Uribe reconoce su culpa en la estafa de las 'pirámides'
PILAR LOZANO - Bogotá - 15/11/2008
El presidente Álvaro Uribe, está arrepentido; arrepentido de no haber actuado a tiempo para frenar la debacle que ha generado en el país el derrumbe de las pirámides. La estafa de las empresas que captaban ilegalmente dinero.
"Empiezo por reconocer mis culpas", dijo el mandatario a la emisora W Radio y lamentó no haberse inmiscuido más, no haber presionado a las diferentes autoridades para que intervinieran estas empresas ilegales. "Mientras logramos atajar la crisis de Wall Street, nos dejamos meter el gol aquí. El de las pirámides criollas", reconoció.
¿Por qué si estos negocios florecieron a plena luz del día nadie hizo nada para que no se convirtieran en una bola de nieve? Nadie ha respondido. El presidente de la asociación de comerciantes Guillermo Botero habló ya de la dura caída en las ventas en esta temporada de fin de año y pidió al Gobierno decretar la emergencia económica. Uribe ya respondió: "es una posibilidad que hay que estudiar con cuidado".
"Dar una mano"
Antonio Navarro, gobernador de Nariño -al sur del país- pidió no dejar abandonados a los pequeños ahorradores que resultaron tumbados: "hay que darles la mano; hay que diseñar para ellos un plan de salvamento".
El Gobierno anunció el censo de los estafados más pobres. Se rescatará el dinero que está escondido y vía administrativa o judicial, se empezará a devolver a sus dueños. Hasta ayer se habían incautado 58.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).
La devolución del dinero no es una tarea fácil; muchas de estas inversiones se hicieron sin un registro contable que las respalde. Además, en medio de los saqueos generados cuando se conoció la noticia, los enfurecidos y dolidos ahorradores, se llevaron varios computadores.
Ayer la situación amenazaba con complicarse: el rumor de intervención a DMG, la más grande de estas empresas pirámidales, puso en alerta a sus miles de clientes en todo el país. Los dueños aseguran que no son pirámides sino vendedoras de servicios.
El comandante de la policía aseguraba que hay pruebas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció que se acelerarán las investigaciones.
www.elpais.com
sábado, 15 de noviembre de 2008
Mujeres por la Paz rechazan el proyecto de Ley de Víctimas aprobado
Política
La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, un grupo que reúne a varias organizaciones sociales, expresó su rechazo en un comunicado, al proyecto de Ley de Víctimas que fue aprobado este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara.
La razón: el grupo de organizaciones que trabajan por el repeto a los derechos de las minorías considera que el articulado aprobado fue una burla para las víctimas y las organizaciones que construyeron una propuesta junto con los liberales y fue derrotada en el debate de la Comisión Primera de la Cámara.
"Durante tres décadas, el Congreso ha votado leyes para favorecer y darle garantías a los victimarios, y ahora que se dió la oportunidad de darle mayores garantías a las víctimas, los representantes amigos del Gobierno les dan la espalda y por el contrario aprueban una ley que en vez de favorecer a las personas que han sufrido por la violencia, les limitan sus derechos", dice el comunicado.
"Las múltiples enmiendas y cambios de articulado en la ponencia inicial que hicieron los representantes uribistas durante el debate en la Comisión Primera, generan una ley que no solo rompe con todos los estándares internacionales de derechos humanos, sino que reduce los pocos derechos que ya tenían las victimas en leyes anteriores y un retroceso en toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional", añade.
www.semana.com
Política
La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, un grupo que reúne a varias organizaciones sociales, expresó su rechazo en un comunicado, al proyecto de Ley de Víctimas que fue aprobado este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara.
La razón: el grupo de organizaciones que trabajan por el repeto a los derechos de las minorías considera que el articulado aprobado fue una burla para las víctimas y las organizaciones que construyeron una propuesta junto con los liberales y fue derrotada en el debate de la Comisión Primera de la Cámara.
"Durante tres décadas, el Congreso ha votado leyes para favorecer y darle garantías a los victimarios, y ahora que se dió la oportunidad de darle mayores garantías a las víctimas, los representantes amigos del Gobierno les dan la espalda y por el contrario aprueban una ley que en vez de favorecer a las personas que han sufrido por la violencia, les limitan sus derechos", dice el comunicado.
"Las múltiples enmiendas y cambios de articulado en la ponencia inicial que hicieron los representantes uribistas durante el debate en la Comisión Primera, generan una ley que no solo rompe con todos los estándares internacionales de derechos humanos, sino que reduce los pocos derechos que ya tenían las victimas en leyes anteriores y un retroceso en toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional", añade.
www.semana.com
Organizaciones no están de acuerdo con Ley de Víctimas
Organizaciones no están de acuerdo con Ley de Víctimas
Jueves 13 Noviembre
Muchos de los que están gestionando las ayudas de los desplazados ante el gobierno se están quedando con una buena tajada. La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales rechaza el proyecto de ley de víctimas que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la sesión de hoy, 12 de noviembre.
Según emitió la organización en un comunicado, “consideramos que las modificaciones incluidas van en contra de los derechos de las víctimas y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, convirtiéndose en una afrenta”.
La ley de víctimas que se aprobó en la Cámara proviene de un proyecto que presentó el senador Juan Fernando Cristo. Pero la bancada uribista la modificó y de ahí el rechazo de la Mesa Nacional de Víctimas.
En lo que tiene que ver con el universo de víctimas, no está de acuerdo con:
1. Se limita la definición de víctima tan sólo a aquellas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos con anterioridad a la presente Ley, dejando por fuera a las víctimas de hoy y en adelante.
2. Se restringe su reconocimiento a través de un sistema de acreditación del carácter de víctima y beneficiarios, dejándolo sujeto a la regulación del Gobierno.
3. Se establece un límite de dos años a las víctimas y/o sus beneficiarios para acceder a todas las medidas definidas por la Ley.
4. Se limita el reconocimiento de las víctimas del Estado a aquellas personas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de miembros de la Fuerza Pública, excluyendo así a muchos funcionarios del Estado, por ejemplo los del DAS o a las víctimas de la parapolítica.
5. Además, se determina la demostración de la gravedad del hecho, implicando as un proceso judicial contencioso administrativo.
Fuera de todo eso, la Mesa Nacional de Víctimas rechaza la eliminación del principio pro homine, reconocido por todos los instrumentos internacionales, el cual favorecía a la víctima, que en caso de la existencia de dos o más interpretaciones se deberá acudir a la más extensiva en cuanto mejor garantice los derechos de las víctimas.
“Respecto a la reparación, los artículos modificados señalan que la reparación de las víctimas a través del Programa de Reparación por vía administrativa, contenido en la presente Ley, no podrá demandar por la va judicial al Estado por el mismo concepto, con el fin de acceder a recursos adicionales, sin perjuicio del derecho que le asiste de perseguir los bienes del victimario. Por otra parte, la reparación administrativa se descontará a la indemnización que se decrete judicialmente”, explica el comunicado de aquella mesa.
La nueve ley, además, establece que las víctimas de agentes del Estado se repararán únicamente con base en sentencia judicial ejecutoriada, “lo que significa un trato discriminatorio con respecto a las otras víctimas”, opinan los representantes de las víctimas.
Una de las proposiciones más graves aprobadas hoy, y presentadas por la bancada uribista, coloca un límite de 40 salarios mínimos mensuales -aproximadamente 18 millones de pesos- al monto de la reparación que pueden recibir las víctimas cuando acuden a la reparación judicial, “colocándolas en peores condiciones a las que se encuentran hoy”, dice el comunicado.
“Estas modificaciones, entre otras, van en contra de las propuestas presentadas por más de 4.700 víctimas que participaron de las audiencias congresionales en nueve regiones del país, de los millones de colombianos víctimas del conflicto social y armado y de las recomendaciones y pronunciamientos hechos por organismos de protección de los tratados internacionales, como la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH”, reclaman las organizaciones que conforman la mesa*.
Por todo eso, “quienes hacemos parte de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, consideramos que a este punto de la discusión resulta mejor archivar la iniciativa”.
“Hacemos un llamado a quienes han liderado la ponencia mayoritaria, a que en un acto ético se retiren del debate, con el fin de no hacer el juego en el que el Gobierno busca imponerse para el beneficio de su política, de espalda a las víctimas y en contra de la dignidad y de la vida”.
*La Mesa Nacional de Víctimas está conformada por:
Anmucic
Asomujer y Trabajo
Cinep
Codhes
Comisin Colombiana de Juristas
Comit Cvico de DDHH Meta
Comit Intereclesial de Justicia y Paz
Comit Permanente de los DDHH
Coordinadora Nacional de Vctimas de la UP
Corporacin Avre
Corporacin Nuevo Arco Iris
CUT
Espritu del 91
Mesa Nacional Agraria
Minga
Movice
Movimiento de Hijos e Hijas
Onic
Reiniciar
Ruta Pacfica de las Mujeres
Viva la Ciudadana
www.semana.com
Jueves 13 Noviembre
Muchos de los que están gestionando las ayudas de los desplazados ante el gobierno se están quedando con una buena tajada. La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales rechaza el proyecto de ley de víctimas que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la sesión de hoy, 12 de noviembre.
Según emitió la organización en un comunicado, “consideramos que las modificaciones incluidas van en contra de los derechos de las víctimas y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, convirtiéndose en una afrenta”.
La ley de víctimas que se aprobó en la Cámara proviene de un proyecto que presentó el senador Juan Fernando Cristo. Pero la bancada uribista la modificó y de ahí el rechazo de la Mesa Nacional de Víctimas.
En lo que tiene que ver con el universo de víctimas, no está de acuerdo con:
1. Se limita la definición de víctima tan sólo a aquellas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos con anterioridad a la presente Ley, dejando por fuera a las víctimas de hoy y en adelante.
2. Se restringe su reconocimiento a través de un sistema de acreditación del carácter de víctima y beneficiarios, dejándolo sujeto a la regulación del Gobierno.
3. Se establece un límite de dos años a las víctimas y/o sus beneficiarios para acceder a todas las medidas definidas por la Ley.
4. Se limita el reconocimiento de las víctimas del Estado a aquellas personas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de miembros de la Fuerza Pública, excluyendo así a muchos funcionarios del Estado, por ejemplo los del DAS o a las víctimas de la parapolítica.
5. Además, se determina la demostración de la gravedad del hecho, implicando as un proceso judicial contencioso administrativo.
Fuera de todo eso, la Mesa Nacional de Víctimas rechaza la eliminación del principio pro homine, reconocido por todos los instrumentos internacionales, el cual favorecía a la víctima, que en caso de la existencia de dos o más interpretaciones se deberá acudir a la más extensiva en cuanto mejor garantice los derechos de las víctimas.
“Respecto a la reparación, los artículos modificados señalan que la reparación de las víctimas a través del Programa de Reparación por vía administrativa, contenido en la presente Ley, no podrá demandar por la va judicial al Estado por el mismo concepto, con el fin de acceder a recursos adicionales, sin perjuicio del derecho que le asiste de perseguir los bienes del victimario. Por otra parte, la reparación administrativa se descontará a la indemnización que se decrete judicialmente”, explica el comunicado de aquella mesa.
La nueve ley, además, establece que las víctimas de agentes del Estado se repararán únicamente con base en sentencia judicial ejecutoriada, “lo que significa un trato discriminatorio con respecto a las otras víctimas”, opinan los representantes de las víctimas.
Una de las proposiciones más graves aprobadas hoy, y presentadas por la bancada uribista, coloca un límite de 40 salarios mínimos mensuales -aproximadamente 18 millones de pesos- al monto de la reparación que pueden recibir las víctimas cuando acuden a la reparación judicial, “colocándolas en peores condiciones a las que se encuentran hoy”, dice el comunicado.
“Estas modificaciones, entre otras, van en contra de las propuestas presentadas por más de 4.700 víctimas que participaron de las audiencias congresionales en nueve regiones del país, de los millones de colombianos víctimas del conflicto social y armado y de las recomendaciones y pronunciamientos hechos por organismos de protección de los tratados internacionales, como la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH”, reclaman las organizaciones que conforman la mesa*.
Por todo eso, “quienes hacemos parte de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, consideramos que a este punto de la discusión resulta mejor archivar la iniciativa”.
“Hacemos un llamado a quienes han liderado la ponencia mayoritaria, a que en un acto ético se retiren del debate, con el fin de no hacer el juego en el que el Gobierno busca imponerse para el beneficio de su política, de espalda a las víctimas y en contra de la dignidad y de la vida”.
*La Mesa Nacional de Víctimas está conformada por:
Anmucic
Asomujer y Trabajo
Cinep
Codhes
Comisin Colombiana de Juristas
Comit Cvico de DDHH Meta
Comit Intereclesial de Justicia y Paz
Comit Permanente de los DDHH
Coordinadora Nacional de Vctimas de la UP
Corporacin Avre
Corporacin Nuevo Arco Iris
CUT
Espritu del 91
Mesa Nacional Agraria
Minga
Movice
Movimiento de Hijos e Hijas
Onic
Reiniciar
Ruta Pacfica de las Mujeres
Viva la Ciudadana
www.semana.com
El narco-militarismo
El narco-militarismo
El principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Rafael Guarín
Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que “sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma”. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Álvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.
Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las Farc y grupos ilegales como los del “Loco Barrera”, “Cuchillo”, “Don Mario”, las Águilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las Farc. ¡Inadmisible!
En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aún así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran “los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles”. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan solo hasta el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.
Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de “efecto Obama”. En un momento en que se perfila para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.
Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de “eficacia con transparencia”. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las Farc.
El narco-militarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las Farc y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Ésta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.
La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. Hace unos días Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que aún cree que las Farc no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del Ejército a través de una minoría de militares corruptos.
Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las Farc y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia sino de la sociedad norteamericana.
www.rafaelguarin.blogspot.com
www.semana.com
El principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Rafael Guarín
Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que “sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma”. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Álvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.
Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las Farc y grupos ilegales como los del “Loco Barrera”, “Cuchillo”, “Don Mario”, las Águilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las Farc. ¡Inadmisible!
En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aún así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran “los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles”. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan solo hasta el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.
Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de “efecto Obama”. En un momento en que se perfila para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.
Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de “eficacia con transparencia”. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las Farc.
El narco-militarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las Farc y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Ésta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.
La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. Hace unos días Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que aún cree que las Farc no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del Ejército a través de una minoría de militares corruptos.
Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las Farc y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia sino de la sociedad norteamericana.
www.rafaelguarin.blogspot.com
www.semana.com
"Amenazas muy violentas" contra estudiantes de la Universidad Nacional, dijo el rector
Foto: David Osorio/ EL TIEMPO
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional.
En un correo electrónico, supuestamente firmado por las 'Aguilas Negras', se amenaza a 32 estudiantes y egresados, y se busca imponer un toque de queda en el campus de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
El mensaje, que llegó a la decanatura de Derecho, en Bogotá, y otras oficinas de la Universidad, fue calificado en rueda de prensa por el Rector como "absolutamente inaceptable".
En la amenaza se enumera un grupo de personas que supuestamente son colaboradores de grupos al margen de la ley y se aclara que el toque de queda es "no para los estudiantes, sino para los subversivos".
"Las últimas amenazas son amenazas muy violentas y vienen firmadas por algo que se llama las 'Águilas Negras' y están amenazando con atentar directamente con la vida de las personas que salen ahí (en el correo electrónico)" aseguró Wasserman.
"No aceptamos ninguna amenaza ni acto de violencia", afirmó la máxima cabeza del ente educativo, quien explicó que "la Universidad Nacional ha acudido a las autoridades y ha denunciado" la amenaza recibida.
Por su parte, David Flores, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, en relación con el toque de queda dijo que "es una situación muy complicada. Es un problema no solo contra los activistas estudiantiles, sino contra la universidad en su conjunto."
Finalmente, Wasserman explicó que "en los últimos dos años hemos tratado 312 casos de amenazas específicas y esos casos se han resuelto bien. Eso quiere decir que no ha pasado nada más que la amenaza misma". Adicional a estas, "ha habido varias amenazas generales, que se pintan en las paredes y que llegan por correo, que son igualmente reprobables".
Estudiantes aseguran que son víctimas de una persecución
Cuando se le preguntó al Rector y a los representantes de los estudiantes si existía alguna relación entre esta última amenaza y la petición de la Fiscalía General de la Nación de acceder a las bases de datos de algunas universidades públicas, las respuestas muy diferentes.
Wasserman dijo que "no sé si es posible decirlo de esa forma". Según él, asegurar "una relación causa-efecto es muy difícil".
Por su parte Gustavo Bermúdez, representante de facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ante la relación de ambos hechos dijo ver todo como un conjunto. "Es una arremetida legal e ilegal contra el movimiento estudiantil" aseguró Bermúdez.
Finalmente Flores, al hablar de este tema dijo: "Claro que sí, sin duda".
El Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario aseguró que "lo que se está haciendo es una estrategia a nivel nacional con diferentes formas para estigmatizar y atacar a los estudiantes de las universidades públicas colombianas".
Marcha indígena no podría alojarse en la Universidad Nacional
El martes pasado la Secretaría de Gobierno le envió una carta a las directivas de la universidad para solicitarles su permiso para alojar en sus predios a los indígenas que marchan hacía Bogotá.
Consultado sobre el tema, el vicerrector académico de la institución, Fernando Montenegro, aseguró que es imposible concentrar a los marchantes en los predios de la Nacional.
"No tenemos la infraestructura ni higiénica ni de salud. Tenemos además una dificultad muy grande, todavía no se ha acabado el semestre y no podemos cerrar el claustro por una semana. No podemos perder ni un sólo día", admitió Montenegro.
El 23 de diciembre se tiene previstó que las clases en la Universidad Nacional terminen.
Juan Sebastián Quintero
Redactor eltiempo.com
www.eltiempo.com
Foto: David Osorio/ EL TIEMPO
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional.
En un correo electrónico, supuestamente firmado por las 'Aguilas Negras', se amenaza a 32 estudiantes y egresados, y se busca imponer un toque de queda en el campus de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
El mensaje, que llegó a la decanatura de Derecho, en Bogotá, y otras oficinas de la Universidad, fue calificado en rueda de prensa por el Rector como "absolutamente inaceptable".
En la amenaza se enumera un grupo de personas que supuestamente son colaboradores de grupos al margen de la ley y se aclara que el toque de queda es "no para los estudiantes, sino para los subversivos".
"Las últimas amenazas son amenazas muy violentas y vienen firmadas por algo que se llama las 'Águilas Negras' y están amenazando con atentar directamente con la vida de las personas que salen ahí (en el correo electrónico)" aseguró Wasserman.
"No aceptamos ninguna amenaza ni acto de violencia", afirmó la máxima cabeza del ente educativo, quien explicó que "la Universidad Nacional ha acudido a las autoridades y ha denunciado" la amenaza recibida.
Por su parte, David Flores, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, en relación con el toque de queda dijo que "es una situación muy complicada. Es un problema no solo contra los activistas estudiantiles, sino contra la universidad en su conjunto."
Finalmente, Wasserman explicó que "en los últimos dos años hemos tratado 312 casos de amenazas específicas y esos casos se han resuelto bien. Eso quiere decir que no ha pasado nada más que la amenaza misma". Adicional a estas, "ha habido varias amenazas generales, que se pintan en las paredes y que llegan por correo, que son igualmente reprobables".
Estudiantes aseguran que son víctimas de una persecución
Cuando se le preguntó al Rector y a los representantes de los estudiantes si existía alguna relación entre esta última amenaza y la petición de la Fiscalía General de la Nación de acceder a las bases de datos de algunas universidades públicas, las respuestas muy diferentes.
Wasserman dijo que "no sé si es posible decirlo de esa forma". Según él, asegurar "una relación causa-efecto es muy difícil".
Por su parte Gustavo Bermúdez, representante de facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ante la relación de ambos hechos dijo ver todo como un conjunto. "Es una arremetida legal e ilegal contra el movimiento estudiantil" aseguró Bermúdez.
Finalmente Flores, al hablar de este tema dijo: "Claro que sí, sin duda".
El Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario aseguró que "lo que se está haciendo es una estrategia a nivel nacional con diferentes formas para estigmatizar y atacar a los estudiantes de las universidades públicas colombianas".
Marcha indígena no podría alojarse en la Universidad Nacional
El martes pasado la Secretaría de Gobierno le envió una carta a las directivas de la universidad para solicitarles su permiso para alojar en sus predios a los indígenas que marchan hacía Bogotá.
Consultado sobre el tema, el vicerrector académico de la institución, Fernando Montenegro, aseguró que es imposible concentrar a los marchantes en los predios de la Nacional.
"No tenemos la infraestructura ni higiénica ni de salud. Tenemos además una dificultad muy grande, todavía no se ha acabado el semestre y no podemos cerrar el claustro por una semana. No podemos perder ni un sólo día", admitió Montenegro.
El 23 de diciembre se tiene previstó que las clases en la Universidad Nacional terminen.
Juan Sebastián Quintero
Redactor eltiempo.com
www.eltiempo.com
Indígenas: la nueva oposición
Política Los indígenas no sólo están movilizando a miles de personas en Colombia, sino que se están convirtiendo en la principal y más visible fuerza de la oposición de este país. Alianza BBC Mundo.
Hernando Salazar, BBC Mundo
Entre otras cosas, los indígenas exigen más y mejores tierras, se oponen al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y protestan por 1.500 asesinatos y por el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas de sus comunidades por el conflicto armado.
Luego de una marcha que congregó a unas 40.000 personas, ahora los indígenas del sur del país han iniciado una nueva movilización hacia Bogotá, donde esperan hacer una gran reunión con otros sectores sociales.
Tras la última marcha, que duró casi tres semanas, hubo un tenso encuentro entre el presidente Álvaro Uribe y los líderes de la movilización indígena.
La cita fue en La María, conocido resguardo del departamento del Cauca, donde el mantenimiento del orden corrió por cuenta de la guardia indígena.
A pesar de las posiciones encontradas, el diálogo transcurrió sin inconvenientes.
Y eso contrasta con los enfrentamientos y hechos de violencia aún no aclarados que ocurrieron durante la marcha, en los cuales murieron tres indígenas y un policía fue mutilado.
"Correa de transmisión"
"Los indígenas se han convertido en una especie de correa de transmisión de los movimientos sociales en Colombia", considera el antropólogo Darío Fajardo, quien dialogó con BBC Mundo.
Eso llama mucho la atención en Colombia, donde las organizaciones sociales han sido menos fuertes que en otros países de América Latina y donde las movilizaciones públicas no son muy frecuentes ni muy prolongadas.
El abogado Luis Carlos Osorio, quien hasta hace poco dirigió la fundación Hemera, que trabaja en asuntos étnicos, le precisa a BBC Mundo que los indígenas "no son un movimiento social".
"Ellos son un pueblo, tienen sentido de pertenencia y una sólida organización. Ser indígena está asociado a un cabildo, a un territorio, a una cultura", explica.
Eso también lo rescata Daniel Piñacué, uno de los líderes de la movilización indígena, en conversación con BBC Mundo.
Piñacué, un indígena Nasa, del departamento del Cauca, subraya el "legado de organización y vida comunitaria" de los pueblos nativos.
"Esta capacidad de convocatoria y de organización seguirá existiendo", dice y anticipa que la nueva marcha quiere superar a la anterior.
40 años de organización
Detrás de esa capacidad de convocatoria y movilización hay una larga historia que comenzó a tomar cuerpo hace casi cuatro décadas, cuando surgió el poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
"En los años '70 el movimiento indígena también logró hacer alianzas con las organizaciones campesinas", señala Fajardo, quien conoció de cerca el surgimiento del CRIC.
Poco a poco, los indígenas fueron tomando distancia de los partidos tradicionales, el Liberal y Conservador, se acercaron a expresiones de izquierda y se unieron para defender derechos, como su territorio.
Sin embargo, eso ha implicado fuertes roces con las guerrillas que operan en sus territorios y que muchas veces han reclutado combatientes entre los indígenas.
Años más tarde, la Constitución de 1991 les reconoció expresamente varios derechos a los pueblos indígenas de Colombia. Entonces ya existía una organización indígena nacional, ya tenían movimientos políticos propios y los nativos colombianos se habían conectado con sus pares de Ecuador y Bolivia.
Sin embargo, Luis Carlos Osorio señala que muchos de los derechos consagrados por la Constitución se han quedado "en el papel" y ahí radica el malestar indígena.
Ese malestar cada vez está llamando más la atención en un país, donde el presidente Álvaro Uribe goza de un gran respaldo en las encuestas de opinión, después de seis años en el poder.
La profesora Elisabeth Ungar se declara sorprendida. Ella es la directora del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, una iniciativa que intenta crear más conciencia sobre las responsabilidades de los partidos y los congresistas.
"No es sólo la capacidad de organización de los indígenas, sino la claridad sobre objetivos que tienen", le dice Ungar a BBC Mundo.
Ungar destaca las temporalidades distintas que manejan los indígenas. "Mientras el gobierno nacional es transitorio, ellos son capaces de organizarse y plantear un proyecto político de largo plazo", explica.
Por eso, los indígenas se han convertido en un referente que la oposición colombiana y los políticos de este país empiezan a mirarlos con otros ojos.
www.eltiempo.com
Política Los indígenas no sólo están movilizando a miles de personas en Colombia, sino que se están convirtiendo en la principal y más visible fuerza de la oposición de este país. Alianza BBC Mundo.
Hernando Salazar, BBC Mundo
Entre otras cosas, los indígenas exigen más y mejores tierras, se oponen al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y protestan por 1.500 asesinatos y por el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas de sus comunidades por el conflicto armado.
Luego de una marcha que congregó a unas 40.000 personas, ahora los indígenas del sur del país han iniciado una nueva movilización hacia Bogotá, donde esperan hacer una gran reunión con otros sectores sociales.
Tras la última marcha, que duró casi tres semanas, hubo un tenso encuentro entre el presidente Álvaro Uribe y los líderes de la movilización indígena.
La cita fue en La María, conocido resguardo del departamento del Cauca, donde el mantenimiento del orden corrió por cuenta de la guardia indígena.
A pesar de las posiciones encontradas, el diálogo transcurrió sin inconvenientes.
Y eso contrasta con los enfrentamientos y hechos de violencia aún no aclarados que ocurrieron durante la marcha, en los cuales murieron tres indígenas y un policía fue mutilado.
"Correa de transmisión"
"Los indígenas se han convertido en una especie de correa de transmisión de los movimientos sociales en Colombia", considera el antropólogo Darío Fajardo, quien dialogó con BBC Mundo.
Eso llama mucho la atención en Colombia, donde las organizaciones sociales han sido menos fuertes que en otros países de América Latina y donde las movilizaciones públicas no son muy frecuentes ni muy prolongadas.
El abogado Luis Carlos Osorio, quien hasta hace poco dirigió la fundación Hemera, que trabaja en asuntos étnicos, le precisa a BBC Mundo que los indígenas "no son un movimiento social".
"Ellos son un pueblo, tienen sentido de pertenencia y una sólida organización. Ser indígena está asociado a un cabildo, a un territorio, a una cultura", explica.
Eso también lo rescata Daniel Piñacué, uno de los líderes de la movilización indígena, en conversación con BBC Mundo.
Piñacué, un indígena Nasa, del departamento del Cauca, subraya el "legado de organización y vida comunitaria" de los pueblos nativos.
"Esta capacidad de convocatoria y de organización seguirá existiendo", dice y anticipa que la nueva marcha quiere superar a la anterior.
40 años de organización
Detrás de esa capacidad de convocatoria y movilización hay una larga historia que comenzó a tomar cuerpo hace casi cuatro décadas, cuando surgió el poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
"En los años '70 el movimiento indígena también logró hacer alianzas con las organizaciones campesinas", señala Fajardo, quien conoció de cerca el surgimiento del CRIC.
Poco a poco, los indígenas fueron tomando distancia de los partidos tradicionales, el Liberal y Conservador, se acercaron a expresiones de izquierda y se unieron para defender derechos, como su territorio.
Sin embargo, eso ha implicado fuertes roces con las guerrillas que operan en sus territorios y que muchas veces han reclutado combatientes entre los indígenas.
Años más tarde, la Constitución de 1991 les reconoció expresamente varios derechos a los pueblos indígenas de Colombia. Entonces ya existía una organización indígena nacional, ya tenían movimientos políticos propios y los nativos colombianos se habían conectado con sus pares de Ecuador y Bolivia.
Sin embargo, Luis Carlos Osorio señala que muchos de los derechos consagrados por la Constitución se han quedado "en el papel" y ahí radica el malestar indígena.
Ese malestar cada vez está llamando más la atención en un país, donde el presidente Álvaro Uribe goza de un gran respaldo en las encuestas de opinión, después de seis años en el poder.
La profesora Elisabeth Ungar se declara sorprendida. Ella es la directora del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, una iniciativa que intenta crear más conciencia sobre las responsabilidades de los partidos y los congresistas.
"No es sólo la capacidad de organización de los indígenas, sino la claridad sobre objetivos que tienen", le dice Ungar a BBC Mundo.
Ungar destaca las temporalidades distintas que manejan los indígenas. "Mientras el gobierno nacional es transitorio, ellos son capaces de organizarse y plantear un proyecto político de largo plazo", explica.
Por eso, los indígenas se han convertido en un referente que la oposición colombiana y los políticos de este país empiezan a mirarlos con otros ojos.
www.eltiempo.com
Doce muertos y seis heridos dejan dos masacres cometidas este fin de semana en la Costa Caribe
Doce muertos y seis heridos dejan dos masacres cometidas este fin de semana en la Costa Caribe
Maicao en La Guajira, y San José de Uré, en Córdoba, fueron los escenarios de estos dos hechos violentos, que hasta ayer no dejaban responsables capturados.
El primer caso ocurrió al mediodía del sábado, y el otro en la madrugada del domingo, informaron las autoridades.
En el municipio guajiro dos hombres que llegaron en una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra un grupo familiar que departía en el patio de una residencia del barrio Santander, a la hora del almuerzo.
En Córdoba el ataque fue contra los asistentes a una discoteca.
Aquí los asesinos fueron 10 encapuchados que también abrieron fuego indiscriminado en el interior del establecimiento, donde bailaban y bebían unas 30 personas.
Sobre los hechos de Maicao la Policía informó que murieron en el sitio del atentado Rafael Antonio Valdeblanquez Barros, de 24 años; Eider Manuel Barros Palmar, de 19; José David Mindiola Gámez, de 22; y los hermanos Carlos y Arturo Iguarán Acuña, de 28 y 29 años.
En la mañana de ayer falleció en el hospital de Maicao, María Epiayú Ipuana, una de las heridas quien había recibido un balazo en la cabeza.
La mujer tenía ocho meses de embarazo, y ante su situación los médicos le indujeron el parto logrando salvar a la criatura.
Uno de los asesinados en Maicao, Eider Barros, es hijo de José María Barros Ipuana, alias 'Chema Bala', detenido en la cárcel de Cómbita como uno de los autores de la masacre de Bahía Portete (Alta Guajira) cometida por el Bloque Norte de las Auc en abril de 2004.
También cayó un familiar de Gervasio Valdeblanquez, hombre ligado a las autodefensas de Vicente Castaño.
Los heridos responden a los nombres de Laura Barros, Charles Valdeblanquez, y Xenia Zeneth Gómez.
En Córdoba
Del atentado de San José de Uré, en el extremo sur de Córdoba, las autoridades hasta la tarde de ayer aún no reportan las identidades de las víctimas.
Solo se sabía que entre los muertos están cuatro desmovilizados de las autodefensas conocidos con los alias de 'Cara e¿ loco', 'Chino', 'Barney', y 'Cachaquito'.
El caso ocurrió a la 1:40 de la madrugada en la discoteca 'Mi rumba show'.
Este hecho sangriento se suma al secuestro cometido la semana pasada contra el concejal de esa localidad Dairo Romero Velásquez, quien fue liberado horas después por la Policía.
En el operativo fueron capturados cuatro secuestradores .
Después de este incidente que supo que otro grupo de hombres lanzó amenazas contra la población.
La Policía investiga si la masacre está relacionada con el frustrado plagio de Romero Velásquez.
www.eltiempo.com
Maicao en La Guajira, y San José de Uré, en Córdoba, fueron los escenarios de estos dos hechos violentos, que hasta ayer no dejaban responsables capturados.
El primer caso ocurrió al mediodía del sábado, y el otro en la madrugada del domingo, informaron las autoridades.
En el municipio guajiro dos hombres que llegaron en una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra un grupo familiar que departía en el patio de una residencia del barrio Santander, a la hora del almuerzo.
En Córdoba el ataque fue contra los asistentes a una discoteca.
Aquí los asesinos fueron 10 encapuchados que también abrieron fuego indiscriminado en el interior del establecimiento, donde bailaban y bebían unas 30 personas.
Sobre los hechos de Maicao la Policía informó que murieron en el sitio del atentado Rafael Antonio Valdeblanquez Barros, de 24 años; Eider Manuel Barros Palmar, de 19; José David Mindiola Gámez, de 22; y los hermanos Carlos y Arturo Iguarán Acuña, de 28 y 29 años.
En la mañana de ayer falleció en el hospital de Maicao, María Epiayú Ipuana, una de las heridas quien había recibido un balazo en la cabeza.
La mujer tenía ocho meses de embarazo, y ante su situación los médicos le indujeron el parto logrando salvar a la criatura.
Uno de los asesinados en Maicao, Eider Barros, es hijo de José María Barros Ipuana, alias 'Chema Bala', detenido en la cárcel de Cómbita como uno de los autores de la masacre de Bahía Portete (Alta Guajira) cometida por el Bloque Norte de las Auc en abril de 2004.
También cayó un familiar de Gervasio Valdeblanquez, hombre ligado a las autodefensas de Vicente Castaño.
Los heridos responden a los nombres de Laura Barros, Charles Valdeblanquez, y Xenia Zeneth Gómez.
En Córdoba
Del atentado de San José de Uré, en el extremo sur de Córdoba, las autoridades hasta la tarde de ayer aún no reportan las identidades de las víctimas.
Solo se sabía que entre los muertos están cuatro desmovilizados de las autodefensas conocidos con los alias de 'Cara e¿ loco', 'Chino', 'Barney', y 'Cachaquito'.
El caso ocurrió a la 1:40 de la madrugada en la discoteca 'Mi rumba show'.
Este hecho sangriento se suma al secuestro cometido la semana pasada contra el concejal de esa localidad Dairo Romero Velásquez, quien fue liberado horas después por la Policía.
En el operativo fueron capturados cuatro secuestradores .
Después de este incidente que supo que otro grupo de hombres lanzó amenazas contra la población.
La Policía investiga si la masacre está relacionada con el frustrado plagio de Romero Velásquez.
www.eltiempo.com
La expansión: el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2002)
La expansión: el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2002)
La historia - La expansión
1997 fue una época clave para los paramilitares. En este año, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que delinquían en el país constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas marcarían una de las épocas mas sangrientas de la historia del país, en la que se registrarían mas de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales.
Como ha señalado Fernando Cubides, estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político.
A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas
Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc, la presencia territorial de las autodefensas experimenta un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinan a 40 personas e incineran alrededor de 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de navidad, las FARC atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.
La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.
Evolución de las víctimas de masacres 1990-2005
La intensificación de las masacres entre 1998 y 2001, se explica por la lógica de expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera el control de la producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, los grupos paramilitares contarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.
En este período, la tendencia creciente en la violencia se produce en la medida en que sus protagonistas desencadenan en la cual dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población.
En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina respondiendo con las mismas armas de los paramilitares. De aquí que la guerrilla, particularmente las Farc, incremente la ejecución de asesinatos y masacres entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas que fueron las que ostentaron el mayor número de víctimas.
Así mismo, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María o Nariño, donde los grupos armados actúan con especial intensidad atacando civiles inermes, para lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos.
Hay que agregar que las comunidades, ante la presión de los grupos armados en los cascos urbanos, ubicados en zonas en disputa a lo largo de los ríos y carreteras, se ven forzadas a desplazarse hacia las áreas selváticas, o quedan inmovilizadas en sus lugares de residencia. En buena parte de estos escenarios se producen bloqueos económicos y retenes en el suministro de provisiones. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.
A partir de 2002, la disminución de las víctimas de masacres se relaciona, en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir a la violencia masiva e indiscriminada y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la Fuerza Pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada.
Fuentes
Fernando Cubides "Los paramilitares y su estrategia", en: Deas, Malcolm y María Victoria Llorente (1999), Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, Editorial Norma - Cerec - Universidad de los Andes; y. “Paramilitares y narcotráfico: ¿Matrimonio indisoluble?”, en: Rangel, Alfredo (2005), El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
Los principales aspectos sobre la evolución de la violencia en estas regiones se encuentran en los estudios elaborados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
La historia - La expansión
1997 fue una época clave para los paramilitares. En este año, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que delinquían en el país constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas marcarían una de las épocas mas sangrientas de la historia del país, en la que se registrarían mas de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales.
Como ha señalado Fernando Cubides, estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político.
A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas
Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc, la presencia territorial de las autodefensas experimenta un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinan a 40 personas e incineran alrededor de 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de navidad, las FARC atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.
La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.
Evolución de las víctimas de masacres 1990-2005
La intensificación de las masacres entre 1998 y 2001, se explica por la lógica de expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera el control de la producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, los grupos paramilitares contarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.
En este período, la tendencia creciente en la violencia se produce en la medida en que sus protagonistas desencadenan en la cual dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población.
En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina respondiendo con las mismas armas de los paramilitares. De aquí que la guerrilla, particularmente las Farc, incremente la ejecución de asesinatos y masacres entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas que fueron las que ostentaron el mayor número de víctimas.
Así mismo, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María o Nariño, donde los grupos armados actúan con especial intensidad atacando civiles inermes, para lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos.
Hay que agregar que las comunidades, ante la presión de los grupos armados en los cascos urbanos, ubicados en zonas en disputa a lo largo de los ríos y carreteras, se ven forzadas a desplazarse hacia las áreas selváticas, o quedan inmovilizadas en sus lugares de residencia. En buena parte de estos escenarios se producen bloqueos económicos y retenes en el suministro de provisiones. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.
A partir de 2002, la disminución de las víctimas de masacres se relaciona, en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir a la violencia masiva e indiscriminada y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la Fuerza Pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada.
Fuentes
Fernando Cubides "Los paramilitares y su estrategia", en: Deas, Malcolm y María Victoria Llorente (1999), Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, Editorial Norma - Cerec - Universidad de los Andes; y. “Paramilitares y narcotráfico: ¿Matrimonio indisoluble?”, en: Rangel, Alfredo (2005), El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
Los principales aspectos sobre la evolución de la violencia en estas regiones se encuentran en los estudios elaborados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
MAS
El comienzo: los años del MAS y las Autodefensas del Magdalena Medio (1981-1991)
La historia
Aunque los grupos paramilitares o de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.
El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.
Pablo Escobar, uno de los capos narcotraficantes creadores del MAS. Foto SEMANA
El MAS surge en 1981 cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente es el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que les da la justificación para su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.
Narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lideraron la compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades como, por ejemplo, el MAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá.
A partir de 1982, las muertes se incrementaron dramáticamente en esta región. Las denuncias de los sectores afectados originaron, a principios de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), una investigación de la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. (ver informe y conclusiones de la Procuraduría)
Las conclusiones de las primeras investigaciones, reveladas a la opinión pública por el Procurador Carlos Jiménez, señalaban a los paramilitares como los principales responsables de la intensificación de la violencia, con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía.
Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, utilizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados de los paramilitares que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta. Con la extensión del modelo Puerto Boyacá a otras regiones del país, los grupos paramilitares experimentaron su primer gran impulso, reflejado en el elevado número de asesinatos y masacres que realizaron.
La historia
Aunque los grupos paramilitares o de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.
El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.
Pablo Escobar, uno de los capos narcotraficantes creadores del MAS. Foto SEMANA
El MAS surge en 1981 cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente es el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que les da la justificación para su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.
Narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lideraron la compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades como, por ejemplo, el MAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá.
A partir de 1982, las muertes se incrementaron dramáticamente en esta región. Las denuncias de los sectores afectados originaron, a principios de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), una investigación de la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. (ver informe y conclusiones de la Procuraduría)
Las conclusiones de las primeras investigaciones, reveladas a la opinión pública por el Procurador Carlos Jiménez, señalaban a los paramilitares como los principales responsables de la intensificación de la violencia, con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía.
Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, utilizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados de los paramilitares que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta. Con la extensión del modelo Puerto Boyacá a otras regiones del país, los grupos paramilitares experimentaron su primer gran impulso, reflejado en el elevado número de asesinatos y masacres que realizaron.
Tres unidades militares “no califican” para recibir ayuda de E.U.
Tres unidades militares “no califican” para recibir ayuda de E.U.
Conflicto armado Dos divisiones del Ejército y una unidad de desminado dejarán de recibir asistencia militar por estar comprometidas con violaciones a Derechos Humanos. Confusión en el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos vetó a tres unidades militares colombianas para recibir ayuda militar de este país por estar comprometidas en la violación de Derechos Humanos.
De manera extraoficial se conoció que las unidades afectadas serán la Segunda División (con sede en Bucaramanga), la Séptima (con sede en Antioquia) y una unidad de desminado que no fue precisada. “Cualquier asistencia que pueda haber sido dirigida a estas unidades, fueron redirigidas a las unidades elegibles bajo las leyes estadounidenses”, informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
La medida tiene relación con las graves denuncias que ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en Puerto Berrío y Ocaña, donde civiles inocentes fueron presentados muertos en combate con el Ejército. Las investigaciones, aunque todavía no han concluido, apuntan a que reclutadores le entregaron a militares muchachos de Bogotá y Soacha para que fueran asesinados y presentados como ilegales.
Desde Washington se supo que un funcionario del gobierno de E.U. declaró: “contamos con un proceso para garantizar que las unidades militares o individuos colombianos contra quienes existan pruebas admisibles de violaciones de derechos humanos, no reciban entrenamiento o capacitación por parte de Estados Unidos”.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en la noche del jueves que el propio embajador William Brownsfield le había confirmado que no era cierto que Estados Unidos suspendiera ayuda militar a Colombia, sino que los recursos iban a ser redireccionados para otras unidades.
“Él me dijo que era una mala interpretación de las declaraciones de un funcionario de los Estados Unidos y que no había cambios en la certificación por Derechos Humanos a Colombia”, aseguró el Ministro, quien estaba desinformado de las decisiones que se tomaron en Washington y quien esta mañana reconoció que, en efecto, tres unidades militares ya no tendrían la ayuda militar de ese país: "vamos a ver cuál es el alcance de lo que se está diciendo, porque sí sería un poco insólito que, precisamente, por la información que nosotros damos y por las medidas que tomamos, ahora quedemos señalados como los malos del paseo, y que las unidades que estamos reestructurando, cuyos mandos ya no están ahí, pues las veten ahora cuando ya se hizo la cirugía, pero vamos a ver qué dice el embajador en su explicación", dijo a Caracol Radio.
La decisión se tomó una semana después de que el embajador Brownsfield firmara una partida económica para ayudar a Colombia en Derechos Humanos y luego de que el presidente Álvaro Uribe destituyera a 27 militares y le aceptara la renuncia al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
www.semana.com
Conflicto armado Dos divisiones del Ejército y una unidad de desminado dejarán de recibir asistencia militar por estar comprometidas con violaciones a Derechos Humanos. Confusión en el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos vetó a tres unidades militares colombianas para recibir ayuda militar de este país por estar comprometidas en la violación de Derechos Humanos.
De manera extraoficial se conoció que las unidades afectadas serán la Segunda División (con sede en Bucaramanga), la Séptima (con sede en Antioquia) y una unidad de desminado que no fue precisada. “Cualquier asistencia que pueda haber sido dirigida a estas unidades, fueron redirigidas a las unidades elegibles bajo las leyes estadounidenses”, informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
La medida tiene relación con las graves denuncias que ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en Puerto Berrío y Ocaña, donde civiles inocentes fueron presentados muertos en combate con el Ejército. Las investigaciones, aunque todavía no han concluido, apuntan a que reclutadores le entregaron a militares muchachos de Bogotá y Soacha para que fueran asesinados y presentados como ilegales.
Desde Washington se supo que un funcionario del gobierno de E.U. declaró: “contamos con un proceso para garantizar que las unidades militares o individuos colombianos contra quienes existan pruebas admisibles de violaciones de derechos humanos, no reciban entrenamiento o capacitación por parte de Estados Unidos”.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en la noche del jueves que el propio embajador William Brownsfield le había confirmado que no era cierto que Estados Unidos suspendiera ayuda militar a Colombia, sino que los recursos iban a ser redireccionados para otras unidades.
“Él me dijo que era una mala interpretación de las declaraciones de un funcionario de los Estados Unidos y que no había cambios en la certificación por Derechos Humanos a Colombia”, aseguró el Ministro, quien estaba desinformado de las decisiones que se tomaron en Washington y quien esta mañana reconoció que, en efecto, tres unidades militares ya no tendrían la ayuda militar de ese país: "vamos a ver cuál es el alcance de lo que se está diciendo, porque sí sería un poco insólito que, precisamente, por la información que nosotros damos y por las medidas que tomamos, ahora quedemos señalados como los malos del paseo, y que las unidades que estamos reestructurando, cuyos mandos ya no están ahí, pues las veten ahora cuando ya se hizo la cirugía, pero vamos a ver qué dice el embajador en su explicación", dijo a Caracol Radio.
La decisión se tomó una semana después de que el embajador Brownsfield firmara una partida económica para ayudar a Colombia en Derechos Humanos y luego de que el presidente Álvaro Uribe destituyera a 27 militares y le aceptara la renuncia al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
www.semana.com
Fue capturado alias 'Jerónimo', quien estaba al frente de la llamada oficina de Envigado
Fue capturado alias 'Jerónimo', quien estaba al frente de la llamada oficina de Envigado
La aprehensión de Carlos Arturo Hernández se produjo en Medellín. Era el tercero al mando de la organización, pero ante la entrega de 'Rogelio' y la captura de alias 'Yiyo' asumió su control.
La operación fue realizada por un grupo especial de la Dijín y se inició el pasado viernes en la noche. Según fuentes de la Policía, el delincuente iba con un oficial del Ejército.
Según la Policía, el hombre capturado está implicado en el asesinato del paramilitar 'Danielito' y en una racha de asesinatos contra ex combatientes de las autodefensas en San Roque y Amalfi.
Tiene además procesos por fuga de presos, homicidio, terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir pero aún no tiene solicitud de extradición.
La oficina de Envigado es considerada por las autoridades como una de las organizaciones delincuenciales de mayor protagonismo en el mundo del narcotráfico en los últimos 20 años. Opera desde ese municipio y tiene incidencia en todo el sur del Valle de Aburrá.
Su creador fue el narcotraficante Pablo Escobar, quien eligió la región como su fortín a partir de 1983 y organizó un esquema clandestino para cobrar 'vacuna' a todos los negocios informales o ilícitos.
Toda la economía derivada de actividades ilícitas como los expendios de droga, los apostadores, la prostitución y el comercio ilegal de gasolina, al igual que comerciantes legales como los de las empresas de chance y las organizaciones de vigilancia privada debían aportar parte de sus ingresos al cartel de Medellín.
Aunque aún cuenta con un gran poder, la Policía considera que la desmovilización y posterior envío del ex jefe paramilitar de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'don Berna', y la captura de su relevo, Carlos Mario Aguillar Echeverri, alias 'Rogelio', la ha debilitado.
'Rogelio', antiguo miembro del Cuerpo técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), adquirió poder en la oficina tras el asesinato del empresario deportivo Gustavo Upegui López en julio de 2006 y a principios de 2007 heredó el poder de la Oficina de Envigado.
Según fuentes judiciales de Estados Unidos, 'Rogelio' negoció con las autoridades de ese país las condiciones de su sometimiento a la justicia luego de enterarse de que ya estaba lista una acusación en su contra por narcotráfico, con base en el testimonio de varios de los paramilitares extraditados.
Hace un mes, en un operativo efectuado por la Dijin fueron capturadas 39 miembros de esa organización delincuencial, la mayoría presuntos sicarios que operaban en Medellín, Bello, Itagüí y La Ceja.
www.eltiempo.com
La aprehensión de Carlos Arturo Hernández se produjo en Medellín. Era el tercero al mando de la organización, pero ante la entrega de 'Rogelio' y la captura de alias 'Yiyo' asumió su control.
La operación fue realizada por un grupo especial de la Dijín y se inició el pasado viernes en la noche. Según fuentes de la Policía, el delincuente iba con un oficial del Ejército.
Según la Policía, el hombre capturado está implicado en el asesinato del paramilitar 'Danielito' y en una racha de asesinatos contra ex combatientes de las autodefensas en San Roque y Amalfi.
Tiene además procesos por fuga de presos, homicidio, terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir pero aún no tiene solicitud de extradición.
La oficina de Envigado es considerada por las autoridades como una de las organizaciones delincuenciales de mayor protagonismo en el mundo del narcotráfico en los últimos 20 años. Opera desde ese municipio y tiene incidencia en todo el sur del Valle de Aburrá.
Su creador fue el narcotraficante Pablo Escobar, quien eligió la región como su fortín a partir de 1983 y organizó un esquema clandestino para cobrar 'vacuna' a todos los negocios informales o ilícitos.
Toda la economía derivada de actividades ilícitas como los expendios de droga, los apostadores, la prostitución y el comercio ilegal de gasolina, al igual que comerciantes legales como los de las empresas de chance y las organizaciones de vigilancia privada debían aportar parte de sus ingresos al cartel de Medellín.
Aunque aún cuenta con un gran poder, la Policía considera que la desmovilización y posterior envío del ex jefe paramilitar de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'don Berna', y la captura de su relevo, Carlos Mario Aguillar Echeverri, alias 'Rogelio', la ha debilitado.
'Rogelio', antiguo miembro del Cuerpo técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), adquirió poder en la oficina tras el asesinato del empresario deportivo Gustavo Upegui López en julio de 2006 y a principios de 2007 heredó el poder de la Oficina de Envigado.
Según fuentes judiciales de Estados Unidos, 'Rogelio' negoció con las autoridades de ese país las condiciones de su sometimiento a la justicia luego de enterarse de que ya estaba lista una acusación en su contra por narcotráfico, con base en el testimonio de varios de los paramilitares extraditados.
Hace un mes, en un operativo efectuado por la Dijin fueron capturadas 39 miembros de esa organización delincuencial, la mayoría presuntos sicarios que operaban en Medellín, Bello, Itagüí y La Ceja.
www.eltiempo.com
Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas
Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas
Opinion On Line ¿Por qué Uribe no ha atendido pronto las graves denuncias de hace años sobre las muertes de inocentes?
Juan Diego Restrepo*
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública se han convertido en los últimos años en una práctica sistemática en buena parte del territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas donde se adelantan grandes operaciones militares en contra de la insurgencia.
Determinar que es una práctica sistemática me lleva a concluir que el escándalo generado tras la destitución de 27 miembros del Ejército no pasa de ser un asunto coyuntural, más de corte mediático y efectista, que busca impresionar a la opinión pública nacional e internacional con un mensaje claro: el Gobierno defiende los derechos humanos y está dispuesto a castigar a todo aquel que los viole.
No creo que haya un fin loable en la actitud presidencial, pues a mi manera de ver es evidente que su nueva postura tiene como fin impresionar a los poderosos demócratas de Estados Unidos para que cedan en su posición y aprueben el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia. Esta vez, el medio para lograr esa aprobación no difiere mucho de las intenciones que tienen aquellos que adelantan ejecuciones extrajudiciales: “todo vale” en el camino de alcanzar fines económicos.
Con esa actitud de defensor de los derechos humanos lo que pretende también el presidente Uribe es ganar simpatías entre los legisladores norteamericanos para que le sigan aprobando las ayudas económicas que requiere el Plan Colombia y continuar financiando la guerra.
Si realmente hubiese un fin loable en su actitud con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tan solo por mencionar una violación a los derechos humanos, las graves denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho desde hace varios años habrían sido atendidas con prontitud y se hubiese evitado la pérdida de valiosas vidas humanas.
Pero frente a esas denuncias siempre esgrimió dos argumentos contrarios a su nueva actitud: la primera, que aquellos que elaboraban los informes adelantaban “una guerra jurídica” para favorecer a la guerrilla; y dos, que las personas asesinadas “eran guerrilleros vestidos de civil”, y con ambos conceptos, expuestos tanto en el ámbito nacional como internacional, intentaba deslegitimar todo cuestionamiento de la fuerza pública.
Esa actitud negligente del presidente Uribe tuvo un efecto perverso: los miembros de la fuerza pública se sintieron a gusto y seguros persiguiendo civiles para hacerlos pasar por “guerrilleros dados de baja en combate”, pues calcularon que la defensa presidencial tendía un manto de impunidad sobre esta práctica execrable de guerra.
Creo que hoy debe reinar la confusión en las guarniciones militares, pues en ellas, soldados, capitanes, tenientes, coroneles y generales, fueron formados de manera rigurosa, en el país y en el extranjero, para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas.
Recurrir a la retención arbitraria de jóvenes, incluidos entre ellos hasta miembros de las mismas fuerzas militares, para luego asesinarlos y mostrarlos como subversivos dados de baja en combate es más un asunto de formación militar, en la que subyace la búsqueda del honor, la exaltación del guerrero exitoso, el brillo de los sables, la ambición del ascenso, que la connivencia con grupos de delincuentes”, tal como lo quiso hacer ver el Presidente de la República. Por ello un análisis profundo de las ejecuciones extrajudiciales permite establecer que es una práctica sistemática y premeditada cuyo objetivo central es ganarse varios días de licencia, bonificaciones en dinero y ascensos.
Un aspecto de esta discusión que aún no se aborda con claridad es el papel que han jugado los fiscales que conocen de las ejecuciones extrajudiciales y las avalan como “guerrilleros muertos en combate”; así como los investigadores judiciales, los médicos legistas y hasta los sepultureros. Es decir, toda la cadena de preparación de un cadáver al momento de ser inhumado.
Si el presidente Uribe realmente admite la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública debe empezar por reconocer públicamente, a nivel nacional e internacional, que las denuncias de las organizaciones no gubernamentales son serias y calificadas, carecen de todo vínculo con la insurgencia y que sus intenciones no son otras que proteger a la población civil de actos violatorios de los derechos humanos por parte del Estado.
Además, debe reforzar la investigación judicial para que se aclaren las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde enero de 2002; tomar las medidas necesarias encaminadas a garantizar la superación de la impunidad; y aportar herramientas que eviten, de una vez por todas, la repetición de estos crímenes. Si no hace nada al respecto, las ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo una práctica sistemática entre la fuerza pública.
--------------------------------------------------------------------------------
* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario
www.semana.com
Opinion On Line ¿Por qué Uribe no ha atendido pronto las graves denuncias de hace años sobre las muertes de inocentes?
Juan Diego Restrepo*
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública se han convertido en los últimos años en una práctica sistemática en buena parte del territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas donde se adelantan grandes operaciones militares en contra de la insurgencia.
Determinar que es una práctica sistemática me lleva a concluir que el escándalo generado tras la destitución de 27 miembros del Ejército no pasa de ser un asunto coyuntural, más de corte mediático y efectista, que busca impresionar a la opinión pública nacional e internacional con un mensaje claro: el Gobierno defiende los derechos humanos y está dispuesto a castigar a todo aquel que los viole.
No creo que haya un fin loable en la actitud presidencial, pues a mi manera de ver es evidente que su nueva postura tiene como fin impresionar a los poderosos demócratas de Estados Unidos para que cedan en su posición y aprueben el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia. Esta vez, el medio para lograr esa aprobación no difiere mucho de las intenciones que tienen aquellos que adelantan ejecuciones extrajudiciales: “todo vale” en el camino de alcanzar fines económicos.
Con esa actitud de defensor de los derechos humanos lo que pretende también el presidente Uribe es ganar simpatías entre los legisladores norteamericanos para que le sigan aprobando las ayudas económicas que requiere el Plan Colombia y continuar financiando la guerra.
Si realmente hubiese un fin loable en su actitud con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tan solo por mencionar una violación a los derechos humanos, las graves denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho desde hace varios años habrían sido atendidas con prontitud y se hubiese evitado la pérdida de valiosas vidas humanas.
Pero frente a esas denuncias siempre esgrimió dos argumentos contrarios a su nueva actitud: la primera, que aquellos que elaboraban los informes adelantaban “una guerra jurídica” para favorecer a la guerrilla; y dos, que las personas asesinadas “eran guerrilleros vestidos de civil”, y con ambos conceptos, expuestos tanto en el ámbito nacional como internacional, intentaba deslegitimar todo cuestionamiento de la fuerza pública.
Esa actitud negligente del presidente Uribe tuvo un efecto perverso: los miembros de la fuerza pública se sintieron a gusto y seguros persiguiendo civiles para hacerlos pasar por “guerrilleros dados de baja en combate”, pues calcularon que la defensa presidencial tendía un manto de impunidad sobre esta práctica execrable de guerra.
Creo que hoy debe reinar la confusión en las guarniciones militares, pues en ellas, soldados, capitanes, tenientes, coroneles y generales, fueron formados de manera rigurosa, en el país y en el extranjero, para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas.
Recurrir a la retención arbitraria de jóvenes, incluidos entre ellos hasta miembros de las mismas fuerzas militares, para luego asesinarlos y mostrarlos como subversivos dados de baja en combate es más un asunto de formación militar, en la que subyace la búsqueda del honor, la exaltación del guerrero exitoso, el brillo de los sables, la ambición del ascenso, que la connivencia con grupos de delincuentes”, tal como lo quiso hacer ver el Presidente de la República. Por ello un análisis profundo de las ejecuciones extrajudiciales permite establecer que es una práctica sistemática y premeditada cuyo objetivo central es ganarse varios días de licencia, bonificaciones en dinero y ascensos.
Un aspecto de esta discusión que aún no se aborda con claridad es el papel que han jugado los fiscales que conocen de las ejecuciones extrajudiciales y las avalan como “guerrilleros muertos en combate”; así como los investigadores judiciales, los médicos legistas y hasta los sepultureros. Es decir, toda la cadena de preparación de un cadáver al momento de ser inhumado.
Si el presidente Uribe realmente admite la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública debe empezar por reconocer públicamente, a nivel nacional e internacional, que las denuncias de las organizaciones no gubernamentales son serias y calificadas, carecen de todo vínculo con la insurgencia y que sus intenciones no son otras que proteger a la población civil de actos violatorios de los derechos humanos por parte del Estado.
Además, debe reforzar la investigación judicial para que se aclaren las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde enero de 2002; tomar las medidas necesarias encaminadas a garantizar la superación de la impunidad; y aportar herramientas que eviten, de una vez por todas, la repetición de estos crímenes. Si no hace nada al respecto, las ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo una práctica sistemática entre la fuerza pública.
--------------------------------------------------------------------------------
* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario
www.semana.com
¡Haraquiri!
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
La historia detrás de la mayor purga de los últimos tiempos en las Fuerzas Militares y los retos que le esperan a una cúpula castrense que en breve será renovada.
El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y planillas que deben documentarse después de cualquier combate. “Pasaban por alto la ubicación exacta, movían los cadáveres hacia otra zona con el pretexto de que el CTI de la Fiscalía no tenía garantías para asegurar los cuerpos, y lo que es peor, ni se preocupaban por averiguar la identidad real del supuesto guerrillero”.Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.El Espectador conoció que se han registrado discusiones que, inclusive, han llevado a enemistades personales, porque algunos oficiales consideran que ha sido un error alimentar la política de muertos para lograr ascensos o bonificaciones especiales. En la otra orilla, un grueso número de oficiales ponderan los beneficios de la política de recompensa que ha permitido reducir ostensiblemente la amenaza de grupos ilegales. En la primera línea se ubican generales como Gustavo Matamoros. En la línea tropera se ubica Montoya. Como sea, el tema de las ejecuciones tiene arrevolverados los ánimos en el Ejército y a más de uno haciendo cuentas sobre qué bando tomar. Se especula que o sale Montoya o sale Suárez. La pelea parece estar casada.Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.En palabras del Fiscal GeneralPara Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso87368-haraquiri
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
La historia detrás de la mayor purga de los últimos tiempos en las Fuerzas Militares y los retos que le esperan a una cúpula castrense que en breve será renovada.
El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y planillas que deben documentarse después de cualquier combate. “Pasaban por alto la ubicación exacta, movían los cadáveres hacia otra zona con el pretexto de que el CTI de la Fiscalía no tenía garantías para asegurar los cuerpos, y lo que es peor, ni se preocupaban por averiguar la identidad real del supuesto guerrillero”.Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.El Espectador conoció que se han registrado discusiones que, inclusive, han llevado a enemistades personales, porque algunos oficiales consideran que ha sido un error alimentar la política de muertos para lograr ascensos o bonificaciones especiales. En la otra orilla, un grueso número de oficiales ponderan los beneficios de la política de recompensa que ha permitido reducir ostensiblemente la amenaza de grupos ilegales. En la primera línea se ubican generales como Gustavo Matamoros. En la línea tropera se ubica Montoya. Como sea, el tema de las ejecuciones tiene arrevolverados los ánimos en el Ejército y a más de uno haciendo cuentas sobre qué bando tomar. Se especula que o sale Montoya o sale Suárez. La pelea parece estar casada.Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.En palabras del Fiscal GeneralPara Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso87368-haraquiri
Investigan políticos del Magdalena por pactos con paramilitares
Investigan políticos del Magdalena por pactos con paramilitares
Conflicto armado La Fiscalía abrió una investigación penal contra nueve políticos del Magdalena, entre ellos un ex gobernador, un alcalde y ex diputados, involucrados con los pactos de Chivolo y Pivijay que firmaron 417 políticos con 'Jorge 40'.
Antes de que el caso prescribiera, como lo alcanzó a advertir la senador Gina Parodi, la Fiscalía abrió investigación penal contra los ex alcaldes del municipio de Concordia, Magdalena, Pablo José Salas Orozco. Anibal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, así como contra el actual mandatario de ese municipio, Miguel Antonio Aragón, y los ex diputados de ese departamento, Edgar Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, todos firmantes de los polémicos pactos de Chivolo y Pivijay con las autodefensas al mando de 'Jorge 40'.
El ente investigador también inició un proceso penal contra la desmovilizada Neyla Alfredina Soto Ortiz, conocida con el alias de 'Sonia'.
Según fuentes de la Fiscalía, estos pactos políticos presuntamente les permitió a las autodefensas tener un control burocrático y político de varios municipios del Magdalena, entre esos el de Concordia. En la misma investigación se analiza la conexión con el asesinato del médico y quien fuera candidato a la alcaldía de Concordia, Eugenio Escalante Ebrath, quien se habría opuesto a la imposición de un candidato único en este municipio. Escalante no firmó ninguno de los pactos políticos con los paramilitares y esto al parecer le habría costado la vida.
Estos pactos presuntamente fueron firmados por 417 políticos de Magdalena que representaron a 15 de los 20 municipios del departamento, quienes asistieron a dos reuniones, la primera el 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de la Estrella ubicado en Chivolo, en la que presuntamente se comprometieron a apoyar al aspirante a la gobernación del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, conocido como 'Chelo' Dávila, quien saldría electo para el período 2001-2003.
La segunda reunión se dio el 22 de noviembre de 2001 y en esa ocasión, muchos actuando en su condición de alcaldes, concejales y diputados elegidos en los comicios de 2000, presuntamente se comprometen a apoyar a los candidatos al congreso para las elecciones del 2002 a través del llamado "Movimiento la Provincia Unida".
En las dos elecciones, que ahora investiga la Fiscalìa, 'Jorge 40' como jefe del Bloque Norte estableció una estrategia política que consistió en dividir el departamento de Magdalena en cuatro regiones o "distritos electorales" a través de la que los paramilitares realizaron un estricto control electoral y lograron elegir a varios candidatos al congreso, gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, muchos de ellos hoy condenados por parapolítica como los ex congresistas José Gamarra y Jorge Caballero, así como el ex gobernador Trino Luna.
Los pactos políticos como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, así como el del Ralito en Córdoba y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar, fueron parte de una estrategia de los paramilitares para alzarse con el control político de las zonas que controlaban militarmente. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 417.
Semana en el artículo "Los babyparapolíticos" contó que el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
Mientras que el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría electoral y burocráticamente los cargos de elección popular.
Una de las cosas más graves es que los pactos, que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Gina Parody había denunciado en una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Sin embargo, la Fiscalìa rápidamente asumió el caso y no lo dejó morir, y ahora tiene prácticamente en la mira a buena parte de la clase política del Magdalena por sus alianzas con el paramilitarismo.
www.semana.com
Conflicto armado La Fiscalía abrió una investigación penal contra nueve políticos del Magdalena, entre ellos un ex gobernador, un alcalde y ex diputados, involucrados con los pactos de Chivolo y Pivijay que firmaron 417 políticos con 'Jorge 40'.
Antes de que el caso prescribiera, como lo alcanzó a advertir la senador Gina Parodi, la Fiscalía abrió investigación penal contra los ex alcaldes del municipio de Concordia, Magdalena, Pablo José Salas Orozco. Anibal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, así como contra el actual mandatario de ese municipio, Miguel Antonio Aragón, y los ex diputados de ese departamento, Edgar Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, todos firmantes de los polémicos pactos de Chivolo y Pivijay con las autodefensas al mando de 'Jorge 40'.
El ente investigador también inició un proceso penal contra la desmovilizada Neyla Alfredina Soto Ortiz, conocida con el alias de 'Sonia'.
Según fuentes de la Fiscalía, estos pactos políticos presuntamente les permitió a las autodefensas tener un control burocrático y político de varios municipios del Magdalena, entre esos el de Concordia. En la misma investigación se analiza la conexión con el asesinato del médico y quien fuera candidato a la alcaldía de Concordia, Eugenio Escalante Ebrath, quien se habría opuesto a la imposición de un candidato único en este municipio. Escalante no firmó ninguno de los pactos políticos con los paramilitares y esto al parecer le habría costado la vida.
Estos pactos presuntamente fueron firmados por 417 políticos de Magdalena que representaron a 15 de los 20 municipios del departamento, quienes asistieron a dos reuniones, la primera el 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de la Estrella ubicado en Chivolo, en la que presuntamente se comprometieron a apoyar al aspirante a la gobernación del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, conocido como 'Chelo' Dávila, quien saldría electo para el período 2001-2003.
La segunda reunión se dio el 22 de noviembre de 2001 y en esa ocasión, muchos actuando en su condición de alcaldes, concejales y diputados elegidos en los comicios de 2000, presuntamente se comprometen a apoyar a los candidatos al congreso para las elecciones del 2002 a través del llamado "Movimiento la Provincia Unida".
En las dos elecciones, que ahora investiga la Fiscalìa, 'Jorge 40' como jefe del Bloque Norte estableció una estrategia política que consistió en dividir el departamento de Magdalena en cuatro regiones o "distritos electorales" a través de la que los paramilitares realizaron un estricto control electoral y lograron elegir a varios candidatos al congreso, gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, muchos de ellos hoy condenados por parapolítica como los ex congresistas José Gamarra y Jorge Caballero, así como el ex gobernador Trino Luna.
Los pactos políticos como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, así como el del Ralito en Córdoba y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar, fueron parte de una estrategia de los paramilitares para alzarse con el control político de las zonas que controlaban militarmente. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 417.
Semana en el artículo "Los babyparapolíticos" contó que el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
Mientras que el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría electoral y burocráticamente los cargos de elección popular.
Una de las cosas más graves es que los pactos, que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Gina Parody había denunciado en una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Sin embargo, la Fiscalìa rápidamente asumió el caso y no lo dejó morir, y ahora tiene prácticamente en la mira a buena parte de la clase política del Magdalena por sus alianzas con el paramilitarismo.
www.semana.com
Carlos Castaño fue quien mató a Pablo Escobar, no la Policía
Carlos Castaño fue quien mató a Pablo Escobar, no la Policía, dice ex paramilitar
Ante la Fiscalía de Bucaramanga, el desmovilizado José Antonio Hernández, alias 'John', afirmó que la orden de matar a Escobar la emitió el capo del cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela.
Hernández indicó que un comando de siete paramilitares liderado por Castaño y bajo el nombre de los 'Pepes' (Perseguidos Por Pablo Escobar) recibió asistencia de la CIA y la DEA de E.U., así como equipos de tecnología israelí para realizar interceptaciones telefónicas al capo del cártel de Medellín.
"No fue la policía la que lo mató, el que lo mató en el techo de una vivienda cuando fue ubicado por los 'Pepes', de la que hacía parte el señor Carlos Castaño, y fue él directamente el que lo mató en el techo" el 2 de diciembre de 1993, dijo Hernández.
El fiscal le volvió a preguntar sobre la participación de Castaño en la muerte de Escobar y el ex paramilitar reiteró: "directamente lo mató".
"Ellos llegaron, lo ubicaron por interceptaciones telefónicas con unos aparatos que llegaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde Israel y con ayuda de algunos miembros de la CIA y otros organismos internacionales como la DEA", subrayó.
Alias 'John' hacía parte de los paramilitares que operaban en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y se desmovilizó en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, entre 2003 y 2006.
La versión oficial señala que Escobar murió sobre el tejado de una casa de la ciudad de Medellín en un enfrentamiento con la policía tras meses de búsqueda el 2 de diciembre de 1993, después de fugarse de la cárcel en julio de 1992.
EFE
www.eltiempo.com
Ante la Fiscalía de Bucaramanga, el desmovilizado José Antonio Hernández, alias 'John', afirmó que la orden de matar a Escobar la emitió el capo del cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela.
Hernández indicó que un comando de siete paramilitares liderado por Castaño y bajo el nombre de los 'Pepes' (Perseguidos Por Pablo Escobar) recibió asistencia de la CIA y la DEA de E.U., así como equipos de tecnología israelí para realizar interceptaciones telefónicas al capo del cártel de Medellín.
"No fue la policía la que lo mató, el que lo mató en el techo de una vivienda cuando fue ubicado por los 'Pepes', de la que hacía parte el señor Carlos Castaño, y fue él directamente el que lo mató en el techo" el 2 de diciembre de 1993, dijo Hernández.
El fiscal le volvió a preguntar sobre la participación de Castaño en la muerte de Escobar y el ex paramilitar reiteró: "directamente lo mató".
"Ellos llegaron, lo ubicaron por interceptaciones telefónicas con unos aparatos que llegaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde Israel y con ayuda de algunos miembros de la CIA y otros organismos internacionales como la DEA", subrayó.
Alias 'John' hacía parte de los paramilitares que operaban en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y se desmovilizó en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, entre 2003 y 2006.
La versión oficial señala que Escobar murió sobre el tejado de una casa de la ciudad de Medellín en un enfrentamiento con la policía tras meses de búsqueda el 2 de diciembre de 1993, después de fugarse de la cárcel en julio de 1992.
EFE
www.eltiempo.com
Plan Colombia no ha cumplido con metas
Plan Colombia no ha cumplido con metas
Noticias La meta de reducir la producción de drogas a la mitad, en Colombia no se ha cumplido del todo, según un informe del gobierno estadounidense. En total el Plan Colombia ha recibido 6.000 millones de dólares desde el año 2000.
El Plan Colombia no ha cumplido totalmente sus metas de reducción de la producción y exportación de droga pero ha mejorado la seguridad, indicó el miércoles un informe gubernamental que propone mayor coordinación de las dependencias federales para empezar a cortar la ayuda financiera a Colombia.
La Oficina de Responsabilidad de Gobierno, una dependencia del Congreso de Estados Unidos, conocida como GAO (Government Accountability Office), recomienda que el Departamento de Estado desarrolle en conjunción con otros departamentos y el gobierno de Bogotá un plan integral de nacionalización que permita a los colombianos administrar progresivamente el combate a las drogas y grupos armados, los propósitos medulares del Plan Colombia.
Según el informe la meta de reducir en 50 por ciento los cultivos, procesos y distribución de drogas en 6 años no se ha cumplido del todo.
Entre 2000 y 2006 los cultivos de amapola y la producción de heroína cayeron a cerca de la mitad, mientras que los cultivos de coca y la producción de cocaína crecieron 15 por ciento y 4 por ciento respectivamente. Según la GAO los aumentos son resultado en parte por las medidas adoptadas por los cultivadores para frenar los programas de erradicación.
Desde el año 2000, los Estados Unidos han entregado más de 6.000 millones de dólares para el Plan Colombia.
La oficina critica que muchos programas de desarrollo alternativo no están presentes en zonas de cultivos y USAID, la agencia Americana que administra los recursos “no ha establecido como esos programas se relacionan con sus objetivos estratégicos de reducir la producción de dorga y alcanzar resultados sostenibles”.
El nuevo plan, agregó el informe, deberá definir funciones y responsabilidades de Estados Unidos y Colombia, así como los requerimientos futuros de financiación y un calendario.
El informe fue elaborado por la GAO a pedido del senador Joseph Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ahora vicepresidente electo, como parte de una tendencia de la mayoría demócrata del Congreso de reducir el financiamiento del plan y poner mayores trabas en otras partidas, como la certificación por el Departamento de Estado del respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.
En Bogotá, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los demócratas están divididos en cuanto a si se le da al Plan Colombia una mayor importancia en la ayuda militar o el desarrollo social.
"En efecto ha habido una transferencia de lo militar a lo social, que yo espero que se discuta con nosotros para mantener en lo posible el nivel absoluto y que los recortes que se vienen de todas formas... sean los menos dolorosos posibles", afirmó el funcionario colombiano.
Santos dijo que una vez que el presidente electo Barack Obama empiece a nombrar su personal de colaboradores, entre ellos los secretarios de Estado y Defensa, Santos irá a Washington en busca de entrevistas para hablar sobre la realidad colombiana.
El Plan Colombia fue anunciado en 1999 por el entonces presidente Carlos Pastrana y luego aprobado por el presidente estadounidense Bill Clinton. Se encamina a la reducción en un 50 por ciento en seis años de la producción de droga, primariamente cocaína, así como mejorar la seguridad en Colombia con la recuperación de áreas controladas por grupos irregulares.
www.semana.com
Noticias La meta de reducir la producción de drogas a la mitad, en Colombia no se ha cumplido del todo, según un informe del gobierno estadounidense. En total el Plan Colombia ha recibido 6.000 millones de dólares desde el año 2000.
El Plan Colombia no ha cumplido totalmente sus metas de reducción de la producción y exportación de droga pero ha mejorado la seguridad, indicó el miércoles un informe gubernamental que propone mayor coordinación de las dependencias federales para empezar a cortar la ayuda financiera a Colombia.
La Oficina de Responsabilidad de Gobierno, una dependencia del Congreso de Estados Unidos, conocida como GAO (Government Accountability Office), recomienda que el Departamento de Estado desarrolle en conjunción con otros departamentos y el gobierno de Bogotá un plan integral de nacionalización que permita a los colombianos administrar progresivamente el combate a las drogas y grupos armados, los propósitos medulares del Plan Colombia.
Según el informe la meta de reducir en 50 por ciento los cultivos, procesos y distribución de drogas en 6 años no se ha cumplido del todo.
Entre 2000 y 2006 los cultivos de amapola y la producción de heroína cayeron a cerca de la mitad, mientras que los cultivos de coca y la producción de cocaína crecieron 15 por ciento y 4 por ciento respectivamente. Según la GAO los aumentos son resultado en parte por las medidas adoptadas por los cultivadores para frenar los programas de erradicación.
Desde el año 2000, los Estados Unidos han entregado más de 6.000 millones de dólares para el Plan Colombia.
La oficina critica que muchos programas de desarrollo alternativo no están presentes en zonas de cultivos y USAID, la agencia Americana que administra los recursos “no ha establecido como esos programas se relacionan con sus objetivos estratégicos de reducir la producción de dorga y alcanzar resultados sostenibles”.
El nuevo plan, agregó el informe, deberá definir funciones y responsabilidades de Estados Unidos y Colombia, así como los requerimientos futuros de financiación y un calendario.
El informe fue elaborado por la GAO a pedido del senador Joseph Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ahora vicepresidente electo, como parte de una tendencia de la mayoría demócrata del Congreso de reducir el financiamiento del plan y poner mayores trabas en otras partidas, como la certificación por el Departamento de Estado del respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.
En Bogotá, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los demócratas están divididos en cuanto a si se le da al Plan Colombia una mayor importancia en la ayuda militar o el desarrollo social.
"En efecto ha habido una transferencia de lo militar a lo social, que yo espero que se discuta con nosotros para mantener en lo posible el nivel absoluto y que los recortes que se vienen de todas formas... sean los menos dolorosos posibles", afirmó el funcionario colombiano.
Santos dijo que una vez que el presidente electo Barack Obama empiece a nombrar su personal de colaboradores, entre ellos los secretarios de Estado y Defensa, Santos irá a Washington en busca de entrevistas para hablar sobre la realidad colombiana.
El Plan Colombia fue anunciado en 1999 por el entonces presidente Carlos Pastrana y luego aprobado por el presidente estadounidense Bill Clinton. Se encamina a la reducción en un 50 por ciento en seis años de la producción de droga, primariamente cocaína, así como mejorar la seguridad en Colombia con la recuperación de áreas controladas por grupos irregulares.
www.semana.com
De habitante de Álamos en Bogotá, a muerto en combate en Ocaña
De habitante de Álamos en Bogotá, a muerto en combate en Ocaña
Conflicto armado Jaime Castillo, quien vivía en un barrio de clase media al occidente de Bogotá, ciudad de donde había salido tan solo una vez, desapareció el 10 de agosto. Apareció como guerrillero muerto en guerra el 12 de agosto en Ocaña, Norte de Santander. Su hermana le contó a Semana.com la triste historia.
Andrea Peña
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.
Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.
El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.
- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.
El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.
- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.
Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.
Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.
- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?
- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.
El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.
Las huellas
Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.
Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.
También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.
Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.
Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército: Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander), mientras se hacen las investigaciones respectivas.
En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?
Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.
Semana.com ©2008.
Todos los derechos reservados.
Conflicto armado Jaime Castillo, quien vivía en un barrio de clase media al occidente de Bogotá, ciudad de donde había salido tan solo una vez, desapareció el 10 de agosto. Apareció como guerrillero muerto en guerra el 12 de agosto en Ocaña, Norte de Santander. Su hermana le contó a Semana.com la triste historia.
Andrea Peña
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.
Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.
El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.
- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.
El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.
- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.
Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.
Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.
- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?
- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.
El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.
Las huellas
Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.
Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.
También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.
Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.
Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército: Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander), mientras se hacen las investigaciones respectivas.
En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?
Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.
Semana.com ©2008.
Todos los derechos reservados.
Quienes eran los hombres de Jojoy que cayeron
Quienes eran los hombres de Jojoy que cayeron
'Felipe Rincón' fue abatido por Ejército y 'Chucho' fue capturado. Eran guerrilleros muy cercanos al jefe del Bloque Oriental y miembro del Secretariado. Esta es su historia en las Farc.
Ariel Ávila, investigador corporación Nuevo Arco Iris
Dos de los hombres más cercanos al Mono Jojoy quedaron fuera de combate en tan sólo un día. Tanto Álvaro Alfonso Serpa conocido con el alias de ‘Felipe Rincón’ quien murió en un bombardeo y Marvel Zamora, capturado horas antes, hacían parte del círculo cercano al Mono Jojoy.
‘Felipe Rincón’ miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental y uno de sus ideólogos tenía una tradición guerrillera de algo más de 20 años. Se formó en la juventud comunista en la era de José Antequera, pasó a formar parte de los recién formados frentes de las Farc que se ubicaron en Cundinamarca. Su ascenso en las Farc fue rápido debido a la necesidad de ideólogos que para la época, hacia comienzos de los años ochenta, tenían las Farc pues su crecimiento era exorbitante.
Durante la segunda mitad de la década de los noventa, Rincón fue encargado por las Farc del área estratégica del Sumapaz entre 1995 y 1998, aunque su influencia en los frentes de la zona se mantuvo hasta el 2003. Una vez Jojoy ascendió al Secretariado, ‘Rincón’ se convirtió en el comandante de esa región aledaña a Bogotá. Aunque muy hábil políticamente y buen propagandista, no era un buen estratega militar, de ahí el ascenso rápido de ‘Romaña’ como comandante militar de la zona. Ambos se complementaban y operaban como comandantes en la región.
‘Rincón’ fue el encargado de formar el frente 53, el cual llegó a ser el más ofensivo del Sumapaz y el único que salió bien librado de la Operación Libertad UNO. Con los diálogos del Caguán se convirtió en vocero y negociador. Una vez terminó la Zona de Distención, pasó a comandar la comisión de propaganda del Bloque Oriental y a dirigir la emisora fariana en la zona. También fue encargado por el Secretariado, junto con ‘Carlos Antonio Lozada’ y ‘Joaquín Gómez’, para realizar acercamientos con el gobierno con el fin de llevar a cabo el Acuerdo Humanitario.
En la actualidad, era integrante del Estado Mayor del Bloque Oriental y tenía a su cargo el frente 55 que pasó de Sumapaz a la Macarena, Meta, en límites con el Caquetá, debido al acoso militar. Allí fue muerto en combate por el Ejército.
Marvel Zamora o alias ‘Chucho’ era hasta hace unos meses el encargado del frente Antonio Nariño, que tiene base en Bogotá. Es Oriundo de Sibaté, Cundinamarca, donde estudió bachillerato y alcanzó a hacer unos semestres en una universidad en Bogotá.
El Frente Antonio Nariño fue un poderoso frente urbano en Bogotá, junto con el Jacobo Arenas que se movía en Medellín y en las capitales del Eje Cafetero. Sin embargo en 1998, varios de los jefes del frente Antonio Nariño cayeron muertos en un operativo militar. Alcanzaron a salir vivos en ese golpe, Carlos Antonio Lozada y su mujer. Ese operativo, que las Farc llaman “la masacre de Mondoñedo”, el Frente fue prácticamente desmantelado.
En 2003, este frente empezó a crecer de nuevo, de la mano de Lozada. En ese año el pleno del Estado Mayor Central de las Farc decidió que los comandantes de frentes urbanos se debían trasladar hacia las zonas rurales y debían operar únicamente con milicias en los centros urbanos.
El frente inicialmente logró recuperarse, aunque en 2005 con la operación Libertad UNO, que obligó a los frentes de las Farc que tenían asolada a Cundinamarca con secuestros, a salir de la zona. Aún así ‘Lozada’ siguió armando la red de apoyo del frente. En este momento apareció alias ‘Chucho’, quien se había fugado de la cárcel La Picota años atrás y había adquirido preparación militar en la región de la Macarena con el frente 27 de las Farc y se unió a Lozada.
Como ‘Lozada’ fue eficaz en lo militar y en lo político, escaló posiciones rápidamente dentro del Bloque Oriental y se convirtió en hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ y de ‘Manuel Marulanda Vélez’. Con su ascenso, ‘Chucho’ pasó a comandar el frente Antonio Nariño. Bajo su mando el frente recuperó fuerza en la zona rural de la Macarena, y consiguió reclutar algunos milicianos en Bogotá.
En julio de 2007 el frente Antonio Nariño sufrió un duro golpe, pues las Fuerzas de Tarea Omega, penetraron en el campamento de ‘Lozana’. Éste volvió a salvarse, pero quedó herido y ‘Diego Cristóbal’, quien dirigía al PC3 en Bogotá, fue muerto. ‘Chucho’ salió ileso de ataque y fue enviado a conformar la seguridad del Mono Jojoy. El frente Antonio Nariño relevó a varios de sus mandos, entre ellos a ‘Chucho’. Ahora ha caído preso
www.semana.com
'Felipe Rincón' fue abatido por Ejército y 'Chucho' fue capturado. Eran guerrilleros muy cercanos al jefe del Bloque Oriental y miembro del Secretariado. Esta es su historia en las Farc.
Ariel Ávila, investigador corporación Nuevo Arco Iris
Dos de los hombres más cercanos al Mono Jojoy quedaron fuera de combate en tan sólo un día. Tanto Álvaro Alfonso Serpa conocido con el alias de ‘Felipe Rincón’ quien murió en un bombardeo y Marvel Zamora, capturado horas antes, hacían parte del círculo cercano al Mono Jojoy.
‘Felipe Rincón’ miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental y uno de sus ideólogos tenía una tradición guerrillera de algo más de 20 años. Se formó en la juventud comunista en la era de José Antequera, pasó a formar parte de los recién formados frentes de las Farc que se ubicaron en Cundinamarca. Su ascenso en las Farc fue rápido debido a la necesidad de ideólogos que para la época, hacia comienzos de los años ochenta, tenían las Farc pues su crecimiento era exorbitante.
Durante la segunda mitad de la década de los noventa, Rincón fue encargado por las Farc del área estratégica del Sumapaz entre 1995 y 1998, aunque su influencia en los frentes de la zona se mantuvo hasta el 2003. Una vez Jojoy ascendió al Secretariado, ‘Rincón’ se convirtió en el comandante de esa región aledaña a Bogotá. Aunque muy hábil políticamente y buen propagandista, no era un buen estratega militar, de ahí el ascenso rápido de ‘Romaña’ como comandante militar de la zona. Ambos se complementaban y operaban como comandantes en la región.
‘Rincón’ fue el encargado de formar el frente 53, el cual llegó a ser el más ofensivo del Sumapaz y el único que salió bien librado de la Operación Libertad UNO. Con los diálogos del Caguán se convirtió en vocero y negociador. Una vez terminó la Zona de Distención, pasó a comandar la comisión de propaganda del Bloque Oriental y a dirigir la emisora fariana en la zona. También fue encargado por el Secretariado, junto con ‘Carlos Antonio Lozada’ y ‘Joaquín Gómez’, para realizar acercamientos con el gobierno con el fin de llevar a cabo el Acuerdo Humanitario.
En la actualidad, era integrante del Estado Mayor del Bloque Oriental y tenía a su cargo el frente 55 que pasó de Sumapaz a la Macarena, Meta, en límites con el Caquetá, debido al acoso militar. Allí fue muerto en combate por el Ejército.
Marvel Zamora o alias ‘Chucho’ era hasta hace unos meses el encargado del frente Antonio Nariño, que tiene base en Bogotá. Es Oriundo de Sibaté, Cundinamarca, donde estudió bachillerato y alcanzó a hacer unos semestres en una universidad en Bogotá.
El Frente Antonio Nariño fue un poderoso frente urbano en Bogotá, junto con el Jacobo Arenas que se movía en Medellín y en las capitales del Eje Cafetero. Sin embargo en 1998, varios de los jefes del frente Antonio Nariño cayeron muertos en un operativo militar. Alcanzaron a salir vivos en ese golpe, Carlos Antonio Lozada y su mujer. Ese operativo, que las Farc llaman “la masacre de Mondoñedo”, el Frente fue prácticamente desmantelado.
En 2003, este frente empezó a crecer de nuevo, de la mano de Lozada. En ese año el pleno del Estado Mayor Central de las Farc decidió que los comandantes de frentes urbanos se debían trasladar hacia las zonas rurales y debían operar únicamente con milicias en los centros urbanos.
El frente inicialmente logró recuperarse, aunque en 2005 con la operación Libertad UNO, que obligó a los frentes de las Farc que tenían asolada a Cundinamarca con secuestros, a salir de la zona. Aún así ‘Lozada’ siguió armando la red de apoyo del frente. En este momento apareció alias ‘Chucho’, quien se había fugado de la cárcel La Picota años atrás y había adquirido preparación militar en la región de la Macarena con el frente 27 de las Farc y se unió a Lozada.
Como ‘Lozada’ fue eficaz en lo militar y en lo político, escaló posiciones rápidamente dentro del Bloque Oriental y se convirtió en hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ y de ‘Manuel Marulanda Vélez’. Con su ascenso, ‘Chucho’ pasó a comandar el frente Antonio Nariño. Bajo su mando el frente recuperó fuerza en la zona rural de la Macarena, y consiguió reclutar algunos milicianos en Bogotá.
En julio de 2007 el frente Antonio Nariño sufrió un duro golpe, pues las Fuerzas de Tarea Omega, penetraron en el campamento de ‘Lozana’. Éste volvió a salvarse, pero quedó herido y ‘Diego Cristóbal’, quien dirigía al PC3 en Bogotá, fue muerto. ‘Chucho’ salió ileso de ataque y fue enviado a conformar la seguridad del Mono Jojoy. El frente Antonio Nariño relevó a varios de sus mandos, entre ellos a ‘Chucho’. Ahora ha caído preso
www.semana.com
Las dudas del Presidente
Las dudas del Presidente
El “Loco Barrera” y “Cuchillo” son los dos narcos que el presidente Álvaro Uribe quiere tener tras las rejas y por los cuales, según dijo, hay “motivos de preocupación” ya que se sospecha que miembros de la fuerza pública los están encubriendo.
La contrainteligencia de los funcionarios públicos le ha resultado al gobierno un camino efectivo para dar con los delincuentes. Sucedió con Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, capturado el año pasado en el Valle tras varios años de estar protegido por una red mafiosa de militares activos y retirados del Ejército. Y acaba de suceder con ‘Don Mario’, cuyo imperio criminal apenas se empezó a conocer, cuando las autoridades detectaron sus posibles cómplices entre varias personalidades de Medellín, el director de Fiscalías en Medellín, Guillermo León Va lencia, hoy bajo investigación judicial.
¿Se asoma otro escándalo de infiltración de la fuerza pública por parte de organizaciones mafiosas? La pista de que puede ser así la dio el propio presidente Álvaro Uribe, cuando hizo desde El Salvador la semana pasada y luego en Bogotá, duras recriminaciones a la Cuarta División del Ejército, con sede en Villavicencio, por no haber capturado aún a Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, y a Daniel el ‘Loco Barrera’, dos narcotraficantes aliados que se esconden posiblemente en el sur del país.
‘Cuchillo’ comenzó en los ochenta con las autodefensas del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del cartel de Medellín, y más adelante, se unió al Bloque Centauros de los paramilitares. Este Bloque fue creado por Miguel Arroyave en los Llanos Orientales, y con gran influencia en Bogotá, como una avanzada de las Autodefensas Unidas de Colombia que comandaban los hermanos Castaño. Arroyave, coterráneo de los Castaño, al parecer les compró una franquicia por los Llanos, y allí se lanzó a conquistar el territorio para la extorsión, secuestro, terror y, por supuesto, el negocio del narcotráfico.
‘Cuchillo’ era uno de los hombres de confianza, hasta que lo traicionó. Según las autoridades, participó en un complot para asesinar a su jefe Arroyave, para quedarse con su estructura narcotraficante y el mercado de la coca en Guaviare, Vichada y Meta. Hoy está en la lista de los principales narcos.
El ‘Loco Barrera’ ha sido raspachín, aliado de las Farc, y según fuentes policiales, amo y señor de rutas del narcotráfico hacia Venezuela, por el río Meta, y aéreas, y pieza clave para los paramilitares y los narcos. Dicen las autoridades que fue ‘Barrera’ el verdadero poder detrás de reconocidos paras en los Llanos como Miguel Arroyave y desde entonces, junto con alias 'Cuchillo', conformó una poderosa alianza que hoy tiene cerca de 1.200 hombres, y que es a la vez ejército de protección del negocio, y de control del territorio.
“Voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en Villavicencio si es capaz de capturar al ‘Loco Barrera’o si es que lo está protegiendo”, dijo Uribe la semana pasada cuando se encontraba en El Salvador. Y este miércoles, en una entrevista a Caracol Radio, dijo que hay “motivos para esa preocupación que me permití expresarla desde la semana pasada. Por eso hacemos este llamamiento público”.
Uribe se refiere el general Guillermo Quiñones, quien está al frente de la Cuarta División del Ejército ubicada en la capital del Meta y quien asegura que sus hombres han hecho todo por capturar a ‘Cuchillo’ y desmantelar su imperio criminal, pero que según información de inteligencia, el ‘Loco Barrera’ no está en el área de operaciones de esta unidad militar.
Si la Cuarta División no está buscando a ‘Barrera’, ¿entonces quién?. “La Policía es la que lo tiene que estar buscando, no el Ejército”, le dijo una fuente militar a Semana.com.
La situación pone en evidencia tres dudas: ¿Está fallando gravemente el trabajo de inteligencia y de rastreo para coger a ‘Cuchillo’ y al ‘Loco Barrera’? ¿Es más bien un problema de falta de coordinación entre las fuerzas para determinar qué tareas corresponden a quiénes? ¿O es un caso de corrupción de las autoridades que están tan infiltradas que por eso no actúan?
Fuentes cercanas a la fuerza pública aseguraron que sí han hecho más contra este cartel de los Llanos de lo que les reconoce el Presidente y que ya han capturado a personas cercanas a ambos.
Pero a la vez, Semana.com pudo establecer que en comunicaciones interceptadas se ha podido comprobar que, por lo menos ‘El Loco Barrera’, está al tanto de varios movimientos del Ejército, razón que le ha permitido escapar varias veces de ser capturado. Esto da pie para pensar que tiene aliados adentro de la institución que lo alertan.
No es claro cuál es la efectividad de que el Presidente salga públicamente a levantar dudas sobre la Cuarta División del Ejército. Después de lo sucedido el escándalo de los desaparecidos de Soacha, que terminó en el retiro de 31 militares, entre ellos el comandante del Ejército general Mario Montoya, puede ser una advertencia para ponerle presión al general Quiñones.
Pero parecería más efectivo que las acusaciones al aire, que el gobierno siga el camino de la silenciosa contrainteligencia para saber quién puede estar comprado o, incluso que enviase una Comisión Especial, como la que se envió a Norte de Santander y a Antioquia a investigar los falsos positivos, para saber si en esta región hay fallas operacionales, de inteligencia o de coordinación entre fuerzas.
Como dijo el Presidente, es urgente desmantelar estas organizaciones criminales, antes de que estas crezcan tanto en número y poder que se vuelvan, como ya ha sucedido varias veces en Colombia, en un problema de Estado.
www.semana.com
El “Loco Barrera” y “Cuchillo” son los dos narcos que el presidente Álvaro Uribe quiere tener tras las rejas y por los cuales, según dijo, hay “motivos de preocupación” ya que se sospecha que miembros de la fuerza pública los están encubriendo.
La contrainteligencia de los funcionarios públicos le ha resultado al gobierno un camino efectivo para dar con los delincuentes. Sucedió con Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, capturado el año pasado en el Valle tras varios años de estar protegido por una red mafiosa de militares activos y retirados del Ejército. Y acaba de suceder con ‘Don Mario’, cuyo imperio criminal apenas se empezó a conocer, cuando las autoridades detectaron sus posibles cómplices entre varias personalidades de Medellín, el director de Fiscalías en Medellín, Guillermo León Va lencia, hoy bajo investigación judicial.
¿Se asoma otro escándalo de infiltración de la fuerza pública por parte de organizaciones mafiosas? La pista de que puede ser así la dio el propio presidente Álvaro Uribe, cuando hizo desde El Salvador la semana pasada y luego en Bogotá, duras recriminaciones a la Cuarta División del Ejército, con sede en Villavicencio, por no haber capturado aún a Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, y a Daniel el ‘Loco Barrera’, dos narcotraficantes aliados que se esconden posiblemente en el sur del país.
‘Cuchillo’ comenzó en los ochenta con las autodefensas del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del cartel de Medellín, y más adelante, se unió al Bloque Centauros de los paramilitares. Este Bloque fue creado por Miguel Arroyave en los Llanos Orientales, y con gran influencia en Bogotá, como una avanzada de las Autodefensas Unidas de Colombia que comandaban los hermanos Castaño. Arroyave, coterráneo de los Castaño, al parecer les compró una franquicia por los Llanos, y allí se lanzó a conquistar el territorio para la extorsión, secuestro, terror y, por supuesto, el negocio del narcotráfico.
‘Cuchillo’ era uno de los hombres de confianza, hasta que lo traicionó. Según las autoridades, participó en un complot para asesinar a su jefe Arroyave, para quedarse con su estructura narcotraficante y el mercado de la coca en Guaviare, Vichada y Meta. Hoy está en la lista de los principales narcos.
El ‘Loco Barrera’ ha sido raspachín, aliado de las Farc, y según fuentes policiales, amo y señor de rutas del narcotráfico hacia Venezuela, por el río Meta, y aéreas, y pieza clave para los paramilitares y los narcos. Dicen las autoridades que fue ‘Barrera’ el verdadero poder detrás de reconocidos paras en los Llanos como Miguel Arroyave y desde entonces, junto con alias 'Cuchillo', conformó una poderosa alianza que hoy tiene cerca de 1.200 hombres, y que es a la vez ejército de protección del negocio, y de control del territorio.
“Voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en Villavicencio si es capaz de capturar al ‘Loco Barrera’o si es que lo está protegiendo”, dijo Uribe la semana pasada cuando se encontraba en El Salvador. Y este miércoles, en una entrevista a Caracol Radio, dijo que hay “motivos para esa preocupación que me permití expresarla desde la semana pasada. Por eso hacemos este llamamiento público”.
Uribe se refiere el general Guillermo Quiñones, quien está al frente de la Cuarta División del Ejército ubicada en la capital del Meta y quien asegura que sus hombres han hecho todo por capturar a ‘Cuchillo’ y desmantelar su imperio criminal, pero que según información de inteligencia, el ‘Loco Barrera’ no está en el área de operaciones de esta unidad militar.
Si la Cuarta División no está buscando a ‘Barrera’, ¿entonces quién?. “La Policía es la que lo tiene que estar buscando, no el Ejército”, le dijo una fuente militar a Semana.com.
La situación pone en evidencia tres dudas: ¿Está fallando gravemente el trabajo de inteligencia y de rastreo para coger a ‘Cuchillo’ y al ‘Loco Barrera’? ¿Es más bien un problema de falta de coordinación entre las fuerzas para determinar qué tareas corresponden a quiénes? ¿O es un caso de corrupción de las autoridades que están tan infiltradas que por eso no actúan?
Fuentes cercanas a la fuerza pública aseguraron que sí han hecho más contra este cartel de los Llanos de lo que les reconoce el Presidente y que ya han capturado a personas cercanas a ambos.
Pero a la vez, Semana.com pudo establecer que en comunicaciones interceptadas se ha podido comprobar que, por lo menos ‘El Loco Barrera’, está al tanto de varios movimientos del Ejército, razón que le ha permitido escapar varias veces de ser capturado. Esto da pie para pensar que tiene aliados adentro de la institución que lo alertan.
No es claro cuál es la efectividad de que el Presidente salga públicamente a levantar dudas sobre la Cuarta División del Ejército. Después de lo sucedido el escándalo de los desaparecidos de Soacha, que terminó en el retiro de 31 militares, entre ellos el comandante del Ejército general Mario Montoya, puede ser una advertencia para ponerle presión al general Quiñones.
Pero parecería más efectivo que las acusaciones al aire, que el gobierno siga el camino de la silenciosa contrainteligencia para saber quién puede estar comprado o, incluso que enviase una Comisión Especial, como la que se envió a Norte de Santander y a Antioquia a investigar los falsos positivos, para saber si en esta región hay fallas operacionales, de inteligencia o de coordinación entre fuerzas.
Como dijo el Presidente, es urgente desmantelar estas organizaciones criminales, antes de que estas crezcan tanto en número y poder que se vuelvan, como ya ha sucedido varias veces en Colombia, en un problema de Estado.
www.semana.com
Pide Uribe rápida captura de jefes de las FARC
Pide Uribe rápida captura de jefes de las FARC
AP
El Universal
Bogotá
Jueves 06 de noviembre de 2008
El presidente de Colombia instruyó al nuevo comandante del ejército a que cierre filas para detener a los cabecillas de la organización a la vez que defiende los derechos humanos
El presidente Alvaro Uribe instruyó el jueves al nuevo comandante del ejército a resguardar celosamente el respeto a los derechos humanos en las filas, a la vez que diera rápida captura a los jefes de las FARC y a prófugos narcotraficantes.
Un ejército "no puede permitir que algunas personas le hagan daño a su buena reputación... aquí ha habido crímenes, que afectan la imagen de la institución y que tienen que ser sancionados ejemplarmente", dijo Uribe al dar posesión al nuevo comandante del ejército, general Oscar González, de 55 años, 38 de ellos en las filas castrenses.
Le exigió "gran eficacia en el campo de batalla y gran desempeño en la oficina de los derechos humanos".
González llega al cargo después de que su antecesor, general Mario Montoya, renunció en medio de un escándalo en que al menos 27 oficiales se vieron implicados en supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles.
"Las armas de la república están concebidas para garantizar la vida de los colombianos y a fin de garantizarla, derrotar a los violentos", añadió el mandatario.
Luego, el presidente encomendó al nuevo mando castrense que "las armas de la república, ahora bajo su liderazgo en el ejército, lleguen rápido a lo que queda del secretariado" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), integrado por siete comandantes guerrilleros, entre los que están Alfonso Cano y Jorge Briceño, a quienes mencionó en su discurso.
Uribe también nombró a dos presuntos narcotraficantes prófugos, cuya captura demandó: Pedro Guerrero, alias "Cuchillo" y Daniel Barrera, alias "El Loco Barrera".
Poco antes, en su discurso al asumir la comandancia del ejército, el general González afirmó que estaba consciente de los desafíos de su cargo.
El "respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario... será mi tarea prioritaria", dijo González.
"Sé que por culpa de unos pocos estamos pasando unos tragos amargos, tragos que tenemos que digerir los más pronto posible y cuya lección, por dura que haya sido, no debemos olvidar, precisamente para que no vuelvan a ocurrir", añadió el oficial.
Temprano al participar en otra ceremonia militar por el aniversario de la fuerza aérea, Uribe anunció que cada unidad militar y de la policía dispondrá de un oficial que recibirá quejas de ciudadanos sobre posibles abusos de la fuerza pública.
La denuncia en agosto y septiembre pasado sobre la desaparición y asesinato este año de 11 hombres oriundos de Soacha, una barriada pobre al sur de Bogotá, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en una región del noreste del país, tras haber sido reportados como muertos en combates con el ejército, desembocó el 29 de octubre en la destitución y dada de baja de 27 militares, entre ellos tres generales, por negligencia en procedimientos castrenses que pudieron facilitar esos casos.
Esta semana el caso de Soacha y la destitución de los oficiales costó también la cabeza del comandante del ejército, general Mario Montoya, quien renunció al cargo.
www.eluniversal.com.mx
AP
El Universal
Bogotá
Jueves 06 de noviembre de 2008
El presidente de Colombia instruyó al nuevo comandante del ejército a que cierre filas para detener a los cabecillas de la organización a la vez que defiende los derechos humanos
El presidente Alvaro Uribe instruyó el jueves al nuevo comandante del ejército a resguardar celosamente el respeto a los derechos humanos en las filas, a la vez que diera rápida captura a los jefes de las FARC y a prófugos narcotraficantes.
Un ejército "no puede permitir que algunas personas le hagan daño a su buena reputación... aquí ha habido crímenes, que afectan la imagen de la institución y que tienen que ser sancionados ejemplarmente", dijo Uribe al dar posesión al nuevo comandante del ejército, general Oscar González, de 55 años, 38 de ellos en las filas castrenses.
Le exigió "gran eficacia en el campo de batalla y gran desempeño en la oficina de los derechos humanos".
González llega al cargo después de que su antecesor, general Mario Montoya, renunció en medio de un escándalo en que al menos 27 oficiales se vieron implicados en supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles.
"Las armas de la república están concebidas para garantizar la vida de los colombianos y a fin de garantizarla, derrotar a los violentos", añadió el mandatario.
Luego, el presidente encomendó al nuevo mando castrense que "las armas de la república, ahora bajo su liderazgo en el ejército, lleguen rápido a lo que queda del secretariado" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), integrado por siete comandantes guerrilleros, entre los que están Alfonso Cano y Jorge Briceño, a quienes mencionó en su discurso.
Uribe también nombró a dos presuntos narcotraficantes prófugos, cuya captura demandó: Pedro Guerrero, alias "Cuchillo" y Daniel Barrera, alias "El Loco Barrera".
Poco antes, en su discurso al asumir la comandancia del ejército, el general González afirmó que estaba consciente de los desafíos de su cargo.
El "respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario... será mi tarea prioritaria", dijo González.
"Sé que por culpa de unos pocos estamos pasando unos tragos amargos, tragos que tenemos que digerir los más pronto posible y cuya lección, por dura que haya sido, no debemos olvidar, precisamente para que no vuelvan a ocurrir", añadió el oficial.
Temprano al participar en otra ceremonia militar por el aniversario de la fuerza aérea, Uribe anunció que cada unidad militar y de la policía dispondrá de un oficial que recibirá quejas de ciudadanos sobre posibles abusos de la fuerza pública.
La denuncia en agosto y septiembre pasado sobre la desaparición y asesinato este año de 11 hombres oriundos de Soacha, una barriada pobre al sur de Bogotá, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en una región del noreste del país, tras haber sido reportados como muertos en combates con el ejército, desembocó el 29 de octubre en la destitución y dada de baja de 27 militares, entre ellos tres generales, por negligencia en procedimientos castrenses que pudieron facilitar esos casos.
Esta semana el caso de Soacha y la destitución de los oficiales costó también la cabeza del comandante del ejército, general Mario Montoya, quien renunció al cargo.
www.eluniversal.com.mx
El descontrol de las Farc
El descontrol de las Farc
Conflicto hoy - Farc
Martes, 28 de Octubre de 2008 11:59
La fuga del ex congresista Oscar Tulio Lizcano a las Farc puso en evidencia la debilidad de las Farc. Este año van más de 2.500 desertores.
En el último año las Farc han recibido los golpes más contundentes de su historia. A pesar de en sus últimas comunicaciones el miembro del secretariado de las ‘Iván Márquez’ haya dicho que "siguen presentes, ahora mucho más curtidos, consolidados y fortalecidos" , siguen resistiendo una enorme presión militar, que les ha provocado deserciones de mandos importantes, repliegues y muertes a líderes guerrilleros, y ha conseguido la liberación de 15 rehenes políticos.
Las Farc están débiles, no derrotadas, pero sí frágiles. Varios hechos lo demuestran: la fuga del ex congresista Oscar Tulio Lizcano gracias a la ayuda de su guerrillero guardián, alias ‘Isaza’, es una prueba más de que están teniendo problemas con la disciplina y lealtad de sus hombres. Operaciones como ‘Jaque’, la muerte de líderes como ‘Martín Caballero’, el ‘Negro Acacio’ o ‘Raúl Reyes’, deserciones como la de alias ‘Karina’ y el asesinato a ‘Iván Ríos’ (del Secretariado) a manos de uno de sus súbditos, también son muestra de ello.
El escape de un rehén con su captor “no había pasado antes (...) eso refleja muchas dificultades internas, de cohesión”, dice León Valencia, director de la Fundación Arco Iris. “Esto también muestra que hay grupos de las Farc muy aislados por la presión de la fuerza pública que estaban en una situación muy difícil”, agregó.
De hecho, el Ejército dijo que alcanzaron a interceptar las comunicaciones de la columna “Aurelio Rodríguez” que tenía en su poder a Oscar Tulio Lizcano, que hostiga entre Chocó y Antioquia, pero que al parecer los guerrilleros se quedaron sin radios y perdieron su rastro. Además, desde hace tiempo se dice que los jefes de esta guerrilla no se conectan con sus mandos medios. Las Farc, añade Valencia, “han estado después de todas estas operaciones bregando por reorganizarse internamente...pero todo esto es síntoma de una situación muy difícil”.
Alias ‘Karina’, cuya crueldad era casi un mito, era la jefe del frente 47 de las Farc que actúa en Caldas. Su caso también reveló las dificultades por las que pasan algunas células de la guerrilla que se han quedado como islas por largo tiempo. Ella se fugó el pasado mayo gracias a que sus familiares lograron negociar con el DAS. Según dijo a las autoridades, su grupo llegó a tener 350 hombres y control sobre una zona cocalera estratégica con cultivos de 3.500 hectáreas en esa región del país. Pero actualmente sólo le quedan a ese frente unas 50 personas.
Este año las Farc han enfrentado miles de casos como el de Karina. Según el Programa de Desmovilización del Ministerio de Defensa, desde el pasado primero de enero al 26 de octubre han desertado de las Farc 2.559 integrantes.
Las diferencias y divisiones al interior de las Farc han ayudado a escapar a los secuestrados. Carlos Lozano, director del semanario VOZ, dice “ (se supone que) las liberaciones se negociaban con el Secretariado, pero lo que estamos viendo es que quizá puede ser con alguien que cuida a los secuestrados, de espaldas al Secretariado”. Para Lozano, el caso del ex congresista Lizcano demuestra que la jefatura de las Farc perdió el control de los secuestrados.
Precisamente sobre estas debilidades, ‘Iván Márquez’, del Secretariado de las Farc, habló en una reciente entrevista que por estos días circula en Internet. Dice que contrario a lo que piensa la gente, estos hechos no debilitan en nada a la organización, sino lo contrario, “estamos como el sol, brotando rayos por todas partes”.
Márquez dice que la llegada de ‘Alfonso Cano’ como jefe de las Farc no varía la política de la organización y que no es cierto que estén fraccionadas por dentro: “todo el estado mayor central somos un puño alrededor de Cano (...) los planes de las Farc, en lo político y militar siguen su desarrollo. La política de las Farc ya está trazada por sus conferencias nacionales, por los plenos del estado mayor central (...) En cuanto a la paz, es el principal objetivo estratégico de las Farc”. Y agrega que la gente que habla sobre el debilitamiento de la organización “no conocen a las Farc, confunden el deseo y la realidad. Del fin de las Farc hablan desde el ataque a Marquetalia”.
Si bien es cierto que Márquez sigue insistiendo en la lucha armada, y hace un énfasis casi exagerado, en la fortaleza que tienen hoy las Farc (como si quisiera tapar la debilidad), también hay un mensaje de que siguen interesados en un acuerdo humanitario y un diálogo de paz.
Quizás el gobierno, mientras mantien la presión militar, esté ahora más atento a la posibilidad de inciar conversaciones con sectores de las Farc, más interesados en temrinar la guerra por la vía negociada.
Pero todavía hay mucho terreno qué recorrer. Las Farc aún tienen en su poder más de 20 rehenes políticos, y debe ser un objetivo humanitario primordial liberarlos lo antes posible. Llevan demsiado tiempo sufriendo, y ninguna causa política justifica semejante crueldad. Para que alguien se las tome en serio en cualquier diálogo, las Farc deben empezar por abolir la práctica del secuestro que tanto odio ha despertado contra esa organización. Según País Libre, además de los secuestrados por razones políticas, tienen hoy unos 700 cautivos por razones ecónomicas.
www.semana.com
Conflicto hoy - Farc
Martes, 28 de Octubre de 2008 11:59
La fuga del ex congresista Oscar Tulio Lizcano a las Farc puso en evidencia la debilidad de las Farc. Este año van más de 2.500 desertores.
En el último año las Farc han recibido los golpes más contundentes de su historia. A pesar de en sus últimas comunicaciones el miembro del secretariado de las ‘Iván Márquez’ haya dicho que "siguen presentes, ahora mucho más curtidos, consolidados y fortalecidos" , siguen resistiendo una enorme presión militar, que les ha provocado deserciones de mandos importantes, repliegues y muertes a líderes guerrilleros, y ha conseguido la liberación de 15 rehenes políticos.
Las Farc están débiles, no derrotadas, pero sí frágiles. Varios hechos lo demuestran: la fuga del ex congresista Oscar Tulio Lizcano gracias a la ayuda de su guerrillero guardián, alias ‘Isaza’, es una prueba más de que están teniendo problemas con la disciplina y lealtad de sus hombres. Operaciones como ‘Jaque’, la muerte de líderes como ‘Martín Caballero’, el ‘Negro Acacio’ o ‘Raúl Reyes’, deserciones como la de alias ‘Karina’ y el asesinato a ‘Iván Ríos’ (del Secretariado) a manos de uno de sus súbditos, también son muestra de ello.
El escape de un rehén con su captor “no había pasado antes (...) eso refleja muchas dificultades internas, de cohesión”, dice León Valencia, director de la Fundación Arco Iris. “Esto también muestra que hay grupos de las Farc muy aislados por la presión de la fuerza pública que estaban en una situación muy difícil”, agregó.
De hecho, el Ejército dijo que alcanzaron a interceptar las comunicaciones de la columna “Aurelio Rodríguez” que tenía en su poder a Oscar Tulio Lizcano, que hostiga entre Chocó y Antioquia, pero que al parecer los guerrilleros se quedaron sin radios y perdieron su rastro. Además, desde hace tiempo se dice que los jefes de esta guerrilla no se conectan con sus mandos medios. Las Farc, añade Valencia, “han estado después de todas estas operaciones bregando por reorganizarse internamente...pero todo esto es síntoma de una situación muy difícil”.
Alias ‘Karina’, cuya crueldad era casi un mito, era la jefe del frente 47 de las Farc que actúa en Caldas. Su caso también reveló las dificultades por las que pasan algunas células de la guerrilla que se han quedado como islas por largo tiempo. Ella se fugó el pasado mayo gracias a que sus familiares lograron negociar con el DAS. Según dijo a las autoridades, su grupo llegó a tener 350 hombres y control sobre una zona cocalera estratégica con cultivos de 3.500 hectáreas en esa región del país. Pero actualmente sólo le quedan a ese frente unas 50 personas.
Este año las Farc han enfrentado miles de casos como el de Karina. Según el Programa de Desmovilización del Ministerio de Defensa, desde el pasado primero de enero al 26 de octubre han desertado de las Farc 2.559 integrantes.
Las diferencias y divisiones al interior de las Farc han ayudado a escapar a los secuestrados. Carlos Lozano, director del semanario VOZ, dice “ (se supone que) las liberaciones se negociaban con el Secretariado, pero lo que estamos viendo es que quizá puede ser con alguien que cuida a los secuestrados, de espaldas al Secretariado”. Para Lozano, el caso del ex congresista Lizcano demuestra que la jefatura de las Farc perdió el control de los secuestrados.
Precisamente sobre estas debilidades, ‘Iván Márquez’, del Secretariado de las Farc, habló en una reciente entrevista que por estos días circula en Internet. Dice que contrario a lo que piensa la gente, estos hechos no debilitan en nada a la organización, sino lo contrario, “estamos como el sol, brotando rayos por todas partes”.
Márquez dice que la llegada de ‘Alfonso Cano’ como jefe de las Farc no varía la política de la organización y que no es cierto que estén fraccionadas por dentro: “todo el estado mayor central somos un puño alrededor de Cano (...) los planes de las Farc, en lo político y militar siguen su desarrollo. La política de las Farc ya está trazada por sus conferencias nacionales, por los plenos del estado mayor central (...) En cuanto a la paz, es el principal objetivo estratégico de las Farc”. Y agrega que la gente que habla sobre el debilitamiento de la organización “no conocen a las Farc, confunden el deseo y la realidad. Del fin de las Farc hablan desde el ataque a Marquetalia”.
Si bien es cierto que Márquez sigue insistiendo en la lucha armada, y hace un énfasis casi exagerado, en la fortaleza que tienen hoy las Farc (como si quisiera tapar la debilidad), también hay un mensaje de que siguen interesados en un acuerdo humanitario y un diálogo de paz.
Quizás el gobierno, mientras mantien la presión militar, esté ahora más atento a la posibilidad de inciar conversaciones con sectores de las Farc, más interesados en temrinar la guerra por la vía negociada.
Pero todavía hay mucho terreno qué recorrer. Las Farc aún tienen en su poder más de 20 rehenes políticos, y debe ser un objetivo humanitario primordial liberarlos lo antes posible. Llevan demsiado tiempo sufriendo, y ninguna causa política justifica semejante crueldad. Para que alguien se las tome en serio en cualquier diálogo, las Farc deben empezar por abolir la práctica del secuestro que tanto odio ha despertado contra esa organización. Según País Libre, además de los secuestrados por razones políticas, tienen hoy unos 700 cautivos por razones ecónomicas.
www.semana.com
Supuesta incursión de 'paras' en Ecuador deja 3 heridos
Supuesta incursión de 'paras' en Ecuador deja 3 heridos, denuncia gobierno de Quito
Según el reporte, 20 miembros de las 'Águilas Negras' con fusiles, ametralladoras y pistolas penetraron el domingo en el poblado de Borbón en busca de una persona para eliminarla.
La denuncia la realizó el ministerio de Defensa ecuatoriano, que advirtió que las Fuerzas Armadas repelerán la infiltración de irregulares colombianos en territorio nacional.
"Se ha instruido a los miembros de la institución militar para que repelan cualquier intromisión en territorio ecuatoriano", indicó la cartera en su página electrónica.
"Ecuador solicita una vez más a Colombia que refuerce el control fronterizo ante (la eventual) incursión de paramilitares", agregó.
Los irregulares ingresaron a una discoteca en la cual realizaron una requisa de armas e hirieron a tres personas, incluido el dueño del local, anotó.
"Los paramilitares ingresaron a Ecuador por el río Santiago en una embarcación de fibra de vidrio color blanco, con motor de 200 caballos de fuerza. Luego de perpetrado el hecho, los sujetos se retiraron con dirección a Limones (en territorio ecuatoriano)", añadió.
El ministerio dijo que solicitó a la cancillería de Quito reclamar a las autoridades colombianas "a fin de que cuiden eficazmente su frontera".
Anotó que frente a la alta peligrosidad en esa zona las Fuerzas Armadas dispusieron hace algunos meses que en las inmediaciones de los ríos Cayapas y Santiago se construyan tres destacamentos navales, de los cuales el primero será entregado en las próximas dos semanas.
Quito mantiene rotas las relaciones con Bogotá a raíz del ataque militar colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Ecuador del 1 de marzo, que dejó una veintena de muertos -entre ellos cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el jefe rebelde Raúl Reyes.
AFP
www.eltiempo.com
Según el reporte, 20 miembros de las 'Águilas Negras' con fusiles, ametralladoras y pistolas penetraron el domingo en el poblado de Borbón en busca de una persona para eliminarla.
La denuncia la realizó el ministerio de Defensa ecuatoriano, que advirtió que las Fuerzas Armadas repelerán la infiltración de irregulares colombianos en territorio nacional.
"Se ha instruido a los miembros de la institución militar para que repelan cualquier intromisión en territorio ecuatoriano", indicó la cartera en su página electrónica.
"Ecuador solicita una vez más a Colombia que refuerce el control fronterizo ante (la eventual) incursión de paramilitares", agregó.
Los irregulares ingresaron a una discoteca en la cual realizaron una requisa de armas e hirieron a tres personas, incluido el dueño del local, anotó.
"Los paramilitares ingresaron a Ecuador por el río Santiago en una embarcación de fibra de vidrio color blanco, con motor de 200 caballos de fuerza. Luego de perpetrado el hecho, los sujetos se retiraron con dirección a Limones (en territorio ecuatoriano)", añadió.
El ministerio dijo que solicitó a la cancillería de Quito reclamar a las autoridades colombianas "a fin de que cuiden eficazmente su frontera".
Anotó que frente a la alta peligrosidad en esa zona las Fuerzas Armadas dispusieron hace algunos meses que en las inmediaciones de los ríos Cayapas y Santiago se construyan tres destacamentos navales, de los cuales el primero será entregado en las próximas dos semanas.
Quito mantiene rotas las relaciones con Bogotá a raíz del ataque militar colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Ecuador del 1 de marzo, que dejó una veintena de muertos -entre ellos cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el jefe rebelde Raúl Reyes.
AFP
www.eltiempo.com
Renunció el general Montoya
Renunció el general Montoya
Justicia El comandante del Ejército, general Mario Montoya, permaneció desde comienzos del 2006 y deja el cargo en medio de las gravísimas denuncias de falsos positivos que orquestaron miembros del Ejército en varios lugares del país.
El general Mario Montoya Uribe presentó su renuncia como comandante del Ejército luego de conocerse los escándalos por la muerte de centenares de civiles que miembros del Ejército presentaron como ilegales muertos en combate.
"Señor Presidente, he pasado 39 años al servicio de mi Patria y creo haber llegado al final de la jornada...Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que, por años, hemos anhelado(...)", leyó el general Montoya en una rueda de prensa.
Precisamente la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe anunció el retiro por facultad discrecional de 27 militares, entre ellos tres generales de la República, que tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales.
SEMANA, en su última edición, reveló varios detalles de la comisión que evaluó la actuación de los militares que en Bogotá y Norte de Santander tuvieron que ver, de manera directa o indirecta, con los falsos positivos en Ocaña.
El informe dice que encontró “Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. ‘Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás’, explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA pudo establecer algunos de los hallazgos.
En la mayoría de los casos, se repitió un modus operandi que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan ‘alto’, la 'sombra' dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles”, dijo SEMANA.
Aunque el general Montoya, que llevaba 39 años de carrera militar, recientemente fue reconocido por la “Operación Jaque”, que logró rescatar a 15 secuestrados por las Farc, y la presión que ejerció sobre los guerrilleros que tenían en su poder al congresista Oscar Tulio Lizcano, que finalmente se escapó hace una semana, también fue cuestionado por su manera de ganar la guerra con el bodycount, que es el conteo de bajas para obtener méritos.
Su paso por Antioquia fue uno de los capítulos más polémicos del general Montoya. Por un lado, estuvo a cargo de las importantes operaciones militares que golpearon duramente a la guerrilla. Pero por otro varias de estas operaciones coincidieron con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas, quizás porque no lo acompañó una estrategia integral del Estado para recuperar la autoridad legítima.
La Orión y la Mariscal recuperaron la comuna 13 de Medellín, durante años azotada por las milicias. La Marcial, en los municipios de San Francisco y Cocorná en el oriente antioqueño, adelantada en marzo de 2003, terminó de debilitar al Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Gracias al éxito de esta operación, los ataques a las torres eléctricas que suministran energía al resto del país disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá- Medellín ha fluido como nunca. Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondelibertad, la entidad encargada de la prevención de secuestro.
Pero tras la recuperación de la comuna 13 de Medellín, las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara consolidaron su poder y fueron prácticamente la autoridad hasta que se desmovilizaron a finales de 2002 como lo muestra el documental ‘La Sierra’ y lo denunció públicamente el Instituto Popular de Capacitación de la capital paisa, entre otros.
En el nororiente antioqueño también existieron desafortunadas coincidencias entre la ofensiva del Ejército y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes contaron en su momento a SEMANA que el grupo bajo el mando de Doble Cero facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentó el ELN. El artículo ‘¿Meras coincidencias? de la revista también denunció que en el casco urbano de San Francisco, cabecera municipal de esa zona, las autodefensas tenían su base en una casa a la vista de todos.
Pero quizás el caso más polémico fue el de Bojayá en 2002. Después de que las Farc mataron a 119 personas que se refugiaban en una Iglesia, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo denunciaron ante la Procuraduría que el Ejército bajo el mando del general Montoya no había prestado atención a las alertas que, días antes, había dado la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares.
"La población, con mucha angustia, está diciendo que los paramilitares están presentes y eso - junto con la presencia de las fuerzas militares - ha creado confusión dentro de la población civil”, dijo en su momento Anders Kompass, de la oficina del Alto Comisionado, cuando llegó al lugar de la tragedia. Al conocer las declaraciones, el general Montoya aseguró que no había evidencias sobre los vínculos entre militares y paras, y que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una”. Una investigación de la Procuraduría contra Montoya y contra el general Leonel Gómez Estrada, comandante de la Primera División, no les formuló cargos.
Su protagonismo
Periodistas y fotógrafos que viajaron hasta Bojayá después de la masacre tienen su propia versión de Montoya Uribe. Cuentan, por ejemplo, el episodio del zapato de un supuesto niño muerto en el ataque. “Un periodista de televisión iba a entrevistarlo, pero antes el general le pidió que esperara un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar”, dijo uno de los testigos.
Un caso similar ocurrió en el segundo semestre de 2002. Después de un enfrentamiento con las Farc en el municipio de Andes, Antioquia, el general Montoya llegó a la zona y cuando vio que todos los periodistas estaban reunidos cerca de las armas incautadas, tomo una de estas y, apuntando al cielo, descargó dos ráfagas enteras.
Esta tendencia al protagonismo en los medios le ha ocasionado recelo entre algunos sectores militares. Sin embargo, es normal que todo cambio brusco en las filas ocasione cierto malestar, máxime cuando se trata de reemplazar al general Castellanos, que contaba con mucho aprecio entre la tropa.
www.semana.com
Justicia El comandante del Ejército, general Mario Montoya, permaneció desde comienzos del 2006 y deja el cargo en medio de las gravísimas denuncias de falsos positivos que orquestaron miembros del Ejército en varios lugares del país.
El general Mario Montoya Uribe presentó su renuncia como comandante del Ejército luego de conocerse los escándalos por la muerte de centenares de civiles que miembros del Ejército presentaron como ilegales muertos en combate.
"Señor Presidente, he pasado 39 años al servicio de mi Patria y creo haber llegado al final de la jornada...Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que, por años, hemos anhelado(...)", leyó el general Montoya en una rueda de prensa.
Precisamente la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe anunció el retiro por facultad discrecional de 27 militares, entre ellos tres generales de la República, que tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales.
SEMANA, en su última edición, reveló varios detalles de la comisión que evaluó la actuación de los militares que en Bogotá y Norte de Santander tuvieron que ver, de manera directa o indirecta, con los falsos positivos en Ocaña.
El informe dice que encontró “Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. ‘Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás’, explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA pudo establecer algunos de los hallazgos.
En la mayoría de los casos, se repitió un modus operandi que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan ‘alto’, la 'sombra' dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles”, dijo SEMANA.
Aunque el general Montoya, que llevaba 39 años de carrera militar, recientemente fue reconocido por la “Operación Jaque”, que logró rescatar a 15 secuestrados por las Farc, y la presión que ejerció sobre los guerrilleros que tenían en su poder al congresista Oscar Tulio Lizcano, que finalmente se escapó hace una semana, también fue cuestionado por su manera de ganar la guerra con el bodycount, que es el conteo de bajas para obtener méritos.
Su paso por Antioquia fue uno de los capítulos más polémicos del general Montoya. Por un lado, estuvo a cargo de las importantes operaciones militares que golpearon duramente a la guerrilla. Pero por otro varias de estas operaciones coincidieron con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas, quizás porque no lo acompañó una estrategia integral del Estado para recuperar la autoridad legítima.
La Orión y la Mariscal recuperaron la comuna 13 de Medellín, durante años azotada por las milicias. La Marcial, en los municipios de San Francisco y Cocorná en el oriente antioqueño, adelantada en marzo de 2003, terminó de debilitar al Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Gracias al éxito de esta operación, los ataques a las torres eléctricas que suministran energía al resto del país disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá- Medellín ha fluido como nunca. Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondelibertad, la entidad encargada de la prevención de secuestro.
Pero tras la recuperación de la comuna 13 de Medellín, las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara consolidaron su poder y fueron prácticamente la autoridad hasta que se desmovilizaron a finales de 2002 como lo muestra el documental ‘La Sierra’ y lo denunció públicamente el Instituto Popular de Capacitación de la capital paisa, entre otros.
En el nororiente antioqueño también existieron desafortunadas coincidencias entre la ofensiva del Ejército y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes contaron en su momento a SEMANA que el grupo bajo el mando de Doble Cero facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentó el ELN. El artículo ‘¿Meras coincidencias? de la revista también denunció que en el casco urbano de San Francisco, cabecera municipal de esa zona, las autodefensas tenían su base en una casa a la vista de todos.
Pero quizás el caso más polémico fue el de Bojayá en 2002. Después de que las Farc mataron a 119 personas que se refugiaban en una Iglesia, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo denunciaron ante la Procuraduría que el Ejército bajo el mando del general Montoya no había prestado atención a las alertas que, días antes, había dado la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares.
"La población, con mucha angustia, está diciendo que los paramilitares están presentes y eso - junto con la presencia de las fuerzas militares - ha creado confusión dentro de la población civil”, dijo en su momento Anders Kompass, de la oficina del Alto Comisionado, cuando llegó al lugar de la tragedia. Al conocer las declaraciones, el general Montoya aseguró que no había evidencias sobre los vínculos entre militares y paras, y que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una”. Una investigación de la Procuraduría contra Montoya y contra el general Leonel Gómez Estrada, comandante de la Primera División, no les formuló cargos.
Su protagonismo
Periodistas y fotógrafos que viajaron hasta Bojayá después de la masacre tienen su propia versión de Montoya Uribe. Cuentan, por ejemplo, el episodio del zapato de un supuesto niño muerto en el ataque. “Un periodista de televisión iba a entrevistarlo, pero antes el general le pidió que esperara un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar”, dijo uno de los testigos.
Un caso similar ocurrió en el segundo semestre de 2002. Después de un enfrentamiento con las Farc en el municipio de Andes, Antioquia, el general Montoya llegó a la zona y cuando vio que todos los periodistas estaban reunidos cerca de las armas incautadas, tomo una de estas y, apuntando al cielo, descargó dos ráfagas enteras.
Esta tendencia al protagonismo en los medios le ha ocasionado recelo entre algunos sectores militares. Sin embargo, es normal que todo cambio brusco en las filas ocasione cierto malestar, máxime cuando se trata de reemplazar al general Castellanos, que contaba con mucho aprecio entre la tropa.
www.semana.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)