En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento
Un informe preliminar de la Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia revela el incremento de los abusos cometidos contra la población civil.
La última vez que lo vio, iba montado en su caballo. Sixto Guzmán había salido de su casa en dirección al potrero para darles sal a unos terneros. Pero no volvió a la hora del almuerzo. Martha Liliana González, su esposa, lo esperó hasta las 4 de la tarde del 13 de septiembre, y en vista de que no llegaba, decidió caminar hacia donde suponía que debía estar. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cóndor del corregimiento de Puerto Rico, Caquetá.
Una tragedia se cernía. Entró a la casa de una de sus vecinas, que aseguró haberlo visto. En su cara se advertía la palidez que produce el terror. Su vecina le contó que a él se lo habían llevado unos uniformados. Pero que no fuera sola porque podía ser peligroso, estaban armados y pedían información acerca de la zona. Que Sixto se había negado a guiarlos por los caminos, le habían quitado el caballo y lo habían amarrado.
Pasados unos minutos, a las 4:30, sonó una ráfaga de fusil. Luego, unos estallidos de granada. El pánico sobrecogió a las dos mujeres y a un hermano de Sixto, que para ese momento había llegado a buscarlo. Cuando pasó el ruido de las explosiones, media hora más tarde, Martha Liliana se lleno de coraje y fue a encarar a la escuadra del Batallón Cazadores que custodiaba el camino.
Uno de los soldados salió a su encuentro y le preguntó que para dónde iba. Ella contestó “devuélvame a mi esposo”. Martha Liliana pudo advertir, como contaría más tarde, que a unos metros se encontraba amarrado el caballo y a un lado del camino estaba lo que parecía un cuerpo, cubierto con hojas de helechos.
La pesadilla apenas comenzaba. Le dijeron que si ese caballo era suyo, que se lo llevara. Ella replicó que si no le entregaban a su esposo, los demandaría. “Ustedes hacen pasar a la gente como guerrilleros y les ponen armas para decir que mataron a unos bandidos”, les dijo indignada. La amenazaron, la grabaron con la cámara de un celular y le dijeron que volverían por todos los guerrilleros. “Nunca hubo un enfrentamiento con ningún grupo en la zona”, aseguraría Martha Liliana después.
Pasados tres días de búsqueda, de averiguar en la Sijín de Florencia, en el Batallón, Martha Liliana, junto con su hermano Alberto, logró encontrar el cadáver de Sixto. Fueron informados por el CTI de que dos cuerpos habían sido remitidos como N.N. de Cartagena del Chairá y que estaban en la Morgue de Florencia. Finalmente, el cuerpo les fue devuelto el lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde.
Hoy son muchas las preguntas que se abren para una familia de la cuál quedan tres hijos menores de edad y una mujer de 27 años. “Para ella ha sido muy difícil. Los niños no quieren volver a estudiar y el Ejército sigue en la zona” dice Alberto, su hermano. Todavía no se esclarecen los hechos, aunque ya fue radicada una denuncia en la Personería. ¿Por qué lo mataron?, ¿a dónde lo llevaron después?, más que preguntas por la verdad, es el clamor de una madre y esposa que está a la espera de justicia, con una mezcla de temor y coraje al mismo tiempo.
Inquietante coincidencia
En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65 por ciento con respecto a los cinco años anteriores, al pasar de 577 a 955 casos. El asesinato de Sixto aún no entra en el registro de estos, debido a que es muy reciente. Pero si cumple con las características que tienen la mayoría. En un informe preliminar presentado esta semana por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) se evidencia lo escabroso del tema.
Entre junio de 2002 y julio de 2006, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los casos aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, donde las víctimas, campesinos o indígenas en su mayoría, son capturadas en inmediaciones de su domicilio. Luego de la ejecución, son vestidos con prendas militares o reportados como “personal armado”, cuando los testimonios de sus familiares declaran que desaparecieron con su ropa habitual. A esto se suma la negligencia en el peritaje, la ocultación de información importante, o el hecho de que sea la “jurisdicción penal militar” la que lleva a cabo la investigación, lo que no garantiza su imparcialidad.
El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu, conformado por observadores internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, establece cuatro características que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia:
* El aumento coincide con la política de “Seguridad democrática”
* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.
* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada.
* Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.
Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en Colombia “existe suficiente evidencia para creer que la Fuerza Pública practicó esas ejecuciones”. Sin embargo, muchas son presentadas como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de Derechos Humanos a una estrategia de la guerrilla.
jueves, 11 de octubre de 2007
Los sindicalistas en Colombia si son asesinados por rechazar el TLC
Los sindicalistas en Colombia si son asesinados por rechazar el TLC
¿Cuántos sindicalistas están en fosas comunes?
Este viernes arribará una delegación de Estados Unidos integrado por el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente. El gobierno de Uribe y el secretario de Comercio intentan, por la segunda vez en Medellín, de convencer a estos personajes norteamericanos que en Colombia no se viola a los derechos humanos y menos a los derechos sindicales, escribe Dick Emanuelsson.
Por Dick Emanuelsson *
Este viernes arribará una delegación de Estados Unidos integrado por el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente. El gobierno de Uribe y el secretario de Comercio intentan, por la segunda vez en Medellín, de convencer a estos personajes norteamericanos que en Colombia no se viola a los derechos humanos y menos a los derechos sindicales [ 1].
Pero unos días antes de su llegada, el diario más importante en Estados Unidos, New York Times, rechaza los argumentos del gobierno de Uribe y contraataca, exigiendo que "el presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente para enviar a la justicia a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos, responsables de generalizadas violaciones de los derechos humanos". Semejante declaración contrasta totalmente al discurso de Uribe en la ONU recientemente en donde afirmaba que hay "cero paramilitarismo en Colombia", declaración en que nadie creía, ni en Colombia ni en Estados Unidos.
Pero hay más viajes de USA a Colombia. El secretario del Tesoro, Henry Paulson; el secretario de Agricultura, Mike Johanns, y el secretario para Servicios Humanos y de Salud, Mike Leavitt están preparando una delegación con al menos 50 congresistas demócratas para que puedan ver "esa otra cara de Colombia", como dicen los organizadores de la Oficina del Representante Comercial (Ustr) y la embajada de Colombia, según el diario colombiano El Tiempo.
La idea es convencer a los congresistas norteamericanos de votar y ratificar el acuerdo de TLC entre Colombia y Estados Unidos. New York Times quiere apretar a Uribe: "Retener la ratificación puede ser usado como un mecanismo para cambiar la conducta del señor Uribe", dice el Times en su editorial.
Sindicalistas "amarillos"
Los congresistas demócratas han exigido, para ratificar el acuerdo de TLC, que los derechos sindicales y humanos sean respetados. Para contrarrestar o para neutralizar los argumentos del movimiento sindical colombiano, organizó Uribe el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Medellín un encuentro entre unos congresistas demócratas y supuestos sindicalistas colombianos, un encuentro que tuvo grandes titulares en la prensa colombiana por el contenido de las declaraciones de estos "sindicalistas".
Decía [2] el señor Luís Germán Restrepo Maldonado, presidente del Sindicato de la Compañía de Empaques:
– En 35 años de actividad obrera no he visto que se asesine a nadie por ser sindicalista. Ni el Estado, ni los empresarios nos persiguen. Eso lo hacen grupos al margen de la ley, que incluso pelean entre ellos.
Es un argumento idéntico lo de la charla de Uribe en la UNO; En Colombia son asesinados (los sindicalistas) por la guerrilla y narcotraficantes ya que no existe paramilitares.
Las FF.MM. asesinan a sindicalistas
Pero "contrariamente a lo que el Gobierno aduce, estas muertes no fueron víctimas casuales del conflicto armado interno. Sus nombres forman parte de los 2.245 trabajadores y trabajadoras asesinados en Colombia entre 1991 y 2006, de los cuales un 97 % fue asesinado por actores militares o paramilitares, con un 3% por la guerrilla u otros actores. El 22% de los asesinados eran líderes sindicales. Además de esta violencia física, existe también una campaña sistemática de los empleadores (patronos) y del Gobierno contra la libertad sindical, la negociación colectiva y esa ofensiva golpea la esencia misma del sindicalismo", fueron las palabras del Sr. Janek Kuczkiewicz cuando intervino [3] en el Parlamento de la Unión Europea el 18 de abril año en curso. Él es Director del Departamento derechos humanos y sindicales, de la CSI, Confederación Sindical Internacional, con 168 millones de afiliados en todo el mundo.
En el Informe Anual 2007, que fue publicado a final del mes de septiembre, el norteamericano Guy Ryder, presidente de la CSI, dijo lo siguiente sobre el genocidio sindical en Colombia:
"Colombia sigue siendo el país más mortífero del mundo para los sindicalistas. Sin embargo, en lugar de emplear sus recursos para hacer frente al problema real, el gobierno de Uribe destina millones de dólares a sufragar una amplia campaña de relaciones públicas, y envía a altos representantes del Estado al extranjero para decir al mundo que la situación en Colombia está mejorando. No son más que mentiras. En 2006, 78 sindicalistas fueron asesinados, ocho más que en 2005, y muchos otros fueron víctimas de amenazas, secuestros o ´desapariciones´ [4]."
¿Cuántos sindicalistas están en fosas comunes?
Este viernes arribará una delegación de Estados Unidos integrado por el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente. El gobierno de Uribe y el secretario de Comercio intentan, por la segunda vez en Medellín, de convencer a estos personajes norteamericanos que en Colombia no se viola a los derechos humanos y menos a los derechos sindicales, escribe Dick Emanuelsson.
Por Dick Emanuelsson *
Este viernes arribará una delegación de Estados Unidos integrado por el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente. El gobierno de Uribe y el secretario de Comercio intentan, por la segunda vez en Medellín, de convencer a estos personajes norteamericanos que en Colombia no se viola a los derechos humanos y menos a los derechos sindicales [ 1].
Pero unos días antes de su llegada, el diario más importante en Estados Unidos, New York Times, rechaza los argumentos del gobierno de Uribe y contraataca, exigiendo que "el presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente para enviar a la justicia a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos, responsables de generalizadas violaciones de los derechos humanos". Semejante declaración contrasta totalmente al discurso de Uribe en la ONU recientemente en donde afirmaba que hay "cero paramilitarismo en Colombia", declaración en que nadie creía, ni en Colombia ni en Estados Unidos.
Pero hay más viajes de USA a Colombia. El secretario del Tesoro, Henry Paulson; el secretario de Agricultura, Mike Johanns, y el secretario para Servicios Humanos y de Salud, Mike Leavitt están preparando una delegación con al menos 50 congresistas demócratas para que puedan ver "esa otra cara de Colombia", como dicen los organizadores de la Oficina del Representante Comercial (Ustr) y la embajada de Colombia, según el diario colombiano El Tiempo.
La idea es convencer a los congresistas norteamericanos de votar y ratificar el acuerdo de TLC entre Colombia y Estados Unidos. New York Times quiere apretar a Uribe: "Retener la ratificación puede ser usado como un mecanismo para cambiar la conducta del señor Uribe", dice el Times en su editorial.
Sindicalistas "amarillos"
Los congresistas demócratas han exigido, para ratificar el acuerdo de TLC, que los derechos sindicales y humanos sean respetados. Para contrarrestar o para neutralizar los argumentos del movimiento sindical colombiano, organizó Uribe el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Medellín un encuentro entre unos congresistas demócratas y supuestos sindicalistas colombianos, un encuentro que tuvo grandes titulares en la prensa colombiana por el contenido de las declaraciones de estos "sindicalistas".
Decía [2] el señor Luís Germán Restrepo Maldonado, presidente del Sindicato de la Compañía de Empaques:
– En 35 años de actividad obrera no he visto que se asesine a nadie por ser sindicalista. Ni el Estado, ni los empresarios nos persiguen. Eso lo hacen grupos al margen de la ley, que incluso pelean entre ellos.
Es un argumento idéntico lo de la charla de Uribe en la UNO; En Colombia son asesinados (los sindicalistas) por la guerrilla y narcotraficantes ya que no existe paramilitares.
Las FF.MM. asesinan a sindicalistas
Pero "contrariamente a lo que el Gobierno aduce, estas muertes no fueron víctimas casuales del conflicto armado interno. Sus nombres forman parte de los 2.245 trabajadores y trabajadoras asesinados en Colombia entre 1991 y 2006, de los cuales un 97 % fue asesinado por actores militares o paramilitares, con un 3% por la guerrilla u otros actores. El 22% de los asesinados eran líderes sindicales. Además de esta violencia física, existe también una campaña sistemática de los empleadores (patronos) y del Gobierno contra la libertad sindical, la negociación colectiva y esa ofensiva golpea la esencia misma del sindicalismo", fueron las palabras del Sr. Janek Kuczkiewicz cuando intervino [3] en el Parlamento de la Unión Europea el 18 de abril año en curso. Él es Director del Departamento derechos humanos y sindicales, de la CSI, Confederación Sindical Internacional, con 168 millones de afiliados en todo el mundo.
En el Informe Anual 2007, que fue publicado a final del mes de septiembre, el norteamericano Guy Ryder, presidente de la CSI, dijo lo siguiente sobre el genocidio sindical en Colombia:
"Colombia sigue siendo el país más mortífero del mundo para los sindicalistas. Sin embargo, en lugar de emplear sus recursos para hacer frente al problema real, el gobierno de Uribe destina millones de dólares a sufragar una amplia campaña de relaciones públicas, y envía a altos representantes del Estado al extranjero para decir al mundo que la situación en Colombia está mejorando. No son más que mentiras. En 2006, 78 sindicalistas fueron asesinados, ocho más que en 2005, y muchos otros fueron víctimas de amenazas, secuestros o ´desapariciones´ [4]."
¿Quiénes son 'René' y ‘Tasmania’?
Un mando medio del bloque Suroeste de las AUC es quien prendió el incendio que desató el enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia
José Orlando Moncada Zapata, de 29 años y conocido con el alias de ‘Tasmania’, perteneció al Bloque Suroeste de las autodefensas integrado por 125 miembros, quienes recibían órdenes de Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, uno de los hombres más antiguos y sanguinarios de los paramilitares, quien a su vez obedecía al desaparecido líder Vicente Castaño.
El 30 de enero de 2005, este grupo se desmovilizó en el municipio de Ciudad Bolívar, en Antioquia. Ni ‘Tasmania’ ni su jefe se desmovilizaron ese día. El primero fue capturado el 3 de enero de 2005 en el barrio Manrique Versalles de la Comuna Nororiental de Medellín, durante una operación de la Policía denominada Andes.
Y René adujo problemas de seguridad al no asistir a la desmovilización del grupo. Incluso, el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró este miércoles que ‘René’ le dijo en ese entonces que el Presidente de la República había ordenado matarlo a él.
“Yo actué como siquiatra y me pareció una locura lo que me dijo, por eso no le dije nada al Presidente, y me concentré que era la concentración del bloque para su desmovilización”, dijo Restrepo.
El gobierno dijo después que este último había entregado su arma en privado. Pero más adelante, ‘René’ desacató las órdenes del presidente Álvaro Uribe cuando el año pasado resolvió enviar a La Ceja a todos los líderes desmovilizados de las AUC.
Luego de haber perdido los beneficios de Justicia y Paz, el pasado junio ‘René’ fue capturado por la Policía en Mutatá, Urabá antioqueño. Su nombre aparece en nueve procesos de la Fiscalía, varios de ellos por masacres. Huyó de la zona de Ralito en plena negociación y creó un nuevo grupo armado. Fue considerado el segundo hombre del círculo cercano de Vicente Castaño que atrapaba la Policía en los últimos meses.
José Orlando Moncada estaba señalado de conformación de grupos armados ilegales en los municipios de Andes, Betania, Concordia y Ciudad Bolívar, donde se desempeñó como encargado de la acción operativa durante 3 años de esta organización paramilitar. Al momento de su captura, según la Policía, ‘Tasmania’ pertenecía “al Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) dedicado al secuestro, extorsión y homicidio en esta región”.
Para ese entonces, la Fiscalía 51 ordenó su captura por los delitos de extorsión, homicidio y concierto para delinquir. Mientras que la 54 Especializada de Medellín le abrió un proceso penal por el delito de conformación ilegal de grupos armados al margen de la ley.
Según el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, general Rubén Carrillo Vanegas, Moncada es sospechoso de participar en el secuestro de un primo del presidente Álvaro Uribe, ocurrido en el municipio de Concordia en 2004.
En su contra tiene tres denuncias por secuestro extorsivo a diferentes comerciantes del sur oeste del departamento, entre ellas una extorsión continuada de tres años a un comerciante del municipio de Andes, en una cuantía que supera los 50 millones de pesos. Alias ‘Tasmania’ utilizaba el área metropolitana del Valle de Aburrá para abastecer logística y militarmente a su agrupación ilegal.
Un mando medio del bloque Suroeste de las AUC es quien prendió el incendio que desató el enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia
José Orlando Moncada Zapata, de 29 años y conocido con el alias de ‘Tasmania’, perteneció al Bloque Suroeste de las autodefensas integrado por 125 miembros, quienes recibían órdenes de Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, uno de los hombres más antiguos y sanguinarios de los paramilitares, quien a su vez obedecía al desaparecido líder Vicente Castaño.
El 30 de enero de 2005, este grupo se desmovilizó en el municipio de Ciudad Bolívar, en Antioquia. Ni ‘Tasmania’ ni su jefe se desmovilizaron ese día. El primero fue capturado el 3 de enero de 2005 en el barrio Manrique Versalles de la Comuna Nororiental de Medellín, durante una operación de la Policía denominada Andes.
Y René adujo problemas de seguridad al no asistir a la desmovilización del grupo. Incluso, el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró este miércoles que ‘René’ le dijo en ese entonces que el Presidente de la República había ordenado matarlo a él.
“Yo actué como siquiatra y me pareció una locura lo que me dijo, por eso no le dije nada al Presidente, y me concentré que era la concentración del bloque para su desmovilización”, dijo Restrepo.
El gobierno dijo después que este último había entregado su arma en privado. Pero más adelante, ‘René’ desacató las órdenes del presidente Álvaro Uribe cuando el año pasado resolvió enviar a La Ceja a todos los líderes desmovilizados de las AUC.
Luego de haber perdido los beneficios de Justicia y Paz, el pasado junio ‘René’ fue capturado por la Policía en Mutatá, Urabá antioqueño. Su nombre aparece en nueve procesos de la Fiscalía, varios de ellos por masacres. Huyó de la zona de Ralito en plena negociación y creó un nuevo grupo armado. Fue considerado el segundo hombre del círculo cercano de Vicente Castaño que atrapaba la Policía en los últimos meses.
José Orlando Moncada estaba señalado de conformación de grupos armados ilegales en los municipios de Andes, Betania, Concordia y Ciudad Bolívar, donde se desempeñó como encargado de la acción operativa durante 3 años de esta organización paramilitar. Al momento de su captura, según la Policía, ‘Tasmania’ pertenecía “al Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) dedicado al secuestro, extorsión y homicidio en esta región”.
Para ese entonces, la Fiscalía 51 ordenó su captura por los delitos de extorsión, homicidio y concierto para delinquir. Mientras que la 54 Especializada de Medellín le abrió un proceso penal por el delito de conformación ilegal de grupos armados al margen de la ley.
Según el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, general Rubén Carrillo Vanegas, Moncada es sospechoso de participar en el secuestro de un primo del presidente Álvaro Uribe, ocurrido en el municipio de Concordia en 2004.
En su contra tiene tres denuncias por secuestro extorsivo a diferentes comerciantes del sur oeste del departamento, entre ellas una extorsión continuada de tres años a un comerciante del municipio de Andes, en una cuantía que supera los 50 millones de pesos. Alias ‘Tasmania’ utilizaba el área metropolitana del Valle de Aburrá para abastecer logística y militarmente a su agrupación ilegal.
Con reclamos contra el Ejército, movilización campesina llega al centro de Ibagué
Octubre 10 de 2007 -
Con reclamos contra el Ejército, movilización campesina llega al centro de Ibagué (Tolima)
Unos 4 mil campesinos e indígenas exigen la reivinidcación de sus derechos agrarios, a la educación, a la salud y a la comercialización de sus productos en condiciones dignas.
Se desplazaron desde 47 municipios del departamento y establecieron el punto central de la protesta frente a la gobernación del Tolima, en el parque Manuel Murillo Toro.
La movilización se ha desarrollado en medio de quejas y reclamos por los puestos de control del Ejército en las diferentes vías, lo que ha retrasado el avance de los buses y camiones hacia Ibagué.
"Duramos seis días en llegar desde la vereda Macal, en Dolores, hasta Ibagué por el exceso de retenes de la fuerza pública. En todas partes nos pedían papeles para mirar antecedentes", dice Juvenal Miranda.
EL TIEMPO estuvo en el sector conocido como Los Túneles, en la vía que comunica a los corregimientos de Toche y Tapias con Ibagué, donde ocho vehículos mixtos (camión y bus) fueron retenidos por tropas de la Sexta Brigada del Ejército con el ánimo de verificar antecedentes de los manifestantes. Allí, los campesinos llevan más de cinco horas a la espera de que les devuelvan las cédulas para continuar el trayecto.
Un cabo del Ejército, a cargo de la operación, aseguró que la demora se presentó porque el sistema de información colapsó debido a la demanda de verificaciones desde diferentes puntos del departamento y que como si fuera poco, al mediodía los funcionarios salieron a almorzar y solo regresaban hasta las 2 de la tarde.
"La orden de mis superiores es que nadie puede seguir hasta que se realice la verificación de antecedentes", aseguró el suboficial.
"Mire, salimos a las 2:00 de la madrugada de la vereda El Porvenir, llegamos a Los Túneles a las 8:00 de la mañana y todavía no nos devuelven las cédulas, nos tratan como delincuentes a pesar de que esta es una marcha pacífica y campesina. Por eso es que hay violencia", afirmó José Bernal, agricultor de Tapias.
"Ya se nos acabó el agua, necesitamos llegar al sitio de las provisiones", dijo Gustavo Vargas.
Con reclamos contra el Ejército, movilización campesina llega al centro de Ibagué (Tolima)
Unos 4 mil campesinos e indígenas exigen la reivinidcación de sus derechos agrarios, a la educación, a la salud y a la comercialización de sus productos en condiciones dignas.
Se desplazaron desde 47 municipios del departamento y establecieron el punto central de la protesta frente a la gobernación del Tolima, en el parque Manuel Murillo Toro.
La movilización se ha desarrollado en medio de quejas y reclamos por los puestos de control del Ejército en las diferentes vías, lo que ha retrasado el avance de los buses y camiones hacia Ibagué.
"Duramos seis días en llegar desde la vereda Macal, en Dolores, hasta Ibagué por el exceso de retenes de la fuerza pública. En todas partes nos pedían papeles para mirar antecedentes", dice Juvenal Miranda.
EL TIEMPO estuvo en el sector conocido como Los Túneles, en la vía que comunica a los corregimientos de Toche y Tapias con Ibagué, donde ocho vehículos mixtos (camión y bus) fueron retenidos por tropas de la Sexta Brigada del Ejército con el ánimo de verificar antecedentes de los manifestantes. Allí, los campesinos llevan más de cinco horas a la espera de que les devuelvan las cédulas para continuar el trayecto.
Un cabo del Ejército, a cargo de la operación, aseguró que la demora se presentó porque el sistema de información colapsó debido a la demanda de verificaciones desde diferentes puntos del departamento y que como si fuera poco, al mediodía los funcionarios salieron a almorzar y solo regresaban hasta las 2 de la tarde.
"La orden de mis superiores es que nadie puede seguir hasta que se realice la verificación de antecedentes", aseguró el suboficial.
"Mire, salimos a las 2:00 de la madrugada de la vereda El Porvenir, llegamos a Los Túneles a las 8:00 de la mañana y todavía no nos devuelven las cédulas, nos tratan como delincuentes a pesar de que esta es una marcha pacífica y campesina. Por eso es que hay violencia", afirmó José Bernal, agricultor de Tapias.
"Ya se nos acabó el agua, necesitamos llegar al sitio de las provisiones", dijo Gustavo Vargas.
Un día después, no baja el tono de la pelea Uribe-Corte
Octubre 10 de 2007 - CONTRAPUNTEO SE VIVIÓ TODO EL DÍA EN RADIO Y TELEVISIÓN
Un día después, no baja el tono de la pelea Uribe-Corte
La Corte en pleno respaldó al magistrado auxiliar Iván Velásquez. Presidente Uribe dice que es "muy grave" que se deseche su denuncia sin haberla investigado primero.
Las 24 horas más candentes de los últimos años entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia se originaron en un despacho del piso 21 del edificio José Félix Restrepo, en el céntrico sector de La Alpujarra, en Medellín, hace exactamente un mes.
Sobre las 10 de la mañana del 10 de septiembre, a la Fiscalía 8 Especializada, en la que hay apenas tres escritorios atiborrados de expedientes judiciales, llegaron 'Tasmania', mando medio de los 'paras' del suroeste de Antioquia, y su abogado.
Aunque el paramilitar venía declarando como testigo en la investigación por asesinatos cometidos por las autodefensas en esa zona, el objetivo de la diligencia de ese día era hablar con dos magistrados auxiliares de la Corte que llevan los procesos de la 'parapolítica': Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo.
EL TIEMPO supo que en el curso de la conversación salió a relucir el nombre del senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento tenía una investigación preliminar en la Corte y que la semana pasada renunció a su fuero, después de que lo llamaron a indagatoria.
Al final, según fuentes consultadas, los magistrados investigadores consideraron que el hombre no tenía investigación útil para ellos y sugirieron que más bien buscara a los fiscales de Justicia y Paz.
Por esa conversación, que no demoró más de 45 minutos, los ojos del país siguen pendientes de dos centros de poder que están a menos de tres cuadras de distancia, pero que hoy parecen más alejados que nunca: la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia.
El día se cerró sin que ninguna de las partes cediera. El Gobierno sigue dándole credibilidad a la versión que 'Tasmania' entregó de ese encuentro: que el magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a cambio de que vinculara al presidente Álvaro Uribe y al empresario Ernesto Garcés Soto en un supuesto plan para asesinar a 'René', el jefe de su bloque, en el 2003.
El Ejecutivo considera que los magistrados están desechando la denuncia sin que haya una investigación de por medio, si bien la Corte le reiteró anoche a la Fiscalía y a la Procuraduría que hagan claridad sobre la actuación de Velásquez.
Ayer, los 23 magistrados de la Corte respaldaron al jefe de los investigadores de la 'parapolítica', quien asegura que él nunca mencionó al presidente Álvaro Uribe y que si estuvo hablando con el paramilitar fue porque su abogado lo contactó porque supuestamente tenía información importante.
La fiscal que lleva el caso de 'Tasmania', Ana Elena Gutiérrez, dijo ayer en Medellín que en la sesión nunca se mencionó al Presidente y que el ex Auc "está mintiendo".
Velásquez y Gutiérrez fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia por el mismo tiempo en que el presidente Uribe estudió en ese centro.
Uribe, el Presidente de la Corte Suprema, el magistrado auxiliar y la fiscal fueron protagonistas de primera línea en las principales emisoras de radio del país, que se convirtieron en escenario del nuevo round entre poderes.
En todas ellas, Uribe se justificó diciendo que la opinión pública es un juez natural y que su derecho es informarle al país de los sucesos que, en su concepto, pueden afectar al Gobierno: "Usted se imagina el daño que se hubiera hecho si la noticia hubiera sido al revés? ¿Si la noticia hubiera sido: 'paramilitar en la cárcel acusa al Presidente de Colombia de que lo contactó para matar a otro paramilitar?".
Pelea en la radio
Un anticipo de esa situación se vivió el mismo lunes. Uribe llamó a Hora 20, un espacio de opinión de Caracol Radio, y allí aceptó preguntas de los panelistas por casi una hora. Después llamó a otros programas de radio y televisión en los que participó casi hasta medianoche.
Ayer madrugó a hablar en La FM de RCN. Pidió que le pusieran en la línea a Daniel Coronell, uno de sus más duros críticos. Uribe le endilgó ser un "difamador", un "miserable" y un "cínico" por su más reciente columna en Semana, en la que el periodista valida algunas de las afirmaciones del libro de Virginia Vallejo sobre Pablo Escobar.
Uribe también calificó de "frívola" la información de EL TIEMPO de ayer sobre su enfrentamiento con la Corte.
Su entrega a las declaraciones radiales matutinas (casi cuatro horas en diferentes espacios) le descompuso toda su agenda.
Varios congresistas de la coalición que habían sido invitados a Palacio para hablar sobre la reforma a la Ley de Justicia y Paz, cuyo trámite debía iniciarse la víspera, se quedaron esperándolo.
El episodio abortó también una conferencia de prensa convocada por el canciller Fernando Araújo para hablar de la sentencia de la Corte de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Honduras y Nicaragua.
Anoche, en todos los noticieros de televisión y un día después de que se prendiera la polémica, el Presidente hizo apariciones en
directo.
Su punto seguía siendo el mismo: que existe una denuncia -que ayer fue revalidada por el abogado del 'para'- contra un funcionario de la justicia que debe ser investigada.
Cinco blancos del presidente Álvaro Uribe en un día de toma y dame
"(El magistrado Sigifredo Espinosa) ahora sale a decir que yo estoy obstruyendo la justicia. Y aquí vino hace unos días a pedir que un pariente suyo se lo entraran a un postgrado de medicina de una Universidad".
Magist. Sigifredo Espinosa
"(El magistrado Yesid Ramírez) dijo que yo había violado un pacto con la Corte Suprema, y que pro- puse un acto legislativo de tutela para pagarle a la C. Constitucional la sentencia que aprobó la reelección(...) Me parece grave".
Sobre el magistr. Yesid Ramírez.
"Usted (D. Coronell), dice menti- ras(...) no tiene inquietud perio- dística sino saña, dolo. Usted, que miserablemente ha hecho insinuaciones contra mí sobre paramilitarismo, camine y déme un solo cargo de mi parte".
Al periodista Daniel Coronell.
"Mi fórmula vicepresidencial era Juan Lozano, con quien tengo una amistad de muchos años, pero Francisco Santos me buscó y me dijo 'nómbreme a mí, que lo quiero acompañar'. Entonces le dije que sí".
Sobre el Vicepr. Francisco Santos
"EL TIEMPO, en lugar de presentar la denuncia que el Presidente pide dice: 'Se agrava la crisis entre el Presidente y la Corte Constitucional'. Eso es mentira, aquí todo lo que hay es que se piden unas aclara- ciones, eso es todo".
En referencia a EL TIEMPO
Un día después, no baja el tono de la pelea Uribe-Corte
La Corte en pleno respaldó al magistrado auxiliar Iván Velásquez. Presidente Uribe dice que es "muy grave" que se deseche su denuncia sin haberla investigado primero.
Las 24 horas más candentes de los últimos años entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia se originaron en un despacho del piso 21 del edificio José Félix Restrepo, en el céntrico sector de La Alpujarra, en Medellín, hace exactamente un mes.
Sobre las 10 de la mañana del 10 de septiembre, a la Fiscalía 8 Especializada, en la que hay apenas tres escritorios atiborrados de expedientes judiciales, llegaron 'Tasmania', mando medio de los 'paras' del suroeste de Antioquia, y su abogado.
Aunque el paramilitar venía declarando como testigo en la investigación por asesinatos cometidos por las autodefensas en esa zona, el objetivo de la diligencia de ese día era hablar con dos magistrados auxiliares de la Corte que llevan los procesos de la 'parapolítica': Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo.
EL TIEMPO supo que en el curso de la conversación salió a relucir el nombre del senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento tenía una investigación preliminar en la Corte y que la semana pasada renunció a su fuero, después de que lo llamaron a indagatoria.
Al final, según fuentes consultadas, los magistrados investigadores consideraron que el hombre no tenía investigación útil para ellos y sugirieron que más bien buscara a los fiscales de Justicia y Paz.
Por esa conversación, que no demoró más de 45 minutos, los ojos del país siguen pendientes de dos centros de poder que están a menos de tres cuadras de distancia, pero que hoy parecen más alejados que nunca: la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia.
El día se cerró sin que ninguna de las partes cediera. El Gobierno sigue dándole credibilidad a la versión que 'Tasmania' entregó de ese encuentro: que el magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a cambio de que vinculara al presidente Álvaro Uribe y al empresario Ernesto Garcés Soto en un supuesto plan para asesinar a 'René', el jefe de su bloque, en el 2003.
El Ejecutivo considera que los magistrados están desechando la denuncia sin que haya una investigación de por medio, si bien la Corte le reiteró anoche a la Fiscalía y a la Procuraduría que hagan claridad sobre la actuación de Velásquez.
Ayer, los 23 magistrados de la Corte respaldaron al jefe de los investigadores de la 'parapolítica', quien asegura que él nunca mencionó al presidente Álvaro Uribe y que si estuvo hablando con el paramilitar fue porque su abogado lo contactó porque supuestamente tenía información importante.
La fiscal que lleva el caso de 'Tasmania', Ana Elena Gutiérrez, dijo ayer en Medellín que en la sesión nunca se mencionó al Presidente y que el ex Auc "está mintiendo".
Velásquez y Gutiérrez fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia por el mismo tiempo en que el presidente Uribe estudió en ese centro.
Uribe, el Presidente de la Corte Suprema, el magistrado auxiliar y la fiscal fueron protagonistas de primera línea en las principales emisoras de radio del país, que se convirtieron en escenario del nuevo round entre poderes.
En todas ellas, Uribe se justificó diciendo que la opinión pública es un juez natural y que su derecho es informarle al país de los sucesos que, en su concepto, pueden afectar al Gobierno: "Usted se imagina el daño que se hubiera hecho si la noticia hubiera sido al revés? ¿Si la noticia hubiera sido: 'paramilitar en la cárcel acusa al Presidente de Colombia de que lo contactó para matar a otro paramilitar?".
Pelea en la radio
Un anticipo de esa situación se vivió el mismo lunes. Uribe llamó a Hora 20, un espacio de opinión de Caracol Radio, y allí aceptó preguntas de los panelistas por casi una hora. Después llamó a otros programas de radio y televisión en los que participó casi hasta medianoche.
Ayer madrugó a hablar en La FM de RCN. Pidió que le pusieran en la línea a Daniel Coronell, uno de sus más duros críticos. Uribe le endilgó ser un "difamador", un "miserable" y un "cínico" por su más reciente columna en Semana, en la que el periodista valida algunas de las afirmaciones del libro de Virginia Vallejo sobre Pablo Escobar.
Uribe también calificó de "frívola" la información de EL TIEMPO de ayer sobre su enfrentamiento con la Corte.
Su entrega a las declaraciones radiales matutinas (casi cuatro horas en diferentes espacios) le descompuso toda su agenda.
Varios congresistas de la coalición que habían sido invitados a Palacio para hablar sobre la reforma a la Ley de Justicia y Paz, cuyo trámite debía iniciarse la víspera, se quedaron esperándolo.
El episodio abortó también una conferencia de prensa convocada por el canciller Fernando Araújo para hablar de la sentencia de la Corte de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Honduras y Nicaragua.
Anoche, en todos los noticieros de televisión y un día después de que se prendiera la polémica, el Presidente hizo apariciones en
directo.
Su punto seguía siendo el mismo: que existe una denuncia -que ayer fue revalidada por el abogado del 'para'- contra un funcionario de la justicia que debe ser investigada.
Cinco blancos del presidente Álvaro Uribe en un día de toma y dame
"(El magistrado Sigifredo Espinosa) ahora sale a decir que yo estoy obstruyendo la justicia. Y aquí vino hace unos días a pedir que un pariente suyo se lo entraran a un postgrado de medicina de una Universidad".
Magist. Sigifredo Espinosa
"(El magistrado Yesid Ramírez) dijo que yo había violado un pacto con la Corte Suprema, y que pro- puse un acto legislativo de tutela para pagarle a la C. Constitucional la sentencia que aprobó la reelección(...) Me parece grave".
Sobre el magistr. Yesid Ramírez.
"Usted (D. Coronell), dice menti- ras(...) no tiene inquietud perio- dística sino saña, dolo. Usted, que miserablemente ha hecho insinuaciones contra mí sobre paramilitarismo, camine y déme un solo cargo de mi parte".
Al periodista Daniel Coronell.
"Mi fórmula vicepresidencial era Juan Lozano, con quien tengo una amistad de muchos años, pero Francisco Santos me buscó y me dijo 'nómbreme a mí, que lo quiero acompañar'. Entonces le dije que sí".
Sobre el Vicepr. Francisco Santos
"EL TIEMPO, en lugar de presentar la denuncia que el Presidente pide dice: 'Se agrava la crisis entre el Presidente y la Corte Constitucional'. Eso es mentira, aquí todo lo que hay es que se piden unas aclara- ciones, eso es todo".
En referencia a EL TIEMPO
¿Qué pasa con los poderes del Estado?
¿Qué pasa con los poderes del Estado?
La disputa entre el Presidente y la Corte, deja en entredicho la institucionalidad de los poderes. ¿Cómo puede terminar este choque de trenes? Análisis de Semana.com
Por César Paredes
El concepto de “choque de trenes” se ha acuñado a un fenómeno relacionado con las discrepancias entre los poderes. En los últimos meses, las altas Cortes han hecho manifiestos, argumentos que no corresponden con los intereses del Ejecutivo y viceversa. Apropiado o no, el término alude a las recurrentes diferencias de intereses entre los organismos del Estado, que se vuelven periódicas, con un Ejecutivo ávido de figurar en los medios y dirigir la opinión pública y una Corte que enfrenta el reto de juzgar delitos como la para-política y el paramilitarismo.
Para mencionar un ejemplo, días atrás el tema de la interpretación de la Ley de Justicia y Paz revirtió en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en evidencia las limitaciones de la Ley para juzgar a los paramilitares rasos por el delito de sedición. En consecuencia, los paramilitares de base tendrían que juzgarse por delitos comunes. Inmediatamente la reacción del ejecutivo fue señalar a la Corte por impedir que el proceso de paz con los paramilitares tuviera buen curso. En el escenario entró el Congreso de la República, para formular una Ley que proveyera la figura necesaria para poder juzgar a los paramilitares de base exentos de la Ley de Justicia y Paz.
Luego de las desavenencias, se habló de la intención del Ejecutivo de tratar de influir en la Corte, de falta de delimitación de los poderes, del fenómeno de “des institucionalización”, causado por las declaraciones del Presidente, entre otras cosas.
Ahora el pleito entre la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño tiene una dimensión superlativa. Se trata de las acusaciones que hace la Corte al presidente Uribe, de tratar de torpedear a la justicia, luego de que este le pidiera a la Fiscalía que adelantara una investigación para establecer si el magistrado Iván Velásquez, responsable de investigar a los para-políticos, ofreció prebendas a un paramilitar para involucrarlo en un crimen. El Presidente, de cierta manera, pone en entredicho la función de la institución al hacer pública su petición.
El hecho revive la querella entre los poderes en la que se abren preguntas sobre ¿qué está pasando con las instituciones?, y ¿cuál debe ser la relación entre los poderes del Estado?, entre otras.
Para el Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la universidad Eafit de Medellín, Jorge Giraldo, el fenómeno tiene una explicación que radica en la apuesta de los sistemas de democracias constitucionales, en los que el poder judicial tiene una mayor visibilidad. Para él, es de esperarse que hayan salidas de los representantes de las instituciones ante los medios, a defender sus puntos de vista o a acusarse mutuamente, no como un síntoma de debilitamiento, sino antes bien, de fortalecimiento de las instituciones del Estado.
“La institucionalidad colombiana es de pesos y contrapesos. Desde que se empezó a aplicar la Constitución de 1991. Ahora tenemos una Corte Suprema activista y un ejecutivo deliberante. Hay un cambio evidente. Por ejemplo, cuando la Corte pone talanqueras al Ejecutivo y es tajante en las decisiones frente a la Ley de Justicia y Paz. Pero ante esa institucionalidad en funcionamiento, no se puede esperar que exista la armonía, la pasividad, la mesura de antes”, dijo.
Respecto de las consecuencias, el analista plantea que la deliberación pública de los poderes de manera beligerante puede tener consecuencias negativas.
Para la Directora del Observatorio “Congreso Visible” de la Universidad de los Andes, por el contrario, hay una evidente des institucionalización. Cuando el presidente Uribe sale a acusar o a pedir que uno de los miembros de la Corte entregue información sobre una investigación, hay una injerencia política sobre uno de los poderes legítimos de una democracia, lo que procura su detrimento.
El hecho obviamente, es negativo, pues ante la opinión pública la Corte aparece debilitada. “Cuando la institución se ve permeada por la emotividad los resultados no pueden ser buenos”, dice.
Una de las frases utilizadas por el Presidente para justificar su petición de la investigación fue: “el juez natural de un Estado de Derecho es la opinión pública”. Entre líneas se advierte la transferencia de una función de un organismo del Estado a un ente abstracto que es la “opinión pública”. “Esta frase es ilustrativa del desprecio que el Ejecutivo manifiesta por las instituciones. Nunca la opinión pública, se puede sobreponer a una de las ramas fundamentales del poder. No es que no estén establecidos los límites de los poderes, es que el Presidente se empeña en desdibujarlos”, agregó la analista.
Sin embargo, el Presidente esgrime el argumento de que en su gobierno ha habido un aumento en la inversión para el fortalecimiento de las instituciones. A lo que el presidente de la Corte, Julio César Valencia Copete, contestó esta semana que ese era el deber del Ejecutivo, y eso no amerita darle las gracias.
Es entendible que en una democracia la confrontación de los poderes es necesaria para el buen funcionamiento de sus instituciones. Según Rafael Rubiano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia: “En los sistemas democráticos deben confrontarse los poderes. Pero el presidente Uribe dirige la disputa a un terreno donde se avoca como el representante del sentimiento del país. De esta manera desacredita la institución judicial, lo que genera confusión en la opinión pública”.
El hecho sin precedentes, pone en evidencia una transformación de la forma de ejercer el poder, en la que el presidente Uribe se proclama adalid de la democracia. Sin embargo, no queda claro que, si bien, para la democracia no es sano el unanimismo de los poderes, mucho menos lo es procurar el descrédito de uno de ellos.
La disputa entre el Presidente y la Corte, deja en entredicho la institucionalidad de los poderes. ¿Cómo puede terminar este choque de trenes? Análisis de Semana.com
Por César Paredes
El concepto de “choque de trenes” se ha acuñado a un fenómeno relacionado con las discrepancias entre los poderes. En los últimos meses, las altas Cortes han hecho manifiestos, argumentos que no corresponden con los intereses del Ejecutivo y viceversa. Apropiado o no, el término alude a las recurrentes diferencias de intereses entre los organismos del Estado, que se vuelven periódicas, con un Ejecutivo ávido de figurar en los medios y dirigir la opinión pública y una Corte que enfrenta el reto de juzgar delitos como la para-política y el paramilitarismo.
Para mencionar un ejemplo, días atrás el tema de la interpretación de la Ley de Justicia y Paz revirtió en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en evidencia las limitaciones de la Ley para juzgar a los paramilitares rasos por el delito de sedición. En consecuencia, los paramilitares de base tendrían que juzgarse por delitos comunes. Inmediatamente la reacción del ejecutivo fue señalar a la Corte por impedir que el proceso de paz con los paramilitares tuviera buen curso. En el escenario entró el Congreso de la República, para formular una Ley que proveyera la figura necesaria para poder juzgar a los paramilitares de base exentos de la Ley de Justicia y Paz.
Luego de las desavenencias, se habló de la intención del Ejecutivo de tratar de influir en la Corte, de falta de delimitación de los poderes, del fenómeno de “des institucionalización”, causado por las declaraciones del Presidente, entre otras cosas.
Ahora el pleito entre la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño tiene una dimensión superlativa. Se trata de las acusaciones que hace la Corte al presidente Uribe, de tratar de torpedear a la justicia, luego de que este le pidiera a la Fiscalía que adelantara una investigación para establecer si el magistrado Iván Velásquez, responsable de investigar a los para-políticos, ofreció prebendas a un paramilitar para involucrarlo en un crimen. El Presidente, de cierta manera, pone en entredicho la función de la institución al hacer pública su petición.
El hecho revive la querella entre los poderes en la que se abren preguntas sobre ¿qué está pasando con las instituciones?, y ¿cuál debe ser la relación entre los poderes del Estado?, entre otras.
Para el Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la universidad Eafit de Medellín, Jorge Giraldo, el fenómeno tiene una explicación que radica en la apuesta de los sistemas de democracias constitucionales, en los que el poder judicial tiene una mayor visibilidad. Para él, es de esperarse que hayan salidas de los representantes de las instituciones ante los medios, a defender sus puntos de vista o a acusarse mutuamente, no como un síntoma de debilitamiento, sino antes bien, de fortalecimiento de las instituciones del Estado.
“La institucionalidad colombiana es de pesos y contrapesos. Desde que se empezó a aplicar la Constitución de 1991. Ahora tenemos una Corte Suprema activista y un ejecutivo deliberante. Hay un cambio evidente. Por ejemplo, cuando la Corte pone talanqueras al Ejecutivo y es tajante en las decisiones frente a la Ley de Justicia y Paz. Pero ante esa institucionalidad en funcionamiento, no se puede esperar que exista la armonía, la pasividad, la mesura de antes”, dijo.
Respecto de las consecuencias, el analista plantea que la deliberación pública de los poderes de manera beligerante puede tener consecuencias negativas.
Para la Directora del Observatorio “Congreso Visible” de la Universidad de los Andes, por el contrario, hay una evidente des institucionalización. Cuando el presidente Uribe sale a acusar o a pedir que uno de los miembros de la Corte entregue información sobre una investigación, hay una injerencia política sobre uno de los poderes legítimos de una democracia, lo que procura su detrimento.
El hecho obviamente, es negativo, pues ante la opinión pública la Corte aparece debilitada. “Cuando la institución se ve permeada por la emotividad los resultados no pueden ser buenos”, dice.
Una de las frases utilizadas por el Presidente para justificar su petición de la investigación fue: “el juez natural de un Estado de Derecho es la opinión pública”. Entre líneas se advierte la transferencia de una función de un organismo del Estado a un ente abstracto que es la “opinión pública”. “Esta frase es ilustrativa del desprecio que el Ejecutivo manifiesta por las instituciones. Nunca la opinión pública, se puede sobreponer a una de las ramas fundamentales del poder. No es que no estén establecidos los límites de los poderes, es que el Presidente se empeña en desdibujarlos”, agregó la analista.
Sin embargo, el Presidente esgrime el argumento de que en su gobierno ha habido un aumento en la inversión para el fortalecimiento de las instituciones. A lo que el presidente de la Corte, Julio César Valencia Copete, contestó esta semana que ese era el deber del Ejecutivo, y eso no amerita darle las gracias.
Es entendible que en una democracia la confrontación de los poderes es necesaria para el buen funcionamiento de sus instituciones. Según Rafael Rubiano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia: “En los sistemas democráticos deben confrontarse los poderes. Pero el presidente Uribe dirige la disputa a un terreno donde se avoca como el representante del sentimiento del país. De esta manera desacredita la institución judicial, lo que genera confusión en la opinión pública”.
El hecho sin precedentes, pone en evidencia una transformación de la forma de ejercer el poder, en la que el presidente Uribe se proclama adalid de la democracia. Sin embargo, no queda claro que, si bien, para la democracia no es sano el unanimismo de los poderes, mucho menos lo es procurar el descrédito de uno de ellos.
La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que “no hay complot” y exige “respeto” a su trabajo
La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que “no hay complot” y exige “respeto” a su trabajo
La fiscal que estuvo en la reunión entre el magistrado Iván Velásquez y el paramilitar ‘Tasmania’ terció en la discusión y aseguró que jamás se habló de ofrecerle beneficios a cambio de que incriminara al Presidente.
El país ha asistido asombrado a la más dura confrontación entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia. La Alta Corporación salió en bloque, a la defensa ante señalamientos del Jefe del Estado de que uno de sus magistrados estrellas en el tema de la parapolitica buscaba hacerle un complot acusándolo de asesinato. Para semejante propósito, según la acusación de la Casa de Nariño, habría ofrecido supuestos beneficios en la reducción de penas al criminal conocido con el alias de ‘Tasmania’, actualmente detenido en la cárcel de Itagüí.
“Con estos hechos, se pretende deslegitimar y generar una indebida desconfianza en la Corte Suprema de Justicia y eso no le conviene al país”, afirmó el presidente de ese organismo, César Julio Valencia. Por eso anunció el respaldo “unánime e incondicional” al magistrado inmerso en semejante escándalo.
Se trata del magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte, Iván Velásquez, quien fue el jurista que conversó con el paramilitar José Moncada, alias ‘Tasmania’, en el curso de pesquisas sobre vínculos de congresistas con los escuadrones de la muerte de extrema derecha. Iván Velásquez coincidió en indicar, que esos señalamientos de la Casa de Nariño y en boca del Presidente sólo buscan “deslegitimar la investigación”.
De esta manera, la Corte se refirió así a un comunicado de la Presidencia, que señaló la víspera que funcionarios de la Corte y de la Fiscalía contactaron al prisionero “para que acusara al presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos, como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias René, a cambio de beneficios para él y su familia”.
Maratónicas entrevistas
Uribe formuló las acusaciones en las principales cadenas radiales del país, en maratónicas entrevistas en las que se ha ido lanza en ristre contra integrantes de la Corte, como el magistrado y ex presidente de esa entidad, Yesid Ramírez, y el actual presidente de la Sala Penal de la Corte, Sigifredo Espinosa. Entre otras cosas, desvirtuó la denuncia que la semana pasada formuló el organismo sobre amenazas de muerte contra una de sus integrantes.
En rueda de prensa Uribe acusó a Ramírez de que “se ufana diciendo que tiene agarrado al Presidente”. También dijo que Espinosa le pidió su intercesión para que aceptaran a un familiar en un postgrado de Medicina, pero que no pudo ayudarlo porque el interesado no cumplía los requisitos.
El magistrado Velásquez explicó que contactó a ‘Tasmania’ porque este llamó a la Corte para ofrecer información y luego lo entrevistó “dentro de las actuaciones normales que en la investigación de los vínculos de miembros del Congreso con organizaciones paramilitares que se vienen adelantando”.
Uribe llama al magistrado
La noche siguiente a esa entrevista, el presidente llamó y “me dijo que había inquietud porque se afirmaba que un bandido, un tal ‘Tasmania’, que decía que él (Uribe) había armado a un tal ‘Tasmania’ para un enfrentamiento con alias ‘René’, relató el magistrado.
Según Velásquez, la información que “Tasmania” le suministró, no incriminaba en nada al presidente Uribe y así se lo hizo saber. De lo contrario, la información habría sido enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la única con facultad legal para investigar al gobernante, explicó Valencia.
La fiscal de Medellín, Ana Elena Gutiérrez, a cargo del caso de “Tasmania”, manifestó que participó del interrogatorio junto con Velásquez y que le consta que no se le ofreció ningún beneficio a cambio de que testificara en contra de Uribe.
“Pienso que hay alguien interesado en torpedear el trabajo del doctor Velásquez, pero no el Presidente”, declaró.
Agregó que conoce bien a Velásquez. "(...) es un hombre impecable y sé lo que pasó aquí y sé que este señor (Moncada) está mintiendo”.
‘Tasmania’ está preso desde enero de 2003, cuando la Policía lo capturó “señalado de conformación de grupos armados ilegales en el suroeste de Antioquia..., donde se desempeñó como encargado de la acción operativa de las Autodefensas al mando de alias 'René' por un período de 3 años”, según un reporte de la época.
La carta de 'Tasmania'
Según copias de la carta que ‘Tasmania’ envió a Uribe, distribuidas por el DAS, el autor tiene la preocupación de que “el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar (al Presidente). Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea” (Ver La carta de Tasmania).
La Corte investiga por presuntos vínculos con paramilitares a unos 35 congresistas, casi todos aliados del presidente, incluido su primo, el senador Mario Uribe, que tiene uno de sus principales bastiones electorales la región en la que ‘Tasmania’ fue capturado, en el suroeste de Antioquia.
Con información de AP
La fiscal que estuvo en la reunión entre el magistrado Iván Velásquez y el paramilitar ‘Tasmania’ terció en la discusión y aseguró que jamás se habló de ofrecerle beneficios a cambio de que incriminara al Presidente.
El país ha asistido asombrado a la más dura confrontación entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia. La Alta Corporación salió en bloque, a la defensa ante señalamientos del Jefe del Estado de que uno de sus magistrados estrellas en el tema de la parapolitica buscaba hacerle un complot acusándolo de asesinato. Para semejante propósito, según la acusación de la Casa de Nariño, habría ofrecido supuestos beneficios en la reducción de penas al criminal conocido con el alias de ‘Tasmania’, actualmente detenido en la cárcel de Itagüí.
“Con estos hechos, se pretende deslegitimar y generar una indebida desconfianza en la Corte Suprema de Justicia y eso no le conviene al país”, afirmó el presidente de ese organismo, César Julio Valencia. Por eso anunció el respaldo “unánime e incondicional” al magistrado inmerso en semejante escándalo.
Se trata del magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte, Iván Velásquez, quien fue el jurista que conversó con el paramilitar José Moncada, alias ‘Tasmania’, en el curso de pesquisas sobre vínculos de congresistas con los escuadrones de la muerte de extrema derecha. Iván Velásquez coincidió en indicar, que esos señalamientos de la Casa de Nariño y en boca del Presidente sólo buscan “deslegitimar la investigación”.
De esta manera, la Corte se refirió así a un comunicado de la Presidencia, que señaló la víspera que funcionarios de la Corte y de la Fiscalía contactaron al prisionero “para que acusara al presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos, como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias René, a cambio de beneficios para él y su familia”.
Maratónicas entrevistas
Uribe formuló las acusaciones en las principales cadenas radiales del país, en maratónicas entrevistas en las que se ha ido lanza en ristre contra integrantes de la Corte, como el magistrado y ex presidente de esa entidad, Yesid Ramírez, y el actual presidente de la Sala Penal de la Corte, Sigifredo Espinosa. Entre otras cosas, desvirtuó la denuncia que la semana pasada formuló el organismo sobre amenazas de muerte contra una de sus integrantes.
En rueda de prensa Uribe acusó a Ramírez de que “se ufana diciendo que tiene agarrado al Presidente”. También dijo que Espinosa le pidió su intercesión para que aceptaran a un familiar en un postgrado de Medicina, pero que no pudo ayudarlo porque el interesado no cumplía los requisitos.
El magistrado Velásquez explicó que contactó a ‘Tasmania’ porque este llamó a la Corte para ofrecer información y luego lo entrevistó “dentro de las actuaciones normales que en la investigación de los vínculos de miembros del Congreso con organizaciones paramilitares que se vienen adelantando”.
Uribe llama al magistrado
La noche siguiente a esa entrevista, el presidente llamó y “me dijo que había inquietud porque se afirmaba que un bandido, un tal ‘Tasmania’, que decía que él (Uribe) había armado a un tal ‘Tasmania’ para un enfrentamiento con alias ‘René’, relató el magistrado.
Según Velásquez, la información que “Tasmania” le suministró, no incriminaba en nada al presidente Uribe y así se lo hizo saber. De lo contrario, la información habría sido enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la única con facultad legal para investigar al gobernante, explicó Valencia.
La fiscal de Medellín, Ana Elena Gutiérrez, a cargo del caso de “Tasmania”, manifestó que participó del interrogatorio junto con Velásquez y que le consta que no se le ofreció ningún beneficio a cambio de que testificara en contra de Uribe.
“Pienso que hay alguien interesado en torpedear el trabajo del doctor Velásquez, pero no el Presidente”, declaró.
Agregó que conoce bien a Velásquez. "(...) es un hombre impecable y sé lo que pasó aquí y sé que este señor (Moncada) está mintiendo”.
‘Tasmania’ está preso desde enero de 2003, cuando la Policía lo capturó “señalado de conformación de grupos armados ilegales en el suroeste de Antioquia..., donde se desempeñó como encargado de la acción operativa de las Autodefensas al mando de alias 'René' por un período de 3 años”, según un reporte de la época.
La carta de 'Tasmania'
Según copias de la carta que ‘Tasmania’ envió a Uribe, distribuidas por el DAS, el autor tiene la preocupación de que “el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar (al Presidente). Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea” (Ver La carta de Tasmania).
La Corte investiga por presuntos vínculos con paramilitares a unos 35 congresistas, casi todos aliados del presidente, incluido su primo, el senador Mario Uribe, que tiene uno de sus principales bastiones electorales la región en la que ‘Tasmania’ fue capturado, en el suroeste de Antioquia.
Con información de AP
El Presidente Álvaro Uribe exige investigar el origen de un testimonio de un paramilitar que lo vincula con un asesinato
El Presidente Álvaro Uribe exige investigar el origen de un testimonio de un paramilitar que lo vincula con un asesinato
Á
lvaro Uribe Vélez pide aclarar sí es verdad que el magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los investigadores estrella de la parapolítica, le ofreció al paramilitar alias ‘Tasmania’ beneficios en caso de que declarara en contra del Jefe del Estado acusándolo de haber cometido un crimen. La Corte en pleno dice que el hecho no es cierto y acusa al Presidente de “obstruir” a la justicia.
En la noche de este lunes estalló uno de los enfrentamientos más graves entre poderes del Estado desde que el país arrastra el escándalo de la parapolítica. De un lado, está el presidente Álvaro Uribe Vélez; y del otro, la Corte Suprema de Justicia. Y en el centro insólitamente, el paramilitar ‘Tasmania’. No es difícil prever que por las monumentales e impredecibles consecuencias que tendrá este caso, este alias se convertirá en uno de los más mencionados del historial delincuencial del país.
¿Qué fue lo que pasó? La semana pasada, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los investigadores estrella de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la parapolítica, estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí recibiendo la declaración del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’.
Según la versión del magistrado Velásquez, entregada en la noche de este lunes al programa Hora 20 de Caracol Radio, fue a la cárcel porque ‘Tasmania’ le había hecho saber a la Corte que tenía información importante relacionada con cuatro congresistas vinculados con los paramilitares. “Lo escuché pero nunca jamás se mencionó al presidente de la Republica”, aseguró Velásquez.
Encuentro en la cárcel
Para la Casa de Nariño la situación fue diametralmente opuesta: “La Corte Suprema de Justicia habían contactado, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a este señor, para que acusara al Presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, en 2003, a cambio de beneficios para él y su familia”.
Esto es que la Casa de Nariño tiene información en el sentido de que el magistrado Velásquez fue al centro de reclusión con una malévola intención: ponerse de acuerdo con un paramilitar para involucrar al Jefe del Estado en el asesinato de otro paramilitar. ¿Qué elementos tiene la Presidencia para hacer semejante acusación?
La Casa de Nariño dice que el “el Presidente de la República ha tenido conocimiento de una diligencia de declaración que rindió el señor José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación, los días 4 y 5 de octubre pasado, así como el contenido de una comunicación previa a la diligencia, mediante la cual se indica que funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia” hicieron el encuentro con ese fin. El magistrado Velásquez reitera que eso es mentira.
¿Puede haber algo más grave que esto? El asunto es extremadamente delicado por donde se le mire. Veamos: Saca a flote un severo choque de trenes entre el Presidente y la Corte Suprema y no por concepciones filosóficas del manejo del Estado sino por un escabroso tema en el que el otro protagonista es un alias ‘Tasmania’ que hasta este momento era una figura totalmente anónima en el mundo del hampa y que por cuenta del episodio se convirtió en una figura estelar que podrá inclinar la balanza a uno u otro lado.
¿Quién diablos es 'Tasmania'?
La opinión pública se pregunta ahora: ¿Y quién demonios es ‘Tasmania’? De ‘Tasmania’ se sabe que fue capturado el 3 de enero del 2005 en un operativo en el barrio Manrique Versalles, de la Comuna Nororiental de la ciudad de Medellín, en desarrollo de la Operación Andes. Y que, además, tiene órdenes de captura por extorsión y conformación de grupos armados ilegales. Es, en términos sencillos, un delincuente promedio que ahora será una figura mediática extraordinaria.
El caso tiene otros elementos. Un día después de que el magistrado Velásquez se reuniera en la cárcel de Itagüí con el paramilitar ‘Tasmania’, el presidente Uribe llamó al jurista para preguntarle sobre el caso. Éste aseguró que eso era una clara “obstrucción” a la justicia y más viniendo del Jefe del Estado que debía saber los procedimientos a seguir. Este concepto fue respaldado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Valencia Copete. “Hemos hecho una reunión extraordinaria para analizar el caso y puedo informar que hay un respaldo al magistrado y un rechazo a las llamadas del Jefe del Estado”.
Sin embargo, los magistrados le anunciaron al presidente que a pesar de la incomodidad que generaba una llamada suya le podían informar que a él no lo estaban investigando no sólo porque no hay un caso en su contra sino porque ellos no son autoridad para hacerlo. “Esa es función de la Comisión de Acusaciones de la Cámara”.
El presidente de la República, en cambio, no ve nada malo en haber llamado al magistrado. “La justicia tiene que hacer justicia”, dijo. Además, explicó que el “juez natural de un Estado de Derecho es la opinión pública”.
El magistrado Valencia Copete anunció que había puesto el tema de la “obstrucción a la justicia de parte del presidente Uribe” en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
El asesino, el mentiroso, el manipulador
Sin embargo, el presidente no quedó tranquilo y ordenó hacer el comunicado donde puso en conocimiento el hecho y que fue colgado en la noche de este lunes en la página web de la Presidencia de la República. ¿Por qué la reacción tan fuerte del Presidente Uribe?
El Jefe del Estado explicó que tuvo esa decisión porque el caso tiene tres elementos fundamentales. Uno, a él lo están acusando de un asesinato y Uribe Vélez considera que la justicia tiene que hacer claridad pronto y de manera pública sobre eso; dos, hay que investigar el testimonio de ‘Tasmania’ que en caso de que no resultase cierto demostraría que “es un mentiroso”; y tres, si se comprueba que la Corte está poniendo de acuerdo con delincuentes demostraría que hay una “manipulación en contra del presidente”.
El Presidente Uribe considera que él no buscó este choque con la Corte sino que, por el contrario, mostrar transparencia para que se resuelva cuál de estos tres elementos es el verdadero.
Sin embargo, en este crítico asunto hay otros elementos que deben ser absueltos de inmediato. ¿Cómo se enteró el presidente de la reunión entre ‘Tasmania’ y un magistrado de la Corte? “A uno todos los días le cuentan cosas y no son de órganos del Estado”, argumentó el presidente.
Seguimientos extraños
Para la Corte la respuesta no es tan simple. “Hay unos seguimientos extraños a nosotros”, dijeron en la noche de este lunes varios magistrados. Y en concreto sindicaron a agentes del DAS de ir tras la pista de los magistrados que investigan el tema de la parapolitica, uno de los más sensibles y que en otras ocasiones ya causó fisuras en las relaciones Uribe-Corte Suprema.
Hay otro hecho muy grave y es que en menos de una semana el presidente Álvaro Uribe ha ordenado hacer aclaraciones a través de los órganos oficiales de comunicación del Estado de su inocencia respecto a vínculos con personas al margen de la ley. La semana pasada salió sorpresivamente a aclarar que él no tuvo nada que ver con el capo del narcotráfico Pablo Emilio Escobar Gaviria y ahora de manera intempestiva sale a decir que él no conoce a ‘Tasmania’ ni a ‘René’. “El Presidente de la República reitera que nunca ha tenido ningún tipo de relación con los sujetos mencionados en este incidente”. Son ya tantas las menciones y aclaraciones que sin querer puede crear el efecto contrario y provocar dudas de su inocencia.
¿Qué va a pasara ahora? El enfrentamiento va a crecer. No se trata de un debate de ideas sino sindicaciones de la más alta gravedad que hacen que esta tempestad hasta ahora comience. Por ahora, la Corte Suprema anunció una rueda de prensa para responderle al Presidente y éste, por su parte, dijo que se ratificaba en todo lo dicho en el comunicado.
Comunicado de la Casa de Nariño
La Casa de Nariño se permite informar que el Presidente de la República ha tenido conocimiento de una diligencia de declaración que rindió el señor José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación, los días 4 y 5 de octubre pasado, así como el contenido de una comunicación previa a la diligencia, mediante la cual se indica que funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia habían contactado, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a este señor, para que acusara al Presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, en 2003, a cambio de beneficios para él y su familia.
En la carta que recibió el Presidente, antes mencionada, alias ‘Tasmania’ cuenta cómo fue abordado en la cárcel de Itagüí y llevado a las instalaciones de la Fiscalía, en Antioquia, en donde el Magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a él y a su familia, a cambio de declarar en contra del Presidente Uribe.
Conocedor de esta situación, el Presidente de la República solicita al Fiscal General, quien tiene en su poder todas las declaraciones y los expedientes, que adelante las gestiones a que haya lugar, con el fin de verificar los hechos por este señor denunciados y, en todo caso, para que se haga absoluta claridad de las circunstancias que han rodeado este episodio.
El Presidente de la República reitera que nunca ha tenido ningún tipo de relación con los sujetos mencionados en este incidente.
Bogotá, 8 de octubre de 2007.
Á
lvaro Uribe Vélez pide aclarar sí es verdad que el magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los investigadores estrella de la parapolítica, le ofreció al paramilitar alias ‘Tasmania’ beneficios en caso de que declarara en contra del Jefe del Estado acusándolo de haber cometido un crimen. La Corte en pleno dice que el hecho no es cierto y acusa al Presidente de “obstruir” a la justicia.
En la noche de este lunes estalló uno de los enfrentamientos más graves entre poderes del Estado desde que el país arrastra el escándalo de la parapolítica. De un lado, está el presidente Álvaro Uribe Vélez; y del otro, la Corte Suprema de Justicia. Y en el centro insólitamente, el paramilitar ‘Tasmania’. No es difícil prever que por las monumentales e impredecibles consecuencias que tendrá este caso, este alias se convertirá en uno de los más mencionados del historial delincuencial del país.
¿Qué fue lo que pasó? La semana pasada, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los investigadores estrella de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la parapolítica, estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí recibiendo la declaración del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’.
Según la versión del magistrado Velásquez, entregada en la noche de este lunes al programa Hora 20 de Caracol Radio, fue a la cárcel porque ‘Tasmania’ le había hecho saber a la Corte que tenía información importante relacionada con cuatro congresistas vinculados con los paramilitares. “Lo escuché pero nunca jamás se mencionó al presidente de la Republica”, aseguró Velásquez.
Encuentro en la cárcel
Para la Casa de Nariño la situación fue diametralmente opuesta: “La Corte Suprema de Justicia habían contactado, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a este señor, para que acusara al Presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, en 2003, a cambio de beneficios para él y su familia”.
Esto es que la Casa de Nariño tiene información en el sentido de que el magistrado Velásquez fue al centro de reclusión con una malévola intención: ponerse de acuerdo con un paramilitar para involucrar al Jefe del Estado en el asesinato de otro paramilitar. ¿Qué elementos tiene la Presidencia para hacer semejante acusación?
La Casa de Nariño dice que el “el Presidente de la República ha tenido conocimiento de una diligencia de declaración que rindió el señor José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación, los días 4 y 5 de octubre pasado, así como el contenido de una comunicación previa a la diligencia, mediante la cual se indica que funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia” hicieron el encuentro con ese fin. El magistrado Velásquez reitera que eso es mentira.
¿Puede haber algo más grave que esto? El asunto es extremadamente delicado por donde se le mire. Veamos: Saca a flote un severo choque de trenes entre el Presidente y la Corte Suprema y no por concepciones filosóficas del manejo del Estado sino por un escabroso tema en el que el otro protagonista es un alias ‘Tasmania’ que hasta este momento era una figura totalmente anónima en el mundo del hampa y que por cuenta del episodio se convirtió en una figura estelar que podrá inclinar la balanza a uno u otro lado.
¿Quién diablos es 'Tasmania'?
La opinión pública se pregunta ahora: ¿Y quién demonios es ‘Tasmania’? De ‘Tasmania’ se sabe que fue capturado el 3 de enero del 2005 en un operativo en el barrio Manrique Versalles, de la Comuna Nororiental de la ciudad de Medellín, en desarrollo de la Operación Andes. Y que, además, tiene órdenes de captura por extorsión y conformación de grupos armados ilegales. Es, en términos sencillos, un delincuente promedio que ahora será una figura mediática extraordinaria.
El caso tiene otros elementos. Un día después de que el magistrado Velásquez se reuniera en la cárcel de Itagüí con el paramilitar ‘Tasmania’, el presidente Uribe llamó al jurista para preguntarle sobre el caso. Éste aseguró que eso era una clara “obstrucción” a la justicia y más viniendo del Jefe del Estado que debía saber los procedimientos a seguir. Este concepto fue respaldado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Valencia Copete. “Hemos hecho una reunión extraordinaria para analizar el caso y puedo informar que hay un respaldo al magistrado y un rechazo a las llamadas del Jefe del Estado”.
Sin embargo, los magistrados le anunciaron al presidente que a pesar de la incomodidad que generaba una llamada suya le podían informar que a él no lo estaban investigando no sólo porque no hay un caso en su contra sino porque ellos no son autoridad para hacerlo. “Esa es función de la Comisión de Acusaciones de la Cámara”.
El presidente de la República, en cambio, no ve nada malo en haber llamado al magistrado. “La justicia tiene que hacer justicia”, dijo. Además, explicó que el “juez natural de un Estado de Derecho es la opinión pública”.
El magistrado Valencia Copete anunció que había puesto el tema de la “obstrucción a la justicia de parte del presidente Uribe” en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
El asesino, el mentiroso, el manipulador
Sin embargo, el presidente no quedó tranquilo y ordenó hacer el comunicado donde puso en conocimiento el hecho y que fue colgado en la noche de este lunes en la página web de la Presidencia de la República. ¿Por qué la reacción tan fuerte del Presidente Uribe?
El Jefe del Estado explicó que tuvo esa decisión porque el caso tiene tres elementos fundamentales. Uno, a él lo están acusando de un asesinato y Uribe Vélez considera que la justicia tiene que hacer claridad pronto y de manera pública sobre eso; dos, hay que investigar el testimonio de ‘Tasmania’ que en caso de que no resultase cierto demostraría que “es un mentiroso”; y tres, si se comprueba que la Corte está poniendo de acuerdo con delincuentes demostraría que hay una “manipulación en contra del presidente”.
El Presidente Uribe considera que él no buscó este choque con la Corte sino que, por el contrario, mostrar transparencia para que se resuelva cuál de estos tres elementos es el verdadero.
Sin embargo, en este crítico asunto hay otros elementos que deben ser absueltos de inmediato. ¿Cómo se enteró el presidente de la reunión entre ‘Tasmania’ y un magistrado de la Corte? “A uno todos los días le cuentan cosas y no son de órganos del Estado”, argumentó el presidente.
Seguimientos extraños
Para la Corte la respuesta no es tan simple. “Hay unos seguimientos extraños a nosotros”, dijeron en la noche de este lunes varios magistrados. Y en concreto sindicaron a agentes del DAS de ir tras la pista de los magistrados que investigan el tema de la parapolitica, uno de los más sensibles y que en otras ocasiones ya causó fisuras en las relaciones Uribe-Corte Suprema.
Hay otro hecho muy grave y es que en menos de una semana el presidente Álvaro Uribe ha ordenado hacer aclaraciones a través de los órganos oficiales de comunicación del Estado de su inocencia respecto a vínculos con personas al margen de la ley. La semana pasada salió sorpresivamente a aclarar que él no tuvo nada que ver con el capo del narcotráfico Pablo Emilio Escobar Gaviria y ahora de manera intempestiva sale a decir que él no conoce a ‘Tasmania’ ni a ‘René’. “El Presidente de la República reitera que nunca ha tenido ningún tipo de relación con los sujetos mencionados en este incidente”. Son ya tantas las menciones y aclaraciones que sin querer puede crear el efecto contrario y provocar dudas de su inocencia.
¿Qué va a pasara ahora? El enfrentamiento va a crecer. No se trata de un debate de ideas sino sindicaciones de la más alta gravedad que hacen que esta tempestad hasta ahora comience. Por ahora, la Corte Suprema anunció una rueda de prensa para responderle al Presidente y éste, por su parte, dijo que se ratificaba en todo lo dicho en el comunicado.
Comunicado de la Casa de Nariño
La Casa de Nariño se permite informar que el Presidente de la República ha tenido conocimiento de una diligencia de declaración que rindió el señor José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación, los días 4 y 5 de octubre pasado, así como el contenido de una comunicación previa a la diligencia, mediante la cual se indica que funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia habían contactado, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a este señor, para que acusara al Presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’, en 2003, a cambio de beneficios para él y su familia.
En la carta que recibió el Presidente, antes mencionada, alias ‘Tasmania’ cuenta cómo fue abordado en la cárcel de Itagüí y llevado a las instalaciones de la Fiscalía, en Antioquia, en donde el Magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a él y a su familia, a cambio de declarar en contra del Presidente Uribe.
Conocedor de esta situación, el Presidente de la República solicita al Fiscal General, quien tiene en su poder todas las declaraciones y los expedientes, que adelante las gestiones a que haya lugar, con el fin de verificar los hechos por este señor denunciados y, en todo caso, para que se haga absoluta claridad de las circunstancias que han rodeado este episodio.
El Presidente de la República reitera que nunca ha tenido ningún tipo de relación con los sujetos mencionados en este incidente.
Bogotá, 8 de octubre de 2007.
martes, 9 de octubre de 2007
Corte Suprema y Presidente chocan por supuestos beneficios ofrecidos a testigo contra el mandatario
Octubre 9 de 2007 - 8:50 a.m.
Corte Suprema y Presidente chocan por supuestos beneficios ofrecidos a testigo contra el mandatario
El presidente del Alto Tribunal, César Julio Valencia, acaba de convocar a una sala extraordinaria para evaluar la que califca como una "injerencia" que busca "deslegitimar" la labor de la Corte.
El Gobierno pide investigar a magistrado auxiliar de la Corte por preparar supuestamente un montaje contra Uribe; el Presidente del alto tribunal dice que el mandatario obstruye labor de la justicia.
La controversia la desató un comunicado divulgado anoche, sorpresivamente, por la Casa de Nariño.
En él, se pide a la Fiscalía "verificar" si es cierto que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez -investigador estrella del caso de la 'parapolítica'- ofreció beneficios a un paramiltar preso a cambio de declarar en contra del presidente Uribe.
La dura denuncia (conocida hacia las 7:20 p.m.) cerró un agitado día en Palacio. Fuentes cercanas al alto gobierno le contaron a este diario que el presidente estaba golpeado tanto por el editorial de The New York Times -que pedía al Congreso de E.U. que demore la discusión del TLC con Colombia hasta que se haga más por enviar a la justicia "a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos"-, como por la divulgación de los detalles de las conversaciones interceptadas a políticos presos.
El comunicado leído por el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, dice que "funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte habían contactado, en la cárcel de Itagüí (a José Orlando Moncada Zapata, 'Tasmania'), para que acusara al Presidente y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado (en el 2003) contra el 'para' Alcides Durango, 'René', a cambio de beneficios". Y agrega que el pasado 4 y 5 de octubre, 'Tasmania' reiteró la versión a una comisión de primer nivel de la Fiscalía y que, días antes, el 'para' le había escrito una carta al Presidente en este sentido.
Respaldo a Velásquez
El comunicado no caía en un buen momento, pues en las últimas semanas se han dado duros rifirrafes entre el Gobierno y el alto tribunal.
Anoche, el presidente de la Corte, César Julio Valencia, reaccionó al comunicado de Palacio y dijo que rechazaba su contenido y respaldaba al magistrado auxiliar. Reveló que desde hace 6 días el tribunal puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría para que investiguen posible obstrucción al proceso de 'parapolítica'.
La reacción de Valencia no es para menos: el magistrado Velásquez no solo tiene una brillante carrera de 20 años en la Rama Judicial, sino que ha coordinado la investigación de la 'parapolítica', que ya tiene en líos jurídicos a 37 congresistas, 14 en prisión. Fue también él quien, como fiscal regional de Antioquia, inició la más importante investigación sobre 'paras', conocido como 'El expediente del parqueadero de Padilla'.
Anoche, el tema de inmediato fue retomado en el programa radial Hora 20 y el propio Uribe se vio precisado a llamar para responder a una serie de inquietudes.
"Simplemente se está dando a conocer una información y se está pidiendo que se investigue lo que se tenga que investigar", dijo el presidente Uribe. Añadió que él había llamado al magistrado Velásquez para preguntarle si lo estaba investigando y que este le respondió que no. Y que en vista de que el paramilitar se ratificó en su denuncia, la Casa de Nariño -dijo el propio Presidente- pide públicamente que se aclare lo ocurrido.
Según el mandatario, hay tres hipótesis: que el Presidente es un asesino; que el testigo es un mentiroso o que los funcionarios que adelantan la investigación están montando una maniobra contra el mandatario.
"Dejen que se investigue antes de decir que estoy obstruyendo a la justicia. La Corte debe dar ejemplo en eso", replicó el mandatario en clara referencia al alto tribunal.
Habla Velásquez
Anoche, Velásquez le dijo a EL TIEMPO que el alto tribunal no usa métodos como los que denuncia: "Sobre una conversación verdadera, edificaron una mentira. No existe una declaración oficial de 'Tasmania' ", dijo.
Y agregó que hay un claro propósito de deslegitimar la investigación de la Corte.
Velásquez también llamó la atención en el hecho de que el episodio con 'Tasmania' (quien dijo tener información sobre anomalías de 4 congresistas) fue hace tres semanas y que un día después, el propio Presidente se comunicó con él para hablar del tema.
"Sin embargo, solo hasta ahora -cuando se conocen unas interceptaciones del CTI a políticos detenidos- se hace público el tema", puntualizó el magistrado auxiliar.
También dijo que jurídicamente es imposible que la Corte esté haciendo la indagación que le endilgan pues "no tiene competencia para investigar al señor Presidente".
Por eso, no descartó la posibilidad de que el 'para' esté buscando beneficios por parte de la Presidencia y que alguien esté haciendo tareas de seguimiento a la Corte.
Cuestionan llamada de Uribe a Magistrado
"Me parece grave que esto haya implicado una actitud beligerante contra la Corte. La actitud de él (Uribe) hubiera sido más adecuada si solo hubiera pedido investigar los hechos (...) La llamada al magistrado resulta intimidante".
José Gregorio Hernández, ex presidente de la Corte Constitucional
"Me parece muy delicado. Se está indicando que hay intereses políticos del CTI y de la Corte por involucrar al Uribe. (Él) debía haber puesto en conocimiento de la justicia el hecho, más que pedir explicaciones (al magistrado)".
Juan Manuel Charry, constitucionalista
Quién es 'René'
Alcides de Jesús Durango, alias 'René', ex jefe del bloque Suroeste de las Auc, fue capturado por la Policía a mediados de junio pasado en Mutatá, Urabá antioqueño.
Su captura era considerada como prioritaria, pues el jefe 'para' no se desmovilizó con el bloque Suroeste, el 30 de enero del 2005.
'René' fue jefe de alias 'Tasmania' y tenía órdenes de captura por los delitos de homicidio, secuestro simple, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros.
Seis preguntas pendientes
1. Si el polémico episodio con el paramilitar 'Tasmania' se produjo desde hace tres semanas, ¿por qué solo ahora lo denuncia el Gobierno?
2. ¿Por qué el Presidente decide hacer esta solicitud de aclaración públicamente y no de manera directa a la Corte Suprema?
3. Al hacer pública la solicitud de aclaración, ¿la Casa de Nariño le cree más al 'para' detenido que al magistrado auxiliar que ha tenido 20 años de carrera en la rama judicial?
4. ¿Es posible que se trate de una trampa de un sector 'para' o de personas vinculadas a ellos que buscan enfrentar al Gobierno con la Corte?
5. ¿Qué validez puede tener el testimonio de un 'para' como 'Tasmania' y que tan creíble sería que estuviera enterado de una orden de matar a su jefe?
6. ¿Por qué Vicente Blel -luego de ser llamado a indagatoria por la Corte- en su condición de senador fue el primero en poner en tela de juicio a los magistrados auxiliares de la Corte hace una semana en plenaria?
Corte Suprema y Presidente chocan por supuestos beneficios ofrecidos a testigo contra el mandatario
El presidente del Alto Tribunal, César Julio Valencia, acaba de convocar a una sala extraordinaria para evaluar la que califca como una "injerencia" que busca "deslegitimar" la labor de la Corte.
El Gobierno pide investigar a magistrado auxiliar de la Corte por preparar supuestamente un montaje contra Uribe; el Presidente del alto tribunal dice que el mandatario obstruye labor de la justicia.
La controversia la desató un comunicado divulgado anoche, sorpresivamente, por la Casa de Nariño.
En él, se pide a la Fiscalía "verificar" si es cierto que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez -investigador estrella del caso de la 'parapolítica'- ofreció beneficios a un paramiltar preso a cambio de declarar en contra del presidente Uribe.
La dura denuncia (conocida hacia las 7:20 p.m.) cerró un agitado día en Palacio. Fuentes cercanas al alto gobierno le contaron a este diario que el presidente estaba golpeado tanto por el editorial de The New York Times -que pedía al Congreso de E.U. que demore la discusión del TLC con Colombia hasta que se haga más por enviar a la justicia "a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos"-, como por la divulgación de los detalles de las conversaciones interceptadas a políticos presos.
El comunicado leído por el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, dice que "funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte habían contactado, en la cárcel de Itagüí (a José Orlando Moncada Zapata, 'Tasmania'), para que acusara al Presidente y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado (en el 2003) contra el 'para' Alcides Durango, 'René', a cambio de beneficios". Y agrega que el pasado 4 y 5 de octubre, 'Tasmania' reiteró la versión a una comisión de primer nivel de la Fiscalía y que, días antes, el 'para' le había escrito una carta al Presidente en este sentido.
Respaldo a Velásquez
El comunicado no caía en un buen momento, pues en las últimas semanas se han dado duros rifirrafes entre el Gobierno y el alto tribunal.
Anoche, el presidente de la Corte, César Julio Valencia, reaccionó al comunicado de Palacio y dijo que rechazaba su contenido y respaldaba al magistrado auxiliar. Reveló que desde hace 6 días el tribunal puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría para que investiguen posible obstrucción al proceso de 'parapolítica'.
La reacción de Valencia no es para menos: el magistrado Velásquez no solo tiene una brillante carrera de 20 años en la Rama Judicial, sino que ha coordinado la investigación de la 'parapolítica', que ya tiene en líos jurídicos a 37 congresistas, 14 en prisión. Fue también él quien, como fiscal regional de Antioquia, inició la más importante investigación sobre 'paras', conocido como 'El expediente del parqueadero de Padilla'.
Anoche, el tema de inmediato fue retomado en el programa radial Hora 20 y el propio Uribe se vio precisado a llamar para responder a una serie de inquietudes.
"Simplemente se está dando a conocer una información y se está pidiendo que se investigue lo que se tenga que investigar", dijo el presidente Uribe. Añadió que él había llamado al magistrado Velásquez para preguntarle si lo estaba investigando y que este le respondió que no. Y que en vista de que el paramilitar se ratificó en su denuncia, la Casa de Nariño -dijo el propio Presidente- pide públicamente que se aclare lo ocurrido.
Según el mandatario, hay tres hipótesis: que el Presidente es un asesino; que el testigo es un mentiroso o que los funcionarios que adelantan la investigación están montando una maniobra contra el mandatario.
"Dejen que se investigue antes de decir que estoy obstruyendo a la justicia. La Corte debe dar ejemplo en eso", replicó el mandatario en clara referencia al alto tribunal.
Habla Velásquez
Anoche, Velásquez le dijo a EL TIEMPO que el alto tribunal no usa métodos como los que denuncia: "Sobre una conversación verdadera, edificaron una mentira. No existe una declaración oficial de 'Tasmania' ", dijo.
Y agregó que hay un claro propósito de deslegitimar la investigación de la Corte.
Velásquez también llamó la atención en el hecho de que el episodio con 'Tasmania' (quien dijo tener información sobre anomalías de 4 congresistas) fue hace tres semanas y que un día después, el propio Presidente se comunicó con él para hablar del tema.
"Sin embargo, solo hasta ahora -cuando se conocen unas interceptaciones del CTI a políticos detenidos- se hace público el tema", puntualizó el magistrado auxiliar.
También dijo que jurídicamente es imposible que la Corte esté haciendo la indagación que le endilgan pues "no tiene competencia para investigar al señor Presidente".
Por eso, no descartó la posibilidad de que el 'para' esté buscando beneficios por parte de la Presidencia y que alguien esté haciendo tareas de seguimiento a la Corte.
Cuestionan llamada de Uribe a Magistrado
"Me parece grave que esto haya implicado una actitud beligerante contra la Corte. La actitud de él (Uribe) hubiera sido más adecuada si solo hubiera pedido investigar los hechos (...) La llamada al magistrado resulta intimidante".
José Gregorio Hernández, ex presidente de la Corte Constitucional
"Me parece muy delicado. Se está indicando que hay intereses políticos del CTI y de la Corte por involucrar al Uribe. (Él) debía haber puesto en conocimiento de la justicia el hecho, más que pedir explicaciones (al magistrado)".
Juan Manuel Charry, constitucionalista
Quién es 'René'
Alcides de Jesús Durango, alias 'René', ex jefe del bloque Suroeste de las Auc, fue capturado por la Policía a mediados de junio pasado en Mutatá, Urabá antioqueño.
Su captura era considerada como prioritaria, pues el jefe 'para' no se desmovilizó con el bloque Suroeste, el 30 de enero del 2005.
'René' fue jefe de alias 'Tasmania' y tenía órdenes de captura por los delitos de homicidio, secuestro simple, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros.
Seis preguntas pendientes
1. Si el polémico episodio con el paramilitar 'Tasmania' se produjo desde hace tres semanas, ¿por qué solo ahora lo denuncia el Gobierno?
2. ¿Por qué el Presidente decide hacer esta solicitud de aclaración públicamente y no de manera directa a la Corte Suprema?
3. Al hacer pública la solicitud de aclaración, ¿la Casa de Nariño le cree más al 'para' detenido que al magistrado auxiliar que ha tenido 20 años de carrera en la rama judicial?
4. ¿Es posible que se trate de una trampa de un sector 'para' o de personas vinculadas a ellos que buscan enfrentar al Gobierno con la Corte?
5. ¿Qué validez puede tener el testimonio de un 'para' como 'Tasmania' y que tan creíble sería que estuviera enterado de una orden de matar a su jefe?
6. ¿Por qué Vicente Blel -luego de ser llamado a indagatoria por la Corte- en su condición de senador fue el primero en poner en tela de juicio a los magistrados auxiliares de la Corte hace una semana en plenaria?
The New York Times’ vuelve a ‘jalarle las orejas’ al Presidente Uribe
The New York Times’ vuelve a ‘jalarle las orejas’ al Presidente Uribe
El periódico más influyente del mundo pidió ahora postergar la firma del TLC con Colombia porque el Jefe del Estado no “han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones y a los dirigentes políticos que los apoyan”.
Por Juan Carlos Iragorri / Corresponsal de SEMANA en Estados Unidos
Fecha: 10/08/2007 -
En un editorial publicado este lunes, el periódico ‘The New York Times’ le pidió al Congreso de Estados Unidos que postergue la aprobación del Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia (TLC) porque ni el presidente Álvaro Uribe ni su gobierno “han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones y a los dirigentes políticos que los apoyan”.
Bajo el título de ‘Los demócratas les hablan con sensatez a los demócratas’, el editorial es la segunda nota adversa para Uribe publicada por el diario más influyente de los Estados Unidos en los últimos cinco días. El miércoles de la semana pasada, un artículo del corresponsal Simón Romero había reproducido las declaraciones en las que el presidente colombiano negó la versión contenida en el libro ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’, de Virginia Vallejo, según la cual Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, era amigo de Álvaro Uribe. La ex actriz ha dicho que por un tiempo fue la amante del capo que fue dado de baja por la Policía en 1993.
Lo curioso del artículo de Romero es que cita nuevamente un informe de los servicios inteligencia de Estados Unidos, elaborado en 1991 y desvirtuado por la justicia norteamericana, según el cual Uribe tenía vínculos con el narcotráfico.
En su editorial de este lunes, ‘The New York Times’ se refiere a los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con Colombia, Corea del Sur, Panamá y Perú, que están pendientes de la consideración por parte del Senado y la Cámara de Representantes en Washington.
Los argumentos del diario
“Sólo el tratado con Colombia debe ser postergado”, afirma el Times. “El presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones –y a los políticos que los apoyan–, que son responsables de las violaciones generalizadas de los derechos humanos. Colombia espera ansiosa el acuerdo comercial y ha hecho algún progreso en derechos humanos. Pero se necesita más, y retrasar la ratificación puede todavía ser un instrumento para cambiar el comportamiento del señor Uribe. Entre tanto, el Congreso debe moverse rápidamente para aprobar el acuerdo con el Perú, por todas las razones expuestas en su carta por los sensibles líderes demócratas – y para mostrarle a Colombia lo que hace falta”.
El editorial hace referencia a una carta abierta enviada hace 15 días a los legisladores demócratas por más de 35 miembros del mismo partido que fueron congresistas o altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton. El texto, firmado entre otros por auténticos pesos pesados como los ex jefes de gabinete de la Casa Blanca Leon Panetta y Mack McLarty, el ex senador Sam Nunn y el ex secretario del Interior Bruce Babbitt, urge en un aparte a los actuales congresistas demócratas a aprobar el TLC con Colombia, “donde el gobierno del presidente Uribe ha reducido los niveles de violencia significativamente”.
El artículo del Times implica un giro de 90 grados con respecto al último editorial que había publicado sobre el tema. Fue a mediados de año, cuando el vicepresidente Francisco Santos dialogó con el Comité Editorial del diario. En esa oportunidad, el Times, tradicionalmente opuesto al TLC con Colombia en las actuales circunstancias, dijo que si el gobierno de Álvaro Uribe daba pasos en la dirección adecuada para mejorar la situación de los derechos humanos, el Congreso en Washington debía darle luz verde al acuerdo.
Habla la embajadora
La embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, se declaró sorprendida por los términos del editorial. “En primer lugar, me sorprende que se refiera en esa forma a una carta firmada por gente tan importante del partido demócrata, dentro de los cuales hay ex altos funcionarios del gobierno y congresistas destacados”, le dijo a Semana.com. “Por otra parte, me parece que no debió pedirle un cambio de comportamiento al presidente Uribe, sino más bien apoyarlo en la línea que ha seguido. El presidente ha destapado nexos de algunos políticos con grupos paramilitares, y lo ha hecho con valor, con transparencia y con la ayuda de la justicia. Este es un proceso doloroso pero necesario, y el gobierno lo está llevando adelante abiertamente y con coraje”. La embajadora anticipó que este martes enviará una carta de respuesta a ‘The New York Times’.
El TLC fue firmado en Washington el 22 de noviembre de 2006 por el ministro de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero, y por el ‘número dos’ de la oficina del Alto Representante Comercial de Estados Unidos, John Veroneau. El gobierno republicano de George W. Bush, que ha respaldado sin ambages el acuerdo comercial, no lo ha enviado al Congreso para la votación correspondiente porque sabe que no correrá con suerte. Desde el 7 de noviembre pasado, las cosas son muy distintas en el Capitolio, donde ya no mandan los amigos de Bush. Ese día, los comicios legislativos les confirieron las mayorías en el Senado y la Cámara a los demócratas, para quienes el TLC no debe recibir el visto bueno hasta que el gobierno colombiano muestre avances en la seguridad de los líderes sindicales, luche eficazmente contra la impunidad en los casos de violencia contra los sindicalistas y combata decididamente el paramilitarismo.
Muchos observadores señalan que el editorial de ‘The New York Times’ complica aún más las cosas de cara a una eventual aprobación legislativa del TLC en Washington. El tratado sólo saldrá adelante si consigue 218 de los 435 votos de la Cámara y 51 de los 100 que tiene el Senado. De momento, las voces más autorizadas piensan que los senadores no le pondrán palos en la rueda al tratado, pero consideran que en la Cámara faltan unos 40 votos. A esa difícil tarea se dedica las 24 horas del día la Embajada en Washington bajo la dirección de Carolina Barco.
Respaldo a Perú
Por otro lado, ‘The New York Times’ respalda en su editorial el TLC con el Perú. La oficina del Alto Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) se lo remitió el pasado 27 de septiembre al Congreso, que lo ratificará con toda probabilidad en las próximas semanas. Ya pasó la primera votación en el Comité de Finanzas del Senado.
En cuanto al tratado con Corea del Norte, el Times sostiene que “enfrenta la terca oposición de la Ford Motor Company y del congresista demócrata Sander Levin, quien cree que los ensambladores de automóviles de Detroit han conseguido un acuerdo injusto”. Y agrega: “Hay ganadores y perdedores en estos tratados pero el beneficio total –aproximadamente 10.000 millones de dólares más para la economía de Estados Unidos–debe imponerse”.
Sobre el TLC con Panamá, el rotativo neoyorkino afirma que “algunos legisladores han dicho que se han opuesto al pacto luego de que la Asamblea Nacional de ese país eligiera como líder a un hombre requerido por la justicia norteamericana por la muerte en 1992 de un soldado estadounidense. Este es un tema serio en el que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado deben presionar al gobierno de Panamá”.
El periódico alude al caso de Pedro Miguel González, sindicado por la justicia norteamericana de ser uno de los responsables de la muerte del soldado Zack Hernández. González argumenta que fue absuelto por los jueces panameños en 1997.
El periódico más influyente del mundo pidió ahora postergar la firma del TLC con Colombia porque el Jefe del Estado no “han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones y a los dirigentes políticos que los apoyan”.
Por Juan Carlos Iragorri / Corresponsal de SEMANA en Estados Unidos
Fecha: 10/08/2007 -
En un editorial publicado este lunes, el periódico ‘The New York Times’ le pidió al Congreso de Estados Unidos que postergue la aprobación del Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia (TLC) porque ni el presidente Álvaro Uribe ni su gobierno “han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones y a los dirigentes políticos que los apoyan”.
Bajo el título de ‘Los demócratas les hablan con sensatez a los demócratas’, el editorial es la segunda nota adversa para Uribe publicada por el diario más influyente de los Estados Unidos en los últimos cinco días. El miércoles de la semana pasada, un artículo del corresponsal Simón Romero había reproducido las declaraciones en las que el presidente colombiano negó la versión contenida en el libro ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’, de Virginia Vallejo, según la cual Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, era amigo de Álvaro Uribe. La ex actriz ha dicho que por un tiempo fue la amante del capo que fue dado de baja por la Policía en 1993.
Lo curioso del artículo de Romero es que cita nuevamente un informe de los servicios inteligencia de Estados Unidos, elaborado en 1991 y desvirtuado por la justicia norteamericana, según el cual Uribe tenía vínculos con el narcotráfico.
En su editorial de este lunes, ‘The New York Times’ se refiere a los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con Colombia, Corea del Sur, Panamá y Perú, que están pendientes de la consideración por parte del Senado y la Cámara de Representantes en Washington.
Los argumentos del diario
“Sólo el tratado con Colombia debe ser postergado”, afirma el Times. “El presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares matones –y a los políticos que los apoyan–, que son responsables de las violaciones generalizadas de los derechos humanos. Colombia espera ansiosa el acuerdo comercial y ha hecho algún progreso en derechos humanos. Pero se necesita más, y retrasar la ratificación puede todavía ser un instrumento para cambiar el comportamiento del señor Uribe. Entre tanto, el Congreso debe moverse rápidamente para aprobar el acuerdo con el Perú, por todas las razones expuestas en su carta por los sensibles líderes demócratas – y para mostrarle a Colombia lo que hace falta”.
El editorial hace referencia a una carta abierta enviada hace 15 días a los legisladores demócratas por más de 35 miembros del mismo partido que fueron congresistas o altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton. El texto, firmado entre otros por auténticos pesos pesados como los ex jefes de gabinete de la Casa Blanca Leon Panetta y Mack McLarty, el ex senador Sam Nunn y el ex secretario del Interior Bruce Babbitt, urge en un aparte a los actuales congresistas demócratas a aprobar el TLC con Colombia, “donde el gobierno del presidente Uribe ha reducido los niveles de violencia significativamente”.
El artículo del Times implica un giro de 90 grados con respecto al último editorial que había publicado sobre el tema. Fue a mediados de año, cuando el vicepresidente Francisco Santos dialogó con el Comité Editorial del diario. En esa oportunidad, el Times, tradicionalmente opuesto al TLC con Colombia en las actuales circunstancias, dijo que si el gobierno de Álvaro Uribe daba pasos en la dirección adecuada para mejorar la situación de los derechos humanos, el Congreso en Washington debía darle luz verde al acuerdo.
Habla la embajadora
La embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, se declaró sorprendida por los términos del editorial. “En primer lugar, me sorprende que se refiera en esa forma a una carta firmada por gente tan importante del partido demócrata, dentro de los cuales hay ex altos funcionarios del gobierno y congresistas destacados”, le dijo a Semana.com. “Por otra parte, me parece que no debió pedirle un cambio de comportamiento al presidente Uribe, sino más bien apoyarlo en la línea que ha seguido. El presidente ha destapado nexos de algunos políticos con grupos paramilitares, y lo ha hecho con valor, con transparencia y con la ayuda de la justicia. Este es un proceso doloroso pero necesario, y el gobierno lo está llevando adelante abiertamente y con coraje”. La embajadora anticipó que este martes enviará una carta de respuesta a ‘The New York Times’.
El TLC fue firmado en Washington el 22 de noviembre de 2006 por el ministro de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero, y por el ‘número dos’ de la oficina del Alto Representante Comercial de Estados Unidos, John Veroneau. El gobierno republicano de George W. Bush, que ha respaldado sin ambages el acuerdo comercial, no lo ha enviado al Congreso para la votación correspondiente porque sabe que no correrá con suerte. Desde el 7 de noviembre pasado, las cosas son muy distintas en el Capitolio, donde ya no mandan los amigos de Bush. Ese día, los comicios legislativos les confirieron las mayorías en el Senado y la Cámara a los demócratas, para quienes el TLC no debe recibir el visto bueno hasta que el gobierno colombiano muestre avances en la seguridad de los líderes sindicales, luche eficazmente contra la impunidad en los casos de violencia contra los sindicalistas y combata decididamente el paramilitarismo.
Muchos observadores señalan que el editorial de ‘The New York Times’ complica aún más las cosas de cara a una eventual aprobación legislativa del TLC en Washington. El tratado sólo saldrá adelante si consigue 218 de los 435 votos de la Cámara y 51 de los 100 que tiene el Senado. De momento, las voces más autorizadas piensan que los senadores no le pondrán palos en la rueda al tratado, pero consideran que en la Cámara faltan unos 40 votos. A esa difícil tarea se dedica las 24 horas del día la Embajada en Washington bajo la dirección de Carolina Barco.
Respaldo a Perú
Por otro lado, ‘The New York Times’ respalda en su editorial el TLC con el Perú. La oficina del Alto Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) se lo remitió el pasado 27 de septiembre al Congreso, que lo ratificará con toda probabilidad en las próximas semanas. Ya pasó la primera votación en el Comité de Finanzas del Senado.
En cuanto al tratado con Corea del Norte, el Times sostiene que “enfrenta la terca oposición de la Ford Motor Company y del congresista demócrata Sander Levin, quien cree que los ensambladores de automóviles de Detroit han conseguido un acuerdo injusto”. Y agrega: “Hay ganadores y perdedores en estos tratados pero el beneficio total –aproximadamente 10.000 millones de dólares más para la economía de Estados Unidos–debe imponerse”.
Sobre el TLC con Panamá, el rotativo neoyorkino afirma que “algunos legisladores han dicho que se han opuesto al pacto luego de que la Asamblea Nacional de ese país eligiera como líder a un hombre requerido por la justicia norteamericana por la muerte en 1992 de un soldado estadounidense. Este es un tema serio en el que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado deben presionar al gobierno de Panamá”.
El periódico alude al caso de Pedro Miguel González, sindicado por la justicia norteamericana de ser uno de los responsables de la muerte del soldado Zack Hernández. González argumenta que fue absuelto por los jueces panameños en 1997.
Las grabaciones de los para-políticos
Las grabaciones de los para-políticos
SEMANA revela las llamadas que muestran cómo algunos congresistas presos compran testigos, sobornan funcionarios y tratan de engañar a la Corte y a la Fiscalía.
Fecha: 10/06/2007 -1327
El escándalo de la para-política regresa con vientos huracanados. Esta vez con las interceptaciones telefónicas hechas legalmente por el CTI a varios políticos, sus asistentes, familiares y abogados, que constan en un informe que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema de Justicia el pasado martes. Más de 500 llamadas hechas a lo largo de este año, a una treintena de celulares, muestran una cara hasta ahora oculta de cómo se ha urdido la estrategia de defensa de varios para-políticos. Las conversaciones revelan que, más que inteligentes y argumentadas elaboraciones jurídicas, pruebas fehacientes y testigos auténticos y creíbles, algunos de los congresistas comprometidos están acudiendo a las peores artimañas para eludir el peso de la ley.
Algunas de las interceptaciones se les hicieron a políticos presos en La Picota y otras a congresistas antes de que fueran capturados. Todas en un período comprendido entre diciembre del año pasado y agosto de este año. Las grabaciones le ponen los pelos de punta a cualquiera. Uno de los congresistas que salen peor librados es Dieb Maloof, quien junto a su esposa y dos de sus asistentes aparece haciendo sobornos, compra de testigos y falsificando documentos.
El ex senador Álvaro Araújo Castro aparece en varias conversaciones con su hermano Sergio. Y éste, a su vez, en comprometedores episodios.
“Es preferible que renuncie, a que le saquen lo de los contratos”
Una petición de la revista SEMANA?
“Vamos para ?justicia y paz”
Cien millones de pesos por contrato?
Un diploma falso?
“En prisión pero en campaña” ?
El caso del primo del Presidente, prueba de fuego para medir la independencia del fiscal Mario Iguarán
¿El congreso sí piensa lanzarles el salvavidas a los congresistas presos?
La violencia se ensañó contra la ex congresista Eleonora Pineda
Jorge Luis Caballero Ex representante de Magdalena y prófugo de la justicia. Renunció a su condición de congresista y la Fiscalía se apresta a llamarlo a juicio Alfonso Campo Escobar Ex representante de Magdalena. En la Fiscalía reconoció sus vínculos con los paramilitares y se acogió a sentencia anticipada Sergio Araújo Castro Es hermano del ex congresista Álvaro Araújo y de la ex canciller María Consuelo Aráujo Jorge Aurelio Noguera Cotes Ex director del DAS, actualmente en prisión. Se le acusa de haber sido enlace con ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna
PUBLICIDAD En las conversaciones están mencionados otros políticos como José Castro, Alfonso Campo Escobar, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Vicente Blel y hasta el senador Luis Humberto Gómez Gallo. En muchas de estas menciones queda en evidencia que los para-políticos intentan ponerse de acuerdo sobre qué versión darle a la justicia respecto de las reuniones realizadas con los paramilitares, y también hay valiosa información sobre el rearme paramilitar. Como si fuera poco, hay indicios, que de comprobarse, pondrían a 'Jorge 40' a las puertas de la extradición.
De todos los políticos quienes más se hunden con estas grabaciones son Maloof y su círculo más cercano. Una mujer, que es su mano derecha en el movimiento Colombia Viva, habla el 2 de enero de 2007 sobre un millonario soborno en el sector salud. En una conversación sostiene que "había que darle 3.000 millones de pesos al superintendente de Salud, José Renán Trujillo, y como no se le dieron, van a hacer una interventoría y auditoría a Salud Cóndor". Según el reporte de la Fiscalía, más adelante la mujer "confirma que los 3.000 millones de pesos se dan para que la EPS pueda trabajar sin ninguna visita de la superintendencia".
Esta misma mujer se encargó de falsear la contabilidad de la campaña de Jorge Castro, otro de los miembros de Colombia Viva, quien ha sido nombrado en varias ocasiones dentro de la para-política. Ella admite en una llamada que "la contabilidad de la campaña de Jorge Castro fue rechazada por el fondo nacional de campañas porque está muy mal. Hay soportes de 15 millones de pesos en una servilleta". Pero, más adelante, dice que ella "vuelve a hacer el libro contable con los soportes".
La manipulación de los testigos es otro de los delitos que revelan estas grabaciones. En una conversación entre Maloof y el ex representante a la Cámara José Gamarra se habla de una prueba que debe llegar a la Corte Suprema de Justicia y que "al parecer, fue modificada en la Fiscalía". Se trata de la declaración de Jaime Alberto Pérez Charris, el principal testigo de la sala penal contra Maloof.
En la desesperada búsqueda de testigos para que hablen en favor de Maloof, su esposa, Shadia, ex secretaria de seguridad de Barranquilla, habla de la necesidad de comprar a los escoltas y jefes de seguridad del senador, que hoy día son reinsertados. "Eso cuesta platica, pero si hay que comprarlos, se les compra. Hay que ofrecerles cinco a cada uno", dice.
Las irregularidades llegaron incluso a La Picota. La asistente de Maloof confiesa por teléfono que logró engañar a los guardias del Inpec y entrar a la cárcel, camuflado en una almohada, un celular para el senador.
Aunque Maloof sigue en prisión, su asistente sigue en función de la tajada de los contratos oficiales. En una conversación con Dilia Verdugo, funcionaria del Invima, dice sin pudor que "estamos buscando alcaldes amigos porque hay contratos en Invías. Gente seria que sale en promedio por 100 millones cada contrato. Pero lo importante es que respeten los porcentajes establecidos".
También en las grabaciones se habla de casos graves, que muestran el poder corruptor de la mafia en la propia Fiscalía. En una conversación de abril de este año, Maloof y su esposa hablan del empresario Hani Skafi Abuchaibe, gerente de Profibra, una empresa que fabrica lanchas y que es contratista de la Gobernación del Atlántico. Según la esposa de Maloof, ese señor "había pagado por quemar unos documentos sobre narcotráfico que tenía el CTI y que lo involucraban con Dieb". Efectivamente, en marzo pasado un inexplicable incendio consumió los archivos de esa dependencia en Barranquilla.
Igualmente, en una secuencia de varias grabaciones hay evidencias de que la esposa de Maloof contacta a personas de la Fiscalía para que sustraigan expedientes de esa dependencia y destruyan pruebas en una investigación que se le sigue a ella.
El 23 de febrero último, dos mujeres de la cuerda del senador Maloof hablan de que una de ellas fue donde un hombre de apellido Correa (al parecer funcionario del DAS) para entregarle un regalo. "Ya tú sabes qué significa el regalito", explica una de ellas. Según la Fiscalía, más adelante queda claro que las personas con las que se reunió la subalterna de Maloof "son paramilitares y se están rearmando".
En otra interceptación, del 26 de febrero, la esposa de Maloof recibe la llamada de un hombre llamado Frederik, quien le dice que la directora del CTI de Barranquilla (de nombre Sonia) volvió a pedir más cosas. "Esa hp vieja es la que tiene todo complicado. Los pelaos (al parecer agentes del CTI) ya se comprometieron conmigo a no seguir jodiendo, pero es esa vieja la que está jodiendo desde arriba". Shadia pregunta que si hay forma "de tocar a la vieja". Pero Frederik le responde que él es primo de "Héctor Carrillo, director seccional, y que va a intentar a través de él".
Como si fuera poco, una de las grabaciones de marzo revela que el ex congresista José Gamarra ha reunido a todos los firmantes del pacto con 'Jorge 40' en Sabanas de San Ángel, para ponerlos de acuerdo sobre qué versión darle a la Corte Suprema.
Historia de dos hermanos
Los Araújo no salen mejor librados. En el reporte de la Fiscalía hay decenas de comunicaciones entre el ex senador Álvaro Araújo Castro y su hermano Sergio. En algunas de ellas se habla, por ejemplo, de cómo eludir el embargo de los bienes después de la detención de Álvaro, y de la posible alteración de registros de salida del país en el DAS. Pero quizá lo más grave tiene que ver con la relación entre Sergio Araújo y Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy en prisión.
El 4 de mayo de este año, a las 9:47 de la noche, al teléfono de Sergio Araújo entró una llamada de un hombre identificado como Manuel Riveira, quien le dice que "estuvo reunido con Jorge Noguera y que éste le entregó algunas cosas de Sergio, un poco regulares, con una persona de Valledupar". Al parecer, se refiere a una información de inteligencia que Noguera conoció de Sergio, cuando era director del DAS.
La otra conversación que deja muy mal parado a Sergio Araújo es la que se produce en marzo de este año, entre los hermanos Jorge Luis y Crispín Hernández Villazón. El primero es paramilitar y narcotraficante y es conocido como 'Boliche'. El segundo, abogado, muy cercano a varios de los políticos de la Costa. Ambos están actualmente bajo protección de la DEA. En la conversación citada, Jorge Luis le dice a Crispín que tuvo que llamar Sergio Araújo "para frentiarlo, porque lo estaban llamando hace varios días, que Sergio lo iba mandar matar a él. (...)". Dice que decidió llamarlo porque él "sí podía hacerle la vuelta con los de la oficina, que él no tenía problemas con Sergio, que su problema es con 'Jorge 40', pero que si va a defender a 'Jorge 40', ahí sí iban a tener problemas".
Más adelante, sin embargo, el propio 'Boliche' llama desde un número internacional a Sergio Araújo "y se pone a su entera disposición si en algo puede ayudar en el proceso de Álvaro y del viejo (Álvaro Araújo Noguera). Mande un abogado para coordinar las cosas".
Los diálogos entre los dos hermanos Hernández también arrojan información inesperada sobre cómo se están moviendo los paramilitares en los últimos meses y arrojarían evidencias de las trampas que los jefes paras le están haciendo a la justicia. En una conversación de marzo, 'Boliche' le cuenta a su hermano que "Jorge 40' le vendió la Costa Atlántica a los 'Mellizos' en 15 millones de dólares y ellos se fueron a vivir donde Hernán Giraldo". También habla de que "Álvaro Pupo (hermano de Ciro Pupo, actual alcalde de Valledupar) se puso el uniforme y se fue al monte y quedó bajo el mando de ellos. (...) Yo no me quiero meter en nada de eso de para-política; sí quisiera hacerle el favor a Dieb, pero si hablo me van a preguntar por Hernandito (Molina) y de él si sé mucho: es un bandido, matón y de todo".
Sin querer, 'Boliche' también desentraña uno de los mayores misterios de los paramilitares. En una conversación de junio pasado dice que "tiene contacto directo con Vicente (Castaño), que él le está manejando todo a 'Macaco'". Además le cuenta a Crispín un tenebroso episodio de presión sobre la justicia. Cuenta que "cuando fue la Fiscalía Delegada a tomarle declaración con el abogado de Hernando Molina, al abogado lo encañonaron, lo metieron a un hotel, lo encerraron, lo amarraron y le revisaron papel por papel. El abogado estaba llorando y enseguida fue cuando el abogado llamó a Hernando Molina".
El documento de la Fiscalía también tiene sorpresivos datos de la política nacional. Joaquín García, un periodista cercano al ex senador Luis Eduardo Vives, detenido por la para-política, comenta que "habló con el senador Luis Humberto Gómez Gallo, quien dijo que hay una orden de captura contra el ex gobernador de Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo y que Gómez Gallo empujó eso con el Presidente". Para la época de esta llamada se había desatado un escándalo sobre supuestos vínculos de Jaramillo, quien pertenece al Polo Democrático, con las Farc, y muchos sectores del gobierno empezaron a hablar de que se iniciaría un proceso similar a la para-política, con la guerrilla. Al final, todo resultó ser más un montaje de propaganda que realidad.
El documento, de 79 páginas, con el sello oficial de la Fiscalía, queda en manos de la Corte Suprema. Los magistrados tendrán que valorar la gravedad de lo dicho en estas explosivas conversaciones. Lo cierto es que este nuevo capítulo de la para-política deja en evidencia que algunos políticos que, tratando de montar una estrategia de defensa que atropella los límites de la ética y el derecho, pueden terminar hundiéndose aun más.
SEMANA revela las llamadas que muestran cómo algunos congresistas presos compran testigos, sobornan funcionarios y tratan de engañar a la Corte y a la Fiscalía.
Fecha: 10/06/2007 -1327
El escándalo de la para-política regresa con vientos huracanados. Esta vez con las interceptaciones telefónicas hechas legalmente por el CTI a varios políticos, sus asistentes, familiares y abogados, que constan en un informe que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema de Justicia el pasado martes. Más de 500 llamadas hechas a lo largo de este año, a una treintena de celulares, muestran una cara hasta ahora oculta de cómo se ha urdido la estrategia de defensa de varios para-políticos. Las conversaciones revelan que, más que inteligentes y argumentadas elaboraciones jurídicas, pruebas fehacientes y testigos auténticos y creíbles, algunos de los congresistas comprometidos están acudiendo a las peores artimañas para eludir el peso de la ley.
Algunas de las interceptaciones se les hicieron a políticos presos en La Picota y otras a congresistas antes de que fueran capturados. Todas en un período comprendido entre diciembre del año pasado y agosto de este año. Las grabaciones le ponen los pelos de punta a cualquiera. Uno de los congresistas que salen peor librados es Dieb Maloof, quien junto a su esposa y dos de sus asistentes aparece haciendo sobornos, compra de testigos y falsificando documentos.
El ex senador Álvaro Araújo Castro aparece en varias conversaciones con su hermano Sergio. Y éste, a su vez, en comprometedores episodios.
“Es preferible que renuncie, a que le saquen lo de los contratos”
Una petición de la revista SEMANA?
“Vamos para ?justicia y paz”
Cien millones de pesos por contrato?
Un diploma falso?
“En prisión pero en campaña” ?
El caso del primo del Presidente, prueba de fuego para medir la independencia del fiscal Mario Iguarán
¿El congreso sí piensa lanzarles el salvavidas a los congresistas presos?
La violencia se ensañó contra la ex congresista Eleonora Pineda
Jorge Luis Caballero Ex representante de Magdalena y prófugo de la justicia. Renunció a su condición de congresista y la Fiscalía se apresta a llamarlo a juicio Alfonso Campo Escobar Ex representante de Magdalena. En la Fiscalía reconoció sus vínculos con los paramilitares y se acogió a sentencia anticipada Sergio Araújo Castro Es hermano del ex congresista Álvaro Araújo y de la ex canciller María Consuelo Aráujo Jorge Aurelio Noguera Cotes Ex director del DAS, actualmente en prisión. Se le acusa de haber sido enlace con ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna
PUBLICIDAD En las conversaciones están mencionados otros políticos como José Castro, Alfonso Campo Escobar, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Vicente Blel y hasta el senador Luis Humberto Gómez Gallo. En muchas de estas menciones queda en evidencia que los para-políticos intentan ponerse de acuerdo sobre qué versión darle a la justicia respecto de las reuniones realizadas con los paramilitares, y también hay valiosa información sobre el rearme paramilitar. Como si fuera poco, hay indicios, que de comprobarse, pondrían a 'Jorge 40' a las puertas de la extradición.
De todos los políticos quienes más se hunden con estas grabaciones son Maloof y su círculo más cercano. Una mujer, que es su mano derecha en el movimiento Colombia Viva, habla el 2 de enero de 2007 sobre un millonario soborno en el sector salud. En una conversación sostiene que "había que darle 3.000 millones de pesos al superintendente de Salud, José Renán Trujillo, y como no se le dieron, van a hacer una interventoría y auditoría a Salud Cóndor". Según el reporte de la Fiscalía, más adelante la mujer "confirma que los 3.000 millones de pesos se dan para que la EPS pueda trabajar sin ninguna visita de la superintendencia".
Esta misma mujer se encargó de falsear la contabilidad de la campaña de Jorge Castro, otro de los miembros de Colombia Viva, quien ha sido nombrado en varias ocasiones dentro de la para-política. Ella admite en una llamada que "la contabilidad de la campaña de Jorge Castro fue rechazada por el fondo nacional de campañas porque está muy mal. Hay soportes de 15 millones de pesos en una servilleta". Pero, más adelante, dice que ella "vuelve a hacer el libro contable con los soportes".
La manipulación de los testigos es otro de los delitos que revelan estas grabaciones. En una conversación entre Maloof y el ex representante a la Cámara José Gamarra se habla de una prueba que debe llegar a la Corte Suprema de Justicia y que "al parecer, fue modificada en la Fiscalía". Se trata de la declaración de Jaime Alberto Pérez Charris, el principal testigo de la sala penal contra Maloof.
En la desesperada búsqueda de testigos para que hablen en favor de Maloof, su esposa, Shadia, ex secretaria de seguridad de Barranquilla, habla de la necesidad de comprar a los escoltas y jefes de seguridad del senador, que hoy día son reinsertados. "Eso cuesta platica, pero si hay que comprarlos, se les compra. Hay que ofrecerles cinco a cada uno", dice.
Las irregularidades llegaron incluso a La Picota. La asistente de Maloof confiesa por teléfono que logró engañar a los guardias del Inpec y entrar a la cárcel, camuflado en una almohada, un celular para el senador.
Aunque Maloof sigue en prisión, su asistente sigue en función de la tajada de los contratos oficiales. En una conversación con Dilia Verdugo, funcionaria del Invima, dice sin pudor que "estamos buscando alcaldes amigos porque hay contratos en Invías. Gente seria que sale en promedio por 100 millones cada contrato. Pero lo importante es que respeten los porcentajes establecidos".
También en las grabaciones se habla de casos graves, que muestran el poder corruptor de la mafia en la propia Fiscalía. En una conversación de abril de este año, Maloof y su esposa hablan del empresario Hani Skafi Abuchaibe, gerente de Profibra, una empresa que fabrica lanchas y que es contratista de la Gobernación del Atlántico. Según la esposa de Maloof, ese señor "había pagado por quemar unos documentos sobre narcotráfico que tenía el CTI y que lo involucraban con Dieb". Efectivamente, en marzo pasado un inexplicable incendio consumió los archivos de esa dependencia en Barranquilla.
Igualmente, en una secuencia de varias grabaciones hay evidencias de que la esposa de Maloof contacta a personas de la Fiscalía para que sustraigan expedientes de esa dependencia y destruyan pruebas en una investigación que se le sigue a ella.
El 23 de febrero último, dos mujeres de la cuerda del senador Maloof hablan de que una de ellas fue donde un hombre de apellido Correa (al parecer funcionario del DAS) para entregarle un regalo. "Ya tú sabes qué significa el regalito", explica una de ellas. Según la Fiscalía, más adelante queda claro que las personas con las que se reunió la subalterna de Maloof "son paramilitares y se están rearmando".
En otra interceptación, del 26 de febrero, la esposa de Maloof recibe la llamada de un hombre llamado Frederik, quien le dice que la directora del CTI de Barranquilla (de nombre Sonia) volvió a pedir más cosas. "Esa hp vieja es la que tiene todo complicado. Los pelaos (al parecer agentes del CTI) ya se comprometieron conmigo a no seguir jodiendo, pero es esa vieja la que está jodiendo desde arriba". Shadia pregunta que si hay forma "de tocar a la vieja". Pero Frederik le responde que él es primo de "Héctor Carrillo, director seccional, y que va a intentar a través de él".
Como si fuera poco, una de las grabaciones de marzo revela que el ex congresista José Gamarra ha reunido a todos los firmantes del pacto con 'Jorge 40' en Sabanas de San Ángel, para ponerlos de acuerdo sobre qué versión darle a la Corte Suprema.
Historia de dos hermanos
Los Araújo no salen mejor librados. En el reporte de la Fiscalía hay decenas de comunicaciones entre el ex senador Álvaro Araújo Castro y su hermano Sergio. En algunas de ellas se habla, por ejemplo, de cómo eludir el embargo de los bienes después de la detención de Álvaro, y de la posible alteración de registros de salida del país en el DAS. Pero quizá lo más grave tiene que ver con la relación entre Sergio Araújo y Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy en prisión.
El 4 de mayo de este año, a las 9:47 de la noche, al teléfono de Sergio Araújo entró una llamada de un hombre identificado como Manuel Riveira, quien le dice que "estuvo reunido con Jorge Noguera y que éste le entregó algunas cosas de Sergio, un poco regulares, con una persona de Valledupar". Al parecer, se refiere a una información de inteligencia que Noguera conoció de Sergio, cuando era director del DAS.
La otra conversación que deja muy mal parado a Sergio Araújo es la que se produce en marzo de este año, entre los hermanos Jorge Luis y Crispín Hernández Villazón. El primero es paramilitar y narcotraficante y es conocido como 'Boliche'. El segundo, abogado, muy cercano a varios de los políticos de la Costa. Ambos están actualmente bajo protección de la DEA. En la conversación citada, Jorge Luis le dice a Crispín que tuvo que llamar Sergio Araújo "para frentiarlo, porque lo estaban llamando hace varios días, que Sergio lo iba mandar matar a él. (...)". Dice que decidió llamarlo porque él "sí podía hacerle la vuelta con los de la oficina, que él no tenía problemas con Sergio, que su problema es con 'Jorge 40', pero que si va a defender a 'Jorge 40', ahí sí iban a tener problemas".
Más adelante, sin embargo, el propio 'Boliche' llama desde un número internacional a Sergio Araújo "y se pone a su entera disposición si en algo puede ayudar en el proceso de Álvaro y del viejo (Álvaro Araújo Noguera). Mande un abogado para coordinar las cosas".
Los diálogos entre los dos hermanos Hernández también arrojan información inesperada sobre cómo se están moviendo los paramilitares en los últimos meses y arrojarían evidencias de las trampas que los jefes paras le están haciendo a la justicia. En una conversación de marzo, 'Boliche' le cuenta a su hermano que "Jorge 40' le vendió la Costa Atlántica a los 'Mellizos' en 15 millones de dólares y ellos se fueron a vivir donde Hernán Giraldo". También habla de que "Álvaro Pupo (hermano de Ciro Pupo, actual alcalde de Valledupar) se puso el uniforme y se fue al monte y quedó bajo el mando de ellos. (...) Yo no me quiero meter en nada de eso de para-política; sí quisiera hacerle el favor a Dieb, pero si hablo me van a preguntar por Hernandito (Molina) y de él si sé mucho: es un bandido, matón y de todo".
Sin querer, 'Boliche' también desentraña uno de los mayores misterios de los paramilitares. En una conversación de junio pasado dice que "tiene contacto directo con Vicente (Castaño), que él le está manejando todo a 'Macaco'". Además le cuenta a Crispín un tenebroso episodio de presión sobre la justicia. Cuenta que "cuando fue la Fiscalía Delegada a tomarle declaración con el abogado de Hernando Molina, al abogado lo encañonaron, lo metieron a un hotel, lo encerraron, lo amarraron y le revisaron papel por papel. El abogado estaba llorando y enseguida fue cuando el abogado llamó a Hernando Molina".
El documento de la Fiscalía también tiene sorpresivos datos de la política nacional. Joaquín García, un periodista cercano al ex senador Luis Eduardo Vives, detenido por la para-política, comenta que "habló con el senador Luis Humberto Gómez Gallo, quien dijo que hay una orden de captura contra el ex gobernador de Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo y que Gómez Gallo empujó eso con el Presidente". Para la época de esta llamada se había desatado un escándalo sobre supuestos vínculos de Jaramillo, quien pertenece al Polo Democrático, con las Farc, y muchos sectores del gobierno empezaron a hablar de que se iniciaría un proceso similar a la para-política, con la guerrilla. Al final, todo resultó ser más un montaje de propaganda que realidad.
El documento, de 79 páginas, con el sello oficial de la Fiscalía, queda en manos de la Corte Suprema. Los magistrados tendrán que valorar la gravedad de lo dicho en estas explosivas conversaciones. Lo cierto es que este nuevo capítulo de la para-política deja en evidencia que algunos políticos que, tratando de montar una estrategia de defensa que atropella los límites de la ética y el derecho, pueden terminar hundiéndose aun más.
La sombra de Martín Llanos
para política
La sombra de Martín Llanos
Un ex policía y paramilitar que estuvo primero al servicio de Martín Llanos, y luego en el bando de Miguel Arroyave y Vicente Castaño, le contó a la Corte Suprema cómo fue que los señores de la guerra se apoderaron del Casanare.
Fecha: 10/06/2007 -1327
T
res años después que Martín Llanos y sus hombres fueron derrotados en una batalla campal cerca de Mapiripán, por el Bloque Centauros, los políticos de Casanare no han logrado sacudirse de su sombra. En estas elecciones han salido a relucir testimonios, cartas y videos que demuestran que prácticamente nadie escapó a su influjo. Y que su poder fue devastador para las instituciones de ese departamento.
La historia se remonta a principios de los años 80, cuando se crearon las primeras autodefensas en el sur del Casanare. Héctor Buitrago, el padre de Martín Llanos, junto a conocidos narcotraficantes y ganaderos, creó un grupo armado para defenderse de la guerrilla. El grupo fue estimulado por las Fuerzas Armadas, que consideraban que los civiles debían defenderse por sí mismos en el campo.
Lo que ni la Policía ni el Ejército esperaban es que una década después, Casanare dejaría de ser un territorio inhóspito y se convertiría en el primer productor de petróleo del país. Las autodefensas, que ya iban por su segunda generación, dejaron de ser un grupo de reacción contra la guerrilla y se convirtieron en una mafia predadora de las rentas públicas, especialmente de las regalías petroleras, que alcanzaron su mayor auge en el último lustro del siglo XX.
Miguel Ángel Pérez, ex gobernador condenado por vínculos con paras William Pérez, ex gobernador inhabilitado por favorecer a paras
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Al otro lado de los Llanos, en Arauca, la guerrilla del ELN había señalado un camino perverso al penetrar la política del departamento para apropiarse de los contratos y las regalías por esta vía. Las autodefensas de Casanare se convirtieron en émulos de los elenos, sólo que desbocaron su ambición y su sevicia.
El 23 de agosto de 2000, Martín Llanos convocó a una reunión a todos los candidatos que aspiraban a gobernación y alcaldías. Allí, según consta en un documento revelado por la prensa hace algunas semanas, el jefe paramilitar y los políticos hicieron un pacto en el que éstos últimos, de salir elegidos, le entregarían a Llanos las tres secretarías con más recursos, y un 50 por ciento de la contratación. Ante esta presión, varios candidatos a la gobernación prefirieron renunciar, entre ellos, el médico Miguel Ángel Pérez, quien tenía una alta favorabilidad. En octubre de ese año salió elegido gobernador William Pérez, y aunque no hay pruebas de que haya firmado el pacto con el paramilitar Martín Llanos, sí hay suficientes indicios sobre la influencia del paramilitar en las decisiones de su gobernación, especialmente en lo relativo a los grandes contratos.
El baño de sangre no se hizo esperar. Una semana antes de que Llanos hiciera el pacto con los políticos, William Pérez había firmado otro compromiso, con su otrora mentor Emiro Sossa. Este apoyó su campaña, bajo el compromiso de que Pérez le entregaría tres secretarías, las mismas que Martín Llanos le pidió una semana después. Y como si fuera poco, el 25 por ciento de la contratación (ver facsímil). Este compromiso se volvió incómodo para los paramilitares y por eso a comienzos de 2001 Sossa fue asesinado en su finca.
En 2002, Gustavo Sossa, hermano de Emiro y quien es de Boyacá, también estuvo a punto de ser asesinado, cuando se convirtió en el segundo renglón de la lista de Cambio Radical al Senado, que encabezaba Germán Vargas Lleras. El ex paramilitar le contó a la Corte la semana pasada que él recibió la orden de matar a este candidato, pero finalmente decidió ponerlo sobre aviso. Llanos quería quitar a Sossa del camino porque aspiraba a que su lugar lo ocupara alguien de Casanare que estuviera bajo su control.
La injerencia de Llanos no paró ahí. En septiembre de 2003, cuando estaba al rojo vivo la campaña para elegir nuevo gobernador, un ganadero y reconocido aliado de los paramilitares, conocido como Fox, le entregó 100 millones de pesos al candidato más opcionado, Miguel Ángel Pérez. La transacción fue filmada por los paramilitares en secreto, y aunque Pérez asegura que momentos después él devolvió el dinero porque se dio cuenta de que venía de manos de los paramilitares y no de ganaderos, como Fox le había dicho en un principio, esta devolución nunca se pudo probar y unos meses después de posesionarse, Miguel Ángel Pérez terminó en la cárcel.
A favor de Pérez juega, sin embargo, que en sus primeros meses canceló una serie de contratos irregulares que su antecesor había firmado con la Universidad de Cartagena, que sumaban casi 200.000 millones de pesos, de los cuales, según el testigo que habló en la Corte Suprema, por lo menos el 50 por ciento sería desviado hacia las arcas de Martín Llanos.
"Para entonces (mediados de 2004), Miguel Arroyave ya había derrotado militarmente a Martín Llanos y consideraba esos contratos como su botín de guerra", relató el testigo de la Corte. Según su versión, Pérez asistió a una reunión con Arroyave en la cual el jefe paramilitar le pidió que no cancelara el convenio con la Universidad de Cartagena y que él mismo se encargaría de garantizar que la Fiscalía no los investigara. "Arroyave dijo que tenía línea directa con el Fiscal General", asegura el testigo.
Finalmente, los contratos fueron reversados, pero se volvieron a firmar en los meses siguientes. Uno de los contratistas beneficiados en esta segunda etapa de los contratos es Andrés Rueda, ingeniero que tuvo a su cargo construir los cimientos del hospital. Rueda es señalado por el testigo de la Corte como cercano al Bloque Centauros y enemigo de Llanos. La suspicacia sobre su cercanía con este bloque proviene de una declaración que éste habría dado en su momento ante la justicia defendiendo a Emiro Pereira, reconocido jefe paramilitar del Bloque Centauros, lugarteniente de Vicente Castaño y concuñado de Carlos Castaño. "Yo hablé bien de Emiro Pereira porque me obligaron. Eso fue un error, pero ese error me tiene vivo", le dijo Rueda a SEMANA.
Ahora, cuando nuevamente hay elecciones de gobernador, la sombra de los paramilitares vuelve a cobijar a los candidatos. Hace cuatro semanas se conoció el video de una fiesta en Monterrey, Casanare, hace tres años, a la que asistió Efrén Hernández, ex alcalde de Yopal que aspira a la gobernación por el Partido Liberal. El problema es que la fiesta era el cumpleaños de Ricardo Ramírez, señalado narcotraficante de la zona, y en el video se nota la familiaridad del hoy candidato con Gustavo Ramírez, quien no sólo era reconocido como narco, sino como el paramilitar 'Tábano'. Hernández se defiende con dos argumentos: "Los Ramírez eran conocidos en la región por todo el mundo y uno como político va a lugares donde no sabe a quién se encontrará", dice. También argumenta que un paramilitar que está en la cárcel, conocido como 'Salomón', ha dejado claro que estos dos hombres no eran de la organización de Martín Llanos, sino, por el contrario, sus enemigos. De hecho, Ricardo fue asesinado por Llanos en 2004, y Gustavo este año.
Al contradictor de Hernández, el ex diputado Raúl Flórez, quien aspira a la gobernación por el partido de La U, también se le ha empezado a empañar el pasado. Un hombre cercano a los Ramírez le contó a SEMANA que en 2003 conoció de primera mano la entrega que le hizo Ricardo Ramírez a la campaña de Raúl Flórez. "Primero fueron 38 millones en el Banco Ganadero de Yopal. Después fueron 50, y al final, 150 que se entregaron en la esquina de la casa del propio candidato" dijo. Al ser interrogado sobre el origen de esos dineros, el testigo aseguró que provenían de unos contratos que Ramírez había recibido como premio por el apoyo a la campaña de William Pérez en el año 2.000. "La costumbre en Casanare es entregar el 25 por ciento de los contratos a quienes apoyan a los candidatos. A Ricardo Ramírez le tocaron los contratos para construir dos colegios, y de ahí los contratistas le entregaron 200 millones". Es decir, todo un carrusel de corrupción que bien se puede estar repitiendo en este momento. Porque la sombra de Martín Llanos aún ronda en Casanare, y los fantasmas de Vicente Castaño y sus centauros gravitan en la región.
La sombra de Martín Llanos
Un ex policía y paramilitar que estuvo primero al servicio de Martín Llanos, y luego en el bando de Miguel Arroyave y Vicente Castaño, le contó a la Corte Suprema cómo fue que los señores de la guerra se apoderaron del Casanare.
Fecha: 10/06/2007 -1327
T
res años después que Martín Llanos y sus hombres fueron derrotados en una batalla campal cerca de Mapiripán, por el Bloque Centauros, los políticos de Casanare no han logrado sacudirse de su sombra. En estas elecciones han salido a relucir testimonios, cartas y videos que demuestran que prácticamente nadie escapó a su influjo. Y que su poder fue devastador para las instituciones de ese departamento.
La historia se remonta a principios de los años 80, cuando se crearon las primeras autodefensas en el sur del Casanare. Héctor Buitrago, el padre de Martín Llanos, junto a conocidos narcotraficantes y ganaderos, creó un grupo armado para defenderse de la guerrilla. El grupo fue estimulado por las Fuerzas Armadas, que consideraban que los civiles debían defenderse por sí mismos en el campo.
Lo que ni la Policía ni el Ejército esperaban es que una década después, Casanare dejaría de ser un territorio inhóspito y se convertiría en el primer productor de petróleo del país. Las autodefensas, que ya iban por su segunda generación, dejaron de ser un grupo de reacción contra la guerrilla y se convirtieron en una mafia predadora de las rentas públicas, especialmente de las regalías petroleras, que alcanzaron su mayor auge en el último lustro del siglo XX.
Miguel Ángel Pérez, ex gobernador condenado por vínculos con paras William Pérez, ex gobernador inhabilitado por favorecer a paras
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Al otro lado de los Llanos, en Arauca, la guerrilla del ELN había señalado un camino perverso al penetrar la política del departamento para apropiarse de los contratos y las regalías por esta vía. Las autodefensas de Casanare se convirtieron en émulos de los elenos, sólo que desbocaron su ambición y su sevicia.
El 23 de agosto de 2000, Martín Llanos convocó a una reunión a todos los candidatos que aspiraban a gobernación y alcaldías. Allí, según consta en un documento revelado por la prensa hace algunas semanas, el jefe paramilitar y los políticos hicieron un pacto en el que éstos últimos, de salir elegidos, le entregarían a Llanos las tres secretarías con más recursos, y un 50 por ciento de la contratación. Ante esta presión, varios candidatos a la gobernación prefirieron renunciar, entre ellos, el médico Miguel Ángel Pérez, quien tenía una alta favorabilidad. En octubre de ese año salió elegido gobernador William Pérez, y aunque no hay pruebas de que haya firmado el pacto con el paramilitar Martín Llanos, sí hay suficientes indicios sobre la influencia del paramilitar en las decisiones de su gobernación, especialmente en lo relativo a los grandes contratos.
El baño de sangre no se hizo esperar. Una semana antes de que Llanos hiciera el pacto con los políticos, William Pérez había firmado otro compromiso, con su otrora mentor Emiro Sossa. Este apoyó su campaña, bajo el compromiso de que Pérez le entregaría tres secretarías, las mismas que Martín Llanos le pidió una semana después. Y como si fuera poco, el 25 por ciento de la contratación (ver facsímil). Este compromiso se volvió incómodo para los paramilitares y por eso a comienzos de 2001 Sossa fue asesinado en su finca.
En 2002, Gustavo Sossa, hermano de Emiro y quien es de Boyacá, también estuvo a punto de ser asesinado, cuando se convirtió en el segundo renglón de la lista de Cambio Radical al Senado, que encabezaba Germán Vargas Lleras. El ex paramilitar le contó a la Corte la semana pasada que él recibió la orden de matar a este candidato, pero finalmente decidió ponerlo sobre aviso. Llanos quería quitar a Sossa del camino porque aspiraba a que su lugar lo ocupara alguien de Casanare que estuviera bajo su control.
La injerencia de Llanos no paró ahí. En septiembre de 2003, cuando estaba al rojo vivo la campaña para elegir nuevo gobernador, un ganadero y reconocido aliado de los paramilitares, conocido como Fox, le entregó 100 millones de pesos al candidato más opcionado, Miguel Ángel Pérez. La transacción fue filmada por los paramilitares en secreto, y aunque Pérez asegura que momentos después él devolvió el dinero porque se dio cuenta de que venía de manos de los paramilitares y no de ganaderos, como Fox le había dicho en un principio, esta devolución nunca se pudo probar y unos meses después de posesionarse, Miguel Ángel Pérez terminó en la cárcel.
A favor de Pérez juega, sin embargo, que en sus primeros meses canceló una serie de contratos irregulares que su antecesor había firmado con la Universidad de Cartagena, que sumaban casi 200.000 millones de pesos, de los cuales, según el testigo que habló en la Corte Suprema, por lo menos el 50 por ciento sería desviado hacia las arcas de Martín Llanos.
"Para entonces (mediados de 2004), Miguel Arroyave ya había derrotado militarmente a Martín Llanos y consideraba esos contratos como su botín de guerra", relató el testigo de la Corte. Según su versión, Pérez asistió a una reunión con Arroyave en la cual el jefe paramilitar le pidió que no cancelara el convenio con la Universidad de Cartagena y que él mismo se encargaría de garantizar que la Fiscalía no los investigara. "Arroyave dijo que tenía línea directa con el Fiscal General", asegura el testigo.
Finalmente, los contratos fueron reversados, pero se volvieron a firmar en los meses siguientes. Uno de los contratistas beneficiados en esta segunda etapa de los contratos es Andrés Rueda, ingeniero que tuvo a su cargo construir los cimientos del hospital. Rueda es señalado por el testigo de la Corte como cercano al Bloque Centauros y enemigo de Llanos. La suspicacia sobre su cercanía con este bloque proviene de una declaración que éste habría dado en su momento ante la justicia defendiendo a Emiro Pereira, reconocido jefe paramilitar del Bloque Centauros, lugarteniente de Vicente Castaño y concuñado de Carlos Castaño. "Yo hablé bien de Emiro Pereira porque me obligaron. Eso fue un error, pero ese error me tiene vivo", le dijo Rueda a SEMANA.
Ahora, cuando nuevamente hay elecciones de gobernador, la sombra de los paramilitares vuelve a cobijar a los candidatos. Hace cuatro semanas se conoció el video de una fiesta en Monterrey, Casanare, hace tres años, a la que asistió Efrén Hernández, ex alcalde de Yopal que aspira a la gobernación por el Partido Liberal. El problema es que la fiesta era el cumpleaños de Ricardo Ramírez, señalado narcotraficante de la zona, y en el video se nota la familiaridad del hoy candidato con Gustavo Ramírez, quien no sólo era reconocido como narco, sino como el paramilitar 'Tábano'. Hernández se defiende con dos argumentos: "Los Ramírez eran conocidos en la región por todo el mundo y uno como político va a lugares donde no sabe a quién se encontrará", dice. También argumenta que un paramilitar que está en la cárcel, conocido como 'Salomón', ha dejado claro que estos dos hombres no eran de la organización de Martín Llanos, sino, por el contrario, sus enemigos. De hecho, Ricardo fue asesinado por Llanos en 2004, y Gustavo este año.
Al contradictor de Hernández, el ex diputado Raúl Flórez, quien aspira a la gobernación por el partido de La U, también se le ha empezado a empañar el pasado. Un hombre cercano a los Ramírez le contó a SEMANA que en 2003 conoció de primera mano la entrega que le hizo Ricardo Ramírez a la campaña de Raúl Flórez. "Primero fueron 38 millones en el Banco Ganadero de Yopal. Después fueron 50, y al final, 150 que se entregaron en la esquina de la casa del propio candidato" dijo. Al ser interrogado sobre el origen de esos dineros, el testigo aseguró que provenían de unos contratos que Ramírez había recibido como premio por el apoyo a la campaña de William Pérez en el año 2.000. "La costumbre en Casanare es entregar el 25 por ciento de los contratos a quienes apoyan a los candidatos. A Ricardo Ramírez le tocaron los contratos para construir dos colegios, y de ahí los contratistas le entregaron 200 millones". Es decir, todo un carrusel de corrupción que bien se puede estar repitiendo en este momento. Porque la sombra de Martín Llanos aún ronda en Casanare, y los fantasmas de Vicente Castaño y sus centauros gravitan en la región.
Instalado el primer puesto de Policía en La Julia (Meta), conocida como la 'ciudad' de las Farc
Instalado el primer puesto de Policía en La Julia (Meta), conocida como la 'ciudad' de las Farc
Foto: Archivo - EL TIEMPO
El pasado viernes militares 'gringos' se pasearon por La Julia.El lugar, un caserío de cuatro calles polvorientas que solo interesaba al bloque Oriental de las Farc, ahora es uno de los puntos clave para la estrategia del Plan Consolidación del Gobierno.
A esa remota inspección llegó el viernes pasado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acompañado de la cúpula militar, en medio de estrictas medidas de seguridad, para instalar el puesto policial.
La llegada de la Policía fue acompañada por algunos militares de Estados Unidos, cuyos uniformes y pertrechos deslumbraron a los niños. Ellos hacen parte de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) que se encargará de apoyar proyectos sociales.
Por ahora, permanecerán 100 policías acompañados de un batallón del Ejército. Los uniformados se instalarán provisionalmente en una casa que era ocupada por uno de los jefes de las Farc y la base será construida en los próximos meses.
La Julia, uno de los caseríos 'consentidos' del 'Mono Jojoy' y de las Farc, fue por más de 20 años el centro logístico y de adiestramiento del estado mayor del bloque Oriental (Embo). Por eso la guerrilla se resiste a perderlo y enfiló sus baterías para hacerles la vida imposible a los militares.
Hace 10 días, un miliciano instaló una carga explosiva que fue activada accidentalmente por una anciana de 80 años, quien murió destrozada.
Por lo menos 13 grupos de las Farc, con más de 2.000 guerrilleros, siguen merodeando. Otros han tenido que internarse en las selvas del Guayabero, donde la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, tiene, en promedio, tres combates diarios.
Madres, hijos y tíos de las Farc
Más allá de la contienda entre Ejército y guerrilla hay algo más profundo con lo que, según la Fuerza Pública, debe enfrentarse: muchos pobladores civiles son padres, hermanos y tíos de los subversivos.
"Yo no soy guerrillera porque no me gusta eso, pero mi hijo, mi sobrina y mi hermana se fueron con 'Darío' (comandante del frente 40). Yo respeto a los soldados, pero ellos me los van a matar en un combate", dice angustiada María Consuelo, una de las habitantes del pueblo.
Su incertidumbre es la de la mayoría de la población, que al lado de la guerrilla echó raíces en La Julia. Cada vez que algún guerrillero se entrega o es capturado, María Consuelo y su comadre Ester salen a averiguar si es alguno de los suyos.
"Todos los días hacemos campañas para que estos muchachos se entreguen. En lo corrido de este año, 28 de ellos nos han escuchado", señala el comandante de la unidad, general William Fernando Pérez Laiseca.
En este propósito ayudan las jornadas que el Ejército despliega. Este fin de semana varios médicos atendieron a 500 personas y les regalaron 18 millones de pesos en medicinas y vitaminas para los niños, dijo una fuente militar.
Sin embargo, el camino sigue siendo difícil. El pasado 6 de agosto, el toque de las campanas de la iglesia a las 6:00 de la tarde alertó sobre la inminente llegada de las Farc al caserío. La Fudra evitó la toma, pero saben que la guerrilla no cesará en su intención.
JINETH BEDOYA LIMA
Redactora EL TIEMPO
Foto: Archivo - EL TIEMPO
El pasado viernes militares 'gringos' se pasearon por La Julia.El lugar, un caserío de cuatro calles polvorientas que solo interesaba al bloque Oriental de las Farc, ahora es uno de los puntos clave para la estrategia del Plan Consolidación del Gobierno.
A esa remota inspección llegó el viernes pasado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acompañado de la cúpula militar, en medio de estrictas medidas de seguridad, para instalar el puesto policial.
La llegada de la Policía fue acompañada por algunos militares de Estados Unidos, cuyos uniformes y pertrechos deslumbraron a los niños. Ellos hacen parte de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) que se encargará de apoyar proyectos sociales.
Por ahora, permanecerán 100 policías acompañados de un batallón del Ejército. Los uniformados se instalarán provisionalmente en una casa que era ocupada por uno de los jefes de las Farc y la base será construida en los próximos meses.
La Julia, uno de los caseríos 'consentidos' del 'Mono Jojoy' y de las Farc, fue por más de 20 años el centro logístico y de adiestramiento del estado mayor del bloque Oriental (Embo). Por eso la guerrilla se resiste a perderlo y enfiló sus baterías para hacerles la vida imposible a los militares.
Hace 10 días, un miliciano instaló una carga explosiva que fue activada accidentalmente por una anciana de 80 años, quien murió destrozada.
Por lo menos 13 grupos de las Farc, con más de 2.000 guerrilleros, siguen merodeando. Otros han tenido que internarse en las selvas del Guayabero, donde la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, tiene, en promedio, tres combates diarios.
Madres, hijos y tíos de las Farc
Más allá de la contienda entre Ejército y guerrilla hay algo más profundo con lo que, según la Fuerza Pública, debe enfrentarse: muchos pobladores civiles son padres, hermanos y tíos de los subversivos.
"Yo no soy guerrillera porque no me gusta eso, pero mi hijo, mi sobrina y mi hermana se fueron con 'Darío' (comandante del frente 40). Yo respeto a los soldados, pero ellos me los van a matar en un combate", dice angustiada María Consuelo, una de las habitantes del pueblo.
Su incertidumbre es la de la mayoría de la población, que al lado de la guerrilla echó raíces en La Julia. Cada vez que algún guerrillero se entrega o es capturado, María Consuelo y su comadre Ester salen a averiguar si es alguno de los suyos.
"Todos los días hacemos campañas para que estos muchachos se entreguen. En lo corrido de este año, 28 de ellos nos han escuchado", señala el comandante de la unidad, general William Fernando Pérez Laiseca.
En este propósito ayudan las jornadas que el Ejército despliega. Este fin de semana varios médicos atendieron a 500 personas y les regalaron 18 millones de pesos en medicinas y vitaminas para los niños, dijo una fuente militar.
Sin embargo, el camino sigue siendo difícil. El pasado 6 de agosto, el toque de las campanas de la iglesia a las 6:00 de la tarde alertó sobre la inminente llegada de las Farc al caserío. La Fudra evitó la toma, pero saben que la guerrilla no cesará en su intención.
JINETH BEDOYA LIMA
Redactora EL TIEMPO
10 departamentos están afectados por reclutamiento forzado de guerrilla, 'paras' y grupos emergentes
10 departamentos están afectados por reclutamiento forzado de guerrilla, 'paras' y grupos emergentes
Hay preocupación por los menores de edad que, en muchos casos, son llevados masivamente para empuñar o transportar armas, raspar coca, hacer inteligencia y logística, llevar drogas o prostituirlos.
La politóloga Natalia Springer, quien coordina una investigación para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sostiene que el reclutamiento incluso está peor que antes de la desmovilización de los grupos paramilitares.
En Antioquia, existen denuncias de las zonas del Bajo Cauca, Urabá y hasta Medellín. En Arauca, en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena, y según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, también hay una campaña intensa de los armados en Sincelejo y Ovejas (Sucre), así como en los Montes de María (Bolívar) y Toribío (Cauca).
Especial atención en Medellín
Las alertas de la capital antioqueña se refieren a los barrio Altos de la Torre (nororiente), La Sierra (centroriente), Castilla y Comuna 13 (occidente), en los cuales las bandas que han estado al servicio del paramilitarismo habrían estado presionando a los jóvenes para que ingresen a ellas.
Organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno medidas cautelares para dos jóvenes del barrio El Salado que tuvieron que desplazarse por las intimidaciones.
Precisamente, hasta las comunas de Medellín llegó el eco de la captura de 147 presuntos paramilitares de la banda de 'Los Macacos', hace tres semanas en Puerto Gaitán (Meta), presuntos subalternos del desmovilizado jefe del bloque Central Bolívar Carlos Mario Jiménez 'Macaco'.
Por estas calles empinadas de la capital antioqueña, tres meses antes, habrían sido reclutados la mayoría de los aprehendidos y otros más que alcanzaron a huir.
Uno de ellos, Carlos* volvió a la ciudad hace 15 días y contó que el contacto para irse lo hizo a través de 'Los del Hueco', una banda del barrio Castilla.
El trabajo, según le dijeron, era "cuidar a un señor", pero ya en la terminal de transportes lo subieron con unos 80 jóvenes más a varios buses de flota y solo cuando habían avanzado varios kilómetros les explicaron que iban para 'las filas', que ya no había reversa. Cerca de 40 eran vecinos suyos.
Una vez en el Meta les presentaron a sus jefes inmediatos. A los que tenían trayectoria de reservistas del Ejército, como él, les asignaron fusil y a los demás les dieron una corta instrucción antes de los primeros enfrentamientos con las Farc y con el bloque 'para' Centauros al mando de Pedro Guerrero, alias 'Cuchillo'.
Al parecer hubo varios enfrentamientos. En uno solo habrían tenido entre 60 y 70 heridos de su bando. "El comandante ordenó que los matáramos porque no nos podíamos quedar", afirma Carlos.
El operativo de las autoridades que precipitó la huida de Carlos hizo que se le embolataran los 4 millones y medio de pesos que le prometieron por los tres meses.
Otras regiones
En Antioquia, Ibagué, Sucre y Cartagena, EL TIEMPO tiene información de otros reclutamientos masivos, no solo por parte de las 'Águilas Negras', sino de grupos emergentes de 'paras' diferentes y guerrilla. Se sabe que también han ocurrido en Putumayo, Caquetá, Arauca, Cauca y los Montes de María (Bolívar).
En El Bagre (límites del bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar) no se hubiera sabido del reclutamiento de 39 menores de edad en el corregimiento Puerto Claver si no es porque Camilo*, un joven de 16 años, se escapó.
En las goteras de Ibagué, las 'Águilas' y el frente Tulio Varón de las Farc son el terror de los padres de familia que temen que se lleven a sus hijos.
En el lado contrario del mapa, el personero de Sincelejo, Éver Feria Tovar, denunció que nuevos grupos 'paras' están tentando a reinsertados de las Auc para que retomen el camino de las armas.
"Mis amigos me informaron que con este nuevo trabajo el permiso es cada seis meses y el pago es de un millón de pesos, es mejor de lo que ofrece el Gobierno, que a mi modo de ver ha prometido una cosa y ha salido con otra", le dijo un desmovilizado a EL TIEMPO.
Y en Mitú, hace poco más de un mes la Defensoría del Pueblo denunció que la guerrilla se llevó a dos menores indígenas. Y habría otros sacados de los resguardos en Ricaurte (Nariño) y Putumayo.
Pero contrario a lo que se pueda pensar, en este último caso y en la mayoría, no se van porque les pongan un arma en la cabeza sino que los seduce la aventura, el camuflado, el arma o el dinero.
EL TIEMPO llamó en varias oportunidades al Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional para hablar sobre el tema, pero hasta este domingo por la noche no habían respondido.
REDACCIÓN NACIONAL
Hay preocupación por los menores de edad que, en muchos casos, son llevados masivamente para empuñar o transportar armas, raspar coca, hacer inteligencia y logística, llevar drogas o prostituirlos.
La politóloga Natalia Springer, quien coordina una investigación para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sostiene que el reclutamiento incluso está peor que antes de la desmovilización de los grupos paramilitares.
En Antioquia, existen denuncias de las zonas del Bajo Cauca, Urabá y hasta Medellín. En Arauca, en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena, y según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, también hay una campaña intensa de los armados en Sincelejo y Ovejas (Sucre), así como en los Montes de María (Bolívar) y Toribío (Cauca).
Especial atención en Medellín
Las alertas de la capital antioqueña se refieren a los barrio Altos de la Torre (nororiente), La Sierra (centroriente), Castilla y Comuna 13 (occidente), en los cuales las bandas que han estado al servicio del paramilitarismo habrían estado presionando a los jóvenes para que ingresen a ellas.
Organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno medidas cautelares para dos jóvenes del barrio El Salado que tuvieron que desplazarse por las intimidaciones.
Precisamente, hasta las comunas de Medellín llegó el eco de la captura de 147 presuntos paramilitares de la banda de 'Los Macacos', hace tres semanas en Puerto Gaitán (Meta), presuntos subalternos del desmovilizado jefe del bloque Central Bolívar Carlos Mario Jiménez 'Macaco'.
Por estas calles empinadas de la capital antioqueña, tres meses antes, habrían sido reclutados la mayoría de los aprehendidos y otros más que alcanzaron a huir.
Uno de ellos, Carlos* volvió a la ciudad hace 15 días y contó que el contacto para irse lo hizo a través de 'Los del Hueco', una banda del barrio Castilla.
El trabajo, según le dijeron, era "cuidar a un señor", pero ya en la terminal de transportes lo subieron con unos 80 jóvenes más a varios buses de flota y solo cuando habían avanzado varios kilómetros les explicaron que iban para 'las filas', que ya no había reversa. Cerca de 40 eran vecinos suyos.
Una vez en el Meta les presentaron a sus jefes inmediatos. A los que tenían trayectoria de reservistas del Ejército, como él, les asignaron fusil y a los demás les dieron una corta instrucción antes de los primeros enfrentamientos con las Farc y con el bloque 'para' Centauros al mando de Pedro Guerrero, alias 'Cuchillo'.
Al parecer hubo varios enfrentamientos. En uno solo habrían tenido entre 60 y 70 heridos de su bando. "El comandante ordenó que los matáramos porque no nos podíamos quedar", afirma Carlos.
El operativo de las autoridades que precipitó la huida de Carlos hizo que se le embolataran los 4 millones y medio de pesos que le prometieron por los tres meses.
Otras regiones
En Antioquia, Ibagué, Sucre y Cartagena, EL TIEMPO tiene información de otros reclutamientos masivos, no solo por parte de las 'Águilas Negras', sino de grupos emergentes de 'paras' diferentes y guerrilla. Se sabe que también han ocurrido en Putumayo, Caquetá, Arauca, Cauca y los Montes de María (Bolívar).
En El Bagre (límites del bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar) no se hubiera sabido del reclutamiento de 39 menores de edad en el corregimiento Puerto Claver si no es porque Camilo*, un joven de 16 años, se escapó.
En las goteras de Ibagué, las 'Águilas' y el frente Tulio Varón de las Farc son el terror de los padres de familia que temen que se lleven a sus hijos.
En el lado contrario del mapa, el personero de Sincelejo, Éver Feria Tovar, denunció que nuevos grupos 'paras' están tentando a reinsertados de las Auc para que retomen el camino de las armas.
"Mis amigos me informaron que con este nuevo trabajo el permiso es cada seis meses y el pago es de un millón de pesos, es mejor de lo que ofrece el Gobierno, que a mi modo de ver ha prometido una cosa y ha salido con otra", le dijo un desmovilizado a EL TIEMPO.
Y en Mitú, hace poco más de un mes la Defensoría del Pueblo denunció que la guerrilla se llevó a dos menores indígenas. Y habría otros sacados de los resguardos en Ricaurte (Nariño) y Putumayo.
Pero contrario a lo que se pueda pensar, en este último caso y en la mayoría, no se van porque les pongan un arma en la cabeza sino que los seduce la aventura, el camuflado, el arma o el dinero.
EL TIEMPO llamó en varias oportunidades al Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional para hablar sobre el tema, pero hasta este domingo por la noche no habían respondido.
REDACCIÓN NACIONAL
lunes, 8 de octubre de 2007
'Parapolíticos' niegan amenazas y reclaman penas menores a las de los jefes 'paras'
'Parapolíticos' niegan amenazas y reclaman penas menores a las de los jefes 'paras' EL TIEMPO
Gina Parody está en contra de menos penas a los 'parapolíticos'. Cuatro congresistas, un ex gobernador y un ex funcionario del Gobierno emitieron un comunicado desde la cárcel de La Picota en el que niegan además presiones sobre el Congreso.
"Vemos con honda preocupación que planteamientos (...) tendientes a abrir el debate de la proporcionalidad de las penas sea 'satanizado'", dice el comunicado firmado por Álvaro García, Dieb Maloof, Hernando Molina, Eric Morris, Mauricio Pimiento y Luis Carlos Ordosgoitia.
Se quejaron de que quieran negarles la oportunidad de un debate sobre el tema "de cara al país" para aliviar su situación.
Esta proporcionalidad permitiría a los jueces (en este caso la Corte Suprema) aplicarles penas entre 5 y 8 años, igual que a los ex jefes 'paras', y no de 6 a 14 años, contempladas para el delito de concierto para delinquir agravado, por el que son procesados.
El anterior planteamiento ya es defendido por el presidente Álvaro Uribe. Por eso, el mandatario le encomendó a la senadora Gina Parody abrir el debate en ese sentido.
La congresista, no obstante, opina lo contrario: "Los 'parapolíticos' no pueden recibir penas menores que los jefes de las Auc, porque no han contado la verdad ni han colaborado con la justicia, mientras que los segundos sí".
Claro que el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema juegan contra los 'parapolíticos': en caso de ser condenados, les sería aplicada la pena más alta por su condición de servidores públicos y por el poder y oficio que ocupaban.
"El artículo 58 del código penal expresa que la condición de servidor público es un criterio de agravamiento de la pena, por el cargo y el poder en la sociedad", dijo el ex vicefiscal Francisco José Sintura.
Los presos de La Picota y el Gobierno tienen diferencias de forma sobre el procedimiento para buscar las rebajas de penas, pero ya están de acuerdo en que hay que lograrlas
Gina Parody está en contra de menos penas a los 'parapolíticos'. Cuatro congresistas, un ex gobernador y un ex funcionario del Gobierno emitieron un comunicado desde la cárcel de La Picota en el que niegan además presiones sobre el Congreso.
"Vemos con honda preocupación que planteamientos (...) tendientes a abrir el debate de la proporcionalidad de las penas sea 'satanizado'", dice el comunicado firmado por Álvaro García, Dieb Maloof, Hernando Molina, Eric Morris, Mauricio Pimiento y Luis Carlos Ordosgoitia.
Se quejaron de que quieran negarles la oportunidad de un debate sobre el tema "de cara al país" para aliviar su situación.
Esta proporcionalidad permitiría a los jueces (en este caso la Corte Suprema) aplicarles penas entre 5 y 8 años, igual que a los ex jefes 'paras', y no de 6 a 14 años, contempladas para el delito de concierto para delinquir agravado, por el que son procesados.
El anterior planteamiento ya es defendido por el presidente Álvaro Uribe. Por eso, el mandatario le encomendó a la senadora Gina Parody abrir el debate en ese sentido.
La congresista, no obstante, opina lo contrario: "Los 'parapolíticos' no pueden recibir penas menores que los jefes de las Auc, porque no han contado la verdad ni han colaborado con la justicia, mientras que los segundos sí".
Claro que el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema juegan contra los 'parapolíticos': en caso de ser condenados, les sería aplicada la pena más alta por su condición de servidores públicos y por el poder y oficio que ocupaban.
"El artículo 58 del código penal expresa que la condición de servidor público es un criterio de agravamiento de la pena, por el cargo y el poder en la sociedad", dijo el ex vicefiscal Francisco José Sintura.
Los presos de La Picota y el Gobierno tienen diferencias de forma sobre el procedimiento para buscar las rebajas de penas, pero ya están de acuerdo en que hay que lograrlas
Versión de narco Víctor Patiño Fómeque hunde al senador Vicente Blel
Versión de narco Víctor Patiño Fómeque hunde al senador Vicente Blel
EL TIEMPO
Víctor Patiño fue extraditado a Estados Unidos en el 2002. Esta imagen corresponde a su entrega a la DEA. El congresista, investigado por la Corte Suprema por la 'parapolítica', fue señalado por el capo como su testaferro y socio en varios envíos de droga al exterior y lavado de dinero.
Así lo señaló en su declaración durante dos días ante una fiscal colombiana que lo visitó en Nueva York en agosto pasado.
Esta semana, Blel se tomó la palabra en el Senado para atacar las investigaciones de la Corte sobre la 'parapolítica' y dijo que había una persecución contra el Congreso y, en particular, contra su partido político, Colombia Viva.
Sus dardos coincidieron con la llegada a su expediente de la versión de Patiño, que asegura que lo conoció a principios de los 90 y que desde entonces y hasta su extradición, en el 2002, fueron "amigos".
"Yo me hice muy amigo del doctor Blel porque él me iba a colaborar con información de la Fiscalía -dijo el capo-. Yo le daba 20 o 30 millones de pesos, le regalé una camioneta Jeep Cherokee blanca, que se llevó para la Costa".
Muchos de los episodios que mencionó Patiño ya habían sido ventilados en los medios y hasta en investigaciones judiciales. Entre ellas, que el senador tenía contactos en la Armada.
"Me daba la ubicación de las corbetas (...) cuándo iban a pasar, cuántas, que iban a pasar por Panamá. Nunca me dijo el nombre ni nada, me decía que era como un almirante, eso fue para el 93 o 94 (...) Me decía que tocaba darle 25 mil dólares para entregarle al contacto, pero no sé si de verdad lo entregaba".
Según la declaración, el político habría propuesto abrir una nueva ruta del narcotráfico por el Caribe, pues "tenía controlada la Armada y nadie le iba a parar las lanchas".
Patiño aseguró además que Blel le dio tres credenciales para que pudiera mover sus carros por todo el país y que incluso estuvo en nómina como asesor externo entre 1993 y 1994: "El mismo Blel cobraba el sueldo, yo me hacía llamar Julio Gómez". Ese nombre, precisamente, fue el que usó el capo para acercarse a la campaña liberal de 1994.
También dijo que en una ocasión, en uno de los carros que tenía credencial del Senado, fue detenido en un retén del DAS cerca de Flandes y que el político intercedió por él. EL TIEMPO intentó comunicarse con el senador y sus asesores, pero no fue posible.
Contacto con los políticos
En toda la declaración del capo, solo hay tres líneas que mencionan al ex presidente Ernesto Samper y al ex ministro Horacio Serpa. Dijo que "se ayudaba para la campaña, se le entregaba dinero a Samper y a Serpa y se les daba una cuota como de 25.000 dólares".
El ex presidente dijo ayer que eso no es cierto y recordó que su gobierno, en cabeza del ministro Serpa, se opuso a la no retroactividad en la extradición y a un 'mico' en la ley de extinción de dominio que habría beneficiado a narcos.
"Mi gobierno nunca supo de sobornos en el tema de la extradición, pero en el de extinción de dominio sí, en la Cámara donde metieron un 'mico' que tumbaba el enriquecimiento ilícito".
Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia.
Según la versión de Patiño, Blel recibía cerca de 40 mil dólares por cada congresista que asegurara en contra de la extradición. Dijo que los carteles de Cali y Norte del Valle hicieron una 'vaca' que llegó a los cinco millones de dólares.
Sobre Jaime Córdoba, ex vicefiscal y hoy magistrado de la Corte Constitucional, aseguró que habría asesorado a 'Chupeta' para obtener rebajas de penas y que por eso recibió 800 millones.
Córdoba dijo ayer que esa versión ya fue investigada y desechada por la justicia. En el mismo sentido, el senador Armando Benedetti exigió plena claridad sobre el "senador Benedetti, padre" que mencionó el capo, para que quede establecido que no se refirió al ex ministro Armando Benedetti Jimeno, su padre.
Habrá 3 representantes investigados
El próximo martes, la presidenta de la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara, Amanda Ricardo, procederá a nombrar al representante investigador para el caso que fue radicado con el número 2259.
Ricardo dijo que dada la importancia de ese expediente, escogerá a tres congresistas de la Comisión, un triunvirato, y que uno de ellos, será el coordinador de la investigación. Sobre la Comisión pesan fuertes críticas, al punto, que los mismos senadores y representantes la llaman despectivamente, 'la comisión de absoluciones', pues en absolución o en actos inhibitorios terminan todos los procesos.
En la actualidad tiene 697 expedientes vigentes. Para reformarla, se trabaja en un proyecto de ley con el que se busca darle más herramientas y "ponerle dientes".
Dos de los debates 'calientes' del Congreso
Como los debates más profundos, arduos y calientes en el Congreso, calificó el ex senador Darío Martínez, quien fue protagonista de primer orden, los que se dieron en el trámite de las leyes de extradición y de extinción de dominio. Martínez recordó que en ambos casos el Congreso se dividió. Que unos tomaron partido por la retroactividad en la aplicación de las normas y otros, para que tuviere efectos solo hacia el futuro.
En el caso de la extradición, el ex senador Luis Guillermo Giraldo recordó que fue el ya fallecido ex congresista Salomón Nader quien propuso que la extradición solo aplicara a futuro. Al final, la ley se aprobó sin efectos retroactivos a partir de 1997.
En la Cámara de Representantes, quien lideró que la extradición no tuviera efectos retroactivos fue el asesinadodo represante Jairo Chavarriaga.
Y en cuanto a la ley de extinción dominio, quien lideró los efectos hacia el pasado fue Martínez y el entonces ministro de Justicia Carlos Medellín. Ahí hubo un fuerte debate jurídico con el hoy senador Jesús Ignacio García, quien fue partidario de la no retroactividad.
Representantes que negaron retroactividad de extinción:
Rafael Alfonso
Javier Tato Alvarez
Carlos Ardila
Sixto Argüello
Julio Bahamón
Carlos Barragán
Orlando Beltrán
Jairo Berrío
Guillermo Brito
Helí Cala
Octavio Carmona
Juan José Chaux
Jairo Chavarriaga
Tomás Devia
Luis Fernando Duque
Antenor Durán
Flanklin García
Jesús Ignacio García
Guillermo Gaviria
Justo Guzmán
Germán Huertas
Oscar Jiménez
Harold León
Alfonso López Cossio
Jorge Tadeo Lozano
Carlos Alonso Luico
Luis Vicente Serrano
Juan José Silva
Fernando Tello
Roberto Tinoco
Teresa Viola
REDACCIÓN JUSTICIA
EL TIEMPO
Víctor Patiño fue extraditado a Estados Unidos en el 2002. Esta imagen corresponde a su entrega a la DEA. El congresista, investigado por la Corte Suprema por la 'parapolítica', fue señalado por el capo como su testaferro y socio en varios envíos de droga al exterior y lavado de dinero.
Así lo señaló en su declaración durante dos días ante una fiscal colombiana que lo visitó en Nueva York en agosto pasado.
Esta semana, Blel se tomó la palabra en el Senado para atacar las investigaciones de la Corte sobre la 'parapolítica' y dijo que había una persecución contra el Congreso y, en particular, contra su partido político, Colombia Viva.
Sus dardos coincidieron con la llegada a su expediente de la versión de Patiño, que asegura que lo conoció a principios de los 90 y que desde entonces y hasta su extradición, en el 2002, fueron "amigos".
"Yo me hice muy amigo del doctor Blel porque él me iba a colaborar con información de la Fiscalía -dijo el capo-. Yo le daba 20 o 30 millones de pesos, le regalé una camioneta Jeep Cherokee blanca, que se llevó para la Costa".
Muchos de los episodios que mencionó Patiño ya habían sido ventilados en los medios y hasta en investigaciones judiciales. Entre ellas, que el senador tenía contactos en la Armada.
"Me daba la ubicación de las corbetas (...) cuándo iban a pasar, cuántas, que iban a pasar por Panamá. Nunca me dijo el nombre ni nada, me decía que era como un almirante, eso fue para el 93 o 94 (...) Me decía que tocaba darle 25 mil dólares para entregarle al contacto, pero no sé si de verdad lo entregaba".
Según la declaración, el político habría propuesto abrir una nueva ruta del narcotráfico por el Caribe, pues "tenía controlada la Armada y nadie le iba a parar las lanchas".
Patiño aseguró además que Blel le dio tres credenciales para que pudiera mover sus carros por todo el país y que incluso estuvo en nómina como asesor externo entre 1993 y 1994: "El mismo Blel cobraba el sueldo, yo me hacía llamar Julio Gómez". Ese nombre, precisamente, fue el que usó el capo para acercarse a la campaña liberal de 1994.
También dijo que en una ocasión, en uno de los carros que tenía credencial del Senado, fue detenido en un retén del DAS cerca de Flandes y que el político intercedió por él. EL TIEMPO intentó comunicarse con el senador y sus asesores, pero no fue posible.
Contacto con los políticos
En toda la declaración del capo, solo hay tres líneas que mencionan al ex presidente Ernesto Samper y al ex ministro Horacio Serpa. Dijo que "se ayudaba para la campaña, se le entregaba dinero a Samper y a Serpa y se les daba una cuota como de 25.000 dólares".
El ex presidente dijo ayer que eso no es cierto y recordó que su gobierno, en cabeza del ministro Serpa, se opuso a la no retroactividad en la extradición y a un 'mico' en la ley de extinción de dominio que habría beneficiado a narcos.
"Mi gobierno nunca supo de sobornos en el tema de la extradición, pero en el de extinción de dominio sí, en la Cámara donde metieron un 'mico' que tumbaba el enriquecimiento ilícito".
Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia.
Según la versión de Patiño, Blel recibía cerca de 40 mil dólares por cada congresista que asegurara en contra de la extradición. Dijo que los carteles de Cali y Norte del Valle hicieron una 'vaca' que llegó a los cinco millones de dólares.
Sobre Jaime Córdoba, ex vicefiscal y hoy magistrado de la Corte Constitucional, aseguró que habría asesorado a 'Chupeta' para obtener rebajas de penas y que por eso recibió 800 millones.
Córdoba dijo ayer que esa versión ya fue investigada y desechada por la justicia. En el mismo sentido, el senador Armando Benedetti exigió plena claridad sobre el "senador Benedetti, padre" que mencionó el capo, para que quede establecido que no se refirió al ex ministro Armando Benedetti Jimeno, su padre.
Habrá 3 representantes investigados
El próximo martes, la presidenta de la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara, Amanda Ricardo, procederá a nombrar al representante investigador para el caso que fue radicado con el número 2259.
Ricardo dijo que dada la importancia de ese expediente, escogerá a tres congresistas de la Comisión, un triunvirato, y que uno de ellos, será el coordinador de la investigación. Sobre la Comisión pesan fuertes críticas, al punto, que los mismos senadores y representantes la llaman despectivamente, 'la comisión de absoluciones', pues en absolución o en actos inhibitorios terminan todos los procesos.
En la actualidad tiene 697 expedientes vigentes. Para reformarla, se trabaja en un proyecto de ley con el que se busca darle más herramientas y "ponerle dientes".
Dos de los debates 'calientes' del Congreso
Como los debates más profundos, arduos y calientes en el Congreso, calificó el ex senador Darío Martínez, quien fue protagonista de primer orden, los que se dieron en el trámite de las leyes de extradición y de extinción de dominio. Martínez recordó que en ambos casos el Congreso se dividió. Que unos tomaron partido por la retroactividad en la aplicación de las normas y otros, para que tuviere efectos solo hacia el futuro.
En el caso de la extradición, el ex senador Luis Guillermo Giraldo recordó que fue el ya fallecido ex congresista Salomón Nader quien propuso que la extradición solo aplicara a futuro. Al final, la ley se aprobó sin efectos retroactivos a partir de 1997.
En la Cámara de Representantes, quien lideró que la extradición no tuviera efectos retroactivos fue el asesinadodo represante Jairo Chavarriaga.
Y en cuanto a la ley de extinción dominio, quien lideró los efectos hacia el pasado fue Martínez y el entonces ministro de Justicia Carlos Medellín. Ahí hubo un fuerte debate jurídico con el hoy senador Jesús Ignacio García, quien fue partidario de la no retroactividad.
Representantes que negaron retroactividad de extinción:
Rafael Alfonso
Javier Tato Alvarez
Carlos Ardila
Sixto Argüello
Julio Bahamón
Carlos Barragán
Orlando Beltrán
Jairo Berrío
Guillermo Brito
Helí Cala
Octavio Carmona
Juan José Chaux
Jairo Chavarriaga
Tomás Devia
Luis Fernando Duque
Antenor Durán
Flanklin García
Jesús Ignacio García
Guillermo Gaviria
Justo Guzmán
Germán Huertas
Oscar Jiménez
Harold León
Alfonso López Cossio
Jorge Tadeo Lozano
Carlos Alonso Luico
Luis Vicente Serrano
Juan José Silva
Fernando Tello
Roberto Tinoco
Teresa Viola
REDACCIÓN JUSTICIA
Lo quieren culpable sí o sí
Lo quieren culpable sí o sí
Espera el gobierno de Uribe que Estados Unidos juzgue con rigor a 'Simón Trinidad'
El gobierno colombiano se opuso hoy a que Estados Unidos devuelva al extraditado guerrillero 'Simón Trinidad', cuyo juicio por narcotráfico fue anulado, y confió en que ese país lo juzgue con rigor en futuros procesos.
El ministro de Interior, Carlos Holguín, aclaró que el Ejecutivo respeta las decisiones de los jueces norteamericanos pero rechazó un eventual retorno al país del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
'Es una decisión de la justicia norteamericana y no tendría sentido que lo fueran a devolver cuando estamos diciendo que no queremos que lo devuelvan', dijo Holguín.
El juez estadounidense Royce Lamberth anuló el juicio por tráfico de drogas contra el guerrillero al no encontrar unanimidad en el veredicto del jurado de la corte en Washington.El guerrillero, cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, es acusado del envío de drogas a Estados Unidos y de participación en el secuestro de tres estadounidenses en el sur de Colombia en 2003.
El funcionario agregó que el gobierno espera que la justicia estadounidense actúe con mayor rigor el 3 de marzo de 2008 cuando se lleve a cabo el segundo juicio por narcotráfico contra 'Simón Trinidad'.
'Simón Trinidad' y Anayibe Rojas alias 'Sonia', también encarcelada en Estados Unidos, son reclamados por las FARC para un eventual intercambio de rehenes por guerrilleros presos.
El gobierno de Alvaro Uribe ha declarado un 'no rotundo' a la iniciativa de las FARC.
Espera el gobierno de Uribe que Estados Unidos juzgue con rigor a 'Simón Trinidad'
El gobierno colombiano se opuso hoy a que Estados Unidos devuelva al extraditado guerrillero 'Simón Trinidad', cuyo juicio por narcotráfico fue anulado, y confió en que ese país lo juzgue con rigor en futuros procesos.
El ministro de Interior, Carlos Holguín, aclaró que el Ejecutivo respeta las decisiones de los jueces norteamericanos pero rechazó un eventual retorno al país del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
'Es una decisión de la justicia norteamericana y no tendría sentido que lo fueran a devolver cuando estamos diciendo que no queremos que lo devuelvan', dijo Holguín.
El juez estadounidense Royce Lamberth anuló el juicio por tráfico de drogas contra el guerrillero al no encontrar unanimidad en el veredicto del jurado de la corte en Washington.El guerrillero, cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, es acusado del envío de drogas a Estados Unidos y de participación en el secuestro de tres estadounidenses en el sur de Colombia en 2003.
El funcionario agregó que el gobierno espera que la justicia estadounidense actúe con mayor rigor el 3 de marzo de 2008 cuando se lleve a cabo el segundo juicio por narcotráfico contra 'Simón Trinidad'.
'Simón Trinidad' y Anayibe Rojas alias 'Sonia', también encarcelada en Estados Unidos, son reclamados por las FARC para un eventual intercambio de rehenes por guerrilleros presos.
El gobierno de Alvaro Uribe ha declarado un 'no rotundo' a la iniciativa de las FARC.
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