Ocho puntos incluye reforma a la justicia presentada por el Gobierno a presidentes de las Cortes
Foto: Ministerio del Interior
En la presentación de la reforma estuvieron (de izq. a der.) Hernando Torres, Fabio Valencia, Francisco Ricaurte, Enrique Gil, Édgar Sanabria, y Humberto Sierra.
Habría doble instancia para juzgar a congresistas y en pérdida de investidura. Ejecutivo quiere ser el que terne al Procurador, pero ofrece no hacerlo con magistrados.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, se reunió con los presidentes de las altas cortes y les mostró las cartas del Gobierno. En esencia, el Ejecutivo ofrece soltar algunas de sus atribuciones, pero también ganar algunas que prometen polémica.
En el tema de la doble instancia en la reforma, anticipado por EL TIEMPO hace dos semanas, le da oídos a un viejo reclamo de los congresistas: que supuestamente tienen menos garantías procesales que el resto de colombianos, porque no tienen una instancia superior a la que reclamar cuando son condenados.
Hoy, en los procesos penales y en los de pérdida de investidura hay una sola decisión; en la Sala Penal de la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, respectivamente.
¿Qué propone el Gobierno? Que la primera instancia en los casos penales la haga el Tribunal Superior de Bogotá y que la segunda sea la Sala Penal de la Corte Suprema. Otra alternativa sería que la primera instancia la haga la Sala Penal y la apelación sea competencia de la Sala Plena, que tiene 23 magistrados.
En el caso de pérdidas de investidura, la propuesta es que un primer juzgamiento lo haga el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la apelación llegue a la Sala Plena del Consejo de Estado.
Otro cambio fundamental en las investigaciones contra funcionarios con fuero sería quitarle esa función a la criticada Comisión de Acusación y pasarla al Fiscal General. El Congreso seguiría con la facultad de acusar y juzgar.
Cortes elegirían a los suyos
Otro de los cambios que propuso el Gobierno es que el Procurador salga de una terna que quede exclusivamente en manos del Presidente de la República, como ya sucede con el Fiscal General.
Así mismo, plantea ampliar los períodos del que tanto este cargo, como el Fiscal y el Contralor aumenten los períodos.
En una especie de contrapartida, el Ejecutivo se declara partidario de que todas las elecciones de magistrados se hagan internamente en las Cortes (el mecanismo de cooptación). En teoría, el Gobierno soltaría una atribución clave: la de postular a tres de los magistrados de la Corte Constitucional.
Ótra 'zanahoria' que ofreció el Ministro es ampliar el período de los magistrados hasta doce años (están en 8) y que la edad de retiro forzoso pase de 65 a 70 años. Se planteó, además, que los magistrados lleguen al cargo con mínimo 45 años de edad y 20 o más años de experiencia. Hoy, los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional promedian la cuarta década.
El Gobierno revive su vieja idea de reducir el Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala Administrativa de esa corporación, que se encarga de manejar presupuestos y distribuir personal, estaría compuesta por los tres presidentes de las cortes y un magistrado más elegido por ellos. Esta sala elegiría un gerente de la Rama. La Judicatura se quedaría solo con la Sala Disciplinaria, que juzga a jueces, fiscales y abogados.
"¿Cuál es el propósito de la reforma? Autonomía e independencia", dijo el ministro Valencia después de la reunión.
Discusiones serán intensas
Desde ya se anticipa que el trámite de la reforma, que tocaría decenas de artículos de la Carta del 91, será intenso.
En esencia, el juzgamiento de congresistas y la pérdida de investidura quedó en cabeza de los magistrados porque se suponía que el fuero evitaba que funcionarios de menor rango pudieran presionar a los miembros del Congreso con investigaciones.
La Rama, además, tiene sus propias ideas. En algunas cortes se plantea, dado que la reelección modificó el sistema de pesos y contrapresos ideado por la Constitución, que se abra el debate sobre la elección del Fiscal General. Las salas plenas analizarán la propuesta.
www.eltiempo.com
sábado, 19 de julio de 2008
Canciller francés elogió a facilitadores de diálogos con las Farc criticados por Colombia
Bernard Kouchner calificó como "personas excepcionales" a los emisarios francés Noël Saez y suizo Jean-Pierre Gontard, a quienes el Gobierno colombiano retiró del proceso por que no confiaba en ellos.
Kouchner afirmó en rueda de prensa que "hasta el momento" el Gobierno colombiano no le ha informado oficialmente que ya no quería la mediación de Francia y manifestó que no existe "ninguna pelea" con Bogotá.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó a Gontard de haber llevado un dinero para las Farcs en 2001 y 2003, razón por la cual la Fiscalía lo llamó a indagatoria. El gobierno suizo pidió al colombiano "dejar de atacar" a su mediador.
"Jean-Pierre Gontard es un hombre que conozco desde hace 20 años. Jean-Pierre Gontard, Noël Saez, son personas excepcionales. Las defenderé hasta el final", afirmó Kouchner.
"Fueron allá (en la selva colombiana) veinte veces arriesgando sus vidas", subrayó.
Saez, que viajó en el avión presidencial francés que llevó a Ingrid Betancourt a Francia con su familia, había confirmado a la AFP que junto con Gontard se entrevistó con "un hombre de confianza" del jefe de las Farc, Alfonso Cano, poco antes de la liberación de los rehenes.
Kouchner afirmó que tenía "las mejores relaciones" con el gobierno colombiano, y que este no notificó que ya no quería mediación.
"Estamos a su disposición (...). Seguiremos jugando nuestro papel llamando la atención sobre los rehenes que siguen presos", agregó.
AFP
www.semana.com
Bernard Kouchner calificó como "personas excepcionales" a los emisarios francés Noël Saez y suizo Jean-Pierre Gontard, a quienes el Gobierno colombiano retiró del proceso por que no confiaba en ellos.
Kouchner afirmó en rueda de prensa que "hasta el momento" el Gobierno colombiano no le ha informado oficialmente que ya no quería la mediación de Francia y manifestó que no existe "ninguna pelea" con Bogotá.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó a Gontard de haber llevado un dinero para las Farcs en 2001 y 2003, razón por la cual la Fiscalía lo llamó a indagatoria. El gobierno suizo pidió al colombiano "dejar de atacar" a su mediador.
"Jean-Pierre Gontard es un hombre que conozco desde hace 20 años. Jean-Pierre Gontard, Noël Saez, son personas excepcionales. Las defenderé hasta el final", afirmó Kouchner.
"Fueron allá (en la selva colombiana) veinte veces arriesgando sus vidas", subrayó.
Saez, que viajó en el avión presidencial francés que llevó a Ingrid Betancourt a Francia con su familia, había confirmado a la AFP que junto con Gontard se entrevistó con "un hombre de confianza" del jefe de las Farc, Alfonso Cano, poco antes de la liberación de los rehenes.
Kouchner afirmó que tenía "las mejores relaciones" con el gobierno colombiano, y que este no notificó que ya no quería mediación.
"Estamos a su disposición (...). Seguiremos jugando nuestro papel llamando la atención sobre los rehenes que siguen presos", agregó.
AFP
www.semana.com
¿Quién le teme a 'H.H.'?
Extraditar a ‘H. H.’ ahora significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen, y dejaría al gobierno en la orilla de los que no quieren la verdad
Por María Jimena Duzán
Fecha: 07/12/2008 -1367
No entiendo cuáles pueden ser las razones que tiene el gobierno del presidente Uribe para insistir en agilizar la extradición de 'H. H.', si es el único jefe paramilitar que está contando la verdad que sus temibles pares nos han negado a los colombianos.
Para quienes no saben, 'H. H.' es el jefe paramilitar que acaba de entregarle a la Fiscalía el testamento de Carlos Castaño; el mismo que fue testigo de la "pacificación de Urabá", en momentos en que el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe, y el mismo que confesó el asesinato de por lo menos 1.500 colombianos entre 1994 y 1997, cuando fue jefe del bloque bananeros de Urabá. 'H.H.' ha sido el primer jefe paramilitar en hablar de los empresarios bananeros que se parapetaron en el paramilitarismo y ha prometido que hará lo mismo con los azucareros dueños de los ingenios que los apoyaron cuando él fue jefe del bloque Calima, entre 1997 y 2001.
En sus versiones libres ha sido el primero en poner en evidencia cómo las Convivir sirvieron de plataforma legal para el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Urabá y cómo a su amparo despojaron a los campesinos de sus tierras. Eso sucedió con la Convivir Papagallo, liderada por Raúl Hasbún, otro personaje nefasto, recientemente capturado por la Fiscalía. Por si esto fuera poco, 'H. H.' es el único jefe paramilitar que ha revelado los nombres de militares vivos -no difuntos- que habrían formado parte activa de ese proyecto paramilitar.
PUBLICIDAD
A pesar de todo lo anterior y de que este temible sujeto ha ido mucho más allá de lo que contó Mancuso antes de que lo extraditaran, y a pesar de que aún no ha contado ni una quinta parte de lo que ha prometido y de que ni siquiera ha sido imputado por la Fiscalía, el gobierno insiste en agilizar los trámites de su extradición. Cuentan que en la arrodillada que se pegaron el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, no sólo se rezaron las tres aves marías de rigor. El acercamiento también sirvió para que Uribe deslizara al oído del magistrado Ricaurte la urgencia de que el alto tribunal rindiera rápidamente concepto favorable para proceder a la extradición de 'H. H.'.
Extraditarlo en estos momentos significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen y dejaría al gobierno Uribe del otro lado, es decir, en la orilla de los gobiernos que no quieren la verdad.
No obstante, para el gobierno las cosas son más simples: a pesar de que el señor esté contando verdades, 'H. H.' no está en Justicia y Paz porque fue capturado y no se desmovilizó voluntariamente. Qué importa que en otros casos el gobierno haya sido más comprensivo con personas que no lo merecían, como el 'Tuso' Sierra, pariente de Mario Uribe, quien primero fue postulado, después fue sacado de la lista y luego apareció dentro del grupo de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz. Esa no es la única incoherencia del gobierno en este terreno. Esta administración sigue sosteniendo que los 14 jefes paramilitares que fueron extraditados siguen en la Ley de Justicia y Paz, a pesar de que se argumentó su envío por el incumplimiento de los pactos. En cambio, a 'H. H.', que sí está contándolo todo, el gobierno insiste en no considerarlo dentro de la Ley de Justicia y Paz y en buscar su pronta extradición. La aplicación de esta ley se está convirtiendo en una farsa del tamaño de un elefante. ¿Quién entiende?
Ojalá la Corte Suprema mantenga la cordura y se sostenga en la posición que sentó en su último pronunciamiento e insista en que cualquier extradición de paramilitares se debe surtir una vez se haya cumplido a las víctimas. Extraditar a 'H. H:' en estos momentos y montarlo al avión rumbo a Estados Unidos antes de que nos lo cuente todo no sólo sería una bofetada a las víctimas que tanto han esperado la verdad, sino que daría pie a la tesis de que este gobierno está extraditando a los jefes paramilitares no porque incumplen los pactos, sino porque empiezan a hablar.
Otro tanto se puede decir de las extradiciones que ya se empezaron a tramitar de 'César' y 'Gafas', los dos carceleros de las Farc. Estas se deberían surtir una vez estos hayan pagado por los crímenes cometidos contra los colombianos, y no a la inversa, porque una vez que se suban al avión, las posibilidades de que se imparta justicia por los crímenes cometidos en Colombia se esfuma. Eso es lo que está pasando ya con los 14 jefes extraditados. La tan anunciada cooperación judicial no está funcionando y hasta el propio embajador Brownsfield ha pasado de la euforia al pesimismo al afirmar que "empiezan momentos complicados".
La extradición no se puede convertir en un instrumento para sepultar la verdad ni para invisibilizar la justicia colombiana.
www.semana.com
Extraditar a ‘H. H.’ ahora significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen, y dejaría al gobierno en la orilla de los que no quieren la verdad
Por María Jimena Duzán
Fecha: 07/12/2008 -1367
No entiendo cuáles pueden ser las razones que tiene el gobierno del presidente Uribe para insistir en agilizar la extradición de 'H. H.', si es el único jefe paramilitar que está contando la verdad que sus temibles pares nos han negado a los colombianos.
Para quienes no saben, 'H. H.' es el jefe paramilitar que acaba de entregarle a la Fiscalía el testamento de Carlos Castaño; el mismo que fue testigo de la "pacificación de Urabá", en momentos en que el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe, y el mismo que confesó el asesinato de por lo menos 1.500 colombianos entre 1994 y 1997, cuando fue jefe del bloque bananeros de Urabá. 'H.H.' ha sido el primer jefe paramilitar en hablar de los empresarios bananeros que se parapetaron en el paramilitarismo y ha prometido que hará lo mismo con los azucareros dueños de los ingenios que los apoyaron cuando él fue jefe del bloque Calima, entre 1997 y 2001.
En sus versiones libres ha sido el primero en poner en evidencia cómo las Convivir sirvieron de plataforma legal para el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Urabá y cómo a su amparo despojaron a los campesinos de sus tierras. Eso sucedió con la Convivir Papagallo, liderada por Raúl Hasbún, otro personaje nefasto, recientemente capturado por la Fiscalía. Por si esto fuera poco, 'H. H.' es el único jefe paramilitar que ha revelado los nombres de militares vivos -no difuntos- que habrían formado parte activa de ese proyecto paramilitar.
PUBLICIDAD
A pesar de todo lo anterior y de que este temible sujeto ha ido mucho más allá de lo que contó Mancuso antes de que lo extraditaran, y a pesar de que aún no ha contado ni una quinta parte de lo que ha prometido y de que ni siquiera ha sido imputado por la Fiscalía, el gobierno insiste en agilizar los trámites de su extradición. Cuentan que en la arrodillada que se pegaron el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, no sólo se rezaron las tres aves marías de rigor. El acercamiento también sirvió para que Uribe deslizara al oído del magistrado Ricaurte la urgencia de que el alto tribunal rindiera rápidamente concepto favorable para proceder a la extradición de 'H. H.'.
Extraditarlo en estos momentos significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen y dejaría al gobierno Uribe del otro lado, es decir, en la orilla de los gobiernos que no quieren la verdad.
No obstante, para el gobierno las cosas son más simples: a pesar de que el señor esté contando verdades, 'H. H.' no está en Justicia y Paz porque fue capturado y no se desmovilizó voluntariamente. Qué importa que en otros casos el gobierno haya sido más comprensivo con personas que no lo merecían, como el 'Tuso' Sierra, pariente de Mario Uribe, quien primero fue postulado, después fue sacado de la lista y luego apareció dentro del grupo de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz. Esa no es la única incoherencia del gobierno en este terreno. Esta administración sigue sosteniendo que los 14 jefes paramilitares que fueron extraditados siguen en la Ley de Justicia y Paz, a pesar de que se argumentó su envío por el incumplimiento de los pactos. En cambio, a 'H. H.', que sí está contándolo todo, el gobierno insiste en no considerarlo dentro de la Ley de Justicia y Paz y en buscar su pronta extradición. La aplicación de esta ley se está convirtiendo en una farsa del tamaño de un elefante. ¿Quién entiende?
Ojalá la Corte Suprema mantenga la cordura y se sostenga en la posición que sentó en su último pronunciamiento e insista en que cualquier extradición de paramilitares se debe surtir una vez se haya cumplido a las víctimas. Extraditar a 'H. H:' en estos momentos y montarlo al avión rumbo a Estados Unidos antes de que nos lo cuente todo no sólo sería una bofetada a las víctimas que tanto han esperado la verdad, sino que daría pie a la tesis de que este gobierno está extraditando a los jefes paramilitares no porque incumplen los pactos, sino porque empiezan a hablar.
Otro tanto se puede decir de las extradiciones que ya se empezaron a tramitar de 'César' y 'Gafas', los dos carceleros de las Farc. Estas se deberían surtir una vez estos hayan pagado por los crímenes cometidos contra los colombianos, y no a la inversa, porque una vez que se suban al avión, las posibilidades de que se imparta justicia por los crímenes cometidos en Colombia se esfuma. Eso es lo que está pasando ya con los 14 jefes extraditados. La tan anunciada cooperación judicial no está funcionando y hasta el propio embajador Brownsfield ha pasado de la euforia al pesimismo al afirmar que "empiezan momentos complicados".
La extradición no se puede convertir en un instrumento para sepultar la verdad ni para invisibilizar la justicia colombiana.
www.semana.com
“¿Si los desmovilizados son sólo delincuentes comunes, de qué proceso de paz estamos hablando?”: Caramagna
El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña
Fecha: 07/14/2008 -
Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares.
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que dirige, la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA, con un equipo de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros.
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los principales apartes.
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena?
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido.
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000!
S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 desmovilizados?
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan?
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes.
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos.
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas?
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros.
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la verdad y sin reparación?
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias deben ir.
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad.
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
www.semana.com
El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña
Fecha: 07/14/2008 -
Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares.
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que dirige, la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA, con un equipo de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros.
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los principales apartes.
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena?
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido.
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000!
S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 desmovilizados?
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan?
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes.
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos.
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas?
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros.
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la verdad y sin reparación?
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias deben ir.
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad.
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
www.semana.com
Un nuevo semestre en la Pedagógica, los mismos problemas
Los disturbios del cierre del semestre pasado terminaron opacando las denuncias sobre el supuesto mal manejo de los dineros en la institución. El rector da explicaciones.
Fecha: 06/12/2008 -
Uno de los centros educativos donde se vivió con más fuerza la revuelta fue la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, donde varios policías fueron quemados con ácido por los manifestantes durante el cierre del semestre pasado.
Dada la magnitud de los hechos, el presidente Álvaro Uribe dijo públicamente que la fuerza pública podía entrar a las instalaciones de las universidades cuando haya desórdenes.
Los desordenes de la Pedagógica se robaron el show y terminaron desviando la atención sobre las verdaderas razones que motivaron a los manifestantes y que están en el corazón de la inconformidad de la comunidad estudiantil, en particular de los representantes de los estudiantes y el sindicato de trabajadores.
“La Contraloría me dijo que invirtiera los ahorros”: rector Ibarra
Al fondo del tropel de la Nacional
Algunos sectores de la Universidad y los estudiantes denuncian un supuesto despilfarro de los dineros de la institución. Según quienes atacan al rector, antes de que él asumiera a comienzos de 2003, había un ahorro de 23 mil millones de pesos y que, a la fecha, se han gastado más de 34 mil millones, lo que implica que hoy haya un déficit de 11 mil millones de pesos. El rector, en diálogo con Semana.com, explicó que se gastó la plata por orden de la Contraloría. (Lea entrevista completa con el rector Óscar Ibarra).
“El estado transfería recursos para que se hicieran tres jornadas, pero sólo había una. Entonces el resto de recursos se fueron guardando. Eso sumó un ahorro de 12.600 millones de pesos y no 23.000, como dicen”, explicó Ibarra a Semana.com. “La plata había que invertirla porque la Contraloría dijo que debíamos hacer algo con ese dinero”, aclaró.
Según el sindicato de trabajadores y algunos estudiantes, en menos de diez años el número de estudiantes se incrementó en más del ciento por ciento sin planeación alguna. Pasaron de ser 4.500 en 2004 a 10.000 en 2008 y eso, según las denuncias, ha provocado hacinamiento, porque están todos acomodados en el mismo espacio y a la universidad le ha tocado arrendar aulas en instituciones vecinas para que sus alumnos reciban clases allá.
“Se hicieron estudios técnicos y se definió llegar a 10.000 estudiantes en los años siguientes. Eso se definió en 2004 y, desde entones, empezamos a recibir 1.000 estudiantes por semestre. Por eso tenemos 10.000 actualmente. Todo fue muy bien planeado”, explicó Ibarra.
Las alertas vienen haciéndose desde 2004, cuando la Contraloría emitió un informe en el que encontró dudas sobre el manejo de 2.459.5 millones de pesos.
El informe de la Contraloría señala que “debido a la presentación de tres Estados Contables con resultados diferentes, la inexistencia de libros oficiales, la carencia del inventario de Bienes en Servicio, el inadecuado control interno contable, la vulneración de los principios de causación y prudencia; la Contraloría General de la República se abstiene de opinar sobre la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuanto a que estos no cumplen con la normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública”.
De acuerdo con las denuncias, el rector ejerció una supuesta presión al equipo de contabilidad para que modificara algunos registros. El grupo, dicen, se negó a tales intenciones y por eso fue relevado el 10 de marzo de 2006. Algunos empleados fueron trasladados a otras áreas y otros fueron despedidos.
Después de eso, se presentaron tres estados contables del año 2005 (cuyas cuentas se consolidan en 2006). Uno de ellos “transformó un déficit de 3.199 millones de pesos en un excedente de más de 700 millones”, según reza en un comunicado de prensa que envió el sindicato de trabajadores.
Pero, ¿cómo se pasó del superávit al déficit? Según las denuncias, la razón es que se ha venido gastando en lujos innecesarios como vehículos para algunos funcionarios, incrementos de salario para el personal administrativo, el sostenimiento de incrementar el número de estudiantes, el arriendo de aulas, contratos de constantes consultorías con entidades externas, asesorías costosas, permanentes viajes del rector al exterior, la construcción de proyectos estéticos insostenibles y la edificación de una nueva y gigantesca sede de la universidad en un predio ubicado cerca del portal norte de TransMilenio que diseñó el arquitecto Rogelio Salmona.
Según el sindicato, el rector va a empezar a vender algunas propiedades para poder satisfacer los desenfrenados gastos. Uno de los predios que se pondrá en venta es el Instituto Pedagógico Nacional, donde actualmente se entrenan dos mil estudiantes.
“El Instituto no se vende. Ése es colegio de la universidad...”, dijo Ibarra. “Lo que vamos a hacer es vender el lote y vamos a construir un colegio nuevo en un terreno que tenemos cerca de la estación norte de TransMilenio que se llama Valmaría...”
Ante tantos temores, la comunidad académica ha solicitado, insistentemente, una audiencia pública para que el rector dé una completa rendición de cuentas, pero no ha sido posible lograrla. Según el rector, todo lo que tiene que mostrar está publicado en la página de la Internet de la universidad.
Todas esas denuncias sumadas han movilizado a estudiantes, maestros y empleados en numerosas manifestaciones. Sin embargo, pese a que la exigencias de transparencia en el manejo de los recursos es necesaria, el brinco a los disturbios reduce las posibilidades de un debate abierto.
Los mismo estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica saben quiénes son los grupos que vuelven una protesta decente en un aguacero de piedras. Entre ellos figuran Los Clanes, Revés, el Movimiento de Revolución Popular (MRP), los Anarcos, la Liga de Estudiantes Socialistas (LES), el Movimiento Estudiantil Bolivariano, las Milicias Bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino, entre otros. Sus actos terminan opacando las denuncias de fondo que son las que realmente afectan a estudiantes y docentes.
www.semana.com
Los disturbios del cierre del semestre pasado terminaron opacando las denuncias sobre el supuesto mal manejo de los dineros en la institución. El rector da explicaciones.
Fecha: 06/12/2008 -
Uno de los centros educativos donde se vivió con más fuerza la revuelta fue la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, donde varios policías fueron quemados con ácido por los manifestantes durante el cierre del semestre pasado.
Dada la magnitud de los hechos, el presidente Álvaro Uribe dijo públicamente que la fuerza pública podía entrar a las instalaciones de las universidades cuando haya desórdenes.
Los desordenes de la Pedagógica se robaron el show y terminaron desviando la atención sobre las verdaderas razones que motivaron a los manifestantes y que están en el corazón de la inconformidad de la comunidad estudiantil, en particular de los representantes de los estudiantes y el sindicato de trabajadores.
“La Contraloría me dijo que invirtiera los ahorros”: rector Ibarra
Al fondo del tropel de la Nacional
Algunos sectores de la Universidad y los estudiantes denuncian un supuesto despilfarro de los dineros de la institución. Según quienes atacan al rector, antes de que él asumiera a comienzos de 2003, había un ahorro de 23 mil millones de pesos y que, a la fecha, se han gastado más de 34 mil millones, lo que implica que hoy haya un déficit de 11 mil millones de pesos. El rector, en diálogo con Semana.com, explicó que se gastó la plata por orden de la Contraloría. (Lea entrevista completa con el rector Óscar Ibarra).
“El estado transfería recursos para que se hicieran tres jornadas, pero sólo había una. Entonces el resto de recursos se fueron guardando. Eso sumó un ahorro de 12.600 millones de pesos y no 23.000, como dicen”, explicó Ibarra a Semana.com. “La plata había que invertirla porque la Contraloría dijo que debíamos hacer algo con ese dinero”, aclaró.
Según el sindicato de trabajadores y algunos estudiantes, en menos de diez años el número de estudiantes se incrementó en más del ciento por ciento sin planeación alguna. Pasaron de ser 4.500 en 2004 a 10.000 en 2008 y eso, según las denuncias, ha provocado hacinamiento, porque están todos acomodados en el mismo espacio y a la universidad le ha tocado arrendar aulas en instituciones vecinas para que sus alumnos reciban clases allá.
“Se hicieron estudios técnicos y se definió llegar a 10.000 estudiantes en los años siguientes. Eso se definió en 2004 y, desde entones, empezamos a recibir 1.000 estudiantes por semestre. Por eso tenemos 10.000 actualmente. Todo fue muy bien planeado”, explicó Ibarra.
Las alertas vienen haciéndose desde 2004, cuando la Contraloría emitió un informe en el que encontró dudas sobre el manejo de 2.459.5 millones de pesos.
El informe de la Contraloría señala que “debido a la presentación de tres Estados Contables con resultados diferentes, la inexistencia de libros oficiales, la carencia del inventario de Bienes en Servicio, el inadecuado control interno contable, la vulneración de los principios de causación y prudencia; la Contraloría General de la República se abstiene de opinar sobre la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuanto a que estos no cumplen con la normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública”.
De acuerdo con las denuncias, el rector ejerció una supuesta presión al equipo de contabilidad para que modificara algunos registros. El grupo, dicen, se negó a tales intenciones y por eso fue relevado el 10 de marzo de 2006. Algunos empleados fueron trasladados a otras áreas y otros fueron despedidos.
Después de eso, se presentaron tres estados contables del año 2005 (cuyas cuentas se consolidan en 2006). Uno de ellos “transformó un déficit de 3.199 millones de pesos en un excedente de más de 700 millones”, según reza en un comunicado de prensa que envió el sindicato de trabajadores.
Pero, ¿cómo se pasó del superávit al déficit? Según las denuncias, la razón es que se ha venido gastando en lujos innecesarios como vehículos para algunos funcionarios, incrementos de salario para el personal administrativo, el sostenimiento de incrementar el número de estudiantes, el arriendo de aulas, contratos de constantes consultorías con entidades externas, asesorías costosas, permanentes viajes del rector al exterior, la construcción de proyectos estéticos insostenibles y la edificación de una nueva y gigantesca sede de la universidad en un predio ubicado cerca del portal norte de TransMilenio que diseñó el arquitecto Rogelio Salmona.
Según el sindicato, el rector va a empezar a vender algunas propiedades para poder satisfacer los desenfrenados gastos. Uno de los predios que se pondrá en venta es el Instituto Pedagógico Nacional, donde actualmente se entrenan dos mil estudiantes.
“El Instituto no se vende. Ése es colegio de la universidad...”, dijo Ibarra. “Lo que vamos a hacer es vender el lote y vamos a construir un colegio nuevo en un terreno que tenemos cerca de la estación norte de TransMilenio que se llama Valmaría...”
Ante tantos temores, la comunidad académica ha solicitado, insistentemente, una audiencia pública para que el rector dé una completa rendición de cuentas, pero no ha sido posible lograrla. Según el rector, todo lo que tiene que mostrar está publicado en la página de la Internet de la universidad.
Todas esas denuncias sumadas han movilizado a estudiantes, maestros y empleados en numerosas manifestaciones. Sin embargo, pese a que la exigencias de transparencia en el manejo de los recursos es necesaria, el brinco a los disturbios reduce las posibilidades de un debate abierto.
Los mismo estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica saben quiénes son los grupos que vuelven una protesta decente en un aguacero de piedras. Entre ellos figuran Los Clanes, Revés, el Movimiento de Revolución Popular (MRP), los Anarcos, la Liga de Estudiantes Socialistas (LES), el Movimiento Estudiantil Bolivariano, las Milicias Bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino, entre otros. Sus actos terminan opacando las denuncias de fondo que son las que realmente afectan a estudiantes y docentes.
www.semana.com
Víctimas serían las únicas afectadas con deterioro de relaciones con el CICR
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Yves Heller vocero en Colombia del Comité de la Cruz Roja.
El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Yves Heller, dijo que el organismo no emprenderá acciones contra Colombia y que continuará con su labor humanitaria.
¿Cuál es su conclusión sobre este escándalo por el uso del emblema de la Cruz Roja?
Es fundamental dejar claro que el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca participó en la planeación o ejecución de esa operación. Es importante que haya un respeto del emblema de la Cruz Roja, lo cual está reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos.
¿Han recibido reportes negativos sobre la seguridad de las comisiones de la Cruz Roja?
No le puedo dar detalles. Tenemos 55 delegados y 10 oficinas en el terreno y vamos a seguir trabajando en favor de las víctimas.
Eso sí, estamos teniendo en cuenta la situación actual.
¿Cuál es el respeto que los grupos armados ilegales han tenido con la Cruz Roja?
El CICR no quiere entrar en un debate público sobre eso. Existe una política de diálogo confidencial con todas las partes en conflicto.
La senadora Cecilia López calificó como grave el riesgo que correrían los secuestrados de no poder ser atendidos cuando se enfermen o se agraven.
Es difícil especular sobre las consecuencias que este asunto va a tener.
Algunos quisieran que el Gobierno hubiera resultado castigado.
Lo más importante es que haya un diálogo constructivo porque son las víctimas las que sufren si no hay acceso seguro a las zonas más afectadas por el conflicto armado.
¿Existe la posibilidad de que alguien distinto a la Cruz Roja demande?
No voy a hacer comentarios sobre el papel de otras organizaciones.
¿Hay antecedentes sobre el irrespeto al uso del emblema de la Cruz Roja por parte del Gobierno?
De lo que yo sé, no.
¿Hay algún mensaje para los grupos ilegales?
No es un mensaje para alguien en particular. Lo más importante es que podamos seguir en el terreno con el signo protector del emblema de la Cruz Roja.
¿Cuál es la conclusión sobre el trabajo de la Cruz Roja en Colombia?
Hemos brindado apoyo a un millón de desplazados en los últimos 10 años. Trabajamos para los desaparecidos, las víctimas, los rehenes, el personal militar y de la Policía privados de libertad. Este año participamos en la liberación de 21 personas. 19 civiles y 2 militares.
ONG de España pide explicaciones
Global Humanitaria, la organización no gubernamental que cree que sus símbolos fueron utilizados por el Ejército de Colombia para rescatar a Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados, le pidió ayer explicaciones al Gobierno de Álvaro Uribe.
La ONG pidió una entrevista con el Presidente colombiano y rechazó cualquier tipo de vínculos con la operación 'Jaque'.
www.semana.com
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Yves Heller vocero en Colombia del Comité de la Cruz Roja.
El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Yves Heller, dijo que el organismo no emprenderá acciones contra Colombia y que continuará con su labor humanitaria.
¿Cuál es su conclusión sobre este escándalo por el uso del emblema de la Cruz Roja?
Es fundamental dejar claro que el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca participó en la planeación o ejecución de esa operación. Es importante que haya un respeto del emblema de la Cruz Roja, lo cual está reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos.
¿Han recibido reportes negativos sobre la seguridad de las comisiones de la Cruz Roja?
No le puedo dar detalles. Tenemos 55 delegados y 10 oficinas en el terreno y vamos a seguir trabajando en favor de las víctimas.
Eso sí, estamos teniendo en cuenta la situación actual.
¿Cuál es el respeto que los grupos armados ilegales han tenido con la Cruz Roja?
El CICR no quiere entrar en un debate público sobre eso. Existe una política de diálogo confidencial con todas las partes en conflicto.
La senadora Cecilia López calificó como grave el riesgo que correrían los secuestrados de no poder ser atendidos cuando se enfermen o se agraven.
Es difícil especular sobre las consecuencias que este asunto va a tener.
Algunos quisieran que el Gobierno hubiera resultado castigado.
Lo más importante es que haya un diálogo constructivo porque son las víctimas las que sufren si no hay acceso seguro a las zonas más afectadas por el conflicto armado.
¿Existe la posibilidad de que alguien distinto a la Cruz Roja demande?
No voy a hacer comentarios sobre el papel de otras organizaciones.
¿Hay antecedentes sobre el irrespeto al uso del emblema de la Cruz Roja por parte del Gobierno?
De lo que yo sé, no.
¿Hay algún mensaje para los grupos ilegales?
No es un mensaje para alguien en particular. Lo más importante es que podamos seguir en el terreno con el signo protector del emblema de la Cruz Roja.
¿Cuál es la conclusión sobre el trabajo de la Cruz Roja en Colombia?
Hemos brindado apoyo a un millón de desplazados en los últimos 10 años. Trabajamos para los desaparecidos, las víctimas, los rehenes, el personal militar y de la Policía privados de libertad. Este año participamos en la liberación de 21 personas. 19 civiles y 2 militares.
ONG de España pide explicaciones
Global Humanitaria, la organización no gubernamental que cree que sus símbolos fueron utilizados por el Ejército de Colombia para rescatar a Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados, le pidió ayer explicaciones al Gobierno de Álvaro Uribe.
La ONG pidió una entrevista con el Presidente colombiano y rechazó cualquier tipo de vínculos con la operación 'Jaque'.
www.semana.com
“Uno de los oficiales utilizó el logo de la Cruz Roja”: Presidente de la República
El presidente Álvaro Uribe reconoció que en la operación ‘Jaque’ sí se utilizó el emblema de la Cruz Roja Internacional por temor a la reacción de los guerrilleros de las Farc (vea el video). El CICR dice que "toma nota" de las palabras del Presidente.
Fecha: 07/16/2008 -
Luego de que la cadena internacional CNN revelara un video inédito de la operación “Jaque”, en la que se ve una parte del emblema de la Cruz Roja Internacional sobre la ropa de uno de los hombres que partici´pó en la operación, el presidente Álvaro Uribe admitió que por lo menos uno de los infiltrados del Ejército que iba en la supuesta misión humanitaria sí utilizó el logo del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) por temor a la respuesta violenta de los guerrilleros que se encontraban en la zona.
Uribe dijo que se ordenó una investigación interna para establecer si en efecto alguien había utilizado el logotipo. “Esa investigación dio como resultado que un oficial equivocadamente y contrariando las órdenes, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité de la Cruz Roja Internacional. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo”, explicó el Primer Mandatario, quien aseguró que premiará la sinceridad del oficial, y no será sancionado.
En días pasados, el CICR emitió un comunicado en Colombia en el que aclaraba que a la Cruz Roja no se le había pedido autorización para utilizar su logo, ni se le pidió su participación en el rescate de 15 secuestrados por las Farc el pasado 2 de julio, entre ellos la ex candidata Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 uniformados.
Y este miércoles, luego de las declaraciones del presidente Uribe, el organismo emitió un segundo comunicado de tres párrafos en el que afirma:
"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) toma nota de la declaración del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según la cual reconoce que un oficial de la Fuerza Pública que participó en la operación 'Jaque', portó un peto con el logo del CICR y el emblema de la cruz roja.
ONG ficticia con la que se engañó a Farc usó registros de una organización verdadera
Como guardián del derecho internacional humanitario (DIH), el CICR recuerda que el uso del emblema de la cruz roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la cruz roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva.
Además, el CICR reitera la importancia del respeto del emblema de la cruz roja como un signo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas más afectadas por el conflicto armado y llevar a cabo sus actividades de protección y de asistencia a sus víctimas. El CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
De acuerdo con el artículo 12 del Derecho Internacional Humanitario aplicable en Colombia, “bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja (...) deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente”.
Rodrigo Pardo, ex canciller de la República, cree que este comunicado busca bajar el tono del incidente para resolver el tema con discreción y diplomacia. “Yo creo que lo que está en juego es un tema político, la imagen de un gobierno que empieza a verse como partidario de que el fin justifica los medios. Habría que ver qué tan convincentes son las explicaciones del gobierno de Colombia al CICR”, dice.
Si bien la operación “Jaque” buscaba rescatar del secuestro a estas personas que llevaban hasta 10 años en la selva, sometidos a toda clase de torturas por parte de los guerrilleros.
Aunque la noche del operativo el presidente Uribe insistió varias veces en que no se habían utilizado los símbolos de ningún organismo humanitario existente, este miércoles sus palabras fueron totalmente diferentes.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya se reunió con representantes del CICR para explicarle la situación, pedir disculpas y aclarar que los uniformados encubiertos iban desarmados.
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo al conocer la noticia que no se había incurrido en el delito de perfidia, un crimen de guerra. “Si bien el uso de los logos y simular a la cruz roja es cuestionable, la norma internacional exige atacar al adversario para cometer perfidia, pero no se atacó. De lo que se trataba la operación era de liberar a unos inocentes policías, soldados y civiles del secuestro”.
www.semana.com
El presidente Álvaro Uribe reconoció que en la operación ‘Jaque’ sí se utilizó el emblema de la Cruz Roja Internacional por temor a la reacción de los guerrilleros de las Farc (vea el video). El CICR dice que "toma nota" de las palabras del Presidente.
Fecha: 07/16/2008 -
Luego de que la cadena internacional CNN revelara un video inédito de la operación “Jaque”, en la que se ve una parte del emblema de la Cruz Roja Internacional sobre la ropa de uno de los hombres que partici´pó en la operación, el presidente Álvaro Uribe admitió que por lo menos uno de los infiltrados del Ejército que iba en la supuesta misión humanitaria sí utilizó el logo del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) por temor a la respuesta violenta de los guerrilleros que se encontraban en la zona.
Uribe dijo que se ordenó una investigación interna para establecer si en efecto alguien había utilizado el logotipo. “Esa investigación dio como resultado que un oficial equivocadamente y contrariando las órdenes, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité de la Cruz Roja Internacional. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo”, explicó el Primer Mandatario, quien aseguró que premiará la sinceridad del oficial, y no será sancionado.
En días pasados, el CICR emitió un comunicado en Colombia en el que aclaraba que a la Cruz Roja no se le había pedido autorización para utilizar su logo, ni se le pidió su participación en el rescate de 15 secuestrados por las Farc el pasado 2 de julio, entre ellos la ex candidata Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 uniformados.
Y este miércoles, luego de las declaraciones del presidente Uribe, el organismo emitió un segundo comunicado de tres párrafos en el que afirma:
"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) toma nota de la declaración del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según la cual reconoce que un oficial de la Fuerza Pública que participó en la operación 'Jaque', portó un peto con el logo del CICR y el emblema de la cruz roja.
ONG ficticia con la que se engañó a Farc usó registros de una organización verdadera
Como guardián del derecho internacional humanitario (DIH), el CICR recuerda que el uso del emblema de la cruz roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la cruz roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva.
Además, el CICR reitera la importancia del respeto del emblema de la cruz roja como un signo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas más afectadas por el conflicto armado y llevar a cabo sus actividades de protección y de asistencia a sus víctimas. El CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
De acuerdo con el artículo 12 del Derecho Internacional Humanitario aplicable en Colombia, “bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja (...) deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente”.
Rodrigo Pardo, ex canciller de la República, cree que este comunicado busca bajar el tono del incidente para resolver el tema con discreción y diplomacia. “Yo creo que lo que está en juego es un tema político, la imagen de un gobierno que empieza a verse como partidario de que el fin justifica los medios. Habría que ver qué tan convincentes son las explicaciones del gobierno de Colombia al CICR”, dice.
Si bien la operación “Jaque” buscaba rescatar del secuestro a estas personas que llevaban hasta 10 años en la selva, sometidos a toda clase de torturas por parte de los guerrilleros.
Aunque la noche del operativo el presidente Uribe insistió varias veces en que no se habían utilizado los símbolos de ningún organismo humanitario existente, este miércoles sus palabras fueron totalmente diferentes.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya se reunió con representantes del CICR para explicarle la situación, pedir disculpas y aclarar que los uniformados encubiertos iban desarmados.
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo al conocer la noticia que no se había incurrido en el delito de perfidia, un crimen de guerra. “Si bien el uso de los logos y simular a la cruz roja es cuestionable, la norma internacional exige atacar al adversario para cometer perfidia, pero no se atacó. De lo que se trataba la operación era de liberar a unos inocentes policías, soldados y civiles del secuestro”.
www.semana.com
¿Crimen, infracción o conducta atípica?
Hernando Salazar
Colombia
El uso de al menos un emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la operación que liberó a 15 rehenes en poder de la guerrilla de las FARC generó controversia en Colombia.
Amigos y opositores del gobierno se trenzaron en una discusión sobre si el episodio constituyó un crimen de guerra, una infracción al Derecho Internacional Humanitario o simplemente una conducta atípica.
Por un lado, el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo que él no cree que "el gran éxito militar del 2 de julio se opaque" por el episodio conocido en las últimas horas.
Roy Barreras, otro legislador que apoya al presidente Álvaro Uribe, afirmó: "Los héroes de la patria que liberaron a los secuestrados merecen todo nuestro reconocimiento".
Y el vicepresidente Francisco Santos sostuvo que quienes habitualmente atacan los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como las ambulancias, son los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Cuando le preguntaron si debía haber una investigación penal por el hecho, Santos dijo: "Sería el mundo al revés".
Maquiavélico
Por el contrario, el profesor de derecho constitucional Mario Madrid-Malo criticó el hecho de que "algunas personas declaren públicamente que en la Operación Jaque nada merece reproche, porque gracias a ella se obtuvo la liberación de 15 rehenes de la guerrilla.
Los héroes de la patria que liberaron a los secuestrados merecen todo nuestro reconocimiento
Roy Barrera, parlamentario
"Esto no es otra cosa que justificar los medios por el fin, en la más pura línea del amoralismo político, difundido por Maquiavelo", sentenció en entrevista con BBC Mundo.
Para Carlos Gaviria, presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, "la confesión de (el presidente) Uribe es de una gravedad suma. Gota a gota van conociéndose cosas, que van a opacar la Operación Jaque".
"No me anticipo a decir qué puede conocerse. Se van a conocer más detalles. Uno podría tener sospechas de que la operación no fue tan impecable como la presentaron inicialmente", le dijo a BBC Mundo.
Sin perfidia
Por ahora, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, ha dicho que, no obstante la revelación del gobierno, no hay elementos para iniciar una investigación por el delito de perfidia, castigado por el Código Penal colombiano.
Uno podría tener sospechas de que la operación no fue tan impecable como la presentaron inicialmente
Carlos Gaviria, Polo Democrático Alternativo
En una breve declaración, el CICR recordó que "debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
Por su parte, Mario Madrid-Malo puntualizó que el uso indebido del signo distintivo de la Cruz Roja está prohibido por el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.
"El signo de la Cruz Roja se usa indebidamente cuando personas que toman parte directa en el conflicto o activan las hostilidades lo emplean para simular el estatuto de protección otorgado por el Derecho Internacional Humanitario a quienes dentro de la guerra no deben ser objeto de ataque", explicó.
Mentiras
El destape del episodio recordó el diálogo sostenido en directo por televisión la noche del 2 de julio pasado entre el presidente Álvaro Uribe y el Comandante del Ejército, general Mario Montoya.
"Mi general, para repetirle al mundo, nuestros helicópteros no llevaron insignias", dijo aquel día el presidente Uribe.
"Ninguna insignia, señor presidente, ninguna insignia, ni de Cruz Roja, ni de nada parecido, ni de ninguna misión humanitaria, absolutamente. Era una misión especial", respondió el general Montoya.
Sin embargo, pocos días después surgieron conjeturas sobre el uso de insignias de la Cruz Roja en la operación que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y de 14 personas más.
El pasado 12 de julio, cuando le preguntaron por esas dudas, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le respondió a un periodista: "Emblemas de la Cruz Roja no pudo haber visto, porque el general (Fredy) Padilla (Comandante de las Fuerzas Militares) dio instrucciones claras, categóricas y perentorias: No se puede suplantar ninguna organización internacional".
Más allá de las interpretaciones jurídicas por la utilización de un emblema en la operación de rescate de los secuestrados, muchos se preguntan qué tanto puede afectar ese episodio futuras operaciones de ese organismo en Colombia, donde existe un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7510000/7510806.stm
Publicada: 2008/07/16 22:51:18 GMT
© BBC MMVIII
Hernando Salazar
Colombia
El uso de al menos un emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la operación que liberó a 15 rehenes en poder de la guerrilla de las FARC generó controversia en Colombia.
Amigos y opositores del gobierno se trenzaron en una discusión sobre si el episodio constituyó un crimen de guerra, una infracción al Derecho Internacional Humanitario o simplemente una conducta atípica.
Por un lado, el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo que él no cree que "el gran éxito militar del 2 de julio se opaque" por el episodio conocido en las últimas horas.
Roy Barreras, otro legislador que apoya al presidente Álvaro Uribe, afirmó: "Los héroes de la patria que liberaron a los secuestrados merecen todo nuestro reconocimiento".
Y el vicepresidente Francisco Santos sostuvo que quienes habitualmente atacan los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como las ambulancias, son los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Cuando le preguntaron si debía haber una investigación penal por el hecho, Santos dijo: "Sería el mundo al revés".
Maquiavélico
Por el contrario, el profesor de derecho constitucional Mario Madrid-Malo criticó el hecho de que "algunas personas declaren públicamente que en la Operación Jaque nada merece reproche, porque gracias a ella se obtuvo la liberación de 15 rehenes de la guerrilla.
Los héroes de la patria que liberaron a los secuestrados merecen todo nuestro reconocimiento
Roy Barrera, parlamentario
"Esto no es otra cosa que justificar los medios por el fin, en la más pura línea del amoralismo político, difundido por Maquiavelo", sentenció en entrevista con BBC Mundo.
Para Carlos Gaviria, presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, "la confesión de (el presidente) Uribe es de una gravedad suma. Gota a gota van conociéndose cosas, que van a opacar la Operación Jaque".
"No me anticipo a decir qué puede conocerse. Se van a conocer más detalles. Uno podría tener sospechas de que la operación no fue tan impecable como la presentaron inicialmente", le dijo a BBC Mundo.
Sin perfidia
Por ahora, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, ha dicho que, no obstante la revelación del gobierno, no hay elementos para iniciar una investigación por el delito de perfidia, castigado por el Código Penal colombiano.
Uno podría tener sospechas de que la operación no fue tan impecable como la presentaron inicialmente
Carlos Gaviria, Polo Democrático Alternativo
En una breve declaración, el CICR recordó que "debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
Por su parte, Mario Madrid-Malo puntualizó que el uso indebido del signo distintivo de la Cruz Roja está prohibido por el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.
"El signo de la Cruz Roja se usa indebidamente cuando personas que toman parte directa en el conflicto o activan las hostilidades lo emplean para simular el estatuto de protección otorgado por el Derecho Internacional Humanitario a quienes dentro de la guerra no deben ser objeto de ataque", explicó.
Mentiras
El destape del episodio recordó el diálogo sostenido en directo por televisión la noche del 2 de julio pasado entre el presidente Álvaro Uribe y el Comandante del Ejército, general Mario Montoya.
"Mi general, para repetirle al mundo, nuestros helicópteros no llevaron insignias", dijo aquel día el presidente Uribe.
"Ninguna insignia, señor presidente, ninguna insignia, ni de Cruz Roja, ni de nada parecido, ni de ninguna misión humanitaria, absolutamente. Era una misión especial", respondió el general Montoya.
Sin embargo, pocos días después surgieron conjeturas sobre el uso de insignias de la Cruz Roja en la operación que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y de 14 personas más.
El pasado 12 de julio, cuando le preguntaron por esas dudas, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le respondió a un periodista: "Emblemas de la Cruz Roja no pudo haber visto, porque el general (Fredy) Padilla (Comandante de las Fuerzas Militares) dio instrucciones claras, categóricas y perentorias: No se puede suplantar ninguna organización internacional".
Más allá de las interpretaciones jurídicas por la utilización de un emblema en la operación de rescate de los secuestrados, muchos se preguntan qué tanto puede afectar ese episodio futuras operaciones de ese organismo en Colombia, donde existe un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7510000/7510806.stm
Publicada: 2008/07/16 22:51:18 GMT
© BBC MMVIII
Cruz Roja pide respeto a Colombia
Redacción BBC Mundo
El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva
CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "tomó nota" del uso de su emblema por parte del ejército de Colombia en el operativo que liberó a Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes de la guerrilla, y dijo que ese símbolo "tiene que ser respetado en todas circunstancias".
Este miércoles el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, confirmó que un alto oficial del Ejército usó los emblemas de CICR en el operativo de rescate de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Lamentamos que esto haya ocurrido. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos se reunieron esta mañana con el representante del CICR para darle las explicaciones y presentarle disculpas", dijo Uribe.
Lamentamos que esto haya ocurrido
Álvaro Uribe, presidente de Colombia
En un comunicado emitido luego de esa reunión, el CICR recordó que "el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales".
En consecuencia, "el emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva".
Neutralidad
El comunicado enfatiza en que el "CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
El hecho no salió a la luz sino hasta que el canal de televisión estadounidense CNN reveló este miércoles que había tenido acceso a tres fotografías supuestamente proporcionadas por una fuente militar confidencial en las que aparecía un hombre portando un delantal con el símbolo de la Cruz Roja en el que se podía leer en francés "Comite International Geneve" (Comité Internacional Ginebra).
Antes de que Uribe confirmara la información de CNN, Anna Schaaf, una de las portavoces del CICR, le reiteró a BBC Mundo que la organización no había tomado parte en la operación de rescate de los rehenes.
Schaaf añadió que se están a la espera de recibir las conclusiones de una investigación que están llevando a cabo las autoridades colombianas.
"Violación flagrante"
En opinión de Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, Suiza, el uso del emblema "se trataría de una violación flagrante del derecho internacional humanitario y en particular del protocolo II de las convenciones de Ginebra, que regula la protección de las victimas en los conflictos armados no internacionales".
"En cuanto a si se trata de un crimen de guerra o no, eso esta sujeto a discusión", destacó el jurista, consultado por BBC Mundo antes de que el presidente colombiano se pronunciara sobre el asunto.
"No se encuentra en la lista clásica de crímenes de guerra reconocidos, salvo que se arguya que (el emblema) haya sido utilizado como una forma de perfidia, abusando del carácter neutral que tienen estos símbolos y la obligación de todas las partes en conflicto de respetarlos".
Andreu cree que "si se demostrara que hubo un elemento de perfidia, podría tener consecuencias penales internacionales".
"Responderían quienes hayan ordenado y participado en el abuso y uso ilegítimo de estas insignias".
Si se demostrara que hubo un elemento de perfidia, podría tener consecuencias penales internacionales
Federico Andreu, Comisión Internacional de Juristas
La cadena CNN asegura las tres imágenes a las que tuvo acceso fueron tomadas antes de inicio de la misión de rescate.
Además, señala que también le ofrecieron un video en el que se veía como en el exterior del helicóptero utilizado para la operación de rescate figuraba el emblema "Misión Internacional Humanitaria", que pertenecería a una organización con sede en Barcelona, España, con el que la cadena no pudo contactar para verificar su existencia.
Al parecer, los emblemas fueron arrancados del aparato y quemados una vez finalizó la operación.
"Parálisis"
En palabras de Federico Andreu, que los símbolos de la Cruz roja "sean utilizados por las partes en conflicto para sus hostilidades deja en una situación de vulnerabilidad y parálisis a una organización que es muy importante en el conflicto armado colombiano".
Según el experto, "se trataría de un rompimiento total de los principios básicos del derecho internacional humanitario sobre la protección absoluta a este tipo de organizaciones, dada su vocación humanitaria y neutral".
La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien estuvo durante más de seis años secuestrada por las FARC, y otros 14 rehenes, fueron liberados el pasado dos de julio en una operación de un comando del ejército colombiano en el departamento del Guaviare.
Según la versión ofrecida por Bogotá, miembros de la inteligencia colombiana lograron infiltrarse en la guerrilla, haciendo que "los secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un helicóptero de una organización ficticia", que en realidad pertenecía al ejército.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7509000/7509566.stm
Publicada: 2008/07/16 19:04:28 GMT
© BBC MMVIII
Redacción BBC Mundo
El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva
CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "tomó nota" del uso de su emblema por parte del ejército de Colombia en el operativo que liberó a Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes de la guerrilla, y dijo que ese símbolo "tiene que ser respetado en todas circunstancias".
Este miércoles el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, confirmó que un alto oficial del Ejército usó los emblemas de CICR en el operativo de rescate de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Lamentamos que esto haya ocurrido. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos se reunieron esta mañana con el representante del CICR para darle las explicaciones y presentarle disculpas", dijo Uribe.
Lamentamos que esto haya ocurrido
Álvaro Uribe, presidente de Colombia
En un comunicado emitido luego de esa reunión, el CICR recordó que "el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales".
En consecuencia, "el emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva".
Neutralidad
El comunicado enfatiza en que el "CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
El hecho no salió a la luz sino hasta que el canal de televisión estadounidense CNN reveló este miércoles que había tenido acceso a tres fotografías supuestamente proporcionadas por una fuente militar confidencial en las que aparecía un hombre portando un delantal con el símbolo de la Cruz Roja en el que se podía leer en francés "Comite International Geneve" (Comité Internacional Ginebra).
Antes de que Uribe confirmara la información de CNN, Anna Schaaf, una de las portavoces del CICR, le reiteró a BBC Mundo que la organización no había tomado parte en la operación de rescate de los rehenes.
Schaaf añadió que se están a la espera de recibir las conclusiones de una investigación que están llevando a cabo las autoridades colombianas.
"Violación flagrante"
En opinión de Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, Suiza, el uso del emblema "se trataría de una violación flagrante del derecho internacional humanitario y en particular del protocolo II de las convenciones de Ginebra, que regula la protección de las victimas en los conflictos armados no internacionales".
"En cuanto a si se trata de un crimen de guerra o no, eso esta sujeto a discusión", destacó el jurista, consultado por BBC Mundo antes de que el presidente colombiano se pronunciara sobre el asunto.
"No se encuentra en la lista clásica de crímenes de guerra reconocidos, salvo que se arguya que (el emblema) haya sido utilizado como una forma de perfidia, abusando del carácter neutral que tienen estos símbolos y la obligación de todas las partes en conflicto de respetarlos".
Andreu cree que "si se demostrara que hubo un elemento de perfidia, podría tener consecuencias penales internacionales".
"Responderían quienes hayan ordenado y participado en el abuso y uso ilegítimo de estas insignias".
Si se demostrara que hubo un elemento de perfidia, podría tener consecuencias penales internacionales
Federico Andreu, Comisión Internacional de Juristas
La cadena CNN asegura las tres imágenes a las que tuvo acceso fueron tomadas antes de inicio de la misión de rescate.
Además, señala que también le ofrecieron un video en el que se veía como en el exterior del helicóptero utilizado para la operación de rescate figuraba el emblema "Misión Internacional Humanitaria", que pertenecería a una organización con sede en Barcelona, España, con el que la cadena no pudo contactar para verificar su existencia.
Al parecer, los emblemas fueron arrancados del aparato y quemados una vez finalizó la operación.
"Parálisis"
En palabras de Federico Andreu, que los símbolos de la Cruz roja "sean utilizados por las partes en conflicto para sus hostilidades deja en una situación de vulnerabilidad y parálisis a una organización que es muy importante en el conflicto armado colombiano".
Según el experto, "se trataría de un rompimiento total de los principios básicos del derecho internacional humanitario sobre la protección absoluta a este tipo de organizaciones, dada su vocación humanitaria y neutral".
La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien estuvo durante más de seis años secuestrada por las FARC, y otros 14 rehenes, fueron liberados el pasado dos de julio en una operación de un comando del ejército colombiano en el departamento del Guaviare.
Según la versión ofrecida por Bogotá, miembros de la inteligencia colombiana lograron infiltrarse en la guerrilla, haciendo que "los secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un helicóptero de una organización ficticia", que en realidad pertenecía al ejército.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7509000/7509566.stm
Publicada: 2008/07/16 19:04:28 GMT
© BBC MMVIII
De mediadores a acusados
El suizo Jean-Pierre Gontard y el ex ministro Álvaro Leyva están siendo investigados por la Fiscalía por, presuntamente, haber transgredido su función como mediadores de paz. Otras figuras que también han jugado el papel de mediadores, como Piedad Córdoba, Lázaro Viveros y Carlos Lozano, también terminaron bajo el ojo de la justicia.
Fecha: 07/16/2008 -
El facilitador suizo Jean-Pierre Gontard es investigado por la Fiscalía General por el presunto delito de concierto para delinquir que habría cometido al transportar 500 mil dólares que eran de la guerrilla de las Farc y que serían producto del pago de un secuestro.
La decisión de la Fiscalía fue tomada a partir de la declaración del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien señaló que información encontrada en el computador del jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ relaciona a Gontard con el transporte a Costa Rica del medio millón de dólares que fue decomisado en marzo pasado.
Este dinero sería el producto del pago de un rescate que hizo el laboratorio farmacéutico Novartis a las Farc a cambio de la liberación de dos empleados de la empresa que estaban secuestrados. La transacción se habría realizado en el 2001 cuando Gontard realizaba funciones de mediador aprobadas por el Gobierno colombiano.
El presidente de Novartis en suiza negó que Gontard hubiera sido emisario de un rescate para la liberación de sus empleados.
El gobierno de Suiza pidió este martes que cesaran los ataques contra el facilitador Gontard a través de un comunicado en el cual resalta que tanto él como Noel Saez, facilitador francés, han trabajado “a veces poniendo sus vidas en peligro con el fin de salvar vidas y liberar a personas retenidas en condiciones muy duras”. El comunicado, además, explica que gracias a las labores de Gontard se logró la negociación entre las Farc y la empresa Novartis para lograr la liberación de dos secuestrados.
En las únicas declaraciones que ha dado después de la Operación Jaque, el 6 de julio Gontard dijo que no le extrañan los riesgos que acarrea ser mediador.
“En todos los trabajos de mediación o facilitación existe el riesgo de ser acusado de estar más de un lado o de otro, pero ese es un riesgo que conozco y aunque hay que tratar de minimizarlo, no es trágico. Es una situación clásica”, dijo Gontard a la cadena suiza TSR.
Gontard dijo también que no estaba al tanto del operativo de rescate.
Capítulo Leyva
Desde el pasado 22 de mayo Álvaro Leyva está siendo investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con las Farc. Leyva, quien se ha reunido en diversos momentos con miembros del Secretariado del grupo guerrillero para buscar un acuerdo de paz, aparece mencionado en varios mensajes encontrados en el computador de ‘Raúl Reyes’, donde las autoridades dicen que es llamado ‘El profesor’.
Esas menciones, sin embargo, no han sido determinantes para que el proceso en contra de Leyva haya avanzado.
Esta semana, sin embargo, una nueva acusación apareció en contra del ex candidato presidencial. El senador de Colombia Democrática, Miguel De la Espriella, detenido por parapolítica, lo señaló de haber pedido en una reunión a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Vicente Castaño que dejaran el proceso de paz con el gobierno en el 2004.
De esta forma, según De la Espriella, se atentaría contra la gobernabilidad y la reelección de Uribe. Posteriormente, se iniciaría una negociación de paz entre las Farc y el gobierno de turno.
La acusación fue hecha durante la audiencia de juzgamiento por parapolítica en contra de Reginaldo Montes, senador de Cambio Radical.
A través de un comunicado, Álvaro Leyva explicó que las reuniones que ha tenido a lo largo de 25 años han sido en razón de la mediación en el conflicto colombiano y que “lo que pretende ahora Miguel De La Espriella es judicializar mis iniciativas de paz agregándole sus propios pecados. Si mis reuniones hubieran constituido delito, la Fiscalía me habría procesado al conocer la publicación de Semana (febrero 27 de 2006).
También está siendo investigada la senadora liberal Piedad Córdoba, designada mediadora entre agosto y noviembre del año pasado y Wilson Borja, del Polo democrático, quien hace parte de la comisión de paz la Cámara de representantes.
La lista la completa Lazaro Viveros, ex asesor de paz del gobierno de Pastrana, a quien lo investiga la Fiscalía por su posible vinculación con las Farc.
www.semana.com
El suizo Jean-Pierre Gontard y el ex ministro Álvaro Leyva están siendo investigados por la Fiscalía por, presuntamente, haber transgredido su función como mediadores de paz. Otras figuras que también han jugado el papel de mediadores, como Piedad Córdoba, Lázaro Viveros y Carlos Lozano, también terminaron bajo el ojo de la justicia.
Fecha: 07/16/2008 -
El facilitador suizo Jean-Pierre Gontard es investigado por la Fiscalía General por el presunto delito de concierto para delinquir que habría cometido al transportar 500 mil dólares que eran de la guerrilla de las Farc y que serían producto del pago de un secuestro.
La decisión de la Fiscalía fue tomada a partir de la declaración del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien señaló que información encontrada en el computador del jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ relaciona a Gontard con el transporte a Costa Rica del medio millón de dólares que fue decomisado en marzo pasado.
Este dinero sería el producto del pago de un rescate que hizo el laboratorio farmacéutico Novartis a las Farc a cambio de la liberación de dos empleados de la empresa que estaban secuestrados. La transacción se habría realizado en el 2001 cuando Gontard realizaba funciones de mediador aprobadas por el Gobierno colombiano.
El presidente de Novartis en suiza negó que Gontard hubiera sido emisario de un rescate para la liberación de sus empleados.
El gobierno de Suiza pidió este martes que cesaran los ataques contra el facilitador Gontard a través de un comunicado en el cual resalta que tanto él como Noel Saez, facilitador francés, han trabajado “a veces poniendo sus vidas en peligro con el fin de salvar vidas y liberar a personas retenidas en condiciones muy duras”. El comunicado, además, explica que gracias a las labores de Gontard se logró la negociación entre las Farc y la empresa Novartis para lograr la liberación de dos secuestrados.
En las únicas declaraciones que ha dado después de la Operación Jaque, el 6 de julio Gontard dijo que no le extrañan los riesgos que acarrea ser mediador.
“En todos los trabajos de mediación o facilitación existe el riesgo de ser acusado de estar más de un lado o de otro, pero ese es un riesgo que conozco y aunque hay que tratar de minimizarlo, no es trágico. Es una situación clásica”, dijo Gontard a la cadena suiza TSR.
Gontard dijo también que no estaba al tanto del operativo de rescate.
Capítulo Leyva
Desde el pasado 22 de mayo Álvaro Leyva está siendo investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con las Farc. Leyva, quien se ha reunido en diversos momentos con miembros del Secretariado del grupo guerrillero para buscar un acuerdo de paz, aparece mencionado en varios mensajes encontrados en el computador de ‘Raúl Reyes’, donde las autoridades dicen que es llamado ‘El profesor’.
Esas menciones, sin embargo, no han sido determinantes para que el proceso en contra de Leyva haya avanzado.
Esta semana, sin embargo, una nueva acusación apareció en contra del ex candidato presidencial. El senador de Colombia Democrática, Miguel De la Espriella, detenido por parapolítica, lo señaló de haber pedido en una reunión a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Vicente Castaño que dejaran el proceso de paz con el gobierno en el 2004.
De esta forma, según De la Espriella, se atentaría contra la gobernabilidad y la reelección de Uribe. Posteriormente, se iniciaría una negociación de paz entre las Farc y el gobierno de turno.
La acusación fue hecha durante la audiencia de juzgamiento por parapolítica en contra de Reginaldo Montes, senador de Cambio Radical.
A través de un comunicado, Álvaro Leyva explicó que las reuniones que ha tenido a lo largo de 25 años han sido en razón de la mediación en el conflicto colombiano y que “lo que pretende ahora Miguel De La Espriella es judicializar mis iniciativas de paz agregándole sus propios pecados. Si mis reuniones hubieran constituido delito, la Fiscalía me habría procesado al conocer la publicación de Semana (febrero 27 de 2006).
También está siendo investigada la senadora liberal Piedad Córdoba, designada mediadora entre agosto y noviembre del año pasado y Wilson Borja, del Polo democrático, quien hace parte de la comisión de paz la Cámara de representantes.
La lista la completa Lazaro Viveros, ex asesor de paz del gobierno de Pastrana, a quien lo investiga la Fiscalía por su posible vinculación con las Farc.
www.semana.com
Renunció el canciller Fernando Araújo
Redacción elcolombiano.com - Publicado el 16 de julio de 2008
El canciller de la República, Fernando Araújo Perdomo presentó este miércoles su carta de renuncia al cargo ante el secretario general de la Presidencia, Bernardo Romero.
No obstante, no trascendieron las causas de su dimisión. En su nota agradeció al mandatario por haberle permitido hacer parte de su gabinete.
Este jueves, a las 4 de la tarde, asumirá en su remplazo Jaime Bermúdez, ex embajador de Colombia en Argentina.
El 28 de enero de 2007, dos meses después de su fuga tras permanecer seis años secuestrado por las Farc, el presidente Álvaro Uribe lo designó como canciller.
www.elcolombiano.com.com
Redacción elcolombiano.com - Publicado el 16 de julio de 2008
El canciller de la República, Fernando Araújo Perdomo presentó este miércoles su carta de renuncia al cargo ante el secretario general de la Presidencia, Bernardo Romero.
No obstante, no trascendieron las causas de su dimisión. En su nota agradeció al mandatario por haberle permitido hacer parte de su gabinete.
Este jueves, a las 4 de la tarde, asumirá en su remplazo Jaime Bermúdez, ex embajador de Colombia en Argentina.
El 28 de enero de 2007, dos meses después de su fuga tras permanecer seis años secuestrado por las Farc, el presidente Álvaro Uribe lo designó como canciller.
www.elcolombiano.com.com
Al fondo del tropel de la Nacional
En la Universidad Nacional hay 20 mil estudiantes y 240 grupos estudiantiles activos de distintas corrientes e intereses, pero apenas unos 400 jovenes son radicales. Una mirada desde el corazón del movimiento estudiantil. Especial para Semana.com
Por Raúl Alejandro Martínez*
Fecha: 07/14/2008 -
Un tropel huele a leche y vinagre, a pólvora, sudor, gas pimienta y césped. Esto dice Paula*, quien fue encargada de la “cocina” por varios años. Muestra el lugar donde se preparan los petos, las molotov y todos los artefactos de piedra, pólvora negra, azufre y balines que se van a lanzar, con tubos PVC, contra la Policía. Para neutralizar el efecto de los gases lacrimógenos que riegan los antimotines, se empapan la cara con leche y vinagre. La duración de cada contienda oscila entre dos y seis horas. En sede de Bogotá de la Universidad Nacional, las consignas han variado muy poco desde la década de los sesenta. Los problemas son los mismos, dicen algunos estudiantes. El tropel ha cobrado vidas humanas, desapariciones y, sobre todo, rabia y odio entre policías y estudiantes. (vea aquí el glosario de la jerga del tropel)
Paula es una mujer de baja estatura, morena, de cabellos alborotados y azabaches, ojos brillantes y mirada altiva. Habla con una voz gruesa y pausada de los días en que solía estar convencida de la piedra como el camino para las reivindicaciones. “Es una batalla – dice — y hay pequeñas victorias como, por ejemplo, cuando se les dañaban algunos escudos a los policías o se afectaba una tanqueta”. Dice que después de que la siguieron y amenazaron no volvió al tropel.
No toda protesta en la ciudad universitaria implica una batalla. La gran mayoría de los estudiantes no comparten esta manera de protestar. Para ellos proponer y deliberar no significa tirar piedra. El movimiento estudiantil es diverso y amplio y reducirlo a los grupos beligerantes es estigmatizarlo. Los líderes pacíficos lo pagan caro, los tildan de ser simpatizantes de los capuchos, los amenazan.
La Plaza Che
Jerga del tropel
El tropel en cifras
Veinte mil jóvenes estudian en la Nacional. Se tiene cuenta de 230 grupos estudiantiles que realizan actividades sociales, culturales, deportivas y también políticas. Los radicales son, si mucho, 400 estudiantes, organizados en una decena de grupos. Cuando arman sus batallas se les suman varios espontáneos, y pueden llegar a ser hasta mil estudiantes. Son pocos, pero pueden paralizar la universidad, alterar el orden público.
Cada vez que los grandes movimientos estudiantiles quieren denunciar o protestar por medidas oficiales, los beligerantes aprovechan. Este año los estudiantes se pronunciaron contra el Estatuto Estudiantil. Fue una movilización y un paro que transcurrieron pacíficamente. Convocaron a la reflexión a profesores, estudiantes y directivas sin que se presentaran altercados o agresiones. En las asambleas de estudiantes hubo sí formas simbólicas de protesta como el bloqueo de salones y otros mecanismos de presión para ser escuchados, pero nunca apoyaron tropeles.
El año pasado fue igual. En abril y junio se movilizaron en protesta pacífica casi diez mil estudiantes de la universidad porque no compartían la aprobación del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo. En las marchas se censuraron los intentos de tropel de algunos anarquistas.
Una historia de letra y sangre…
Desde 1937, desde que existe, el extenso campus de la Universidad Nacional que ocupa varias manzanas entre las calles 26 y 53 y las carreras 30 y 50 de Bogotá, ha sido testigo de las diferentes transformaciones científicas, educativas, sociales y de pensamiento en Colombia, pero también, como el país, ha visto violencia y asesinatos.
El profesor Jesús Antonio Bejarano, el estudiante Carlos Geovani Blanco y el patrullero de la policía Ramiro Andrés Soto, han sido abatidos dentro de la Ciudad Universitaria. Asesinados entre 1999 y 2001. Ellos engrosan una lista que se inició con el asesinato de Uriel Gutiérrez, el 8 de junio de 1954, y de otros nueve estudiantes más al día siguiente, durante las protestas contra la dictadura de Rojas Pinilla. Cada 8 y 9 de junio se conmemora el Día del estudiante caído. Ese círculo perverso que se inauguró allí: protesta, represión y violencia sigue dándose hasta hoy, y se recrudece según el gobierno de turno.
El primer semestre de 2008 fue particularmente violento en las universidades. Ya no fueron batallas de piedra y palo. Ahora tiran rockets caseros, tubos cargados con pólvora, artefactos contundentes, armas peligrosas.
Antes los últimos embates del puñado de estudiantes violentos, el gobierno sacó de la manga una vieja receta. “La Policía debe entrar a cualquier recinto universitario en el que haya violencia”, ordenó el presidente Álvaro Uribe el pasado 29 de mayo, frente a un grupo de 24 estudiantes de la Universidad Pedagógica detenidos luego de disturbios, en los cuales rociaron ácido a miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía).
Meter a la Fuerza Pública adentro de la Universidad tiene un mal precedente y, quizás por eso es tan resistido por los estudiantes hasta hoy. El 16 de mayo de 1984, durante la administración del médico Fernando Sánchez Torres, y después de graves disturbios, se permitió que la Policía y el Ejército desalojaran a los estudiantes de las residencias y el campus. El episodio desencadenó en hechos confusos durante los cuales murieron 17 estudiantes y la universidad fue cerrada durante un año. Después de dos décadas este hecho sigue sin aclararse.
Los radicales no son todos lo mismos
Entre radicales de la Nacional hay diferentes corrientes ideológicas. Están los camilistas (seguidores del Che Guevara y la guerrilla del Eln), los maoistas (admiradores de la revolución popular china y la guerrilla peruana de Sendero Luminoso), los de pensamiento bolivariano (afín esa rara mezcla de marxismo-leninismo y admiración por Bolívar, que caracteriza a las Farc y al chavismo).
Desde los noventa, el panorama se ha vuelto aún más complejo. Una defensora de derechos humanos estudiosa del tema explica que los camilistas tiene varios grupos: los TNT (Tercos, Necios y Transformadores), los BASO (Barricada Socialista), el GFIR (Grupo de Formación Integral Revolucionario), y el FER-Sin Permiso. En la corriente maoista sobresale el grupo Guardias Rojos. Finalmente, están los grupos CLANES (de un juego de palabras con clan y clandestino), donde convergen diferentes tendencias como el camilismo, centralismo democrático y marxismo leninismo. Pablo*, miembro fundador y activista desde 2003 del Clan Jaime Bateman Cayón, afirma que están en todas las universidades de Bogotá y en muchas del país.
Hace ocho años, en 2000, apareció en escena un nuevo actor radical. Es el Movimiento Bolivariano, MB creado por el actual jefe de las Farc, Alfonso Cano. Los conocedores dicen que son pocos pero que ya están no sólo en las universidades públicas, sino también en algunas privadas como la Libre, Javeriana y Externado.
Pablo del Clan Bateman afirma que la relación de CLANES con el Movimiento Bolivariano es esporádica y se articulan únicamente para llevar a cabo la protesta. “Uno no es amigo del que toma al lado de uno, del que rumbea al lado de uno, un verdadero amigo es el que tiene el valor de luchar al lado de uno”, dice Montaña. Pero ante la pregunta de si lo seduce el tropel, Pablo contesta rotundo: “No estamos en la clandestinidad por seducción, es una necesidad histórica… la clandestinidad no es un hobbie, es una forma de defender la vida y cumplir con la obligación moral de combatir”.
Sin embargo, además de las razones políticas de los radicales, existen otras de un orden más pasional. Patricia*, ex militante de un grupo que “tropeliaba”, explica: “(seducen)… los códigos comunes, el lenguaje, hay una ilusión y es que te crees fuerte, te crees muy fuerte, te crees invencible cuando además sales en colectivo a enfrentar al enemigo que en ese momento está encarnado en el modelo de Estado contra el que tú combates, y está encarnado en la Policía o quien disponga la fuerza pública o sea, el Esmad, o a quien pongan”.
Mariana, la que preparaba la “cocina” de los tropeles y ya dejó la militancia, baja un poco la voz y evoca esos momentos vividos intensamente. “Existe un lazo muy fuerte con el núcleo que tú conoces. Es una cadena de afecto que surge de compartir tu vida o tu seguridad; te pueden procesar, desaparecer o matar”. Los sentimientos son tan entrañables que muchas relaciones de pareja nacen en esa clandestinidad.
El lazo de confianza es amenazado, no sólo por la posibilidad de ser apresado por los agentes del Esmad. Están los que ellos llaman “tiras”, agentes de inteligencia que se hacen pasar por estudiantes y nunca están identificados. También hay otros que se meten en los círculos estudiantiles y caen por contrainteligencia. Los descubren porque toman fotos en los tropeles o están cercanos a la “fiesta”. Si hallan un infiltrado, la reprimenda es violenta. Paula confiesa algo incómoda: “He visto cosas tenaces, los encierran en los baños y los ‘levantan’, casi hasta matarlos, a veces tiene que ingresar la vigilancia de la universidad para salvarlos”.
Algunos agentes de inteligencia son jóvenes y otros ya entrados en años. “Los que me siguieron a mí eran muy mayores, tipos muy ‘paila’ (malos), muy viejos”, recuerda Paula. El otro enemigo de los estudiantes, clandestinos y no, son los paramilitares. Amedrentan mediante anónimos cargadas de advertencias y amenazas.
Sobreponiéndose a todos los peligros, algunos estudiantes se van a las pedreas, con la convicción certera de que éste es el único camino para ser escuchados. El hondo sentimiento de rabia por lo que ellos consideran injusto, muchas veces se mezcla con la euforia que produce la adrenalina espetada en la contienda, esa misma que se desborda en una violencia que es vista con estupor en los segundos que los noticieros de televisión dedican al orden público.
Samuel ya tiene un nuevo nombre.
Después de hacerse clandestino y ponerse una capucha negra sobre su cabeza se llama “Camilo”. Este es su “nombre de guerra” y su familia no lo sabe. Lo utiliza en las reuniones en las que deciden las “tareas” que debe cumplir en su núcleo. Minutos previos a la puesta en escena, se han reunido diez personas en algún lugar de la universidad para uniformarse. Una vez preparados, vestidos completamente de negro y puestos sus brazaletes como insignias, se dirigen hacia la Plaza Che, donde hallan la formación de un centenar de compañeros o camaradas (así se denominan entre ellos) que los acompañan en una jornada de protesta. Después de un discurso ante militantes y estudiantes expectantes, se cierran las palabras con voladores y petos. Se dirigen a la portería de la calle 26 que es una de las entradas de la universidad donde se hacen los tropeles.
'Camilo' se oculta en medio del frenesí que producen los estruendos de las primeras bombas “papas”. Suda. Se agacha y recoge del piso una botella con gasolina y mecha, es una molocha preparada previamente. Está dispuesto a lanzarla. No piensa. Es de aquellos que se inician en el combate. Antes de adentrarse en la vanguardia para arrojar la molotov, los segundos transcurren en medio de arengas y de pronto arroja la botella envuelta en llamas, con la ira contenida en su menudo cuerpo de veinte años. La bomba estalla contra el piso e incendia silenciosa las llantas de una tanqueta de la Policía.
Los de la Esmad
Vea aquí el tropel en cifras
Cuando el sonido estridente de los petos retumba en los alrededores de la universidad llega la Policía Metropolitana. Se cierran los carriles de la avenida Eldorado (la calle 26) y dependiendo del número de encapuchados aparecen las primeras tanquetas. Estos carros de blindaje especial, están equipados con cámaras de video y mangueras con potentes chorros de agua que utilizan para dispersar a la multitud. En la medida que el calor del tropel comienza a atizarse, aparecen los primeros Esmad con escudos y detrás de ellos otro escuadrón llamado manos libres, equipado con bastones de mando para repeler y capturar a los encapuchados que arrojan las “papas” y los petos. El último escuadrón son los llamados gaseadores, quienes se encargan de disparar las bombas de gas lacrimógeno.
Los policías del Esmad pasan por un curso de tres meses llamado Manejo de multitudes. El escuadrón fue creado desde 1999 como parte de apoyo a la Policía Metropolitana para controlar disturbios callejeros.
Dentro de un traje de policía antidisturbios el calor es intenso. Es un overol anti inflamable y una armadura negra de policarbonato que pesa doce kilos, casco con visor y protectores que le dan a su aspecto de robocop, el famoso agente cibernético del cine. Un Esmad debe ser joven, alto, atlético y de buen estado físico. Debe soportar en calma toda suerte de escupitajos, insultos y artefactos peligrosos.
También aguantan los estribillos hirientes que entonan los estudiantes: “En los libros hallarás, el tesoro del saber, policía tú serás, si no aprendes a leer”. Ningún estudiante enardecido parece ver al ser humano metido en el traje de la Esmad. No capta su miedo, ni su adrenalina.
Cuando el viento arrastra los gases lacrimógenos, el aire se tiñe de gris y el humo no se apacigua, los ánimos de los grupos se trenzan en una cadena eufórica de agresión. No es posible el diálogo y los escasos intentos se dan a través de funcionarios que trabajan en organismos como la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital de Gobierno. Ellos intentan mediar hablando con las partes para que cesen las acciones o se respeten los derechos humanos de los estudiantes y las personas que puedan ser detenidas.
El final
Una vez termina la batalla campal el panorama es desolador. Fernando Montenegro, vicerrector de sede en 2006 narraba lo que veía después de un tropel: “…vidrios destrozados, como escombros de un bombardeo; piedras que debieron ser parte del adoquinado por donde un momento antes avanzaban los compañeros de clase; sillas destrozadas, unas fueron pupitres y las otras, lugares de descanso para visitantes, alumnos o profesores, todas tiradas allí, convertidas en un conjunto de metales retorcidos y sucios”.
Luisa Cantor, la joven líder estudiantil, que trabaja para Bienestar Universitario en la organización de grupos, habla con mucha claridad y apasionamiento acerca de los problemas estructurales que aquejan a la universidad, sin embargo, sólo cree en los medios democráticos. El tropel, dice, es un mecanismo en desuso, agotado.
“Debemos pasar de la edad de piedra a la edad de la razón”, dice con ironía el profesor Carlos Medina.
La reivindicación de derechos, los cambios sociales y las grandes reformas de Colombia han empezado muchas veces en la universidad. Por esta razón, es tan apremiante que las voces de muchos estudiantes sean escuchadas, pero no a través de los estruendos, sino de las palabras, en acciones creativas. Esas que con el tiempo, generan los cambios y se convierten en símbolos.
El daño más grande que hacen los encapuchados no es sobre las paredes o las rejas de la universidad, ni siquiera sobre las tanquetas de la Policía, el daño más grande es cerrar los espacios democráticos para la mayoría y clavar en la memoria de la sociedad esa imagen prejuiciada de vandalismo.
Por eso si la respuesta del Estado ante la violencia en las universidades fuera la civilidad y el diálogo, restaría cada vez más argumentos para los encapuchados. Y no sólo eso, sería una respuesta, en apariencia, obvia pero pocas veces aplicada, que acaso apoyarían la mayor parte de estudiantes.
Cuando se visitan las exposiciones del museo de la Universidad Nacional o se camina por la Plaza Che después de escuchar a la Orquesta Filarmónica en el Auditorio León de Greiff, queda la sensación de que los artistas no gritan y de pronto tendrían mucho que decir. ¿Acaso puede ser el momento de hacer resistencia y propuestas a través de caminos más seductores?
* Los nombres han sido cambiados a petición de las fuentes.
--------------------------------------------------------------------------------
*Raúl Alejandro Martínez es estudiande de la especialización en Periodismo del Centro de Estudios de Periodismo Ceper de la Universidad de los Andes. El texto fue producto del taller de Reportaje.
www.semana.com
En la Universidad Nacional hay 20 mil estudiantes y 240 grupos estudiantiles activos de distintas corrientes e intereses, pero apenas unos 400 jovenes son radicales. Una mirada desde el corazón del movimiento estudiantil. Especial para Semana.com
Por Raúl Alejandro Martínez*
Fecha: 07/14/2008 -
Un tropel huele a leche y vinagre, a pólvora, sudor, gas pimienta y césped. Esto dice Paula*, quien fue encargada de la “cocina” por varios años. Muestra el lugar donde se preparan los petos, las molotov y todos los artefactos de piedra, pólvora negra, azufre y balines que se van a lanzar, con tubos PVC, contra la Policía. Para neutralizar el efecto de los gases lacrimógenos que riegan los antimotines, se empapan la cara con leche y vinagre. La duración de cada contienda oscila entre dos y seis horas. En sede de Bogotá de la Universidad Nacional, las consignas han variado muy poco desde la década de los sesenta. Los problemas son los mismos, dicen algunos estudiantes. El tropel ha cobrado vidas humanas, desapariciones y, sobre todo, rabia y odio entre policías y estudiantes. (vea aquí el glosario de la jerga del tropel)
Paula es una mujer de baja estatura, morena, de cabellos alborotados y azabaches, ojos brillantes y mirada altiva. Habla con una voz gruesa y pausada de los días en que solía estar convencida de la piedra como el camino para las reivindicaciones. “Es una batalla – dice — y hay pequeñas victorias como, por ejemplo, cuando se les dañaban algunos escudos a los policías o se afectaba una tanqueta”. Dice que después de que la siguieron y amenazaron no volvió al tropel.
No toda protesta en la ciudad universitaria implica una batalla. La gran mayoría de los estudiantes no comparten esta manera de protestar. Para ellos proponer y deliberar no significa tirar piedra. El movimiento estudiantil es diverso y amplio y reducirlo a los grupos beligerantes es estigmatizarlo. Los líderes pacíficos lo pagan caro, los tildan de ser simpatizantes de los capuchos, los amenazan.
La Plaza Che
Jerga del tropel
El tropel en cifras
Veinte mil jóvenes estudian en la Nacional. Se tiene cuenta de 230 grupos estudiantiles que realizan actividades sociales, culturales, deportivas y también políticas. Los radicales son, si mucho, 400 estudiantes, organizados en una decena de grupos. Cuando arman sus batallas se les suman varios espontáneos, y pueden llegar a ser hasta mil estudiantes. Son pocos, pero pueden paralizar la universidad, alterar el orden público.
Cada vez que los grandes movimientos estudiantiles quieren denunciar o protestar por medidas oficiales, los beligerantes aprovechan. Este año los estudiantes se pronunciaron contra el Estatuto Estudiantil. Fue una movilización y un paro que transcurrieron pacíficamente. Convocaron a la reflexión a profesores, estudiantes y directivas sin que se presentaran altercados o agresiones. En las asambleas de estudiantes hubo sí formas simbólicas de protesta como el bloqueo de salones y otros mecanismos de presión para ser escuchados, pero nunca apoyaron tropeles.
El año pasado fue igual. En abril y junio se movilizaron en protesta pacífica casi diez mil estudiantes de la universidad porque no compartían la aprobación del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo. En las marchas se censuraron los intentos de tropel de algunos anarquistas.
Una historia de letra y sangre…
Desde 1937, desde que existe, el extenso campus de la Universidad Nacional que ocupa varias manzanas entre las calles 26 y 53 y las carreras 30 y 50 de Bogotá, ha sido testigo de las diferentes transformaciones científicas, educativas, sociales y de pensamiento en Colombia, pero también, como el país, ha visto violencia y asesinatos.
El profesor Jesús Antonio Bejarano, el estudiante Carlos Geovani Blanco y el patrullero de la policía Ramiro Andrés Soto, han sido abatidos dentro de la Ciudad Universitaria. Asesinados entre 1999 y 2001. Ellos engrosan una lista que se inició con el asesinato de Uriel Gutiérrez, el 8 de junio de 1954, y de otros nueve estudiantes más al día siguiente, durante las protestas contra la dictadura de Rojas Pinilla. Cada 8 y 9 de junio se conmemora el Día del estudiante caído. Ese círculo perverso que se inauguró allí: protesta, represión y violencia sigue dándose hasta hoy, y se recrudece según el gobierno de turno.
El primer semestre de 2008 fue particularmente violento en las universidades. Ya no fueron batallas de piedra y palo. Ahora tiran rockets caseros, tubos cargados con pólvora, artefactos contundentes, armas peligrosas.
Antes los últimos embates del puñado de estudiantes violentos, el gobierno sacó de la manga una vieja receta. “La Policía debe entrar a cualquier recinto universitario en el que haya violencia”, ordenó el presidente Álvaro Uribe el pasado 29 de mayo, frente a un grupo de 24 estudiantes de la Universidad Pedagógica detenidos luego de disturbios, en los cuales rociaron ácido a miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía).
Meter a la Fuerza Pública adentro de la Universidad tiene un mal precedente y, quizás por eso es tan resistido por los estudiantes hasta hoy. El 16 de mayo de 1984, durante la administración del médico Fernando Sánchez Torres, y después de graves disturbios, se permitió que la Policía y el Ejército desalojaran a los estudiantes de las residencias y el campus. El episodio desencadenó en hechos confusos durante los cuales murieron 17 estudiantes y la universidad fue cerrada durante un año. Después de dos décadas este hecho sigue sin aclararse.
Los radicales no son todos lo mismos
Entre radicales de la Nacional hay diferentes corrientes ideológicas. Están los camilistas (seguidores del Che Guevara y la guerrilla del Eln), los maoistas (admiradores de la revolución popular china y la guerrilla peruana de Sendero Luminoso), los de pensamiento bolivariano (afín esa rara mezcla de marxismo-leninismo y admiración por Bolívar, que caracteriza a las Farc y al chavismo).
Desde los noventa, el panorama se ha vuelto aún más complejo. Una defensora de derechos humanos estudiosa del tema explica que los camilistas tiene varios grupos: los TNT (Tercos, Necios y Transformadores), los BASO (Barricada Socialista), el GFIR (Grupo de Formación Integral Revolucionario), y el FER-Sin Permiso. En la corriente maoista sobresale el grupo Guardias Rojos. Finalmente, están los grupos CLANES (de un juego de palabras con clan y clandestino), donde convergen diferentes tendencias como el camilismo, centralismo democrático y marxismo leninismo. Pablo*, miembro fundador y activista desde 2003 del Clan Jaime Bateman Cayón, afirma que están en todas las universidades de Bogotá y en muchas del país.
Hace ocho años, en 2000, apareció en escena un nuevo actor radical. Es el Movimiento Bolivariano, MB creado por el actual jefe de las Farc, Alfonso Cano. Los conocedores dicen que son pocos pero que ya están no sólo en las universidades públicas, sino también en algunas privadas como la Libre, Javeriana y Externado.
Pablo del Clan Bateman afirma que la relación de CLANES con el Movimiento Bolivariano es esporádica y se articulan únicamente para llevar a cabo la protesta. “Uno no es amigo del que toma al lado de uno, del que rumbea al lado de uno, un verdadero amigo es el que tiene el valor de luchar al lado de uno”, dice Montaña. Pero ante la pregunta de si lo seduce el tropel, Pablo contesta rotundo: “No estamos en la clandestinidad por seducción, es una necesidad histórica… la clandestinidad no es un hobbie, es una forma de defender la vida y cumplir con la obligación moral de combatir”.
Sin embargo, además de las razones políticas de los radicales, existen otras de un orden más pasional. Patricia*, ex militante de un grupo que “tropeliaba”, explica: “(seducen)… los códigos comunes, el lenguaje, hay una ilusión y es que te crees fuerte, te crees muy fuerte, te crees invencible cuando además sales en colectivo a enfrentar al enemigo que en ese momento está encarnado en el modelo de Estado contra el que tú combates, y está encarnado en la Policía o quien disponga la fuerza pública o sea, el Esmad, o a quien pongan”.
Mariana, la que preparaba la “cocina” de los tropeles y ya dejó la militancia, baja un poco la voz y evoca esos momentos vividos intensamente. “Existe un lazo muy fuerte con el núcleo que tú conoces. Es una cadena de afecto que surge de compartir tu vida o tu seguridad; te pueden procesar, desaparecer o matar”. Los sentimientos son tan entrañables que muchas relaciones de pareja nacen en esa clandestinidad.
El lazo de confianza es amenazado, no sólo por la posibilidad de ser apresado por los agentes del Esmad. Están los que ellos llaman “tiras”, agentes de inteligencia que se hacen pasar por estudiantes y nunca están identificados. También hay otros que se meten en los círculos estudiantiles y caen por contrainteligencia. Los descubren porque toman fotos en los tropeles o están cercanos a la “fiesta”. Si hallan un infiltrado, la reprimenda es violenta. Paula confiesa algo incómoda: “He visto cosas tenaces, los encierran en los baños y los ‘levantan’, casi hasta matarlos, a veces tiene que ingresar la vigilancia de la universidad para salvarlos”.
Algunos agentes de inteligencia son jóvenes y otros ya entrados en años. “Los que me siguieron a mí eran muy mayores, tipos muy ‘paila’ (malos), muy viejos”, recuerda Paula. El otro enemigo de los estudiantes, clandestinos y no, son los paramilitares. Amedrentan mediante anónimos cargadas de advertencias y amenazas.
Sobreponiéndose a todos los peligros, algunos estudiantes se van a las pedreas, con la convicción certera de que éste es el único camino para ser escuchados. El hondo sentimiento de rabia por lo que ellos consideran injusto, muchas veces se mezcla con la euforia que produce la adrenalina espetada en la contienda, esa misma que se desborda en una violencia que es vista con estupor en los segundos que los noticieros de televisión dedican al orden público.
Samuel ya tiene un nuevo nombre.
Después de hacerse clandestino y ponerse una capucha negra sobre su cabeza se llama “Camilo”. Este es su “nombre de guerra” y su familia no lo sabe. Lo utiliza en las reuniones en las que deciden las “tareas” que debe cumplir en su núcleo. Minutos previos a la puesta en escena, se han reunido diez personas en algún lugar de la universidad para uniformarse. Una vez preparados, vestidos completamente de negro y puestos sus brazaletes como insignias, se dirigen hacia la Plaza Che, donde hallan la formación de un centenar de compañeros o camaradas (así se denominan entre ellos) que los acompañan en una jornada de protesta. Después de un discurso ante militantes y estudiantes expectantes, se cierran las palabras con voladores y petos. Se dirigen a la portería de la calle 26 que es una de las entradas de la universidad donde se hacen los tropeles.
'Camilo' se oculta en medio del frenesí que producen los estruendos de las primeras bombas “papas”. Suda. Se agacha y recoge del piso una botella con gasolina y mecha, es una molocha preparada previamente. Está dispuesto a lanzarla. No piensa. Es de aquellos que se inician en el combate. Antes de adentrarse en la vanguardia para arrojar la molotov, los segundos transcurren en medio de arengas y de pronto arroja la botella envuelta en llamas, con la ira contenida en su menudo cuerpo de veinte años. La bomba estalla contra el piso e incendia silenciosa las llantas de una tanqueta de la Policía.
Los de la Esmad
Vea aquí el tropel en cifras
Cuando el sonido estridente de los petos retumba en los alrededores de la universidad llega la Policía Metropolitana. Se cierran los carriles de la avenida Eldorado (la calle 26) y dependiendo del número de encapuchados aparecen las primeras tanquetas. Estos carros de blindaje especial, están equipados con cámaras de video y mangueras con potentes chorros de agua que utilizan para dispersar a la multitud. En la medida que el calor del tropel comienza a atizarse, aparecen los primeros Esmad con escudos y detrás de ellos otro escuadrón llamado manos libres, equipado con bastones de mando para repeler y capturar a los encapuchados que arrojan las “papas” y los petos. El último escuadrón son los llamados gaseadores, quienes se encargan de disparar las bombas de gas lacrimógeno.
Los policías del Esmad pasan por un curso de tres meses llamado Manejo de multitudes. El escuadrón fue creado desde 1999 como parte de apoyo a la Policía Metropolitana para controlar disturbios callejeros.
Dentro de un traje de policía antidisturbios el calor es intenso. Es un overol anti inflamable y una armadura negra de policarbonato que pesa doce kilos, casco con visor y protectores que le dan a su aspecto de robocop, el famoso agente cibernético del cine. Un Esmad debe ser joven, alto, atlético y de buen estado físico. Debe soportar en calma toda suerte de escupitajos, insultos y artefactos peligrosos.
También aguantan los estribillos hirientes que entonan los estudiantes: “En los libros hallarás, el tesoro del saber, policía tú serás, si no aprendes a leer”. Ningún estudiante enardecido parece ver al ser humano metido en el traje de la Esmad. No capta su miedo, ni su adrenalina.
Cuando el viento arrastra los gases lacrimógenos, el aire se tiñe de gris y el humo no se apacigua, los ánimos de los grupos se trenzan en una cadena eufórica de agresión. No es posible el diálogo y los escasos intentos se dan a través de funcionarios que trabajan en organismos como la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital de Gobierno. Ellos intentan mediar hablando con las partes para que cesen las acciones o se respeten los derechos humanos de los estudiantes y las personas que puedan ser detenidas.
El final
Una vez termina la batalla campal el panorama es desolador. Fernando Montenegro, vicerrector de sede en 2006 narraba lo que veía después de un tropel: “…vidrios destrozados, como escombros de un bombardeo; piedras que debieron ser parte del adoquinado por donde un momento antes avanzaban los compañeros de clase; sillas destrozadas, unas fueron pupitres y las otras, lugares de descanso para visitantes, alumnos o profesores, todas tiradas allí, convertidas en un conjunto de metales retorcidos y sucios”.
Luisa Cantor, la joven líder estudiantil, que trabaja para Bienestar Universitario en la organización de grupos, habla con mucha claridad y apasionamiento acerca de los problemas estructurales que aquejan a la universidad, sin embargo, sólo cree en los medios democráticos. El tropel, dice, es un mecanismo en desuso, agotado.
“Debemos pasar de la edad de piedra a la edad de la razón”, dice con ironía el profesor Carlos Medina.
La reivindicación de derechos, los cambios sociales y las grandes reformas de Colombia han empezado muchas veces en la universidad. Por esta razón, es tan apremiante que las voces de muchos estudiantes sean escuchadas, pero no a través de los estruendos, sino de las palabras, en acciones creativas. Esas que con el tiempo, generan los cambios y se convierten en símbolos.
El daño más grande que hacen los encapuchados no es sobre las paredes o las rejas de la universidad, ni siquiera sobre las tanquetas de la Policía, el daño más grande es cerrar los espacios democráticos para la mayoría y clavar en la memoria de la sociedad esa imagen prejuiciada de vandalismo.
Por eso si la respuesta del Estado ante la violencia en las universidades fuera la civilidad y el diálogo, restaría cada vez más argumentos para los encapuchados. Y no sólo eso, sería una respuesta, en apariencia, obvia pero pocas veces aplicada, que acaso apoyarían la mayor parte de estudiantes.
Cuando se visitan las exposiciones del museo de la Universidad Nacional o se camina por la Plaza Che después de escuchar a la Orquesta Filarmónica en el Auditorio León de Greiff, queda la sensación de que los artistas no gritan y de pronto tendrían mucho que decir. ¿Acaso puede ser el momento de hacer resistencia y propuestas a través de caminos más seductores?
* Los nombres han sido cambiados a petición de las fuentes.
--------------------------------------------------------------------------------
*Raúl Alejandro Martínez es estudiande de la especialización en Periodismo del Centro de Estudios de Periodismo Ceper de la Universidad de los Andes. El texto fue producto del taller de Reportaje.
www.semana.com
Exclusivo: responsable del atentado contra Wilson Borja fue capturado en Cúcuta
El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado esta mañana tras haberse fugado en 2004 de la sede de la PM-13 en Bogotá. La Corte Suprema lo condenó a 27 años de cárcel por un atentado contra el congresista Borja en el 2000.
Fecha: 07/15/2008 -
La Policía Nacional capturó esta mañana en Cúcuta al mayor retirado del Ejército César Alonso Maldonado, responsable del atentado que el 15 de diciembre de 2000 sufrió el entonces sindicalista Wilson Borja.
A mediados del 2007, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra el sindicalista, al considerar correcto el fallo por el cual se condenaba al mayor Maldonado a 27 años y nueve meses de prisión. Todo indica que este oficial recibió órdenes directas del fallecido líder paramilitar, Carlos Castaño.
El pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a un recurso de casación que interpuso la defensa del militar. Aquella figura jurídica sirve para pedir la nulidad de una sentencia cuando se considera incorrecta.
La mañana del 10 de diciembre de 2001, Borja salió a las 6 y 15 de la mañana de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Lo acompañaban sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos, y que soltaron una ráfaga contra el sindicalista.
En el acto murió María del Pilar Bolaños, una vendedora de tintos que fue alcanzada por las balas de uno de los sicarios. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores, mientras que Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos.
En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado, minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado, obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El mayor Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluye un informe de la organización Human Rights Watch.
De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado, bajo el argumento de que había vencido el plazo para tenerlo detenido.
La presión internacional no se hizo esperar y esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez. Lo llevaron entonces a un calabozo en el Batallón Militar No.13, lal occidente de Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues normalmente el lugar de cautiverio de los militares es la base de Tolemaida.
En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.
De inmediato, el presidente Álvaro Uribe le ordenó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, removiera a todos los que tuvieron responsabilidad en la custodia de Maldonado. Al día siguiente el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Sin embargo, de manera sorprendente otra vez, dos de los militares de más alto rango que habían sido destituidos, aparecieron en nuevos cargos.
El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.
El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.
Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que lleva el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.
Por esos días, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía aparecieron unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG.
También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”.
Como pocas veces ocurre en Colombia, hubo un culpable de un atentado que estuvo tras las rejas por el delito que cometió. Pero Maldonado estuvo rodeado de sospechosas garantías para quedar en libertad. Incluso se llegó a decir que Maldonado había sido asesinado tras advertir que publicaría un libro con los vínculos que había entre soldados y paramilitares.
El mayor César Maldonado, quien tiene nueve órdenes de captura, deberá responder a la Fiscalía por varios delitos como homicidio y fuga de presos.
www.semana.com
El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado esta mañana tras haberse fugado en 2004 de la sede de la PM-13 en Bogotá. La Corte Suprema lo condenó a 27 años de cárcel por un atentado contra el congresista Borja en el 2000.
Fecha: 07/15/2008 -
La Policía Nacional capturó esta mañana en Cúcuta al mayor retirado del Ejército César Alonso Maldonado, responsable del atentado que el 15 de diciembre de 2000 sufrió el entonces sindicalista Wilson Borja.
A mediados del 2007, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra el sindicalista, al considerar correcto el fallo por el cual se condenaba al mayor Maldonado a 27 años y nueve meses de prisión. Todo indica que este oficial recibió órdenes directas del fallecido líder paramilitar, Carlos Castaño.
El pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a un recurso de casación que interpuso la defensa del militar. Aquella figura jurídica sirve para pedir la nulidad de una sentencia cuando se considera incorrecta.
La mañana del 10 de diciembre de 2001, Borja salió a las 6 y 15 de la mañana de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Lo acompañaban sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos, y que soltaron una ráfaga contra el sindicalista.
En el acto murió María del Pilar Bolaños, una vendedora de tintos que fue alcanzada por las balas de uno de los sicarios. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores, mientras que Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos.
En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado, minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado, obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El mayor Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluye un informe de la organización Human Rights Watch.
De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado, bajo el argumento de que había vencido el plazo para tenerlo detenido.
La presión internacional no se hizo esperar y esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez. Lo llevaron entonces a un calabozo en el Batallón Militar No.13, lal occidente de Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues normalmente el lugar de cautiverio de los militares es la base de Tolemaida.
En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.
De inmediato, el presidente Álvaro Uribe le ordenó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, removiera a todos los que tuvieron responsabilidad en la custodia de Maldonado. Al día siguiente el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Sin embargo, de manera sorprendente otra vez, dos de los militares de más alto rango que habían sido destituidos, aparecieron en nuevos cargos.
El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.
El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.
Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que lleva el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.
Por esos días, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía aparecieron unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG.
También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”.
Como pocas veces ocurre en Colombia, hubo un culpable de un atentado que estuvo tras las rejas por el delito que cometió. Pero Maldonado estuvo rodeado de sospechosas garantías para quedar en libertad. Incluso se llegó a decir que Maldonado había sido asesinado tras advertir que publicaría un libro con los vínculos que había entre soldados y paramilitares.
El mayor César Maldonado, quien tiene nueve órdenes de captura, deberá responder a la Fiscalía por varios delitos como homicidio y fuga de presos.
www.semana.com
Emblema de la Cruz Roja sí fue usado por oficial que participó en rescate de secuestrados: Uribe
Emblema de la Cruz Roja sí fue usado por oficial que participó en rescate de secuestrados: Uribe
En el video del rescate proporcionado por el gobierno colombiano no se ve el uso de las insignias de la Cruz Roja.
El mandatario dijo que el militar, equivocadamente, por nerviosismo y "contradiciendo órdenes oficiales", se puso un peto con el símbolo humanitario.
La utilización del símbolo de La Cruz Roja Internacional no fue indebido porque permitió la liberación de seres humanos dijo Eduardo Cifuentes
"Emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas las circunstancias", recordó la entidad
Fiscal General cree que no hubo delito por uso de emblema del CICR en rescate de secuestrados
CNN dice que conoció pruebas de que Ejército usó logo de la Cruz Roja en rescate de 15 secuestrados "Este oficial, al confesarle ese error a los Altos Mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, vio tal cantidad de guerrilleros, que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llevaba en su bolsillo, y lo puso sobre su chaleco", relato el Presidente.
Uribe reveló que esta mañana el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos militares se reunieron con delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja para explicarles el hecho y ofrecerles disculpas por ello.
Aseguró que no se revelará el nombre del oficial involucrado y que tampoco será sancionado por su conducta.
"Asumo la responsabilidad. Le vamos a pedir al oficial que tenga el valor y que pida a sus compañeros de misión que lo perdonen", explicó Uribe, quien destacó el éxito de la operación de rescate de secuestrados.
"Por respeto a nuestras Fuerzas Armadas que adelantaron esa operación sin disparar, con total cuidado para preservar la vida de los secuestrados y también para dar una señal en el respeto a la vida de los secuestradores, por respeto a nuestras Fuerzas Armadas pido que el nombre del oficial que cometió ese error, se mantenga en reserva, para no afectar su carrera y para premiar su capacidad de decir la verdad", agregó.
Previamente, la cadena de noticias 'CNN' había informado sobre el uso indebido de emblemas de la Cruz Roja Internacional en la operación, luego de que una fuente militar les mostró un video y tres fotos que demostrarían el uso de estos emblemas.
La cadena, sin embargo, no pudo comprobar la veracidad de las imágenes porque se negó a pagar el precio que les exigía la fuente por ellas.
El uso indebido del símbolo de la Cruz Roja es considerado "un crimen de guerra", de acuerdo con la Convención de Ginebra y la legislación internacional humanitaria.
El CICR había insistido en repetidas ocasiones en que "no recibió ninguna solicitud ni participó en la operación", considerada un éxito por el Gobierno colombiano.
En el video del rescate proporcionado por el gobierno colombiano no se ve el uso de las insignias de la Cruz Roja.
El mandatario dijo que el militar, equivocadamente, por nerviosismo y "contradiciendo órdenes oficiales", se puso un peto con el símbolo humanitario.
La utilización del símbolo de La Cruz Roja Internacional no fue indebido porque permitió la liberación de seres humanos dijo Eduardo Cifuentes
"Emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas las circunstancias", recordó la entidad
Fiscal General cree que no hubo delito por uso de emblema del CICR en rescate de secuestrados
CNN dice que conoció pruebas de que Ejército usó logo de la Cruz Roja en rescate de 15 secuestrados "Este oficial, al confesarle ese error a los Altos Mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, vio tal cantidad de guerrilleros, que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llevaba en su bolsillo, y lo puso sobre su chaleco", relato el Presidente.
Uribe reveló que esta mañana el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos militares se reunieron con delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja para explicarles el hecho y ofrecerles disculpas por ello.
Aseguró que no se revelará el nombre del oficial involucrado y que tampoco será sancionado por su conducta.
"Asumo la responsabilidad. Le vamos a pedir al oficial que tenga el valor y que pida a sus compañeros de misión que lo perdonen", explicó Uribe, quien destacó el éxito de la operación de rescate de secuestrados.
"Por respeto a nuestras Fuerzas Armadas que adelantaron esa operación sin disparar, con total cuidado para preservar la vida de los secuestrados y también para dar una señal en el respeto a la vida de los secuestradores, por respeto a nuestras Fuerzas Armadas pido que el nombre del oficial que cometió ese error, se mantenga en reserva, para no afectar su carrera y para premiar su capacidad de decir la verdad", agregó.
Previamente, la cadena de noticias 'CNN' había informado sobre el uso indebido de emblemas de la Cruz Roja Internacional en la operación, luego de que una fuente militar les mostró un video y tres fotos que demostrarían el uso de estos emblemas.
La cadena, sin embargo, no pudo comprobar la veracidad de las imágenes porque se negó a pagar el precio que les exigía la fuente por ellas.
El uso indebido del símbolo de la Cruz Roja es considerado "un crimen de guerra", de acuerdo con la Convención de Ginebra y la legislación internacional humanitaria.
El CICR había insistido en repetidas ocasiones en que "no recibió ninguna solicitud ni participó en la operación", considerada un éxito por el Gobierno colombiano.
16 Julio 2008 - 6:24am
Suiza pide a Colombia que cese los ataques contra su ex mediador
Por: EFE
El gobierno suizo informó que ha emprendido gestiones diplomáticas en Colombia para "pedir que cesen los repetidos ataques" contra el profesor Jean Pierre Gontard, hasta hace poco su mediador en la búsqueda de una solución humanitaria al caso de los secuestrados de las Farc.
La Fiscalía anunció este martes que convocará a Gontard para que responda por la acusación de haber manejado 500.000 dólares destinados a la guerrilla durante su misión mediadora.
Esa acusación fue lanzada por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se basó en mensajes encontrados en los ordenadores del ex número dos de las Farc, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes" , abatido en una operación militar en territorio ecuatoriano, y que indicaban que el mediador suizo había llevado ese dinero a un emisario del grupo armado en Costa Rica.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza afirma que tuvo conocimiento de una eventual investigación contra Gontard "a través de la prensa", que no ha recibido comunicación oficial alguna al respecto y que su representante "trabajó en circunstancias extremadamente difíciles, a veces con riesgo de su vida".
Agrega que Gontard efectuó su misión "como parte de una facilitación internacional en la que participaron tres países (España, Francia y Suiza), que perseguía objetivos humanitarios" y que contaba con "el acuerdo del Gobierno colombiano". Suiza sostiene que ello "permitió salvar vidas y liberar a personas secuestradas en condiciones muy duras".
Asimismo, el Ministerio reacciona en el comunicado a las acusaciones de las autoridades colombianas contra Gontard relacionadas con la entrega del medio millón de dólares a las Farc.
A ese respecto, sostiene que "se trata de una facilitación que se remonta a 2001 en relación a dos personas de una compañía suiza" que habían sido secuestradas por el grupo armado. Suiza defiende que en ese caso Gontard "contribuyó al éxito de la negociación entre la empresa y las Farc" , pero que "nunca fue el portador de ese dinero", como "la compañía involucrada lo ha señalado con toda claridad".
La firma en cuestión es Novartis, cuyo presidente, Daniel Vasella, ha negado públicamente que Gontard hubiese llevado el dinero del rescate de sus empleados y, por el contrario, ha destacado el rol que éste tuvo en la liberación de los secuestrados.
Después del rescate de Íngrid Betancourt y otros catorce secuestrados el pasado 2 de julio, el presidente Álvaro Uribe decidió poner fin a la intervención autorizada de los países medidores y anunció su intención de establecer un contacto directo con las Farc.
EFE | Elespectador.com
www.elespectador.com
Suiza pide a Colombia que cese los ataques contra su ex mediador
Por: EFE
El gobierno suizo informó que ha emprendido gestiones diplomáticas en Colombia para "pedir que cesen los repetidos ataques" contra el profesor Jean Pierre Gontard, hasta hace poco su mediador en la búsqueda de una solución humanitaria al caso de los secuestrados de las Farc.
La Fiscalía anunció este martes que convocará a Gontard para que responda por la acusación de haber manejado 500.000 dólares destinados a la guerrilla durante su misión mediadora.
Esa acusación fue lanzada por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se basó en mensajes encontrados en los ordenadores del ex número dos de las Farc, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes" , abatido en una operación militar en territorio ecuatoriano, y que indicaban que el mediador suizo había llevado ese dinero a un emisario del grupo armado en Costa Rica.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza afirma que tuvo conocimiento de una eventual investigación contra Gontard "a través de la prensa", que no ha recibido comunicación oficial alguna al respecto y que su representante "trabajó en circunstancias extremadamente difíciles, a veces con riesgo de su vida".
Agrega que Gontard efectuó su misión "como parte de una facilitación internacional en la que participaron tres países (España, Francia y Suiza), que perseguía objetivos humanitarios" y que contaba con "el acuerdo del Gobierno colombiano". Suiza sostiene que ello "permitió salvar vidas y liberar a personas secuestradas en condiciones muy duras".
Asimismo, el Ministerio reacciona en el comunicado a las acusaciones de las autoridades colombianas contra Gontard relacionadas con la entrega del medio millón de dólares a las Farc.
A ese respecto, sostiene que "se trata de una facilitación que se remonta a 2001 en relación a dos personas de una compañía suiza" que habían sido secuestradas por el grupo armado. Suiza defiende que en ese caso Gontard "contribuyó al éxito de la negociación entre la empresa y las Farc" , pero que "nunca fue el portador de ese dinero", como "la compañía involucrada lo ha señalado con toda claridad".
La firma en cuestión es Novartis, cuyo presidente, Daniel Vasella, ha negado públicamente que Gontard hubiese llevado el dinero del rescate de sus empleados y, por el contrario, ha destacado el rol que éste tuvo en la liberación de los secuestrados.
Después del rescate de Íngrid Betancourt y otros catorce secuestrados el pasado 2 de julio, el presidente Álvaro Uribe decidió poner fin a la intervención autorizada de los países medidores y anunció su intención de establecer un contacto directo con las Farc.
EFE | Elespectador.com
www.elespectador.com
Campesinos y militares: nuevo choque por un muerto
Mientras el Ejército reporta que se trataba de un guerrillero abatido en combate, líderes de la región del Magdalena Medio insisten en que quien murió era inocente.
Fecha: 07/14/2008 -
Como ha ocurrido no pocas veces en el conflicto colombiano, hay dos versiones totalmente distantes sobre la muerte de una persona. Mientras el Ejército lo reporta como un guerrillero abatido en combate, los campesinos dicen que era un vecino que fue muerto en condiciones de indefensión.
De acuerdo con un comunicado del Ejército fechado el 9 de julio, “el Centro de Operaciones del Comando del Ejército reporta la muerte en combate de un terrorista de la cuadrilla `Raúl Eduardo Mahecha´ de las Farc, en hechos ocurridos en el municipio de Cantagallo, Bolívar”.
En seguida, los militares explican que “en la acción militar soldados del Batallón de Ingenieros 14 `Batalla de Calibio´ decomisaron un arma de fuego, una granada, un equipo de comunicaciones, ocho minas antipersona, tres barras de indugel y dos metros de mecha lenta”. En el comunicado no se ofrecen mayores detalles sobre el supuesto guerrillero.
Contrario a esa comunicación oficial, asociaciones campesinas de la región explican que el hecho ocurrió en la vereda Puerto Matilde, del municipio de Yondó (Antioquia), donde “el campesino Aicardo Antonio Ortiz (estaba) afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Matilde y al comité de la tercera edad organizado por la Dirección Local de Salud del Municipio de Yondó”.
El lugar puede prestarse para confusiones, bien sea por parte de los militares o los campesinos, porque se trata de municipios vecinos cuya delimitación en zona rural puede resultar confusa. Estas es la misma región (el Magdalena Medio) donde los campesinos vienen haciendo insistentes denuncias similares. Desde 2004 hasta la fecha, van 16 quejas por muertes similares.
En su versión, los líderes campesinos dan más detalles sobre la muerte de Aicardo. “A las cinco de la mañana (del 8 de julio), el Ejército llegó a la casa de Aicardo. Tocaron la puerta. Como él no abrió rápido, el Ejército abrió a la fuerza, disparando y dando muerte al campesino”.
Aicardo estaba sólo en ese momento en su casa. Pero en una vivienda que queda a sólo 30 metros, escucharon tres disparos, los mismos que, según cuentan, tenía el cadáver.
Al escuchar los disparos, el vecino fue hasta la vivienda de Aicardo y “vio el cuerpo tirado. Rápidamente se fue hacia el caserío para dar aviso a la comunidad. Los campesinos organizaron una comisión decidiendo ir a donde sucedieron los hechos. Fueron unas 50 personas, entre niños, mujeres y hombres. El Ejército no los dejó llegar al lugar. Sólo pudieron acercarse a unos 100 metros. El vicepresidente de la junta de Puerto Matilde exigió al ejército que les entregaran el cuerpo, a lo que se negaron”.
Los campesinos cuentan que el oficial encargado* del grupo de soldados que estuvieron en el hecho insistió en que en el sitio donde estaba Aicardo hubo un combate. Y explicó que sus hombres estaban en esa vivienda verificando la versión de cuatro informantes que dijeron que allí estaban durmiendo tres guerrilleros.
Asociaciones campesinas de la región, mediante un comunicado, explican que el oficial insistió en su versión. “Los soldados llegan a la casa como a las 5:30 am. Tocan la puerta. El bandido abre. Como vio que era el Ejército, cierra la puerta. Entonces nosotros procedimos a abrirla. Él le dispara a un soldado. Por eso los soldados reaccionan y disparan dándole muerte. Él portaba un radio de comunicación, una granada y un revólver”.
Semana.com quiso conocer una versión más detallada por parte de los militares, pero hasta ahora están analizando el hecho.
--------------------------------------------------------------------------------
*Semana.com se abstiene de publicar el grado y el apellido con que los campesinos identifican al oficial, para no perjudicar su nombre, puesto que aún no hay un pronunciamiento judicial sobre el caso.
www.semana.com
Mientras el Ejército reporta que se trataba de un guerrillero abatido en combate, líderes de la región del Magdalena Medio insisten en que quien murió era inocente.
Fecha: 07/14/2008 -
Como ha ocurrido no pocas veces en el conflicto colombiano, hay dos versiones totalmente distantes sobre la muerte de una persona. Mientras el Ejército lo reporta como un guerrillero abatido en combate, los campesinos dicen que era un vecino que fue muerto en condiciones de indefensión.
De acuerdo con un comunicado del Ejército fechado el 9 de julio, “el Centro de Operaciones del Comando del Ejército reporta la muerte en combate de un terrorista de la cuadrilla `Raúl Eduardo Mahecha´ de las Farc, en hechos ocurridos en el municipio de Cantagallo, Bolívar”.
En seguida, los militares explican que “en la acción militar soldados del Batallón de Ingenieros 14 `Batalla de Calibio´ decomisaron un arma de fuego, una granada, un equipo de comunicaciones, ocho minas antipersona, tres barras de indugel y dos metros de mecha lenta”. En el comunicado no se ofrecen mayores detalles sobre el supuesto guerrillero.
Contrario a esa comunicación oficial, asociaciones campesinas de la región explican que el hecho ocurrió en la vereda Puerto Matilde, del municipio de Yondó (Antioquia), donde “el campesino Aicardo Antonio Ortiz (estaba) afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Matilde y al comité de la tercera edad organizado por la Dirección Local de Salud del Municipio de Yondó”.
El lugar puede prestarse para confusiones, bien sea por parte de los militares o los campesinos, porque se trata de municipios vecinos cuya delimitación en zona rural puede resultar confusa. Estas es la misma región (el Magdalena Medio) donde los campesinos vienen haciendo insistentes denuncias similares. Desde 2004 hasta la fecha, van 16 quejas por muertes similares.
En su versión, los líderes campesinos dan más detalles sobre la muerte de Aicardo. “A las cinco de la mañana (del 8 de julio), el Ejército llegó a la casa de Aicardo. Tocaron la puerta. Como él no abrió rápido, el Ejército abrió a la fuerza, disparando y dando muerte al campesino”.
Aicardo estaba sólo en ese momento en su casa. Pero en una vivienda que queda a sólo 30 metros, escucharon tres disparos, los mismos que, según cuentan, tenía el cadáver.
Al escuchar los disparos, el vecino fue hasta la vivienda de Aicardo y “vio el cuerpo tirado. Rápidamente se fue hacia el caserío para dar aviso a la comunidad. Los campesinos organizaron una comisión decidiendo ir a donde sucedieron los hechos. Fueron unas 50 personas, entre niños, mujeres y hombres. El Ejército no los dejó llegar al lugar. Sólo pudieron acercarse a unos 100 metros. El vicepresidente de la junta de Puerto Matilde exigió al ejército que les entregaran el cuerpo, a lo que se negaron”.
Los campesinos cuentan que el oficial encargado* del grupo de soldados que estuvieron en el hecho insistió en que en el sitio donde estaba Aicardo hubo un combate. Y explicó que sus hombres estaban en esa vivienda verificando la versión de cuatro informantes que dijeron que allí estaban durmiendo tres guerrilleros.
Asociaciones campesinas de la región, mediante un comunicado, explican que el oficial insistió en su versión. “Los soldados llegan a la casa como a las 5:30 am. Tocan la puerta. El bandido abre. Como vio que era el Ejército, cierra la puerta. Entonces nosotros procedimos a abrirla. Él le dispara a un soldado. Por eso los soldados reaccionan y disparan dándole muerte. Él portaba un radio de comunicación, una granada y un revólver”.
Semana.com quiso conocer una versión más detallada por parte de los militares, pero hasta ahora están analizando el hecho.
--------------------------------------------------------------------------------
*Semana.com se abstiene de publicar el grado y el apellido con que los campesinos identifican al oficial, para no perjudicar su nombre, puesto que aún no hay un pronunciamiento judicial sobre el caso.
www.semana.com
Diez años, ¡DIEZ AÑOS!
La historia de los dos humildes militares nariñenses que tienen el triste récord de ser los secuestrados ‘políticos’ más antiguos.
Fecha: 07/12/2008 -1367
Íngrid Betancurt contó que tuvo una terrible corazonada cuando iba en el helicóptero que la llevaría hacia la libertad. Ella pensó –según dijo la noche de su liberación– que se iban a caer y que todo terminaría siendo una frustración más. “Pensaba eso porque después de tanto sufrimiento uno cree que la felicidad no puede ser para uno”, explicó.
Algo parecido es lo que sienten las familias de los secuestrados ‘políticos’ que siguen en cautiverio cada vez que otros afortunados logran la libertad. Al final, estas 25 familias se quedan con la sensación de que la felicidad no era para ellos. Y de las que más han sentido esa desazón son las de Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez, los humildes militares nariñenses con más tiempo en cautiverio. Diez años, seis meses y 21 días, exactamente.
Ambos cayeron en poder de las Farc tras la sangrienta toma del cerro Patascoy en 1997. Desde entonces, sus familias viven una penuria sin nombre. Su tristeza de cuando en cuando se sobresalta por alguna noticia que les genera expectativas, pero hasta ahora todas han resultado una frustración tras otra.
PUBLICIDAD
La más reciente se dio el pasado 2 de julio. Ese día, María Cabrera, madre del cabo Moncayo, estaba en su hogar en Sandoná, Nariño, cuando los niños de la casa hicieron un alboroto porque escucharon en la televisión que habían liberado a varios secuestrados. De inmediato María se plantó frente al aparato y siguió atentamente la noticia. Cuando el ministro Santos mencionó el nombre del segundo de los 15 liberados, la madre del cabo de inmediato sintió el dolor de que su hijo no regresaba a la libertad, pues sabía muy bien que él nunca estuvo con ese grupo. “Uno se alegra por ellos, pero la tristeza por nuestro hijo sigue ahí”, dice esta docente. El mismo desconsuelo sintió su esposo, el profesor Moncayo, en Pasto, donde lo sorprendió la noticia tramitando otro permiso laboral para poder emprender una nueva caminata pidiendo la libertad de su hijo. Les va a tocar seguir esperando hasta que la suerte les permita presentarle a Pablo Emilio los nuevos integrantes de la familia: una hermana y una sobrina.
Mientras tanto, en la zona rural de Ospina, Nariño, los padres de Libio José mantuvieron hasta el final de la tarde la esperanza de ser tocados por la buena noticia. Ellos, dedicados al campo, mucho más alejados de las noticias, sólo cuando vieron en su pequeño televisor en blanco y negro a cada uno de los liberados se resignaron a que su hijo no estaba entre ellos.
Don Libio y doña Esperanza Estrada, padres de Libio José, son de pocas palabras. Viven en una casa a medio construir a cinco kilómetros de la cabecera municipal, adonde van cada sábado para comunicarse con Las voces del secuestro y enviar a través de este programa radial un saludo que esperan su hijo escuche en lo profundo de la selva. “En las últimas pruebas de supervivencia, él nos dice que está bien, pero uno ve que está acabadito. Pero imagínese, se lo llevaron de 21 años y el sábado pasado cumplió 32”, dice el padre del secuestrado.
Durante el cautiverio de su hijo, don Libio ha tenido que superar las dolencias de un cáncer en el estómago, y doña Esperanza sufrió una trombosis que le limitó su movilidad.
Ambas familias se alegran por la reciente liberación, pero temen que ahora desaparezca la presión internacional y que el tema caiga en el olvido. Ya han pasado por eso. Recuerdan que cuando no había secuestrados internacionales nadie hablaba de este tema. Por eso esperan que el próximo 20 julio los colombianos participen de la movilización nacional por la libertad de todos los secuestrados. Los padres de los cautivos más antiguos del país marcharán una vez más abrigando la esperanza de que ya pronto, por fin, la felicidad será para ellos.
www.semana.com
La historia de los dos humildes militares nariñenses que tienen el triste récord de ser los secuestrados ‘políticos’ más antiguos.
Fecha: 07/12/2008 -1367
Íngrid Betancurt contó que tuvo una terrible corazonada cuando iba en el helicóptero que la llevaría hacia la libertad. Ella pensó –según dijo la noche de su liberación– que se iban a caer y que todo terminaría siendo una frustración más. “Pensaba eso porque después de tanto sufrimiento uno cree que la felicidad no puede ser para uno”, explicó.
Algo parecido es lo que sienten las familias de los secuestrados ‘políticos’ que siguen en cautiverio cada vez que otros afortunados logran la libertad. Al final, estas 25 familias se quedan con la sensación de que la felicidad no era para ellos. Y de las que más han sentido esa desazón son las de Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez, los humildes militares nariñenses con más tiempo en cautiverio. Diez años, seis meses y 21 días, exactamente.
Ambos cayeron en poder de las Farc tras la sangrienta toma del cerro Patascoy en 1997. Desde entonces, sus familias viven una penuria sin nombre. Su tristeza de cuando en cuando se sobresalta por alguna noticia que les genera expectativas, pero hasta ahora todas han resultado una frustración tras otra.
PUBLICIDAD
La más reciente se dio el pasado 2 de julio. Ese día, María Cabrera, madre del cabo Moncayo, estaba en su hogar en Sandoná, Nariño, cuando los niños de la casa hicieron un alboroto porque escucharon en la televisión que habían liberado a varios secuestrados. De inmediato María se plantó frente al aparato y siguió atentamente la noticia. Cuando el ministro Santos mencionó el nombre del segundo de los 15 liberados, la madre del cabo de inmediato sintió el dolor de que su hijo no regresaba a la libertad, pues sabía muy bien que él nunca estuvo con ese grupo. “Uno se alegra por ellos, pero la tristeza por nuestro hijo sigue ahí”, dice esta docente. El mismo desconsuelo sintió su esposo, el profesor Moncayo, en Pasto, donde lo sorprendió la noticia tramitando otro permiso laboral para poder emprender una nueva caminata pidiendo la libertad de su hijo. Les va a tocar seguir esperando hasta que la suerte les permita presentarle a Pablo Emilio los nuevos integrantes de la familia: una hermana y una sobrina.
Mientras tanto, en la zona rural de Ospina, Nariño, los padres de Libio José mantuvieron hasta el final de la tarde la esperanza de ser tocados por la buena noticia. Ellos, dedicados al campo, mucho más alejados de las noticias, sólo cuando vieron en su pequeño televisor en blanco y negro a cada uno de los liberados se resignaron a que su hijo no estaba entre ellos.
Don Libio y doña Esperanza Estrada, padres de Libio José, son de pocas palabras. Viven en una casa a medio construir a cinco kilómetros de la cabecera municipal, adonde van cada sábado para comunicarse con Las voces del secuestro y enviar a través de este programa radial un saludo que esperan su hijo escuche en lo profundo de la selva. “En las últimas pruebas de supervivencia, él nos dice que está bien, pero uno ve que está acabadito. Pero imagínese, se lo llevaron de 21 años y el sábado pasado cumplió 32”, dice el padre del secuestrado.
Durante el cautiverio de su hijo, don Libio ha tenido que superar las dolencias de un cáncer en el estómago, y doña Esperanza sufrió una trombosis que le limitó su movilidad.
Ambas familias se alegran por la reciente liberación, pero temen que ahora desaparezca la presión internacional y que el tema caiga en el olvido. Ya han pasado por eso. Recuerdan que cuando no había secuestrados internacionales nadie hablaba de este tema. Por eso esperan que el próximo 20 julio los colombianos participen de la movilización nacional por la libertad de todos los secuestrados. Los padres de los cautivos más antiguos del país marcharán una vez más abrigando la esperanza de que ya pronto, por fin, la felicidad será para ellos.
www.semana.com
Noticia de un milagro
Pero el problema de fondo, por el cual existen tanto los secuestros como los rescates, sigue intacto
Por Antonio Caballero
Fecha: 07/12/2008 -1367
El rescate fue de película, tal como lo dijo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Rápido y limpio, con los quince secuestrados incólumes y dos de sus ocho mil secuestradores capturados sin disparar un tiro. Uno de los liberados lo resumió: "un milagro". Y el presidente Álvaro Uribe lo atribuyó a "la luz del Espíritu Santo y la protección de Nuestro Señor y de la Virgen en todas sus expresiones".
Tal vez sea esta la primera vez en la historia en que un rescate militar sale bien. No sólo en Colombia, sino en el mundo. Todos los emprendidos en el último medio siglo, fallidos o exitosos, se caracterizan por haber sido acompañados por un baño de sangre. Los dos del ejército ruso, el de la escuela de Chechenia y el del teatro de Moscú; el de la guardia nacional norteamericana en el rancho davidiano de Waco, Texas; el de los sinchis antiterroristas peruanos en la embajada del Japón en Lima; el de las tropas especiales indias en el Templo Dorado de Amritsar; el de la policía alemana en el estadio de Munich. Incluso el muy publicitado rescate de rehenes de los comandos israelíes en Entebbe, Uganda, dejó un reguero de cincuenta muertos. Por regla general, los rescates militares se ajustan al modelo extremo del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, del cual, veinticinco años después, todavía seguimos desenterrando cadáveres: "Un ejemplo para el mundo", lo llamó entonces el Comandante en Jefe del Ejército colombiano, general Rafael Samudio. El rescate de hace ocho días en el Guaviare, sin un rasguño, es la única excepción. Un milagro.
Felicitaciones para todos. Para los tripulantes del helicóptero que lo ejecutaron, para los generales que lo dirigieron y lo planearon, para el ministro que lo avaló. Y sobre todo para los secuestrados rescatados: quince personas vivas y libres. Y hasta para los guerrilleros que quedaron en tierra y no fueron ametrallados, y para sus dos jefes que salieron del trance sin más daño que un pistero en el ojo.
PUBLICIDAD
Felicitaciones. Pero que no nos digan que fue un rescate militar. Fue, y por eso salió bien, una farsa teatral: una película (que muy pronto veremos repetida de verdad en el cine, con actores profesionales: Angelina Jolie en el papel de Íngrid Betancourt, y Woody Allen en el de Juan Manuel Santos). Una obra de teatro en la cual los soldados, sin armas y disfrazados de voluntarios de una ONG humanitaria, engañaron a los guerrilleros de las Farc para que les entregaran sus rehenes sin recibir nada a cambio. ¿Así de brutos son? Le preguntó el periodista Yamid Amat al ministro de Defensa. Y Santos respondió:
—No, lo que pasa es que el plan era tan audaz que el guerrillero más experimentado e inteligente no hubiera creído posible ni siquiera que se intentara.
Porque, en efecto, es increíble. Increíble en todas sus versiones, incluida la traducida por Íngrid Betancourt para uso de los franceses: "merci la France". Es un cuento tan increíble como aquel del valiente policía que hace veinte años se enfrentó en calzoncillos a los secuestradores de Andrés Pastrana y los persuadió de que cambiaran a su valioso secuestrado por él. Así lo hicieron, y gracias a ese canje (milagroso también: recuerdo que hubo un Te Deum de acción de gracias) Pastrana llegó a la alcaldía y luego a la presidencia. Del valiente policía en calzoncillos no se volvió a saber nada. Más verosímil suena la tesis del periodista suizo según la cual se les pagó a las Farc por el teatral recate. Sería lo lógico. El presidente Uribe lleva meses ofreciendo públicamente recompensas y beneficios jurídicos para los guerrilleros que entreguen secuestrados, y el ministro Santos reconoce que ese tipo de "colaboración" existe cuando dice: "Lo que usted llama 'colaboración' es penetración: es decir, convencer a guerrilleros de ayudarnos a cambio, la mayoría de las veces, de beneficios. En este caso no fue por recompensas, sino por venganza". Resulta extraño que un gobierno que ha hecho de la delación pagada uno de los puntales principales de su política antisubversiva, hasta el punto de recibir en prenda manos humanas cercenadas, prefiera atribuir este rescate de espectáculo a la intervención divina que al dinero.
Los guerrilleros capturados, por su parte, que podrían contar de quién querían vengarse, o quién quería vengarse de ellos, o si fueron comprados o de verdad embaucados o a lo mejor persuadidos con la promesa de una notaría, no dirán nada: van a ser extraditados y juzgados en los Estados Unidos por terrorismo y secuestro; y como la ley prohíbe a los Estados Unidos negociar con terroristas (aunque lo hayan hecho cien veces), en el juicio no se hablará de dinero. Y tal vez terminen, como los narcos, recibiendo estatus de testigos protegidos. En cuanto a los rescatados, ya el embajador norteamericano anunció por televisión, generoso, que también ellos recibirán la codiciada visa USA: "¡Ya han pagado su pasaje!", dijo el embajador.
Pero el problema de fondo por el cual existen tanto los secuestros como los rescates de secuestrados sigue intacto. La liberación de quince entre varios cientos es, claro, motivo de regocijo, por ellos y por sus familias; y es también, sin duda, un tremendo golpe a la moral de las resquebrajadas Farc. Pero no altera para nada las raíces del conflicto. Porque es un milagro. O sea, una simple anécdota
www.semana.com
Pero el problema de fondo, por el cual existen tanto los secuestros como los rescates, sigue intacto
Por Antonio Caballero
Fecha: 07/12/2008 -1367
El rescate fue de película, tal como lo dijo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Rápido y limpio, con los quince secuestrados incólumes y dos de sus ocho mil secuestradores capturados sin disparar un tiro. Uno de los liberados lo resumió: "un milagro". Y el presidente Álvaro Uribe lo atribuyó a "la luz del Espíritu Santo y la protección de Nuestro Señor y de la Virgen en todas sus expresiones".
Tal vez sea esta la primera vez en la historia en que un rescate militar sale bien. No sólo en Colombia, sino en el mundo. Todos los emprendidos en el último medio siglo, fallidos o exitosos, se caracterizan por haber sido acompañados por un baño de sangre. Los dos del ejército ruso, el de la escuela de Chechenia y el del teatro de Moscú; el de la guardia nacional norteamericana en el rancho davidiano de Waco, Texas; el de los sinchis antiterroristas peruanos en la embajada del Japón en Lima; el de las tropas especiales indias en el Templo Dorado de Amritsar; el de la policía alemana en el estadio de Munich. Incluso el muy publicitado rescate de rehenes de los comandos israelíes en Entebbe, Uganda, dejó un reguero de cincuenta muertos. Por regla general, los rescates militares se ajustan al modelo extremo del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, del cual, veinticinco años después, todavía seguimos desenterrando cadáveres: "Un ejemplo para el mundo", lo llamó entonces el Comandante en Jefe del Ejército colombiano, general Rafael Samudio. El rescate de hace ocho días en el Guaviare, sin un rasguño, es la única excepción. Un milagro.
Felicitaciones para todos. Para los tripulantes del helicóptero que lo ejecutaron, para los generales que lo dirigieron y lo planearon, para el ministro que lo avaló. Y sobre todo para los secuestrados rescatados: quince personas vivas y libres. Y hasta para los guerrilleros que quedaron en tierra y no fueron ametrallados, y para sus dos jefes que salieron del trance sin más daño que un pistero en el ojo.
PUBLICIDAD
Felicitaciones. Pero que no nos digan que fue un rescate militar. Fue, y por eso salió bien, una farsa teatral: una película (que muy pronto veremos repetida de verdad en el cine, con actores profesionales: Angelina Jolie en el papel de Íngrid Betancourt, y Woody Allen en el de Juan Manuel Santos). Una obra de teatro en la cual los soldados, sin armas y disfrazados de voluntarios de una ONG humanitaria, engañaron a los guerrilleros de las Farc para que les entregaran sus rehenes sin recibir nada a cambio. ¿Así de brutos son? Le preguntó el periodista Yamid Amat al ministro de Defensa. Y Santos respondió:
—No, lo que pasa es que el plan era tan audaz que el guerrillero más experimentado e inteligente no hubiera creído posible ni siquiera que se intentara.
Porque, en efecto, es increíble. Increíble en todas sus versiones, incluida la traducida por Íngrid Betancourt para uso de los franceses: "merci la France". Es un cuento tan increíble como aquel del valiente policía que hace veinte años se enfrentó en calzoncillos a los secuestradores de Andrés Pastrana y los persuadió de que cambiaran a su valioso secuestrado por él. Así lo hicieron, y gracias a ese canje (milagroso también: recuerdo que hubo un Te Deum de acción de gracias) Pastrana llegó a la alcaldía y luego a la presidencia. Del valiente policía en calzoncillos no se volvió a saber nada. Más verosímil suena la tesis del periodista suizo según la cual se les pagó a las Farc por el teatral recate. Sería lo lógico. El presidente Uribe lleva meses ofreciendo públicamente recompensas y beneficios jurídicos para los guerrilleros que entreguen secuestrados, y el ministro Santos reconoce que ese tipo de "colaboración" existe cuando dice: "Lo que usted llama 'colaboración' es penetración: es decir, convencer a guerrilleros de ayudarnos a cambio, la mayoría de las veces, de beneficios. En este caso no fue por recompensas, sino por venganza". Resulta extraño que un gobierno que ha hecho de la delación pagada uno de los puntales principales de su política antisubversiva, hasta el punto de recibir en prenda manos humanas cercenadas, prefiera atribuir este rescate de espectáculo a la intervención divina que al dinero.
Los guerrilleros capturados, por su parte, que podrían contar de quién querían vengarse, o quién quería vengarse de ellos, o si fueron comprados o de verdad embaucados o a lo mejor persuadidos con la promesa de una notaría, no dirán nada: van a ser extraditados y juzgados en los Estados Unidos por terrorismo y secuestro; y como la ley prohíbe a los Estados Unidos negociar con terroristas (aunque lo hayan hecho cien veces), en el juicio no se hablará de dinero. Y tal vez terminen, como los narcos, recibiendo estatus de testigos protegidos. En cuanto a los rescatados, ya el embajador norteamericano anunció por televisión, generoso, que también ellos recibirán la codiciada visa USA: "¡Ya han pagado su pasaje!", dijo el embajador.
Pero el problema de fondo por el cual existen tanto los secuestros como los rescates de secuestrados sigue intacto. La liberación de quince entre varios cientos es, claro, motivo de regocijo, por ellos y por sus familias; y es también, sin duda, un tremendo golpe a la moral de las resquebrajadas Farc. Pero no altera para nada las raíces del conflicto. Porque es un milagro. O sea, una simple anécdota
www.semana.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)