarle lo que les pase a los prisioneros, ya que él lo que quiere es mostrar resultados en la ejecución del Plan Patriota y el Plan Colombia financiados por Estados Unidos, y demostrar que está derrotando a las FARC.
-¿No le parece que es un juego de fuerza entre gobierno y FARC usando a los rehenes?
-Lo que pasa es que en Colombia hay un conflicto interno, una confrontación de más de 43 años sólo con las FARC, donde el Estado ha querido acabar con la guerrilla. Cada presidente utilizó cantidad de hombres y de recursos en buscar liquidar a las FARC. No lo lograron. Hemos crecido y hoy tenemos presencia en todo el país. Esto hace que la clase gobernante se preocupe.
-Insisto ¿No es un juego de fuerza con los rehenes de por medio?
-Es que el gobierno quiere hacerle creer al país y al mundo que nos está derrotando y que nos va hacer negociar bajo presión. Nosotros estamos fuertes y no negociamos bajo presión.
-Hace unos meses el gobierno liberó un centenar de guerrilleros y por pedido del presidente francés se liberó al "canciller" de las FARC Rodrigo Granda. Se esperaba un gesto recíproco de ustedes como dejar libre a Ingrid Betancourt, pero no hubo nada.
-Es que fue un hecho unilateral del gobierno en el marco de una campaña mediática para tapar el escándalo de la "parapolítica" que lo complica, y no producto de una negociación. Y en cuanto a la liberación de Granda, nosotros agradecimos el gesto del presidente Nicolas Sarkozy. Pero tampoco hubo un compromiso de las FARC con Sarkozy para que Granda fuera liberado.
-¿Pero no hubiera sido importante liberar a Ingrid o a Clara Rojas y su hijo de tres años, que nació en cautiverio?
-El problema del acuerdo humanitario deriva del conflicto interno colombiano y cualquier acuerdo debe hacerse en Colombia. Cualquier intervención en favor del canje es provechosa. Pero quienes deciden son el gobierno de Bogotá y las FARC.
-Chávez ofreció su país y una zona despejada para el canje ¿Aceptarían hacerlo en Venezuela?
-Yo quiero agradecer a través de Clarín al presidente Chávez por ese gesto, por esa generosidad, por ese sentido de solidaridad con Colombia, y con los familiares de los prisioneros, y las FARC. Pero es necesario aquí recordar que el presidente Chávez hace esta oferta después de que la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal y opositora a Uribe, le pidiera que contribuyera con el acuerdo. Y él está haciendo su aporte, que nosotros pensamos que es un inicio, un nuevo impulso que se le puede dar a este tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que, por ser un problema derivado del conflicto interno, el canje debe solucionarse en Colombia.
-¿Entonces ustedes rechazan entregar rehenes en Venezuela?
-Sí, nosotros lo que seguimos solicitando es la desmilitarización de Pradera y Florida y le pediríamos al presidente Chávez que, dado su peso político, contribuya para que se logre ese despeje que nos lleve a sentar a las partes a una mesa y concertar el acuerdo que ponga fin al cautiverio de los prisioneros.
-¿Van a negociar en Venezuela?
-Sí, nosotros no tenemos problemas en dialogar en cualquier sitio, pero la entrega de prisioneros debe ser en Colombia.
-¿No es un acto demencial tener personas retenidas durante tanto tiempo como Betancourt, que lleva más de 5 años en manos de las FARC?
-Para nosotros en ningún caso hay secuestro, porque se trata del resultado de una confrontación del pueblo en armas, las guerrillas revolucionarias en Colombia, y un Estado que tiene una ramificación en los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Los soldados en nuestro poder son prisioneros de guerra y el resto prisioneros políticos. En el grupo que nosotros denominamos "canjeables", está Ingrid Betancourt, una candidata a la presidencia y antes senadora, pero del sistema que combatimos. Por eso no es una secuestrada.
-¿Y en el caso de los tres estadounidenses que tienen desde febrero de 2003?
-Ellos son agentes norteamericanos. Las FARC no los fueron a capturar en Washington, Nueva York, Texas o Boston, sino que los tomó prisioneros en territorio colombiano cuando hacían espionaje en nuestro país.
-El gobierno y Estados Unidos dicen que eran contratistas civiles...
-Esa es la gran mentira. Eran agentes que hacían espionaje en Colombia, violando nuestra soberanía, violando nuestra independencia. Pese a ello, los incluimos entre los canjeables y aspiramos a liberarlos una vez que sean liberados los camaradas Simón Trinidad y Sonia, presos en Estados Unidos y todos los guerrilleros y guerrilleras que tenemos en las cárceles de Colombia.
-¿Por qué toman como rehenes a empresarios?
-No. ¿Cuáles empresarios?
-¿No hay empresarios?
-Que yo conozca, no. Y si hay es porque ellos no han pagado el impuesto de nuestra Ley 02, que es un impuesto que cobran las FARC a los empresarios, que son los mismos que financian la guerra contra el pueblo colombiano. Hay muchos que pagan ese impuesto sin necesidad de hacerlos prisioneros y otros que no lo pagan. Y como no lo hacen entonces los hacemos prisioneros. Esos no están incluidos dentro del paquete de canjeables porque una vez que paguen la deuda con la organización quedan libres.
-¿Cuánto tienen que pagar?
-El 10 por ciento de las utilidades que obtengan cada año.
-Usted habló de Simón Trinidad y Sonia, presos en EE.UU. ¿Cree posible una negociación con Washington para canjear a ellos por los tres estadounidenses?
-Habría que ver en qué términos, pero nosotros no tendríamos problemas, en la medida en que se haga a través del gobierno colombiano. En definitiva, Uribe no es más que un empleado de ellos y hace lo que le mandan.
-¿No es un mito eso?
-No, eso es real.
-¿Cómo se manifiesta?
-Los mismos norteamericanos lo reconocen. Es una realidad que se expresa en que ellos saben perfectamente quién es Uribe y sin embargo lo apoyan a sabiendas de su pasado bastante oscuro de paramilitar, de narcotraficante. Lo apoyan a pesar de conocer el fraude que ha hecho siempre, la compra de votos, a pesar de conocer quiénes estuvieron en las listas con él y de dónde vienen sus votos. Y lo acompañan a pesar de las mentiras que les dice diariamente con supuestos triunfos que no tiene. Le han dado mucho dinero para el Plan Colombia, y no les ha podido mostrar los resultados que se comprometió a entregarles. El les ofreció acabar con las FARC muy rápido en su primer gobierno, se comprometió también a rescatar a sus prisioneros sin necesidad del acuerdo. Tampoco lo logró.
-Nunca quedó claro cómo murieron el 18 de junio los 11 diputados en poder de las FARC ¿Qué pasó realmente?
-Dijimos que una fuerza no determinada causó la muerte de los diputados. Hasta hoy no hemos podido identificar qué ocurrió.
-¿Por que?
-Porque en la región donde estaban los 11 diputados hay confrontación permanente, porque hay todo tipo de fuerzas, como el ejército oficial, la policía, los paramilitares al servicio del Estado, bandas de delincuentes armadas por los narcotraficantes. Por eso las FARC no quisieron aventurarse a responsabilizar a ninguna fuerza de ese lamentable suceso.
-El gobierno dice que ustedes los asesinaron.
-Eso no es cierto. Es parte de la campaña mediática.
-¿Pero no hay responsabilidad en las FARC? Porque ustedes tienen la responsabilidad por la vida de los rehenes.
-Claro que hubo fallas en la seguridad. Hubo fallas de nuestra gente, que tenía la responsabilidad de cuidar a los prisioneros.
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA GUERRILLA COLOMBIANA
"Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
Raúl Reyes hizo esa advertencia, hoy clave, aunque agradeció la mediación de Chávez, quien había ofrecido una zona de despeje en su país. El jefe guerrillero insistió en que Colombia debe abrir un área para el intercambio.
Imprimir
Pablo Biffi
El "comandante" Raúl Reyes es el número dos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los siete miembros del Secretariado del Estado Mayor, conducido por el mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, quien lleva casi 60 años en la clandestinidad. Creadas en 1964, las FARC se definen marxistas leninistas y "campesinas y bolivarianas". En una entrevista exclusiva con Clarín en un campamento transitorio montado para el encuentro con este diario en la selva del sur de Colombia, Reyes dio la bienvenida al aporte del venezolano Hugo Chávez para un canje de unos 50 rehenes -entre ellos la ex candidata Ingrid Betancourt- por 400 guerrilleros presos. Pero aclaró que no aceptan entregar a sus prisioneros en Venezuela, tal como propuso el líder bolivariano quien el viernes se reunirá en Bogotá con su colega Alvaro Uribe. "El está haciendo su aporte y lo agradecemos. Nosotros pensamos que es un inicio, es un nuevo impulso, un nuevo oxígeno que se le puede dar al tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que el canje, por ser un problema derivado del conflicto interno, debe solucionarse en Colombia. No vamos a entregar prisioneros en Venezuela", dijo.
Con 30 años dentro de la organización -el grupo cuenta con alrededor de 17.000 hombres en armas-, un pasado vinculado al Partido Comunista y como concejal de un pueblo en Caquetá, Reyes tiene tres hijos de un matrimonio en la vida civil -cuando era Luis Edgar Devia Silva- y dice estar "cerquita de los 60 años". Para el líder guerrillero, Ingrid Betancourt no está en carácter de "secuestrada" desde febrero de 2002, sino como "prisionera política, por ser parte de un régimen que nosotros combatimos". A lo largo de un día, Clarín compartió con Reyes un extenso diálogo en el que negó los vínculos de las FARC con el narcotráfico y rechazó que sean una organización terrorista.
-¿Por qué es tan difícil un acuerdo humanitario para liberar rehenes que algunos ya llevan 10 años prisioneros?
-Es que este gobierno no tiene la más mínima intención de hacerlo. Las FARC han insistido desde hace más de 5 años para conseguir el acuerdo, un canje entre unos 50 rehenes y 400 presos guerrilleros. Y hay que recordar que en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana liberamos unilateralmente a más de 300 soldados y policías. Y sólo obtuvimos la liberación de 14 guerrilleros enfermos. El resto de los rehenes que teníamos quedaron en nuestro poder para buscar un acuerdo humanitario.
-¿Por qué insisten en el despeje militar de dos municipios de 800 kilómetros cuadrados, Florida y Pradera, para el canje?
-Cuando asumió este gobierno en 2002 le propusimos el despeje de dos municipios en Caquetá, que eran San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pero Uribe dijo que proponíamos esos sitios porque las FARC se sentían acosadas militarmente y querían recuperar terreno. Nosotros dijimos entonces: bueno, que sean otros así el gobierno no cree que queremos sacar ventaja.
-¿Pero no se puede hacer de otra manera el intercambio?
-No, no se puede hacer de ninguna manera porque las FARC no tienen la más mínima confianza en los representantes de Uribe, porque es un gobierno ilegítimo, narco paramilitar, un gobierno que no tiene un interés distinto al de la guerra. Además, pensamos que es poca cosa desmilitarizar dos municipios por 45 días para un acuerdo de tanta envergadura.
-Pero el gobierno insiste en que no desmilitarizará y Uds., que sin desmilitarización no hay canje ¿Cómo se sale de esa trampa?
-Pensamos que de esto se sale con la presión nacional e internacional, para sensibilizar a Uribe que entienda que la única forma de llegar al acuerdo es desmilitarizando los municipios. No es Uribe el que ha hecho la propuesta, son las FARC las que la hicieron. Por eso es que hemos valorado muchísimo el papel que jugaron y juegan Francia, Suiza y España buscando el acuerdo. Pero la política de Uribe es la del rescate por la fuerza, sin importarle lo que les pase a los prisioneros, ya que él lo que quiere es mostrar resultados en la ejecución del Plan Patriota y el Plan Colombia financiados por Estados Unidos, y demostrar que está derrotando a las FARC.
-¿No le parece que es un juego de fuerza entre gobierno y FARC usando a los rehenes?
-Lo que pasa es que en Colombia hay un conflicto interno, una confrontación de más de 43 años sólo con las FARC, donde el Estado ha querido acabar con la guerrilla. Cada presidente utilizó cantidad de hombres y de recursos en buscar liquidar a las FARC. No lo lograron. Hemos crecido y hoy tenemos presencia en todo el país. Esto hace que la clase gobernante se preocupe.
-Insisto ¿No es un juego de fuerza con los rehenes de por medio?
-Es que el gobierno quiere hacerle creer al país y al mundo que nos está derrotando y que nos va hacer negociar bajo presión. Nosotros estamos fuertes y no negociamos bajo presión.
-Hace unos meses el gobierno liberó un centenar de guerrilleros y por pedido del presidente francés se liberó al "canciller" de las FARC Rodrigo Granda. Se esperaba un gesto recíproco de ustedes como dejar libre a Ingrid Betancourt, pero no hubo nada.
-Es que fue un hecho unilateral del gobierno en el marco de una campaña mediática para tapar el escándalo de la "parapolítica" que lo complica, y no producto de una negociación. Y en cuanto a la liberación de Granda, nosotros agradecimos el gesto del presidente Nicolas Sarkozy. Pero tampoco hubo un compromiso de las FARC con Sarkozy para que Granda fuera liberado.
-¿Pero no hubiera sido importante liberar a Ingrid o a Clara Rojas y su hijo de tres años, que nació en cautiverio?
-El problema del acuerdo humanitario deriva del conflicto interno colombiano y cualquier acuerdo debe hacerse en Colombia. Cualquier intervención en favor del canje es provechosa. Pero quienes deciden son el gobierno de Bogotá y las FARC.
-Chávez ofreció su país y una zona despejada para el canje ¿Aceptarían hacerlo en Venezuela?
-Yo quiero agradecer a través de Clarín al presidente Chávez por ese gesto, por esa generosidad, por ese sentido de solidaridad con Colombia, y con los familiares de los prisioneros, y las FARC. Pero es necesario aquí recordar que el presidente Chávez hace esta oferta después de que la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal y opositora a Uribe, le pidiera que contribuyera con el acuerdo. Y él está haciendo su aporte, que nosotros pensamos que es un inicio, un nuevo impulso que se le puede dar a este tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que, por ser un problema derivado del conflicto interno, el canje debe solucionarse en Colombia.
-¿Entonces ustedes rechazan entregar rehenes en Venezuela?
-Sí, nosotros lo que seguimos solicitando es la desmilitarización de Pradera y Florida y le pediríamos al presidente Chávez que, dado su peso político, contribuya para que se logre ese despeje que nos lleve a sentar a las partes a una mesa y concertar el acuerdo que ponga fin al cautiverio de los prisioneros.
-¿Van a negociar en Venezuela?
-Sí, nosotros no tenemos problemas en dialogar en cualquier sitio, pero la entrega de prisioneros debe ser en Colombia.
-¿No es un acto demencial tener personas retenidas durante tanto tiempo como Betancourt, que lleva más de 5 años en manos de las FARC?
-Para nosotros en ningún caso hay secuestro, porque se trata del resultado de una confrontación del pueblo en armas, las guerrillas revolucionarias en Colombia, y un Estado que tiene una ramificación en los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Los soldados en nuestro poder son prisioneros de guerra y el resto prisioneros políticos. En el grupo que nosotros denominamos "canjeables", está Ingrid Betancourt, una candidata a la presidencia y antes senadora, pero del sistema que combatimos. Por eso no es una secuestrada.
-¿Y en el caso de los tres estadounidenses que tienen desde febrero de 2003?
-Ellos son agentes norteamericanos. Las FARC no los fueron a capturar en Washington, Nueva York, Texas o Boston, sino que los tomó prisioneros en territorio colombiano cuando hacían espionaje en nuestro país.
-El gobierno y Estados Unidos dicen que eran contratistas civiles...
-Esa es la gran mentira. Eran agentes que hacían espionaje en Colombia, violando nuestra soberanía, violando nuestra independencia. Pese a ello, los incluimos entre los canjeables y aspiramos a liberarlos una vez que sean liberados los camaradas Simón Trinidad y Sonia, presos en Estados Unidos y todos los guerrilleros y guerrilleras que tenemos en las cárceles de Colombia.
-¿Por qué toman como rehenes a empresarios?
-No. ¿Cuáles empresarios?
-¿No hay empresarios?
-Que yo conozca, no. Y si hay es porque ellos no han pagado el impuesto de nuestra Ley 02, que es un impuesto que cobran las FARC a los empresarios, que son los mismos que financian la guerra contra el pueblo colombiano. Hay muchos que pagan ese impuesto sin necesidad de hacerlos prisioneros y otros que no lo pagan. Y como no lo hacen entonces los hacemos prisioneros. Esos no están incluidos dentro del paquete de canjeables porque una vez que paguen la deuda con la organización quedan libres.
-¿Cuánto tienen que pagar?
-El 10 por ciento de las utilidades que obtengan cada año.
-Usted habló de Simón Trinidad y Sonia, presos en EE.UU. ¿Cree posible una negociación con Washington para canjear a ellos por los tres estadounidenses?
-Habría que ver en qué términos, pero nosotros no tendríamos problemas, en la medida en que se haga a través del gobierno colombiano. En definitiva, Uribe no es más que un empleado de ellos y hace lo que le mandan.
-¿No es un mito eso?
-No, eso es real.
-¿Cómo se manifiesta?
-Los mismos norteamericanos lo reconocen. Es una realidad que se expresa en que ellos saben perfectamente quién es Uribe y sin embargo lo apoyan a sabiendas de su pasado bastante oscuro de paramilitar, de narcotraficante. Lo apoyan a pesar de conocer el fraude que ha hecho siempre, la compra de votos, a pesar de conocer quiénes estuvieron en las listas con él y de dónde vienen sus votos. Y lo acompañan a pesar de las mentiras que les dice diariamente con supuestos triunfos que no tiene. Le han dado mucho dinero para el Plan Colombia, y no les ha podido mostrar los resultados que se comprometió a entregarles. El les ofreció acabar con las FARC muy rápido en su primer gobierno, se comprometió también a rescatar a sus prisioneros sin necesidad del acuerdo. Tampoco lo logró.
-Nunca quedó claro cómo murieron el 18 de junio los 11 diputados en poder de las FARC ¿Qué pasó realmente?
-Dijimos que una fuerza no determinada causó la muerte de los diputados. Hasta hoy no hemos podido identificar qué ocurrió.
-¿Por que?
-Porque en la región donde estaban los 11 diputados hay confrontación permanente, porque hay todo tipo de fuerzas, como el ejército oficial, la policía, los paramilitares al servicio del Estado, bandas de delincuentes armadas por los narcotraficantes. Por eso las FARC no quisieron aventurarse a responsabilizar a ninguna fuerza de ese lamentable suceso.
-El gobierno dice que ustedes los asesinaron.
-Eso no es cierto. Es parte de la campaña mediática.
-¿Pero no hay responsabilidad en las FARC? Porque ustedes tienen la responsabilidad por la vida de los rehenes.
-Claro que hubo fallas en la seguridad. Hubo fallas de nuestra gente, que tenía la responsabilidad de cuidar a los prisioneros.
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
Agosto 25 de 2007 -
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
La falta de una oferta amplia y pluralista les abrió la puerta a familias que terminaron en alianzas cuestionables y crearon una de las crisis políticas más duras que ha vivido el departamento.
Después de dibujar el panorama electoral del Cesar en las elecciones a Gobernación y Asamblea de la última década, se puede afirmar que en este departamento no se desarrolla un régimen de competencia electoral.
El Partido Liberal ha sido el protagonista de las diferentes contiendas examinadas, convirtiendo al Cesar en un territorio con un régimen de partido único.
Existen tres características que permiten determinar el carácter competitivo de unas elecciones: la existencia de una oferta amplia y plural de opciones políticas; cuando el elector confía en que su voto tiene poder de decisión y elecciones regulares y periódicas.
En el caso del Cesar -a punto de cumplir 40 años de existencia como ente regional-, el abanico de opciones políticas es absolutamente reducido. La herencia de fortines y la repartición del electorado dentro de las mismas familias, han sido característica permanente.
Es importante destacar que los niveles de participación, que alcanzan un promedio de 54 por ciento, son superiores a la media nacional. Podría ser el resultado de una participación activa por un interés propio de la cultura política cesarense o porque la incidencia de grupos armados, como los paramilitares, tradicionalmente asociados a la presión sobre la población, han hecho que el electorado acuda a las urnas para favorecer a sus padrinos políticos.
El alto porcentaje de votos en blanco, nulos y las tarjetas no marcadas, acentuados en las elecciones del 2003, es una manifestación de inconformidad del electorado frente a las opciones u ofertas políticas para los comicios.
En el 2003, cuando sólo se presentó un candidato para la Gobernación del Cesar, dado que los otros dos aspirantes se retiraron (Christian Moreno y Abraham Romero) debido a las "particulares condiciones de intolerancia", la cifra del 47,18 por ciento de los sufragantes que no apoyaron la única opción, evidenció el inconformismo del electorado.
En cuanto a la segunda característica, resulta difícil que el voto incida en la conformación de una estructura política, cuando el sistema es tan cerrado y excluyente, que de por sí impide la transformación.
Otro elemento importante para el análisis, es la credibilidad en la institucionalidad. En este sentido y analizando las condiciones particulares del territorio objeto de estudio, se identifican dos actores que influyen y sientan las bases de lo que se podría considerar la institucionalidad de la región.
Por una parte, los gamonales y familias políticas, y por otra, las organizaciones al margen de la ley, específicamente los paramilitares, quienes han generado una alianza que gira en torno a la obtención y permanencia en el poder, produciendo así lo que podríamos denominar una "para-institucionalidad". Dentro de este marco se producen transformaciones profundamente relevantes a nivel social, se relativiza lo que es legal, lo que es legítimo y por ende hay una transformación evidente de la institucionalidad.
Podemos concluir entonces que el Cesar es uno de los territorios del país en los que se puede observar más de cerca y por medio de referentes reales, la deplorable condición 'para-democrática' que afecta hoy en día, no solo la conciencia interna de un país, sino también su imagen internacional.
En qué ha cambiado la política de ayer y la de hoy en el Cesar
El cambio es de rostros, de intereses, más no de medios, pues la
intimidación ya empezó y no se descarta su continuación.
Se siguen tejiendo todavía las coaliciones, siguen los acuerdos políticos en el interior y entre partidos que dependen más del tamaño de la chequera que de los programas o de lealtades o disciplinas partidistas.
Nadie se ha pronunciado sobre los programas de gobierno, no se debaten ni siquiera en el interior de los propios partidos.
Los mensajes de los candidatos son vacíos, no dicen nada: por ejemplo, la de de Arturo Calderón dice simplemente: Conoce al Cesar, mientras que la de Jaime Murgas dice un poco más: Tiene mucho más que ofrecerle al Cesar.
Estas campañas serán más costosas que las anteriores y habrá mucho dinero recorriendo los caminos del Cesar.
La mínima inversión prevista de una campaña es de alrededor de 4.000 millones de pesos. Se prevén inversiones de más de 10 veces esta cifra, por parte de un solo movimiento.
Seguirá la intervención paramilitar en la política, pero más disimulada, con más dinero de por medio que armas.
Se reconoce que hay hoy más seguridad en las vías y calles del Cesar, lo que garantiza una mejor movilización de los candidatos, pero con el crimen de Yaver Cortés se volvió a prender la alarma.
Con este atentado se prendió el estado de alerta en la política, que muchos pretendieron desconocer. La clase política del Cesar y la oposición no descartan nuevos actos intimidatorios e incluso muertes selectivas. La política del Cesar seguirá enturbiada.
Para la Gobernación del Cesar hay más alternativa de escogencia de candidato que el periodo pasado, pues esta vez se inscribieron varios candidatos de los principales partidos y movimientos, mientras que para aquellas hubo uno solo.
Se observa en la mayoría de los candidatos el afán de poder sin vocación de servicio, tanto en alcaldías como gobernación.
En juego...
La adjudicación del Chance. Actualmente quien tiene el manejo del juego en el Cesar es la familia del candidato a la gobernación Arturo Calderón.
Regalías del carbón. Actualmente, el Cesar es el segundo departamento que más recursos recibe por este concepto después de La Guajira. Es el plato más apetecido de los aspirantes a la gobernación.
Las concesiones dadas a 20- 30 años a firmas particulares, por ejemplo las de alumbrado público en los municipios.
Las contrataciones en materia de obras públicas, especialmente para pavimentación de vías, pues generan un margen de ganancia para los contratistas hasta del 50 por ciento.
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
La falta de una oferta amplia y pluralista les abrió la puerta a familias que terminaron en alianzas cuestionables y crearon una de las crisis políticas más duras que ha vivido el departamento.
Después de dibujar el panorama electoral del Cesar en las elecciones a Gobernación y Asamblea de la última década, se puede afirmar que en este departamento no se desarrolla un régimen de competencia electoral.
El Partido Liberal ha sido el protagonista de las diferentes contiendas examinadas, convirtiendo al Cesar en un territorio con un régimen de partido único.
Existen tres características que permiten determinar el carácter competitivo de unas elecciones: la existencia de una oferta amplia y plural de opciones políticas; cuando el elector confía en que su voto tiene poder de decisión y elecciones regulares y periódicas.
En el caso del Cesar -a punto de cumplir 40 años de existencia como ente regional-, el abanico de opciones políticas es absolutamente reducido. La herencia de fortines y la repartición del electorado dentro de las mismas familias, han sido característica permanente.
Es importante destacar que los niveles de participación, que alcanzan un promedio de 54 por ciento, son superiores a la media nacional. Podría ser el resultado de una participación activa por un interés propio de la cultura política cesarense o porque la incidencia de grupos armados, como los paramilitares, tradicionalmente asociados a la presión sobre la población, han hecho que el electorado acuda a las urnas para favorecer a sus padrinos políticos.
El alto porcentaje de votos en blanco, nulos y las tarjetas no marcadas, acentuados en las elecciones del 2003, es una manifestación de inconformidad del electorado frente a las opciones u ofertas políticas para los comicios.
En el 2003, cuando sólo se presentó un candidato para la Gobernación del Cesar, dado que los otros dos aspirantes se retiraron (Christian Moreno y Abraham Romero) debido a las "particulares condiciones de intolerancia", la cifra del 47,18 por ciento de los sufragantes que no apoyaron la única opción, evidenció el inconformismo del electorado.
En cuanto a la segunda característica, resulta difícil que el voto incida en la conformación de una estructura política, cuando el sistema es tan cerrado y excluyente, que de por sí impide la transformación.
Otro elemento importante para el análisis, es la credibilidad en la institucionalidad. En este sentido y analizando las condiciones particulares del territorio objeto de estudio, se identifican dos actores que influyen y sientan las bases de lo que se podría considerar la institucionalidad de la región.
Por una parte, los gamonales y familias políticas, y por otra, las organizaciones al margen de la ley, específicamente los paramilitares, quienes han generado una alianza que gira en torno a la obtención y permanencia en el poder, produciendo así lo que podríamos denominar una "para-institucionalidad". Dentro de este marco se producen transformaciones profundamente relevantes a nivel social, se relativiza lo que es legal, lo que es legítimo y por ende hay una transformación evidente de la institucionalidad.
Podemos concluir entonces que el Cesar es uno de los territorios del país en los que se puede observar más de cerca y por medio de referentes reales, la deplorable condición 'para-democrática' que afecta hoy en día, no solo la conciencia interna de un país, sino también su imagen internacional.
En qué ha cambiado la política de ayer y la de hoy en el Cesar
El cambio es de rostros, de intereses, más no de medios, pues la
intimidación ya empezó y no se descarta su continuación.
Se siguen tejiendo todavía las coaliciones, siguen los acuerdos políticos en el interior y entre partidos que dependen más del tamaño de la chequera que de los programas o de lealtades o disciplinas partidistas.
Nadie se ha pronunciado sobre los programas de gobierno, no se debaten ni siquiera en el interior de los propios partidos.
Los mensajes de los candidatos son vacíos, no dicen nada: por ejemplo, la de de Arturo Calderón dice simplemente: Conoce al Cesar, mientras que la de Jaime Murgas dice un poco más: Tiene mucho más que ofrecerle al Cesar.
Estas campañas serán más costosas que las anteriores y habrá mucho dinero recorriendo los caminos del Cesar.
La mínima inversión prevista de una campaña es de alrededor de 4.000 millones de pesos. Se prevén inversiones de más de 10 veces esta cifra, por parte de un solo movimiento.
Seguirá la intervención paramilitar en la política, pero más disimulada, con más dinero de por medio que armas.
Se reconoce que hay hoy más seguridad en las vías y calles del Cesar, lo que garantiza una mejor movilización de los candidatos, pero con el crimen de Yaver Cortés se volvió a prender la alarma.
Con este atentado se prendió el estado de alerta en la política, que muchos pretendieron desconocer. La clase política del Cesar y la oposición no descartan nuevos actos intimidatorios e incluso muertes selectivas. La política del Cesar seguirá enturbiada.
Para la Gobernación del Cesar hay más alternativa de escogencia de candidato que el periodo pasado, pues esta vez se inscribieron varios candidatos de los principales partidos y movimientos, mientras que para aquellas hubo uno solo.
Se observa en la mayoría de los candidatos el afán de poder sin vocación de servicio, tanto en alcaldías como gobernación.
En juego...
La adjudicación del Chance. Actualmente quien tiene el manejo del juego en el Cesar es la familia del candidato a la gobernación Arturo Calderón.
Regalías del carbón. Actualmente, el Cesar es el segundo departamento que más recursos recibe por este concepto después de La Guajira. Es el plato más apetecido de los aspirantes a la gobernación.
Las concesiones dadas a 20- 30 años a firmas particulares, por ejemplo las de alumbrado público en los municipios.
Las contrataciones en materia de obras públicas, especialmente para pavimentación de vías, pues generan un margen de ganancia para los contratistas hasta del 50 por ciento.
Agosto 25 de 2007 -
Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a 'Macaco'
Los envíos fueron identificados y las comunicaciones registradas en un lapso de 9 meses, que inicia desde comienzos de este año y que tuvo como punto crítico el escándalo de las 'chuzadas', en mayo.
En ese mes, se destaparon las interceptaciones de la Policía a los 'paras' y a algunas personas que se comunicaron con Ralito. Uno de los mayores temores de los investigadores del caso de narcotráfico que sacó a Carlos Mario Jiménez (alias 'Macaco') del proceso de paz era que el ex jefe del Bloque Central Bolívar se silenciara.
Eso fue, precisamente, lo que pasó por unas semanas. Jiménez y sus contactos dejaron de hablar por radio y por teléfono, pues había quedado en evidencia que la cárcel de Itagüí estaba entre las zonas que monitoreaba la inteligencia del Estado.
Para esa época los sabuesos del DAS y la Policía completaban cinco meses de investigación contra 'Macaco', el desmovilizado jefe de unos 5 mil 'paras' que el año pasado se acogió a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
Los cargamentos
En el expediente había grabaciones y testimonios de informantes que daban cuenta de que el jefe 'para', desde el penal antioqueño, coordinaba una organización de al menos 12 personas que enviaba cocaína a Estados Unidos (E.U.) a través del Caribe.
Uno de ellos, de 750 kilos, iba en una lancha 'go fast'. En ella se encontró información de otros cargamentos y sus propietarios.
El testimonio de uno de los detenidos en esta operación ha sido clave en el proceso contra 'Macaco', que el viernes fue trasladado, con 'don Berna', a la cárcel de Cómbita. Allí espera una solicitud de extradición a E.U.
"Toda la investigación compromete directamente a Carlos Mario Jiménez. No hay duda de que él, a pesar del compromiso que adoptó al desmovilizarse, seguía delinquiendo", dijo una alta fuente que estuvo al tanto de la investigación y del traslado del poderoso jefe paramilitar.
Las grabaciones
Entre las evidencias más certeras contra él están al menos 50 interceptaciones de comunicaciones con allegados, entre ellos otro importante desmovilizado cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer la investigación.
"La panela (la droga) está en casa. Sin contratiempos"; "nos pusimos la corona" y: "ya llegó la mercancía. No hubo problemas", son algunas de las claves que usaron. Coinciden con informes sobre embarques de coca que llegaron al exterior.
A mediados de julio, cuando 'Macaco' volvió a hablar por celular con sus hombres, comenzó a cerrarse el cerco.
Por esos días, un alto oficial le dijo a EL TIEMPO que la Policía y el DAS estaban pendientes de una última prueba para presentarle al Gobierno un informe contundente: que 'Macaco' le estaba haciendo conejo al proceso y que seguía manejando el narcotráfico desde su celda.
Eso pasó esta semana. El jueves, ya con la decisión de sacar a Jiménez de Justicia y Paz, el presidente Álvaro Uribe se esforzó para evitar que el operativo del traslado no se filtrara. Todo fue tan secreto que los agentes del DAS que viajaron a Itagüí hasta último momento creían que iban a hacer un allanamiento en Envigado.
"El Gobierno no va a dejar que el proceso pierda credibilidad", dijo una alta fuente.
Agregó que la amenaza de los 'paras', hace un mes, de no seguir asistiendo a sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz ya había creado el convencimiento en la Casa de Nariño de que había que enviar un mensaje de fortaleza y seriedad en la negociación.
Sobre las 2 de la mañana del viernes los detectives supieron cuál era la misión. A esa hora se reportaron a Palacio. Y 40 minutos después, cuando el país y los otros jefes 'paras' dormían, le reportaron al Presidente que tenían en sus manos a "los dos personajes": 'Macaco' y 'don Berna'
Hermano de 'Macaco', importante político de Risaralda
Roberto Jiménez Naranjo, hermano del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', tuvo que desistir de su aspiración a la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda). Los fuertes señalamientos de que su hermano estaría detrás de la campaña lo obligaron a dejar la política y hoy está dedicado a los proyectos productivos de los desmovilizados.
Por esta razón 'Macaco' le dijo a este diario en julio pasado que "odiaba la política". La Corte Suprema y la Fiscalía, sin embargo, indagan a varios políticos risaraldenses, al gobernador de ese departamento, y a los senadores Habib Merheg, de Colombia Viva, y Germán Aguirre, del Partido Liberal, por presuntos arreglos con el gran poder del 'Central Bolívar'.
Otro que ha sido cuestionado es el ex diputado Mario Marín Hincapié, quien aspiraba a ser el candidato del liberalismo a la Gobernación.
Los políticos han dicho que no tienen ningún tipo de vínculo con 'Macaco'.
El jefe 'para' aseguró que los asuntos políticos del 'Central Bolívar' eran responsabilidad de 'Ernesto Báez'.
Los ojos de la justicia están puestos sobre otros 'paras'
'Jorge 40'. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía lo señalan de haber mentido en las investigaciones de la 'parapolítica'.
Hernán Giraldo Serna. El jefe de los 'paras' de la Sierra, como '40', también se expone a ir a la justicia ordinaria por mentirle a la Corte Suprema.
Freddy Rendón, el 'Alemán'. Fue el último jefe 'para' en desmovilizarse. Su hermano, 'don Mario', sigue operando en Urabá, donde el 'Alemán' tenía su feudo.
Salvatore Mancuso. Decomisos de cocaína de la mafia calabresa, en Europa, podrían enredarlo con narcos tras su desmovilización.
Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a 'Macaco'
Los envíos fueron identificados y las comunicaciones registradas en un lapso de 9 meses, que inicia desde comienzos de este año y que tuvo como punto crítico el escándalo de las 'chuzadas', en mayo.
En ese mes, se destaparon las interceptaciones de la Policía a los 'paras' y a algunas personas que se comunicaron con Ralito. Uno de los mayores temores de los investigadores del caso de narcotráfico que sacó a Carlos Mario Jiménez (alias 'Macaco') del proceso de paz era que el ex jefe del Bloque Central Bolívar se silenciara.
Eso fue, precisamente, lo que pasó por unas semanas. Jiménez y sus contactos dejaron de hablar por radio y por teléfono, pues había quedado en evidencia que la cárcel de Itagüí estaba entre las zonas que monitoreaba la inteligencia del Estado.
Para esa época los sabuesos del DAS y la Policía completaban cinco meses de investigación contra 'Macaco', el desmovilizado jefe de unos 5 mil 'paras' que el año pasado se acogió a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
Los cargamentos
En el expediente había grabaciones y testimonios de informantes que daban cuenta de que el jefe 'para', desde el penal antioqueño, coordinaba una organización de al menos 12 personas que enviaba cocaína a Estados Unidos (E.U.) a través del Caribe.
Uno de ellos, de 750 kilos, iba en una lancha 'go fast'. En ella se encontró información de otros cargamentos y sus propietarios.
El testimonio de uno de los detenidos en esta operación ha sido clave en el proceso contra 'Macaco', que el viernes fue trasladado, con 'don Berna', a la cárcel de Cómbita. Allí espera una solicitud de extradición a E.U.
"Toda la investigación compromete directamente a Carlos Mario Jiménez. No hay duda de que él, a pesar del compromiso que adoptó al desmovilizarse, seguía delinquiendo", dijo una alta fuente que estuvo al tanto de la investigación y del traslado del poderoso jefe paramilitar.
Las grabaciones
Entre las evidencias más certeras contra él están al menos 50 interceptaciones de comunicaciones con allegados, entre ellos otro importante desmovilizado cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer la investigación.
"La panela (la droga) está en casa. Sin contratiempos"; "nos pusimos la corona" y: "ya llegó la mercancía. No hubo problemas", son algunas de las claves que usaron. Coinciden con informes sobre embarques de coca que llegaron al exterior.
A mediados de julio, cuando 'Macaco' volvió a hablar por celular con sus hombres, comenzó a cerrarse el cerco.
Por esos días, un alto oficial le dijo a EL TIEMPO que la Policía y el DAS estaban pendientes de una última prueba para presentarle al Gobierno un informe contundente: que 'Macaco' le estaba haciendo conejo al proceso y que seguía manejando el narcotráfico desde su celda.
Eso pasó esta semana. El jueves, ya con la decisión de sacar a Jiménez de Justicia y Paz, el presidente Álvaro Uribe se esforzó para evitar que el operativo del traslado no se filtrara. Todo fue tan secreto que los agentes del DAS que viajaron a Itagüí hasta último momento creían que iban a hacer un allanamiento en Envigado.
"El Gobierno no va a dejar que el proceso pierda credibilidad", dijo una alta fuente.
Agregó que la amenaza de los 'paras', hace un mes, de no seguir asistiendo a sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz ya había creado el convencimiento en la Casa de Nariño de que había que enviar un mensaje de fortaleza y seriedad en la negociación.
Sobre las 2 de la mañana del viernes los detectives supieron cuál era la misión. A esa hora se reportaron a Palacio. Y 40 minutos después, cuando el país y los otros jefes 'paras' dormían, le reportaron al Presidente que tenían en sus manos a "los dos personajes": 'Macaco' y 'don Berna'
Hermano de 'Macaco', importante político de Risaralda
Roberto Jiménez Naranjo, hermano del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', tuvo que desistir de su aspiración a la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda). Los fuertes señalamientos de que su hermano estaría detrás de la campaña lo obligaron a dejar la política y hoy está dedicado a los proyectos productivos de los desmovilizados.
Por esta razón 'Macaco' le dijo a este diario en julio pasado que "odiaba la política". La Corte Suprema y la Fiscalía, sin embargo, indagan a varios políticos risaraldenses, al gobernador de ese departamento, y a los senadores Habib Merheg, de Colombia Viva, y Germán Aguirre, del Partido Liberal, por presuntos arreglos con el gran poder del 'Central Bolívar'.
Otro que ha sido cuestionado es el ex diputado Mario Marín Hincapié, quien aspiraba a ser el candidato del liberalismo a la Gobernación.
Los políticos han dicho que no tienen ningún tipo de vínculo con 'Macaco'.
El jefe 'para' aseguró que los asuntos políticos del 'Central Bolívar' eran responsabilidad de 'Ernesto Báez'.
Los ojos de la justicia están puestos sobre otros 'paras'
'Jorge 40'. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía lo señalan de haber mentido en las investigaciones de la 'parapolítica'.
Hernán Giraldo Serna. El jefe de los 'paras' de la Sierra, como '40', también se expone a ir a la justicia ordinaria por mentirle a la Corte Suprema.
Freddy Rendón, el 'Alemán'. Fue el último jefe 'para' en desmovilizarse. Su hermano, 'don Mario', sigue operando en Urabá, donde el 'Alemán' tenía su feudo.
Salvatore Mancuso. Decomisos de cocaína de la mafia calabresa, en Europa, podrían enredarlo con narcos tras su desmovilización.
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