El esposo de Ingrid Betancourt elogio la gestion de Chavez y critico a Uribe
"Uribe rompió de una manera unilateral y también inhumana la mediación"
El esposo de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt señaló hoy que el presidente de ese país, Alvaro Uribe, rompió en forma "unilateral e inhumana" las conversaciones con la guerrilla, por lo que espera que ahora considere el canje de rehenes.
Juan Carlos Lecompte, marido de la dirigente franco-colombiana secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002, manifestó su esperanza de que Bogotá entienda el "gesto de buena voluntad" que mostró la guerrilla al anunciar la posible liberación de 45 rehenes con una primera etapa de dejar en libertad a dos mujeres y un niño.
"Este gesto de buena voluntad que muestra la guerrilla (espero) que lo entienda el gobierno colombiano, para que acepte la negociación", comentó Lecompte a la página digital de Radio Cooperativa, de Chile.
Lecompte agregó que "ojalá Dios quiera que el presidente colombiano (Alvaro Uribe) tenga un poco de consideración en estas fechas y permita la negociación para lograr la liberación no sólo de mi esposa Ingrid, sino (también) de unos soldados que este mes de diciembre van a cumplir 10 años de estar pudriéndose en la selva".
Según indicó el esposo de Betancourt, "la guerrilla comunicó que va a entregar (a los rehenes) al presidente (venezolano) Hugo Chávez como premio por su gestión humanitaria que venía adelantando o a una persona que él designe".
Para el marido de la ex candidata, Uribe rompió "de una manera unilateral y también inhumana" la mediación que realizaba Chávez "de manera exitosa".
Respecto de la posición de Francia, que hoy anunció que recibiría a los guerrilleros si Colombia acepta liberar a los rebeldes, Lecompte afirmó que el gobierno galo "siempre estuvo con nosotros, desde el presidente (Jacques) Chirac, (que) ya había mandado varios emisarios franceses que se internaban en la selva corriendo mucho peligro".
"Ahora el presidente (Nicolás) Sarkozy llegó con mucho más ánimo, cosa que le agradecemos muchísimo, esta propuesta la hizo hace varios meses, que él estaba dispuesto a recibir a los guerrilleros que liberaran y también (apoyar) en cuestiones de logística", detalló.
Ayer, un comunicado de las FARC anunció la próxima liberación de Clara Rojas, ex compañera de fórmula de Ingrid Betancourt, de su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y de la ex legisladora Consuelo González.
miércoles, 19 de diciembre de 2007
Anuncian liberación de secuestrados
Anuncian liberación de secuestrados
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados: Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, según un comunicado dado a conocer a través de la agencia de noticias Prensa Latina.
Rojas, quien tuvo a su hijo durante su cautiverio, fue la jefa de campaña de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Según el comunicado de la guerrilla, la orden para liberar a los rehenes en Colombia ya ha sido impartida, y los tres deberán ser entregados al presidente Chávez, o a quien él decida.
La liberación, afirma el comunicado, es un gesto de "desagravio al presidente (de Venezuela Hugo) Chávez, a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, y a los familiares de los prisioneros".
La gestión mediadora de Chávez y Córdoba entre las FARC y Bogotá para el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos fue cancelada por el gobierno colombiano.
La liberación se haría efectiva en las próximas horas.
El comunicado
El secuestro de Rojas tuvo lugar mientras acompañaba a Betancourt en febrero de 2002, durante la campaña presidencial.
Consuelo González de Perdomo, fue capturada por las FARC en septiembre de 2001.
En su comunicado, las FARC insisten en el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida por 45 días para concretar un acuerdo humanitario.
La organización guerrillera ratificó su voluntad de lograr ese acuerdo y de avanzar en la solución política del conflicto armado.
Sin embargo, consideraron "improvisada e inaceptable" la propuesta de una zona de encuentro, que hizo recientemente el gobierno colombiano.
En el comunicado de siete puntos, las FARC agradecieron a Chávez su esfuerzo como facilitador y calificaron de "acto de barbarie diplomática" la anulación de su gestión por parte del gobierno colombiano.
Nota de BBCMundo.com:
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados: Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, según un comunicado dado a conocer a través de la agencia de noticias Prensa Latina.
Rojas, quien tuvo a su hijo durante su cautiverio, fue la jefa de campaña de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Según el comunicado de la guerrilla, la orden para liberar a los rehenes en Colombia ya ha sido impartida, y los tres deberán ser entregados al presidente Chávez, o a quien él decida.
La liberación, afirma el comunicado, es un gesto de "desagravio al presidente (de Venezuela Hugo) Chávez, a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, y a los familiares de los prisioneros".
La gestión mediadora de Chávez y Córdoba entre las FARC y Bogotá para el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos fue cancelada por el gobierno colombiano.
La liberación se haría efectiva en las próximas horas.
El comunicado
El secuestro de Rojas tuvo lugar mientras acompañaba a Betancourt en febrero de 2002, durante la campaña presidencial.
Consuelo González de Perdomo, fue capturada por las FARC en septiembre de 2001.
En su comunicado, las FARC insisten en el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida por 45 días para concretar un acuerdo humanitario.
La organización guerrillera ratificó su voluntad de lograr ese acuerdo y de avanzar en la solución política del conflicto armado.
Sin embargo, consideraron "improvisada e inaceptable" la propuesta de una zona de encuentro, que hizo recientemente el gobierno colombiano.
En el comunicado de siete puntos, las FARC agradecieron a Chávez su esfuerzo como facilitador y calificaron de "acto de barbarie diplomática" la anulación de su gestión por parte del gobierno colombiano.
Nota de BBCMundo.com:
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados: Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, según un comunicado dado a conocer a través de la agencia de noticias Prensa Latina.
Rojas, quien tuvo a su hijo durante su cautiverio, fue la jefa de campaña de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Según el comunicado de la guerrilla, la orden para liberar a los rehenes en Colombia ya ha sido impartida, y los tres deberán ser entregados al presidente Chávez, o a quien él decida.
La liberación, afirma el comunicado, es un gesto de "desagravio al presidente (de Venezuela Hugo) Chávez, a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, y a los familiares de los prisioneros".
La gestión mediadora de Chávez y Córdoba entre las FARC y Bogotá para el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos fue cancelada por el gobierno colombiano.
La liberación se haría efectiva en las próximas horas.
El comunicado
El secuestro de Rojas tuvo lugar mientras acompañaba a Betancourt en febrero de 2002, durante la campaña presidencial.
Consuelo González de Perdomo, fue capturada por las FARC en septiembre de 2001.
En su comunicado, las FARC insisten en el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida por 45 días para concretar un acuerdo humanitario.
La organización guerrillera ratificó su voluntad de lograr ese acuerdo y de avanzar en la solución política del conflicto armado.
Sin embargo, consideraron "improvisada e inaceptable" la propuesta de una zona de encuentro, que hizo recientemente el gobierno colombiano.
En el comunicado de siete puntos, las FARC agradecieron a Chávez su esfuerzo como facilitador y calificaron de "acto de barbarie diplomática" la anulación de su gestión por parte del gobierno colombiano.
Nota de BBCMundo.com:
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados: Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, según un comunicado dado a conocer a través de la agencia de noticias Prensa Latina.
Rojas, quien tuvo a su hijo durante su cautiverio, fue la jefa de campaña de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Según el comunicado de la guerrilla, la orden para liberar a los rehenes en Colombia ya ha sido impartida, y los tres deberán ser entregados al presidente Chávez, o a quien él decida.
La liberación, afirma el comunicado, es un gesto de "desagravio al presidente (de Venezuela Hugo) Chávez, a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, y a los familiares de los prisioneros".
La gestión mediadora de Chávez y Córdoba entre las FARC y Bogotá para el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos fue cancelada por el gobierno colombiano.
La liberación se haría efectiva en las próximas horas.
El comunicado
El secuestro de Rojas tuvo lugar mientras acompañaba a Betancourt en febrero de 2002, durante la campaña presidencial.
Consuelo González de Perdomo, fue capturada por las FARC en septiembre de 2001.
En su comunicado, las FARC insisten en el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida por 45 días para concretar un acuerdo humanitario.
La organización guerrillera ratificó su voluntad de lograr ese acuerdo y de avanzar en la solución política del conflicto armado.
Sin embargo, consideraron "improvisada e inaceptable" la propuesta de una zona de encuentro, que hizo recientemente el gobierno colombiano.
En el comunicado de siete puntos, las FARC agradecieron a Chávez su esfuerzo como facilitador y calificaron de "acto de barbarie diplomática" la anulación de su gestión por parte del gobierno colombiano.
Nota de BBCMundo.com:
Verdad modelo 2007
Verdad modelo 2007
Este año hubo más verdad de lo que se esperaba. Pero todavía queda un largo camino por recorrer para que la justicia aclare los crímenes de los paras.
Por María Teresa Ronderos. Asesora revista SEMANA
Al pronosticar lo que se venía, con el proceso de Justicia y Paz y los destapes de la para-política, esta revista bautizó este año como 'el de la verdad'. Y resultó, en efecto, un año de muchas verdades. Se supo el calado del daño causado a miles de colombianos y el paradero de los que habían desaparecido incluso hace tiempo. Se conoció el alcance de la complicidad entre política y paramilitarismo. Se identificaron los rostros de la maldad de un puñado de seres trastocados por un clima social en el que matar y torturar se volvió normal. Se obtuvieron respuestas sobre tierras expoliadas, sobre crímenes atroces; se revisaron miles de expedientes de casos sin culpables identificados y muchos se empezaron a descifrar. Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar.
Aunque todo se dijo en público en 2007, mirado así de lejos, realmente nada parece tan novedoso. Algunos lo sabían ya todo, e incluso lo habían dicho y fueron estigmatizados por ello. Todos sabíamos algo. Sin embargo, lo que ha hecho este año tan singularmente verdadero es que aquello que se conocía ya en una nebulosa, como un paisaje de fondo, se conoció con nombres, apellidos y dimensiones exactas. Y fueron esas historias personales, esos números precisos, los que despejaron la neblina e hicieron que por primera vez, la verdad se volviera verosímil para los colombianos.
Se registraron con alguna precisión, cerca de 120.000 hechos violentos, cada uno de los cuales dejó una o más víctimas. Con nombre, apellido, firma, huella, cada una de esas miles de víctimas acudió a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), en romerías, como hormigas, cada una con su pedacito de verdad pero determinadas a reconstruirla toda, viajaron desde el campo hasta la ciudad. Hubo más de 90 jornadas de atención a víctimas. Habían sido invisibles, y ahora existían. Casi una decena de sus líderes, entre ellos Yolanda Izquierdo, Carmen Santana, Oscar Cuadrado y Gustavo Espitia, fueron asesinados por salir de debajo de la tierra a animarse a hablar. Pero aun en eso algo cambió porque hubo reacciones en su defensa, como la tutela que obliga al gobierno a protegerlas.
La desaparición forzada era una tragedia que Colombia había intentado esconder debajo del tapete casi desde que existe. La verdad de este año: 973 fosas comunes encontradas con 1.153 cuerpos de personas que se habían esfumado en manos de los paramilitares. La cifra de 7.500 desaparecidos por la cual la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos (Asfaddes) era tildada de tremendista hace unos años, se quedó corta ante los hallazgos de este año, y hoy ya sabemos que fueron 15.000 o quizá más. Muchos problemas logísticos y falta de recursos del Estado han llevado a que las exhumaciones no estén conduciendo rápidamente a una identificación de los cuerpos y por eso apenas 13 han sido identificados plenamente hasta la fecha. Pero 406 han sido reconocidos por su familiares por las prendas de vestir, o alguna otra indicación. Es una verdad enorme para el país, quizá la más brutal y necesaria.
La otra verdad que empezamos a apreciar es la de los victimarios. Por primera vez han sido puestos en el banquillo para que le den cuenta a la justicia. Ha habido horas y horas de justificaciones; de esfuerzos de los jefes para darles un cariz político a actos barbáricos, o para darles apariencia de estructura jerárquica organizada a las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando en realidad ésta fue una sombrilla que cobijó a una cofradía de enemigos en permanente competencia por el dominio y los recursos. Pero las versiones libres que han dado casi 600 paramilitares desmovilizados también han sacado a flote verdades profundas de cómo se organizó el terror contra la población civil y de lo que se hizo. Hasta ahora los desmovilizados han confesado casi 3.600 actos criminales relacionados directamente con alrededor de 5.500 víctimas. Ahora el país comenzó a enterarse cómo, cuándo, quiénes y por qué se cometieron muchas de las masacres como la de El Salado, o asesinatos como el de Gentil Cruz Patiño, representante de una Ong francesa, en inmediaciones de la Sierra Nevada.
Ahora bien, esa no es toda la verdad. Es hasta ahora una versión del implicado. Falta todavía el largo proceso judicial de verificar esos hechos confesados, confrontar al victimario con la verdad judicial, y finalmente decidir si el postulado se ganó los beneficios de la Ley 975 o de Justicia y Paz.
Por eso la parte quizá más escandalosa de toda la verdad que ha fluido por los medios masivos este año, la de los nombres de posibles cómplices entre militares, empresarios, sacerdotes y funcionarios, es la que está en el terreno más resbaladizo. Muchos de los jefes paramilitares han escogido cuidadosamente a quién salpican: algunos sólo han mencionado muertos, otros han dicho nombres, pero a la hora de concretar cómo fue exactamente su participación han patinado. Muchos testimonios de estos desmovilizados le han dado sustento al otro gran proceso: el de la para-política. Así por ejemplo, las confesiones de Salvatore Mancuso han provisto de evidencias para las investigaciones del senador Mario Uribe, entre otros. Y las versiones libres de el 'Iguano' y Hernán Giraldo, en Norte de Santander y Magdalena, respectivamente, han aportado información clave en los procesos judiciales contra políticos de esas regiones.
Los procesos de la para-política han revelado cómo funcionaron los acuerdos entre jefes paramilitares y congresistas, gobernadores y otros políticos regionales. El sólo número de los implicados da una idea del tamaño de la verdad que se asoma. Van 26 senadores, 25 representantes a la Cámara y tres gobernadores en la cárcel y otros políticos y funcionarios de diverso rango, desde ex ministros hasta alcaldes, que son investigados por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Estas investigaciones no han sido fáciles, magistrados y fiscales han tenido presiones desde lo más alto del poder y se trató incluso de poner en duda la honorabilidad de uno de ellos. No obstante, la justicia colombiana está dando ejemplo de independencia.
Falta mucho camino por recorrer. La dimensión de los procesos ha abrumado la capacidad técnica y económica de la justicia. Hay escollos aún por resolver, como los más de 16.000 desmovilizados que habían sido indultados y que, dados varios fallos de las Cortes, han quedado en el limbo. También acechan contra la verdad las nuevas bandas criminales, o viejos jefes paramilitares que aún no rompen sus lazos con los brazos armados. Sin embargo, la verdad que emergió este año ha sido lo suficientemente esclarecedora, lo necesariamente aliviadora del dolor, como para que este año pase a la historia como aquél en el que se empezó a descubrir la verdad.
Este año hubo más verdad de lo que se esperaba. Pero todavía queda un largo camino por recorrer para que la justicia aclare los crímenes de los paras.
Por María Teresa Ronderos. Asesora revista SEMANA
Al pronosticar lo que se venía, con el proceso de Justicia y Paz y los destapes de la para-política, esta revista bautizó este año como 'el de la verdad'. Y resultó, en efecto, un año de muchas verdades. Se supo el calado del daño causado a miles de colombianos y el paradero de los que habían desaparecido incluso hace tiempo. Se conoció el alcance de la complicidad entre política y paramilitarismo. Se identificaron los rostros de la maldad de un puñado de seres trastocados por un clima social en el que matar y torturar se volvió normal. Se obtuvieron respuestas sobre tierras expoliadas, sobre crímenes atroces; se revisaron miles de expedientes de casos sin culpables identificados y muchos se empezaron a descifrar. Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar.
Aunque todo se dijo en público en 2007, mirado así de lejos, realmente nada parece tan novedoso. Algunos lo sabían ya todo, e incluso lo habían dicho y fueron estigmatizados por ello. Todos sabíamos algo. Sin embargo, lo que ha hecho este año tan singularmente verdadero es que aquello que se conocía ya en una nebulosa, como un paisaje de fondo, se conoció con nombres, apellidos y dimensiones exactas. Y fueron esas historias personales, esos números precisos, los que despejaron la neblina e hicieron que por primera vez, la verdad se volviera verosímil para los colombianos.
Se registraron con alguna precisión, cerca de 120.000 hechos violentos, cada uno de los cuales dejó una o más víctimas. Con nombre, apellido, firma, huella, cada una de esas miles de víctimas acudió a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), en romerías, como hormigas, cada una con su pedacito de verdad pero determinadas a reconstruirla toda, viajaron desde el campo hasta la ciudad. Hubo más de 90 jornadas de atención a víctimas. Habían sido invisibles, y ahora existían. Casi una decena de sus líderes, entre ellos Yolanda Izquierdo, Carmen Santana, Oscar Cuadrado y Gustavo Espitia, fueron asesinados por salir de debajo de la tierra a animarse a hablar. Pero aun en eso algo cambió porque hubo reacciones en su defensa, como la tutela que obliga al gobierno a protegerlas.
La desaparición forzada era una tragedia que Colombia había intentado esconder debajo del tapete casi desde que existe. La verdad de este año: 973 fosas comunes encontradas con 1.153 cuerpos de personas que se habían esfumado en manos de los paramilitares. La cifra de 7.500 desaparecidos por la cual la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos (Asfaddes) era tildada de tremendista hace unos años, se quedó corta ante los hallazgos de este año, y hoy ya sabemos que fueron 15.000 o quizá más. Muchos problemas logísticos y falta de recursos del Estado han llevado a que las exhumaciones no estén conduciendo rápidamente a una identificación de los cuerpos y por eso apenas 13 han sido identificados plenamente hasta la fecha. Pero 406 han sido reconocidos por su familiares por las prendas de vestir, o alguna otra indicación. Es una verdad enorme para el país, quizá la más brutal y necesaria.
La otra verdad que empezamos a apreciar es la de los victimarios. Por primera vez han sido puestos en el banquillo para que le den cuenta a la justicia. Ha habido horas y horas de justificaciones; de esfuerzos de los jefes para darles un cariz político a actos barbáricos, o para darles apariencia de estructura jerárquica organizada a las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando en realidad ésta fue una sombrilla que cobijó a una cofradía de enemigos en permanente competencia por el dominio y los recursos. Pero las versiones libres que han dado casi 600 paramilitares desmovilizados también han sacado a flote verdades profundas de cómo se organizó el terror contra la población civil y de lo que se hizo. Hasta ahora los desmovilizados han confesado casi 3.600 actos criminales relacionados directamente con alrededor de 5.500 víctimas. Ahora el país comenzó a enterarse cómo, cuándo, quiénes y por qué se cometieron muchas de las masacres como la de El Salado, o asesinatos como el de Gentil Cruz Patiño, representante de una Ong francesa, en inmediaciones de la Sierra Nevada.
Ahora bien, esa no es toda la verdad. Es hasta ahora una versión del implicado. Falta todavía el largo proceso judicial de verificar esos hechos confesados, confrontar al victimario con la verdad judicial, y finalmente decidir si el postulado se ganó los beneficios de la Ley 975 o de Justicia y Paz.
Por eso la parte quizá más escandalosa de toda la verdad que ha fluido por los medios masivos este año, la de los nombres de posibles cómplices entre militares, empresarios, sacerdotes y funcionarios, es la que está en el terreno más resbaladizo. Muchos de los jefes paramilitares han escogido cuidadosamente a quién salpican: algunos sólo han mencionado muertos, otros han dicho nombres, pero a la hora de concretar cómo fue exactamente su participación han patinado. Muchos testimonios de estos desmovilizados le han dado sustento al otro gran proceso: el de la para-política. Así por ejemplo, las confesiones de Salvatore Mancuso han provisto de evidencias para las investigaciones del senador Mario Uribe, entre otros. Y las versiones libres de el 'Iguano' y Hernán Giraldo, en Norte de Santander y Magdalena, respectivamente, han aportado información clave en los procesos judiciales contra políticos de esas regiones.
Los procesos de la para-política han revelado cómo funcionaron los acuerdos entre jefes paramilitares y congresistas, gobernadores y otros políticos regionales. El sólo número de los implicados da una idea del tamaño de la verdad que se asoma. Van 26 senadores, 25 representantes a la Cámara y tres gobernadores en la cárcel y otros políticos y funcionarios de diverso rango, desde ex ministros hasta alcaldes, que son investigados por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Estas investigaciones no han sido fáciles, magistrados y fiscales han tenido presiones desde lo más alto del poder y se trató incluso de poner en duda la honorabilidad de uno de ellos. No obstante, la justicia colombiana está dando ejemplo de independencia.
Falta mucho camino por recorrer. La dimensión de los procesos ha abrumado la capacidad técnica y económica de la justicia. Hay escollos aún por resolver, como los más de 16.000 desmovilizados que habían sido indultados y que, dados varios fallos de las Cortes, han quedado en el limbo. También acechan contra la verdad las nuevas bandas criminales, o viejos jefes paramilitares que aún no rompen sus lazos con los brazos armados. Sin embargo, la verdad que emergió este año ha sido lo suficientemente esclarecedora, lo necesariamente aliviadora del dolor, como para que este año pase a la historia como aquél en el que se empezó a descubrir la verdad.
REPORTAJE: LA CONEXIÓN VENEZOLANA
El narcosantuario de las FARC
JOHN CARLIN 16/12/2007
La guerrilla colombiana de las FARC ha encontrado su santuario en la Venezuela de Hugo Chávez. Cuatro desertores y varias fuentes de los servicios de inteligencia y diplomáticos detallan a EL PAÍS la extensa y sistemática cooperación que determinadas autoridades venezolanas brindan a las FARC en sus operaciones de narcotráfico.
Algunos desertan de la guerrilla colombiana porque se sienten traicionados por sus jefes, hundidos ante la percepción de que el capitalismo salvaje del narcotráfico ha suplantado el altruismo socialista que les impulsó a tomar las armas. Otros se van porque sienten necesidad de volver a la vida familiar. Y otros porque, de repente, se convencen de que, si no huyen, morirán, como es el caso de Rafael, que desertó en septiembre tras año y medio operando en una de las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de territorio venezolano.
La lógica de Rafael es, a primera vista, perversa. Por un lado porque, como guerrillero desertor, que ha regresado a Colombia, sabe que vivirá el resto de sus días bajo la amenaza permanente de que sus ex compañeros lo asesinen; por otro, porque la lógica dice que para las FARC la vecina Venezuela es un refugio seguro. Las FARC comparten la ideología bolivariana del presidente Hugo Chávez, y el Ejército colombiano no se arriesgaría a violar la ley internacional y cruzar la frontera.
"Todo eso es verdad", explicó Rafael. "El Ejército colombiano no cruza la frontera, y la guerrilla tiene un pacto de no agresión con los militares venezolanos. El Gobierno venezolano deja a las FARC operar libremente porque comparten el mismo pensamiento bolivariano, y también porque las FARC pagan sobornos a su gente".
Entonces, ¿de qué ha huido?
"De una peligrosidad mucho mayor a la que me enfrento ahora: de los combates casi diarios dentro de Venezuela con los elenos [la guerrilla del ELN]".
Pero ¿no comparte el Ejército de Liberación Nacional los principios marxistas que llevaron a ambas organizaciones a la guerra hace 40 años? "Puede ser", responde Rafael, "pero esto no tiene nada que ver con política. La lucha con el ELN es por las rutas del tráfico de cocaína. Hay muchísimo dinero en juego en esa zona fronteriza donde la droga entra desde Colombia. Porque la línea más segura para llevar droga a Europa es por Venezuela".
EL PAÍS ha hablado con Rafael, que militó como guerrillero diez años, de los que tres estuvo en la cárcel, y con otros tres desertores de las FARC que se han entregado al Gobierno colombiano, acogidos por un programa de reinserción a la vida civil; también ha tenido acceso directo en Colombia y a diplomáticos y fuentes de alto nivel de los servicios de inteligencia y seguridad de varios países, individuos cuya peligrosa misión (por esto y en algunos casos por motivos políticos, insistieron en el anonimato antes de hablar con EL PAÍS) consiste en combatir el terrorismo y el narcotráfico internacional. Ambos objetivos confluyen en las FARC, más potente que cualquier cartel en el mercado global de la cocaína y calificada por la UE y EE UU como "organización terrorista".
Lo que aseguran un diplomático europeo y diversas fuentes oficiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS es que existe complicidad y compenetración de elementos importantes del Estado que preside Hugo Chávez en las actividades mafiosas y militares de la organización guerrillera más antigua del mundo. La conclusión a la que un diplomático europeo y todas las fuentes oficiales consultadas han llegado es que la complicidad es activa y constante a niveles operativos, en las zonas donde se despliega la actividad militar y narcotraficante; y más pasiva cuanto más alta la esfera del Gobierno venezolano, hasta llegar al presidente Chávez, al que ninguna fuente consultada -ni siquiera en el anonimato más extremo- acusa de complicidad directa con el gigantesco negocio del narcotráfico colombiano. Lo que a esos mismos medios les cuesta creer es que no esté enterado del grado de colusión que hay entre sus fuerzas armadas y los altos mandos de las FARC. También dudan de que no esté enterado del grado de involucración de las FARC en el tráfico de cocaína.
EL PAÍS, pese a sus numerosos intentos, no logró obtener -hasta el cierre la noche del jueves de esta edición- una reacción de las autoridades venezolanas a las declaraciones recogidas en este reportaje.
Se sabía ya que, durante varios años, las FARC habían utilizado el lado venezolano de la frontera colombiana como refugio. Pocos dudan de que, si no fuera por la cocaína -la gasolina que alimenta la guerra colombiana-, las FARC se habrían extinguido como las demás guerrillas latinoamericanas nacidas durante la guerra fría. Lo nuevo que revelan los testimonios recogidos por este diario es lo extensa y sistemática que es la cooperación en Venezuela con la narcoguerrilla en cuanto al transporte de la droga por aire, tierra y mar; al suministro de armas, y la protección sobre el terreno que reciben de sectores de las fuerzas armadas; y a la inmunidad legal de facto que les conceden elementos del Estado.
Se trata de un negocio ilegal gigantesco. Transita por Venezuela el 30% de las 600 toneladas de cocaína que se mueven anualmente por el mundo. Prácticamente la totalidad de la droga colombiana que sale por Venezuela tiene como destino Europa, con España y Portugal como principales puntos de entrada, y con un valor de mercado en las calles europeas por encima de los 10.000 millones de euros al año.
La infraestructura venezolana destinada al flujo de la cocaína ha crecido de manera exponencial, según las fuentes de inteligencia entrevistadas por EL PAÍS, durante los últimos cinco años de la presidencia de Hugo Chávez, cuya decisión de expulsar a la agencia antidroga norteamericana (DEA) de su país en 2005 fue celebrada tanto por las FARC como por sus socios en los carteles de droga convencionales. Como ha dicho Luis Hernando Gómez Bustamante, poderoso capo colombiano de la droga en manos de la policía de su país desde febrero, "Venezuela es el templo del narcotráfico".
Un diplomático europeo con muchos años de experiencia en América Latina expresó algo parecido de otra manera. "El país bolivariano, socialista, antiimperialista ejemplar que pretende crear Chávez está en vías de convertirse en un Estado narco, del mismo modo que las FARC se han convertido en guerrilleros narcos. Chávez quizá no lo entienda, pero este fenómeno corroerá a su país como un cáncer".
En cuanto al aspecto militar, o "terrorista", de las FARC, lo que los desertores entrevistados sostienen es que las autoridades venezolanas no sólo dan protección armada al menos a cuatro campamentos guerrilleros fijos en su país, sino que también hacen la vista gorda a programas de enseñanza que operan dentro de los campamentos para la fabricación de bombas. Rafael -alto, fibroso y de aspecto serio, correspondiendo a la imagen clásica del guerrillero latinoamericano- cuenta cómo él mismo fue adiestrado en Venezuela para participar en una serie de atentados en Bogotá, la capital colombiana. La colaboración se extiende supuestamente a la venta de armamento por las Fuerzas Armadas a las FARC; a proveer a miembros de la guerrilla con cédulas de identidad venezolanas, usando nombres falsos, y a los líderes de las FARC con pasaportes para que puedan viajar a Cuba y Europa; y a dejar que las FARC proporcionen entrenamiento militar a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Las FBL, conocidas también como los boliches, son una guerrilla creada por el Gobierno de Chávez con el supuesto propósito de defender la patria en caso de invasión norteamericana.
La expresión internacional más visible del terrorismo de las FARC ha sido la práctica de secuestrar a individuos con fines económicos o políticos, como es el caso de la ex candidata a la presidencia colombiana Ingrid Betancourt. Algunas de las fuentes de inteligencia con las que se entrevistó EL PAÍS afirman que tienen información sólida de que las FARC la retienen en territorio venezolano. Rafael, que dijo que estaba a punto de ser nombrado para un puesto de mando importante justo antes de desertar, sostuvo que a principios de año, y quizá después, Betancourt se encontraba en un pueblo fronterizo venezolano llamado Elorza, en el Estado de Apure, bajo la custodia de Germán Briceño Suárez, alias Grannobles, miembro del estado mayor de las FARC y jefe del Frente 10, en el que operaba Rafael. La lógica es que Elorza, donde Grannobles tiene una finca grande y lujosa protegida, según fuentes de inteligencia,por la Guardia Nacional y conocida por los guerrilleros de las FARC como Rancho Grande, está alejado del conflicto militar, lo que reduce las posibilidades de que muriese en un enfrentamiento, lo cual generaría un problema de imagen grave para las FARC, ya que Betancourt es también ciudadana francesa, y el presidente Nicolas Sarkozy se ha esforzado para lograr su liberación.
Rafael, elocuente pero no fanfarrón, reconoció que él mismo no había visto a Betancourt, sino que compañeros guerrilleros se lo habían dicho, y no todas las fuentes consultadas por EL PAÍS concurrían con la tesis de que ella estaba en Venezuela. En lo que sí hubo unanimidad fue en que Grannobles, cuya extradición busca Estados Unidos por narcotráfico y por el asesinato de tres norteamericanos en 1999 en suelo venezolano, maneja la logística narcoguerrillera en Venezuela. También es enlace para operaciones conjuntas con capos de los carteles, uno de los cuales Rafael dijo haber llevado a una reunión en Rancho Grande.
El contacto de Chávez con las FARC, afirmaron las fuentes de inteligencia, se lleva a cabo a través de uno de los siete líderes máximos de las FARC, Iván Márquez, que también tiene una finca en Venezuela y que se comunica con el presidente a través de contactos con los altos mandos de los servicios de inteligencia venezolanos. Como explicó un desertor de las FARC que había ocupado un cargo propagandístico importante en la organización, "Las FARC comparten tres principios bolivarianos con Chávez: la unidad latinoamericana, la lucha antiimperialista y la soberanía nacional. Las coincidencias ideológicas llevan a la convergencia en el plano táctico".
Las ventajas tácticas que emanan de la solidaridad bolivariana logran, según las fuentes, su máximo rendimiento en lo relacionado con la industria multinacional del narcotráfico. Existen diferentes métodos para enviar la cocaína de Colombia a Europa, aunque lo que siempre tienen en común es la colaboración por omisión, o comisión, de las autoridades venezolanas. La ruta más directa es la aérea. Consiste, según fuentes de inteligencia, en enviar avionetas desde pistas en lugares remotos de Colombia a aeródromos venezolanos. Ahí hay dos opciones. O parten las mismas avionetas rumbo a Haití o República Dominicana (una fuente dice que los vuelos no autorizados "sospechosos" se han incrementado de 3 a 15 por semana desde 2006), o la droga se traspasa a aviones que vuelan directamente a países de África occidental, como Guinea-Bissau o Ghana, de donde siguen por vía marítima a Portugal o Galicia, punto de entrada español del área europea de Schengen.
Uno de los guerrilleros desertores entrevistado por EL PAÍS, llamémosle Marcelo, narró el procedimiento para enviar droga en cantidades pequeñas a través de individuos (mulas) que la transportan en sus maletas en aviones comerciales. Marcelo desertó en agosto tras haber estado un año en un campamento venezolano de las FARC en La Uvita, Estado de Apure. Ágil en sus movimientos, menudo y de mente ordenada, sólo militó en la guerrilla de las FARC 15 meses, pero sus jefes le procuraron rápidamente una cédula de identidad venezolana, con lo cual cruzaba la frontera y transitaba por Venezuela sin problemas.
"Una vez", recuerda, "fui al aeropuerto de Bogotá a recoger a un portorriqueño y llevarlo a Venezuela. Él cruzó la frontera conmigo después de convenir un precio con los guardias venezolanos. Lo llevé en carro particular a Caracas y de ahí viajó a España en avión con la droga en la maleta. Llegó sin problemas. Me lo confirmó Pizarro, un mando nuestro con 120 hombres bajo su cargo, que habló con su contacto en España, que se llamaba Dani".
Marcelo participó en "ocho o nueve" misiones de este tipo a lo largo de 12 meses. "Operar en Venezuela es lo más fácil que hay", sostiene. "La guerrilla de las FARC está de lleno allá, y la Guardia Nacional, el Ejército y otros venezolanos con cargos oficiales les ofrecen sus servicios, a cambio de dinero. Nunca hay enfrentamientos entre las FARC y la Guardia o el Ejército". Rafael asegura que participó en varios operativos cuyo fin era enviar la droga por vía marítima desde puertos caribeños. Su rango en las FARC era más alto que el de Marcelo y tuvo más acceso a información confidencial.
"Se recibe la mercancía en la frontera, transportada en camiones", explica Rafael. "Cuando llega el vehículo, la Guardia Nacional venezolana ya lo sabe de antemano, ya están sobornados para que cruce a Venezuela sin problemas. A veces nos dan una escolta. Entonces, yo y otros compañeros nos subimos o al mismo camión con el chófer, o en un carro particular que les acompaña. Hacemos el viaje, de unas 16 horas, hasta Puerto Cabello, sobre el mar al oeste de Caracas. Ahí entra el camión en una gran bodega controlada por venezolanos y gente de las FARC que se encarga de la seguridad. Efectivos de la Armada venezolana se encargan de los controles de aduanas y de la salida de los barcos. Tenían conocimiento de lo que estaba pasando y lo facilitaban todo".
Fuentes de inteligencia que analizan las rutas de salida de Puerto Cabello dijeron que de ahí parten embarcaciones pequeñas hacia Haití o la República Dominicana, desde donde se hace el transbordo a barcos grandes que llevan la droga a Europa, o directamente cruzan el océano a África o Europa en, por ejemplo, pesqueros. Un caso notable fue el del pesquero venezolano Zeus X, que fue interceptado por la Agencia Tributaria española en septiembre, a 1.050 millas de Las Palmas, con seis venezolanos a bordo y un cargamento de 3.200 kilos de cocaína con precio de venta en Europa estimado en 190 millones de euros.
Rafael dijo que no sólo acompañaba a los camiones que viajaban entre la frontera y el mar, sino que una vez permaneció un mes en Puerto Cabello, donde se quedó en un hotel, haciendo trabajos de "seguridad". "Hubo pérdidas de mercancía y robos. Dimos plomo. Murieron muchos, por robo o por traición". Rafael asegura que no tuvo problemas con la policía venezolana, y menos cuando hacía sus viajes de vuelta, cargado de dinero llegado generalmente de España, dijo, a cambio de la droga. "Llevaba maletas grandes llenas de billetes de 500 euros, y se las entregaba a un mando de las FARC del Frente 10 en el lado venezolano de la frontera con Colombia".
El mismo procedimiento lo llevó a cabo utilizando el puerto de Maracaibo, que según las fuentes consultadas por EL PAÍS es "una especie de paraíso" para los narcotraficantes, entre los cuales se encuentra uno de los capos más buscados actualmente por las policías internacionales, Wilber Varela, conocido también como Jabón. "Se instalan en magníficas casas, compran fincas grandes y negocios en quiebra, y se convierten en personajes valiosos para las economías locales venezolanas", dijo una fuente policial. "Venezuela es para estos criminales un seguro de vida". Por eso, cuando la policía colombiana preguntan a sus homólogos venezolanos por el paradero de los capos mafiosos, la respuesta siempre es la misma: "No tenemos nada".
Esta convergencia táctica entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las FARC se extiende al terreno militar, al extremo de que hoy, según una fuente de inteligencia especialmente bien informada con la que habló EL PAÍS, la Guardia Nacional tiene retenes colocados alrededor de los campamentos guerrilleros. ¿Para qué? "Para darles protección, lo cual indica que hay conocimiento a muy alto nivel militar venezolano de la estrecha colaboración que tienen sus soldados con las FARC".
No siempre han estado tan claras las cosas. Otro desertor de las FARC, de seudónimo Humberto, recordó cómo, en enero de 2004, casi hubo un grave choque entre el Ejército venezolano y la guerrilla colombiana en una región fronteriza llamada La Guajira. Según Humberto, que operó políticamente en la clandestinidad para las FARC en una importante ciudad colombiana durante cinco años antes de ingresar en la guerrilla como combatiente en 2005, el incidente ocurrió al margen de una reunión política de revolucionarios de varios países latinoamericanos en un campamento de las FARC en Venezuela. Allí estaban destacados unos 150 guerrilleros liderados por el embajador de las FARC en Venezuela, Iván Márquez. "De repente oímos un bombardeo aéreo cerca del campamento y después nos enteramos de que se acercaba una columna del Ejército venezolano", señala. "La tropa llegó al borde del campamento, pero cuando parecía que iba a haber un choque, los comandantes de ambos bandos empezaron a hablar y acabaron bebiendo vodka juntos, celebrando el hecho de que los dos estaban al mando de ejércitos bolivarianos".
Humberto, un ex universitario que había brillado en su juventud por su fervor revolucionario, desertó en octubre de este año en gran parte porque había visto cómo ese tipo de escena festiva, lubricada por el alcohol, había llegado a definir el estilo de vida de algunos altos mandos de las FARC. "Nosotros los guerrilleros de a pie, los milicianos, sufríamos permanentemente por falta de abastecimiento. Caminábamos todo el día y pasábamos hambre. El problema dejaba de ser militar y se convertía en uno de supervivencia básica. Pero en lo que no me dejaba de fijar era en que mientras nosotros sufríamos, los mandos no sólo comían bien, sino que también bebían whisky y se acostaban con mujeres hermosas. Fue una enorme decepción".
Rafael no pareció padecer esos mismos escrúpulos. La ausencia de valoración moral cuando describió sus actividades narcotraficantes lo indicaba. Lo mismo le parecía cumplir con trabajos directamente ligados a su original vocación guerrillera como viajar a Caracas a recoger armamentos que las FARC compraban de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ésta es una de las dimensiones tácticas más sistematizadas de la cooperación entre Venezuela y las FARC.
Entre otros casos similares, Rafael relató cómo viajó en coche particular, un Toyota Corolla, con un capitán de la Guardia Nacional llamado Pedro Mendoza, a una base militar grande en las afueras de Caracas llamada Fuerte Tiuna. Entró en la base con el capitán, que le entregó ocho fusiles. Volvieron a la frontera con los fusiles en el maletero del coche. Según Rafael, elementos de la Guardia Nacional también suministraron a las FARC granadas, lanzagranadas y material explosivo de base petrolífera C-4 usado para fabricar bombas.
Una fuente de inteligencia confirmó que estos pequeños movimientos de armas ocurrían a gran escala. "Lo que ocurre es que la droga va de Colombia a Venezuela, y las armas vienen de Venezuela a Colombia. No son cargamentos grandes, sino que hay un flujo pequeño pero constante: 5.000 cartuchos, seis fusiles... Es muy difícil de detectar porque hay muchas pequeñas redecitas, muy bien coordinadas por especialistas de las FARC".
Rafael operaba directamente con estos especialistas, tanto en el tráfico de armas como en el de cocaína, hasta que tomó la decisión de cambiar de vida. La convicción de que su suerte se iba a acabar llegó en agosto de este año. "En junio y julio había recibido cursos en la fabricación de explosivos, junto con efectivos de las milicias de Chávez, de los boliches del FBL. Aprendimos, ahí en un campamento dentro de Venezuela, cómo armar diferentes tipos de minas quiebrapatas y cazabobos, y a armar bombas con C-4 recibido de la Guardia Nacional. También nos enseñaron a detonar bombas de manera controlada usando teléfonos celulares". Le estaban preparando, dijo, para una misión en Bogotá. "Nos dieron fotos de los objetivos. Íbamos a operar junto a dos grupos de las FARC destacados en la capital. Íbamos a poner bombas. Cuando se acercaba la fecha empecé a reflexionar que ya no podía seguir así. Primero, por el peligro de los choques con los elenos, y ahora, la posibilidad real de que me detuvieran -y ya pasé varios años en la cárcel por mi actividad en las FARC- o me mataran las fuerzas de seguridad en Bogotá. A finales de agosto me escapé, y en septiembre me entregué".
Un diplomático europeo que conoce bien la situación general del narcotráfico y la guerrilla en Colombia, y que ha oído el testimonio de Rafael, hizo una comparación entre las actividades de las FARC en Venezuela y una hipotética actividad similar de ETA en un país vecino de España. "Imaginemos que ETA tuviera una escuela de fabricación de bombas en Portugal dentro de campamentos protegidos por la policía portuguesa, y que planeara detonar esas bombas en Madrid. Imaginemos que las autoridades portuguesas dotaran de armamentos a ETA, a cambio de dinero obtenido a través del tráfico de drogas, en el que las autoridades portuguesas también colusionaran. Sería un escándalo de enormes proporciones. Pues eso, en gran escala, es lo que está permitiendo que ocurra hoy el Gobierno de Venezuela".
"La verdad", explica un alto mando policial, "es que si Venezuela hiciera un mínimo esfuerzo para colaborar con la comunidad internacional, la diferencia sería enorme. Podríamos fácilmente recuperar dos toneladas más de cocaína por mes sólo con una pequeña vuelta de tuerca por su parte. No lo hacen porque hay mucha corrupción, pero también, y éste es el motivo más de fondo, por su actitud antiimperialista. 'Si esto les jode a los imperialistas', piensan, '¿cómo les vamos a ayudar?'. La clave es la voluntad política. Y no la hay".
Una lógica similar se extiende, según la fuente de inteligencia de más alto rango entrevistada por EL PAÍS, al tema de los secuestrados de las FARC. "Si Chávez quisiera, podría forzar la liberación de Betancourt mañana mismo, independientemente de si está en Venezuela o Colombia. Les dice a las FARC: 'La entregan o se acaba el juego acá en Venezuela'. La dependencia que se han creado las FARC en Venezuela es de una dimensión tan enorme que no se podrían arriesgar a decirle que no".
© Diario EL PAÍS S.L. -
El narcosantuario de las FARC
JOHN CARLIN 16/12/2007
La guerrilla colombiana de las FARC ha encontrado su santuario en la Venezuela de Hugo Chávez. Cuatro desertores y varias fuentes de los servicios de inteligencia y diplomáticos detallan a EL PAÍS la extensa y sistemática cooperación que determinadas autoridades venezolanas brindan a las FARC en sus operaciones de narcotráfico.
Algunos desertan de la guerrilla colombiana porque se sienten traicionados por sus jefes, hundidos ante la percepción de que el capitalismo salvaje del narcotráfico ha suplantado el altruismo socialista que les impulsó a tomar las armas. Otros se van porque sienten necesidad de volver a la vida familiar. Y otros porque, de repente, se convencen de que, si no huyen, morirán, como es el caso de Rafael, que desertó en septiembre tras año y medio operando en una de las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de territorio venezolano.
La lógica de Rafael es, a primera vista, perversa. Por un lado porque, como guerrillero desertor, que ha regresado a Colombia, sabe que vivirá el resto de sus días bajo la amenaza permanente de que sus ex compañeros lo asesinen; por otro, porque la lógica dice que para las FARC la vecina Venezuela es un refugio seguro. Las FARC comparten la ideología bolivariana del presidente Hugo Chávez, y el Ejército colombiano no se arriesgaría a violar la ley internacional y cruzar la frontera.
"Todo eso es verdad", explicó Rafael. "El Ejército colombiano no cruza la frontera, y la guerrilla tiene un pacto de no agresión con los militares venezolanos. El Gobierno venezolano deja a las FARC operar libremente porque comparten el mismo pensamiento bolivariano, y también porque las FARC pagan sobornos a su gente".
Entonces, ¿de qué ha huido?
"De una peligrosidad mucho mayor a la que me enfrento ahora: de los combates casi diarios dentro de Venezuela con los elenos [la guerrilla del ELN]".
Pero ¿no comparte el Ejército de Liberación Nacional los principios marxistas que llevaron a ambas organizaciones a la guerra hace 40 años? "Puede ser", responde Rafael, "pero esto no tiene nada que ver con política. La lucha con el ELN es por las rutas del tráfico de cocaína. Hay muchísimo dinero en juego en esa zona fronteriza donde la droga entra desde Colombia. Porque la línea más segura para llevar droga a Europa es por Venezuela".
EL PAÍS ha hablado con Rafael, que militó como guerrillero diez años, de los que tres estuvo en la cárcel, y con otros tres desertores de las FARC que se han entregado al Gobierno colombiano, acogidos por un programa de reinserción a la vida civil; también ha tenido acceso directo en Colombia y a diplomáticos y fuentes de alto nivel de los servicios de inteligencia y seguridad de varios países, individuos cuya peligrosa misión (por esto y en algunos casos por motivos políticos, insistieron en el anonimato antes de hablar con EL PAÍS) consiste en combatir el terrorismo y el narcotráfico internacional. Ambos objetivos confluyen en las FARC, más potente que cualquier cartel en el mercado global de la cocaína y calificada por la UE y EE UU como "organización terrorista".
Lo que aseguran un diplomático europeo y diversas fuentes oficiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS es que existe complicidad y compenetración de elementos importantes del Estado que preside Hugo Chávez en las actividades mafiosas y militares de la organización guerrillera más antigua del mundo. La conclusión a la que un diplomático europeo y todas las fuentes oficiales consultadas han llegado es que la complicidad es activa y constante a niveles operativos, en las zonas donde se despliega la actividad militar y narcotraficante; y más pasiva cuanto más alta la esfera del Gobierno venezolano, hasta llegar al presidente Chávez, al que ninguna fuente consultada -ni siquiera en el anonimato más extremo- acusa de complicidad directa con el gigantesco negocio del narcotráfico colombiano. Lo que a esos mismos medios les cuesta creer es que no esté enterado del grado de colusión que hay entre sus fuerzas armadas y los altos mandos de las FARC. También dudan de que no esté enterado del grado de involucración de las FARC en el tráfico de cocaína.
EL PAÍS, pese a sus numerosos intentos, no logró obtener -hasta el cierre la noche del jueves de esta edición- una reacción de las autoridades venezolanas a las declaraciones recogidas en este reportaje.
Se sabía ya que, durante varios años, las FARC habían utilizado el lado venezolano de la frontera colombiana como refugio. Pocos dudan de que, si no fuera por la cocaína -la gasolina que alimenta la guerra colombiana-, las FARC se habrían extinguido como las demás guerrillas latinoamericanas nacidas durante la guerra fría. Lo nuevo que revelan los testimonios recogidos por este diario es lo extensa y sistemática que es la cooperación en Venezuela con la narcoguerrilla en cuanto al transporte de la droga por aire, tierra y mar; al suministro de armas, y la protección sobre el terreno que reciben de sectores de las fuerzas armadas; y a la inmunidad legal de facto que les conceden elementos del Estado.
Se trata de un negocio ilegal gigantesco. Transita por Venezuela el 30% de las 600 toneladas de cocaína que se mueven anualmente por el mundo. Prácticamente la totalidad de la droga colombiana que sale por Venezuela tiene como destino Europa, con España y Portugal como principales puntos de entrada, y con un valor de mercado en las calles europeas por encima de los 10.000 millones de euros al año.
La infraestructura venezolana destinada al flujo de la cocaína ha crecido de manera exponencial, según las fuentes de inteligencia entrevistadas por EL PAÍS, durante los últimos cinco años de la presidencia de Hugo Chávez, cuya decisión de expulsar a la agencia antidroga norteamericana (DEA) de su país en 2005 fue celebrada tanto por las FARC como por sus socios en los carteles de droga convencionales. Como ha dicho Luis Hernando Gómez Bustamante, poderoso capo colombiano de la droga en manos de la policía de su país desde febrero, "Venezuela es el templo del narcotráfico".
Un diplomático europeo con muchos años de experiencia en América Latina expresó algo parecido de otra manera. "El país bolivariano, socialista, antiimperialista ejemplar que pretende crear Chávez está en vías de convertirse en un Estado narco, del mismo modo que las FARC se han convertido en guerrilleros narcos. Chávez quizá no lo entienda, pero este fenómeno corroerá a su país como un cáncer".
En cuanto al aspecto militar, o "terrorista", de las FARC, lo que los desertores entrevistados sostienen es que las autoridades venezolanas no sólo dan protección armada al menos a cuatro campamentos guerrilleros fijos en su país, sino que también hacen la vista gorda a programas de enseñanza que operan dentro de los campamentos para la fabricación de bombas. Rafael -alto, fibroso y de aspecto serio, correspondiendo a la imagen clásica del guerrillero latinoamericano- cuenta cómo él mismo fue adiestrado en Venezuela para participar en una serie de atentados en Bogotá, la capital colombiana. La colaboración se extiende supuestamente a la venta de armamento por las Fuerzas Armadas a las FARC; a proveer a miembros de la guerrilla con cédulas de identidad venezolanas, usando nombres falsos, y a los líderes de las FARC con pasaportes para que puedan viajar a Cuba y Europa; y a dejar que las FARC proporcionen entrenamiento militar a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Las FBL, conocidas también como los boliches, son una guerrilla creada por el Gobierno de Chávez con el supuesto propósito de defender la patria en caso de invasión norteamericana.
La expresión internacional más visible del terrorismo de las FARC ha sido la práctica de secuestrar a individuos con fines económicos o políticos, como es el caso de la ex candidata a la presidencia colombiana Ingrid Betancourt. Algunas de las fuentes de inteligencia con las que se entrevistó EL PAÍS afirman que tienen información sólida de que las FARC la retienen en territorio venezolano. Rafael, que dijo que estaba a punto de ser nombrado para un puesto de mando importante justo antes de desertar, sostuvo que a principios de año, y quizá después, Betancourt se encontraba en un pueblo fronterizo venezolano llamado Elorza, en el Estado de Apure, bajo la custodia de Germán Briceño Suárez, alias Grannobles, miembro del estado mayor de las FARC y jefe del Frente 10, en el que operaba Rafael. La lógica es que Elorza, donde Grannobles tiene una finca grande y lujosa protegida, según fuentes de inteligencia,por la Guardia Nacional y conocida por los guerrilleros de las FARC como Rancho Grande, está alejado del conflicto militar, lo que reduce las posibilidades de que muriese en un enfrentamiento, lo cual generaría un problema de imagen grave para las FARC, ya que Betancourt es también ciudadana francesa, y el presidente Nicolas Sarkozy se ha esforzado para lograr su liberación.
Rafael, elocuente pero no fanfarrón, reconoció que él mismo no había visto a Betancourt, sino que compañeros guerrilleros se lo habían dicho, y no todas las fuentes consultadas por EL PAÍS concurrían con la tesis de que ella estaba en Venezuela. En lo que sí hubo unanimidad fue en que Grannobles, cuya extradición busca Estados Unidos por narcotráfico y por el asesinato de tres norteamericanos en 1999 en suelo venezolano, maneja la logística narcoguerrillera en Venezuela. También es enlace para operaciones conjuntas con capos de los carteles, uno de los cuales Rafael dijo haber llevado a una reunión en Rancho Grande.
El contacto de Chávez con las FARC, afirmaron las fuentes de inteligencia, se lleva a cabo a través de uno de los siete líderes máximos de las FARC, Iván Márquez, que también tiene una finca en Venezuela y que se comunica con el presidente a través de contactos con los altos mandos de los servicios de inteligencia venezolanos. Como explicó un desertor de las FARC que había ocupado un cargo propagandístico importante en la organización, "Las FARC comparten tres principios bolivarianos con Chávez: la unidad latinoamericana, la lucha antiimperialista y la soberanía nacional. Las coincidencias ideológicas llevan a la convergencia en el plano táctico".
Las ventajas tácticas que emanan de la solidaridad bolivariana logran, según las fuentes, su máximo rendimiento en lo relacionado con la industria multinacional del narcotráfico. Existen diferentes métodos para enviar la cocaína de Colombia a Europa, aunque lo que siempre tienen en común es la colaboración por omisión, o comisión, de las autoridades venezolanas. La ruta más directa es la aérea. Consiste, según fuentes de inteligencia, en enviar avionetas desde pistas en lugares remotos de Colombia a aeródromos venezolanos. Ahí hay dos opciones. O parten las mismas avionetas rumbo a Haití o República Dominicana (una fuente dice que los vuelos no autorizados "sospechosos" se han incrementado de 3 a 15 por semana desde 2006), o la droga se traspasa a aviones que vuelan directamente a países de África occidental, como Guinea-Bissau o Ghana, de donde siguen por vía marítima a Portugal o Galicia, punto de entrada español del área europea de Schengen.
Uno de los guerrilleros desertores entrevistado por EL PAÍS, llamémosle Marcelo, narró el procedimiento para enviar droga en cantidades pequeñas a través de individuos (mulas) que la transportan en sus maletas en aviones comerciales. Marcelo desertó en agosto tras haber estado un año en un campamento venezolano de las FARC en La Uvita, Estado de Apure. Ágil en sus movimientos, menudo y de mente ordenada, sólo militó en la guerrilla de las FARC 15 meses, pero sus jefes le procuraron rápidamente una cédula de identidad venezolana, con lo cual cruzaba la frontera y transitaba por Venezuela sin problemas.
"Una vez", recuerda, "fui al aeropuerto de Bogotá a recoger a un portorriqueño y llevarlo a Venezuela. Él cruzó la frontera conmigo después de convenir un precio con los guardias venezolanos. Lo llevé en carro particular a Caracas y de ahí viajó a España en avión con la droga en la maleta. Llegó sin problemas. Me lo confirmó Pizarro, un mando nuestro con 120 hombres bajo su cargo, que habló con su contacto en España, que se llamaba Dani".
Marcelo participó en "ocho o nueve" misiones de este tipo a lo largo de 12 meses. "Operar en Venezuela es lo más fácil que hay", sostiene. "La guerrilla de las FARC está de lleno allá, y la Guardia Nacional, el Ejército y otros venezolanos con cargos oficiales les ofrecen sus servicios, a cambio de dinero. Nunca hay enfrentamientos entre las FARC y la Guardia o el Ejército". Rafael asegura que participó en varios operativos cuyo fin era enviar la droga por vía marítima desde puertos caribeños. Su rango en las FARC era más alto que el de Marcelo y tuvo más acceso a información confidencial.
"Se recibe la mercancía en la frontera, transportada en camiones", explica Rafael. "Cuando llega el vehículo, la Guardia Nacional venezolana ya lo sabe de antemano, ya están sobornados para que cruce a Venezuela sin problemas. A veces nos dan una escolta. Entonces, yo y otros compañeros nos subimos o al mismo camión con el chófer, o en un carro particular que les acompaña. Hacemos el viaje, de unas 16 horas, hasta Puerto Cabello, sobre el mar al oeste de Caracas. Ahí entra el camión en una gran bodega controlada por venezolanos y gente de las FARC que se encarga de la seguridad. Efectivos de la Armada venezolana se encargan de los controles de aduanas y de la salida de los barcos. Tenían conocimiento de lo que estaba pasando y lo facilitaban todo".
Fuentes de inteligencia que analizan las rutas de salida de Puerto Cabello dijeron que de ahí parten embarcaciones pequeñas hacia Haití o la República Dominicana, desde donde se hace el transbordo a barcos grandes que llevan la droga a Europa, o directamente cruzan el océano a África o Europa en, por ejemplo, pesqueros. Un caso notable fue el del pesquero venezolano Zeus X, que fue interceptado por la Agencia Tributaria española en septiembre, a 1.050 millas de Las Palmas, con seis venezolanos a bordo y un cargamento de 3.200 kilos de cocaína con precio de venta en Europa estimado en 190 millones de euros.
Rafael dijo que no sólo acompañaba a los camiones que viajaban entre la frontera y el mar, sino que una vez permaneció un mes en Puerto Cabello, donde se quedó en un hotel, haciendo trabajos de "seguridad". "Hubo pérdidas de mercancía y robos. Dimos plomo. Murieron muchos, por robo o por traición". Rafael asegura que no tuvo problemas con la policía venezolana, y menos cuando hacía sus viajes de vuelta, cargado de dinero llegado generalmente de España, dijo, a cambio de la droga. "Llevaba maletas grandes llenas de billetes de 500 euros, y se las entregaba a un mando de las FARC del Frente 10 en el lado venezolano de la frontera con Colombia".
El mismo procedimiento lo llevó a cabo utilizando el puerto de Maracaibo, que según las fuentes consultadas por EL PAÍS es "una especie de paraíso" para los narcotraficantes, entre los cuales se encuentra uno de los capos más buscados actualmente por las policías internacionales, Wilber Varela, conocido también como Jabón. "Se instalan en magníficas casas, compran fincas grandes y negocios en quiebra, y se convierten en personajes valiosos para las economías locales venezolanas", dijo una fuente policial. "Venezuela es para estos criminales un seguro de vida". Por eso, cuando la policía colombiana preguntan a sus homólogos venezolanos por el paradero de los capos mafiosos, la respuesta siempre es la misma: "No tenemos nada".
Esta convergencia táctica entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las FARC se extiende al terreno militar, al extremo de que hoy, según una fuente de inteligencia especialmente bien informada con la que habló EL PAÍS, la Guardia Nacional tiene retenes colocados alrededor de los campamentos guerrilleros. ¿Para qué? "Para darles protección, lo cual indica que hay conocimiento a muy alto nivel militar venezolano de la estrecha colaboración que tienen sus soldados con las FARC".
No siempre han estado tan claras las cosas. Otro desertor de las FARC, de seudónimo Humberto, recordó cómo, en enero de 2004, casi hubo un grave choque entre el Ejército venezolano y la guerrilla colombiana en una región fronteriza llamada La Guajira. Según Humberto, que operó políticamente en la clandestinidad para las FARC en una importante ciudad colombiana durante cinco años antes de ingresar en la guerrilla como combatiente en 2005, el incidente ocurrió al margen de una reunión política de revolucionarios de varios países latinoamericanos en un campamento de las FARC en Venezuela. Allí estaban destacados unos 150 guerrilleros liderados por el embajador de las FARC en Venezuela, Iván Márquez. "De repente oímos un bombardeo aéreo cerca del campamento y después nos enteramos de que se acercaba una columna del Ejército venezolano", señala. "La tropa llegó al borde del campamento, pero cuando parecía que iba a haber un choque, los comandantes de ambos bandos empezaron a hablar y acabaron bebiendo vodka juntos, celebrando el hecho de que los dos estaban al mando de ejércitos bolivarianos".
Humberto, un ex universitario que había brillado en su juventud por su fervor revolucionario, desertó en octubre de este año en gran parte porque había visto cómo ese tipo de escena festiva, lubricada por el alcohol, había llegado a definir el estilo de vida de algunos altos mandos de las FARC. "Nosotros los guerrilleros de a pie, los milicianos, sufríamos permanentemente por falta de abastecimiento. Caminábamos todo el día y pasábamos hambre. El problema dejaba de ser militar y se convertía en uno de supervivencia básica. Pero en lo que no me dejaba de fijar era en que mientras nosotros sufríamos, los mandos no sólo comían bien, sino que también bebían whisky y se acostaban con mujeres hermosas. Fue una enorme decepción".
Rafael no pareció padecer esos mismos escrúpulos. La ausencia de valoración moral cuando describió sus actividades narcotraficantes lo indicaba. Lo mismo le parecía cumplir con trabajos directamente ligados a su original vocación guerrillera como viajar a Caracas a recoger armamentos que las FARC compraban de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ésta es una de las dimensiones tácticas más sistematizadas de la cooperación entre Venezuela y las FARC.
Entre otros casos similares, Rafael relató cómo viajó en coche particular, un Toyota Corolla, con un capitán de la Guardia Nacional llamado Pedro Mendoza, a una base militar grande en las afueras de Caracas llamada Fuerte Tiuna. Entró en la base con el capitán, que le entregó ocho fusiles. Volvieron a la frontera con los fusiles en el maletero del coche. Según Rafael, elementos de la Guardia Nacional también suministraron a las FARC granadas, lanzagranadas y material explosivo de base petrolífera C-4 usado para fabricar bombas.
Una fuente de inteligencia confirmó que estos pequeños movimientos de armas ocurrían a gran escala. "Lo que ocurre es que la droga va de Colombia a Venezuela, y las armas vienen de Venezuela a Colombia. No son cargamentos grandes, sino que hay un flujo pequeño pero constante: 5.000 cartuchos, seis fusiles... Es muy difícil de detectar porque hay muchas pequeñas redecitas, muy bien coordinadas por especialistas de las FARC".
Rafael operaba directamente con estos especialistas, tanto en el tráfico de armas como en el de cocaína, hasta que tomó la decisión de cambiar de vida. La convicción de que su suerte se iba a acabar llegó en agosto de este año. "En junio y julio había recibido cursos en la fabricación de explosivos, junto con efectivos de las milicias de Chávez, de los boliches del FBL. Aprendimos, ahí en un campamento dentro de Venezuela, cómo armar diferentes tipos de minas quiebrapatas y cazabobos, y a armar bombas con C-4 recibido de la Guardia Nacional. También nos enseñaron a detonar bombas de manera controlada usando teléfonos celulares". Le estaban preparando, dijo, para una misión en Bogotá. "Nos dieron fotos de los objetivos. Íbamos a operar junto a dos grupos de las FARC destacados en la capital. Íbamos a poner bombas. Cuando se acercaba la fecha empecé a reflexionar que ya no podía seguir así. Primero, por el peligro de los choques con los elenos, y ahora, la posibilidad real de que me detuvieran -y ya pasé varios años en la cárcel por mi actividad en las FARC- o me mataran las fuerzas de seguridad en Bogotá. A finales de agosto me escapé, y en septiembre me entregué".
Un diplomático europeo que conoce bien la situación general del narcotráfico y la guerrilla en Colombia, y que ha oído el testimonio de Rafael, hizo una comparación entre las actividades de las FARC en Venezuela y una hipotética actividad similar de ETA en un país vecino de España. "Imaginemos que ETA tuviera una escuela de fabricación de bombas en Portugal dentro de campamentos protegidos por la policía portuguesa, y que planeara detonar esas bombas en Madrid. Imaginemos que las autoridades portuguesas dotaran de armamentos a ETA, a cambio de dinero obtenido a través del tráfico de drogas, en el que las autoridades portuguesas también colusionaran. Sería un escándalo de enormes proporciones. Pues eso, en gran escala, es lo que está permitiendo que ocurra hoy el Gobierno de Venezuela".
"La verdad", explica un alto mando policial, "es que si Venezuela hiciera un mínimo esfuerzo para colaborar con la comunidad internacional, la diferencia sería enorme. Podríamos fácilmente recuperar dos toneladas más de cocaína por mes sólo con una pequeña vuelta de tuerca por su parte. No lo hacen porque hay mucha corrupción, pero también, y éste es el motivo más de fondo, por su actitud antiimperialista. 'Si esto les jode a los imperialistas', piensan, '¿cómo les vamos a ayudar?'. La clave es la voluntad política. Y no la hay".
Una lógica similar se extiende, según la fuente de inteligencia de más alto rango entrevistada por EL PAÍS, al tema de los secuestrados de las FARC. "Si Chávez quisiera, podría forzar la liberación de Betancourt mañana mismo, independientemente de si está en Venezuela o Colombia. Les dice a las FARC: 'La entregan o se acaba el juego acá en Venezuela'. La dependencia que se han creado las FARC en Venezuela es de una dimensión tan enorme que no se podrían arriesgar a decirle que no".
© Diario EL PAÍS S.L. -
542 millones de pesos deberá pagar la Nación a familiares de desaparecida en el Palacio de Justicia
Diciembre 14 de 2007 -
542 millones de pesos deberá pagar la Nación a familiares de desaparecida en el Palacio de Justicia
Ana Rosa Castiblanco, que tenía 7 meses de embarazo en el momento de su desaparición, trabajaba en la cafetería de Palacio. Su cuerpo fue hallado en 1998, pero solo fue identificado tres años después.
Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tomó la decisión, son hechos probados que en la contratoma del Palacio "el Ejército y la Policía irrumpieron con armamento bélico de alto poder de destrucción, sin tener cuidado en preservar la integridad, salud y vida de las personas que allí se encontraban" como rehenes del M-19.
También, que agentes del Estado "impidieron y obstaculizaron el hallazgo e identificación de los cadáveres (...) y los sepultaron en forma apresurada en fosas comunes, sin previa identificación".
Concluyó que "las fuerzas de seguridad del Estado incurrieron en una grave omisión en el cumplimiento de sus deberes (...) de brindar protección eficaz e idónea a los integrantes y a la sede de la cúpula de la justicia colombiana".
Y agregó: "Su conducta negligente y omisiva (...) permitió que miembros de la subversión se tomaran el Palacio...".
El fallo, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, fue dictado a favor de los seis miembros de la familia Castiblanco que recibirán en total una suma equivalente a 1.250 salarios mínimos mensuales.
Ana Rosa Castiblanco, que tenía 32 años de edad en el momento de la toma, estaba entre los once empleados de la cafetería del Palacio de Justicia que desaparecieron tras la recuperación del edificio, que duró dos días en manos del M-19 (el 6 y 7 de noviembre de 1985).
Su identidad se confirmó en el 2001, gracias a las comparaciones genéticas con el ADN de su madre, María, y el de su hijo Raúl.
Esta es la segunda condena a la Nación por los desaparecidos del Palacio. En 1996, el mismo tribunal condenó a pagar 30 millones de ese entonces por la desaparición de Héctor Jaime Beltrán.
Para decidir a favor de la familia Castiblanco, los magistrados retomaron los expedientes de los últimos 20 años sobre lo que sucedió en esos dos días en el Palacio.
Se trata del Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia realizado por el Tribunal Especial de Instrucción, que entregó sus conclusiones en junio de 1986, y los que ha hecho la Comisión de la Verdad, que el próximo año revelará su último informe.
A esto se sumaron los testimonios de familiares y de allegados a los Castiblanco que narraron el drama que vivieron por casi tres lustros en la búsqueda de Ana Rosa.
Los magistrados de Cundinamarca coinciden con otras decisiones judiciales en que los primeros responsables de la tragedia fueron los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio a sangre y fuego. Calificaron la toma como un "acto vandálico sin ninguna justificación ética, política y jurídica civilizada".
Sin embargo, la sentencia dice que "no lo es menos que el operativo militar desarrollado por las autoridades (...) que se hizo con total menosprecio de la vida y los derechos de los rehenes y de los insurrectos fuera de combate".
Durante el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió con el argumento de que no estaba probado que el Estado fuera el responsable por la muerte y la desaparición de la señora Castiblanco.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, que también estaba demandado pero fue absuelto, también acudió a esos argumentos.
Sobre este último punto, el Tribunal aseguró que si bien no hay un fallo definitivo en proceso penal contra un agente estatal por el delito de desaparición y muerte de la empleada de la cafetería, "los hechos ciertos son que ella (Ana Rosa) estaba trabajando en la cafetería el día de la toma y no apareció ni viva ni muerta luego de la finalización del operativo militar".
Y aunque se abstuvieron de condenar a la Presidencia por los hechos, los magistrados aseguran que la actitud del alto Gobierno fue "altamente omisiva" durante los hechos del Palacio.
542 millones de pesos deberá pagar la Nación a familiares de desaparecida en el Palacio de Justicia
Ana Rosa Castiblanco, que tenía 7 meses de embarazo en el momento de su desaparición, trabajaba en la cafetería de Palacio. Su cuerpo fue hallado en 1998, pero solo fue identificado tres años después.
Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tomó la decisión, son hechos probados que en la contratoma del Palacio "el Ejército y la Policía irrumpieron con armamento bélico de alto poder de destrucción, sin tener cuidado en preservar la integridad, salud y vida de las personas que allí se encontraban" como rehenes del M-19.
También, que agentes del Estado "impidieron y obstaculizaron el hallazgo e identificación de los cadáveres (...) y los sepultaron en forma apresurada en fosas comunes, sin previa identificación".
Concluyó que "las fuerzas de seguridad del Estado incurrieron en una grave omisión en el cumplimiento de sus deberes (...) de brindar protección eficaz e idónea a los integrantes y a la sede de la cúpula de la justicia colombiana".
Y agregó: "Su conducta negligente y omisiva (...) permitió que miembros de la subversión se tomaran el Palacio...".
El fallo, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, fue dictado a favor de los seis miembros de la familia Castiblanco que recibirán en total una suma equivalente a 1.250 salarios mínimos mensuales.
Ana Rosa Castiblanco, que tenía 32 años de edad en el momento de la toma, estaba entre los once empleados de la cafetería del Palacio de Justicia que desaparecieron tras la recuperación del edificio, que duró dos días en manos del M-19 (el 6 y 7 de noviembre de 1985).
Su identidad se confirmó en el 2001, gracias a las comparaciones genéticas con el ADN de su madre, María, y el de su hijo Raúl.
Esta es la segunda condena a la Nación por los desaparecidos del Palacio. En 1996, el mismo tribunal condenó a pagar 30 millones de ese entonces por la desaparición de Héctor Jaime Beltrán.
Para decidir a favor de la familia Castiblanco, los magistrados retomaron los expedientes de los últimos 20 años sobre lo que sucedió en esos dos días en el Palacio.
Se trata del Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia realizado por el Tribunal Especial de Instrucción, que entregó sus conclusiones en junio de 1986, y los que ha hecho la Comisión de la Verdad, que el próximo año revelará su último informe.
A esto se sumaron los testimonios de familiares y de allegados a los Castiblanco que narraron el drama que vivieron por casi tres lustros en la búsqueda de Ana Rosa.
Los magistrados de Cundinamarca coinciden con otras decisiones judiciales en que los primeros responsables de la tragedia fueron los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio a sangre y fuego. Calificaron la toma como un "acto vandálico sin ninguna justificación ética, política y jurídica civilizada".
Sin embargo, la sentencia dice que "no lo es menos que el operativo militar desarrollado por las autoridades (...) que se hizo con total menosprecio de la vida y los derechos de los rehenes y de los insurrectos fuera de combate".
Durante el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió con el argumento de que no estaba probado que el Estado fuera el responsable por la muerte y la desaparición de la señora Castiblanco.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, que también estaba demandado pero fue absuelto, también acudió a esos argumentos.
Sobre este último punto, el Tribunal aseguró que si bien no hay un fallo definitivo en proceso penal contra un agente estatal por el delito de desaparición y muerte de la empleada de la cafetería, "los hechos ciertos son que ella (Ana Rosa) estaba trabajando en la cafetería el día de la toma y no apareció ni viva ni muerta luego de la finalización del operativo militar".
Y aunque se abstuvieron de condenar a la Presidencia por los hechos, los magistrados aseguran que la actitud del alto Gobierno fue "altamente omisiva" durante los hechos del Palacio.
Gobierno me ocultó expediente que vincula padre de Uribe con la muerte del mío: Zar Anticorrupción
Diciembre 14 de 2007 - 8:44 a.m.
Gobierno me ocultó expediente que vincula padre de Uribe con la muerte del mío: Zar Anticorrupción
César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Casa de Nariño, aseguró que sólo recibió un correo electrónico sin facsímiles del expediente y que no consideró necesario compartirlo con Rodrigo Lara R.
La polémica se desató cuando el pasado domingo el diario estadounidense 'El Nuevo Herald' publicara un artículo donde, basándose en el expediente sobre la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, se asegura que un helicóptero de propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, fue incautado en un allanamiento en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá, a principios de los años 80.
Según la publicación, el inmolado Ministro de Justicia dijo a varias personas antes de su muerte que esa operación iba a causar su muerte. Cecilia, hermana del ex ministro, citada por la publicación, aseguró que Lara mencionaba al actual Presidente y a su padre, como ejemplo de la infiltración de la mafia en las instituciones.
En entrevista con 'La W', Rodrigo Lara Restrepo reiteró que su renuncia se debe a que el Gobierno no le comunicó sobre las pesquisas de Gerardo Reyes, que se conocían desde octubre pasado, cuando el comunicador envió un correo electrónico pidiendo un pronunciamiento de Uribe sobre el tema de Tranquilandia.
Lara se enteró del tema a raíz de una llamada de Reyes. "¡Cómo es posible que todo el mundo sepa y a mí no me cuenten! Si a mí no me llama el periodista yo me levanto el domingo y desayuno con esa noticia", dijo.
Según el ex Zar Antisecuestro, desde el 23 de octubre, funcionarios de Palacio sabían que se estaba escribiendo un artículo sobre el tema, y César Mauricio Velásquez -jefe de prensa-, José Obdulio Gaviria y el presidente estaban al tanto de la situación, pero nunca le dijeron nada.
"Yo llame a José Obdulio y no me dieron una explicación satisfactoria... él me dijo que la oposición intentaba constantemente criminalizar el comportamiento del Presidente, que es una explicación válida, pero no respondió mi interrogante".
Lara asegura que sigue creyendo en el gobierno y que está seguro que esta administración "está combatiendo el narcotráfico, está extraditando bandidos", pero que lo más respetuoso con él mismo y con la memoria de su papá era renunciar.
También dijo que nunca había leído el documento judicial porque "nunca llegó a nada".
Gerardo Reyes controvierte versión del jefe de prensa de Palacio
En entrevista con 'La W', César Mauricio Velásquez dijo que recibió un correo electrónico de Reyes solicitándole un pronunciamiento del presidente Uribe sobre el caso de Tranquilandia, pero negó que allí se incluyeran los testimonios de Cecilia Lara.
Esto contradice la versión de Reyes, quien leyó en la emisora el texto del correo.
Velasquez dijo que la Casa de Nariño decidió no responderle al periodista porque malinterpreta las respuestas, calumnia, presenta comunicados de prensa "recortados" y "siempre mancilla el nombre del Presidente (...)". " Si te respondemos (Gerardo), perdemos, y si no te respondemos, igual", finalizó el funcionario.
Reyes lo instó a demostrar lo anterior.
Velásquez aseguró que nunca recibió los fascímiles y archivos adjuntos del expediente de la muerte de Lara Bonilla que Reyes asegura haberle enviado, y que en ese momento "no se me pasa por la cabeza comentarle a Rodrigo (Lara)" lo que estaba sucediendo.
José Obdulio Gaviria llamó a los directores de 'La W' y anunció que que no va a referirse al tema.
Velásquez señaló que la Presidencia expidió esta semana un comunicado en el que aclara todo lo relacionado con el mencionado helicóptero y con documentos notariales e históricos demuestran que la familia del presidente no tenía nada que ver con el helicóptero incautado en Tranquilandia.
Carta de Gobierno a 'El Nuevo Herald'
El Gobierno colombiano envió ayer una carta al director del periódico El Nuevo Herald en la que reitera que el padre del presidente Álvaro Uribe no era dueño de un helicóptero incautado en 1984 en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá.
En la carta, se anexa un aviso publicitario aparecido en la revista Cromos, el 22 de mayo de ese año, en el que Carlos Amórtegui, representante legal de Aerofoto Amórtegui & Compañía Limitada, hace constar que el aparato fue vendido el 6 de febrero de ese año por el señor Alberto Uribe Sierra, el padre del Presidente.
"Como en reiteradas ocasiones uno de sus periodistas ha intentado mancillar la honra del Presidente de Colombia, me permito anexar el aviso publicado en la revista Cromos. El periodista lo desconoció como elemento de información, porque el aviso hubiese desbaratado todas las afirmaciones calumniosas", dice la carta del Gobierno.
La carta se refiere al periodista Gerardo Reyes, autor del artículo publicado en El Nuevo Herald.
La carta del Gobierno Nacional a 'El Nuevo Herald' recuerda que el presidente Uribe ha desvirtuado "decenas de veces la infamia" a la que se hace referencia.
"Colombia no puede trenzarse en un debate cíclico con individuos empeñados en desacreditarla e injuriar a sus autoridades legítimas", finaliza la carta.
Gobierno me ocultó expediente que vincula padre de Uribe con la muerte del mío: Zar Anticorrupción
César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Casa de Nariño, aseguró que sólo recibió un correo electrónico sin facsímiles del expediente y que no consideró necesario compartirlo con Rodrigo Lara R.
La polémica se desató cuando el pasado domingo el diario estadounidense 'El Nuevo Herald' publicara un artículo donde, basándose en el expediente sobre la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, se asegura que un helicóptero de propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, fue incautado en un allanamiento en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá, a principios de los años 80.
Según la publicación, el inmolado Ministro de Justicia dijo a varias personas antes de su muerte que esa operación iba a causar su muerte. Cecilia, hermana del ex ministro, citada por la publicación, aseguró que Lara mencionaba al actual Presidente y a su padre, como ejemplo de la infiltración de la mafia en las instituciones.
En entrevista con 'La W', Rodrigo Lara Restrepo reiteró que su renuncia se debe a que el Gobierno no le comunicó sobre las pesquisas de Gerardo Reyes, que se conocían desde octubre pasado, cuando el comunicador envió un correo electrónico pidiendo un pronunciamiento de Uribe sobre el tema de Tranquilandia.
Lara se enteró del tema a raíz de una llamada de Reyes. "¡Cómo es posible que todo el mundo sepa y a mí no me cuenten! Si a mí no me llama el periodista yo me levanto el domingo y desayuno con esa noticia", dijo.
Según el ex Zar Antisecuestro, desde el 23 de octubre, funcionarios de Palacio sabían que se estaba escribiendo un artículo sobre el tema, y César Mauricio Velásquez -jefe de prensa-, José Obdulio Gaviria y el presidente estaban al tanto de la situación, pero nunca le dijeron nada.
"Yo llame a José Obdulio y no me dieron una explicación satisfactoria... él me dijo que la oposición intentaba constantemente criminalizar el comportamiento del Presidente, que es una explicación válida, pero no respondió mi interrogante".
Lara asegura que sigue creyendo en el gobierno y que está seguro que esta administración "está combatiendo el narcotráfico, está extraditando bandidos", pero que lo más respetuoso con él mismo y con la memoria de su papá era renunciar.
También dijo que nunca había leído el documento judicial porque "nunca llegó a nada".
Gerardo Reyes controvierte versión del jefe de prensa de Palacio
En entrevista con 'La W', César Mauricio Velásquez dijo que recibió un correo electrónico de Reyes solicitándole un pronunciamiento del presidente Uribe sobre el caso de Tranquilandia, pero negó que allí se incluyeran los testimonios de Cecilia Lara.
Esto contradice la versión de Reyes, quien leyó en la emisora el texto del correo.
Velasquez dijo que la Casa de Nariño decidió no responderle al periodista porque malinterpreta las respuestas, calumnia, presenta comunicados de prensa "recortados" y "siempre mancilla el nombre del Presidente (...)". " Si te respondemos (Gerardo), perdemos, y si no te respondemos, igual", finalizó el funcionario.
Reyes lo instó a demostrar lo anterior.
Velásquez aseguró que nunca recibió los fascímiles y archivos adjuntos del expediente de la muerte de Lara Bonilla que Reyes asegura haberle enviado, y que en ese momento "no se me pasa por la cabeza comentarle a Rodrigo (Lara)" lo que estaba sucediendo.
José Obdulio Gaviria llamó a los directores de 'La W' y anunció que que no va a referirse al tema.
Velásquez señaló que la Presidencia expidió esta semana un comunicado en el que aclara todo lo relacionado con el mencionado helicóptero y con documentos notariales e históricos demuestran que la familia del presidente no tenía nada que ver con el helicóptero incautado en Tranquilandia.
Carta de Gobierno a 'El Nuevo Herald'
El Gobierno colombiano envió ayer una carta al director del periódico El Nuevo Herald en la que reitera que el padre del presidente Álvaro Uribe no era dueño de un helicóptero incautado en 1984 en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá.
En la carta, se anexa un aviso publicitario aparecido en la revista Cromos, el 22 de mayo de ese año, en el que Carlos Amórtegui, representante legal de Aerofoto Amórtegui & Compañía Limitada, hace constar que el aparato fue vendido el 6 de febrero de ese año por el señor Alberto Uribe Sierra, el padre del Presidente.
"Como en reiteradas ocasiones uno de sus periodistas ha intentado mancillar la honra del Presidente de Colombia, me permito anexar el aviso publicado en la revista Cromos. El periodista lo desconoció como elemento de información, porque el aviso hubiese desbaratado todas las afirmaciones calumniosas", dice la carta del Gobierno.
La carta se refiere al periodista Gerardo Reyes, autor del artículo publicado en El Nuevo Herald.
La carta del Gobierno Nacional a 'El Nuevo Herald' recuerda que el presidente Uribe ha desvirtuado "decenas de veces la infamia" a la que se hace referencia.
"Colombia no puede trenzarse en un debate cíclico con individuos empeñados en desacreditarla e injuriar a sus autoridades legítimas", finaliza la carta.
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