Capturado el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo
Por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, señalado por el mandatario local como auxiliar de la guerrilla, fue detenido este viernes Suárez Corzo en el palacio municipal de esta ciudad
El testimonio del ex paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, y las investigaciones de la Fiscalía delataron al actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, detenido este viernes por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez , quien se desempeñaba como asesor de la Alcaldía de esta ciudad hace cuatro años.
En mayo pasado ‘El Iguano’, quien trabajaba con Salvatore Mancuso en el Bloque Catatumbo de las autodefensas, dijo ante un juez de Justicia y Paz en Barranquilla que cuando era candidato a la alcaldía, Suárez le pidió a esta organización “neutralizar” a dos personas cercanas a la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con la versión del desmovilizado, la idea era que el grupo paramilitar debería tener participación en la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, siempre y cuando Suárez fuera elegido alcalde en el 2004.
Según un comunicado de la Fiscalía General, Ramiro Suárez está sindicado como “presunto determinador del homicidio agravado de Alfredo Enrique Flórez”, quien a su vez era la esposo de Ana María Flórez, ex directora seccional de Fiscalías de Norte de Santander, quien tiene una orden de captura por nexos con paramilitares.
Por esta razón, el CTI de la Fiscalía llegó esta mañana a la sede de la alcaldía de la capital nortesantandereana en busca del mandatario, para hacer efectiva una medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, proferida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH basado en pruebas testimoniales directas, en pruebas trasladadas y en inspecciones judiciales.
Curiosamente, decenas de personas se agolpaban a las afueras de la sede del alcalde para protestar por la medida, pues consideran que Suárez Corzo ha sido uno de los pocos que ha modernizado esta ciudad.
Corzo ya había sido capturado en 2004 por concierto para delinquir agravado. En ese entonces, quien lo delató fue un miembro de las AUC llamado Jonathan Sepúlveda.
“El capturado tiene conocimiento de una reunión entre un comandante con el alias ‘Andrés’ o ‘El Gato’, un agente de la Ponal (Policía Nacional) de apellido Soto y el candidato a la alcaldía Ramiro Suárez Corzo. Asegurando que el agente de apellido Soto es el enlace principal con los comandantes y Suárez Corzo (...) por intermedio de éste (Martín Soto), Ramiro Suárez mantiene la comunicación con ‘El Gato’ y la organización AUC, y es así como se coordinan algunos trabajos delictivos, como las muertes del doctor Enrique Flórez y el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez”, decía uno de los apartes del informe que rindió ante las autoridades el capturado (ver Artículos Relacionados). Sin embargo, la investigación precluyó en marzo del año siguiente, por falta de pruebas.
Publicado en www.semana.com
sábado, 8 de septiembre de 2007
Perdón y olvido
Perdón y olvido
Enviado por elturbion el Dom, 26/08/2007 - 11:31am. Opinión
Por: Juan Diego García
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Ahora, el presidente colombiano pretende convertir a los 'paras' en delincuentes políticos, mediante la figura jurídica de la sedición, pasando entonces de ser simples bandidos a convertirse en opositores ilegales del Estado. La reacción nacional ha sido inmediata: tras un agrio enfrentamiento con el Poder Judicial y el rechazo generalizado de la opinión pública, a Uribe no le queda sino el respaldo irrestricto de su bancada mayoritaria en un Parlamento desprestigiado y profundamente afectado por el escándalo de la 'parapolítica'. Si una nueva ley convierte a los paramilitares en sediciosos, éstos devienen automáticamente en actores políticos y sus actos adquieren la naturaleza de la conducta desinteresada, altruista y sin ánimo de lucro personal que se asocia comúnmente con el delito de sedición. El sedicioso es ilegal, sin duda, pero puede alegar una cierta legitimidad.
Pero todo se opone al deseo presidencial. Nada respalda la idea de un paramilitarismo políticamente opuesto al Estado e inspirado por motivaciones ajenas al beneficio personal o de grupo, que son, precisamente, las características del delito político de la sedición.
Para comenzar, los 'paras' justifican su existencia, precisamente, como auxiliares del Estado en su lucha contra la guerrilla y no como una fuerza opuesta al sistema: mal se puede aducir ahora que son luchadores políticos levantados en insurgencia contra el Estado. Más aún, la extrema derecha armada ha sido promovida, principalmente, desde el gobierno y la clase dominante y, aun en los casos de surgimiento espontáneo, siempre ha habido connivencia con el poder político y económico y entusiasmado apoyo de determinados sectores de la población. El Estado es responsable en unos casos por acción y en otros por omisión, y sólo una idea retorcida e interesada permitiría afirmar que los paramilitares nacen como una fuerza contra el Estado y el sistema. Las huestes armadas de la extrema derecha han sido un complemento -incómodo para los más puritanos- o un mal necesario -para los más cínicos-, pero en ningún caso enemigos del Estado.
Tampoco concurre la condición del desprendimiento personal y la inspiración altruista que va asociada a la figura de la sedición. Equivocados o no, los sediciosos no buscan el beneficio individual, no devengan un salario por su participación en la revuelta, alegan buscar el bien común y estar inspirados en una determinada ideología. Los 'paras' confiesan un anticomunismo feroz y se declaran abiertos defensores de la civilización occidental, cristiana y capitalista pero no actúan de manera desinteresada. Sus combatientes rasos ganan una mensualidad muy superior al salario mínimo y tienen derecho de saqueo -que practican con enorme entusiasmo, incluyendo las violaciones y otros delitos contra las personas-, todo lo cual anula la supuesta inspiración altruista de su compromiso. Ni hablar de los jefes medios y altos del paramilitarismo, que han amasado fortunas enormes al calor de la guerra, apropiándose de tierras, ganados y otros bienes, extorsionando sin medida y practicando a gran escala el tráfico de sustancias psicotrópicas ilegales. Además, su presencia en las instituciones públicas les ha permitido -mediante el terror- hacerse con buena parte del presupuesto de municipios y regiones enteras. Nada de esto se armoniza con la figura del sedicioso. En realidad, coincide plenamente con la conducta del mercenario o 'soldado de fortuna', quien también alega 'ideales' semejantes para lucrarse de la guerra.
La ayuda de los 'paras' a las autoridades –desbordadas, dicen, por la acción guerrillera- se hace mediante prácticas que violan gravemente las mismas leyes colombianas y resultan incompatibles con cualquier norma del Derecho Internacional Humanitario: secuestro y desaparición de civiles, robo y extorsión, masacres, ejecuciones extrajudiciales, etnocidio -contra minorías negras e indígenas-, terrorismo contra poblaciones enteras y contra dirigentes y activistas sociales, desplazamiento forzado de millones de campesinos -entre tres y seis millones, según la fuente-, torturas, vejaciones de todo tipo -incluido el descuartizamiento de sus víctimas-, allanamientos, intimidación y un largo etcétera del que son responsables directos y autores materiales. Unas prácticas, entonces, difícilmente asociables con los delitos conexos o asociados a la sedición y carentes por completo de carácter político.
Los paramilitares colombianos ni siquiera pueden alegar en su favor haber tenido que soportar la dura prueba de la lucha irregular y los rigores de la clandestinidad, que tanto afectan a revolucionarios y sediciosos. La insurgencia guerrillera no ha sido su objetivo directo y apenas han penetrado en las tupidas selvas del país en busca de sus odiados enemigos de la guerrilla. En realidad, se limitan a operar en los poblados y caseríos de las zonas guerrilleras y en las áreas urbanas, haciendo víctimas entre civiles desarmados que, en su opinión, eran simpatizantes de la guerrilla o directos aliados de la subversión. Los narcoparamilitares han vivido sin sobresaltos destacables, contando con la protección de las autoridades y, en caso de detención, tratados a cuerpo de rey, como bien mostraba un reciente documental del canal oficial de la televisión española (RTVE).
Cuando resultan demasiado incómodos, sencillamente 'fallecen' para ir a descansar discretamente en los Estados Unidos, Israel, Canadá o Europa. Así lo denuncian algunas organizaciones humanitarias y lo confirman las propias confesiones ante la justicia de algunos 'paras' destacados. Si se convierten en un riesgo grave para el proyecto paramilitar, una mano oportuna pone fin a sus vidas y anula el peligro de que hablen los que tanto saben.
Ahora, en un patético llamamiento, Uribe Vélez solicita a su mayoría parlamentaria que retuerzan una vez más la legislación vigente y conviertan a los paramilitares en delincuentes políticos, dando así un marco legal presentable al perdón y olvido. Una ley nueva que dificulte la oposición de los juristas -los de Colombia son especialmente rigurosos, tradicionalistas y formales- y pase el tamiz de los más exigentes. Todo con tal de poder cumplir con aquellos a quienes tanto debe.
Para compensar el estropicio, el presidente colombiano sorprende con nuevas propuesta a la guerrilla para que se avenga a un proceso de negociación, pero en términos mucho más restrictivos que los anteriores, que ya han sido rechazados por los insurgentes. Presa del nerviosismo que se ha generalizado en éste, su quinto año de gobierno, Álvaro Uribe parece dar palos de ciego. El estilo pendenciero del Primer Mandatario tampoco contribuye a mejorar la atmósfera propiciando algún acercamiento. Sus salidas inesperadas cambian de un día para otro la dirección de su política, desorientando a propios y ajenos: hoy promete sangre y fuego, y la liquidación final de la guerrilla, y mañana dice tender la mano a los insurgentes con propuestas que a éstos más les parecen provocaciones que sinceros deseos de dialogar.
Uribe no escucha ya ni a los suyos y se empeña en desconocer la realidad del conflicto: en arranques de dudosa lírica, en sus discursos exaltados se refiere a los guerrilleros con los peores epítetos posibles, mientras califica a los paramilitares de 'muchachos' equivocados a los cuales, por arte de sus deseos y compromisos, quiere ahora convertir en delincuentes políticos, cuando todas las evidencias indican lo contrario.
Para cualquiera que no comparta la teoría de la generación espontánea este acontecimiento suscita interrogantes de todo tipo. ¿Cómo explicar que una democracia como la colombiana, supuestamente modelo para el continente, genere en su seno un fenómeno tan monstruoso como el paramilitarismo? ¿Qué clase dirigente tiene Colombia que crea y tolera un fenómeno social tan perverso? ¿A qué intereses nacionales y extranjeros responde la ultraderecha colombiana? Por estos interrogantes habría que comenzar para el necesario establecimiento de unas responsabilidades que, sin ninguna duda, van mucho más allá de los personajes siniestros que constituyen las mal llamadas 'autodefensas' y a quienes Uribe Vélez desea convertir ahora en delincuentes políticos.
Publicado en www.elturbion.modep.org
Enviado por elturbion el Dom, 26/08/2007 - 11:31am. Opinión
Por: Juan Diego García
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Ahora, el presidente colombiano pretende convertir a los 'paras' en delincuentes políticos, mediante la figura jurídica de la sedición, pasando entonces de ser simples bandidos a convertirse en opositores ilegales del Estado. La reacción nacional ha sido inmediata: tras un agrio enfrentamiento con el Poder Judicial y el rechazo generalizado de la opinión pública, a Uribe no le queda sino el respaldo irrestricto de su bancada mayoritaria en un Parlamento desprestigiado y profundamente afectado por el escándalo de la 'parapolítica'. Si una nueva ley convierte a los paramilitares en sediciosos, éstos devienen automáticamente en actores políticos y sus actos adquieren la naturaleza de la conducta desinteresada, altruista y sin ánimo de lucro personal que se asocia comúnmente con el delito de sedición. El sedicioso es ilegal, sin duda, pero puede alegar una cierta legitimidad.
Pero todo se opone al deseo presidencial. Nada respalda la idea de un paramilitarismo políticamente opuesto al Estado e inspirado por motivaciones ajenas al beneficio personal o de grupo, que son, precisamente, las características del delito político de la sedición.
Para comenzar, los 'paras' justifican su existencia, precisamente, como auxiliares del Estado en su lucha contra la guerrilla y no como una fuerza opuesta al sistema: mal se puede aducir ahora que son luchadores políticos levantados en insurgencia contra el Estado. Más aún, la extrema derecha armada ha sido promovida, principalmente, desde el gobierno y la clase dominante y, aun en los casos de surgimiento espontáneo, siempre ha habido connivencia con el poder político y económico y entusiasmado apoyo de determinados sectores de la población. El Estado es responsable en unos casos por acción y en otros por omisión, y sólo una idea retorcida e interesada permitiría afirmar que los paramilitares nacen como una fuerza contra el Estado y el sistema. Las huestes armadas de la extrema derecha han sido un complemento -incómodo para los más puritanos- o un mal necesario -para los más cínicos-, pero en ningún caso enemigos del Estado.
Tampoco concurre la condición del desprendimiento personal y la inspiración altruista que va asociada a la figura de la sedición. Equivocados o no, los sediciosos no buscan el beneficio individual, no devengan un salario por su participación en la revuelta, alegan buscar el bien común y estar inspirados en una determinada ideología. Los 'paras' confiesan un anticomunismo feroz y se declaran abiertos defensores de la civilización occidental, cristiana y capitalista pero no actúan de manera desinteresada. Sus combatientes rasos ganan una mensualidad muy superior al salario mínimo y tienen derecho de saqueo -que practican con enorme entusiasmo, incluyendo las violaciones y otros delitos contra las personas-, todo lo cual anula la supuesta inspiración altruista de su compromiso. Ni hablar de los jefes medios y altos del paramilitarismo, que han amasado fortunas enormes al calor de la guerra, apropiándose de tierras, ganados y otros bienes, extorsionando sin medida y practicando a gran escala el tráfico de sustancias psicotrópicas ilegales. Además, su presencia en las instituciones públicas les ha permitido -mediante el terror- hacerse con buena parte del presupuesto de municipios y regiones enteras. Nada de esto se armoniza con la figura del sedicioso. En realidad, coincide plenamente con la conducta del mercenario o 'soldado de fortuna', quien también alega 'ideales' semejantes para lucrarse de la guerra.
La ayuda de los 'paras' a las autoridades –desbordadas, dicen, por la acción guerrillera- se hace mediante prácticas que violan gravemente las mismas leyes colombianas y resultan incompatibles con cualquier norma del Derecho Internacional Humanitario: secuestro y desaparición de civiles, robo y extorsión, masacres, ejecuciones extrajudiciales, etnocidio -contra minorías negras e indígenas-, terrorismo contra poblaciones enteras y contra dirigentes y activistas sociales, desplazamiento forzado de millones de campesinos -entre tres y seis millones, según la fuente-, torturas, vejaciones de todo tipo -incluido el descuartizamiento de sus víctimas-, allanamientos, intimidación y un largo etcétera del que son responsables directos y autores materiales. Unas prácticas, entonces, difícilmente asociables con los delitos conexos o asociados a la sedición y carentes por completo de carácter político.
Los paramilitares colombianos ni siquiera pueden alegar en su favor haber tenido que soportar la dura prueba de la lucha irregular y los rigores de la clandestinidad, que tanto afectan a revolucionarios y sediciosos. La insurgencia guerrillera no ha sido su objetivo directo y apenas han penetrado en las tupidas selvas del país en busca de sus odiados enemigos de la guerrilla. En realidad, se limitan a operar en los poblados y caseríos de las zonas guerrilleras y en las áreas urbanas, haciendo víctimas entre civiles desarmados que, en su opinión, eran simpatizantes de la guerrilla o directos aliados de la subversión. Los narcoparamilitares han vivido sin sobresaltos destacables, contando con la protección de las autoridades y, en caso de detención, tratados a cuerpo de rey, como bien mostraba un reciente documental del canal oficial de la televisión española (RTVE).
Cuando resultan demasiado incómodos, sencillamente 'fallecen' para ir a descansar discretamente en los Estados Unidos, Israel, Canadá o Europa. Así lo denuncian algunas organizaciones humanitarias y lo confirman las propias confesiones ante la justicia de algunos 'paras' destacados. Si se convierten en un riesgo grave para el proyecto paramilitar, una mano oportuna pone fin a sus vidas y anula el peligro de que hablen los que tanto saben.
Ahora, en un patético llamamiento, Uribe Vélez solicita a su mayoría parlamentaria que retuerzan una vez más la legislación vigente y conviertan a los paramilitares en delincuentes políticos, dando así un marco legal presentable al perdón y olvido. Una ley nueva que dificulte la oposición de los juristas -los de Colombia son especialmente rigurosos, tradicionalistas y formales- y pase el tamiz de los más exigentes. Todo con tal de poder cumplir con aquellos a quienes tanto debe.
Para compensar el estropicio, el presidente colombiano sorprende con nuevas propuesta a la guerrilla para que se avenga a un proceso de negociación, pero en términos mucho más restrictivos que los anteriores, que ya han sido rechazados por los insurgentes. Presa del nerviosismo que se ha generalizado en éste, su quinto año de gobierno, Álvaro Uribe parece dar palos de ciego. El estilo pendenciero del Primer Mandatario tampoco contribuye a mejorar la atmósfera propiciando algún acercamiento. Sus salidas inesperadas cambian de un día para otro la dirección de su política, desorientando a propios y ajenos: hoy promete sangre y fuego, y la liquidación final de la guerrilla, y mañana dice tender la mano a los insurgentes con propuestas que a éstos más les parecen provocaciones que sinceros deseos de dialogar.
Uribe no escucha ya ni a los suyos y se empeña en desconocer la realidad del conflicto: en arranques de dudosa lírica, en sus discursos exaltados se refiere a los guerrilleros con los peores epítetos posibles, mientras califica a los paramilitares de 'muchachos' equivocados a los cuales, por arte de sus deseos y compromisos, quiere ahora convertir en delincuentes políticos, cuando todas las evidencias indican lo contrario.
Para cualquiera que no comparta la teoría de la generación espontánea este acontecimiento suscita interrogantes de todo tipo. ¿Cómo explicar que una democracia como la colombiana, supuestamente modelo para el continente, genere en su seno un fenómeno tan monstruoso como el paramilitarismo? ¿Qué clase dirigente tiene Colombia que crea y tolera un fenómeno social tan perverso? ¿A qué intereses nacionales y extranjeros responde la ultraderecha colombiana? Por estos interrogantes habría que comenzar para el necesario establecimiento de unas responsabilidades que, sin ninguna duda, van mucho más allá de los personajes siniestros que constituyen las mal llamadas 'autodefensas' y a quienes Uribe Vélez desea convertir ahora en delincuentes políticos.
Publicado en www.elturbion.modep.org
Septiembre 8 de 2007 -
Comisión del CICR ya tiene indicaciones de dónde estarían cuerpos de los otros seis ex diputados
Ayer, el delegado del Comité en el suroccidente, Nicolás Von Arx, confirmó que ya fueron encontrados cinco cadáveres en el sitio que corresponde a las coordenadas entregadas por las Farc.
"Esto es positivo y los familiares están viendo las bondades de la misión humanitaria", dijo el defensor del Pueblo del Valle, Andrés Santamaría, a quien el delegado del CICR entregó la información a las 4:30 p.m. de ayer.La intención del organismo humanitario es tener todos los restos para trasladarlos a Cali en un solo viaje.
"Esperemos que todo salga bien y ojalá se den las condiciones para avanzar en los términos establecidos. De generarse un atraso en la operación, aspiramos a que el Gobierno Nacional autorice un nuevo plazo por el bienestar de las familias que llevan cinco días de espera", dijo el Defensor del Valle acerca del ultimátum fijado por el Gobierno hasta el domingo para las labores de búsqueda.
También el gobernador Angelino Garzón le solicitó al presidente Álvaro Uribe que retire el ultimátum. "Hay que reconocer el duro trabajo que viene realizando el Comité en una zona donde llueve día y noche, donde han tenido que abrir tres kilómetros de trocha por selva. Se trata de recuperar cadáveres con todas las técnicas que permitan conocer la verdad", dijo Garzón.
Por supuesto, los familiares de los ex diputados se se unieron a la solicitud. "Le pedimos (al Presidente) que deje terminar al CICR las labores, que no haya plazos definitivos", afirmó John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Hoyos.
Cali
Comisión del CICR ya tiene indicaciones de dónde estarían cuerpos de los otros seis ex diputados
Ayer, el delegado del Comité en el suroccidente, Nicolás Von Arx, confirmó que ya fueron encontrados cinco cadáveres en el sitio que corresponde a las coordenadas entregadas por las Farc.
"Esto es positivo y los familiares están viendo las bondades de la misión humanitaria", dijo el defensor del Pueblo del Valle, Andrés Santamaría, a quien el delegado del CICR entregó la información a las 4:30 p.m. de ayer.La intención del organismo humanitario es tener todos los restos para trasladarlos a Cali en un solo viaje.
"Esperemos que todo salga bien y ojalá se den las condiciones para avanzar en los términos establecidos. De generarse un atraso en la operación, aspiramos a que el Gobierno Nacional autorice un nuevo plazo por el bienestar de las familias que llevan cinco días de espera", dijo el Defensor del Valle acerca del ultimátum fijado por el Gobierno hasta el domingo para las labores de búsqueda.
También el gobernador Angelino Garzón le solicitó al presidente Álvaro Uribe que retire el ultimátum. "Hay que reconocer el duro trabajo que viene realizando el Comité en una zona donde llueve día y noche, donde han tenido que abrir tres kilómetros de trocha por selva. Se trata de recuperar cadáveres con todas las técnicas que permitan conocer la verdad", dijo Garzón.
Por supuesto, los familiares de los ex diputados se se unieron a la solicitud. "Le pedimos (al Presidente) que deje terminar al CICR las labores, que no haya plazos definitivos", afirmó John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Hoyos.
Cali
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Septiembre 8 de 2007 -
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5y1Gato, Bhang, La 45 y César López y su Orquesta Neutral prenderán la fiesta desde el mediodía en el parque de Lourdes, en Chapinero.
César López es el creador de la 'escopetarra', una guitarra fabricada con el armazón de uno de los fusiles que hasta hace poco empuñaba algún miembro de los grupos armados ilegales. Este año, la Semana por la Paz llevará el lema: "La verdad vence a la impunidad. La verdad, fuerza de la paz".
El evento central de la programación es el Primer Encuentro de Madres por la Vida. A esta cita, según los organizadores, acudirán 300 madres víctimas de la violencia, provenientes de todas las regiones del país. También estarán algunas familiares de personalidades asesinadas, como el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el humorista Jaime Garzón y la mamá de la fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, secuestrada por las Farc.
Ellas participarán en las mesas de trabajo en el Club de Ejecutivos y encabezarán un acto simbólico programado para el mediodía del miércoles en la Plaza de Bolívar. En esa jornada, las madres tejerán sobre un gran mapa de Colombia, el Mapa de la Memoria con las fotos de sus hijos muertos, desaparecidos o secuestrados.
Así mismo, se realizarán talleres y se dictarán conferencias sobre temas como el abuso sexual, la trata de blancas, la violencia intrafamiliar y el conflicto en las escuelas.
Además, habrá desfiles de comparsas y talleres y jornadas culturales con niños y jóvenes en Antioquia, Guajira, Risaralda, Caldas y Valle, entre otros.
Publicado en www.eltiempo.com
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5y1Gato, Bhang, La 45 y César López y su Orquesta Neutral prenderán la fiesta desde el mediodía en el parque de Lourdes, en Chapinero.
César López es el creador de la 'escopetarra', una guitarra fabricada con el armazón de uno de los fusiles que hasta hace poco empuñaba algún miembro de los grupos armados ilegales. Este año, la Semana por la Paz llevará el lema: "La verdad vence a la impunidad. La verdad, fuerza de la paz".
El evento central de la programación es el Primer Encuentro de Madres por la Vida. A esta cita, según los organizadores, acudirán 300 madres víctimas de la violencia, provenientes de todas las regiones del país. También estarán algunas familiares de personalidades asesinadas, como el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el humorista Jaime Garzón y la mamá de la fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, secuestrada por las Farc.
Ellas participarán en las mesas de trabajo en el Club de Ejecutivos y encabezarán un acto simbólico programado para el mediodía del miércoles en la Plaza de Bolívar. En esa jornada, las madres tejerán sobre un gran mapa de Colombia, el Mapa de la Memoria con las fotos de sus hijos muertos, desaparecidos o secuestrados.
Así mismo, se realizarán talleres y se dictarán conferencias sobre temas como el abuso sexual, la trata de blancas, la violencia intrafamiliar y el conflicto en las escuelas.
Además, habrá desfiles de comparsas y talleres y jornadas culturales con niños y jóvenes en Antioquia, Guajira, Risaralda, Caldas y Valle, entre otros.
Publicado en www.eltiempo.com
Recuperan cinco cadáveres de diputados muertos en cautiverio
Recuperan cinco cadáveres de diputados muertos en cautiverio
AP
El Universal
Cali, Colombia
Viernes 07 de septiembre de 2007
Advierte gobierno colombiano que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar la entrega de los restos; aún faltan seis cuerpos por recuperar
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el viernes la recuperación de cinco cadáveres de los 11 ex diputados regionales que murieron en cautiverio, mientras que el gobierno advirtió que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar esas tareas.
``Ya tenemos en nuestro poder cinco cuerpos, cuatro hoy (viernes) y uno el jueves``, dijo Carlos Ríos, asesor de prensa del CICR. ``Todo va muy bien y tenemos muy buenas posibilidades``.
Mas temprano Barbara Hintermann, jefe de la delegación de la CICR, dijo en entrevista con la radio W que el primer cadáver fue encontrado en el mismo lugar señalado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La CICR no ha identificado el cuerpo y no pudo confirmar si se trata de uno de los diputados ya que esa tarea corresponde a una comisión internacional de médicos forenses que todavía no ha examinado los restos.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que el congelamiento de las operaciones militares en la zona donde la CICR adelanta las operaciones para recuperar los cadáveres vencería el domingo.
``Más allá del domingo nos va a parecer muy difícil mantenerlo porque no podemos paralizar indefinidamente las operaciones militares en esa zona``, dijo Santos a la radio W.
Según Santos, la guerrilla estaría aprovechando esa parálisis para ``reorganizarse en esa zona, que es muy caliente (donde existen muchos combates)``.
Yves Heller, portavoz de la CICR, dijo a la AP que ``es muy difícil poner una fecha (para la recuperación de los cuerpos), por la situación en el terreno y la situación climática... si es necesario volveremos a pedir una extensión``.
En Cali, los familiares de los ex diputados seguían a la espera de información de la CICR y criticaron la decisión del gobierno de dar un plazo hasta el domingo para el retorno de los cuerpos.
Fabiola Perdomo, viuda de uno de los ex diputados y quien se ha convertido en portavoz de los familiares de los ex legisladores, criticó la decisión del gobierno y aseguró que las fuerzas militares deberían mantener el congelamiento hasta que se recuperen los cuerpos.
``El gobierno no logró proteger la vida de ellos. Ahora lo mínimo que puede hacer es ayudarnos para que regresen sus cuerpos``, dijo.
Los familiares esperan desde el lunes pasado el retorno de los cadáveres de los ex diputados, que fueron secuestrados por las FARC en el 2002 cuando un grupo de guerrilleros se hizo pasar por militares y evacuó la asamblea regional para llevarse a los ex legisladores.
Las FARC informaron sobre la muerte de los 11 ex diputados a finales de junio pasado y aseguraron que perecieron en medio de combates con un grupo armado que no identificó. El gobierno primero acusó a las FARC de ejecutar a sangre fría a los ex diputados, y luego dijo que murieron en medio de un confuso combate entre dos frentes de las FARC.
El caso enlutó al país y atizó el debate sobre un posible acuerdo humanitario que supondría la liberación de unos 45 rehenes de las FARC a cambio de la excarcelación de centenares de guerrilleros.
El presidente Alvaro Uribe rechaza la exigencia de la guerrilla de que despeje un territorio de 800 kilómetros cuadrados.
Las esperanzas de los familiares para que se logre el acuerdo se han vuelto a encender desde que el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que mediaría para lograr una aproximación entre las dos partes.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
AP
El Universal
Cali, Colombia
Viernes 07 de septiembre de 2007
Advierte gobierno colombiano que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar la entrega de los restos; aún faltan seis cuerpos por recuperar
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el viernes la recuperación de cinco cadáveres de los 11 ex diputados regionales que murieron en cautiverio, mientras que el gobierno advirtió que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar esas tareas.
``Ya tenemos en nuestro poder cinco cuerpos, cuatro hoy (viernes) y uno el jueves``, dijo Carlos Ríos, asesor de prensa del CICR. ``Todo va muy bien y tenemos muy buenas posibilidades``.
Mas temprano Barbara Hintermann, jefe de la delegación de la CICR, dijo en entrevista con la radio W que el primer cadáver fue encontrado en el mismo lugar señalado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La CICR no ha identificado el cuerpo y no pudo confirmar si se trata de uno de los diputados ya que esa tarea corresponde a una comisión internacional de médicos forenses que todavía no ha examinado los restos.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que el congelamiento de las operaciones militares en la zona donde la CICR adelanta las operaciones para recuperar los cadáveres vencería el domingo.
``Más allá del domingo nos va a parecer muy difícil mantenerlo porque no podemos paralizar indefinidamente las operaciones militares en esa zona``, dijo Santos a la radio W.
Según Santos, la guerrilla estaría aprovechando esa parálisis para ``reorganizarse en esa zona, que es muy caliente (donde existen muchos combates)``.
Yves Heller, portavoz de la CICR, dijo a la AP que ``es muy difícil poner una fecha (para la recuperación de los cuerpos), por la situación en el terreno y la situación climática... si es necesario volveremos a pedir una extensión``.
En Cali, los familiares de los ex diputados seguían a la espera de información de la CICR y criticaron la decisión del gobierno de dar un plazo hasta el domingo para el retorno de los cuerpos.
Fabiola Perdomo, viuda de uno de los ex diputados y quien se ha convertido en portavoz de los familiares de los ex legisladores, criticó la decisión del gobierno y aseguró que las fuerzas militares deberían mantener el congelamiento hasta que se recuperen los cuerpos.
``El gobierno no logró proteger la vida de ellos. Ahora lo mínimo que puede hacer es ayudarnos para que regresen sus cuerpos``, dijo.
Los familiares esperan desde el lunes pasado el retorno de los cadáveres de los ex diputados, que fueron secuestrados por las FARC en el 2002 cuando un grupo de guerrilleros se hizo pasar por militares y evacuó la asamblea regional para llevarse a los ex legisladores.
Las FARC informaron sobre la muerte de los 11 ex diputados a finales de junio pasado y aseguraron que perecieron en medio de combates con un grupo armado que no identificó. El gobierno primero acusó a las FARC de ejecutar a sangre fría a los ex diputados, y luego dijo que murieron en medio de un confuso combate entre dos frentes de las FARC.
El caso enlutó al país y atizó el debate sobre un posible acuerdo humanitario que supondría la liberación de unos 45 rehenes de las FARC a cambio de la excarcelación de centenares de guerrilleros.
El presidente Alvaro Uribe rechaza la exigencia de la guerrilla de que despeje un territorio de 800 kilómetros cuadrados.
Las esperanzas de los familiares para que se logre el acuerdo se han vuelto a encender desde que el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que mediaría para lograr una aproximación entre las dos partes.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
Así fue la infiltración paramilitar de la política en Colombia
Así fue la infiltración paramilitar de la política en Colombia
Vea el texto completo de la investigación que la corporación Nuevo Arco Iris presentó este jueves en Bogotá sobre la extensión del poder de las autodefensas a la esfera pública regional y nacional.
Por León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris
La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.
También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.
La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.
Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.
Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.
El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.
Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.
Publicado en www.semana.com
Vea el texto completo de la investigación que la corporación Nuevo Arco Iris presentó este jueves en Bogotá sobre la extensión del poder de las autodefensas a la esfera pública regional y nacional.
Por León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris
La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.
También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.
La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.
Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.
Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.
El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.
Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.
Publicado en www.semana.com
jueves, 6 de septiembre de 2007
Farc: “No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión
Farc: “No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión”
[ANNCOL]
Para conocimiento de todos los gobiernos y lectores en general publicamos esta misiva conocida por ANNCOL en el día de hoy, jueves 6 de septiembre.
[Carta abierta]
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado, con la finalidad de invitarlos a contribuir en la construcción de la Paz con Justicia Social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia que nuestra organización guerrillera, las FARC- EP, ha ido conquistando a través de estos más de cuarenta años de resistencia y lucha por los derechos del pueblo colombiano.
Creemos, como revolucionarios que somos, en la posibilidad de encontrar una salida política a esta guerra que desangra a Colombia. De parte nuestra hay, ténganlo por seguro, la más absoluta disposición para el diálogo y el entendimiento. Nuestros planteamientos revolucionarios nos indican que sólo con la participación de todos los colombianos y todas las colombianas podremos transformar a nuestra patria doliente en una donde florezcan la convivencia pacífica y la libertad.
Nuestra vocación de paz sigue incólume, pues somos una organización político militar alzada en armas contra el despotismo de quienes piensan que gobernar se reduce al innoble acto de reprimir salvajemente las expresiones de inconformidad que surgen, inevitablemente, a raíz del hambre y la miseria impuestas a las mayorías populares. Somos pueblo en armas; somos el ejército de ese pueblo que, inspirado en el ejemplo del Libertador Simón Bolívar, se ha levantado contra la violenta clase gobernante de nuestro país en procura de mejoras profundas a la vida de los colombianos.
Pero nuestra voluntad de paz para Colombia ha topado, una y otra vez, contra el obstáculo de una cúpula guerrerista enquistada en el poder. Esa cúpula, apoyada financiera y militarmente por los Estados Unidos, está encabezada el día de hoy por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha llegado, incluso, al extremo de legalizar a los paramilitares -despiadados asesinos de miles de colombianos- con tal de conservar el poder y los beneficios económicos que éste le reporta (incluyendo, por supuesto, el negocio del narcotráfico). El llamado escándalo de la narco-para-política está a la orden del día en nuestro país, al grado que puede escucharse a uno de los mayores asesinos de colombianos indefensos, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reclamar privilegios por haber cometido sus atrocidades en defensa del Estado. Y quién lo puede negar: el paramilitarismo y el narcotráfico están en las entrañas del Establecimiento y son la esencia misma del actual gobierno.
Ministros, militares de alto rango –activos y retirados-, legisladores, empresarios, ganaderos, embajadores, todos con las manos manchadas de sangre inocente; todos cerrando filas en torno al lucro personal y el poder, único horizonte de su labor política.
Es necesario, hoy más que nunca, que los gobiernos del mundo, bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional, tomen cartas en el asunto. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hacemos parte de las FARC- EP, aportamos diariamente todos nuestros esfuerzos en alcanzar la solución política de este conflicto, al igual que todos los colombianos que luchan sin descanso, desde todas las trincheras de la vida diaria, por la paz con justicia social.
La participación de la Comunidad Internacional en la búsqueda de una paz verdadera para Colombia –una paz apoyada, necesariamente, en la justicia social- debe ser, creemos, cada vez más decidida y firme. No podemos permitir que triunfe el unilateralismo del actual gobierno estadounidense. No podemos permitir que en su delirio imperial, George W. Bush y los señores de la guerra arrastren al mundo a una crisis más profunda que todas las que conocemos en la historia de la humanidad. No podemos permitir, tampoco, que George W.Bush siga enviando apoyo militar y financiero al gobierno de Uribe y los narco-paramilitares en nuestro país. Es necesario tomar medidas multilaterales para evitar que se repitan episodios vergonzosos para la humanidad: nuevos holocaustos cometidos contra los pueblos del mundo en nombre de la “democracia occidental”.
No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión. Es ahora cuando debe ser escuchada la voz de los pueblos; y la voz del pueblo colombiano es clara y firme: queremos paz con justicia social, no queremos más guerra fratricida, no queremos que el imperialismo estadounidense decida lo que sólo compete a los colombianos y a las colombianas decidir.
Es gracias al apoyo de los Estados Unidos que hoy puede sostenerse en pie la política represiva de Uribe llamada Seguridad Democrática. Bajo el pretexto de que la “democracia” se encuentra bajo amenaza del “terrorismo” en Colombia, Uribe y sus allegados ocultan la verdadera dimensión del conflicto. Quizá valdría la pena invertir la máxima de los propagandistas del régimen uribista y así tendríamos una explicación más cercana para explicar los temores que han llevado a quienes gobiernan a tornarse cada vez más represivos y sanguinarios: es el terrorismo el que actualmente está amenazado por la democracia. Del lado de la democracia verdadera estamos la insurgencia armada, el movimiento revolucionario y democrático que crece y se fortalece al resguardo de la clandestinidad, así como el movimiento popular de masas; del lado del terrorismo están los narco-paramilitares en el poder, ejerciendo el Terrorismo de Estado y cobrando una cuota de sangre cada vez más alta a nuestro pueblo.
Por eso, señores representantes de los gobiernos del mundo, es que creemos que tarde o temprano las cosas volverán a ser llamadas por su nombre, y el denigrante y absurdo adjetivo de “terroristas” que hoy nos endilgan la Casa Blanca y el gobierno de Uribe será revertido, con toda justicia, contra quienes hoy se amparan en eso para negar de manera necia y absurda la existencia del conflicto social y armado en nuestro país. Nosotros somos una organización político militar, alzada en armas en contra de la violencia oficial y en busca de transformaciones sociales profundas que permitan el crecimiento económico, político y social de nuestro pueblo, hacia la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Ese carácter de fuerza revolucionaria que se perfila como opción de poder, es decir, de fuerza beligerante, nos ha sido reconocido en más de una ocasión -y por la vía de los hechos- por distintos gobiernos nacionales con quienes hemos entablado diálogos (los más recientes durante el periodo de Andrés Pastrana, 1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos. En todo momento hemos demostrado cumplir sobradamente con los requerimientos para que nos sea otorgado el estatus de Beligerancia.
Somos un Ejército Revolucionario con una jerarquía de mandos estable y visible, con un proyecto político revolucionario; nos erigimos como opción de poder político y, sobre todo, tenemos propuestas claras para emprender un proceso de reconciliación entre los colombianos y reconstruir nuestra patria desde la voluntad popular.
Estamos seguros que su colaboración con la paz para Colombia será un gesto de dimensiones históricas para la paz mundial.
Agradecemos de antemano su atención y esperamos haber expuesto con claridad nuestras ideas.
Reciban un respetuoso saludo.
Atentamente,
Raúl Reyes
Jefe de la Comisión Internacional
Montañas de Colombia, Septiembre de 2007
[ANNCOL]
Para conocimiento de todos los gobiernos y lectores en general publicamos esta misiva conocida por ANNCOL en el día de hoy, jueves 6 de septiembre.
[Carta abierta]
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado, con la finalidad de invitarlos a contribuir en la construcción de la Paz con Justicia Social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia que nuestra organización guerrillera, las FARC- EP, ha ido conquistando a través de estos más de cuarenta años de resistencia y lucha por los derechos del pueblo colombiano.
Creemos, como revolucionarios que somos, en la posibilidad de encontrar una salida política a esta guerra que desangra a Colombia. De parte nuestra hay, ténganlo por seguro, la más absoluta disposición para el diálogo y el entendimiento. Nuestros planteamientos revolucionarios nos indican que sólo con la participación de todos los colombianos y todas las colombianas podremos transformar a nuestra patria doliente en una donde florezcan la convivencia pacífica y la libertad.
Nuestra vocación de paz sigue incólume, pues somos una organización político militar alzada en armas contra el despotismo de quienes piensan que gobernar se reduce al innoble acto de reprimir salvajemente las expresiones de inconformidad que surgen, inevitablemente, a raíz del hambre y la miseria impuestas a las mayorías populares. Somos pueblo en armas; somos el ejército de ese pueblo que, inspirado en el ejemplo del Libertador Simón Bolívar, se ha levantado contra la violenta clase gobernante de nuestro país en procura de mejoras profundas a la vida de los colombianos.
Pero nuestra voluntad de paz para Colombia ha topado, una y otra vez, contra el obstáculo de una cúpula guerrerista enquistada en el poder. Esa cúpula, apoyada financiera y militarmente por los Estados Unidos, está encabezada el día de hoy por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha llegado, incluso, al extremo de legalizar a los paramilitares -despiadados asesinos de miles de colombianos- con tal de conservar el poder y los beneficios económicos que éste le reporta (incluyendo, por supuesto, el negocio del narcotráfico). El llamado escándalo de la narco-para-política está a la orden del día en nuestro país, al grado que puede escucharse a uno de los mayores asesinos de colombianos indefensos, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reclamar privilegios por haber cometido sus atrocidades en defensa del Estado. Y quién lo puede negar: el paramilitarismo y el narcotráfico están en las entrañas del Establecimiento y son la esencia misma del actual gobierno.
Ministros, militares de alto rango –activos y retirados-, legisladores, empresarios, ganaderos, embajadores, todos con las manos manchadas de sangre inocente; todos cerrando filas en torno al lucro personal y el poder, único horizonte de su labor política.
Es necesario, hoy más que nunca, que los gobiernos del mundo, bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional, tomen cartas en el asunto. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hacemos parte de las FARC- EP, aportamos diariamente todos nuestros esfuerzos en alcanzar la solución política de este conflicto, al igual que todos los colombianos que luchan sin descanso, desde todas las trincheras de la vida diaria, por la paz con justicia social.
La participación de la Comunidad Internacional en la búsqueda de una paz verdadera para Colombia –una paz apoyada, necesariamente, en la justicia social- debe ser, creemos, cada vez más decidida y firme. No podemos permitir que triunfe el unilateralismo del actual gobierno estadounidense. No podemos permitir que en su delirio imperial, George W. Bush y los señores de la guerra arrastren al mundo a una crisis más profunda que todas las que conocemos en la historia de la humanidad. No podemos permitir, tampoco, que George W.Bush siga enviando apoyo militar y financiero al gobierno de Uribe y los narco-paramilitares en nuestro país. Es necesario tomar medidas multilaterales para evitar que se repitan episodios vergonzosos para la humanidad: nuevos holocaustos cometidos contra los pueblos del mundo en nombre de la “democracia occidental”.
No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión. Es ahora cuando debe ser escuchada la voz de los pueblos; y la voz del pueblo colombiano es clara y firme: queremos paz con justicia social, no queremos más guerra fratricida, no queremos que el imperialismo estadounidense decida lo que sólo compete a los colombianos y a las colombianas decidir.
Es gracias al apoyo de los Estados Unidos que hoy puede sostenerse en pie la política represiva de Uribe llamada Seguridad Democrática. Bajo el pretexto de que la “democracia” se encuentra bajo amenaza del “terrorismo” en Colombia, Uribe y sus allegados ocultan la verdadera dimensión del conflicto. Quizá valdría la pena invertir la máxima de los propagandistas del régimen uribista y así tendríamos una explicación más cercana para explicar los temores que han llevado a quienes gobiernan a tornarse cada vez más represivos y sanguinarios: es el terrorismo el que actualmente está amenazado por la democracia. Del lado de la democracia verdadera estamos la insurgencia armada, el movimiento revolucionario y democrático que crece y se fortalece al resguardo de la clandestinidad, así como el movimiento popular de masas; del lado del terrorismo están los narco-paramilitares en el poder, ejerciendo el Terrorismo de Estado y cobrando una cuota de sangre cada vez más alta a nuestro pueblo.
Por eso, señores representantes de los gobiernos del mundo, es que creemos que tarde o temprano las cosas volverán a ser llamadas por su nombre, y el denigrante y absurdo adjetivo de “terroristas” que hoy nos endilgan la Casa Blanca y el gobierno de Uribe será revertido, con toda justicia, contra quienes hoy se amparan en eso para negar de manera necia y absurda la existencia del conflicto social y armado en nuestro país. Nosotros somos una organización político militar, alzada en armas en contra de la violencia oficial y en busca de transformaciones sociales profundas que permitan el crecimiento económico, político y social de nuestro pueblo, hacia la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Ese carácter de fuerza revolucionaria que se perfila como opción de poder, es decir, de fuerza beligerante, nos ha sido reconocido en más de una ocasión -y por la vía de los hechos- por distintos gobiernos nacionales con quienes hemos entablado diálogos (los más recientes durante el periodo de Andrés Pastrana, 1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos. En todo momento hemos demostrado cumplir sobradamente con los requerimientos para que nos sea otorgado el estatus de Beligerancia.
Somos un Ejército Revolucionario con una jerarquía de mandos estable y visible, con un proyecto político revolucionario; nos erigimos como opción de poder político y, sobre todo, tenemos propuestas claras para emprender un proceso de reconciliación entre los colombianos y reconstruir nuestra patria desde la voluntad popular.
Estamos seguros que su colaboración con la paz para Colombia será un gesto de dimensiones históricas para la paz mundial.
Agradecemos de antemano su atención y esperamos haber expuesto con claridad nuestras ideas.
Reciban un respetuoso saludo.
Atentamente,
Raúl Reyes
Jefe de la Comisión Internacional
Montañas de Colombia, Septiembre de 2007
Comitiva partió a buscar cuerpos. Mindefensa y la supuesta muerte de Acacio
--------------------------------------------------------------------------------
Conflicto armado
--------------------------------------------------------------------------------
El rey de los falsos positivos!
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos. Por otro lado, sospechosamente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, da por ‘cierta’ la muerte de un comandante de las Farc al otro extremo del país.
[TeleSUR/ANNCOL]
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos
El ex ministro colombiano Álvaro Leiva, en compañía de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), partió a las 5H30 (10H30 GMT) locales desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suoreste), para rescatar los cadáveres de los 11 diputados muertos en junio pasado mientras permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La comisión ya salió desde la ciudad de Cali a recoger los cuerpos sin vida de los 11 diputados", informó Germán Cardozo, asesor de Leiva, quien advirtió que no se sabe el tiempo que tardarán pues "hay muchas consideraciones con respecto a la zona".
La misión también la integran tres médicos forenses extranjeros y un delegado de la Procuraduría, en representación de los familiares de los diputados, además de Leiva, cuya participación fue solicitada por el grupo armado.
El domingo pasado, las FARC anunciaron en un comunicado que entregaron a la CICR las coordenadas geográficas del sitio donde se encontraban los cuerpos sin vida de los ex parlamentarios vallecaucanos.
"Es una operación compleja. Tenemos garantías del Gobierno y las Farc. Pero el tiempo depende de condiciones y la situación en el terreno. Haremos todo lo posible para que familias puedan terminar esa espera", dijo el domingo Nicolás Von Arx, delegado del CICR.
Los rescatistas cuentan con garantías tanto del gobierno como del grupo armado para llevar a cabo su tarea. De hecho, el Ejército y la Policía instalaron controles en las vías de acceso a Corinto, en Valle del Cauca, luegar donde el presidente Uribe dijo el jueves pasado, que entregarían los cuerpos.
Larga espera para los familiares
"Lo que esperamos es que esto sea lo más pronto posible, que no se dilate (...) Esperamos a nuestros familiares, lo que siga será otro capítulo amargo", dijo Fabiola Perdomo, viuda del diputado Juan Carlos Narváez.
"Nos estamos preparando para lo que viene que va a ser lo más difícil, lo más complicado, pero al mismo tiempo eso nos da tranquilidad porque al menos sabemos que vamos a cerrar este capítulo triste en la historia de la familia, en la historia del Valle del Cauca y del país y poder tener un sitio donde hacerles el duelo, llorarlos, llevarles una flor y recordar a estos héroes de la patria", añadió Perdomo.
De los 12 diputados vallecaucanos que permanecían retenidos por las FARC desde abril de 2002, 11 murieron el pasado 18 de junio en el suroeste del país suramericano.
Mientras las FARC aseguran que las muertes se dieron en medio de "fuego cruzado" con un grupo armado sin identificar , el gobierno sostiene que fueron asesinados por los rebeldes.
A mediados de agosto, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), publicó una controvertida investigación donde asegura que la muerte de los diputados pudo producirse por el enfrentamiento entre los rebeldes que custodiaban a los rehenes y un Comando Jungla, un grupo élite del Ejército colombiano. El reportaje coincide con la versión inicial de las FARC.
Otro falso positivo de Santos?
Es la norma en la administración Uribe&Santos. Bombas aquí allá y acullá. Según el General Padilla, comandante de las FF.MM y su jefe el ministro Juan Manuel Santos, el guerrillero de las Farc, Tomás Medina Caracas, conocido cariñosamente como 'El Negro Acacio' habría muerto en combate con no se sabe quienes. Mientras unos dicen que fue el DAS más la Policía otros escriben que el éxito le pertenece a las Fuerzas Especiales de la Omega, destinadas a exterminar a las Farc dentro del ‘Plan Consolidación’continuación del fracasado ‘Plan Patriota’.
En las guerras hay muertos, sin duda. Sin embargo, sospechosamente, mientras una organización internacional se tiene que apersonar para rescatar los cadáveres de los diputados, el gobierno uribista se afana al otro extremo del país en mostrar resultados y desviar la atención de los hechos y pormenores de cómo murieron los 11 asambleistas.
Es de resaltar que el CICR no confía para nada en los organismos de seguridad del estado colombiano. Recibidas las coordenadas y ubicación de los cuerpos, la Cruz Roja no soltó la más minima pista. De seguro habría –el gobierno de Bogotá- saboteado la entrega de los cuerpos a los forenses.
www.anncol.org
--------------------------------------------------------------------------------
Conflicto armado
--------------------------------------------------------------------------------
El rey de los falsos positivos!
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos. Por otro lado, sospechosamente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, da por ‘cierta’ la muerte de un comandante de las Farc al otro extremo del país.
[TeleSUR/ANNCOL]
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos
El ex ministro colombiano Álvaro Leiva, en compañía de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), partió a las 5H30 (10H30 GMT) locales desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suoreste), para rescatar los cadáveres de los 11 diputados muertos en junio pasado mientras permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La comisión ya salió desde la ciudad de Cali a recoger los cuerpos sin vida de los 11 diputados", informó Germán Cardozo, asesor de Leiva, quien advirtió que no se sabe el tiempo que tardarán pues "hay muchas consideraciones con respecto a la zona".
La misión también la integran tres médicos forenses extranjeros y un delegado de la Procuraduría, en representación de los familiares de los diputados, además de Leiva, cuya participación fue solicitada por el grupo armado.
El domingo pasado, las FARC anunciaron en un comunicado que entregaron a la CICR las coordenadas geográficas del sitio donde se encontraban los cuerpos sin vida de los ex parlamentarios vallecaucanos.
"Es una operación compleja. Tenemos garantías del Gobierno y las Farc. Pero el tiempo depende de condiciones y la situación en el terreno. Haremos todo lo posible para que familias puedan terminar esa espera", dijo el domingo Nicolás Von Arx, delegado del CICR.
Los rescatistas cuentan con garantías tanto del gobierno como del grupo armado para llevar a cabo su tarea. De hecho, el Ejército y la Policía instalaron controles en las vías de acceso a Corinto, en Valle del Cauca, luegar donde el presidente Uribe dijo el jueves pasado, que entregarían los cuerpos.
Larga espera para los familiares
"Lo que esperamos es que esto sea lo más pronto posible, que no se dilate (...) Esperamos a nuestros familiares, lo que siga será otro capítulo amargo", dijo Fabiola Perdomo, viuda del diputado Juan Carlos Narváez.
"Nos estamos preparando para lo que viene que va a ser lo más difícil, lo más complicado, pero al mismo tiempo eso nos da tranquilidad porque al menos sabemos que vamos a cerrar este capítulo triste en la historia de la familia, en la historia del Valle del Cauca y del país y poder tener un sitio donde hacerles el duelo, llorarlos, llevarles una flor y recordar a estos héroes de la patria", añadió Perdomo.
De los 12 diputados vallecaucanos que permanecían retenidos por las FARC desde abril de 2002, 11 murieron el pasado 18 de junio en el suroeste del país suramericano.
Mientras las FARC aseguran que las muertes se dieron en medio de "fuego cruzado" con un grupo armado sin identificar , el gobierno sostiene que fueron asesinados por los rebeldes.
A mediados de agosto, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), publicó una controvertida investigación donde asegura que la muerte de los diputados pudo producirse por el enfrentamiento entre los rebeldes que custodiaban a los rehenes y un Comando Jungla, un grupo élite del Ejército colombiano. El reportaje coincide con la versión inicial de las FARC.
Otro falso positivo de Santos?
Es la norma en la administración Uribe&Santos. Bombas aquí allá y acullá. Según el General Padilla, comandante de las FF.MM y su jefe el ministro Juan Manuel Santos, el guerrillero de las Farc, Tomás Medina Caracas, conocido cariñosamente como 'El Negro Acacio' habría muerto en combate con no se sabe quienes. Mientras unos dicen que fue el DAS más la Policía otros escriben que el éxito le pertenece a las Fuerzas Especiales de la Omega, destinadas a exterminar a las Farc dentro del ‘Plan Consolidación’continuación del fracasado ‘Plan Patriota’.
En las guerras hay muertos, sin duda. Sin embargo, sospechosamente, mientras una organización internacional se tiene que apersonar para rescatar los cadáveres de los diputados, el gobierno uribista se afana al otro extremo del país en mostrar resultados y desviar la atención de los hechos y pormenores de cómo murieron los 11 asambleistas.
Es de resaltar que el CICR no confía para nada en los organismos de seguridad del estado colombiano. Recibidas las coordenadas y ubicación de los cuerpos, la Cruz Roja no soltó la más minima pista. De seguro habría –el gobierno de Bogotá- saboteado la entrega de los cuerpos a los forenses.
www.anncol.org
Tiempos de crisis en el partido de La U
Tiempos de crisis en el partido de La U por los avales otorgados a candidatos sospechosos
El principal bastión del gobierno en el Congreso está en crisis por los avales de Carlos García, su presidente, a candidatos inhabilitados o señalados de tener vínculos con los paramilitares. ¿Quiénes son esos aspirantes que están bajo la lupa?
Por Élber Gutiérrez Roa
Decir que el Partido de la U está dividido o en crisis no parece novedoso. Desde su gestación misma como colectivo salieron a flote las tremendas diferencias entre los sectores políticos que lo integran y analistas de todas las tendencias advirtieron sobre los riesgos de meter en un mismo saco a dirigentes con tan profundas diferencias conceptuales en torno a la política. Nada tenían en común, se dijo entonces, los viejos caciques con los sectores renovadores, ni los denunciantes de la infiltración paramilitar con los señalados de beneficiarse de ella, ni los defensores del uribismo por convicción con quienes llegaron en paracaídas a la bancada.
Cada nueva tormenta en el partido insignia del presidente Álvaro Uribe parece ser definitiva. Desde las peleas de Juan Manuel Santos, en sus épocas de coordinador de la bancada, con congresistas reacios a obedecer sus instrucciones, como Zulema Jattin. O desde la asamblea del 25 de noviembre de 2006, en la que el senador Carlos García se hizo a la presidencia del partido con el apoyo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez y en contra del de Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Se dijo entonces que el partido podría sobrevivir pese al cisma, pero no de por vida.
La nueva pelea parece ser ese momento definitivo. No se trata ya de un grupo disidente acusando a las directivas de burlar el reglamento e imponer presidente. El Consejo Electoral ya le dio el aval a dicha elección y, aunque la división persiste, hasta el bando perdedor reconoce que se equivocó por falta de manejo de eso que los congresistas de vieja data llaman “la mecánica política”.
En esta ocasión lo que está en juego es la razón de ser misma del partido, que por un lado se inclina por el pragmatismo electoral y por el otro privilegia los criterios éticos antes que los votos.
Según el grupo de los “disidentes”, García está abusando de su poder y violando los estatutos para conceder avales a personas salpicadas por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política. García sostiene que mientras no le demuestren que las personas señaladas tienen condena judicial, no está obligado a excluirlas de los listados de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
Según la senadora Parody, no se puede permitir que un partido que se autoproclama como la nueva opción política siga reivindicando relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su molestia se debe al aval concedido por García a la candidatura de Alfonso López Cossio para la gobernación de Bolívar. López Cossio fue llamado a declarar por la Corte en el proceso por la parapolítica para que explique por qué asistió a una reunión con las AUC del sur de Bolívar, en 2004. Parody también señala a López Cossio de ser aliado de Carlos Alfonso López, hijo de Enilse López, ‘La Gata’, polémica empresaria del chance a quien la Fiscalía puso en prisión por enriquecimiento ilícito.
Pero los avales controversiales de García no terminan ahí. También le dio vía libre a la candidatura de Jorge (‘Tuto’) Barraza Farak a la gobernación de Sucre. La reacción no se hizo esperar. Desde dentro y fuera del partido hubo cuestionamientos al candidato y a quien le permitió la inscripción. Incluso dirigentes como Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Congreso, enviaron cartas al propio García para deplorar el aval a Barraza. En la misiva de Guerra, fechada el 13 de agosto, se hace énfasis en que Barraza fue suplente del senador Álvaro García Romero, hoy llamado a juicio como determinador de la masacre de Macayepo (Bolívar) y por sus nexos con las autodefensas.
Otro apoyo cuestionado es el brindado a Reynaldo Mora Valderrama para la alcaldía de Astrea, Cesar. El candidato es padre de Reynaldo Mora Crespo, reinsertado del Bloque Norte de las AUC.
A García le asiste razón cuando dice que sus candidatos no han sido condenados y que las responsabilidades penales son individuales. Lo que no le queda bien es salir a decir que sus contradictores “ante la falta de ideas” le montaron una persecución.
El tema de los avales debe ser preocupación principal para los presidentes de los partidos. En el caso del liberalismo, por ejemplo, el ex presidente César Gaviria adoptó una medida especial y ha vetado candidaturas de personas con supuestos nexos con paramilitares, incluso si dichos nexos no han sido causa de condena judicial. Gaviria ejerció su derecho al veto y decidió prevenir en vez de curar. García, parece preferir el riesgo derivado de su pragmatismo.
Como si fuera poco con la tormenta por la parapolítica, García también debe resolver el futuro de 25 candidatos avalados por el Partido de La U que figuran en el listado de inhabilitados de la Procuraduría. Entre ellos figuran tres candidatos a alcaldías (Hemel de Jesús Leal, José Fernando Suárez y Hernando Suárez), 15 aspirantes a Concejos y siete a ediles.
Los candidatos cuestionados para Concejos son Edwin Fernando Villegas, Fabricio Torres, Gilman Maldonado Grajales, Jesús Aurelio Díaz, Jhony Castaño, Jorge Antonio Villegas, Jorge Enrique Solano, Jorge Luis Castillo, José Favier Ortiz, Luis Eduardo Jurado, Miguel Darío Calderón, Óber Antonio Benítez, Olivo Ariza, Pedro Jacob Pacheco y Víctor Jesús Arévalo. Los que buscan llegar a ediles, Alain Flórez, Carlos Arturo Zapata, Luis Guillermo Cardona, Óscar Antonio Torres, Pedro Ignacio Toro, Yesid Dávila y Sergio Iván Gallego. Casi todos tienen inhabilidad por sentencia condenatoria por delito doloso.
No la tiene fácil el presidente de La U, quien por ahora se da el lujo de imponer candidatos pese a las advertencias de las autoridades y sus compañeros de bancada. Su apuesta es muy arriesgada. No sólo se arriesga a perder las elecciones con candidatos cuestionados sino que, aun ganando, se expone al escenario de demandas futuras contra las credenciales de los inhabilitados o de los escándalos contra los que hayan tenido vínculos con las AUC.
El principal bastión del gobierno en el Congreso está en crisis por los avales de Carlos García, su presidente, a candidatos inhabilitados o señalados de tener vínculos con los paramilitares. ¿Quiénes son esos aspirantes que están bajo la lupa?
Por Élber Gutiérrez Roa
Decir que el Partido de la U está dividido o en crisis no parece novedoso. Desde su gestación misma como colectivo salieron a flote las tremendas diferencias entre los sectores políticos que lo integran y analistas de todas las tendencias advirtieron sobre los riesgos de meter en un mismo saco a dirigentes con tan profundas diferencias conceptuales en torno a la política. Nada tenían en común, se dijo entonces, los viejos caciques con los sectores renovadores, ni los denunciantes de la infiltración paramilitar con los señalados de beneficiarse de ella, ni los defensores del uribismo por convicción con quienes llegaron en paracaídas a la bancada.
Cada nueva tormenta en el partido insignia del presidente Álvaro Uribe parece ser definitiva. Desde las peleas de Juan Manuel Santos, en sus épocas de coordinador de la bancada, con congresistas reacios a obedecer sus instrucciones, como Zulema Jattin. O desde la asamblea del 25 de noviembre de 2006, en la que el senador Carlos García se hizo a la presidencia del partido con el apoyo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez y en contra del de Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Se dijo entonces que el partido podría sobrevivir pese al cisma, pero no de por vida.
La nueva pelea parece ser ese momento definitivo. No se trata ya de un grupo disidente acusando a las directivas de burlar el reglamento e imponer presidente. El Consejo Electoral ya le dio el aval a dicha elección y, aunque la división persiste, hasta el bando perdedor reconoce que se equivocó por falta de manejo de eso que los congresistas de vieja data llaman “la mecánica política”.
En esta ocasión lo que está en juego es la razón de ser misma del partido, que por un lado se inclina por el pragmatismo electoral y por el otro privilegia los criterios éticos antes que los votos.
Según el grupo de los “disidentes”, García está abusando de su poder y violando los estatutos para conceder avales a personas salpicadas por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política. García sostiene que mientras no le demuestren que las personas señaladas tienen condena judicial, no está obligado a excluirlas de los listados de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
Según la senadora Parody, no se puede permitir que un partido que se autoproclama como la nueva opción política siga reivindicando relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su molestia se debe al aval concedido por García a la candidatura de Alfonso López Cossio para la gobernación de Bolívar. López Cossio fue llamado a declarar por la Corte en el proceso por la parapolítica para que explique por qué asistió a una reunión con las AUC del sur de Bolívar, en 2004. Parody también señala a López Cossio de ser aliado de Carlos Alfonso López, hijo de Enilse López, ‘La Gata’, polémica empresaria del chance a quien la Fiscalía puso en prisión por enriquecimiento ilícito.
Pero los avales controversiales de García no terminan ahí. También le dio vía libre a la candidatura de Jorge (‘Tuto’) Barraza Farak a la gobernación de Sucre. La reacción no se hizo esperar. Desde dentro y fuera del partido hubo cuestionamientos al candidato y a quien le permitió la inscripción. Incluso dirigentes como Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Congreso, enviaron cartas al propio García para deplorar el aval a Barraza. En la misiva de Guerra, fechada el 13 de agosto, se hace énfasis en que Barraza fue suplente del senador Álvaro García Romero, hoy llamado a juicio como determinador de la masacre de Macayepo (Bolívar) y por sus nexos con las autodefensas.
Otro apoyo cuestionado es el brindado a Reynaldo Mora Valderrama para la alcaldía de Astrea, Cesar. El candidato es padre de Reynaldo Mora Crespo, reinsertado del Bloque Norte de las AUC.
A García le asiste razón cuando dice que sus candidatos no han sido condenados y que las responsabilidades penales son individuales. Lo que no le queda bien es salir a decir que sus contradictores “ante la falta de ideas” le montaron una persecución.
El tema de los avales debe ser preocupación principal para los presidentes de los partidos. En el caso del liberalismo, por ejemplo, el ex presidente César Gaviria adoptó una medida especial y ha vetado candidaturas de personas con supuestos nexos con paramilitares, incluso si dichos nexos no han sido causa de condena judicial. Gaviria ejerció su derecho al veto y decidió prevenir en vez de curar. García, parece preferir el riesgo derivado de su pragmatismo.
Como si fuera poco con la tormenta por la parapolítica, García también debe resolver el futuro de 25 candidatos avalados por el Partido de La U que figuran en el listado de inhabilitados de la Procuraduría. Entre ellos figuran tres candidatos a alcaldías (Hemel de Jesús Leal, José Fernando Suárez y Hernando Suárez), 15 aspirantes a Concejos y siete a ediles.
Los candidatos cuestionados para Concejos son Edwin Fernando Villegas, Fabricio Torres, Gilman Maldonado Grajales, Jesús Aurelio Díaz, Jhony Castaño, Jorge Antonio Villegas, Jorge Enrique Solano, Jorge Luis Castillo, José Favier Ortiz, Luis Eduardo Jurado, Miguel Darío Calderón, Óber Antonio Benítez, Olivo Ariza, Pedro Jacob Pacheco y Víctor Jesús Arévalo. Los que buscan llegar a ediles, Alain Flórez, Carlos Arturo Zapata, Luis Guillermo Cardona, Óscar Antonio Torres, Pedro Ignacio Toro, Yesid Dávila y Sergio Iván Gallego. Casi todos tienen inhabilidad por sentencia condenatoria por delito doloso.
No la tiene fácil el presidente de La U, quien por ahora se da el lujo de imponer candidatos pese a las advertencias de las autoridades y sus compañeros de bancada. Su apuesta es muy arriesgada. No sólo se arriesga a perder las elecciones con candidatos cuestionados sino que, aun ganando, se expone al escenario de demandas futuras contra las credenciales de los inhabilitados o de los escándalos contra los que hayan tenido vínculos con las AUC.
La confesión de Fernandinho
A P T U R A
La confesión de Fernandinho
El capo brasileño de la droga reveló cómo las Farc están metidas hasta el cuello en el negocio del narcotráfico.
Fecha: 05/28/2001 -991
Lentamente comenzo a soltar la lengua. Lo hizo sentado en una cómoda silla de una enorme y sofocante sala y frente a seis investigadores que habían seguido su rastro durante dos años. Puso sólo una condición para hablar: que ninguna de sus palabras podía ser judicializada ante un fiscal. De lo contrario permanecería mudo. Segundos después comenzó su confesión. Lo hizo a lo largo de dos horas. Pausadamente. A veces con largos intervalos de silencio. Contestando cada una de las mil preguntas que brotaban entre el humo de los cigarrillos que se apagaban y se encendían. “Las Farc son la guerrilla más rica y más poderosa del mundo. Sus jefes viven como cualquier millonario capitalista: buenas mujeres, buena comida y buen licor”.
Así comenzó el relato de Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beira Mar. El capo brasileño que cayó en manos de las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército colombiano el sábado pasado en las selvas del Guaviare. El hombre que dio origen a uno de los golpes más exitosos del Ejército dentro de la conocida operación ‘Gato Negro’. Durante dos años el Ejército estuvo tras sus pasos. Lo comenzaron a seguir desde las propias favelas de Rio de Janeiro, donde Fernandinho montó su imperio. Luego los investigadores pasaron por Asunción, Paraguay, el epicentro de sus negocios internacionales. Y posteriormente en Colombia. Primero en Bogotá, a donde llegó con su familia y se instaló como un próspero comerciante. Más tarde en Miraflores, Caquetá, uno de los centros de negocios más grandes del narcotráfico. Y los últimos seis meses siguieron su rastro en el corregimiento de Barrancominas, Guainía.
“En Colombia no se mueve un kilo de coca sin la autorización de las Farc”, señaló Fernandinho esa tarde de sábado ante el grupo de hombres que le interrogaba extrajudicialmente. Y él, más que nadie, sabía de lo que estaba hablando. Durante más de 10 años mantuvo una estrecha relación de negocios con las Farc. Primero lo hizo a través de intermediarios que viajaban desde Brasil o Paraguay para concretar los negocios de la compra de grandes cantidades de cocaína. Y durante los dos últimos años esos negocios los llevó a cabo personalmente después de huir de su país ante el asedio de las autoridades. A mediados de 1996 un juez brasileño lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico. Pero en marzo de 1997 se fugó de la cárcel de la Segunda División Especializada de Operaciones Especiales del estado de Minas Gerais.
En los siguientes dos años su nombre estuvo en boca de jueces que le abrieron una serie de expedientes por el tráfico de drogas hacia Europa utilizando aviones militares de la Fuerza Aérea de Brasil. Un escándalo que se llevó por delante a varios de los más importantes oficiales de esa nación. Razón suficiente para dejar a su país a finales de 1999. “Estaba viviendo en Bogotá pero la Interpol me ubicó rápidamente. Entonces pedí una cita con el secretariado de las Farc. Allá hablé con el ‘Mono Jojoy’ y le dije que las cosas se estaban complicando. Que le tenía una propuesta, que me diera protección con mi gente para comenzar a manejar el negocio directamente desde la selva”. Fue así como unas semanas después Fernandinho se fue a vivir a Miraflores, Guaviare.
“El secretariado le dio la orden al ‘Negro Acacio’ para que se encargara de mi tema. Desde ese momento tuve su protección y los negocios los llevaba a cabo con el segundo comandante del frente 16. Un hombre conocido como ‘Juan Bolas”. Para ese momento los hombres de Inteligencia del Ejército y la Policía conocían buena parte de los negocios de Fernandinho. Se sabía que las autoridades de Brasil habían ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien diera información sobre su paradero. Y que un juez lo había condenado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico. Igualmente, en Paraguay se le seguía una minuciosa investigación y las autoridades lo señalaban de ser el autor intelectual del asesinato de los narcotraficantes Ezequiel Morel Escobar, Ramón Cristóbal Morel y Joao Morel.
Como pez en el agua
“Yo soy apenas un peón en el negocio del narcotráfico en Brasil y Paraguay. Yo enviaba la droga y por cada kilo me pagaban 3.000 dólares. Esa droga después salía para Europa vía Surinam, Ghana, Holanda”, relató Fernandinho ante los agentes de Inteligencia que seguían con expectativa cada una de sus palabras. Pero Fernandinho era más que un peón en el negocio de las drogas. De acuerdo con las autoridades de Brasil Fernandinho controlaba el 60 por ciento del mercado de drogas de Rio de Janeiro. Se movía como pez en el agua entre la alta oficialidad de la Fuerza Aérea de Brasil. A mediados de 1999 la Policía antinarcóticos de ese país decomisó 33 kilos de coca en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña que tenían como destino final el sur de Francia. A lo largo de la investigación se descubrieron otros nexos.
Uno de ellos era con el teniente coronel Pablo Sergio Pereira de Oliveira. El alto oficial transportaba un cargamento de coca rumbo a Las Palmas, España, cuando fue detenido por las autoridades de Brasil. “El negocio para las Farc es muy bueno. Ganan por todas partes. Por cada kilo que está listo para transportar se les pagan 500 dólares. Por cada vuelo que despegaba de la pista de Barrancominas, se les cancelaban 15.000 dólares”, relató extrajudicialmente Fernandinho. “A las Farc les llegué a pagar entre 10 y 12 millones de dólares al mes. Y cada mes sacábamos entre 18 y 20 toneladas de droga.
Había que hacerlo con una flotilla de aviones. Cada avión transportaba entre 700 kilos y una tonelada de coca”, dijo Fernandinho ante los investigadores. Esas cifras estaban corroboradas en los documentos que le fueron incautados a lo largo de su persecución en territorio colombiano. Especialmente el pasado 17 de febrero cuando las Fuerzas de Despliegue Rápido, al mando del general Carlos Fracica, pusieron en marcha la operación ‘Gato Negro’.
Más de 5.000 soldados preparados para la guerra se internaron en las selvas del Guaviare en busca del imperio de Fernandinho y del Bloque Oriental de las Farc. Más de 150 laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos. Cerca de 50 laboratorios de cristalización de la misma también fueron encontrados por los soldados.
La operación ‘Gato Negro’ permitió descubrir el principal centro de acopio de cocaína que estaban manejando las Farc a través del comandante del frente 16 conocido como el ‘Negro Acacio’. Y descubrieron que los negocios de esa droga se hacía directamente con Fernando da Costa, el hombre que estaban buscando desde hacía dos años. El capo brasileño que se había asentado en esa inhóspita región del país para sacar más de 200 toneladas de coca cada año, que eran enviadas a Rio de Janeiro y Paraguay para luego ser transportadas a Europa y Asia, donde cada kilo se vendía a 160.000 dólares.
En Barrancominas
“El principal centro de acopio de droga es Barrancominas. Allá llega toda la droga que mandan los distintos grupos de las Farc. A veces hay sobreoferta y los pilotos tienen que trabajar mucho para sacarla toda. A cada piloto se le pagan 25.000 dólares por viaje y al copiloto 5.000. Otra poquita de plata se le paga a los controladores para que no pongan problema con la salida de los aviones”, cuenta. Cuando los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido entraron a Barrancominas, en febrero pasado, Fernandinho se encontraba en ese lugar. Junto con ‘Juan Bolas’ y un grupo de guerrilleros y hombres de seguridad de Fernandinho emprendieron la huida amparados por la selva del Guainía. Pero esta vez no tuvo tanta suerte.
Un soldado alcanzó a divisarlo entre los matorrales. El resultado fueron tres graves heridas de fusil. Una en su hombro derecho, otra de refilón en la mano derecha, y una tercera a la altura de la cadera. “Parte de los negocios del pago de la droga a las Farc se hizo con armamento. La última entrega fue hace muy poco tiempo. Tres mil fusiles y tres y medio millones de cartuchos que fueron traídos desde Paraguay”, les contó Fernandinho a los investigadores. Desde febrero pasado las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército se acantonaron en el corregimiento de Barrancominas. Y lentamente comenzaron a descubrir que en ese pueblo construido en un paraje de la enorme selva del Guaviare, se manejaba un multimillonario negocio en la transacción de droga entre las Farc y el capo brasileño Fernando da Silva. El centro de los negocios era un jardín infantil conocido como Casa Verde, pegado a la pista de aterrizaje. Las Farc aislaron el sector tres kilómetros a la redonda del pueblo.
En la ‘cava’, ubicada a sólo tres kilómetros de la pista aérea, estaba el centro de acopio de la droga. En una enorme bodega se almacenaba toda la coca procedente de los frentes que componen el Bloque Nororiental, al mando de ‘Grannobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’. El control de los negocios le fue entregado a tres guerrilleros, encabezados por ‘Juan Bolas’. Los agentes de Inteligencia del Ejército descubrieron que la mitad del pago de la droga que salía rumbo a Brasil se hacía con armamento. La otra mitad, que era en dólares, se le entregaba directamente al ‘Negro Acacio’. Igualmente, que la comercialización de las 20 toneladas de droga que salían al mes de Barrancominas se hacía en Holanda. “Las armas se traían de Paraguay. Allá se conseguían más baratas. Con droga se compraron las armas que llegaron de Jordania.
Los peruanos permanecieron mucho tiempo en Barrancominas a la espera de que se les cancelara la totalidad de ese negocio”, relató Fernandinho en sus dos largas horas de conversación con los investigadores. Los hombres de Inteligencia del Ejército que estuvieron al frente del caso de Fernandinho tienen documentos que demuestran que el año pasado Da Costa trajo más de 10.000 fusiles AK 47 y más de 5.000 cajas de municiones. También tienen en claro que el negocio de la droga no era sólo de oferta y demanda sino que la mitad de la droga que salía rumbo a Europa era de las Farc y la otra mitad de la organización de Fernandinho. “Aquí en la selva se montaron laboratorios especiales para cristalizar la coca. Era más rentable por la cantidad que llegaba a las bodegas donde se almacenaba. Para poderla sacar de verdad se necesitaba una buena flotilla de aviones”, agregó Fernandinho. Sus últimos días en la selva fueron muy difíciles. Las heridas se le comenzaron a infectar y no había manera de que recibiera atención médica. En la selva estuvo acompañado de sus tres escoltas personales y de dos guerrilleros.
Con ellos fue capturado el sábado pasado. La conversación con los investigadores ha llegado a su fin. Su extenso relato quedó consignado en audio y video. Para las autoridades será la prueba reina que demuestre hasta qué punto las Farc están metidas en el negocio de la droga. De comprobarse esta acusación, necesariamente el proceso de paz con las Farc se verá afectado, sobre todo por el impacto que ello tendría ante la comunidad internacional. Si las Farc son traficantes de gran escala, ¿cómo justificar que se puede negociar con ellos como una fuerza política? Si, como dicen los investigadores militares, no son frentes aislados los que se han metido de lleno en el negocio de exportar drogas, sino que es el propio secretariado el que da las órdenes, entonces ¿qué tan creíble es que estén tomando el proceso de paz en serio? Son las grandes preguntas que arroja el caso Fernandinho y que no podrá eludir por más tiempo el gobierno de Andrés Pastrana, no sólo ante la comunidad internacional sino ante los propios ciudadanos.
La confesión de Fernandinho
El capo brasileño de la droga reveló cómo las Farc están metidas hasta el cuello en el negocio del narcotráfico.
Fecha: 05/28/2001 -991
Lentamente comenzo a soltar la lengua. Lo hizo sentado en una cómoda silla de una enorme y sofocante sala y frente a seis investigadores que habían seguido su rastro durante dos años. Puso sólo una condición para hablar: que ninguna de sus palabras podía ser judicializada ante un fiscal. De lo contrario permanecería mudo. Segundos después comenzó su confesión. Lo hizo a lo largo de dos horas. Pausadamente. A veces con largos intervalos de silencio. Contestando cada una de las mil preguntas que brotaban entre el humo de los cigarrillos que se apagaban y se encendían. “Las Farc son la guerrilla más rica y más poderosa del mundo. Sus jefes viven como cualquier millonario capitalista: buenas mujeres, buena comida y buen licor”.
Así comenzó el relato de Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beira Mar. El capo brasileño que cayó en manos de las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército colombiano el sábado pasado en las selvas del Guaviare. El hombre que dio origen a uno de los golpes más exitosos del Ejército dentro de la conocida operación ‘Gato Negro’. Durante dos años el Ejército estuvo tras sus pasos. Lo comenzaron a seguir desde las propias favelas de Rio de Janeiro, donde Fernandinho montó su imperio. Luego los investigadores pasaron por Asunción, Paraguay, el epicentro de sus negocios internacionales. Y posteriormente en Colombia. Primero en Bogotá, a donde llegó con su familia y se instaló como un próspero comerciante. Más tarde en Miraflores, Caquetá, uno de los centros de negocios más grandes del narcotráfico. Y los últimos seis meses siguieron su rastro en el corregimiento de Barrancominas, Guainía.
“En Colombia no se mueve un kilo de coca sin la autorización de las Farc”, señaló Fernandinho esa tarde de sábado ante el grupo de hombres que le interrogaba extrajudicialmente. Y él, más que nadie, sabía de lo que estaba hablando. Durante más de 10 años mantuvo una estrecha relación de negocios con las Farc. Primero lo hizo a través de intermediarios que viajaban desde Brasil o Paraguay para concretar los negocios de la compra de grandes cantidades de cocaína. Y durante los dos últimos años esos negocios los llevó a cabo personalmente después de huir de su país ante el asedio de las autoridades. A mediados de 1996 un juez brasileño lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico. Pero en marzo de 1997 se fugó de la cárcel de la Segunda División Especializada de Operaciones Especiales del estado de Minas Gerais.
En los siguientes dos años su nombre estuvo en boca de jueces que le abrieron una serie de expedientes por el tráfico de drogas hacia Europa utilizando aviones militares de la Fuerza Aérea de Brasil. Un escándalo que se llevó por delante a varios de los más importantes oficiales de esa nación. Razón suficiente para dejar a su país a finales de 1999. “Estaba viviendo en Bogotá pero la Interpol me ubicó rápidamente. Entonces pedí una cita con el secretariado de las Farc. Allá hablé con el ‘Mono Jojoy’ y le dije que las cosas se estaban complicando. Que le tenía una propuesta, que me diera protección con mi gente para comenzar a manejar el negocio directamente desde la selva”. Fue así como unas semanas después Fernandinho se fue a vivir a Miraflores, Guaviare.
“El secretariado le dio la orden al ‘Negro Acacio’ para que se encargara de mi tema. Desde ese momento tuve su protección y los negocios los llevaba a cabo con el segundo comandante del frente 16. Un hombre conocido como ‘Juan Bolas”. Para ese momento los hombres de Inteligencia del Ejército y la Policía conocían buena parte de los negocios de Fernandinho. Se sabía que las autoridades de Brasil habían ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien diera información sobre su paradero. Y que un juez lo había condenado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico. Igualmente, en Paraguay se le seguía una minuciosa investigación y las autoridades lo señalaban de ser el autor intelectual del asesinato de los narcotraficantes Ezequiel Morel Escobar, Ramón Cristóbal Morel y Joao Morel.
Como pez en el agua
“Yo soy apenas un peón en el negocio del narcotráfico en Brasil y Paraguay. Yo enviaba la droga y por cada kilo me pagaban 3.000 dólares. Esa droga después salía para Europa vía Surinam, Ghana, Holanda”, relató Fernandinho ante los agentes de Inteligencia que seguían con expectativa cada una de sus palabras. Pero Fernandinho era más que un peón en el negocio de las drogas. De acuerdo con las autoridades de Brasil Fernandinho controlaba el 60 por ciento del mercado de drogas de Rio de Janeiro. Se movía como pez en el agua entre la alta oficialidad de la Fuerza Aérea de Brasil. A mediados de 1999 la Policía antinarcóticos de ese país decomisó 33 kilos de coca en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña que tenían como destino final el sur de Francia. A lo largo de la investigación se descubrieron otros nexos.
Uno de ellos era con el teniente coronel Pablo Sergio Pereira de Oliveira. El alto oficial transportaba un cargamento de coca rumbo a Las Palmas, España, cuando fue detenido por las autoridades de Brasil. “El negocio para las Farc es muy bueno. Ganan por todas partes. Por cada kilo que está listo para transportar se les pagan 500 dólares. Por cada vuelo que despegaba de la pista de Barrancominas, se les cancelaban 15.000 dólares”, relató extrajudicialmente Fernandinho. “A las Farc les llegué a pagar entre 10 y 12 millones de dólares al mes. Y cada mes sacábamos entre 18 y 20 toneladas de droga.
Había que hacerlo con una flotilla de aviones. Cada avión transportaba entre 700 kilos y una tonelada de coca”, dijo Fernandinho ante los investigadores. Esas cifras estaban corroboradas en los documentos que le fueron incautados a lo largo de su persecución en territorio colombiano. Especialmente el pasado 17 de febrero cuando las Fuerzas de Despliegue Rápido, al mando del general Carlos Fracica, pusieron en marcha la operación ‘Gato Negro’.
Más de 5.000 soldados preparados para la guerra se internaron en las selvas del Guaviare en busca del imperio de Fernandinho y del Bloque Oriental de las Farc. Más de 150 laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos. Cerca de 50 laboratorios de cristalización de la misma también fueron encontrados por los soldados.
La operación ‘Gato Negro’ permitió descubrir el principal centro de acopio de cocaína que estaban manejando las Farc a través del comandante del frente 16 conocido como el ‘Negro Acacio’. Y descubrieron que los negocios de esa droga se hacía directamente con Fernando da Costa, el hombre que estaban buscando desde hacía dos años. El capo brasileño que se había asentado en esa inhóspita región del país para sacar más de 200 toneladas de coca cada año, que eran enviadas a Rio de Janeiro y Paraguay para luego ser transportadas a Europa y Asia, donde cada kilo se vendía a 160.000 dólares.
En Barrancominas
“El principal centro de acopio de droga es Barrancominas. Allá llega toda la droga que mandan los distintos grupos de las Farc. A veces hay sobreoferta y los pilotos tienen que trabajar mucho para sacarla toda. A cada piloto se le pagan 25.000 dólares por viaje y al copiloto 5.000. Otra poquita de plata se le paga a los controladores para que no pongan problema con la salida de los aviones”, cuenta. Cuando los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido entraron a Barrancominas, en febrero pasado, Fernandinho se encontraba en ese lugar. Junto con ‘Juan Bolas’ y un grupo de guerrilleros y hombres de seguridad de Fernandinho emprendieron la huida amparados por la selva del Guainía. Pero esta vez no tuvo tanta suerte.
Un soldado alcanzó a divisarlo entre los matorrales. El resultado fueron tres graves heridas de fusil. Una en su hombro derecho, otra de refilón en la mano derecha, y una tercera a la altura de la cadera. “Parte de los negocios del pago de la droga a las Farc se hizo con armamento. La última entrega fue hace muy poco tiempo. Tres mil fusiles y tres y medio millones de cartuchos que fueron traídos desde Paraguay”, les contó Fernandinho a los investigadores. Desde febrero pasado las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército se acantonaron en el corregimiento de Barrancominas. Y lentamente comenzaron a descubrir que en ese pueblo construido en un paraje de la enorme selva del Guaviare, se manejaba un multimillonario negocio en la transacción de droga entre las Farc y el capo brasileño Fernando da Silva. El centro de los negocios era un jardín infantil conocido como Casa Verde, pegado a la pista de aterrizaje. Las Farc aislaron el sector tres kilómetros a la redonda del pueblo.
En la ‘cava’, ubicada a sólo tres kilómetros de la pista aérea, estaba el centro de acopio de la droga. En una enorme bodega se almacenaba toda la coca procedente de los frentes que componen el Bloque Nororiental, al mando de ‘Grannobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’. El control de los negocios le fue entregado a tres guerrilleros, encabezados por ‘Juan Bolas’. Los agentes de Inteligencia del Ejército descubrieron que la mitad del pago de la droga que salía rumbo a Brasil se hacía con armamento. La otra mitad, que era en dólares, se le entregaba directamente al ‘Negro Acacio’. Igualmente, que la comercialización de las 20 toneladas de droga que salían al mes de Barrancominas se hacía en Holanda. “Las armas se traían de Paraguay. Allá se conseguían más baratas. Con droga se compraron las armas que llegaron de Jordania.
Los peruanos permanecieron mucho tiempo en Barrancominas a la espera de que se les cancelara la totalidad de ese negocio”, relató Fernandinho en sus dos largas horas de conversación con los investigadores. Los hombres de Inteligencia del Ejército que estuvieron al frente del caso de Fernandinho tienen documentos que demuestran que el año pasado Da Costa trajo más de 10.000 fusiles AK 47 y más de 5.000 cajas de municiones. También tienen en claro que el negocio de la droga no era sólo de oferta y demanda sino que la mitad de la droga que salía rumbo a Europa era de las Farc y la otra mitad de la organización de Fernandinho. “Aquí en la selva se montaron laboratorios especiales para cristalizar la coca. Era más rentable por la cantidad que llegaba a las bodegas donde se almacenaba. Para poderla sacar de verdad se necesitaba una buena flotilla de aviones”, agregó Fernandinho. Sus últimos días en la selva fueron muy difíciles. Las heridas se le comenzaron a infectar y no había manera de que recibiera atención médica. En la selva estuvo acompañado de sus tres escoltas personales y de dos guerrilleros.
Con ellos fue capturado el sábado pasado. La conversación con los investigadores ha llegado a su fin. Su extenso relato quedó consignado en audio y video. Para las autoridades será la prueba reina que demuestre hasta qué punto las Farc están metidas en el negocio de la droga. De comprobarse esta acusación, necesariamente el proceso de paz con las Farc se verá afectado, sobre todo por el impacto que ello tendría ante la comunidad internacional. Si las Farc son traficantes de gran escala, ¿cómo justificar que se puede negociar con ellos como una fuerza política? Si, como dicen los investigadores militares, no son frentes aislados los que se han metido de lleno en el negocio de exportar drogas, sino que es el propio secretariado el que da las órdenes, entonces ¿qué tan creíble es que estén tomando el proceso de paz en serio? Son las grandes preguntas que arroja el caso Fernandinho y que no podrá eludir por más tiempo el gobierno de Andrés Pastrana, no sólo ante la comunidad internacional sino ante los propios ciudadanos.
Mindefensa dice que las autoridades destruyeron ‘el bunker’ de las Farc,
Mindefensa dice que las autoridades destruyeron ‘el bunker’ de las Farc, en el corazón de la selva
Juan Manuel Santos aseguró que además de la muerte de Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’, el grupo armado ilegal perdió la base desde donde se coordinaba el tráfico de drogas. El funcionario dice que no se verá el cadáver del guerrillero muerto.
A las 4 y 39 de la mañana del pasado sábado comenzó el bombardeo. A orillas del río Guaviare, entre San José y Barrancominas, miembros de la Fudra con el apoyo de aviones Tucano de la Fuerza Aérea dieron en el blanco: el campamento de Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, amo y señor del tráfico de armas y droga en el suroriente del país y uno de los miembros más importantes de las Farc.
Las operaciones duraron tres meses. Dice el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, que la penetración a la organización guerrillera llegó hasta tal punto que se logró ubicar el sitio exacto conde ‘El Negro’ e integrantes del frente 16 de las Farc se encontraban. Durante el ataque murieron 17 subversivos, entre ellos Medina Caracas. Sin embargo, un hombre conocido con el alias de ‘Cepillo’ al parecer sacó del área su cadáver, el de su jefe de seguridad y el del radio operador. Los otros 14 fueron recuperados por los militares que estaban en el lugar.
“Tenemos fuentes de inteligencia que nos confirman de manera clara y contundente la muerte de este hombre y creo que es lo más importante para nosotros. Si no tuviéramos la certeza de que era el ‘Negro Acacio’, no lo estaríamos diciendo al mundo”, dijo el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, durante una rueda de prensa en Bogotá en la que se dijo que los cuerpos que se encontraron serán llevados hasta San José del Guaviare o Villavicencio.
Esta fue una maniobra conjunta en la que participaron el Ejército, la Fuerza de Tarea Omega (encargada del 'Plan Consolidación'), la Armada Nacional, la FAC, la Policía y el DAS.
¿Quién era Tomás Medina Caracas, alias el 'Negro Acacio', el guerrillero al que fuentes del Ejército dicen le dieron muerte en las últimas horas en el departamento del Vichada? Con 42 años de edad, el 'Negro Acacio', era el mayor proveedor de base de coca para los carteles de la droga colombianos y últimamente los mexicanos. Se calcula que bajo su control estaba el 80 por ciento de la base de coca del país. Su apodo servía de pasaporte para los compradores al por mayor de la base de coca, que debían vesar ríos y selvas del corazón del Guainía infestados de retenes de la guerrilla. “Cuando a usted lo detienen en un retén guerrillo no es sino que diga el nombre del 'Negro' y lo dejan pasar”', dijo un comprador de drogas de la zona.
El 'Negro' era la caja registradora de las Farc y sus actividades cubrían una cadena tan amplia de la producción y venta de la coca que los militares creían que las Farc ya no podían seguir sosteniendo el trillado argumento de que la guerrilla era simplemente una recaudadora de impuestos del narcotráfico.
De origen caucano, el 'Negro Acacio' ingresó a las Farc en mayo de 1987 cuando tenía 22 años. Fue profesor de la escuela pública de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, cerca de la vereda Mary López, donde nació. Bajo el nombre de 'Arturo Guevara' se enroló en las Farc apadrinado por 'Iván Márquez', miembro del estado mayor de ese grupo subversivo, según consta en su hoja de solicitud de ingreso. Pero fue el 'Mono Jojoy' quien lo bautizó como el 'Negro Acacio' en honor a uno de los héroes de la revolución cubana.
No eran pocos los antecedentes judiciales contra el ‘Negro Acacio’: sobre él recaía una solicitud de extradición emitida por un juez de Estados Unidos. Tenía 23 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía y una circular roja emitidqa por la Interpol. En Colombia estaba acusado de narcotráfico, concierto para delinquir, secuestro, tortura, homicidio agravado, terrorismo, extorsión y hurto calificado.
Hasta el 2001, se reunió con Fernando da Costa, alias ‘Fernandinho’, un poderoso narcotraficante nacido en Brasil con quien negociaba en las selvas del Vichada, en límites con Brasil y Venezuela, para negociar cocaína a cambio de armas. Ese mismo año se realizó la operación ‘Gato Negro’ que terminó con la captura de ‘Fernandinho’ y de la que escapó Tomás Medina Caracas. (Ver Artículos Relacionados)
En los años siguientes se inició una casería a muerte. En 2003, durante una operación denominada “Zorro” en el Vichada, murieron en combate 30 personas de frente 16. Después, en enero de 2005, durante operación Unicornio, en el mismo departamento murieron 3 presuntos guerrilleros cercanos al ‘Negro Acacio’. Y en octubre siguiente, durante la operación Troya fueron muertos 15 subversivos, entre ellos cinco comandante de esa estructura (uno de ellos, hermano de Medina Caracas).
El capo guerrillero
Los dos primeros años de la 'carrera militar' de 'Acacio' -1988 y1989- fueron bastante tormentosos, aun para la misma organización guerrillera, según fue anotado en los registros individuales que las Farc llevan de sus combatientes. En la hoja de vida de 'Acacio', incautada hace poco por las autoridades, aparecen anotaciones hechas por su jefe en mayo de 1988 en las que afirma que Medina Caracas “se deja llevar por la emoción. Ordenó arle bala a una casa sin saber quién estaba ahí y mató a una viejita”. En otro de los apartes el comandante de 'Acacio' registraba que "no maneja bien las relaciones internas y las órdenes Fue el responsable de la bomba del Castillo en donde murieron varios civiles".
El comportamiento de 'Acacio' hizo que los comandantes tomaran la decisión de alejarlo de la zona donde operaba, el Magdalena Medio, y optaron por enviarlo a otra región en donde ocasionara menos problemas. Fue así como en 1990 'Acacio' fue asignado al frente 16 de la Farc, que operaba en el oriente del Meta, parte de Vichada y Guaviare. Con lo que muy pocos contaban, incluso los mismos comandantes guerrilleros, es que justamente ese traslado convertiría a 'Acacio' en lo que era hasta este domingo: el hombre más importante dentro de la estructura financiera y logística de las Farc.
El frente 16 estaba bajo el mando de Josué Eliseo Prieto, alias 'Esteban González'. En los últimos cuatro años este comandante guerrillero logró consolidar al frente 16 como la columna vertebral de las finanzas de las Farc. Según los organismos de Inteligencia del Estado, 'Esteban González' le reportó a las Farc ingresos entre 1996 y 1998 por cerca de 15 millones de dólares producto, principalmente, del narcotráfico. Desde 1992 el 'Negro Acacio' era la mano derecha y el hombre de confianza de González. Entre los dos lograron consolidar la misión que en 1997 les encomendó el 'Mono Jojoy' directamente: establecer contactos internacionales para el intercambio de droga, armas, municiones y material de apoyo logístico.
El gran salto
La carrera del 'Negro Acacio' dio un gran salto en mayo del año 1999 al ser nombrado como comandante del frente 16 tras la muerte de González durante un operativo del Ejército en el Vichada.
Desde entonces el 'Negro Acacio' no sólo había cumplido, sino que había superado la misión que le encomendaron las Farc hace varios años a él y a 'Esteban González'. Primero solucionó el problema de la debilidad del pie de fuerza, dando entrenamiento militar básico a los dueños y trabajadores de los laboratorios de procesamiento de coca que funcionan a lo largo del río Guaviare. De esa manera los 150 guerrilleros que componían el frente 16 recibieron un refuerzo de unos 1.500 colaboradores armados y organizados como anillos de seguridad.
En segundo lugar, y esta medida aparentemente fue la jugada maestra que lo convirtió en el hombre cash de las Farc y uno de los 'consentidos del secretariado': consolidó los centros de acopio, donde se unificaba la producción de los laboratorios. Con la población en su bolsillo y la producción de la zona bajo su control, el frente 16 se hizo a un servicio de inteligencia insuperable. De allí que cuando en San José del Guaviare se inicia un operativo militar, la voz de alarma corre cientos de kilómetros y llega a Barrancominas, a orillas del río Guaviare.
Llegó el poder de los fusiles
Barrancominas, un corregimiento de unos 1.000 habitantes, estaba prácticamente bajo el control de
Juan Manuel Santos aseguró que además de la muerte de Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’, el grupo armado ilegal perdió la base desde donde se coordinaba el tráfico de drogas. El funcionario dice que no se verá el cadáver del guerrillero muerto.
A las 4 y 39 de la mañana del pasado sábado comenzó el bombardeo. A orillas del río Guaviare, entre San José y Barrancominas, miembros de la Fudra con el apoyo de aviones Tucano de la Fuerza Aérea dieron en el blanco: el campamento de Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, amo y señor del tráfico de armas y droga en el suroriente del país y uno de los miembros más importantes de las Farc.
Las operaciones duraron tres meses. Dice el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, que la penetración a la organización guerrillera llegó hasta tal punto que se logró ubicar el sitio exacto conde ‘El Negro’ e integrantes del frente 16 de las Farc se encontraban. Durante el ataque murieron 17 subversivos, entre ellos Medina Caracas. Sin embargo, un hombre conocido con el alias de ‘Cepillo’ al parecer sacó del área su cadáver, el de su jefe de seguridad y el del radio operador. Los otros 14 fueron recuperados por los militares que estaban en el lugar.
“Tenemos fuentes de inteligencia que nos confirman de manera clara y contundente la muerte de este hombre y creo que es lo más importante para nosotros. Si no tuviéramos la certeza de que era el ‘Negro Acacio’, no lo estaríamos diciendo al mundo”, dijo el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, durante una rueda de prensa en Bogotá en la que se dijo que los cuerpos que se encontraron serán llevados hasta San José del Guaviare o Villavicencio.
Esta fue una maniobra conjunta en la que participaron el Ejército, la Fuerza de Tarea Omega (encargada del 'Plan Consolidación'), la Armada Nacional, la FAC, la Policía y el DAS.
¿Quién era Tomás Medina Caracas, alias el 'Negro Acacio', el guerrillero al que fuentes del Ejército dicen le dieron muerte en las últimas horas en el departamento del Vichada? Con 42 años de edad, el 'Negro Acacio', era el mayor proveedor de base de coca para los carteles de la droga colombianos y últimamente los mexicanos. Se calcula que bajo su control estaba el 80 por ciento de la base de coca del país. Su apodo servía de pasaporte para los compradores al por mayor de la base de coca, que debían vesar ríos y selvas del corazón del Guainía infestados de retenes de la guerrilla. “Cuando a usted lo detienen en un retén guerrillo no es sino que diga el nombre del 'Negro' y lo dejan pasar”', dijo un comprador de drogas de la zona.
El 'Negro' era la caja registradora de las Farc y sus actividades cubrían una cadena tan amplia de la producción y venta de la coca que los militares creían que las Farc ya no podían seguir sosteniendo el trillado argumento de que la guerrilla era simplemente una recaudadora de impuestos del narcotráfico.
De origen caucano, el 'Negro Acacio' ingresó a las Farc en mayo de 1987 cuando tenía 22 años. Fue profesor de la escuela pública de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, cerca de la vereda Mary López, donde nació. Bajo el nombre de 'Arturo Guevara' se enroló en las Farc apadrinado por 'Iván Márquez', miembro del estado mayor de ese grupo subversivo, según consta en su hoja de solicitud de ingreso. Pero fue el 'Mono Jojoy' quien lo bautizó como el 'Negro Acacio' en honor a uno de los héroes de la revolución cubana.
No eran pocos los antecedentes judiciales contra el ‘Negro Acacio’: sobre él recaía una solicitud de extradición emitida por un juez de Estados Unidos. Tenía 23 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía y una circular roja emitidqa por la Interpol. En Colombia estaba acusado de narcotráfico, concierto para delinquir, secuestro, tortura, homicidio agravado, terrorismo, extorsión y hurto calificado.
Hasta el 2001, se reunió con Fernando da Costa, alias ‘Fernandinho’, un poderoso narcotraficante nacido en Brasil con quien negociaba en las selvas del Vichada, en límites con Brasil y Venezuela, para negociar cocaína a cambio de armas. Ese mismo año se realizó la operación ‘Gato Negro’ que terminó con la captura de ‘Fernandinho’ y de la que escapó Tomás Medina Caracas. (Ver Artículos Relacionados)
En los años siguientes se inició una casería a muerte. En 2003, durante una operación denominada “Zorro” en el Vichada, murieron en combate 30 personas de frente 16. Después, en enero de 2005, durante operación Unicornio, en el mismo departamento murieron 3 presuntos guerrilleros cercanos al ‘Negro Acacio’. Y en octubre siguiente, durante la operación Troya fueron muertos 15 subversivos, entre ellos cinco comandante de esa estructura (uno de ellos, hermano de Medina Caracas).
El capo guerrillero
Los dos primeros años de la 'carrera militar' de 'Acacio' -1988 y1989- fueron bastante tormentosos, aun para la misma organización guerrillera, según fue anotado en los registros individuales que las Farc llevan de sus combatientes. En la hoja de vida de 'Acacio', incautada hace poco por las autoridades, aparecen anotaciones hechas por su jefe en mayo de 1988 en las que afirma que Medina Caracas “se deja llevar por la emoción. Ordenó arle bala a una casa sin saber quién estaba ahí y mató a una viejita”. En otro de los apartes el comandante de 'Acacio' registraba que "no maneja bien las relaciones internas y las órdenes Fue el responsable de la bomba del Castillo en donde murieron varios civiles".
El comportamiento de 'Acacio' hizo que los comandantes tomaran la decisión de alejarlo de la zona donde operaba, el Magdalena Medio, y optaron por enviarlo a otra región en donde ocasionara menos problemas. Fue así como en 1990 'Acacio' fue asignado al frente 16 de la Farc, que operaba en el oriente del Meta, parte de Vichada y Guaviare. Con lo que muy pocos contaban, incluso los mismos comandantes guerrilleros, es que justamente ese traslado convertiría a 'Acacio' en lo que era hasta este domingo: el hombre más importante dentro de la estructura financiera y logística de las Farc.
El frente 16 estaba bajo el mando de Josué Eliseo Prieto, alias 'Esteban González'. En los últimos cuatro años este comandante guerrillero logró consolidar al frente 16 como la columna vertebral de las finanzas de las Farc. Según los organismos de Inteligencia del Estado, 'Esteban González' le reportó a las Farc ingresos entre 1996 y 1998 por cerca de 15 millones de dólares producto, principalmente, del narcotráfico. Desde 1992 el 'Negro Acacio' era la mano derecha y el hombre de confianza de González. Entre los dos lograron consolidar la misión que en 1997 les encomendó el 'Mono Jojoy' directamente: establecer contactos internacionales para el intercambio de droga, armas, municiones y material de apoyo logístico.
El gran salto
La carrera del 'Negro Acacio' dio un gran salto en mayo del año 1999 al ser nombrado como comandante del frente 16 tras la muerte de González durante un operativo del Ejército en el Vichada.
Desde entonces el 'Negro Acacio' no sólo había cumplido, sino que había superado la misión que le encomendaron las Farc hace varios años a él y a 'Esteban González'. Primero solucionó el problema de la debilidad del pie de fuerza, dando entrenamiento militar básico a los dueños y trabajadores de los laboratorios de procesamiento de coca que funcionan a lo largo del río Guaviare. De esa manera los 150 guerrilleros que componían el frente 16 recibieron un refuerzo de unos 1.500 colaboradores armados y organizados como anillos de seguridad.
En segundo lugar, y esta medida aparentemente fue la jugada maestra que lo convirtió en el hombre cash de las Farc y uno de los 'consentidos del secretariado': consolidó los centros de acopio, donde se unificaba la producción de los laboratorios. Con la población en su bolsillo y la producción de la zona bajo su control, el frente 16 se hizo a un servicio de inteligencia insuperable. De allí que cuando en San José del Guaviare se inicia un operativo militar, la voz de alarma corre cientos de kilómetros y llega a Barrancominas, a orillas del río Guaviare.
Llegó el poder de los fusiles
Barrancominas, un corregimiento de unos 1.000 habitantes, estaba prácticamente bajo el control de
Chávez mediará con las FARC; Uribe lo aprueba
Chávez mediará con las FARC; Uribe lo aprueba
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)