Decenas de intelectuales de varios países enviaron una carta a la senadora Piedad Córdoba en la que expresan su apoyo al "intercambio epistolar" con la guerrilla de las Farc y a los esfuerzos para la consecución de la paz en el país.
La misiva, publicada el sábado por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), está dirigida también al "secretariado" de las Farc.
La carta de apoyo está suscrita por intelectuales y periodistas de todo el mundo, entre ellos el Nobel de Paz de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, y reconocidos catedráticos de distintas universidades y periodistas de América y de Europa.En la comunicación abogan para que el Eln, segundo grupo guerrillero del país, se sume al diálogo y a la reconciliación."
Sabiendo de la respuesta positiva de las Farc-ep a esa propuesta, y su ratificación, queremos pública y explícitamente apoyar ese intercambio epistolar y su cometido ético, seguros de que en el mundo miles y miles de voces se sumarán para pedir el diálogo, que ojalá se haga extensivo al Ejército de Liberación Nacional, Eln", señala la carta.Y puntualiza a los destinatarios que deben saber que "disponen de nuestros esfuerzos y medios para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social".
Desde septiembre pasado un grupo de colombianos inició el intercambio epistolar con las Farc con vistas a lograr un acuerdo humanitario que posibilite la liberación de secuestrados de esa guerrilla y vislumbre un camino hacia la paz.A raíz del cruce de correspondencia, las Farc anunciaron el pasado 21 de diciembre la puesta en libertad, de manera unilateral, de seis de los 28 secuestrados llamados "canjeables", que la guerrilla busca intercambiar por unos 500 guerrilleros presos.Para la logística del proceso y recepción de los secuestrados, entre ellos dos políticos, las Farc designó a la senadora Córdoba.
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www.elespectador.com
sábado, 17 de enero de 2009
Como ‘insolente' calificó Ecuador la postura de Colombia para restablecer relaciones
27 Diciembre 2008 - 4:31pm
Por: AP | Elespectador.com
El presidente Rafael Correa calificó como una "insolencia" las condiciones expuestas por el canciller colombiano Jaime Bermúdez para restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Ecuador el 3 de marzo.
"Ya estoy cansado de la insolencia de Colombia. Son ellos los que tienen el problema, los que nos agreden, y nos quieren poner condiciones para reanudar relaciones", reclamó el mandatario en un su programa radial sabatino.Correa le expresó al canciller colombiano que "mientras siga esa insolencia olvídese que no vamos a reanudar relaciones... vaya a dar consejos a su casa, no le vaya a dar consejos a un país soberano como es Ecuador".Luego conmino a las autoridades colombianas a que "revisen su propio gobierno, todas las relaciones que hay con los paramilitares y todos los grupos irregulares y segundo, protejan su frontera sur y no traten de involucrar al país (Ecuador) en una guerra".
El canciller ecuatoriano Fander Falconí, en declaraciones publicadas el sábado por el diario El Comercio, afirmó que "Colombia debe dar claras muestras de respeto a la soberanía de Ecuador, cumpliendo los requerimientos mínimos realizados por Ecuador".Entre ellos "que desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con las Farc, comprometerse con una "presencia efectiva" de fuerza pública en la frontera común, entregar información sobre la incursión militar del 1 de marzo y sobre las computadoras halladas en el campamento rebelde bombardeado, entre otras cosas.La respuesta del Mandatario ecuatoriano se dieron luego de que Bermúdez, en dijera a El Tiempo, que el acercamiento entre las partes debe basarse en "la prudencia y la discreción en las declaraciones" de las autoridades, además de la implementación de un "mecanismo de coordinación eficaz en la frontera".
El incidente diplomático entre Ecuador y Colombia se dio dos días después de un ataque militar colombiano a un campamento guerrillero clandestino en la zona de Angostura, en territorio ecuatoriano y en el que murió Raúl Reyes, uno de los siete máximos comandantes de las Farc.
Dirección web fuente:El Espectador
Por: AP | Elespectador.com
El presidente Rafael Correa calificó como una "insolencia" las condiciones expuestas por el canciller colombiano Jaime Bermúdez para restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Ecuador el 3 de marzo.
"Ya estoy cansado de la insolencia de Colombia. Son ellos los que tienen el problema, los que nos agreden, y nos quieren poner condiciones para reanudar relaciones", reclamó el mandatario en un su programa radial sabatino.Correa le expresó al canciller colombiano que "mientras siga esa insolencia olvídese que no vamos a reanudar relaciones... vaya a dar consejos a su casa, no le vaya a dar consejos a un país soberano como es Ecuador".Luego conmino a las autoridades colombianas a que "revisen su propio gobierno, todas las relaciones que hay con los paramilitares y todos los grupos irregulares y segundo, protejan su frontera sur y no traten de involucrar al país (Ecuador) en una guerra".
El canciller ecuatoriano Fander Falconí, en declaraciones publicadas el sábado por el diario El Comercio, afirmó que "Colombia debe dar claras muestras de respeto a la soberanía de Ecuador, cumpliendo los requerimientos mínimos realizados por Ecuador".Entre ellos "que desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con las Farc, comprometerse con una "presencia efectiva" de fuerza pública en la frontera común, entregar información sobre la incursión militar del 1 de marzo y sobre las computadoras halladas en el campamento rebelde bombardeado, entre otras cosas.La respuesta del Mandatario ecuatoriano se dieron luego de que Bermúdez, en dijera a El Tiempo, que el acercamiento entre las partes debe basarse en "la prudencia y la discreción en las declaraciones" de las autoridades, además de la implementación de un "mecanismo de coordinación eficaz en la frontera".
El incidente diplomático entre Ecuador y Colombia se dio dos días después de un ataque militar colombiano a un campamento guerrillero clandestino en la zona de Angostura, en territorio ecuatoriano y en el que murió Raúl Reyes, uno de los siete máximos comandantes de las Farc.
Dirección web fuente:El Espectador
La lista negra de las Auc en Barranca
Viernes, 19 de Diciembre de 2008 10:25
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
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www.verdadabierta.com
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
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Los nexos militares del bloque Libertadores del Sur
Miércoles, 17 de Diciembre de 2008 14:56
En su versión libre, Rigoberto Urrea Vargas, mando medio de las autodefensas, señala los presuntos nexos entre miembros de las Fuerzas Militares del departamento de Nariño con grupos paramilitares.
En su primera versión libre ante la Fiscalía, el ex paramilitar Rigoberto Urrea Vargas del Bloque Libertadores del Sur de las AUC que se movían en Nariño, aseguró que la entrada de los paramilitares a ese departamento fue impulsada por algunos miembros del Ejército nacional.
Según las declaraciones de Urrea, las autodefensas patrullaron conjuntamente con militares del Batallón Boyacá durante el año 2002. En esa época, las tropas del Bloque Libertadores del Sur presuntamente realizaron tres incursiones en compañía del coronel Luis Alberto Cuéllar y un teniente de apellido Forero con la intención de combatir al frente 60 de las Farc.
Rigoberto Urrea aseguró que la primera de estas incursiones tuvo lugar en el municipio de Balboa, Cauca, en junio del 2002. Para esa fecha dos compañías del Ejército supuestamente colaboraron con el ingreso de un grupo de 15 paramilitares hacia la vereda La Campiña.
El ex paramilitar aseguró haberse reunido tres días antes de la incursión en la sede del Batallón con el coronel Cuéllar, quien le pidió disponer de algunos de sus hombres para realizar un operativo conjunto con la intención de evitar una toma guerrillera.
Rigoberto Urrea confesó que paramilitares y miembros del Ejército ingresaron a La Campiña a las tres de la mañana donde mantuvieron un combate por más de siete horas con las Farc. Como resultado del enfrentamiento, el Ejército al parecer consiguió confiscar varios cilindros bomba.
Durante su versión libre ante el despacho cuarto de la Unidad de Justicia y Paz, el ex ‘para’ admitió haber realizado una segunda incursión conjunta con el ejército en el municipio de El Rosario, en Nariño.
Según Urrea, el coronel Cuéllar lo citó para darle información sobre un supuesto campamento de la guerrilla. Dijo que en esa ocasión el grupo especial del Batallón Boyacá, conformado por 50 hombres, se dirigió en compañía de 45 paramilitares al sector de Esmeralda, pero no encontraron hombres de las Farc.
Rigoberto Urrea Vargas. Foto: Fiscalía
Rigoberto Urrea también confesó una tercera incursión del Bloque Libertadores del Sur con tropas militares en el municipio de La Cruz, Nariño. Para esa fecha, sostuvo el ex paramilitar, el Coronel Cuellar dio información a las autodefensas sobre una Comisión de la Guerrilla que permanecía albergada en la escuela del Pueblo. Como resultado de la incursión cinco supuestos miembros de las Farc y un miliciano murieron en el enfrentamiento.
En la sesión de la tarde el ex paramilitar reconoció ser responsable del desplazamiento de más de 150 personas en el municipio de El Rosario, Nariño, durante los meses de agosto y septiembre del mismo año.
Según Urrea, el Bloque Libertadores del Sur difundió un comunicado en la región con los nombres de 100 habitantes que las autodefensas acusaban de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. El comunicado decía que les respetarían la vida si se iban del municipio.
Así mismo, aseguró tener conocimiento de falsos positivos. Según sus declaraciones, el grupo especial del Batallón Boyacá, comandado por el teniente Forero presuntamente necesitaba resultados de su lucha contra los paramilitares.
Dice que en un comienzo el ejército presuntamente intentó convencerlo de asesinar al a uno de sus hombres que había sido licenciado por mala conducta. Urrea se negó y al parecer acordó el asesinato de un indigente que posteriormente fue vestido de paramilitar y entregado a las autoridades en agosto del 2002.
Rigoberto Urrea Vargas ingresó a las filas del bloque Libertadores del Sur en el 2001 por amenazas de la guerrilla. Antes se desempeñó como patrullero raso del Segundo Frente de las Farc hasta 1997 en los municipios de Algeciras y La Plata, Huila.
Dentro del Libertadores, Urrea llegó a ocupar la posición de segundo al mando de un grupo de autodefensas rurales con incidencia en algunos municipios de Nariño y Cauca. Fue capturado y condenado en el 2003 por el delito de extorsión a 22 años de prisión.
El bloque Libertadores del Sur perteneció al Bloque Central Bolívar, que se constituyó en el año 2000 con el bloque Libertadores del Sur, los frentes Héroes de Tumaco, las “Brigadas Campesinas Antonio Nariño”, y el frente Lorenzo Aldana. Sus comandantes principales fueron Guillermo Pérez Alzate alias "Pablo Sevillano", Carlos Mario Jiménez Naranjo alias "Macaco" y Rodolfo Useda alias "Julio Castaño".
El accionar de este bloque paramilitar se caracterizó por la comisión de masacres, homicidios selectivos y el desplazamiento de miles de personas. Se financió principalmente del negocio del narcotráfico y la extorsión
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miércoles, 14 de enero de 2009
Farc anuncian liberación de seis secuestrados
Lúnes 22 de Diciembre de 2008
Las Farc aseguran en un comunicado que liberarán de forma unilateral al diputado Sigifredo López, al ex gobernador Alan Jara, tres policías y un militar.
A través de un comunicado, las FARC anunció que tiene intenciones de liberar unilateralmente a tres policías, un militar, al ex gobernador Alan Jara y al diputado Sigifredo López.
"Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como un gesto que apunta a generar condiciones favorables del canje humanitario, anunciamos la pronta liberación unilateral de seis prisioneros", dice el comunicado.
El comunicado, divulgado a través de la agencia Anncol en Internet que difunde la información de esta guerrilla, no da detalles de cuándo o dónde se llevaría a cabo esta liberación. “Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento", dice el comunicado fechado el pasado 19 de diciembre.
Las Farc añaden que la liberación se realizará en dos etapas. En una primera serán dejados en libertad tres policías y un militar, y posteriormente dos políticos, el ex gobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López.
Las Farc dicen que los liberados serán entregados a la asociación “Colombianos por la paz de Colombia en cabeza de la senadora Piedad Córdoba”.
La senadora liberal Piedad Córdoba dijo a Caracol Radio que es cierto el anuncio de las Farc y que las liberaciones tendrán lugar los primeros días de enero. Córdoba añadió que ese anuncio es el resultado del trabajo de muchos colombianos que consideran necesario seguir insistiendo en la liberación de todos los secuestrados y que buscará la ayuda del presidente de Venezuela, Hugo Chávez para facilitar la liberación.
En la carta donde anuncian las liberaciones, las Farc exigen que se les reconozca el estatus de beligerancia y que se apruebe en el Congreso una ley que permita realizar un canje humanitario. Tanto ex gobernador del Meta, Alan Jara y el diputado Sigifredo López llevan en poder de las Farc más de 7 años. Varios de los militares y policías que aún permanecen secuestrados llevan más de una década. Precisamente este domingo, el cabo Libio José Mártinez Estrada y Pablo Emilio Moncayo, secuestrados durante el ataque de las Farc al cerro de Patascoy, cumplen 11 años secuestrados.
Sigifredo López es el único sobreviviente de doce diputados del Valle secuestrados.
El 28 de junio del 2007, las Farc anunció en un comunicado que habían muerto once de los doce políticos en un confuso y trágico incidente. Las Farc explicaron entonces que López estaba vivo porque se encontraba en otro campamento.
Alan Jara, el ex Gobernador del Meta, fue plagiado el 15 de julio de 2001 cuando viajaba en un vehiculo de la ONU entre El Dorado y Lejanías, Meta. Los guerrilleros interceptaron el carro y bajaron a Jara.
Uribe había anticipado anuncio
El pasado 6 de diciembre, el presidente Alvaro Uribe dijo que la guerrilla y una dirigente política -en aparente alusión a la senadora Piedad Córdoba- buscaban engañar al gobierno proponiendo una liberación de secuestrados
"Las FARC ahora, con el apoyo de una dirigente de la política, nos están tendiendo una nueva celada", dijo Uribe al abrir un consejo comunal en Bogotá. "Por anticipado lo decimos: no lo aceptamos", señaló.
Añadió entonces que "no le vamos a permitir ahora a esa dirigente de la política esa trampa que nos quiere tender con las FARC, aliada del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en todas estas acciones terroristas, de lanzarnos la ilusión de unas nuevas liberaciones y de un nuevo acuerdo humanitario".
www.semana.com
Las Farc aseguran en un comunicado que liberarán de forma unilateral al diputado Sigifredo López, al ex gobernador Alan Jara, tres policías y un militar.
A través de un comunicado, las FARC anunció que tiene intenciones de liberar unilateralmente a tres policías, un militar, al ex gobernador Alan Jara y al diputado Sigifredo López.
"Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como un gesto que apunta a generar condiciones favorables del canje humanitario, anunciamos la pronta liberación unilateral de seis prisioneros", dice el comunicado.
El comunicado, divulgado a través de la agencia Anncol en Internet que difunde la información de esta guerrilla, no da detalles de cuándo o dónde se llevaría a cabo esta liberación. “Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento", dice el comunicado fechado el pasado 19 de diciembre.
Las Farc añaden que la liberación se realizará en dos etapas. En una primera serán dejados en libertad tres policías y un militar, y posteriormente dos políticos, el ex gobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López.
Las Farc dicen que los liberados serán entregados a la asociación “Colombianos por la paz de Colombia en cabeza de la senadora Piedad Córdoba”.
La senadora liberal Piedad Córdoba dijo a Caracol Radio que es cierto el anuncio de las Farc y que las liberaciones tendrán lugar los primeros días de enero. Córdoba añadió que ese anuncio es el resultado del trabajo de muchos colombianos que consideran necesario seguir insistiendo en la liberación de todos los secuestrados y que buscará la ayuda del presidente de Venezuela, Hugo Chávez para facilitar la liberación.
En la carta donde anuncian las liberaciones, las Farc exigen que se les reconozca el estatus de beligerancia y que se apruebe en el Congreso una ley que permita realizar un canje humanitario. Tanto ex gobernador del Meta, Alan Jara y el diputado Sigifredo López llevan en poder de las Farc más de 7 años. Varios de los militares y policías que aún permanecen secuestrados llevan más de una década. Precisamente este domingo, el cabo Libio José Mártinez Estrada y Pablo Emilio Moncayo, secuestrados durante el ataque de las Farc al cerro de Patascoy, cumplen 11 años secuestrados.
Sigifredo López es el único sobreviviente de doce diputados del Valle secuestrados.
El 28 de junio del 2007, las Farc anunció en un comunicado que habían muerto once de los doce políticos en un confuso y trágico incidente. Las Farc explicaron entonces que López estaba vivo porque se encontraba en otro campamento.
Alan Jara, el ex Gobernador del Meta, fue plagiado el 15 de julio de 2001 cuando viajaba en un vehiculo de la ONU entre El Dorado y Lejanías, Meta. Los guerrilleros interceptaron el carro y bajaron a Jara.
Uribe había anticipado anuncio
El pasado 6 de diciembre, el presidente Alvaro Uribe dijo que la guerrilla y una dirigente política -en aparente alusión a la senadora Piedad Córdoba- buscaban engañar al gobierno proponiendo una liberación de secuestrados
"Las FARC ahora, con el apoyo de una dirigente de la política, nos están tendiendo una nueva celada", dijo Uribe al abrir un consejo comunal en Bogotá. "Por anticipado lo decimos: no lo aceptamos", señaló.
Añadió entonces que "no le vamos a permitir ahora a esa dirigente de la política esa trampa que nos quiere tender con las FARC, aliada del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en todas estas acciones terroristas, de lanzarnos la ilusión de unas nuevas liberaciones y de un nuevo acuerdo humanitario".
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Uribe la está embarrando
El gobierno finalmente destapó sus cartas sobre la segunda reelección. La forma como lo hizo no está dejando bien parado al Presidente.
Álvaro Uribe hasta hace poco tiempo había sido considerado un iluminado político. Con su cara de seminarista, su hablado lleno de diminutivos y su empaque de auténtico paisa, se ha ganado un puesto único en el corazón de los colombianos. Esa habilidad de ser cercano al pueblo lo ha convertido en el Presidente más popular de los últimos 50 años. Y la combinación de paternalismo, microgerencia y mano dura hicieron de él un fenómeno poco común: un Presidente tan querido por el pueblo como por la clase dirigente.
Pero todo eso ha venido cambiando gradualmente en los últimos días. La prolongada ambigüedad sobre su reelección ha disminuido el entusiasmo por la misma. Por otra parte, el desgaste que produce el ejercicio del poder durante ocho años comienza a hacer mella.
Uribe es todavía un Presidente muy popular, pero por lo menos la clase dirigente ya no lo ve como un genio político. Colombia ha sido tradicionalmente un país de instituciones, lo cual es considerado por la opinión calificada como un patrimonio nacional. La elite económica, política e intelectual rechaza el caudillismo, tan común en la mayoría de los países del continente. El concepto del hombre fuerte o providencial no ha tenido arraigo en el país. Para su primera reelección, el Presidente había logrado neutralizar este sentimiento anticaudillista con sus triunfos contra la guerrilla. A esto se sumaba el argumento generalizado de que un período único de cuatro años era demasiado corto y por lo tanto valía la pena una reforma constitucional que solucionara el problema.
Estas consideraciones no son válidas en lo que se refiere a la segunda reelección. La experiencia de los sistemas presidencialistas han demostrado que ocho años es un período de gobierno más adecuado que 12. Reformar la Constitución por segunda vez con nombre propio carece de todo sentido en términos institucionales. Su única justificación sería la del hombre providencial, con lo cual se estarían invocando factores emocionales del líder y de las masas, consideraciones totalmente ajenas a un Estado desarrollado contemporáneo. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno.
Hasta la semana pasada se podía argumentar que todos estos arrebatos reeleccionistas eran el producto de una corte de áulicos que auténticamente creían que Álvaro Uribe era un hombre irreemplazable para la Nación. El Presidente se hacía el desentendido, pero se esperaba que su realismo y su sentido de autocrítica no estuvieran comprometidos en esa aventura. Con la declaración del Ministro del Interior y de Justicia la semana pasada de que al gobierno le gustaba el referendo, esa esperanza se desvaneció.
Y también se desvaneció la majestad de la Presidencia por la forma como se sacó a la brava el decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso para volver realidad esa reelección. Siempre se había pensado que por simples razones de pudor político el Presidente no permitiría que se convocara a sesiones extraordinarias solamente para perpetuarse en el poder. El hecho de que se hiciera dejó en evidencia que la ambigüedad de Uribe sobre el tema no obedecía a una estrategia de gobernabilidad, transitoria como se había especulado, sino a un interés concreto de aferrarse al cargo.
Ese destape se hizo de una forma lamentable. Una reforma constitucional de esa envergadura debería ser objeto de un tratamiento digno de su estatura. Lo que se vio la semana pasada fue más el producto de una aprobación a pupitrazo por parte de unas mayorías autoritarias que de un consenso nacional. La pretensión de que el referendo era un acto de iniciativa popular hecho a las espaldas del Presidente quedó borrada. El referendo de Luis Guillermo Giraldo quedó convertido en el referendo del gobierno. Seis ministros estuvieron presentes en el Congreso respaldando la iniciativa. Se ubicaron como guardia pretoriana alrededor del presidente de la Cámara para controlar todas sus palabras y sus movimientos. Una asesora del secretario General de Presidencia, lista en mano, tomaba nota de los parlamentarios presentes. "Está aquí para contarle al doctor Bernardo Moreno si hemos votado o no para que de pronto el gobierno tome represalias contra nosotros", denunció un congresista. Y otras dos asesoras se ubicaron en la puerta para evitar que se escapara cualquier voto clave. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que comenzó como la voluntad del constituyente primario, acabó convertida en un gol de la mayoría uribista en el Congreso arriada por el gobierno.
Lo sorprendente de todo este proceso es que tendría más sentido si la segunda reelección de Álvaro Uribe estuviera asegurada. Pero no lo está. Hasta ahora lo único que ha sucedido es que de los cuatro debates requeridos para darle vida al referendo, se aprobaron dos, los de la Cámara de Representantes. De ahí en adelante falta la aprobación en otros dos debates del Senado, uno en la comisión primera y otro en la plenaria. Además de eso, la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que todos los trámites del proceso, incluida la financiación, se ajustan a la ley. Después de esto se requiere el aval jurídico de la Corte Constitucional. Y, como si fuera poco, luego hay que conseguir que 7,3 millones de colombianos voten para que Uribe tenga el derecho de presentarse a una segunda reelección.
Cada una de las anteriores etapas tiene obstáculos propios. La aprobación en los dos debates que faltan en el Senado será más difícil de obtener de lo que fue en la Cámara. En privado, la mayoría de los senadores de la coalición que apoyan la reelección en público, ya no cree en esta. Por otra parte, el certificado de pureza en el proceso del referendo que debe dar el Consejo Nacional Electoral no se ve nada fácil si se tiene en cuenta la falta de claridad en las cuentas. El magistrado encargado del caso ha detectado de manera preliminar triangulación en la contabilidad y poco respeto por los topes exigidos por la ley.
En la Corte Constitucional la situación no es menos complicada. Cada vez que un actual o futuro miembro expresa su apoyo a la Constitución de 1991 está implícitamente dejando claro que se opone a un tercer período de Álvaro Uribe. Y hasta ahora son pocos los magistrados que no han enviado este mensaje. Si bien el gobierno puede incidir en las decisiones de la Corte, su campo de acción es limitado frente al que tiene en el Congreso. La Corte sin duda tendrá magistrados uribistas, pero estos son conscientes de que la independencia de este organismo y el prestigio como jurista de cada uno de ellos dependerán de la forma como se defina ese asunto.
Además, para que la Corte le dé luz verde a la segunda reelección de Uribe tendría que cambiar la jurisprudencia de ese mismo organismo, según la cual para resguardar el equilibrio de poderes, sólo podría haber una reelección inmediata.
Y si se llega a esta penúltima etapa, queda el obstáculo de los 7.300.000 votos que hay que producir. No es evidente que haya ese número de uribistas dispuestos a salir a la calle ese día. Tal vez ayude un hecho hasta ahora no tenido en cuenta por la opinión y es que se está pensando en hacer coincidir el referendo de la reelección con los otros dos referendos que están sobre el tapete -el de la cadena perpetua para quienes abusen de los niños y el del derecho al agua potable-. Empaquetado con dos causas tan populares, el de la reelección podría lograr una mayor participación.
A todo lo anterior se suma el problema de 2014. Ni a las 4.300.000 personas que firmaron a favor del referendo, ni al propio Uribe, les interesa que éste se retire del poder en 2010 y que deje una puerta abierta, por si el país lo necesita en el futuro. Sin embargo, el texto del referendo quedó mal escrito y no es seguro que ese error pueda ser corregido. El gobierno va a tratar en los dos debates que se avecinan en el Senado de cambiar la fecha por la de 2010. Pero ese intento ya lo hizo en la Cámara y fracasó. Como la mayoría de los parlamentarios uribistas en el fondo ya no cree en la segunda reelección, la forma de quedar bien con Dios y con el diablo es apoyar el texto original que fue presentado para las firmas. Con esa fórmula se puede argumentar que si bien pudo haber sido un error, legalmente no se puede modificar lo que quedó aprobado. Y esa disculpa santanderista para atajar la reelección puede ser invocada no sólo por el Congreso sino también por la Corte Constitucional, varios de cuyos miembros tienen las mismas reservas de los parlamentarios uribistas.
La realidad es que el referendo está siendo tramitado a la brava y que buena parte de quienes lo está apoyando en el Congreso y en la Corte lo están haciendo más por razones de lealtad que de convicción. Y ese mismo escepticismo se extiende no sólo a los gremios económicos, sino a varios de los más importantes funcionarios de este gobierno. Personajes como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes de dientes para afuera tienen que profesar su apoyo al tercer período, para sus adentros ruegan que la iniciativa fracase lo más pronto posible para lanzar sus candidaturas.
En la opinión pública la tendencia tampoco es muy favorable. Según la última encuesta de Gallup, el número de personas que quiere que el primer mandatario se pueda presentar de nuevo a las elecciones en 2010 ha disminuido significativamente. En sólo cuatro meses ha caído 14 puntos el porcentaje de los que están de acuerdo con la reelección. Pasaron del 69 por ciento en el Gallup Poll de agosto al 55 por ciento en el del viernes pasado (ver gráficas).
Como todas las consideraciones anteriores son evidentes, la insistencia de seguir adelante con el referendo deja la impresión de que el presidente Álvaro Uribe está un poco desfasado frente a realidades políticas y económicas que han surgido en 2008. Su popularidad es todavía muy grande, pero la clase dirigente ya quiere un relevo. Es verdad que se puede ganar una elección con el apoyo de las masas y el escepticismo de la clase dirigente. Pero esto no sería un comienzo fresco ni un buen augurio para la gobernabilidad de ahí en adelante.
Y no hay que descartar del todo que pueda suceder lo impensable: que después de una fuerte recesión en 2009 y en medio de unas circunstancias económicas adversas, el hombre providencial sea derrotado en las urnas. Le sucedió a Churchill inmediatamente después de haberle ganado la guerra a Hitler. Y le sucedió a Enrique Peñalosa en Colombia este año. Ninguno de estos desenlaces sería una buena forma de cerrar con broche de oro una de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.
Publicado en
www.semana.com
Álvaro Uribe hasta hace poco tiempo había sido considerado un iluminado político. Con su cara de seminarista, su hablado lleno de diminutivos y su empaque de auténtico paisa, se ha ganado un puesto único en el corazón de los colombianos. Esa habilidad de ser cercano al pueblo lo ha convertido en el Presidente más popular de los últimos 50 años. Y la combinación de paternalismo, microgerencia y mano dura hicieron de él un fenómeno poco común: un Presidente tan querido por el pueblo como por la clase dirigente.
Pero todo eso ha venido cambiando gradualmente en los últimos días. La prolongada ambigüedad sobre su reelección ha disminuido el entusiasmo por la misma. Por otra parte, el desgaste que produce el ejercicio del poder durante ocho años comienza a hacer mella.
Uribe es todavía un Presidente muy popular, pero por lo menos la clase dirigente ya no lo ve como un genio político. Colombia ha sido tradicionalmente un país de instituciones, lo cual es considerado por la opinión calificada como un patrimonio nacional. La elite económica, política e intelectual rechaza el caudillismo, tan común en la mayoría de los países del continente. El concepto del hombre fuerte o providencial no ha tenido arraigo en el país. Para su primera reelección, el Presidente había logrado neutralizar este sentimiento anticaudillista con sus triunfos contra la guerrilla. A esto se sumaba el argumento generalizado de que un período único de cuatro años era demasiado corto y por lo tanto valía la pena una reforma constitucional que solucionara el problema.
Estas consideraciones no son válidas en lo que se refiere a la segunda reelección. La experiencia de los sistemas presidencialistas han demostrado que ocho años es un período de gobierno más adecuado que 12. Reformar la Constitución por segunda vez con nombre propio carece de todo sentido en términos institucionales. Su única justificación sería la del hombre providencial, con lo cual se estarían invocando factores emocionales del líder y de las masas, consideraciones totalmente ajenas a un Estado desarrollado contemporáneo. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno.
Hasta la semana pasada se podía argumentar que todos estos arrebatos reeleccionistas eran el producto de una corte de áulicos que auténticamente creían que Álvaro Uribe era un hombre irreemplazable para la Nación. El Presidente se hacía el desentendido, pero se esperaba que su realismo y su sentido de autocrítica no estuvieran comprometidos en esa aventura. Con la declaración del Ministro del Interior y de Justicia la semana pasada de que al gobierno le gustaba el referendo, esa esperanza se desvaneció.
Y también se desvaneció la majestad de la Presidencia por la forma como se sacó a la brava el decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso para volver realidad esa reelección. Siempre se había pensado que por simples razones de pudor político el Presidente no permitiría que se convocara a sesiones extraordinarias solamente para perpetuarse en el poder. El hecho de que se hiciera dejó en evidencia que la ambigüedad de Uribe sobre el tema no obedecía a una estrategia de gobernabilidad, transitoria como se había especulado, sino a un interés concreto de aferrarse al cargo.
Ese destape se hizo de una forma lamentable. Una reforma constitucional de esa envergadura debería ser objeto de un tratamiento digno de su estatura. Lo que se vio la semana pasada fue más el producto de una aprobación a pupitrazo por parte de unas mayorías autoritarias que de un consenso nacional. La pretensión de que el referendo era un acto de iniciativa popular hecho a las espaldas del Presidente quedó borrada. El referendo de Luis Guillermo Giraldo quedó convertido en el referendo del gobierno. Seis ministros estuvieron presentes en el Congreso respaldando la iniciativa. Se ubicaron como guardia pretoriana alrededor del presidente de la Cámara para controlar todas sus palabras y sus movimientos. Una asesora del secretario General de Presidencia, lista en mano, tomaba nota de los parlamentarios presentes. "Está aquí para contarle al doctor Bernardo Moreno si hemos votado o no para que de pronto el gobierno tome represalias contra nosotros", denunció un congresista. Y otras dos asesoras se ubicaron en la puerta para evitar que se escapara cualquier voto clave. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que comenzó como la voluntad del constituyente primario, acabó convertida en un gol de la mayoría uribista en el Congreso arriada por el gobierno.
Lo sorprendente de todo este proceso es que tendría más sentido si la segunda reelección de Álvaro Uribe estuviera asegurada. Pero no lo está. Hasta ahora lo único que ha sucedido es que de los cuatro debates requeridos para darle vida al referendo, se aprobaron dos, los de la Cámara de Representantes. De ahí en adelante falta la aprobación en otros dos debates del Senado, uno en la comisión primera y otro en la plenaria. Además de eso, la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que todos los trámites del proceso, incluida la financiación, se ajustan a la ley. Después de esto se requiere el aval jurídico de la Corte Constitucional. Y, como si fuera poco, luego hay que conseguir que 7,3 millones de colombianos voten para que Uribe tenga el derecho de presentarse a una segunda reelección.
Cada una de las anteriores etapas tiene obstáculos propios. La aprobación en los dos debates que faltan en el Senado será más difícil de obtener de lo que fue en la Cámara. En privado, la mayoría de los senadores de la coalición que apoyan la reelección en público, ya no cree en esta. Por otra parte, el certificado de pureza en el proceso del referendo que debe dar el Consejo Nacional Electoral no se ve nada fácil si se tiene en cuenta la falta de claridad en las cuentas. El magistrado encargado del caso ha detectado de manera preliminar triangulación en la contabilidad y poco respeto por los topes exigidos por la ley.
En la Corte Constitucional la situación no es menos complicada. Cada vez que un actual o futuro miembro expresa su apoyo a la Constitución de 1991 está implícitamente dejando claro que se opone a un tercer período de Álvaro Uribe. Y hasta ahora son pocos los magistrados que no han enviado este mensaje. Si bien el gobierno puede incidir en las decisiones de la Corte, su campo de acción es limitado frente al que tiene en el Congreso. La Corte sin duda tendrá magistrados uribistas, pero estos son conscientes de que la independencia de este organismo y el prestigio como jurista de cada uno de ellos dependerán de la forma como se defina ese asunto.
Además, para que la Corte le dé luz verde a la segunda reelección de Uribe tendría que cambiar la jurisprudencia de ese mismo organismo, según la cual para resguardar el equilibrio de poderes, sólo podría haber una reelección inmediata.
Y si se llega a esta penúltima etapa, queda el obstáculo de los 7.300.000 votos que hay que producir. No es evidente que haya ese número de uribistas dispuestos a salir a la calle ese día. Tal vez ayude un hecho hasta ahora no tenido en cuenta por la opinión y es que se está pensando en hacer coincidir el referendo de la reelección con los otros dos referendos que están sobre el tapete -el de la cadena perpetua para quienes abusen de los niños y el del derecho al agua potable-. Empaquetado con dos causas tan populares, el de la reelección podría lograr una mayor participación.
A todo lo anterior se suma el problema de 2014. Ni a las 4.300.000 personas que firmaron a favor del referendo, ni al propio Uribe, les interesa que éste se retire del poder en 2010 y que deje una puerta abierta, por si el país lo necesita en el futuro. Sin embargo, el texto del referendo quedó mal escrito y no es seguro que ese error pueda ser corregido. El gobierno va a tratar en los dos debates que se avecinan en el Senado de cambiar la fecha por la de 2010. Pero ese intento ya lo hizo en la Cámara y fracasó. Como la mayoría de los parlamentarios uribistas en el fondo ya no cree en la segunda reelección, la forma de quedar bien con Dios y con el diablo es apoyar el texto original que fue presentado para las firmas. Con esa fórmula se puede argumentar que si bien pudo haber sido un error, legalmente no se puede modificar lo que quedó aprobado. Y esa disculpa santanderista para atajar la reelección puede ser invocada no sólo por el Congreso sino también por la Corte Constitucional, varios de cuyos miembros tienen las mismas reservas de los parlamentarios uribistas.
La realidad es que el referendo está siendo tramitado a la brava y que buena parte de quienes lo está apoyando en el Congreso y en la Corte lo están haciendo más por razones de lealtad que de convicción. Y ese mismo escepticismo se extiende no sólo a los gremios económicos, sino a varios de los más importantes funcionarios de este gobierno. Personajes como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes de dientes para afuera tienen que profesar su apoyo al tercer período, para sus adentros ruegan que la iniciativa fracase lo más pronto posible para lanzar sus candidaturas.
En la opinión pública la tendencia tampoco es muy favorable. Según la última encuesta de Gallup, el número de personas que quiere que el primer mandatario se pueda presentar de nuevo a las elecciones en 2010 ha disminuido significativamente. En sólo cuatro meses ha caído 14 puntos el porcentaje de los que están de acuerdo con la reelección. Pasaron del 69 por ciento en el Gallup Poll de agosto al 55 por ciento en el del viernes pasado (ver gráficas).
Como todas las consideraciones anteriores son evidentes, la insistencia de seguir adelante con el referendo deja la impresión de que el presidente Álvaro Uribe está un poco desfasado frente a realidades políticas y económicas que han surgido en 2008. Su popularidad es todavía muy grande, pero la clase dirigente ya quiere un relevo. Es verdad que se puede ganar una elección con el apoyo de las masas y el escepticismo de la clase dirigente. Pero esto no sería un comienzo fresco ni un buen augurio para la gobernabilidad de ahí en adelante.
Y no hay que descartar del todo que pueda suceder lo impensable: que después de una fuerte recesión en 2009 y en medio de unas circunstancias económicas adversas, el hombre providencial sea derrotado en las urnas. Le sucedió a Churchill inmediatamente después de haberle ganado la guerra a Hitler. Y le sucedió a Enrique Peñalosa en Colombia este año. Ninguno de estos desenlaces sería una buena forma de cerrar con broche de oro una de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.
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martes, 13 de enero de 2009
Autodefensas del sur del Magdalena e Isla de San Fernando
Las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, el nombre que asumió la organización en el momento de la desmovilización, eran conocidas como los Chepes o Cheperos, por el nombre de su jefe, José María Barrera, alias Chepe Barrera, que las había fundado más de veinte años antes.
"Chepe" Barrera
Este grupo nació en el departamento del Magdalena, donde también tenían presencia las autodefensas que comandaban Hernán Giraldo y Adán Rojas. Las de éstos estaban en la Sierra Nevada de Santa Marta y las de Chepe Barrera se movían en los municipios del sur del Magdalena como El Díficil, Ariguaní, Santana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel.
Tradicionalmente Chepe Barrera ocupó el sur del Magdalena, y según algunas versiones su dominio alcanzó también la depresión Momposina en Bolívar y cubrió igualmente parte del Cesar, al norte de la Serranía de San Lucas y al occidente de la serranía del Perijá desde donde bajaban grupos de las guerrillas para golpear en la zona plana y después replegarse. No obstante, cuando alias Jorge 40 se expandió, alrededor de 1999, negoció con Chepe Barrera y lo dejó circunscrito a un área muy restringida, en el corregimiento Los Andes del municipio de El Difícil. A pesar de ello, en el momento de las desmovilizaciones, el hijo de Chepe, Juan, afirmó que el grupo operaba en 11 municipios y apoyaba a otros grupos de autodefensa en unas cinco poblaciones.
Las autodefensas de Chepe Barrera, en sus inicios, muy posiblemente a finales de los ochenta y principios de los noventa, empezaron matando a ladrones de ganado. Así lo relató El Tiempo en 2005: “Dicen que al poco tiempo de llegar, ’Chepe Barrera’ le declaró la guerra a una banda de abigeos que pertenecían a una reconocida familia de apellido Méndez, de Plato y El Difícil (Magdalena), que tenían azotada a la región metiéndose a los corrales y robando ganado (…) Los habitantes aseguran que con ayuda del Ejército, Barrera combatió ferozmente a los Méndez hasta casi exterminarlos. Luego, conformó grupos de autodefensa que se dedicaron a combatir a la guerrilla, pero principalmente a lo que ellos denominan ’limpieza social’, dándoles un plazo perentorio a personas que no eran bien vistas por ellos para que se fueran de la región.”
Hay que tener en cuenta que con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Magdalena es en lo esencial plano y con vocación ganadera. Es por ello que las zonas planas no fueron principalmente zona de refugio de la guerrilla sino donde realizaban sus extorsiones y secuestros. Primero surgió el frente Francisco Javier Castaño del Eln, a principios de los noventa y en esa misma década, el Domingo Barrios de la misma agrupación. Paulatinamente empezaron a crecer los secuestros en El Banco, Pivijay, Ariguaní, Guamal, Plato, El Retén, y en otros pueblos aledaños. Igualmente las Farc realizaron algunos secuestros en los años noventa en las partes planas del Magdalena pero con menos frecuencia que el Eln.
Según algunas versiones no confirmadas, Barrera, de origen santandereano, perteneció al Ejército, pero la gente creía que era campesino. Comenzó trabajando las fincas Las Mercedes y Risaralda en el corregimiento Pueblito Los Andes. A juicio de un habitante: “se ganó a la gente entregándoles tierras para cultivar o tener ganado. A veces les regalaba vacas, les pagaba jornales por trabajar las tierras que él mismo les regalaba y hasta les construía sus casas".
Según la información disponible cosechó una fortuna con actividades ilegales. Según la revista Cambio, la Fiscalía le incautó 21 bienes, por un valor de 14.000 millones de pesos y le congelaron sus cuentas bancarias en Bucaramanga, Santa Marta y algunas poblaciones de Magdalena. “Según información de prensa –dice Cambio—, Barrera usó una red de testaferros para ocultar buena parte de su fortuna y, sin embargo, en su última declaración de renta conocida en 2004, reportó un patrimonio líquido superior a 2.208 millones de pesos. Diez de los bienes que hoy son materia de procesos de extinción, están en Santa Ana y son tierras de actividad pecuaria; ocho más pertenecen a Plato y el resto a Pijiño del Carmen, todos municipios del Magdalena.” Los Barrera adquirieron también influencia política en la región, y Juan Barrera, también desmovilizado, llegó a ser diputado en el Magdalena.
Las Autodefensas de Chepe Barrera surgieron como protectoras de ganaderos y finqueros que sufrían la presión de las guerrillas. Velaban por neutralizar a las guerrillas que presionaban desde los departamentos de Bolívar y Cesar. Su radio de acción era localizado y su propósito no era expansionista. No obstante, hacia 1999, cuando el proyecto de las Auc estaba en marcha, el grupo de Barrera fue cooptado por el Bloque Norte de las Auc. De acuerdo con un relato de un miembro de Los Cheperos citado en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia esto sucedió así:
“… Como para finales de 1999 hubo una fuerte presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que comandaba Mancuso, quien exigió a Chepe que le entregara el territorio. Chepe no quería problemas con nadie. Aunque las cosas no fueron tan fáciles tampoco…Mancuso quería las cosas así por él era el chacho y había que dárselo ya, pero luego vino el comandante Castaño y se reunió con nosotros. Él sí es un hombre que sabe negociar. Él le dijo a Chepe que firmaran una alianza, que no era que nosotros íbamos a dejar de mandar o de tener libertad en la zona, sino que ahora éramos parte de las Auc. Claro que ahora ellos son los que mandan. Tienen la base en San Ángel y Chepe se quedó con un grupo para su protección privada en un pueblo que se llama Los Andes, pertenece al Difícil. La gente a veces nos dice: ‘que tan distintos que eran los tiempos antes’; ahora la gente tiene miedo, está aterrorizada (…)”.
Otro poblador citado en el informe dijo que: “Al parecer en las negociaciones, se le dio la oportunidad a Chepe Barrera de elegir el territorio donde deseaba permanecer (…) No hubo una mala relación entre Chepe y las Auc…Chepe tomó una parte de la región y ‘40’ tomó la otra (…) Hay desplazamientos de la población civil con la llegada de alias ‘40’ a la región. Es que ellos son terroristas. Ahora hay muchas muertes, sobre todo los fines de semana encuentras tres y cuatro cadáveres en las esquinas…” .
Las masacres en el Magdalena, excluyendo los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se intensificaron a partir de 1998 pero adquirieron su máximo nivel a inicios de los 2000 cuando las Auc intensificaron los guerra. Las masacres de tres o más víctimas según el Departamento de Policía del Magdalena pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en 2000 siendo El Piñón, Pueblo Viejo, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados. A estos habría que agregarle Ciénaga que si tiene jurisdicción en la Sierra Nevada, pero igualmente cuenta con zonas planas. En este municipio quedaron registradas las víctimas de la masacre de la Ciénaga Grande, en el municipio de Sitio Nuevo, ocurrida 2000. Resulta difícil establecer para cada uno de los municipios si las masacres fueron responsabilidad de las Autodefensas del Sur del Magdalena (Los Cheperos), o de las Auc, pero es más probable que lo sean hayan de estas últimas, tal como ocurrió en la Ciénaga Grande.
Como resultado de las incursiones de las autodefensas, los secuestros empezaron a ceder. Excluyendo los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera, que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada, el pico de los secuestros fue en 2000, cuando ocurrieron treinta; en 2001 fueron solamente once y en 2002 cinco.
No obstante que el esfuerzo principal de las Auc y en particular de las Autodefensas del Sur del Magdalena se centró en neutralizar a las guerrillas y especialmente al Eln, la zona bajo su dominio se convirtió en un corredor del narcotráfico. Por allí pasaron cargamentos provenientes del sur de Bolívar con destino a la Sierra Nevada, desde donde se embarcaban al exterior. Pero esto sucedió cuando ya las Auc habían sometido a Chepe Barrera a sus órdenes. De ahí que es difícil saber hasta donde el negocio ilícito lo manejaba éste o las Auc. . Lo que sí es cierto es que aún después de las desmovilizaciones, algunas zonas del Magdalena siguen siendo corredores de tráfico de narcóticos.
Las autodefensas de Chepe Barrera hicieron parte integral de las Auc. No obstante, se desmovilizaron aparte de otros bloques y frentes de la misma organización. El 4 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 47 de sus integrantes que entregaron 41 armas en el Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana. La desmovilización de Barrera causó controversia. Por un lado Barrera había sido detenido por el Ejército en octubre de 2004 pero quedó libre en virtud de la Resolución 262, del 30 de noviembre del 2004, con la que el Gobierno le otorgó el estatus de miembro representante del estado mayor de las Autodefensas del sur del Magdalena. Así Barrera pudo volver a sus tierras y permanecer ahí, mientras otros jefes de las autodefensas siguieron concentrados. En febrero de 2005, El Tiempo informó que había comprobado que “Barrera gozaba de algunos privilegios como salir de Santa Fe Ralito, Córdoba, y andaba libremente en su finca Las Mercedes, en el Magdalena.” La Fiscalía siguió investigándolo y encontró mérito para detenerlo y ordenar la incautación de varios de sus bienes.
Cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó que los jefes paramilitares se concentraran en La Ceja, Antioquia, en 2006, Barrera fue sacado por la Policía de su finca Las Mercedes, en Pueblito de los Andes, sur del Magdalena, y llevado a los calabozos del Comando Departamental en Santa Marta.
Fuentes:
Observatorio Presidencial de DDHH y DIH. Panorama Reciente de la Sierra Nevada de santa Marta. Bogotá, 2002.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Jefe paramilitar que fue capturado goza de beneficios como si se hubiera desmovilizado. En: El Tiempo (ver)
Nuevas órdenes de captura a jefes paramilitares. En Revista Cambio (ver).
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Vote bien. El Fraude se huele en el Magdalena (ver).
La libertad del conocido jefe paramilitar José 'Chepe' Barrera, concedida la semana pasada, genera preocupación. ¿Quedarán impunes sus crímenes?. En: El Tiempo, 10 de julio de 2006.
www.verdadabierta.com
"Chepe" Barrera
Este grupo nació en el departamento del Magdalena, donde también tenían presencia las autodefensas que comandaban Hernán Giraldo y Adán Rojas. Las de éstos estaban en la Sierra Nevada de Santa Marta y las de Chepe Barrera se movían en los municipios del sur del Magdalena como El Díficil, Ariguaní, Santana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel.
Tradicionalmente Chepe Barrera ocupó el sur del Magdalena, y según algunas versiones su dominio alcanzó también la depresión Momposina en Bolívar y cubrió igualmente parte del Cesar, al norte de la Serranía de San Lucas y al occidente de la serranía del Perijá desde donde bajaban grupos de las guerrillas para golpear en la zona plana y después replegarse. No obstante, cuando alias Jorge 40 se expandió, alrededor de 1999, negoció con Chepe Barrera y lo dejó circunscrito a un área muy restringida, en el corregimiento Los Andes del municipio de El Difícil. A pesar de ello, en el momento de las desmovilizaciones, el hijo de Chepe, Juan, afirmó que el grupo operaba en 11 municipios y apoyaba a otros grupos de autodefensa en unas cinco poblaciones.
Las autodefensas de Chepe Barrera, en sus inicios, muy posiblemente a finales de los ochenta y principios de los noventa, empezaron matando a ladrones de ganado. Así lo relató El Tiempo en 2005: “Dicen que al poco tiempo de llegar, ’Chepe Barrera’ le declaró la guerra a una banda de abigeos que pertenecían a una reconocida familia de apellido Méndez, de Plato y El Difícil (Magdalena), que tenían azotada a la región metiéndose a los corrales y robando ganado (…) Los habitantes aseguran que con ayuda del Ejército, Barrera combatió ferozmente a los Méndez hasta casi exterminarlos. Luego, conformó grupos de autodefensa que se dedicaron a combatir a la guerrilla, pero principalmente a lo que ellos denominan ’limpieza social’, dándoles un plazo perentorio a personas que no eran bien vistas por ellos para que se fueran de la región.”
Hay que tener en cuenta que con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Magdalena es en lo esencial plano y con vocación ganadera. Es por ello que las zonas planas no fueron principalmente zona de refugio de la guerrilla sino donde realizaban sus extorsiones y secuestros. Primero surgió el frente Francisco Javier Castaño del Eln, a principios de los noventa y en esa misma década, el Domingo Barrios de la misma agrupación. Paulatinamente empezaron a crecer los secuestros en El Banco, Pivijay, Ariguaní, Guamal, Plato, El Retén, y en otros pueblos aledaños. Igualmente las Farc realizaron algunos secuestros en los años noventa en las partes planas del Magdalena pero con menos frecuencia que el Eln.
Según algunas versiones no confirmadas, Barrera, de origen santandereano, perteneció al Ejército, pero la gente creía que era campesino. Comenzó trabajando las fincas Las Mercedes y Risaralda en el corregimiento Pueblito Los Andes. A juicio de un habitante: “se ganó a la gente entregándoles tierras para cultivar o tener ganado. A veces les regalaba vacas, les pagaba jornales por trabajar las tierras que él mismo les regalaba y hasta les construía sus casas".
Según la información disponible cosechó una fortuna con actividades ilegales. Según la revista Cambio, la Fiscalía le incautó 21 bienes, por un valor de 14.000 millones de pesos y le congelaron sus cuentas bancarias en Bucaramanga, Santa Marta y algunas poblaciones de Magdalena. “Según información de prensa –dice Cambio—, Barrera usó una red de testaferros para ocultar buena parte de su fortuna y, sin embargo, en su última declaración de renta conocida en 2004, reportó un patrimonio líquido superior a 2.208 millones de pesos. Diez de los bienes que hoy son materia de procesos de extinción, están en Santa Ana y son tierras de actividad pecuaria; ocho más pertenecen a Plato y el resto a Pijiño del Carmen, todos municipios del Magdalena.” Los Barrera adquirieron también influencia política en la región, y Juan Barrera, también desmovilizado, llegó a ser diputado en el Magdalena.
Las Autodefensas de Chepe Barrera surgieron como protectoras de ganaderos y finqueros que sufrían la presión de las guerrillas. Velaban por neutralizar a las guerrillas que presionaban desde los departamentos de Bolívar y Cesar. Su radio de acción era localizado y su propósito no era expansionista. No obstante, hacia 1999, cuando el proyecto de las Auc estaba en marcha, el grupo de Barrera fue cooptado por el Bloque Norte de las Auc. De acuerdo con un relato de un miembro de Los Cheperos citado en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia esto sucedió así:
“… Como para finales de 1999 hubo una fuerte presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que comandaba Mancuso, quien exigió a Chepe que le entregara el territorio. Chepe no quería problemas con nadie. Aunque las cosas no fueron tan fáciles tampoco…Mancuso quería las cosas así por él era el chacho y había que dárselo ya, pero luego vino el comandante Castaño y se reunió con nosotros. Él sí es un hombre que sabe negociar. Él le dijo a Chepe que firmaran una alianza, que no era que nosotros íbamos a dejar de mandar o de tener libertad en la zona, sino que ahora éramos parte de las Auc. Claro que ahora ellos son los que mandan. Tienen la base en San Ángel y Chepe se quedó con un grupo para su protección privada en un pueblo que se llama Los Andes, pertenece al Difícil. La gente a veces nos dice: ‘que tan distintos que eran los tiempos antes’; ahora la gente tiene miedo, está aterrorizada (…)”.
Otro poblador citado en el informe dijo que: “Al parecer en las negociaciones, se le dio la oportunidad a Chepe Barrera de elegir el territorio donde deseaba permanecer (…) No hubo una mala relación entre Chepe y las Auc…Chepe tomó una parte de la región y ‘40’ tomó la otra (…) Hay desplazamientos de la población civil con la llegada de alias ‘40’ a la región. Es que ellos son terroristas. Ahora hay muchas muertes, sobre todo los fines de semana encuentras tres y cuatro cadáveres en las esquinas…” .
Las masacres en el Magdalena, excluyendo los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se intensificaron a partir de 1998 pero adquirieron su máximo nivel a inicios de los 2000 cuando las Auc intensificaron los guerra. Las masacres de tres o más víctimas según el Departamento de Policía del Magdalena pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en 2000 siendo El Piñón, Pueblo Viejo, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados. A estos habría que agregarle Ciénaga que si tiene jurisdicción en la Sierra Nevada, pero igualmente cuenta con zonas planas. En este municipio quedaron registradas las víctimas de la masacre de la Ciénaga Grande, en el municipio de Sitio Nuevo, ocurrida 2000. Resulta difícil establecer para cada uno de los municipios si las masacres fueron responsabilidad de las Autodefensas del Sur del Magdalena (Los Cheperos), o de las Auc, pero es más probable que lo sean hayan de estas últimas, tal como ocurrió en la Ciénaga Grande.
Como resultado de las incursiones de las autodefensas, los secuestros empezaron a ceder. Excluyendo los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera, que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada, el pico de los secuestros fue en 2000, cuando ocurrieron treinta; en 2001 fueron solamente once y en 2002 cinco.
No obstante que el esfuerzo principal de las Auc y en particular de las Autodefensas del Sur del Magdalena se centró en neutralizar a las guerrillas y especialmente al Eln, la zona bajo su dominio se convirtió en un corredor del narcotráfico. Por allí pasaron cargamentos provenientes del sur de Bolívar con destino a la Sierra Nevada, desde donde se embarcaban al exterior. Pero esto sucedió cuando ya las Auc habían sometido a Chepe Barrera a sus órdenes. De ahí que es difícil saber hasta donde el negocio ilícito lo manejaba éste o las Auc. . Lo que sí es cierto es que aún después de las desmovilizaciones, algunas zonas del Magdalena siguen siendo corredores de tráfico de narcóticos.
Las autodefensas de Chepe Barrera hicieron parte integral de las Auc. No obstante, se desmovilizaron aparte de otros bloques y frentes de la misma organización. El 4 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 47 de sus integrantes que entregaron 41 armas en el Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana. La desmovilización de Barrera causó controversia. Por un lado Barrera había sido detenido por el Ejército en octubre de 2004 pero quedó libre en virtud de la Resolución 262, del 30 de noviembre del 2004, con la que el Gobierno le otorgó el estatus de miembro representante del estado mayor de las Autodefensas del sur del Magdalena. Así Barrera pudo volver a sus tierras y permanecer ahí, mientras otros jefes de las autodefensas siguieron concentrados. En febrero de 2005, El Tiempo informó que había comprobado que “Barrera gozaba de algunos privilegios como salir de Santa Fe Ralito, Córdoba, y andaba libremente en su finca Las Mercedes, en el Magdalena.” La Fiscalía siguió investigándolo y encontró mérito para detenerlo y ordenar la incautación de varios de sus bienes.
Cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó que los jefes paramilitares se concentraran en La Ceja, Antioquia, en 2006, Barrera fue sacado por la Policía de su finca Las Mercedes, en Pueblito de los Andes, sur del Magdalena, y llevado a los calabozos del Comando Departamental en Santa Marta.
Fuentes:
Observatorio Presidencial de DDHH y DIH. Panorama Reciente de la Sierra Nevada de santa Marta. Bogotá, 2002.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Jefe paramilitar que fue capturado goza de beneficios como si se hubiera desmovilizado. En: El Tiempo (ver)
Nuevas órdenes de captura a jefes paramilitares. En Revista Cambio (ver).
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Vote bien. El Fraude se huele en el Magdalena (ver).
La libertad del conocido jefe paramilitar José 'Chepe' Barrera, concedida la semana pasada, genera preocupación. ¿Quedarán impunes sus crímenes?. En: El Tiempo, 10 de julio de 2006.
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El sobreviviente
La sorprendente historia de Rubén Montes Ospina, un Técnico de El Castillo, Meta, que consiguió escapar del secuestro y la tortura del Bloque Héroes de los Llanos para constatar las falsedades que sus verdugos “confiesan” en las Versiones Libres.
Todos los viernes en la mañana un grupo de 20 pobladores del municipio de El Castillo, al sur del departamento del Meta, se reunían para barrer las calles y senderos peatonales del pueblo hasta la una de la tarde. Contrario a lo que podría pensarse no se trataba de una muestra de cultura cívica, los habitantes lo hacían obligados por alias ‘Costeño’ uno de los milicianos urbanos del frente Héroes de los Llanos, que imponía a la comunidad de 7.000 habitantes un régimen de trabajo forzado.
‘Costeño’ llegó a El Castillo en febrero del 2004, acompañado de cuatro paramilitares para sustituir un grupo de paramilitares urbanos que fueron sancionados por “indisciplina”. En aquella ocasión un ‘para’ embriagado encañonó a otro durante un bazar para recoger fondos.
Los nuevos paramilitares, bajo las órdenes de Haimer Antonio Pulgarín Cárdenas, alias ‘Enrique’, se presentaron en todos los locales del pueblo exigiendo vacuna e información de milicianos de la guerrilla. Para ese entonces El Castillo permanecía sitiado por el Frente 39 de las Farc, comandado por el Mono Jojoy y las autodefensas lideradas por alias ‘Julian’ que veían en el pueblo un corredor estratégico para el narcotráfico.
Ambos bandos confluían en el único local de reparación de electrodomésticos del municipio, donde Rubén Montes Ospina se encargaba de arreglar desde radios de transmisión hasta televisores y equipos de sonido. Los técnicos esperaban con ansias los fines de semana a milicianos y paramilitares, pues eran los únicos que tenían dinero para pagar por el arreglo de sus equipos, incluso pagaban una tarifa mayor.
Rubén conoció a los paramilitares desde su llegada a El Castillo en el 2003. Era vecino del jefe paramilitar del pueblo, conocido como ‘Enrique’, en las Residencias Central: una casa de un solo piso con 18 habitaciones en el centro.
‘Enrique’ comenzó a solicitar los servicios de Rubén para reparar los electrodomésticos de sus negocios, ya que era dueño de una bodega de cerveza y un puesto de billar en El Castillo. En esa misma época Rubén ingresó a la Red de Cooperantes del Ejército Nacional, motivado por la insistencia de un policía de apellido Jiménez que recorría la vereda con formularios motivando a los habitantes a velar por la seguridad del pueblo.
Para esos días ‘Enrique’ comentó a Rubén sobre un atentado que el frente 39 de las Farc planeaba en su contra, según el paramilitar un presunto miliciano del pueblo conocido como ‘Domingo’, tenía la orden de asesinarlo por 18 millones de pesos. ‘Domingo’ apareció muerto a los pocos días en la vereda de Caño Seco, desde entonces el paramilitar comenzó a exhibir una pistola nueve milímetros y tres granadas de fragmentación que supuestamente confiscó a su víctima.
La muerte de ‘Domingo’ coincidió con el accidente del comandante de policía de El Castillo, conocido en la vereda como el teniente Domínguez, quien sufrió lesiones leves mientras se transportaba en moto; como reemplazo provisional asumió el capitán Rincón que en pocos días cambió la situación del pueblo. El nuevo comandante desterró a los paramilitares de la vereda y les impidió continuar con su sistema de vacunas.
De nuevo ‘Enrique’ volvió a hablar con Rubén, pero en esa ocasión lo hizo para expresar su inconformidad sobre el nuevo comandante de policía de El Castillo. Le dijo que pretendía asesinar al capitán con las mismas armas que había encontrado en los restos de ‘Domingo’.
Quince días después Rubén tomó la determinación de acudir a la estación de policía para advertir al comandante sobre los planes de los paramilitares. El capitán Rincón acogió la advertencia y empezó a patrullar con escolta y se escapó de la condena.
Dos meses más tarde el teniente Domínguez asumió de nuevo su labor a cargo de la Policía de El Castillo, inmediatamente los paramilitares comandados por ‘Enrique’ volvieron a fortalecerse y el número de asesinatos se incrementó en el pueblo. Rubén comenzó a percibir algo extraño en su trato con el jefe militar de las autodefensas, no lo saludaba en la residencia y lo miraba mal con frecuencia.
En esos días Rubén recibió un equipo de sonido de ‘Enrique’ en el taller, lo reparó pero olvidó ponerle un ventilador por lo que el equipo se dañó al poco tiempo. ‘Enrique’ incriminó a Rubén en la residencia en la noche, después de discutir álgidamente decidieron llevar el equipo en la mañana para que lo arreglara.
Como era costumbre Rubén realizó un viaje a Villavicencio el 23 de mayo del 2004 para comprar partes de equipos y suministros para el taller. Al regresar recibió la visita de alias ‘Rufo’, uno de los paramilitares bajo las órdenes de ‘Enrique’, quien le dijo que su jefe lo necesitaba con urgencia para arreglar un televisor.
‘Rufo’ llevó en moto a Rubén hasta una casa en el barrio Santander de El Castillo, cerca del cementerio. Cuando se disponía a revisar el monitor se vio sorprendido por el metal frío de la pistola de ‘Enrique’: “Hijueputa usted es un sapo, tírese al suelo gonorrea que lo voy a matar, usted es un sapo, ya me enteré que usted dijo al capitán que lo iba a matar”, le grito.
Esposado, Rubén fue sometido a una terrible golpiza. En múltiples ocasiones ‘Enrique’ lo acusaba de cargar un machete para matarlo. Lo golpeaba con la “cacha” del rifle en la cabeza y lo pateaba en el suelo. El ritual se extendió por varios minutos hasta que el jefe se fue a almorzar.
Antes de salir, ‘Enrique’ entregó a ‘Rufo’ una daga. El cuchillo era famoso en El Castillo porque los paramilitares tenían la orden de no disparar en el casco urbano y la daga era lo suficientemente larga para atravesar de lado a lado el cuerpo de la victima que generalmente moría degollada o apuñalada en el corazón.
‘Rufo’ sentó a Rubén al borde de una cama grande. Le mostraba un álbum de fotos que registraba paso a paso el desmembramiento de presuntos milicianos de las Farc. “Así lo vamos a dejar por sapo”, repetía. ‘Vista Hermosa’ y ‘Reserva’ continuaron con la tortura cuando ‘Rufo’ se fue: “Cortamos en la coyuntura para que lo sientan, le decían, para que aprendan a no ser tan gonorreas”.
Los dos paramilitares comenzaron a cortar los dedos de Rubén con una navaja, le decían que le iban a levantar la uñas y que iban a esparcir su cuerpo por todo el pueblo para que la gente no supiera que había pasado con él. Rubén se aferraba a Dios y trataba de orar cuando los paramilitares dejaban de torturarlo, les repetía que lo dejarán ir, que tomaran sus pertenencias, incluso les comentó de sus ahorros, tres millones de pesos que escondía entre un pantalón en la residencia.
En las horas de la tarde ‘Rufo’ y ‘Enrique’ volvieron a la vivienda con las pertenencias de Rubén: “Las vamos a quemar, a usted hay que desaparecerlo, no podemos dejar rastro” le dijeron. Por primera vez Rubén comenzó a sentir que su muerte era inevitable; intentaba arrodillarse para rezar mientras los paramilitares se burlaban de él y le decían que se iba a encontrar con Satanás.
‘Enrique’ sacó el computador portátil de Rubén y su cámara de fotografías. “Usted me estaba tomando fotos y se las dio a la Fiscalía”, le gritó. Después de revisar los archivos de su computador y la memoria de la cámara sin encontrar evidencia los cuatro paramilitares salieron al parque para incinerar las pertenecías de Rubén, entre ellas todos sus papeles de identificación. Antes, lo hicieron desnudarse, según ellos buscando señales que permitieran a las autoridades recuperar su cuerpo en un futuro. Los paramilitares encontraron una cicatriz en su brazo izquierdo, le dijeron que le iban a quitar el pedazo.
Rubén pidió a sus verdugos que lo dejaran ir al baño, ‘Rufo’ lo condujo al inodoro y esposó sus manos delante de su cuerpo para que pudiera bajar la bragueta del pantalón. Una vez afuera Rubén solicitó a ‘Rufo’ que lo dejara tomar aire. El paramilitar lo esposó a una mecedora justo delante del jardín donde sus compañeros iniciaban la fogata.
Rubén comenzó a pedir a Dios por su vida, trataba de aclarar su mente pensando cómo escapar, sus plegarias fueron interrumpidas por el sonido estrepitoso del tanque de agua que comenzaba a llenarse con mucha presión.
Después de balancear la silla y percatarse de que el sonido del agua impedía a los paramilitares escuchar su movimiento, Rubén decidió hacer un intento por salvar su vida. Meciéndose con el impulso de sus piernas, que permanecían atadas a la cama trató de andar hacia el jardín. Lanzó una patada con todas sus fuerzas a la puerta que se cerró inmediatamente. El impulso hizo que la mecedora quedara encima de su cabeza, a cuestas de su espalda, dejando parcialmente libres sus manos esposadas.
Podía escuchar a los paramilitares al otro lado del jardín. Con mucho esfuerzo consiguió soltar el nudo de sus piernas y salió de la casa cargando la silla pidiendo ayuda a gritos.
Ya afuera, se dirigió a la casa de un amigo que vivía en el barrio. “Usted nos va a traer son problemas, mejor vaya a la policía”, le dijo. Rubén hizo caso omiso a la sugerencia, se quitó la silla de encima y se encerró en el cuarto de uno de sus hijos. Intentó esconderse debajo de la cama pero el tamaño del catre era demasiado pequeño, entonces decidió permanecer en completo silencio esperando por un milagro. En esta ocasión sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los radios de comunicación de los paramilitares y la voz de ‘Enrique’: habían dado con su paradero.
Rubén permaneció en completo silencio, apenas dejó de escuchar la conversación de sus verdugos se armó de valor y decidió abrir la puerta dispuesto a correr con todas sus fuerzas a la estación de policía. No se imaginaba que sus captores lo esperaban en la salida del cuarto.
Una vez más Rubén recibió el castigo de los cuatro paramilitares, lo pateaban en el suelo, los golpes aflojaban sus dientes delanteros, perdió la visión por la hinchazón de sus párpados. ‘Rufo’ se abalanzó sobre él con la daga, en ese momento Rubén consiguió apoderarse de la pistola que el paramilitar guardaba debajo de su brazo, intentaba quitarle el seguro sin éxito mientras recibía los golpes en el suelo. Finalmente desistió al recibir una patada en el estómago que lo hizo soltar el arma.
“Llegaron los cilantros”, dijo una voz. Rubén comenzó a gritar con fuerza pidiendo ayuda. Vio que sus captores huían. Estaba solo. ¡Policía!-, gritaba, -¡Ayuda!-. Un oficial contestó a sus gritos, lo buscaban en el tejado. Rubén era incapaz de moverse, eran las 5:30 de la tarde, hacía más de seis horas que su cuerpo soportaba la tortura de los paramilitares.
Milagrosamente Rubén fue rescatado, inmediatamente fue llevado al centro de atención más cercano. Al día siguiente la autoridades de El Castillo lo llevaron a Cubarral, de allí la policía de carreteras lo llevó hasta la SIJIN de Villavicencio, donde fue valorado y le tomaron indagatoria. El Médico Forense Gentil Espinosa Carreño diagnosticó en el que Rubén había sido severamente torturado.
Durante más de tres meses Rubén permaneció recuperándose en la casa de su mamá en Villavicencio. Al poco tiempo comenzó a descubrir que las secuelas de los abusos cometidos por los paramilitares no solo serían físicas. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, Rubén se escondía debajo de las camas y las mesas. “Sentía que volvían por mí”, asegura.
Apenas se recuperó comenzó a adelantar trámites con la Defensoría del Pueblo y con Acción Social, ambas entidades le colaboraron preparando una carpeta de documentos para buscar asilo en la embajada de Canadá. Irónicamente los mismos documentos, que fueron rechazados, salvaron su vida el 9 de septiembre del 2004. Para esa fecha Rubén se percató de que dos personas sospechosas lo miraban en la Red de Solidaridad Social de Villavicencio; intimidado intentó salir del recinto pero fue sorprendido por una puñalada que quedó incrustada en la carpeta de papeles. “Usted tiene problemas con nosotros, usted no se nos escapa”, le gritaron.
Rubén se escondió en una sucursal del Banco Colmena. Inicialmente el celador de la entidad intentó sacarlo, pero ante su insistencia, le avisó a la policía. Esa noche permaneció resguardado en la Sijin hasta las nueve de la noche. Después sólo se ocupó de sobrevivir.
El 19 de diciembre del 2004 en Granada, Meta, ‘Enrique’ fue capturado y Rubén fue citado para reconocerlo y luego rindió testimonio en su contra. Alguien intentó comprarlo para que no atestiguara, pero él se rehusó.
En octubre del 2007 Rubén recibió una citación para acudir a la diligencia de Versión libre de ‘Rufo’, quien se había desmovilizado con el Bloque Héroes de los Llanos. Su asombro no pudo ser mayor al enterarse de que el ex paramilitar había confesado haberle hecho daño.
A medida que escuchaba a ‘Rufo’ en su versión, a Rubén se le fue subiendo la rabia. ‘Rufo’ admitió que lo había secuestrado pero dijo que él tenía la intención de asesinar a ‘Enrique’ con un machete y colaboraba con la guerrilla. Rubén sabía que mentía, ni siquiera confesó las torturas a las que lo sometieron.
Después le pudo contar su versión de los hechos a la fiscal del caso. Ella dijo que iba a tenerlo en cuenta para cuando formulara los cargos contra ‘Rufo’ en una audiencia de imputación parcial de delitos el siguiente 27 de noviembre del 2008.
Ese día, Rubén caminó más de tres horas hasta los Tribunales de Cundinamarca en Ciudad Salitre con el estomago vacío. Ingresó al recinto y esperó, con la misma paciencia que lleva esperando por una solución a sus problemas, la imputación de su caso.
La fiscal expuso uno a uno los cargos de asesinato en contra de su verdugo. Cuando le imputó los delitos cometidos contra Rubén, él pensó en todos esos vecinos y conocidos que no tuvieron la suerte de escapar de las garras de los paramilitares. Inmediatamente exigió al Magistrado que le dejara expresarse: “Yo soy la víctima de ese maldito, soy el caso número 11, el que están tratando, ese maldito no merece vivir, ese maldito merece la pena de muerte con todos esos crímenes que ha hecho”, gritó.
Los hombres del Inpec se abalanzaron sobre Rubén inmediatamente y lo obligaron a abandonar la sala. Una sicóloga de la Comisión de Reparación (CNRR) y un funcionario de la Fiscalía, intentaron controlarlo. “Se me durmieron los brazos y la piernas”, cuenta Rubén.
Desde que llegó a Bogotá la vida no le ha sido fácil. Tiene 34 años y no ha podido conseguir un trabajo estable porque no tiene papeles. Su cédula está en trámite en Tunja, donde sobrevivió con los 5 millones de pesos que le dieron del Programa de Protección a Víctimas.
Ahora está en Bogotá viviendo donde un amigo que no le cobra. Espera que la ley de Justicia y Paz le restituya parte de los derechos que le fueron vulnerados aquel 27 de mayo del 2004 cuando su vida cambió para siempre. “Si me llega a pasar algo, el Estado tiene la culpa por no brindarme la protección”, dice.
Como Rubén, las más de 6.000 víctimas que tiene registrado el Bloque Héroes de los Llanos en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) esperan por la reparación integral a los daños padecidos por los grupos de autodefensa.
Mientras que Rubén, la víctima, espera por lo menos que se le proteja la vida y se le compense en algo los daños sufridos; ‘Rufo’, el victimario, espera que le valgan sus confesiones para que pueda acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años de cárcel como toda condena por los delitos que cometió. Pero si miente, perderá los beneficios y recibirá muchas condenas simultáneas por los daños tremendos que hizo a la gente del común en los tiempos en que los paramilitares mandaban en los Llanos.
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Todos los viernes en la mañana un grupo de 20 pobladores del municipio de El Castillo, al sur del departamento del Meta, se reunían para barrer las calles y senderos peatonales del pueblo hasta la una de la tarde. Contrario a lo que podría pensarse no se trataba de una muestra de cultura cívica, los habitantes lo hacían obligados por alias ‘Costeño’ uno de los milicianos urbanos del frente Héroes de los Llanos, que imponía a la comunidad de 7.000 habitantes un régimen de trabajo forzado.
‘Costeño’ llegó a El Castillo en febrero del 2004, acompañado de cuatro paramilitares para sustituir un grupo de paramilitares urbanos que fueron sancionados por “indisciplina”. En aquella ocasión un ‘para’ embriagado encañonó a otro durante un bazar para recoger fondos.
Los nuevos paramilitares, bajo las órdenes de Haimer Antonio Pulgarín Cárdenas, alias ‘Enrique’, se presentaron en todos los locales del pueblo exigiendo vacuna e información de milicianos de la guerrilla. Para ese entonces El Castillo permanecía sitiado por el Frente 39 de las Farc, comandado por el Mono Jojoy y las autodefensas lideradas por alias ‘Julian’ que veían en el pueblo un corredor estratégico para el narcotráfico.
Ambos bandos confluían en el único local de reparación de electrodomésticos del municipio, donde Rubén Montes Ospina se encargaba de arreglar desde radios de transmisión hasta televisores y equipos de sonido. Los técnicos esperaban con ansias los fines de semana a milicianos y paramilitares, pues eran los únicos que tenían dinero para pagar por el arreglo de sus equipos, incluso pagaban una tarifa mayor.
Rubén conoció a los paramilitares desde su llegada a El Castillo en el 2003. Era vecino del jefe paramilitar del pueblo, conocido como ‘Enrique’, en las Residencias Central: una casa de un solo piso con 18 habitaciones en el centro.
‘Enrique’ comenzó a solicitar los servicios de Rubén para reparar los electrodomésticos de sus negocios, ya que era dueño de una bodega de cerveza y un puesto de billar en El Castillo. En esa misma época Rubén ingresó a la Red de Cooperantes del Ejército Nacional, motivado por la insistencia de un policía de apellido Jiménez que recorría la vereda con formularios motivando a los habitantes a velar por la seguridad del pueblo.
Para esos días ‘Enrique’ comentó a Rubén sobre un atentado que el frente 39 de las Farc planeaba en su contra, según el paramilitar un presunto miliciano del pueblo conocido como ‘Domingo’, tenía la orden de asesinarlo por 18 millones de pesos. ‘Domingo’ apareció muerto a los pocos días en la vereda de Caño Seco, desde entonces el paramilitar comenzó a exhibir una pistola nueve milímetros y tres granadas de fragmentación que supuestamente confiscó a su víctima.
La muerte de ‘Domingo’ coincidió con el accidente del comandante de policía de El Castillo, conocido en la vereda como el teniente Domínguez, quien sufrió lesiones leves mientras se transportaba en moto; como reemplazo provisional asumió el capitán Rincón que en pocos días cambió la situación del pueblo. El nuevo comandante desterró a los paramilitares de la vereda y les impidió continuar con su sistema de vacunas.
De nuevo ‘Enrique’ volvió a hablar con Rubén, pero en esa ocasión lo hizo para expresar su inconformidad sobre el nuevo comandante de policía de El Castillo. Le dijo que pretendía asesinar al capitán con las mismas armas que había encontrado en los restos de ‘Domingo’.
Quince días después Rubén tomó la determinación de acudir a la estación de policía para advertir al comandante sobre los planes de los paramilitares. El capitán Rincón acogió la advertencia y empezó a patrullar con escolta y se escapó de la condena.
Dos meses más tarde el teniente Domínguez asumió de nuevo su labor a cargo de la Policía de El Castillo, inmediatamente los paramilitares comandados por ‘Enrique’ volvieron a fortalecerse y el número de asesinatos se incrementó en el pueblo. Rubén comenzó a percibir algo extraño en su trato con el jefe militar de las autodefensas, no lo saludaba en la residencia y lo miraba mal con frecuencia.
En esos días Rubén recibió un equipo de sonido de ‘Enrique’ en el taller, lo reparó pero olvidó ponerle un ventilador por lo que el equipo se dañó al poco tiempo. ‘Enrique’ incriminó a Rubén en la residencia en la noche, después de discutir álgidamente decidieron llevar el equipo en la mañana para que lo arreglara.
Como era costumbre Rubén realizó un viaje a Villavicencio el 23 de mayo del 2004 para comprar partes de equipos y suministros para el taller. Al regresar recibió la visita de alias ‘Rufo’, uno de los paramilitares bajo las órdenes de ‘Enrique’, quien le dijo que su jefe lo necesitaba con urgencia para arreglar un televisor.
‘Rufo’ llevó en moto a Rubén hasta una casa en el barrio Santander de El Castillo, cerca del cementerio. Cuando se disponía a revisar el monitor se vio sorprendido por el metal frío de la pistola de ‘Enrique’: “Hijueputa usted es un sapo, tírese al suelo gonorrea que lo voy a matar, usted es un sapo, ya me enteré que usted dijo al capitán que lo iba a matar”, le grito.
Esposado, Rubén fue sometido a una terrible golpiza. En múltiples ocasiones ‘Enrique’ lo acusaba de cargar un machete para matarlo. Lo golpeaba con la “cacha” del rifle en la cabeza y lo pateaba en el suelo. El ritual se extendió por varios minutos hasta que el jefe se fue a almorzar.
Antes de salir, ‘Enrique’ entregó a ‘Rufo’ una daga. El cuchillo era famoso en El Castillo porque los paramilitares tenían la orden de no disparar en el casco urbano y la daga era lo suficientemente larga para atravesar de lado a lado el cuerpo de la victima que generalmente moría degollada o apuñalada en el corazón.
‘Rufo’ sentó a Rubén al borde de una cama grande. Le mostraba un álbum de fotos que registraba paso a paso el desmembramiento de presuntos milicianos de las Farc. “Así lo vamos a dejar por sapo”, repetía. ‘Vista Hermosa’ y ‘Reserva’ continuaron con la tortura cuando ‘Rufo’ se fue: “Cortamos en la coyuntura para que lo sientan, le decían, para que aprendan a no ser tan gonorreas”.
Los dos paramilitares comenzaron a cortar los dedos de Rubén con una navaja, le decían que le iban a levantar la uñas y que iban a esparcir su cuerpo por todo el pueblo para que la gente no supiera que había pasado con él. Rubén se aferraba a Dios y trataba de orar cuando los paramilitares dejaban de torturarlo, les repetía que lo dejarán ir, que tomaran sus pertenencias, incluso les comentó de sus ahorros, tres millones de pesos que escondía entre un pantalón en la residencia.
En las horas de la tarde ‘Rufo’ y ‘Enrique’ volvieron a la vivienda con las pertenencias de Rubén: “Las vamos a quemar, a usted hay que desaparecerlo, no podemos dejar rastro” le dijeron. Por primera vez Rubén comenzó a sentir que su muerte era inevitable; intentaba arrodillarse para rezar mientras los paramilitares se burlaban de él y le decían que se iba a encontrar con Satanás.
‘Enrique’ sacó el computador portátil de Rubén y su cámara de fotografías. “Usted me estaba tomando fotos y se las dio a la Fiscalía”, le gritó. Después de revisar los archivos de su computador y la memoria de la cámara sin encontrar evidencia los cuatro paramilitares salieron al parque para incinerar las pertenecías de Rubén, entre ellas todos sus papeles de identificación. Antes, lo hicieron desnudarse, según ellos buscando señales que permitieran a las autoridades recuperar su cuerpo en un futuro. Los paramilitares encontraron una cicatriz en su brazo izquierdo, le dijeron que le iban a quitar el pedazo.
Rubén pidió a sus verdugos que lo dejaran ir al baño, ‘Rufo’ lo condujo al inodoro y esposó sus manos delante de su cuerpo para que pudiera bajar la bragueta del pantalón. Una vez afuera Rubén solicitó a ‘Rufo’ que lo dejara tomar aire. El paramilitar lo esposó a una mecedora justo delante del jardín donde sus compañeros iniciaban la fogata.
Rubén comenzó a pedir a Dios por su vida, trataba de aclarar su mente pensando cómo escapar, sus plegarias fueron interrumpidas por el sonido estrepitoso del tanque de agua que comenzaba a llenarse con mucha presión.
Después de balancear la silla y percatarse de que el sonido del agua impedía a los paramilitares escuchar su movimiento, Rubén decidió hacer un intento por salvar su vida. Meciéndose con el impulso de sus piernas, que permanecían atadas a la cama trató de andar hacia el jardín. Lanzó una patada con todas sus fuerzas a la puerta que se cerró inmediatamente. El impulso hizo que la mecedora quedara encima de su cabeza, a cuestas de su espalda, dejando parcialmente libres sus manos esposadas.
Podía escuchar a los paramilitares al otro lado del jardín. Con mucho esfuerzo consiguió soltar el nudo de sus piernas y salió de la casa cargando la silla pidiendo ayuda a gritos.
Ya afuera, se dirigió a la casa de un amigo que vivía en el barrio. “Usted nos va a traer son problemas, mejor vaya a la policía”, le dijo. Rubén hizo caso omiso a la sugerencia, se quitó la silla de encima y se encerró en el cuarto de uno de sus hijos. Intentó esconderse debajo de la cama pero el tamaño del catre era demasiado pequeño, entonces decidió permanecer en completo silencio esperando por un milagro. En esta ocasión sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los radios de comunicación de los paramilitares y la voz de ‘Enrique’: habían dado con su paradero.
Rubén permaneció en completo silencio, apenas dejó de escuchar la conversación de sus verdugos se armó de valor y decidió abrir la puerta dispuesto a correr con todas sus fuerzas a la estación de policía. No se imaginaba que sus captores lo esperaban en la salida del cuarto.
Una vez más Rubén recibió el castigo de los cuatro paramilitares, lo pateaban en el suelo, los golpes aflojaban sus dientes delanteros, perdió la visión por la hinchazón de sus párpados. ‘Rufo’ se abalanzó sobre él con la daga, en ese momento Rubén consiguió apoderarse de la pistola que el paramilitar guardaba debajo de su brazo, intentaba quitarle el seguro sin éxito mientras recibía los golpes en el suelo. Finalmente desistió al recibir una patada en el estómago que lo hizo soltar el arma.
“Llegaron los cilantros”, dijo una voz. Rubén comenzó a gritar con fuerza pidiendo ayuda. Vio que sus captores huían. Estaba solo. ¡Policía!-, gritaba, -¡Ayuda!-. Un oficial contestó a sus gritos, lo buscaban en el tejado. Rubén era incapaz de moverse, eran las 5:30 de la tarde, hacía más de seis horas que su cuerpo soportaba la tortura de los paramilitares.
Milagrosamente Rubén fue rescatado, inmediatamente fue llevado al centro de atención más cercano. Al día siguiente la autoridades de El Castillo lo llevaron a Cubarral, de allí la policía de carreteras lo llevó hasta la SIJIN de Villavicencio, donde fue valorado y le tomaron indagatoria. El Médico Forense Gentil Espinosa Carreño diagnosticó en el que Rubén había sido severamente torturado.
Durante más de tres meses Rubén permaneció recuperándose en la casa de su mamá en Villavicencio. Al poco tiempo comenzó a descubrir que las secuelas de los abusos cometidos por los paramilitares no solo serían físicas. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, Rubén se escondía debajo de las camas y las mesas. “Sentía que volvían por mí”, asegura.
Apenas se recuperó comenzó a adelantar trámites con la Defensoría del Pueblo y con Acción Social, ambas entidades le colaboraron preparando una carpeta de documentos para buscar asilo en la embajada de Canadá. Irónicamente los mismos documentos, que fueron rechazados, salvaron su vida el 9 de septiembre del 2004. Para esa fecha Rubén se percató de que dos personas sospechosas lo miraban en la Red de Solidaridad Social de Villavicencio; intimidado intentó salir del recinto pero fue sorprendido por una puñalada que quedó incrustada en la carpeta de papeles. “Usted tiene problemas con nosotros, usted no se nos escapa”, le gritaron.
Rubén se escondió en una sucursal del Banco Colmena. Inicialmente el celador de la entidad intentó sacarlo, pero ante su insistencia, le avisó a la policía. Esa noche permaneció resguardado en la Sijin hasta las nueve de la noche. Después sólo se ocupó de sobrevivir.
El 19 de diciembre del 2004 en Granada, Meta, ‘Enrique’ fue capturado y Rubén fue citado para reconocerlo y luego rindió testimonio en su contra. Alguien intentó comprarlo para que no atestiguara, pero él se rehusó.
En octubre del 2007 Rubén recibió una citación para acudir a la diligencia de Versión libre de ‘Rufo’, quien se había desmovilizado con el Bloque Héroes de los Llanos. Su asombro no pudo ser mayor al enterarse de que el ex paramilitar había confesado haberle hecho daño.
A medida que escuchaba a ‘Rufo’ en su versión, a Rubén se le fue subiendo la rabia. ‘Rufo’ admitió que lo había secuestrado pero dijo que él tenía la intención de asesinar a ‘Enrique’ con un machete y colaboraba con la guerrilla. Rubén sabía que mentía, ni siquiera confesó las torturas a las que lo sometieron.
Después le pudo contar su versión de los hechos a la fiscal del caso. Ella dijo que iba a tenerlo en cuenta para cuando formulara los cargos contra ‘Rufo’ en una audiencia de imputación parcial de delitos el siguiente 27 de noviembre del 2008.
Ese día, Rubén caminó más de tres horas hasta los Tribunales de Cundinamarca en Ciudad Salitre con el estomago vacío. Ingresó al recinto y esperó, con la misma paciencia que lleva esperando por una solución a sus problemas, la imputación de su caso.
La fiscal expuso uno a uno los cargos de asesinato en contra de su verdugo. Cuando le imputó los delitos cometidos contra Rubén, él pensó en todos esos vecinos y conocidos que no tuvieron la suerte de escapar de las garras de los paramilitares. Inmediatamente exigió al Magistrado que le dejara expresarse: “Yo soy la víctima de ese maldito, soy el caso número 11, el que están tratando, ese maldito no merece vivir, ese maldito merece la pena de muerte con todos esos crímenes que ha hecho”, gritó.
Los hombres del Inpec se abalanzaron sobre Rubén inmediatamente y lo obligaron a abandonar la sala. Una sicóloga de la Comisión de Reparación (CNRR) y un funcionario de la Fiscalía, intentaron controlarlo. “Se me durmieron los brazos y la piernas”, cuenta Rubén.
Desde que llegó a Bogotá la vida no le ha sido fácil. Tiene 34 años y no ha podido conseguir un trabajo estable porque no tiene papeles. Su cédula está en trámite en Tunja, donde sobrevivió con los 5 millones de pesos que le dieron del Programa de Protección a Víctimas.
Ahora está en Bogotá viviendo donde un amigo que no le cobra. Espera que la ley de Justicia y Paz le restituya parte de los derechos que le fueron vulnerados aquel 27 de mayo del 2004 cuando su vida cambió para siempre. “Si me llega a pasar algo, el Estado tiene la culpa por no brindarme la protección”, dice.
Como Rubén, las más de 6.000 víctimas que tiene registrado el Bloque Héroes de los Llanos en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) esperan por la reparación integral a los daños padecidos por los grupos de autodefensa.
Mientras que Rubén, la víctima, espera por lo menos que se le proteja la vida y se le compense en algo los daños sufridos; ‘Rufo’, el victimario, espera que le valgan sus confesiones para que pueda acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años de cárcel como toda condena por los delitos que cometió. Pero si miente, perderá los beneficios y recibirá muchas condenas simultáneas por los daños tremendos que hizo a la gente del común en los tiempos en que los paramilitares mandaban en los Llanos.
Publicado en
www.verdadabierta.com
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