Las Farc publicaron lista de canjeables
21 de agosto de 2008
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) maifestaron este jueves que mantienen su voluntad de intercambio humanitario y divulgaron un listado de "prisioneros de guerra" con los nombres de tres políticos y 26 soldados y policías.
"En una confrontación tan intensa como la actual, donde se presentan centenares de combates diariamente y miles de hechos de guerra por todo el territorio nacional, es entendible que se presenten además de muertes, capturas de integrantes de las fuerzas en lucha", señala la organización alzada en armas en un comunicado publicado por Anncol.
El Secretariado del Estado Mayor de las Farc señala que "es lógico" que la guerrilla y las familias de los guerrilleros presos los quieran "libres, lejos del oprobio y la humillación de las cárceles gringas (Estados Unidos) y de los calabozos de máxima seguridad de Colombia".
Ante ello, anotan, "mantenemos la propuesta de intercambio humanitario" y enseguida, y por primera vez, entrega un listado de los rehenes que dice mantiene como "prisioneros de guerra".
El ex parlamentario Óscar Tulio Lizcano, el diputado regional del Valle del Cauca, Sigifredo López y el ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara son los tres políticos que aún permanecen cautivos.
En el listado también figuran el coronel Luis Mendieta Ovalle, los capitanes Enrique Murillo Sánchez y Guillermo Solórzano, y el teniente William Donato Gómez.
Igualmente aparece el cabo segundo Pablo Emilio Moncayo, que fue tomado cautivo el 17 de diciembre de 1997 y cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, ha emprendido a pie varias travesías de miles de kilómetros para reclamar el intercambio humanitario.
Servicio y utilidad
Lista de canjeables en poder de las Farc
Capitán Edgar Yesid Duarte Valero
Teniente Elkin Hernández Rivas
Sargento Luís Alberto Erazo Maya
Cabo Segundo José Libio Martínez Estrada
Cabo Segundo Pablo Emilio Moncayo Cabrera
Intendente Álvaro Moreno
Soldado profesional William Yovani Domínguez Castro
Parlamentario Óscar Tulio Liscano
Diputado Sigifredo López
Ex-gobernador Alan Jara
Cabo Primero Luis Alfredo Moreno
Cabo Primero Luis Alfonso Beltrán
Cabo Primero Luis Arturo García
Cabo Primero Robinsón Salcedo
Sargento Segundo César Augusto Lazo
Cabo Primero José Libardo Forero
Subteniente Jorge Humberto Romero
Subteniente Carlos José Duarte
Subteniente Wilson Rojas Medina
Subteniente Jorge Trujillo
Coronel Luis Mendieta Ovalle
Teniente William Donato Gómez
Capitán Enrique Murillo Sánchez
Capitán Guillermo Solórzano
Sargento Segundo Arvey Delgado Argote
Cabo Primero Salin Antonio San Miguel Valderrama
Policía Juan Fernando Galicio Uribe
Policía José Walter Lozano Guarnizo
Policía Alexis Torres Zapata.
www.elcolombiano.com
jueves, 21 de agosto de 2008
La pruebas ácidas de la parapolítica
Tres ex congresistas que renunciaron a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, han sido exonerados, dando la impresión de que el proceso judicial más importante de la historia reciente del país flota sobre un mar de indicios que no logran convertirse en pruebas sólidas.
Fecha: 08/21/2008 -
Con la absolución del ex congresista del Partido Conservador, William Montes, ya son seis los parlamentarios que salen airosos de las investigaciones de la parapolítica. En tres casos, la misma Corte Suprema que les inició procesos, los cerró, pues no encontró mérito para seguirlos. Es ese el valor de la justicia: reemplaza los mantos de dudas por certezas.
Los otros tres casos que llevaba la Fiscalía son diferentes. Los congresistas en cuestión habían renunciado a su fuero para evitar que los investigara la Corte, y en dos casos la Fiscalía acusó y los llevó a juicio. Los jueces de primera instancia, sin embargo, encontraron que las pruebas no eran suficientes. En el tercer caso, el Fiscal decidió archivar el proceso por falta de pruebas.
Y es aquí donde surge las preguntas: ¿simplemente se hizo justicia? ¿o falla algo en la estrategia de la Fiscalía para sustentar las acusaciones y presentarlas a los jueces? ¿o más bien, están los jueces interpretando la pruebas con un criterio más laxo en favor del acusado que el usado por la Corte?
No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema ha condenado a 9 congresistas, y uno está a la espera de fallo condenatorio. De estos, seis se acogieron a sentencia anticipada, es decir aceptaron de entrada ser culpables.
Miércoles 20: Escuche debate de radio sobre las investigaciones a la parapolítica
A las recientes absoluciones se suma la decisión que tomó la Fiscalía este martes de revocar la medida de aseguramiento del ex senador y aliado político del Presidente, Mario Uribe, con el mismo argumento de que no hay suficientes pruebas. ¿Para qué entonces la Fiscalía hizo tanto aspaviento en meterlo a la cárcel, cuando no sabía siquiera si las pruebas eran sólidas? Aunque, el ex congresista sigue vinculado a las investigaciones, la decisión que suscribió el ente investigador arroja un manto de duda.
No se sabe si la decisión es más política que jurídica, debido a la enorme presión que ha ejercido el Ejecutivo en este caso, o está genuinamente basada en derecho, y realmente pone en duda la veracidad de las pruebas y testimonios, entre los cuales está el de Jairo Castillo, alias Pitirri, que han sido clave en los procesos contra otros congresistas que lleva la Corte.
Si bien aún no se cierran los casos contra William Montes ni contra Merlano, pues hasta ahora hay fallo de primera instancia y finalmente la Corte Suprema será la que diga la última palabra, vale la pena abrir el debate público sobre estas preguntas que dejan sobre el tapete las últimas decisiones judiciales. De cómo resulte el proceso de la parapolítica dependen en gran parte el futuro de la democracia colombiana, pues sólo una justicia firme e independiente podrá garantizar que todo servidor público que haya sido cómplice de la barbarie paramilitar quede impune, y a la vez, que quien haya sido involucrado injustamente pueda dejar su nombre en limpio.
El debate
“La Fiscalía le está dando la razón a los congresistas que han renunciado a su fuero para evadir la justicia y buscar, no más tiempo ni una doble instancia, como dicen, sino impunidad y absolución”, dijo Claudia López, quien ha sido una de las investigadoras académicas más reconocidas por su trabajo sobre la parapolítica. Según ella el rasero con el que la Fiscalía está valorando las pruebas es muy distinto al que ha usado la Corte Suprema de Justicia.
La senadora Gina Parody también denunció en los últimos días la falta de eficacia de la Fiscalía en la investigación de otros pactos secretos que, como el de Ralito, sellaron la alianza entre paramilitares y políticos, como el de Chivolo y el de Pivijay. Estos casos están a punto de precluir por vencimiento de términos. “Creo que la Fiscalía está exponiendo al país a que sea la Corte Penal Internacional la que juzgue”, dijo Parody a Semana.com.
Las preocupaciones de Parody y otros han tenido eco internacional. La semana pasada la Corte Penal Internacional (CPI) expresó, a través de una carta, su interés en que se juzgue también a políticos que fraguaron alianzas con paramilitares, y que fueron cómplices, o coautores en algunos casos, de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora los congresistas han sido investigados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
El caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina (yerno de Nicolás Curi) estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
Sin embargo a su favor declararon los ex jefes paramilitares Diego Vecino y Salvatore Mancuso, quienes desmintieron la versión.
“La asistencia a la reunión de Ralito y la firma del documento que allí se suscribió por parte de Montes Medina son circunstancias que por sí solas no confirman el delito de concierto para delinquir”, indicó la sentencia del juzgado.
“¿Cómo se va a explicar eso a la Justicia Internacional?”, preguntó la investigadora López, quien adujo que el Pacto de Ralito es parte importante del soporte probatorio en la investigación de la parapolítica que adelanta la Corte.
“¿Cómo es que ahora la Justicia dice que firmar el pacto de Ralito no constituye en sí mismo un delito? Yo si quiero ver cómo le vamos a explicar a la Corte Penal Internacional, que en Colombia se acepta que los políticos hagan pactos para ‘refundar el Estado’, que en efecto, cambien las normas para juzgar a los criminales, como fue la ley de Justicia y paz, pero que eso en Colombia no se considera un delito”, reiteró López.
De todos modos la Fiscalía apelará el fallo del juez y eventualmente el caso llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte. El problema es que esto puede tomar mucho tiempo.
El caso de Gómez Gallo
Otro de los casos que quedó a cargo de la Fiscalía fue el del ex congresista conservador, Humberto Gómez Gallo, quien quedó en libertad el pasado 12 de agosto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó archivar la investigación en su contra, que inició en 2007 la Corte Suprema de Justicia.
Gómez fue vinculado en el proceso por sus presuntos nexos con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ quien fue, el creador del Bloque Tolima de la AUC, hoy extraditado a los Estados Unidos. En su contra atestiguó José Wilton Bedoya Rayo, alias 'Moisés', quien aseguró que Gómez se reunió con alias 'Elías' un jefe del mismo bloque paramilitar que hoy está muerto, en el 2001, con el objetivo concertar apoyos políticos.
Moisés también dijo a los magistrados, en el momento en que la investigación estaba a cargo de la Corte, que Gómez había pagado 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, en 2001.
Contra Gómez también atestiguaron varios paras de esa región, que hoy están en la cárcel de Picaleña (Ibagué). Entre ellos, alias 'Esteban' quien dijo que había sido testigo de un encuentro entre Gómez y el 'Socio'.
Sobre la preclusión del caso de Gómez Gallo, quien fue presidente del Congreso al igual que Mario Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán dijo a SEMANA que se debió a que “no se dieron los elementos para una acusación”. Sin embargo, esa misma semana se vencían los términos, así que no es claro si el fiscal se apresuró a cerrar el caso porque ya vencían los términos o si realmente investigó y encontró que los diversos testigos que coincidieron en acusarlo mintieron.
El caso Merlano
Jairo Merlano, fue el primer congresista que renunció a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la justicia ordinaria. Esta estrategia se puso de moda entre los congresistas investigados por sus presuntos nexos con los paramilitares.
El pasado 20 de junio, el ex congresista de Colombia Democrática, salió de la cárcel convirtiéndose en el primer procesado por 'parapolítica' declarado inocente por la justicia ordinaria. La Jueza Tercera Especializada de Bogotá, Claudia Merchán, consideró que no había pruebas de acuerdos entre Merlano y los paramilitares de Sucre. "Las acusaciones contra el congresista por presuntas alianzas políticas con grupos paramilitares que operaban en Sucre quedaron en el "campo de las probabilidades", suscribió en la providencia la Jueza.
Merlano llevaba 20 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2006, tras huir nueve días de la justicia y después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión, se entregó a las autoridades.
Como en el caso Montes , en este la Fiscalía decidió apelar. De nuevo, la Corte es la que tendrá la última palabra.
www.semana.com
Tres ex congresistas que renunciaron a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, han sido exonerados, dando la impresión de que el proceso judicial más importante de la historia reciente del país flota sobre un mar de indicios que no logran convertirse en pruebas sólidas.
Fecha: 08/21/2008 -
Con la absolución del ex congresista del Partido Conservador, William Montes, ya son seis los parlamentarios que salen airosos de las investigaciones de la parapolítica. En tres casos, la misma Corte Suprema que les inició procesos, los cerró, pues no encontró mérito para seguirlos. Es ese el valor de la justicia: reemplaza los mantos de dudas por certezas.
Los otros tres casos que llevaba la Fiscalía son diferentes. Los congresistas en cuestión habían renunciado a su fuero para evitar que los investigara la Corte, y en dos casos la Fiscalía acusó y los llevó a juicio. Los jueces de primera instancia, sin embargo, encontraron que las pruebas no eran suficientes. En el tercer caso, el Fiscal decidió archivar el proceso por falta de pruebas.
Y es aquí donde surge las preguntas: ¿simplemente se hizo justicia? ¿o falla algo en la estrategia de la Fiscalía para sustentar las acusaciones y presentarlas a los jueces? ¿o más bien, están los jueces interpretando la pruebas con un criterio más laxo en favor del acusado que el usado por la Corte?
No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema ha condenado a 9 congresistas, y uno está a la espera de fallo condenatorio. De estos, seis se acogieron a sentencia anticipada, es decir aceptaron de entrada ser culpables.
Miércoles 20: Escuche debate de radio sobre las investigaciones a la parapolítica
A las recientes absoluciones se suma la decisión que tomó la Fiscalía este martes de revocar la medida de aseguramiento del ex senador y aliado político del Presidente, Mario Uribe, con el mismo argumento de que no hay suficientes pruebas. ¿Para qué entonces la Fiscalía hizo tanto aspaviento en meterlo a la cárcel, cuando no sabía siquiera si las pruebas eran sólidas? Aunque, el ex congresista sigue vinculado a las investigaciones, la decisión que suscribió el ente investigador arroja un manto de duda.
No se sabe si la decisión es más política que jurídica, debido a la enorme presión que ha ejercido el Ejecutivo en este caso, o está genuinamente basada en derecho, y realmente pone en duda la veracidad de las pruebas y testimonios, entre los cuales está el de Jairo Castillo, alias Pitirri, que han sido clave en los procesos contra otros congresistas que lleva la Corte.
Si bien aún no se cierran los casos contra William Montes ni contra Merlano, pues hasta ahora hay fallo de primera instancia y finalmente la Corte Suprema será la que diga la última palabra, vale la pena abrir el debate público sobre estas preguntas que dejan sobre el tapete las últimas decisiones judiciales. De cómo resulte el proceso de la parapolítica dependen en gran parte el futuro de la democracia colombiana, pues sólo una justicia firme e independiente podrá garantizar que todo servidor público que haya sido cómplice de la barbarie paramilitar quede impune, y a la vez, que quien haya sido involucrado injustamente pueda dejar su nombre en limpio.
El debate
“La Fiscalía le está dando la razón a los congresistas que han renunciado a su fuero para evadir la justicia y buscar, no más tiempo ni una doble instancia, como dicen, sino impunidad y absolución”, dijo Claudia López, quien ha sido una de las investigadoras académicas más reconocidas por su trabajo sobre la parapolítica. Según ella el rasero con el que la Fiscalía está valorando las pruebas es muy distinto al que ha usado la Corte Suprema de Justicia.
La senadora Gina Parody también denunció en los últimos días la falta de eficacia de la Fiscalía en la investigación de otros pactos secretos que, como el de Ralito, sellaron la alianza entre paramilitares y políticos, como el de Chivolo y el de Pivijay. Estos casos están a punto de precluir por vencimiento de términos. “Creo que la Fiscalía está exponiendo al país a que sea la Corte Penal Internacional la que juzgue”, dijo Parody a Semana.com.
Las preocupaciones de Parody y otros han tenido eco internacional. La semana pasada la Corte Penal Internacional (CPI) expresó, a través de una carta, su interés en que se juzgue también a políticos que fraguaron alianzas con paramilitares, y que fueron cómplices, o coautores en algunos casos, de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora los congresistas han sido investigados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
El caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina (yerno de Nicolás Curi) estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
Sin embargo a su favor declararon los ex jefes paramilitares Diego Vecino y Salvatore Mancuso, quienes desmintieron la versión.
“La asistencia a la reunión de Ralito y la firma del documento que allí se suscribió por parte de Montes Medina son circunstancias que por sí solas no confirman el delito de concierto para delinquir”, indicó la sentencia del juzgado.
“¿Cómo se va a explicar eso a la Justicia Internacional?”, preguntó la investigadora López, quien adujo que el Pacto de Ralito es parte importante del soporte probatorio en la investigación de la parapolítica que adelanta la Corte.
“¿Cómo es que ahora la Justicia dice que firmar el pacto de Ralito no constituye en sí mismo un delito? Yo si quiero ver cómo le vamos a explicar a la Corte Penal Internacional, que en Colombia se acepta que los políticos hagan pactos para ‘refundar el Estado’, que en efecto, cambien las normas para juzgar a los criminales, como fue la ley de Justicia y paz, pero que eso en Colombia no se considera un delito”, reiteró López.
De todos modos la Fiscalía apelará el fallo del juez y eventualmente el caso llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte. El problema es que esto puede tomar mucho tiempo.
El caso de Gómez Gallo
Otro de los casos que quedó a cargo de la Fiscalía fue el del ex congresista conservador, Humberto Gómez Gallo, quien quedó en libertad el pasado 12 de agosto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó archivar la investigación en su contra, que inició en 2007 la Corte Suprema de Justicia.
Gómez fue vinculado en el proceso por sus presuntos nexos con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ quien fue, el creador del Bloque Tolima de la AUC, hoy extraditado a los Estados Unidos. En su contra atestiguó José Wilton Bedoya Rayo, alias 'Moisés', quien aseguró que Gómez se reunió con alias 'Elías' un jefe del mismo bloque paramilitar que hoy está muerto, en el 2001, con el objetivo concertar apoyos políticos.
Moisés también dijo a los magistrados, en el momento en que la investigación estaba a cargo de la Corte, que Gómez había pagado 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, en 2001.
Contra Gómez también atestiguaron varios paras de esa región, que hoy están en la cárcel de Picaleña (Ibagué). Entre ellos, alias 'Esteban' quien dijo que había sido testigo de un encuentro entre Gómez y el 'Socio'.
Sobre la preclusión del caso de Gómez Gallo, quien fue presidente del Congreso al igual que Mario Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán dijo a SEMANA que se debió a que “no se dieron los elementos para una acusación”. Sin embargo, esa misma semana se vencían los términos, así que no es claro si el fiscal se apresuró a cerrar el caso porque ya vencían los términos o si realmente investigó y encontró que los diversos testigos que coincidieron en acusarlo mintieron.
El caso Merlano
Jairo Merlano, fue el primer congresista que renunció a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la justicia ordinaria. Esta estrategia se puso de moda entre los congresistas investigados por sus presuntos nexos con los paramilitares.
El pasado 20 de junio, el ex congresista de Colombia Democrática, salió de la cárcel convirtiéndose en el primer procesado por 'parapolítica' declarado inocente por la justicia ordinaria. La Jueza Tercera Especializada de Bogotá, Claudia Merchán, consideró que no había pruebas de acuerdos entre Merlano y los paramilitares de Sucre. "Las acusaciones contra el congresista por presuntas alianzas políticas con grupos paramilitares que operaban en Sucre quedaron en el "campo de las probabilidades", suscribió en la providencia la Jueza.
Merlano llevaba 20 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2006, tras huir nueve días de la justicia y después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión, se entregó a las autoridades.
Como en el caso Montes , en este la Fiscalía decidió apelar. De nuevo, la Corte es la que tendrá la última palabra.
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La 'canciller' de las Farc en Ecuador podría ser la mujer a la que Daniel Ortega dio asilo político
Foto: Archivo / EL TIEMPO
"Esperanza" (izq.), en el 2004 en Quito, durante los seguimientos de los organismos de inteligencia al guerrillero 'Simón Trinidad'(der.).
Una fuente policial en Quito le dijo a EL TIEMPO que 'Esperanza' es Nubia Calderón, la compañera sentimental de Franklin Aisalla, el ecuatoriano muerto en el ataque en el que cayó 'Raúl Reyes'.
No se pregunta por el origen de la persona que pide asilo político sino que se otorga, afirmó el vicepresidente de Nicaragua (La W)
Al presidente Ortega lo anima un espíritu humanitario y pacífico, afirmó el vicepresidente de Nicaragua (La W)
Decimos hermano y compañero, incluso cuando estamos en la parte más sangrienta de la guerra, dijo Jaime Morales Carazo (La W)
Por razones humanitarias y no para molestar a nadie, Nicaragua concedió asilo a presunta guerrillera Según Ortega, la mujer solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Quito, y luego fue trasladada a Managua, donde es atendida en un hospital por las heridas sufridas en el ataque y por una enfermedad que padece hace años.
De Calderón se sabe que fue compañera sentimental del ecuatoriano Franklin Aisalla, que murió en ese operativo militar junto al segundo comandante de las Farc, alias 'Raúl Reyes'. La acción armada provocó el rompimiento de relaciones entre Ecuador y Colombia.
Calderón habría estado radicada en Ecuador en donde, inclusive, obtuvo dos cédulas de identidad; una con su propio nombre, en calidad de residente extranjera, y otra con nombres falsos.
Años atrás, la mujer había sido detenida en un operativo de control en la frontera entre el departamento colombiano de Putumayo y la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, portando una cifra importante de dinero.
Una gestión del consulado colombiano en esa provincia la dejó entonces en libertad, y fue Aisalla quien reclamó el dinero incautado.
Luego, apareció en fotografías tomadas en Quito junto al ahora detenido guerrillero de las Farc, alias 'Simón Trinidad', y en otras junto a Raúl Reyes y a la periodista María Augusta Calle, ex asambleísta por el movimiento político de Gobierno, Acuerdo País.
De Calderón, que según las investigaciones había convivido en diferentes sectores de Quito junto a Aisalla, no se conocía su paradero desde la destrucción del campamento de Angostura.
El gobierno ecuatoriano no emitió ningún comunicado al respecto.
'Asilo no es para terroristas': Uribe
Desde Atlanta el presidente colombiano le dijo al de Nicaragua que el problema se soluciona si las presuntas guerrilleras se desmovilizan.
El presidente Álvaro Uribe le propuso ayer a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, que desmovilice a las guerrilleras colombianas que él tiene asiladas actualmente en su país.
"Si esas niñas firman allá un acuerdo con el Gobierno de Nicaragua diciendo que se desmovilizan de las guerrilla colombiana, magnífico (...) Colombia aceptaría eso", afirmó el mandatario al responder al anuncio de Ortega, hecho el domingo, de acoger a alias "Esperanza", una colombiana señalada como guerrillera de las Farc, y, al parecer, herida en el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' el primero de marzo pasado.
A Nubia Calderón, su verdadero nombre, se le atribuye una relación sentimental con Franklin Aisalla, el guerrillero ecuatoriano que resultó muerto en esa misma operación. Con Calderón son tres las colombianas protegidas por el gobierno nicaragüense. Las otras dos son Martha Pérez y Doris Torres, también heridas en el bombardeo y quienes recibieron asilo en abril.
Durante la rueda de prensa ofrecida en Atlanta, E.U., donde asistió al Foro de Competitividad de las Américas, el presidente Uribe aseguró que si desmoviliza a las subversivas "el presidente Ortega tiene la posibilidad de proteger a esas niñas y de no incentivar el terrorismo en Colombia, para buscar soluciones creativas, si lo que quiere él es encontrar soluciones creativas".
Con antecedentes
El mandatario reseñó que esa fórmula se aplicó en el pasado con el guerrillero de las Farc Jairo Cuarán Collazos, quien llegó a Chile en el 2003.
"Alguna vez me llamó el presidente Lagos de Chile. Me dijo que había un guerrillero que no podía extraditar porque se había casado con una señora chilena y que tenía un niñito. La solución que encontramos fue que se desmovilizara de las Farc. Dio una declaración ante las autoridades chilenas en ese sentido y se resolvió el problema", explicó.
A pesar de abrir esta posibilidad, el mandatario colombiano censuró que se le otorgue asilo a los guerrilleros.
"El derecho de asilo en el mundo no es para terroristas. Darle protección política a terroristas es violar la normatividad de las Naciones Unidas", enfatizó.
Uribe aprovechó la presencia de los presidentes de Guatemala y El Salvador en la rueda de prensa, para decir que en esos países "las guerrillas peleaban contra dictaduras", mientras que Colombia "sufre el terrorismo narcotraficante contra la democracia".
Y agregó que tiene otras preocupaciones: "Por el otro lado estoy muy ocupado, porque los 'Reyes Magos' eran tres, y no va sino uno. Nos faltan los otros", dijo en referencia a los jefes de las Farc.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
www.eltiempo.com
Foto: Archivo / EL TIEMPO
"Esperanza" (izq.), en el 2004 en Quito, durante los seguimientos de los organismos de inteligencia al guerrillero 'Simón Trinidad'(der.).
Una fuente policial en Quito le dijo a EL TIEMPO que 'Esperanza' es Nubia Calderón, la compañera sentimental de Franklin Aisalla, el ecuatoriano muerto en el ataque en el que cayó 'Raúl Reyes'.
No se pregunta por el origen de la persona que pide asilo político sino que se otorga, afirmó el vicepresidente de Nicaragua (La W)
Al presidente Ortega lo anima un espíritu humanitario y pacífico, afirmó el vicepresidente de Nicaragua (La W)
Decimos hermano y compañero, incluso cuando estamos en la parte más sangrienta de la guerra, dijo Jaime Morales Carazo (La W)
Por razones humanitarias y no para molestar a nadie, Nicaragua concedió asilo a presunta guerrillera Según Ortega, la mujer solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Quito, y luego fue trasladada a Managua, donde es atendida en un hospital por las heridas sufridas en el ataque y por una enfermedad que padece hace años.
De Calderón se sabe que fue compañera sentimental del ecuatoriano Franklin Aisalla, que murió en ese operativo militar junto al segundo comandante de las Farc, alias 'Raúl Reyes'. La acción armada provocó el rompimiento de relaciones entre Ecuador y Colombia.
Calderón habría estado radicada en Ecuador en donde, inclusive, obtuvo dos cédulas de identidad; una con su propio nombre, en calidad de residente extranjera, y otra con nombres falsos.
Años atrás, la mujer había sido detenida en un operativo de control en la frontera entre el departamento colombiano de Putumayo y la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, portando una cifra importante de dinero.
Una gestión del consulado colombiano en esa provincia la dejó entonces en libertad, y fue Aisalla quien reclamó el dinero incautado.
Luego, apareció en fotografías tomadas en Quito junto al ahora detenido guerrillero de las Farc, alias 'Simón Trinidad', y en otras junto a Raúl Reyes y a la periodista María Augusta Calle, ex asambleísta por el movimiento político de Gobierno, Acuerdo País.
De Calderón, que según las investigaciones había convivido en diferentes sectores de Quito junto a Aisalla, no se conocía su paradero desde la destrucción del campamento de Angostura.
El gobierno ecuatoriano no emitió ningún comunicado al respecto.
'Asilo no es para terroristas': Uribe
Desde Atlanta el presidente colombiano le dijo al de Nicaragua que el problema se soluciona si las presuntas guerrilleras se desmovilizan.
El presidente Álvaro Uribe le propuso ayer a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, que desmovilice a las guerrilleras colombianas que él tiene asiladas actualmente en su país.
"Si esas niñas firman allá un acuerdo con el Gobierno de Nicaragua diciendo que se desmovilizan de las guerrilla colombiana, magnífico (...) Colombia aceptaría eso", afirmó el mandatario al responder al anuncio de Ortega, hecho el domingo, de acoger a alias "Esperanza", una colombiana señalada como guerrillera de las Farc, y, al parecer, herida en el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' el primero de marzo pasado.
A Nubia Calderón, su verdadero nombre, se le atribuye una relación sentimental con Franklin Aisalla, el guerrillero ecuatoriano que resultó muerto en esa misma operación. Con Calderón son tres las colombianas protegidas por el gobierno nicaragüense. Las otras dos son Martha Pérez y Doris Torres, también heridas en el bombardeo y quienes recibieron asilo en abril.
Durante la rueda de prensa ofrecida en Atlanta, E.U., donde asistió al Foro de Competitividad de las Américas, el presidente Uribe aseguró que si desmoviliza a las subversivas "el presidente Ortega tiene la posibilidad de proteger a esas niñas y de no incentivar el terrorismo en Colombia, para buscar soluciones creativas, si lo que quiere él es encontrar soluciones creativas".
Con antecedentes
El mandatario reseñó que esa fórmula se aplicó en el pasado con el guerrillero de las Farc Jairo Cuarán Collazos, quien llegó a Chile en el 2003.
"Alguna vez me llamó el presidente Lagos de Chile. Me dijo que había un guerrillero que no podía extraditar porque se había casado con una señora chilena y que tenía un niñito. La solución que encontramos fue que se desmovilizara de las Farc. Dio una declaración ante las autoridades chilenas en ese sentido y se resolvió el problema", explicó.
A pesar de abrir esta posibilidad, el mandatario colombiano censuró que se le otorgue asilo a los guerrilleros.
"El derecho de asilo en el mundo no es para terroristas. Darle protección política a terroristas es violar la normatividad de las Naciones Unidas", enfatizó.
Uribe aprovechó la presencia de los presidentes de Guatemala y El Salvador en la rueda de prensa, para decir que en esos países "las guerrillas peleaban contra dictaduras", mientras que Colombia "sufre el terrorismo narcotraficante contra la democracia".
Y agregó que tiene otras preocupaciones: "Por el otro lado estoy muy ocupado, porque los 'Reyes Magos' eran tres, y no va sino uno. Nos faltan los otros", dijo en referencia a los jefes de las Farc.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
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Ministro de Protección Social Diego Palacio, a indagatoria en Fiscalía por 'yidispolítica'
Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO
Ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Junto a él fueron vinculados el actual secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y el anterior titular de ese despacho, Alberto Velásquez. Fiscalía apelará.
Palacio afirmó que está tranquilo por esta decisión y que "estaba esperando el llamado porque quiero exponer mis puntos de vista sobre esto".
Palacio, Moreno y Veláquez están acusados de haber incurrido en el presunto delito de cohecho, al ofrecer dádivas a congresistas para que votaran a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2004.
Entre las personas señaladas en el mismo proceso figura también el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.
Ya el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, había sido cobijado con la misma medida.
Palacio y Velásquez, según Yidis, le ofrecieron burocracia a cambio de su voto positivo por el proyecto. Y Bernardo Moreno, según la ex congresista, hoy condenada por ese caso, le sugirió que no escribiera un libro en el que hablaba del trámite del polémico acto legislativo en el Congreso.
El llamado a indagatoria fue anunciado por el vicefiscal general colombiano Guillermo Mendoza Diago y los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Los presuntos ofrecimientos de dádivas y la aceptación de las mismas afectaron a los congresistas Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a una pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, y al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño.
La ex representante a la Cámara Medina, en sus declaraciones, señaló que ella y otros 17 congresistas acordaron frenar la reelección, pero fue abordada por funcionarios del Gobierno para motivar su cambio de posición en favor del proyecto que permitió un segundo mandato de Uribe.
A cambio, los funcionarios ofrecieron puestos en la nómina oficial, prebendas y otras dádivas.
La Sala Penal de la Corte debe decidir también, en breve, la situación del detenido ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado también por cohecho.
Los cargos contra los funcionarios
Diego Palacio Betancourt
Yidis Medina afirmó en su confesión que el ministro de Protección Social supuestamente le ofreció, de manera concreta, participación burocrática en insituciones a su cargo en el Magadalena Medio y en Barrancabermeja.
Los presuntos compromisos que se concretaron más tarde con el ministro Palacio fueron: Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, un contrato para su asesor César Guzmán como arquitecto para asuntos penitenciarios, y posteriormente en Etesa, la Notaria Segunda de Barrancabermeja y la designación de Juan Bautista Hernández en el Sena.
Sabas Pretelt de la Vega
Según las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, el entonces ministro del Interior estuvo en una presunta reunión con el entonces representante a la Cámara Iván Díaz Mateus y ella. En esa reunión, aseguró la ex congresista en sus declaraciones ante la justicia, Pretelt de la Vega supuestamente le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos.
Alberto Velásquez
En la versión que ha suministrado Yidis Medina en los tribunales, Alberto Velásquez, quien en ese momento ejercía el cargo de secretario de la Presidencia, estuvo presente una reunión en el Palacio de Nariño a la que también habría asistido el presidente Álvaro Uribe Vélez y varios de sus asesores en la que supuestamente le manifestaron a la ex congresista su preocupación por su voto y le preguntaron que quería a cambio de su apoyo al proyecto.
Bernardo Moreno
Supuestamente quedó a cargo de los compromisos adquiridos por Alberto Velásquez al sucederlo en el cargo de secretario de la Presidencia, entre ellos, cargos prometidos en la red de solidaridad y en Etesa. El funcionario, supuestamente la citó después en el Palacio de Nariño para hacerle saber que el anuncio que hacía sobre la publicación de un libro podría perjudicar al gobierno.
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Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO
Ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Junto a él fueron vinculados el actual secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y el anterior titular de ese despacho, Alberto Velásquez. Fiscalía apelará.
Palacio afirmó que está tranquilo por esta decisión y que "estaba esperando el llamado porque quiero exponer mis puntos de vista sobre esto".
Palacio, Moreno y Veláquez están acusados de haber incurrido en el presunto delito de cohecho, al ofrecer dádivas a congresistas para que votaran a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2004.
Entre las personas señaladas en el mismo proceso figura también el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.
Ya el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, había sido cobijado con la misma medida.
Palacio y Velásquez, según Yidis, le ofrecieron burocracia a cambio de su voto positivo por el proyecto. Y Bernardo Moreno, según la ex congresista, hoy condenada por ese caso, le sugirió que no escribiera un libro en el que hablaba del trámite del polémico acto legislativo en el Congreso.
El llamado a indagatoria fue anunciado por el vicefiscal general colombiano Guillermo Mendoza Diago y los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Los presuntos ofrecimientos de dádivas y la aceptación de las mismas afectaron a los congresistas Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a una pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, y al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño.
La ex representante a la Cámara Medina, en sus declaraciones, señaló que ella y otros 17 congresistas acordaron frenar la reelección, pero fue abordada por funcionarios del Gobierno para motivar su cambio de posición en favor del proyecto que permitió un segundo mandato de Uribe.
A cambio, los funcionarios ofrecieron puestos en la nómina oficial, prebendas y otras dádivas.
La Sala Penal de la Corte debe decidir también, en breve, la situación del detenido ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado también por cohecho.
Los cargos contra los funcionarios
Diego Palacio Betancourt
Yidis Medina afirmó en su confesión que el ministro de Protección Social supuestamente le ofreció, de manera concreta, participación burocrática en insituciones a su cargo en el Magadalena Medio y en Barrancabermeja.
Los presuntos compromisos que se concretaron más tarde con el ministro Palacio fueron: Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, un contrato para su asesor César Guzmán como arquitecto para asuntos penitenciarios, y posteriormente en Etesa, la Notaria Segunda de Barrancabermeja y la designación de Juan Bautista Hernández en el Sena.
Sabas Pretelt de la Vega
Según las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, el entonces ministro del Interior estuvo en una presunta reunión con el entonces representante a la Cámara Iván Díaz Mateus y ella. En esa reunión, aseguró la ex congresista en sus declaraciones ante la justicia, Pretelt de la Vega supuestamente le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos.
Alberto Velásquez
En la versión que ha suministrado Yidis Medina en los tribunales, Alberto Velásquez, quien en ese momento ejercía el cargo de secretario de la Presidencia, estuvo presente una reunión en el Palacio de Nariño a la que también habría asistido el presidente Álvaro Uribe Vélez y varios de sus asesores en la que supuestamente le manifestaron a la ex congresista su preocupación por su voto y le preguntaron que quería a cambio de su apoyo al proyecto.
Bernardo Moreno
Supuestamente quedó a cargo de los compromisos adquiridos por Alberto Velásquez al sucederlo en el cargo de secretario de la Presidencia, entre ellos, cargos prometidos en la red de solidaridad y en Etesa. El funcionario, supuestamente la citó después en el Palacio de Nariño para hacerle saber que el anuncio que hacía sobre la publicación de un libro podría perjudicar al gobierno.
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Baby-parapolíticos
A pesar del escándalo, la para-política sigue gobernando en decenas de municipios del país y la justicia no llega. SEMANA presenta algunos casos.
Fecha: 08/16/2008 -1372
Lo que hasta ahora se conoce como la 'para-política', que ha provocado la más profunda crisis en la historia del Congreso, es apenas la punta del iceberg o, si se quiere, el capítulo mediático del escándalo.
Si con mucho esfuerzo la Corte Suprema investiga a casi 70 congresistas, 34 de ellos en prisión, en el resto del país muchos de los dirigentes políticos locales que hicieron pactos con los paramilitares están gobernando sus pueblos, sin que siquiera pesen sobre ellos investigaciones preliminares. Es decir, la estructura para-política con que lograron controlar zonas de la Costa Atlántica y Urabá a punta de terror sigue prácticamente intacta.
La senadora Gina Parody lanzó la voz de alarma. En una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, dice que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Édgar Benito Revollo (izquierda)es alcalde de San Onofre y hermano de Muriel, condenada por para-polítca. Carlos Gutiérrez Cote (derecha)fue elegido alcalde de Campo de la Cruz (Atlántico) estando preso acusado de integrar una banda paramilitar que encabezaba el comandante ‘Jorge 40’
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Y es que así como existió el Pacto de Ralito, la prueba emblemática de la complicidad entre paramilitares y políticos, en otras partes del país se hicieron acuerdos similares, como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 410.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría la piñata.
Una de las cosas más graves es que los pactos , que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Parody cuestiona en su carta al Fiscal por qué los crímenes siguen impunes. Según ella, sólo hay una persona investigada, de los 210 firmantes del pacto de Chivolo que aparecen con cédula. Iguarán rechaza las acusaciones y argumenta que los tiempos de la justicia no son tan rápidos. "En todo el país tenemos 75 procesos derivados de Justicia y Paz, donde se reportan más de 300 personas vinculadas, y con proyección a ser procesadas, cerca de 300 más", anota Iguarán.
Sin embargo, independientemente del nivel de responsabilidad de la Fiscalía, el problema es que los elegidos bajo la sombra de estos pactos nada le deberán a la justicia en tres meses, pues, como lo advierte la congresista, los delitos electorales prescribirán, en el caso del pacto de Chivolo, en noviembre.
SEMANA hizo un recorrido por algunos municipios de la Costa y encontró la huella que habrían dejado los paramilitares.
El alcalde de Pivijay (Magdalena), Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Al alcalde en Campo de la Cruz (Atlántico), Carlos Gutiérrez Cote, lo eligieron cuando estaba preso. Cayó el 30 de septiembre de 2007 en una redada contra la 'Banda de los 40', ex paramilitares afectos a 'Jorge 40'.
En San Onofre, Sucre, el alcalde es Édgar Benito Revollo, hermano de la ex congresista Muriel, condenada por hacer acuerdos con los paramilitares. Y en San Martín, Cesar, siete miembros de la familia del paramilitar 'Juancho Prada' ocupan cargos en la administración pública, pues su cuñado es secretario de gobierno, y su hermana media, Personera Municipal. Si bien el hecho de ser familiares no los inhabilita para ocupar cargos públicos, lo que llama la atención es que tantos miembros de una misma familia tengan ese privilegio, lo cual, en el mejor de los casos, es una muestra de nepotismo. O también podría ser la constatación de que el poder militar derivó, inevitablemente, en poder político.
Esos son apenas algunos municipios de muestra. Pero el diagnóstico completo, de hasta qué punto el para-Estado que imperó en ciertas regiones ha conservado sus raíces, es un estudio que está por hacerse. Sería necesario investigar, por ejemplo, lo que se desprende de las confesiones recientes de jefes paramilitares. Por ejemplo, hace apenas un par de meses, 'Juancho Dique', que operaba en Cartagena y sus alrededores, confesó que su grupo influyó en 2003 en la elección de los 18 alcaldes del norte de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Magdalena con 'Carlos Tijeras', que dijo que todos los alcaldes de 2003 en Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, El Retén y la zona bananera fueron escogidos y señalados por él. Aun más, que los gerentes de los hospitales eran propuestos por los senadores y representantes, pero él les hacía la 'prueba ácida', que consistía en un compromiso de financiar al grupo pagando un impuesto de guerra.
Y la propia senadora Parody trae a cuento en su carta otro pacto, el de los 'cuatrillizos'. Según la congresista, con presencia del jefe paramilitar el 'Alemán', líderes políticos de Urabá apoyaron una lista al Congreso, ganaron la curul y se la rotaron, cada uno un año, y nombraron en la Unidad de Trabajo Legislativo incluso al propio 'Alemán'. Parody afirma que cuatro de esos firmantes son hoy alcaldes de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá.
Si bien es cierto que son muchos los ex alcaldes y funcionarios hoy detenidos por sus vínculos con los paras, lo que preocupa es que el listado de lo que falta por investigar es realmente abrumador.
Hace seis años el gobierno empezó a dialogar con los paramilitares. Hace cuatro comenzaron los paramilitares a desmovilizarse. Hace dos comenzó el gran escándalo de la para-política. Pero lo más paradójico de toda esa cronología es que hoy, todavía, muchos políticos que se asociaron con paramilitares están aferrados a sus cargos en los pueblos más alejados del país, donde la justicia no llega.
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A pesar del escándalo, la para-política sigue gobernando en decenas de municipios del país y la justicia no llega. SEMANA presenta algunos casos.
Fecha: 08/16/2008 -1372
Lo que hasta ahora se conoce como la 'para-política', que ha provocado la más profunda crisis en la historia del Congreso, es apenas la punta del iceberg o, si se quiere, el capítulo mediático del escándalo.
Si con mucho esfuerzo la Corte Suprema investiga a casi 70 congresistas, 34 de ellos en prisión, en el resto del país muchos de los dirigentes políticos locales que hicieron pactos con los paramilitares están gobernando sus pueblos, sin que siquiera pesen sobre ellos investigaciones preliminares. Es decir, la estructura para-política con que lograron controlar zonas de la Costa Atlántica y Urabá a punta de terror sigue prácticamente intacta.
La senadora Gina Parody lanzó la voz de alarma. En una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, dice que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Édgar Benito Revollo (izquierda)es alcalde de San Onofre y hermano de Muriel, condenada por para-polítca. Carlos Gutiérrez Cote (derecha)fue elegido alcalde de Campo de la Cruz (Atlántico) estando preso acusado de integrar una banda paramilitar que encabezaba el comandante ‘Jorge 40’
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Y es que así como existió el Pacto de Ralito, la prueba emblemática de la complicidad entre paramilitares y políticos, en otras partes del país se hicieron acuerdos similares, como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 410.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría la piñata.
Una de las cosas más graves es que los pactos , que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Parody cuestiona en su carta al Fiscal por qué los crímenes siguen impunes. Según ella, sólo hay una persona investigada, de los 210 firmantes del pacto de Chivolo que aparecen con cédula. Iguarán rechaza las acusaciones y argumenta que los tiempos de la justicia no son tan rápidos. "En todo el país tenemos 75 procesos derivados de Justicia y Paz, donde se reportan más de 300 personas vinculadas, y con proyección a ser procesadas, cerca de 300 más", anota Iguarán.
Sin embargo, independientemente del nivel de responsabilidad de la Fiscalía, el problema es que los elegidos bajo la sombra de estos pactos nada le deberán a la justicia en tres meses, pues, como lo advierte la congresista, los delitos electorales prescribirán, en el caso del pacto de Chivolo, en noviembre.
SEMANA hizo un recorrido por algunos municipios de la Costa y encontró la huella que habrían dejado los paramilitares.
El alcalde de Pivijay (Magdalena), Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Al alcalde en Campo de la Cruz (Atlántico), Carlos Gutiérrez Cote, lo eligieron cuando estaba preso. Cayó el 30 de septiembre de 2007 en una redada contra la 'Banda de los 40', ex paramilitares afectos a 'Jorge 40'.
En San Onofre, Sucre, el alcalde es Édgar Benito Revollo, hermano de la ex congresista Muriel, condenada por hacer acuerdos con los paramilitares. Y en San Martín, Cesar, siete miembros de la familia del paramilitar 'Juancho Prada' ocupan cargos en la administración pública, pues su cuñado es secretario de gobierno, y su hermana media, Personera Municipal. Si bien el hecho de ser familiares no los inhabilita para ocupar cargos públicos, lo que llama la atención es que tantos miembros de una misma familia tengan ese privilegio, lo cual, en el mejor de los casos, es una muestra de nepotismo. O también podría ser la constatación de que el poder militar derivó, inevitablemente, en poder político.
Esos son apenas algunos municipios de muestra. Pero el diagnóstico completo, de hasta qué punto el para-Estado que imperó en ciertas regiones ha conservado sus raíces, es un estudio que está por hacerse. Sería necesario investigar, por ejemplo, lo que se desprende de las confesiones recientes de jefes paramilitares. Por ejemplo, hace apenas un par de meses, 'Juancho Dique', que operaba en Cartagena y sus alrededores, confesó que su grupo influyó en 2003 en la elección de los 18 alcaldes del norte de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Magdalena con 'Carlos Tijeras', que dijo que todos los alcaldes de 2003 en Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, El Retén y la zona bananera fueron escogidos y señalados por él. Aun más, que los gerentes de los hospitales eran propuestos por los senadores y representantes, pero él les hacía la 'prueba ácida', que consistía en un compromiso de financiar al grupo pagando un impuesto de guerra.
Y la propia senadora Parody trae a cuento en su carta otro pacto, el de los 'cuatrillizos'. Según la congresista, con presencia del jefe paramilitar el 'Alemán', líderes políticos de Urabá apoyaron una lista al Congreso, ganaron la curul y se la rotaron, cada uno un año, y nombraron en la Unidad de Trabajo Legislativo incluso al propio 'Alemán'. Parody afirma que cuatro de esos firmantes son hoy alcaldes de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá.
Si bien es cierto que son muchos los ex alcaldes y funcionarios hoy detenidos por sus vínculos con los paras, lo que preocupa es que el listado de lo que falta por investigar es realmente abrumador.
Hace seis años el gobierno empezó a dialogar con los paramilitares. Hace cuatro comenzaron los paramilitares a desmovilizarse. Hace dos comenzó el gran escándalo de la para-política. Pero lo más paradójico de toda esa cronología es que hoy, todavía, muchos políticos que se asociaron con paramilitares están aferrados a sus cargos en los pueblos más alejados del país, donde la justicia no llega.
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Pasos de animal grande
La Corte Penal Internacional le envió un mensaje duro al gobierno: hay que juzgar a los políticos que estaban por encima de los paramilitares. ¿Meterán la mano en Colombia?
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se conoció una carta de la Corte Penal Internacional (CPI) que puso a temblar a varios sectores de la política. Desde su creación se sabe que esta Corte puede juzgar a los grandes criminales de guerra que los tribunales colombianos no sean capaces de castigar con severidad. Se sabía que los ojos de la Corte estaban puestos en los jefes paramilitares como Mancuso y 'Jorge 40', cuyos actos de barbarie terminarían castigados con exiguas penas de ocho años de cárcel en Colombia. Lo que nadie imaginaba es que la Corte tenía particular interés en conocer el grado de complicidad en la que habrían incurrido congresistas y políticos investigados actualmente por la Corte Suprema y la Fiscalía, en la estrategia violenta de los paramilitares, que les habría permitido construir sobre la sangre derramada un proyecto político.
Por eso la carta, con fecha de junio, anuncia pasos de animal grande. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de CPI, pide en la misiva que se le informe "cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados", y pregunta si "la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos".
Hasta ahora las investigaciones demuestran que en algunas regiones los políticos participaron en la creación de los grupos paramilitares, aunque todavía no es claro quién mandaba a quién. Si los políticos a los paramilitares, o éstos a los políticos. O si era un poco de lo uno y de lo otro, según la región. Pero de lo que sí hay evidencia en muchos casos es de que hubo un beneficio mutuo de los crímenes de lesa humanidad. Los políticos ganaron sus elecciones, y los paramilitares se hicieron al control de territorios y capturaron el Estado en las regiones.
La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación
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Lo que deja claro el documento es que la CPI no está interesada en los 30.000 combatientes desmovilizados que apretaban el gatillo, y ni siquiera en los 2.000 que están en Justicia y Paz. Lo que trasnocha a la Corte es que se logre saber quiénes orquestaron, diseñaron e hicieron posibles los grandes crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, sean estos paramilitares, políticos, empresarios o militares. Esto significa que los tribunales internacionales se centran en los grandes estrategas del mal aunque éstos no necesariamente tengan sus manos manchadas de sangre.
La carta de Moreno Ocampo es un polo a tierra para muchos que siempre han pensado que la Corte es un asunto remoto, aplicable apenas en Estados fallidos de África, o a la que sólo deberían temerle criminales reconocidos como Mancuso, el 'Mono Jojoy' o 'Jorge 40'. El mensaje cifrado de la carta es que la comunidad internacional toma muy en serio el juzgamiento de los crímenes atroces, y que tiene interés en que se llegue a los centros de poder que los han hecho posibles. En términos domésticos, se podría decir que le interesa saber, por ejemplo, quiénes eran los tristemente célebres seis miembros de la 'comisión de notables' de Carlos Castaño que guiaban su mano tenebrosa para cometer los peores asesinatos.
No obstante, la Corte sólo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando fue suscrito el Tratado de Roma, al cual adhirieron Colombia y casi todas las naciones democráticas del mundo, con excepción de Estados Unidos. Colombia, sin embargo, pidió una salvaguarda de siete años, que vence en 2009, para los crímenes de guerra. Ese período se supone que serviría para ponerle fin al conflicto armado del país y hacer un acuerdo de paz. La salvaguarda permitiría negociar sin la 'espada de Damocles' de la justicia global sobre la espalda. Pero la mayoría de los crímenes que cometieron los paramilitares fue de lesa humanidad, y estos ni prescriben, ni están incluidos en la salvaguarda firmada por Colombia. Es decir que todo crimen de este tipo que se cometió en los últimos seis años, si no es castigado aquí, lo será en los tribunales internacionales.
Como se trata de crear una conciencia moral universal, la Corte en principio actúa aunque haya procesos de paz en curso, pues éstos responden más a coyunturas políticas de cada país que a un gran paradigma universal como es la justicia. Esta consideración ha generado múltiples controversias, pues muchos gobiernos consideran que las actuaciones de la Corte impiden llevar a feliz término las negociaciones, ya que nadie abandona la guerra si lo que le espera es la cadena perpetua. De hecho, en el caso colombiano los paramilitares le temen tanto a esta Corte, que aceptaron a regañadientes someterse a la Ley de Justicia y Paz, como único camino posible para evitar ser juzgados por ella.
Hasta ahora el fiscal Moreno Ocampo ha investigado hombres tan temidos como el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, a quien le dictó orden de arresto por posible genocidio; Joseph Kony, líder del Ejército de la Resistencia del Señor, de Uganda, muy a pesar de que están en medio de un proceso de paz, y criminales de guerra en Congo y en el centro de África. Hombres todos ellos muy poderosos a quienes ni las armas, ni el dinero, ni el poder político les han servido para eludir la actuación de la CPI.
Claro que Colombia no es un país africano donde las instituciones no funcionan y por lo tanto, la intervención de la CPI sería muy distinta. La Corte ha observado con respeto la Ley de Justicia y Paz, que combina un poco de justicia con altas dosis de verdad y reparación. Al menos en el papel.
Sin embargo, al cabo de tres años, los jefes paras están negociando con Estados Unidos, y las víctimas han tenido una verdad a medias y ninguna reparación. Para rematar, las investigaciones por la para-política corren el riesgo de quedar a medio camino con estas extradiciones. A eso se le suma que en Colombia el problema no es tanto la incapacidad del Estado para hacer justicia, sino las agrias disputas que hay entre los distintos poderes en torno a este caso. Por eso otra preocupación de la CPI es la presión política contra la justicia desde el Ejecutivo y el Legislativo, que eventualmente les podría impedir a los jueces conocer la verdad y dictar sus veredictos con libertad.
Analistas consultados por SEMANA coinciden en que la solicitud de Moreno Ocampo es una importante alerta para el gobierno y la justicia. Para el gobierno, porque la CPI está al tanto de las controversias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, cuyo origen es justamente la investigación de los congresistas de la coalición del gobierno.
Segundo, porque aunque se ha anunciado muchas veces que los paramilitares podrán seguir confesando sus crímenes desde las cárceles de Estados Unidos, todavía no hay mucha claridad sobre cómo se podrá hacer esto en la práctica. Y a la justicia internacional no le importa cuánto tiempo pasen en la cárcel los paramilitares por haber enviado cocaína a Estados Unidos, sino cómo serán juzgados por sus masacres, y si contarán finalmente quiénes eran sus cómplices desde el poder.
En todo caso, Moreno Ocampo viene por las respuestas la próxima semana, en una visita oficial al país. Para recordar que sobre Colombia pesa la espada de Damocles de la justicia universal, que no entiende de explicaciones políticas ni de atenuantes ideológicos. Y que no perdona.
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La Corte Penal Internacional le envió un mensaje duro al gobierno: hay que juzgar a los políticos que estaban por encima de los paramilitares. ¿Meterán la mano en Colombia?
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se conoció una carta de la Corte Penal Internacional (CPI) que puso a temblar a varios sectores de la política. Desde su creación se sabe que esta Corte puede juzgar a los grandes criminales de guerra que los tribunales colombianos no sean capaces de castigar con severidad. Se sabía que los ojos de la Corte estaban puestos en los jefes paramilitares como Mancuso y 'Jorge 40', cuyos actos de barbarie terminarían castigados con exiguas penas de ocho años de cárcel en Colombia. Lo que nadie imaginaba es que la Corte tenía particular interés en conocer el grado de complicidad en la que habrían incurrido congresistas y políticos investigados actualmente por la Corte Suprema y la Fiscalía, en la estrategia violenta de los paramilitares, que les habría permitido construir sobre la sangre derramada un proyecto político.
Por eso la carta, con fecha de junio, anuncia pasos de animal grande. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de CPI, pide en la misiva que se le informe "cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados", y pregunta si "la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos".
Hasta ahora las investigaciones demuestran que en algunas regiones los políticos participaron en la creación de los grupos paramilitares, aunque todavía no es claro quién mandaba a quién. Si los políticos a los paramilitares, o éstos a los políticos. O si era un poco de lo uno y de lo otro, según la región. Pero de lo que sí hay evidencia en muchos casos es de que hubo un beneficio mutuo de los crímenes de lesa humanidad. Los políticos ganaron sus elecciones, y los paramilitares se hicieron al control de territorios y capturaron el Estado en las regiones.
La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación
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Lo que deja claro el documento es que la CPI no está interesada en los 30.000 combatientes desmovilizados que apretaban el gatillo, y ni siquiera en los 2.000 que están en Justicia y Paz. Lo que trasnocha a la Corte es que se logre saber quiénes orquestaron, diseñaron e hicieron posibles los grandes crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, sean estos paramilitares, políticos, empresarios o militares. Esto significa que los tribunales internacionales se centran en los grandes estrategas del mal aunque éstos no necesariamente tengan sus manos manchadas de sangre.
La carta de Moreno Ocampo es un polo a tierra para muchos que siempre han pensado que la Corte es un asunto remoto, aplicable apenas en Estados fallidos de África, o a la que sólo deberían temerle criminales reconocidos como Mancuso, el 'Mono Jojoy' o 'Jorge 40'. El mensaje cifrado de la carta es que la comunidad internacional toma muy en serio el juzgamiento de los crímenes atroces, y que tiene interés en que se llegue a los centros de poder que los han hecho posibles. En términos domésticos, se podría decir que le interesa saber, por ejemplo, quiénes eran los tristemente célebres seis miembros de la 'comisión de notables' de Carlos Castaño que guiaban su mano tenebrosa para cometer los peores asesinatos.
No obstante, la Corte sólo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando fue suscrito el Tratado de Roma, al cual adhirieron Colombia y casi todas las naciones democráticas del mundo, con excepción de Estados Unidos. Colombia, sin embargo, pidió una salvaguarda de siete años, que vence en 2009, para los crímenes de guerra. Ese período se supone que serviría para ponerle fin al conflicto armado del país y hacer un acuerdo de paz. La salvaguarda permitiría negociar sin la 'espada de Damocles' de la justicia global sobre la espalda. Pero la mayoría de los crímenes que cometieron los paramilitares fue de lesa humanidad, y estos ni prescriben, ni están incluidos en la salvaguarda firmada por Colombia. Es decir que todo crimen de este tipo que se cometió en los últimos seis años, si no es castigado aquí, lo será en los tribunales internacionales.
Como se trata de crear una conciencia moral universal, la Corte en principio actúa aunque haya procesos de paz en curso, pues éstos responden más a coyunturas políticas de cada país que a un gran paradigma universal como es la justicia. Esta consideración ha generado múltiples controversias, pues muchos gobiernos consideran que las actuaciones de la Corte impiden llevar a feliz término las negociaciones, ya que nadie abandona la guerra si lo que le espera es la cadena perpetua. De hecho, en el caso colombiano los paramilitares le temen tanto a esta Corte, que aceptaron a regañadientes someterse a la Ley de Justicia y Paz, como único camino posible para evitar ser juzgados por ella.
Hasta ahora el fiscal Moreno Ocampo ha investigado hombres tan temidos como el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, a quien le dictó orden de arresto por posible genocidio; Joseph Kony, líder del Ejército de la Resistencia del Señor, de Uganda, muy a pesar de que están en medio de un proceso de paz, y criminales de guerra en Congo y en el centro de África. Hombres todos ellos muy poderosos a quienes ni las armas, ni el dinero, ni el poder político les han servido para eludir la actuación de la CPI.
Claro que Colombia no es un país africano donde las instituciones no funcionan y por lo tanto, la intervención de la CPI sería muy distinta. La Corte ha observado con respeto la Ley de Justicia y Paz, que combina un poco de justicia con altas dosis de verdad y reparación. Al menos en el papel.
Sin embargo, al cabo de tres años, los jefes paras están negociando con Estados Unidos, y las víctimas han tenido una verdad a medias y ninguna reparación. Para rematar, las investigaciones por la para-política corren el riesgo de quedar a medio camino con estas extradiciones. A eso se le suma que en Colombia el problema no es tanto la incapacidad del Estado para hacer justicia, sino las agrias disputas que hay entre los distintos poderes en torno a este caso. Por eso otra preocupación de la CPI es la presión política contra la justicia desde el Ejecutivo y el Legislativo, que eventualmente les podría impedir a los jueces conocer la verdad y dictar sus veredictos con libertad.
Analistas consultados por SEMANA coinciden en que la solicitud de Moreno Ocampo es una importante alerta para el gobierno y la justicia. Para el gobierno, porque la CPI está al tanto de las controversias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, cuyo origen es justamente la investigación de los congresistas de la coalición del gobierno.
Segundo, porque aunque se ha anunciado muchas veces que los paramilitares podrán seguir confesando sus crímenes desde las cárceles de Estados Unidos, todavía no hay mucha claridad sobre cómo se podrá hacer esto en la práctica. Y a la justicia internacional no le importa cuánto tiempo pasen en la cárcel los paramilitares por haber enviado cocaína a Estados Unidos, sino cómo serán juzgados por sus masacres, y si contarán finalmente quiénes eran sus cómplices desde el poder.
En todo caso, Moreno Ocampo viene por las respuestas la próxima semana, en una visita oficial al país. Para recordar que sobre Colombia pesa la espada de Damocles de la justicia universal, que no entiende de explicaciones políticas ni de atenuantes ideológicos. Y que no perdona.
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Conflicto Institucional
‘Jab’ a la mandíbula
El envión contra la Corte Suprema es visto por algunos magistrados como una campaña de desprestigio en la que el presidente Uribe ya les cogió ventaja.
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se podría anotar en los libros como una de las más difíciles en la historia de la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos tal, que el Palacio de Justicia se estremeció como pocas veces.
Pero esta vez, a diferencia de otras, quedaron sembradas dos preguntas de hondo calado para Colombia: ¿Se trata de una estrategia orquestada en su contra, o de una simple coincidencia? ¿La situación puede llegar a ser tan insostenible, que "las interferencias" a la justicia, que planteó la propia Corte Suprema, se puedan convertir en tema de la Corte Penal Internacional (CPI)?
El país ha sido testigo de cómo ha subido la temperatura en los últimos meses entre dos de los tres grandes poderes del Estado. La Corte llegó a sentirse tan arrinconada, que emitió un comunicado el jueves con artillería igualmente pesada. Denunció que estaba recibiendo "agresiones" por parte de "altos dignatarios del Estado", advirtió su preocupación porque de "manera orquestada" se deslizan comentarios malintencionados para desprestigiar a los magistrados y anunció que pondrá en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado".
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Una pocas horas antes, la sala penal de la misma Corte había expedido otro comunicado. Y como algo inusual para este tipo de mensajes, le puso título: "La verdad bajo la niebla", que si bien no se explica en el texto, daría a entender que están develando lo que hay detrás de las cortinas de humo que se pueden haber tendido sobre el alto tribunal.
Los magistrados de la Corte, según le dijo uno de ellos a SEMANA, están convencidos de que el gobierno ya les cogió ventaja en lo que, para ellos, es una campaña de desprestigio. Y uno más aseguró que "la para-política está en crisis", por todo lo que está ocurriendo.
Y es que la lluvia de dardos que le cayó a la Corte en esta semana no fue poca.
Desde el domingo comenzó la andanada. Artículos en El Espectador y El Tiempo cuestionaban al investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez decía que el magistrado manipulaba indagaciones contra los congresistas. Y una campesina lo acusaba de sonsacarle información a punta de aguardiente. Versión que luego fue desmentida por ella misma en la radio.
Al día siguiente, Nancy Patricia reveló una grabación que clandestinamente ella había hecho a un investigador del CTI que ratificaba sus denuncias. Ese mismo día, el presidente€Alvaro Uribe no sólo la respaldó, sino que siguió salpicando a la Corte. "Algún senador me ha expresado que ha sentido que le han querido pedir plata de sectores de la justicia", dijo sin concretar detalles. Y sacó del bolsillo nombres que hasta ese momento nadie había mencionado, pero que suelen darle puntos en los sondeos cuando casa pelea con ellos: "Es importante que la justicia investigue qué manipulación de testigos han hecho, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro".
Y el vía crucis no terminó ahí. El miércoles, Uribe se reunió tres horas con su bancada. Y al final, sobre la propia alfombra roja de la Casa de Nariño, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, dijo a los medios que el mandatario había hablado de la necesidad de erradicar el "roscograma" de la rama judicial. Que si bien para muchos sonó como un chiste flojo, pues en esa materia en Colombia nadie puede tirar la primera piedra, de todas maneras puesto en la voz de Uribe seguía horadando a los operadores de justicia.
A esta altura de la pelea, la imagen pública de la Corte ya parecía estar a punto de caer tendida en el ring. Reaccionó, hizo público su respaldo al magistrado auxiliar Iván Velásquez y, el jueves, sacó sus dos comunicados.
Para analizar lo ocurrido, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia no es un órgano intocable. Que si hay clientelismo en la justicia, lo mejor es erradicarlo, como dice el Presidente. Y si un magistrado incurre en actos reprochables, también hay que cuestionarlo. Así como también existe un legítimo derecho a disentir de las decisiones de las Altas Cortes.
Pero lo que no queda nada bien es que tanto la ex presidenta del Congreso como el propio Presidente de la República acudan a prácticas bastante cuestionables para manifestar su diferencias con las investigaciones sobre la para-política. ¿Por qué el Presidente lanza acusaciones tan graves, como la de que sectores de la justicia le están pidiendo plata a un senador, sin tener ninguna prueba? ¿Qué presentación tiene que la ex presidenta del Senado acuda a una grabación clandestina, en la cual, además, se nota cierto tono tendencioso en sus preguntas y una confianza poco usual entre un investigador con su investigado?
Más allá de las intenciones que hayan podido animar las denuncias del uribismo, lo cierto es que el resultado es el desprestigio de la justicia y en particular de la Corte Suprema. La popularidad del presidente Uribe, por encima del 80 por ciento, es un arma muy poderosa a la hora de darles credibilidad a las palabras. Algunos de los congresistas que asistieron a la reunión del miércoles en la Casa de Nariño dijeron que lo que más les llamó la atención fue el propósito evidente del líder de envalentonarlos. "Insistentemente nos dijo eso, ¡no hay tener miedo!", contó un senador a SEMANA ante los temores de algunos por la posibilidad de que perdieran sus investiduras si votaban las reformas a la Justicia y a la Política, votaciones para las cuales podrían estar impedidos.
¿Qué está pasando? Todo indica que en la Casa de Nariño no están muy contentos con la Corte Suprema. Y aunque el Presidente ha presentado en escenarios privados todo un memorial de agravios, al final del día la principal razón parece ser la para-política. Hay que recordar que hasta hace poco esta Corte era prácticamente la niña consentida del Presidente. Pero, a partir del 26 de septiembre del año pasado, cuando llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, empezó la refriega.
El primer round fue el de la demanda penal contra el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, por una llamada telefónica en la que éste dice que Uribe le preguntó por su primo Mario el mismo día en que fue llamado a indagatoria, y el Presidente asegura que es mentira. La demanda aún está vigente.
El segundo round fue el del caso 'Tasmania'. Menos de dos semanas después del llamado a indagatoria, Uribe le dio un jalón de orejas a la Corte y acusó al investigador Iván Velásquez de tener tratos oscuros con el paramilitar 'Tasmania' para que atestiguara en su contra. La Fiscalía cerró hace menos de dos semanas el caso y dijo que se trató de un "burdo montaje". El propio paramilitar se retractó y dejó un manto de duda sobre la supuesta participación de Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del Presidente, en el caso.
Con el paso de los meses el escándalo de la para-política crecía, hasta llegar a 70 congresistas involucrados, la mayoría de ellos uribistas, incluidos el presidente de La U, Carlos García, y la ya mencionada presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
Y entre junio y julio se precipitó el tercer round, cuando por el polémico fallo de la Corte sobre la 'yidis-política', Uribe llegó a decir que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante", y desafió a la Corte diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.
Las mediaciones no han funcionado. Ni la euforia por el rescate de Íngrid, que provocó una luna de miel artificial. Ni la de monseñor Rubiano, en la que el presidente Uribe y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, se arrodillaron a rezar en un aparente gesto de reconciliación. Pero era apenas una foto. Las discrepancias siguieron intactas.
En medio de los golpes a la mandíbula que se han lanzado el gobierno y la Corte, la reforma a la justicia que propone el gobierno se ve como un acto de revanchismo en la cúpula de la justicia. Para ellos, lo que el gobierno busca es dar gabelas a los magistrados, para aliviar los controles que tienen hoy las Cortes sobre el Congreso y facilitar que el uribismo haga más duradera su influencia sobre las Cortes.
Por su parte, el Congreso también esta listo a subirse al ring. Mientras la oposición -el partido liberal y el Polo Democrático- ha apoyado públicamente las investigaciones de la Corte Suprema, el uribismo en el Congreso calienta motores. El presidente del Congreso, Hernán Andrade, citará a los presidentes de las Cortes para un debate sobre las presuntas relaciones de magistrados con el empresario Giorgio Sale, preso por narcotráfico. Precisamente el magistrado Yesid Ramírez, quien aceptó haber recibido un reloj Rolex de parte de este polémico personaje, está fuera del país.
Nadie cuestiona que la justicia colombiana tiene problemas estructurales. Y que en las Altas Cortes hay 'roscogramas'. Es simplemente una expresión más del clientelismo, que si bien sería mejor que no existiera, no es un vicio exclusivo de la rama judici al. En el Legislativo y el Ejecutivo la practican en las mismas proporciones, o peor, como el propio Presidente tuvo que reconocer en su acto de contrición el fin de semana.
Lo que preocupa es la motivación que tienen sectores de la política de mandar a la lona a la cúpula de la justicia justo en el momento en que investiga uno de los flagelos que más daño le han hecho a la democracia: la relación entre política y mafias. El país ya padeció la época del terror de Pablo Escobar y sus intentos de conquistar la política. Así como el capítulo sombrío del Cartel de Cali con sus largos tentáculos en el Congreso y en el gobierno, que tuvo como coletazo el proceso 8.000. Ahora, cuando la mayoría de los colombianos quiere desterrar la para-política, sectores del gobierno y el Congreso están empeñados en ponerle palos en la rueda a la Corte Suprema. Si la justicia no llega hasta el fondo de sus investigaciones y manda un mensaje ejemplarizante para las nuevas generaciones de gobernantes, Colombia estará condenada a repetir su historia de sangre y corrupción.
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El envión contra la Corte Suprema es visto por algunos magistrados como una campaña de desprestigio en la que el presidente Uribe ya les cogió ventaja.
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se podría anotar en los libros como una de las más difíciles en la historia de la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos tal, que el Palacio de Justicia se estremeció como pocas veces.
Pero esta vez, a diferencia de otras, quedaron sembradas dos preguntas de hondo calado para Colombia: ¿Se trata de una estrategia orquestada en su contra, o de una simple coincidencia? ¿La situación puede llegar a ser tan insostenible, que "las interferencias" a la justicia, que planteó la propia Corte Suprema, se puedan convertir en tema de la Corte Penal Internacional (CPI)?
El país ha sido testigo de cómo ha subido la temperatura en los últimos meses entre dos de los tres grandes poderes del Estado. La Corte llegó a sentirse tan arrinconada, que emitió un comunicado el jueves con artillería igualmente pesada. Denunció que estaba recibiendo "agresiones" por parte de "altos dignatarios del Estado", advirtió su preocupación porque de "manera orquestada" se deslizan comentarios malintencionados para desprestigiar a los magistrados y anunció que pondrá en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado".
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Una pocas horas antes, la sala penal de la misma Corte había expedido otro comunicado. Y como algo inusual para este tipo de mensajes, le puso título: "La verdad bajo la niebla", que si bien no se explica en el texto, daría a entender que están develando lo que hay detrás de las cortinas de humo que se pueden haber tendido sobre el alto tribunal.
Los magistrados de la Corte, según le dijo uno de ellos a SEMANA, están convencidos de que el gobierno ya les cogió ventaja en lo que, para ellos, es una campaña de desprestigio. Y uno más aseguró que "la para-política está en crisis", por todo lo que está ocurriendo.
Y es que la lluvia de dardos que le cayó a la Corte en esta semana no fue poca.
Desde el domingo comenzó la andanada. Artículos en El Espectador y El Tiempo cuestionaban al investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez decía que el magistrado manipulaba indagaciones contra los congresistas. Y una campesina lo acusaba de sonsacarle información a punta de aguardiente. Versión que luego fue desmentida por ella misma en la radio.
Al día siguiente, Nancy Patricia reveló una grabación que clandestinamente ella había hecho a un investigador del CTI que ratificaba sus denuncias. Ese mismo día, el presidente€Alvaro Uribe no sólo la respaldó, sino que siguió salpicando a la Corte. "Algún senador me ha expresado que ha sentido que le han querido pedir plata de sectores de la justicia", dijo sin concretar detalles. Y sacó del bolsillo nombres que hasta ese momento nadie había mencionado, pero que suelen darle puntos en los sondeos cuando casa pelea con ellos: "Es importante que la justicia investigue qué manipulación de testigos han hecho, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro".
Y el vía crucis no terminó ahí. El miércoles, Uribe se reunió tres horas con su bancada. Y al final, sobre la propia alfombra roja de la Casa de Nariño, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, dijo a los medios que el mandatario había hablado de la necesidad de erradicar el "roscograma" de la rama judicial. Que si bien para muchos sonó como un chiste flojo, pues en esa materia en Colombia nadie puede tirar la primera piedra, de todas maneras puesto en la voz de Uribe seguía horadando a los operadores de justicia.
A esta altura de la pelea, la imagen pública de la Corte ya parecía estar a punto de caer tendida en el ring. Reaccionó, hizo público su respaldo al magistrado auxiliar Iván Velásquez y, el jueves, sacó sus dos comunicados.
Para analizar lo ocurrido, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia no es un órgano intocable. Que si hay clientelismo en la justicia, lo mejor es erradicarlo, como dice el Presidente. Y si un magistrado incurre en actos reprochables, también hay que cuestionarlo. Así como también existe un legítimo derecho a disentir de las decisiones de las Altas Cortes.
Pero lo que no queda nada bien es que tanto la ex presidenta del Congreso como el propio Presidente de la República acudan a prácticas bastante cuestionables para manifestar su diferencias con las investigaciones sobre la para-política. ¿Por qué el Presidente lanza acusaciones tan graves, como la de que sectores de la justicia le están pidiendo plata a un senador, sin tener ninguna prueba? ¿Qué presentación tiene que la ex presidenta del Senado acuda a una grabación clandestina, en la cual, además, se nota cierto tono tendencioso en sus preguntas y una confianza poco usual entre un investigador con su investigado?
Más allá de las intenciones que hayan podido animar las denuncias del uribismo, lo cierto es que el resultado es el desprestigio de la justicia y en particular de la Corte Suprema. La popularidad del presidente Uribe, por encima del 80 por ciento, es un arma muy poderosa a la hora de darles credibilidad a las palabras. Algunos de los congresistas que asistieron a la reunión del miércoles en la Casa de Nariño dijeron que lo que más les llamó la atención fue el propósito evidente del líder de envalentonarlos. "Insistentemente nos dijo eso, ¡no hay tener miedo!", contó un senador a SEMANA ante los temores de algunos por la posibilidad de que perdieran sus investiduras si votaban las reformas a la Justicia y a la Política, votaciones para las cuales podrían estar impedidos.
¿Qué está pasando? Todo indica que en la Casa de Nariño no están muy contentos con la Corte Suprema. Y aunque el Presidente ha presentado en escenarios privados todo un memorial de agravios, al final del día la principal razón parece ser la para-política. Hay que recordar que hasta hace poco esta Corte era prácticamente la niña consentida del Presidente. Pero, a partir del 26 de septiembre del año pasado, cuando llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, empezó la refriega.
El primer round fue el de la demanda penal contra el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, por una llamada telefónica en la que éste dice que Uribe le preguntó por su primo Mario el mismo día en que fue llamado a indagatoria, y el Presidente asegura que es mentira. La demanda aún está vigente.
El segundo round fue el del caso 'Tasmania'. Menos de dos semanas después del llamado a indagatoria, Uribe le dio un jalón de orejas a la Corte y acusó al investigador Iván Velásquez de tener tratos oscuros con el paramilitar 'Tasmania' para que atestiguara en su contra. La Fiscalía cerró hace menos de dos semanas el caso y dijo que se trató de un "burdo montaje". El propio paramilitar se retractó y dejó un manto de duda sobre la supuesta participación de Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del Presidente, en el caso.
Con el paso de los meses el escándalo de la para-política crecía, hasta llegar a 70 congresistas involucrados, la mayoría de ellos uribistas, incluidos el presidente de La U, Carlos García, y la ya mencionada presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
Y entre junio y julio se precipitó el tercer round, cuando por el polémico fallo de la Corte sobre la 'yidis-política', Uribe llegó a decir que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante", y desafió a la Corte diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.
Las mediaciones no han funcionado. Ni la euforia por el rescate de Íngrid, que provocó una luna de miel artificial. Ni la de monseñor Rubiano, en la que el presidente Uribe y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, se arrodillaron a rezar en un aparente gesto de reconciliación. Pero era apenas una foto. Las discrepancias siguieron intactas.
En medio de los golpes a la mandíbula que se han lanzado el gobierno y la Corte, la reforma a la justicia que propone el gobierno se ve como un acto de revanchismo en la cúpula de la justicia. Para ellos, lo que el gobierno busca es dar gabelas a los magistrados, para aliviar los controles que tienen hoy las Cortes sobre el Congreso y facilitar que el uribismo haga más duradera su influencia sobre las Cortes.
Por su parte, el Congreso también esta listo a subirse al ring. Mientras la oposición -el partido liberal y el Polo Democrático- ha apoyado públicamente las investigaciones de la Corte Suprema, el uribismo en el Congreso calienta motores. El presidente del Congreso, Hernán Andrade, citará a los presidentes de las Cortes para un debate sobre las presuntas relaciones de magistrados con el empresario Giorgio Sale, preso por narcotráfico. Precisamente el magistrado Yesid Ramírez, quien aceptó haber recibido un reloj Rolex de parte de este polémico personaje, está fuera del país.
Nadie cuestiona que la justicia colombiana tiene problemas estructurales. Y que en las Altas Cortes hay 'roscogramas'. Es simplemente una expresión más del clientelismo, que si bien sería mejor que no existiera, no es un vicio exclusivo de la rama judici al. En el Legislativo y el Ejecutivo la practican en las mismas proporciones, o peor, como el propio Presidente tuvo que reconocer en su acto de contrición el fin de semana.
Lo que preocupa es la motivación que tienen sectores de la política de mandar a la lona a la cúpula de la justicia justo en el momento en que investiga uno de los flagelos que más daño le han hecho a la democracia: la relación entre política y mafias. El país ya padeció la época del terror de Pablo Escobar y sus intentos de conquistar la política. Así como el capítulo sombrío del Cartel de Cali con sus largos tentáculos en el Congreso y en el gobierno, que tuvo como coletazo el proceso 8.000. Ahora, cuando la mayoría de los colombianos quiere desterrar la para-política, sectores del gobierno y el Congreso están empeñados en ponerle palos en la rueda a la Corte Suprema. Si la justicia no llega hasta el fondo de sus investigaciones y manda un mensaje ejemplarizante para las nuevas generaciones de gobernantes, Colombia estará condenada a repetir su historia de sangre y corrupción.
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Niños al borde de la drogadicción
En las lomas de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el idealista y mal financiado programa del Hospital de Vista Hermosa, lucha por rescatar a los niños, antes de que caigan al abismo al que los empujan la pobreza y el maltrato. Cien mil niños menores de 14 años consumen alucinógenos en Colombia.
Por Esteban Borrero**
Fecha: 08/14/2008 -
En uno de los consultorios de los Programas Juveniles del Hospital Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, está María Eugenia, la mamá de Yimy*, un niño de 14 años, con la siquiatra Ximena Cortés. María Eugenia, llorando, le cuenta a Ximena que una tarde, hace como un año, llegó del trabajo y encontró que la casa estaba muy desordenada y había un olor fuerte a pegante. En una cama estaba Yimi con la cara y las sábanas untadas de boxer. Maria Eugenia trató de despertarlo pero fue peor porque empezó una pelea muy fuerte, con muchos gritos y golpes.
- Ahora me toca estar todo el día detrás de él – dice María Eugenia. – Lo deja uno solo un minuto y se va con los amigos y comienzan otra vez los problemas. Esto para mí se convirtió en una pesadilla –
Maria Eugenia se retiró del trabajo hace una semana para dedicarse a cuidar a Yimy. La sicóloga le dice que eso es un error, que ella no puede acabar con su vida.
El juego es una de las principales herramientas para proteger a los niños de caer en la drogadicción En el programa juvenil de prevención de la drogadicción del Hospital de Vista Hermosa, las madres se reúnen a discutir los problemas de sus hijos. De vez en cuando los profesores organizan un sancocho como una actividad para compartir con los niños. - Usted tiene que estar bien para que pueda ayudarle a su hijo a salir del problema. Voy a hacerle una carta para que la reintegren al trabajo- le dice Ximena.
María Eugenia Pineda tiene 48 años. Desde hace dos meses está llevando todas las tardes a Yimy al Programa de Prevención de la Drogadicción. Toda su vida ha transcurrido en Ciudad Bolívar. Sus papás, que venían de Santander, llegaron a Bogotá en 1955,. Ella recuerda con mucha nostalgia cómo era el barrio en la época en que era una niña: no había violencia, se podía salir a la calle a cualquier hora, todo el mundo se conocía. Se casó joven con Eduardo Sarmiento, un conductor de volqueta mucho mayor que ella. Tuvo tres hijos y se separó hace seis años, Yimy es el menor. Ha trabajado como empleada del servicio en varios apartamentos del barrio La Soledad y desde hace cuatro años como aseadora de salas de cirugía en el hospital de Kennedy.
Mientras Ximena hace la carta, María Eugenia se sienta en la sala de espera de los consultorios. Es una sala blanca y bien iluminada con un árbol de cartón y alambre con ramas cargadas de frases de autoayuda: “la oportunidad de hoy borra el fracaso de ayer”, “los momentos difíciles son los que más enseñan”. Al rato sale Ximena y le explica a María Eugenia que la carta ya está hecha pero que no hay tinta en ninguna impresora y que por eso toca que pase la siguiente semana a recogerla.
* * *
Nubia Rodríguez, terapeuta ocupacional, es la directora y la fundadora del programa de prevención de la drogadicción . Me explica que se trata de un programa piloto ejecutado por el Hospital Vista Hermosa de Ciudad Bolívar que tiene como objetivo evitar que los niños que ya tienen un primer contacto con la droga caigan en un problema mas grave de drogadicción.
- La idea es que estén el menor tiempo posible en la calle – dice Nubia - mientras no estén en el colegio deben permanecer en el centro.
Cuatro sicólogas y cuatro trabajadoras sociales son las encargadas de organizarles juegos, oírles los problemas y hacerles terapias mientras los papás llegan del trabajo a recogerlos. El centro es una dependencia del Hospital Vista Hermosa.
El tratamiento dura seis meses y diariamente asisten 100 niños entre 10 y 17 años. Si el caso es grave y no hay ninguna mejoría entonces lo remiten a un internado en donde le hacen una terapia de rehabilitación más intensa. Además de la ayuda sicológica que le dan a los niños en el programa también hay clases de panadería, carpintería y agricultura.
Nubia me presenta el equipo que trabaja en el Programa y les dice que voy a estar una semana viéndolos trabajar, que me dejen participar de cualquier actividad que estén haciendo. Me siento en la sala de espera a hablar con algunas de las sicólogas. Me cuentan que en ese Programa todos los días hay historias sorprendentes, que eso es lo interesante del trabajo. Ximena cuenta que por ejemplo uno de los niños tiene de mascota un perro que le robó a un portero. Janet dice que hay otro que colecciona palomas y ya tiene invadida la casa.
Me invitan a almorzar al Colegio Juan Bosco. Por el camino nos encontramos con una mamá que lleva de la mano a sus dos hijas, van con maletas y uniforme de colegio. Una de las niñas estuvo en el programa de Prevención hace seis meses. Parecía una familia común y corriente. Después me contaron que esa mamá trabajaba en un almacén de venta de zapatos y mató a cuchillo al dueño porque trató de violarla. La metieron cuatro años a la cárcel y ahí tuvo a una de las niñas que acabábamos de conocer para que le redujeran la pena.
* * *
Don Sergio Pira, el encargado de la clase de panadería, anota la receta del pan de coco en el tablero y le pide a sus alumnos que se laven bien las manos. Le ayuda a uno por uno a ponerse el delantal, el gorro, el tapabocas. Les explica que en una panadería lo más importante es la limpieza.
Don Sergio Pira tiene 65 años y es panadero desde los 16. Ha trabajado en varias panaderías de mucha tradición en Bogotá. Estudió durante tres años cocina en el SENA y después fue profesor. También fue militar durante el gobierno de Rojas Pinilla. Lleva dos años dando clases en el Programa de Prevención en Ciudad Bolívar. El trabajo lo consiguió gracias a que lo recomendó el chofer de un político.
- Yo ayudo a lo que puedo poniendo mi granito de harina - dice Don Sergio.
Mientras todos amasan, engrasan moldes y llenan con distintas figuras las latas para hornear, Conrado*, un niño de 12 años, muy delgado, que habla poco, se sienta en una esquina de la panadería. No está bien, se le ve pálido. Al rato comienza a vomitar y después pierde el conocimiento. Llegan las sicólogas y también muchos niños que estaban en otras actividades. La panadería se llena de gente. Don Sergio pide que por favor saquen a Conrado de la panadería. Llaman a una ambulancia para llevarlo al Hospital de Vista Hermosa. La ambulancia llega una hora después.
* * *
Por la tarde las sicólogas organizan un juego que se llama “El Periodista”. Hay más o menos cincuenta niños en un pequeño salón. Ximena Cortés y Liliana Castro les dicen que cada uno tiene que entrevistar a un compañero y escribir en una hoja todo lo que haya podido averiguar sobre su vida. Las preguntas son muy parecidas: ¿cuál es tu comida favorita? ,¿qué quieres ser cuando grande?, ¿de que equipo eres hincha?. Casi todos quieren ser soldados, policías o estudiar criminalística. Algunos hacen preguntas más irreverentes: ¿eres virgen? , ¿consumes pegante?.
No hay suficientes lápices en el salón y eso hace que comiencen las peleas. Las dos sicólogas deciden suspender la actividad: los regañan, les dicen que con ellos es imposible hacer cualquier cosa, que al menos respeten al invitado (es decir, a mí). Mientras deciden qué hacer, salen del salón y cierran la puerta. Manuel Osorio, un niño de catorce años, con arete, con tenis, con camiseta del Nacional, toma impulso, manda una patada y le pega un puertazo en la cara a Ximena Cortés.
* * *
Al día siguiente Ligia Pardo, una de las trabajadoras sociales, me invitó a hacer una visita domiciliaria a la casa de Miguel*. Su novia, Carolina*, de 14 años, iba a tener un bebé muy pronto y estaba viviendo en la casa de Miguel porque la habían echado de la de ella. Además, la hermana de Miguel, Juana*, de 15 años, había denunciado que el padrastro intentó violarla. Ligia Pardo quería mirar como estaba Carolina y ver que decía la mamá de Miguel, sobre el comportamiento del padrastro.
Subimos por calles empinadas y destapadas por los barrios El Paraíso y Los Alpes en una camioneta del Hospital Vista Hermosa. La vista de Bogotá desde el barrio El Paraíso es impresionante: al sur se ve Usme, otra inmensa ciudad, y al fondo, hacia el oriente, los edificios del centro y los cerros de Monserrate y Guadalupe.
El barrio Los Alpes queda pasando la montaña de Ciudad Bolívar. El paisaje es rural, las casas están separadas unas de otras, casi no hay servicios públicos y las construcciones no son de bloque de ladrillo sino de tabla de triplex, de retazos de teja y con piso de tierra. El clima es distinto, hace mas frío y hay viento.
Después de mucho preguntar y de buscar una dirección que no existía logramos llegar a la casa de la familia de Miguel. Tuvimos que andar el último tramo porque en ese sector casi no hay calles. Por fuera la casa de Miguel se parecía a las otras, estaba hecha de tablas azules y no tenía ventanas.
Entramos a la casa. El primer cuarto tenía dos camas muy pegadas separadas por una tela colgada del techo. En una de las camas dormía la mamá de Miguel con su compañero, y en la otra Juana. La cercanía de estas camas hacía más creíble la denuncia de violación de Juana. A pesar de que eran las tres de la tarde estaba muy oscuro y la mamá tuvo que prender la luz.
Al lado de las camas había una pequeña mesa con un mantel de navidad, con muchas cajas de cartón con platos y vasos, con un racimo de plátanos, con una televisión con la pantalla rota, con un pedazo de un teclado de un computador. En esa mesa nos sentamos para hacer la entrevista.
La mamá ha tomado varios cursos de manejo de armas y trabaja como celadora en un conjunto residencial en la calle 140 con carrera 11. Pero ese trabajo es esporádico, por lo general son solo reemplazos. Por eso le toca complementar sus ingresos con el reciclaje. Sale tres veces por semana, toda la noche al barrio 20 de Julio, a buscar entre las bolsas de basura cartones, envases plásticos, botellas para después venderlos.
Nos contó que el viernes pasado Carolina había tenido contracciones y corrieron de emergencia al Hospital Meissen. El médico les dijo que todavía faltaba más tiempo, que esperaran otra semana, que no se angustiaran. La siguiente cita es este miércoles. El médico dice que es mejor hacer una cesárea porque por la edad de Carolina, apenas 14 años, es un embarazo de alto riesgo.
Las peleas con la familia de Carolina han sido constantes. El papá de Carolina, cuando se enteró de que su hija estaba embarazada, amenazó con matar a Miguel. La mamá la echó de la casa. La mamá de Miguel dice que la recibió porque ella también tuvo una hija muy joven, cuando tenía doce años, y sabía lo que era eso. También a ella la habían echado de la casa.
Pasamos al siguiente cuarto y encontramos a Carolina, estaba dormida. La mamá prendió la luz y la despertó. Tenía mucha gripa. Nos contó que ya se sentía mejor pero que la semana pasada había estado muy mal. Ligia le hizo una especie de chequeo médico y varias preguntas sobre el embarazo. Carolina nos contó que iba a ser una niña pero que no estaba segura como llamarla. En una esquina de la cama tenía una maleta con algunas cosas para el bebé por si le tocaba otra vez salir de carrera al hospital.
* * *
El viernes por la tarde fueron los ediles de la localidad a conocer el Programa de Prevención de Ciudad Bolívar. Nubia, la directora, estaba muy nerviosa: cada año le han ido reduciendo el presupuesto y ya es prácticamente imposible mantener abierto el centro. La mirada de todos los ediles era de indiferencia, algunos ni siquiera entraron. Tenían afán: querían terminar rápido el recorrido por el barrio.
También fueron Miguel y su mamá a hablar con una de las sicólogas para hacer una terapia de reconciliación. Miguel dice que no se aguanta más que su mamá le pegue y lo insulte. La mamá se queja que Miguel no ayude a nada en la casa y se la pase en la calle con los amigos perdiendo el tiempo sin importarle que va a ser papá en unos días. La sicóloga les pide que intenten perdonarse y dar lo mejor que cada uno tenga en estos días porque de eso depende en gran parte la vida de la niña que va a nacer.
* * *
El discurso oficial es que en Colombia somos productores de droga por culpa de los consumidores de los otros países. Este discurso ha hecho que se niegue el problema de la drogadicción en Colombia, que se mantenga en la sombra. La consecuencia es que a los programas de prevención como el de Ciudad Bolívar les toca sobrevivir con pocos recursos y sin apoyo del Estado: no existe una política nacional sobre el tema y la inversión en prevención y rehabilitación es mínima.
En Colombia hay cerca de 100.000 niños entre 8 y 14 años que consumen regularmente alucinógenos. Según un estudio que hizo las Naciones Unidas en el 2007 estamos entre los tres países de Suramérica con mayores índices de drogadicción de menores. Según el informe, el 7,1 por ciento de los estudiantes colombianos ha fumado marihuana durante el último año, el 2,2 por ciento ha inhalado cocaína y el 1,8 por ciento bazuco.
Mañana miércoles, en el Hospital Meissen, nacerá la hija de Carolina y de Miguel. Una niña hija de niños; lejos de la bonanza que se vive en el país por estos días. Nace en medio de un problema que para el gobierno no existe y que por lo tanto no va a solucionar. Se necesitaría un milagro para que su vida no sea una repetición de la tragedia.
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* Los nombres de los niños han sido cambiados para proteger su identidad
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**Esteban Borrero es alumno del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes y escribió esta historia para el curso de reportaje. Semana.com lo publica en exclusiva.
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En las lomas de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el idealista y mal financiado programa del Hospital de Vista Hermosa, lucha por rescatar a los niños, antes de que caigan al abismo al que los empujan la pobreza y el maltrato. Cien mil niños menores de 14 años consumen alucinógenos en Colombia.
Por Esteban Borrero**
Fecha: 08/14/2008 -
En uno de los consultorios de los Programas Juveniles del Hospital Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, está María Eugenia, la mamá de Yimy*, un niño de 14 años, con la siquiatra Ximena Cortés. María Eugenia, llorando, le cuenta a Ximena que una tarde, hace como un año, llegó del trabajo y encontró que la casa estaba muy desordenada y había un olor fuerte a pegante. En una cama estaba Yimi con la cara y las sábanas untadas de boxer. Maria Eugenia trató de despertarlo pero fue peor porque empezó una pelea muy fuerte, con muchos gritos y golpes.
- Ahora me toca estar todo el día detrás de él – dice María Eugenia. – Lo deja uno solo un minuto y se va con los amigos y comienzan otra vez los problemas. Esto para mí se convirtió en una pesadilla –
Maria Eugenia se retiró del trabajo hace una semana para dedicarse a cuidar a Yimy. La sicóloga le dice que eso es un error, que ella no puede acabar con su vida.
El juego es una de las principales herramientas para proteger a los niños de caer en la drogadicción En el programa juvenil de prevención de la drogadicción del Hospital de Vista Hermosa, las madres se reúnen a discutir los problemas de sus hijos. De vez en cuando los profesores organizan un sancocho como una actividad para compartir con los niños. - Usted tiene que estar bien para que pueda ayudarle a su hijo a salir del problema. Voy a hacerle una carta para que la reintegren al trabajo- le dice Ximena.
María Eugenia Pineda tiene 48 años. Desde hace dos meses está llevando todas las tardes a Yimy al Programa de Prevención de la Drogadicción. Toda su vida ha transcurrido en Ciudad Bolívar. Sus papás, que venían de Santander, llegaron a Bogotá en 1955,. Ella recuerda con mucha nostalgia cómo era el barrio en la época en que era una niña: no había violencia, se podía salir a la calle a cualquier hora, todo el mundo se conocía. Se casó joven con Eduardo Sarmiento, un conductor de volqueta mucho mayor que ella. Tuvo tres hijos y se separó hace seis años, Yimy es el menor. Ha trabajado como empleada del servicio en varios apartamentos del barrio La Soledad y desde hace cuatro años como aseadora de salas de cirugía en el hospital de Kennedy.
Mientras Ximena hace la carta, María Eugenia se sienta en la sala de espera de los consultorios. Es una sala blanca y bien iluminada con un árbol de cartón y alambre con ramas cargadas de frases de autoayuda: “la oportunidad de hoy borra el fracaso de ayer”, “los momentos difíciles son los que más enseñan”. Al rato sale Ximena y le explica a María Eugenia que la carta ya está hecha pero que no hay tinta en ninguna impresora y que por eso toca que pase la siguiente semana a recogerla.
* * *
Nubia Rodríguez, terapeuta ocupacional, es la directora y la fundadora del programa de prevención de la drogadicción . Me explica que se trata de un programa piloto ejecutado por el Hospital Vista Hermosa de Ciudad Bolívar que tiene como objetivo evitar que los niños que ya tienen un primer contacto con la droga caigan en un problema mas grave de drogadicción.
- La idea es que estén el menor tiempo posible en la calle – dice Nubia - mientras no estén en el colegio deben permanecer en el centro.
Cuatro sicólogas y cuatro trabajadoras sociales son las encargadas de organizarles juegos, oírles los problemas y hacerles terapias mientras los papás llegan del trabajo a recogerlos. El centro es una dependencia del Hospital Vista Hermosa.
El tratamiento dura seis meses y diariamente asisten 100 niños entre 10 y 17 años. Si el caso es grave y no hay ninguna mejoría entonces lo remiten a un internado en donde le hacen una terapia de rehabilitación más intensa. Además de la ayuda sicológica que le dan a los niños en el programa también hay clases de panadería, carpintería y agricultura.
Nubia me presenta el equipo que trabaja en el Programa y les dice que voy a estar una semana viéndolos trabajar, que me dejen participar de cualquier actividad que estén haciendo. Me siento en la sala de espera a hablar con algunas de las sicólogas. Me cuentan que en ese Programa todos los días hay historias sorprendentes, que eso es lo interesante del trabajo. Ximena cuenta que por ejemplo uno de los niños tiene de mascota un perro que le robó a un portero. Janet dice que hay otro que colecciona palomas y ya tiene invadida la casa.
Me invitan a almorzar al Colegio Juan Bosco. Por el camino nos encontramos con una mamá que lleva de la mano a sus dos hijas, van con maletas y uniforme de colegio. Una de las niñas estuvo en el programa de Prevención hace seis meses. Parecía una familia común y corriente. Después me contaron que esa mamá trabajaba en un almacén de venta de zapatos y mató a cuchillo al dueño porque trató de violarla. La metieron cuatro años a la cárcel y ahí tuvo a una de las niñas que acabábamos de conocer para que le redujeran la pena.
* * *
Don Sergio Pira, el encargado de la clase de panadería, anota la receta del pan de coco en el tablero y le pide a sus alumnos que se laven bien las manos. Le ayuda a uno por uno a ponerse el delantal, el gorro, el tapabocas. Les explica que en una panadería lo más importante es la limpieza.
Don Sergio Pira tiene 65 años y es panadero desde los 16. Ha trabajado en varias panaderías de mucha tradición en Bogotá. Estudió durante tres años cocina en el SENA y después fue profesor. También fue militar durante el gobierno de Rojas Pinilla. Lleva dos años dando clases en el Programa de Prevención en Ciudad Bolívar. El trabajo lo consiguió gracias a que lo recomendó el chofer de un político.
- Yo ayudo a lo que puedo poniendo mi granito de harina - dice Don Sergio.
Mientras todos amasan, engrasan moldes y llenan con distintas figuras las latas para hornear, Conrado*, un niño de 12 años, muy delgado, que habla poco, se sienta en una esquina de la panadería. No está bien, se le ve pálido. Al rato comienza a vomitar y después pierde el conocimiento. Llegan las sicólogas y también muchos niños que estaban en otras actividades. La panadería se llena de gente. Don Sergio pide que por favor saquen a Conrado de la panadería. Llaman a una ambulancia para llevarlo al Hospital de Vista Hermosa. La ambulancia llega una hora después.
* * *
Por la tarde las sicólogas organizan un juego que se llama “El Periodista”. Hay más o menos cincuenta niños en un pequeño salón. Ximena Cortés y Liliana Castro les dicen que cada uno tiene que entrevistar a un compañero y escribir en una hoja todo lo que haya podido averiguar sobre su vida. Las preguntas son muy parecidas: ¿cuál es tu comida favorita? ,¿qué quieres ser cuando grande?, ¿de que equipo eres hincha?. Casi todos quieren ser soldados, policías o estudiar criminalística. Algunos hacen preguntas más irreverentes: ¿eres virgen? , ¿consumes pegante?.
No hay suficientes lápices en el salón y eso hace que comiencen las peleas. Las dos sicólogas deciden suspender la actividad: los regañan, les dicen que con ellos es imposible hacer cualquier cosa, que al menos respeten al invitado (es decir, a mí). Mientras deciden qué hacer, salen del salón y cierran la puerta. Manuel Osorio, un niño de catorce años, con arete, con tenis, con camiseta del Nacional, toma impulso, manda una patada y le pega un puertazo en la cara a Ximena Cortés.
* * *
Al día siguiente Ligia Pardo, una de las trabajadoras sociales, me invitó a hacer una visita domiciliaria a la casa de Miguel*. Su novia, Carolina*, de 14 años, iba a tener un bebé muy pronto y estaba viviendo en la casa de Miguel porque la habían echado de la de ella. Además, la hermana de Miguel, Juana*, de 15 años, había denunciado que el padrastro intentó violarla. Ligia Pardo quería mirar como estaba Carolina y ver que decía la mamá de Miguel, sobre el comportamiento del padrastro.
Subimos por calles empinadas y destapadas por los barrios El Paraíso y Los Alpes en una camioneta del Hospital Vista Hermosa. La vista de Bogotá desde el barrio El Paraíso es impresionante: al sur se ve Usme, otra inmensa ciudad, y al fondo, hacia el oriente, los edificios del centro y los cerros de Monserrate y Guadalupe.
El barrio Los Alpes queda pasando la montaña de Ciudad Bolívar. El paisaje es rural, las casas están separadas unas de otras, casi no hay servicios públicos y las construcciones no son de bloque de ladrillo sino de tabla de triplex, de retazos de teja y con piso de tierra. El clima es distinto, hace mas frío y hay viento.
Después de mucho preguntar y de buscar una dirección que no existía logramos llegar a la casa de la familia de Miguel. Tuvimos que andar el último tramo porque en ese sector casi no hay calles. Por fuera la casa de Miguel se parecía a las otras, estaba hecha de tablas azules y no tenía ventanas.
Entramos a la casa. El primer cuarto tenía dos camas muy pegadas separadas por una tela colgada del techo. En una de las camas dormía la mamá de Miguel con su compañero, y en la otra Juana. La cercanía de estas camas hacía más creíble la denuncia de violación de Juana. A pesar de que eran las tres de la tarde estaba muy oscuro y la mamá tuvo que prender la luz.
Al lado de las camas había una pequeña mesa con un mantel de navidad, con muchas cajas de cartón con platos y vasos, con un racimo de plátanos, con una televisión con la pantalla rota, con un pedazo de un teclado de un computador. En esa mesa nos sentamos para hacer la entrevista.
La mamá ha tomado varios cursos de manejo de armas y trabaja como celadora en un conjunto residencial en la calle 140 con carrera 11. Pero ese trabajo es esporádico, por lo general son solo reemplazos. Por eso le toca complementar sus ingresos con el reciclaje. Sale tres veces por semana, toda la noche al barrio 20 de Julio, a buscar entre las bolsas de basura cartones, envases plásticos, botellas para después venderlos.
Nos contó que el viernes pasado Carolina había tenido contracciones y corrieron de emergencia al Hospital Meissen. El médico les dijo que todavía faltaba más tiempo, que esperaran otra semana, que no se angustiaran. La siguiente cita es este miércoles. El médico dice que es mejor hacer una cesárea porque por la edad de Carolina, apenas 14 años, es un embarazo de alto riesgo.
Las peleas con la familia de Carolina han sido constantes. El papá de Carolina, cuando se enteró de que su hija estaba embarazada, amenazó con matar a Miguel. La mamá la echó de la casa. La mamá de Miguel dice que la recibió porque ella también tuvo una hija muy joven, cuando tenía doce años, y sabía lo que era eso. También a ella la habían echado de la casa.
Pasamos al siguiente cuarto y encontramos a Carolina, estaba dormida. La mamá prendió la luz y la despertó. Tenía mucha gripa. Nos contó que ya se sentía mejor pero que la semana pasada había estado muy mal. Ligia le hizo una especie de chequeo médico y varias preguntas sobre el embarazo. Carolina nos contó que iba a ser una niña pero que no estaba segura como llamarla. En una esquina de la cama tenía una maleta con algunas cosas para el bebé por si le tocaba otra vez salir de carrera al hospital.
* * *
El viernes por la tarde fueron los ediles de la localidad a conocer el Programa de Prevención de Ciudad Bolívar. Nubia, la directora, estaba muy nerviosa: cada año le han ido reduciendo el presupuesto y ya es prácticamente imposible mantener abierto el centro. La mirada de todos los ediles era de indiferencia, algunos ni siquiera entraron. Tenían afán: querían terminar rápido el recorrido por el barrio.
También fueron Miguel y su mamá a hablar con una de las sicólogas para hacer una terapia de reconciliación. Miguel dice que no se aguanta más que su mamá le pegue y lo insulte. La mamá se queja que Miguel no ayude a nada en la casa y se la pase en la calle con los amigos perdiendo el tiempo sin importarle que va a ser papá en unos días. La sicóloga les pide que intenten perdonarse y dar lo mejor que cada uno tenga en estos días porque de eso depende en gran parte la vida de la niña que va a nacer.
* * *
El discurso oficial es que en Colombia somos productores de droga por culpa de los consumidores de los otros países. Este discurso ha hecho que se niegue el problema de la drogadicción en Colombia, que se mantenga en la sombra. La consecuencia es que a los programas de prevención como el de Ciudad Bolívar les toca sobrevivir con pocos recursos y sin apoyo del Estado: no existe una política nacional sobre el tema y la inversión en prevención y rehabilitación es mínima.
En Colombia hay cerca de 100.000 niños entre 8 y 14 años que consumen regularmente alucinógenos. Según un estudio que hizo las Naciones Unidas en el 2007 estamos entre los tres países de Suramérica con mayores índices de drogadicción de menores. Según el informe, el 7,1 por ciento de los estudiantes colombianos ha fumado marihuana durante el último año, el 2,2 por ciento ha inhalado cocaína y el 1,8 por ciento bazuco.
Mañana miércoles, en el Hospital Meissen, nacerá la hija de Carolina y de Miguel. Una niña hija de niños; lejos de la bonanza que se vive en el país por estos días. Nace en medio de un problema que para el gobierno no existe y que por lo tanto no va a solucionar. Se necesitaría un milagro para que su vida no sea una repetición de la tragedia.
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* Los nombres de los niños han sido cambiados para proteger su identidad
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**Esteban Borrero es alumno del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes y escribió esta historia para el curso de reportaje. Semana.com lo publica en exclusiva.
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Alcalde Mayor y Ministro de Defensa vuelven a chocar por manejo de seguridad en la ciudad
Juan Manuel Santos le dijo a Samuel Moreno que no era conveniente 'regañar' al comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino por el aumento de la inseguridad.
El ministro Santos lo defendió luego de que hace tres días, durante un consejo de seguridad en Bosa, Moreno le pidió a la Policía mayores resultados y más agilidad en la lucha contra la delincuencia.
El mensaje del Alcale también iba para los jueces de garantías a la hora de expedir las órdenes de captura.
"No es conveniente -dijo Santos -que Moreno regañe en público al comandante de la Policía Metropolitana. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es trabajar en coordinación".
El Ministro, además, anunció que a partir de la próxima semana realizará consejos de seguridad en Bogotá, a los cuales espera que asista la Alcaldía, tal y como el que lideró en la localidad de Suba el pasado mes de junio y que irritó a Moreno, quien se encontraba fuera del país.
En esa ocasión, Palomino también quedó en medio del rifirrafe por 'escuchar' más las peticiones del Ministro que del Alcalde, lo que generó el primer choque entre los dos altos funcionarios.
En esa ocasión, en una entrevista con EL TIEMPO, Moreno dijo: "El que responde por la seguridad de Bogotá soy yo".
Y ayer, Moreno no se quedó callado. "Exigir resultados no es desde ningún punto de vista un regaño", respondió, y dijo que las personas que más lo están criticando hoy son quienes no lo apoyaron durante su campaña.
Los choques por el tema de la seguridad no tendrán fin en el corto plazo. El Alcalde dijo que invitaba al ministro Santos el próximo martes, a las 9 de la mañana, al Palacio Liévano a un consejo de seguridad y el miércoles, a las 10, al consejo de seguridad abierto a la ciudadanía.
En la Alcaldía, según fuentes consultadas, esperan que el ministro Santos asista para expresarle que sí hay una preocupación por la participación de desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares en hechos delictivos en Bogotá.
Por si fuera poco, ayer el director de la Policía, el general Óscar Naranjo, no solo salió a respaldar a Palomino, sino que le pidió al Alcalde que diga "qué es lo que está pasando" con el alto oficial.
www.eltiempo.com
Juan Manuel Santos le dijo a Samuel Moreno que no era conveniente 'regañar' al comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino por el aumento de la inseguridad.
El ministro Santos lo defendió luego de que hace tres días, durante un consejo de seguridad en Bosa, Moreno le pidió a la Policía mayores resultados y más agilidad en la lucha contra la delincuencia.
El mensaje del Alcale también iba para los jueces de garantías a la hora de expedir las órdenes de captura.
"No es conveniente -dijo Santos -que Moreno regañe en público al comandante de la Policía Metropolitana. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es trabajar en coordinación".
El Ministro, además, anunció que a partir de la próxima semana realizará consejos de seguridad en Bogotá, a los cuales espera que asista la Alcaldía, tal y como el que lideró en la localidad de Suba el pasado mes de junio y que irritó a Moreno, quien se encontraba fuera del país.
En esa ocasión, Palomino también quedó en medio del rifirrafe por 'escuchar' más las peticiones del Ministro que del Alcalde, lo que generó el primer choque entre los dos altos funcionarios.
En esa ocasión, en una entrevista con EL TIEMPO, Moreno dijo: "El que responde por la seguridad de Bogotá soy yo".
Y ayer, Moreno no se quedó callado. "Exigir resultados no es desde ningún punto de vista un regaño", respondió, y dijo que las personas que más lo están criticando hoy son quienes no lo apoyaron durante su campaña.
Los choques por el tema de la seguridad no tendrán fin en el corto plazo. El Alcalde dijo que invitaba al ministro Santos el próximo martes, a las 9 de la mañana, al Palacio Liévano a un consejo de seguridad y el miércoles, a las 10, al consejo de seguridad abierto a la ciudadanía.
En la Alcaldía, según fuentes consultadas, esperan que el ministro Santos asista para expresarle que sí hay una preocupación por la participación de desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares en hechos delictivos en Bogotá.
Por si fuera poco, ayer el director de la Policía, el general Óscar Naranjo, no solo salió a respaldar a Palomino, sino que le pidió al Alcalde que diga "qué es lo que está pasando" con el alto oficial.
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Ataque de las FARC en Ituango
Presidente Álvaro Uribe visita Ituango, tras ataque terrorista que dejó 7 muertos y 54 heridos
Foto: Fuerza Aérea de Colombia/EFE
Traslado en helicóptero de los heridos por la explosión de una bomba en la noche de ayer, activada por guerrilleros de las Farc en Ituango.
"Debemos reafirmar la voluntad de acero contra el terrorismo", dijo el mandatario, quien fue acompañado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
El Frente 18 de las Farc sería el responsable del atentado, según el general Mario Montoya (La W)
Así luce Ituango (Antioquia) después de la bomba Entre los primeros anuncios hechos por el Gobierno se encuentra el aumento de la fuerza pública en la zona y el pago de una indemnización a las víctimas del atentado que asciende a 9 millones 230 mil pesos.
"Debemos tener toda la solidaridad con la comunidad y apoyarla. Y reafirmar la voluntad de acero que tenemos en la derrota del terrorismo", dijo Uribe en medio de un recorrido por la población antes de ingresar al consejo de seguridad.
El Presidente insistió en el infortunio que significa el atentado y el dolor por las víctimas.
"Duele mucho que hayan asesinado a estos compatriotas un día en el cual está en proceso de desmovilización un grupo guerrillro, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista)", dijo Uribe quien aseguró que ya se logró la desmovilización de 45 hombres.
En la tarde se definían en el consejo de seguridad nuevas acciones en contra del frente 18 de las Farc y recompensas por la captura de alias 'Román Ruiz', comandante de esta agrupación.
A su vez, se espera para hoy o mañana un sepelio colectivo de las siete víctimas del atentado.
Desolación entre los pobladores
"Fue muy maluco", relató un músico que estaba animando la fiesta en la que se produjo la explosión. El miliciano de las Farc alias 'Pájaro' ha sido detenido por el hecho.
"La gente empezó a gritar y a correr por todos lados pidiendo ayuda. Había dos pelados tirados vueltos nada y unos niños heridos", señaló por su parte John Tairo Graciano, un campesino que pasaba por este lugar de Antioquia.
"Uno de mis compañeros quedó mal herido", dijo el músico, quien agregó que a un niño que estaba más cerca de la caneca donde estaba el explosivo se le hizo un hueco en el brazo cuando estalló la carga.
El ataque se produjo a las 10:30 p.m. del jueves en un pasaje peatonal de la zona urbana.
En el hospital de la localidad permanecían internadas cuatro personas, mientras las otras 30 que fueron atendidas ya fueron dadas de alta.
En los hospitales General, San Vicente de Paúl, Las Américas y León XIII, de Medellín, y en el Hospital San Rafael, de Itagüí, permanecen otros 19 heridos en estado delicado.
Indemnizaciones
El ministro de la Protección, Diego Palacio, anunció que se reconocerían gastos funerarios hasta por 2 millones 300 mil pesos y a quienes sufran incapacidad permanente y no estén afiliados a sistemas de riesgo o pensiones, con hasta 180 salarios mínimos diarios, algo más de 2 millones 700 mil pesos.
Cifra de muertos
El número ha ido en ascenso durante el transcurso de la jornada.
Una de las personas fallecidas fue identificada como Guillermo Osorio Uribe, de 17 años, quien llegó sin signos vitales a la Clínica Las Américas de Medellín.
En ese centro médico son atendidos Juan Fernando Betancur, de 17 años, por una fractura de rodilla; John Fernando Oquendo, de 16 años; Elkin Alberto Higuita, de 32; y Luis Fernando Craciano, de 16 años, con heridas por esquirlas.
"Un bandido de las Farc hizo explotar el artefacto", dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, a 'W Radio'. Agregó que fue un ataque "cobarde" del Frente 18.
El alcalde Carlos Mario Gallo confirmó que entre los muertos se encuentra Alberto Calle, ex secretario de Gobierno del municipio y familiar suyo; además de dos aspirantes al cuerpo de bomberos y otra persona, aún no identificada.
Una niña de 4 años, un niño de 10 y un policía están en el grupo
de víctimas graves, que durante la madrugada de hoy fueron evacuadas a Medellín en helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dijo el director del hospital municipal José Ignacio Gutiérrez.
"Hay mucha tensión en el municipio. Esto es muy triste, la gente estaba celebrando cuando ocurrió la explosión", reiteró el alcalde, quien dijo que la policía y el ejército se encuentran en el lugar colaborando con la situación.
La detención de alias 'El Pajaro'
"En el momento que salió a correr, segundos después de lanzar el artefacto, fue capturado por la Policía", informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
Según inteligencia de la Policía, 'el Pájaro' es un miliciano de reconocida trayectoria en la guerrilla y además registra antedecentes por rebelión y extorsión.
Por lo menos 20 policías y tropas del Ejército apoyaron la evacuación de los heridos hacia la ciudad de Medellín pues en Ituango no hay sufuciente personal médico para atender la emergencia. Aeronaves de la Fuerza Aérea se disponían a realizar el traslado de los heridos.
En la zona de la explosión había gran presencia de personas debido a que por estos días se desarrollan las fiestas de la ituanguinidad.
"En el sitio había mucha gente y todos estaban bailando, cuando hubo la explosión todo el mundo comenzó a gritar y a correr. A esta hora (12:40 am) el pueblo está solo, a penas hay movimiento por los lados del hospital", informó un habitante de Ituango.
"Hay muchos negocios, almacenes, comercio, bares y tiendas en la zona", reveló otro habitantes de Ituango. Agregó que no habían escuchado advertencias de atentados o ataques contra el pueblo.
Este municipio está ubicado en viaje en carro a 12 horas de la capital antioqueña, en límites con la región del Urabá.
Ituango es una población que históricamente ha sido golpeada por la violencia. Primero por parte de las Farc y luego a manos de los grupos paramilitares que a sangre y fuego tomaron el control de la región.
Los bloques Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera, el 'Alemán', y el Occidental de las Auc, hicieron presencia en Ituango hasta su desmovilización.
A la jurisdicción de este municipio pertenece el corregimiento de El Aro, tristemente recordado por la masacre de 15 campesinos a manos de los 'paras' en 1997.
Ituango
La localidad está situada a unos 600 kilómetros de Bogotá y fue de influencia de reductos paramilitares liderados por Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Castaño fue asesinado en abril de 2004 por rivales de las Auc.
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Foto: Fuerza Aérea de Colombia/EFE
Traslado en helicóptero de los heridos por la explosión de una bomba en la noche de ayer, activada por guerrilleros de las Farc en Ituango.
"Debemos reafirmar la voluntad de acero contra el terrorismo", dijo el mandatario, quien fue acompañado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
El Frente 18 de las Farc sería el responsable del atentado, según el general Mario Montoya (La W)
Así luce Ituango (Antioquia) después de la bomba Entre los primeros anuncios hechos por el Gobierno se encuentra el aumento de la fuerza pública en la zona y el pago de una indemnización a las víctimas del atentado que asciende a 9 millones 230 mil pesos.
"Debemos tener toda la solidaridad con la comunidad y apoyarla. Y reafirmar la voluntad de acero que tenemos en la derrota del terrorismo", dijo Uribe en medio de un recorrido por la población antes de ingresar al consejo de seguridad.
El Presidente insistió en el infortunio que significa el atentado y el dolor por las víctimas.
"Duele mucho que hayan asesinado a estos compatriotas un día en el cual está en proceso de desmovilización un grupo guerrillro, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista)", dijo Uribe quien aseguró que ya se logró la desmovilización de 45 hombres.
En la tarde se definían en el consejo de seguridad nuevas acciones en contra del frente 18 de las Farc y recompensas por la captura de alias 'Román Ruiz', comandante de esta agrupación.
A su vez, se espera para hoy o mañana un sepelio colectivo de las siete víctimas del atentado.
Desolación entre los pobladores
"Fue muy maluco", relató un músico que estaba animando la fiesta en la que se produjo la explosión. El miliciano de las Farc alias 'Pájaro' ha sido detenido por el hecho.
"La gente empezó a gritar y a correr por todos lados pidiendo ayuda. Había dos pelados tirados vueltos nada y unos niños heridos", señaló por su parte John Tairo Graciano, un campesino que pasaba por este lugar de Antioquia.
"Uno de mis compañeros quedó mal herido", dijo el músico, quien agregó que a un niño que estaba más cerca de la caneca donde estaba el explosivo se le hizo un hueco en el brazo cuando estalló la carga.
El ataque se produjo a las 10:30 p.m. del jueves en un pasaje peatonal de la zona urbana.
En el hospital de la localidad permanecían internadas cuatro personas, mientras las otras 30 que fueron atendidas ya fueron dadas de alta.
En los hospitales General, San Vicente de Paúl, Las Américas y León XIII, de Medellín, y en el Hospital San Rafael, de Itagüí, permanecen otros 19 heridos en estado delicado.
Indemnizaciones
El ministro de la Protección, Diego Palacio, anunció que se reconocerían gastos funerarios hasta por 2 millones 300 mil pesos y a quienes sufran incapacidad permanente y no estén afiliados a sistemas de riesgo o pensiones, con hasta 180 salarios mínimos diarios, algo más de 2 millones 700 mil pesos.
Cifra de muertos
El número ha ido en ascenso durante el transcurso de la jornada.
Una de las personas fallecidas fue identificada como Guillermo Osorio Uribe, de 17 años, quien llegó sin signos vitales a la Clínica Las Américas de Medellín.
En ese centro médico son atendidos Juan Fernando Betancur, de 17 años, por una fractura de rodilla; John Fernando Oquendo, de 16 años; Elkin Alberto Higuita, de 32; y Luis Fernando Craciano, de 16 años, con heridas por esquirlas.
"Un bandido de las Farc hizo explotar el artefacto", dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, a 'W Radio'. Agregó que fue un ataque "cobarde" del Frente 18.
El alcalde Carlos Mario Gallo confirmó que entre los muertos se encuentra Alberto Calle, ex secretario de Gobierno del municipio y familiar suyo; además de dos aspirantes al cuerpo de bomberos y otra persona, aún no identificada.
Una niña de 4 años, un niño de 10 y un policía están en el grupo
de víctimas graves, que durante la madrugada de hoy fueron evacuadas a Medellín en helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dijo el director del hospital municipal José Ignacio Gutiérrez.
"Hay mucha tensión en el municipio. Esto es muy triste, la gente estaba celebrando cuando ocurrió la explosión", reiteró el alcalde, quien dijo que la policía y el ejército se encuentran en el lugar colaborando con la situación.
La detención de alias 'El Pajaro'
"En el momento que salió a correr, segundos después de lanzar el artefacto, fue capturado por la Policía", informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
Según inteligencia de la Policía, 'el Pájaro' es un miliciano de reconocida trayectoria en la guerrilla y además registra antedecentes por rebelión y extorsión.
Por lo menos 20 policías y tropas del Ejército apoyaron la evacuación de los heridos hacia la ciudad de Medellín pues en Ituango no hay sufuciente personal médico para atender la emergencia. Aeronaves de la Fuerza Aérea se disponían a realizar el traslado de los heridos.
En la zona de la explosión había gran presencia de personas debido a que por estos días se desarrollan las fiestas de la ituanguinidad.
"En el sitio había mucha gente y todos estaban bailando, cuando hubo la explosión todo el mundo comenzó a gritar y a correr. A esta hora (12:40 am) el pueblo está solo, a penas hay movimiento por los lados del hospital", informó un habitante de Ituango.
"Hay muchos negocios, almacenes, comercio, bares y tiendas en la zona", reveló otro habitantes de Ituango. Agregó que no habían escuchado advertencias de atentados o ataques contra el pueblo.
Este municipio está ubicado en viaje en carro a 12 horas de la capital antioqueña, en límites con la región del Urabá.
Ituango es una población que históricamente ha sido golpeada por la violencia. Primero por parte de las Farc y luego a manos de los grupos paramilitares que a sangre y fuego tomaron el control de la región.
Los bloques Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera, el 'Alemán', y el Occidental de las Auc, hicieron presencia en Ituango hasta su desmovilización.
A la jurisdicción de este municipio pertenece el corregimiento de El Aro, tristemente recordado por la masacre de 15 campesinos a manos de los 'paras' en 1997.
Ituango
La localidad está situada a unos 600 kilómetros de Bogotá y fue de influencia de reductos paramilitares liderados por Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Castaño fue asesinado en abril de 2004 por rivales de las Auc.
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la Corte rompe su silencio
Tanto va el cántaro al agua...la Corte rompe su silencio
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
Yidis Medina reiteró acusaciones sobre trámite de la reelección al llegar a Comisión de Acusación
"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
www.eltiempo.com
"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
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6 de Agosto de 2008
Chinos, esclavos de traficantes de personas
Redacción de El País
Regreso. Con las esperanzas rotas y con US$20.000 menos (lo que se paga a los coyotes), regresan los chinos encontrados en Colombia en situación de ilegalidad. AFP / Él País
El último mes fueron deportados de Colombia 140 orientales. Ecuador se convirtió en el ‘hueco’ por donde se cuela la migracion ilegal.
Iban cubiertos con un plástico negro, apiñados en una rústica barca de madera que usualmente se usa para transportar carga. Pero esta era una ‘carga’ muy especial: 25 personas, y lo que había afuera del tendido de polietileno era la pertinaz lluvia del Pacífico.
Venían desde su China natal en tránsito hacia el ‘sueño americano’, sólo que para llegar a él estaban haciendo una intrincada travesía por tierra, aire y mar.
Con más de 50 horas de viaje, casi ninguna pertenencia y el silencio de quien no entiende nada de lo que los demás hablan, fueron detenidos en aguas de la bahía de Buenaventura el pasado mes de julio.
Era otro grupo de chinos ilegales descubiertos en Colombia. Otro que se sumaba a los que han sido encontrados hacinados en fincas, amontonados en camiones, escondidos en casas de alquiler o, simplemente, perdidos en una tierra extraña, a miles de kilómetros de su casa.
¿A qué vienen?
Aunque en una oportunidad uno de estos orientales detenidos argumentó que venía al país “de turismo y porque aquí el aire es más fresco”, hay motivos de sobra para dudarlo. La migración de estos extranjeros al país ha tenido ya algunas oleadas y la que se presenta ahora es una de las más grandes.
Olga Davila, del Centro de Antención a Víctimas de Trata de Personas de la Acnur, explica que es claro que se trata de una red de tráfico que busca llevar a estos grupos a otros destinos, especialmente a Estados Unidos. Y allí, Colombia entra a ser un lugar de tránsito estratégico para empezar a ascender hacia el norte, usando cualquier alternativa ilegal de transporte.
Aunque, según las autoridades, se trata de una situación que se ha presentado “desde siempre”, la decisión del Gobierno Nacional de eximir de visa a los ciudadanos chinos, tomada en el 2006 con el fin de promover el turismo, se convirtió en el mejor incentivo para que los traficantes usaran el territorio nacional como trampolín para que estos orientales llegasen a Estados Unidos.
La resolución 5525, que tuvo una vigencia de seis meses, abrió en ese entonces la puerta a una masiva migración de orientales que llegaban a los aeropuertos locales y luego emprendían sus viajes clandestinos. Las autoridades lograron capturar y deportar durante ese periodo a 89 personas, pero, según el DAS, fueron muchos los que lograron su cometido de seguir atravesando fronteras hacia centro y Norteamérica.
Se estima que durante ese año ingresaron al país 2.500 chinos.
Ante el elevado flujo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pronto volvió a reestablecer la restricción del visado, reconociendo que se había detectado el funcionamiento de una supuesta red de tráfico de personas que usufructuó con fines ilegales esa medida.
Hasta el año pasado, explican fuentes del DAS, la mayoría de los migrantes provenían de la provincia de Fujian y entraban por Venezuela, Perú y Ecuador.
Sin embargo, desde el pasado mes de junio el grueso de estos viajeros está ingresando al país por la frontera con Ecuador, gracias a que este país ya no exige visa a los chinos, con el mismo propósito de estimular el turismo.
Pero los esfuerzos por fortalecer esta actividad económica en el vecino país no se han limitado a la eliminación del trámite, pues tras numerosas gestiones diplomáticas China declaró a Ecuador como “Destino turístico aprobado” y se proyectó que el número de visitantes podría crecer en un año cerca del 20%.
El detective Óscar Vasco, director de Extranjería del DAS en Cali explicó que tras esa medida de Ecuador la ‘explosión’ de redes de tráfico de chinos que pasa a Colombia ha sido fuerte. Esto queda en evidencia tan sólo con el número de deportados del último mes en todo el país: 140 personas de esa nacionalidad.
En ese panorama, el Valle del Cauca tiene un peso significativo, pues hace parte del corredor que acostumbran adoptar las redes (hacia Buenaventura o el Chocó).
Las difíciles condiciones económicas y la falta de empleo son algunas de las causas principales que generan las migraciones desde China hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos. Para controlar el tráfico de personas, el DAS, está desarrollando el sistema de ‘fronteras inteligentes’, para saber en tiempo real quienes están ingresando al país.
Por eso es que en los tres últimos tres meses han sido deportados desde esta región 53 ciudadanos chinos.
Una de las novedades, explica el detective Vasco, es que ahora gran parte de los orientales proviene de otra región, Guangdong, que tiene como capital a Cantón. Hace dos años, el ‘boom’ se dio desde la provincia de Fujian.
Un viaje hacia lo incierto
Liu Shin, uno de los siete detenidos en mayo pasado en Pizarro, Chocó, relató en un precario español que era experto en sistemas, pero que no tenía los recursos suficientes para mantener a su familia. Por eso, a sus 30 años decidió arrojarse a la aventura de cruzar el mundo para llegar a Estados Unidos.
Su historia coincide con la descripción que hacen las autoridades del perfil de este tipo de viajero chino.
Según funcionarios del DAS, en Buenaventura, donde se realizan la mayoría de las capturas, pocos viajeros pasan de los 30 años y cada vez es más común encontrar en los grupos mujeres y menores de edad.
En esta ciudad de la costa pacífica han sido detenidos 47 de estos ilegales en lo que va corrido del año.
“Por lo poco que hemos podido hablar con ellos nos hemos dado cuenta que en su mayoría son profesionales con alguna especializació n, que buscan algún futuro en norteamérica”, dice uno de los detectives en el Puerto.
Cada viajero le paga a la red de traficantes entre US$20.000 y US$23.000 por llevarlos a Estados Unidos.
Dicha organización tiene tentáculos en cada país donde hace estación, para ayudar a estas personas a cruzar las fronteras.
Además, contratan los servicios de transporte local. En Buenaventura, por ejemplo, ya fueron judicializadas dos personas implicadas en esta movilización de extranjeros.
“Son dos porteños que podrían recibir penas entre 10 y 15 años, pues además se les sindica de trata de personas y de menores, debido a que entre los pasajeros que llevaban iban dos menores de edad”, señaló José Cruz, funcionario de inmigración de Buenaventura.
Las avanzadas desde China se realizan con una frecuencia mensual y contemplan las acciones más extremas para llevar a cabo su objetivo: largas caminatas, movilización en la mayor incomodidad e, incluso, el riesgo de quedar abandonados, como ya aconteció con el grupo que quedó a su suerte en Pizarro.
También han corrido rumores de que en travesías marinas algunas personas han sido lanzadas al mar por estar enfermas o por el sobrepeso de la nave.
Las rutas
Óscar Vasco, de extranjería del DAS, afirma que una vez en territorio ecuatoriano, las rutas de los traficantes son diversas.
Un gran porcentaje de quienes parte en embarcaciones hace su primera estación en esteros de Tumaco y de allí arriba a improvisados puertos en inmediaciones de Buenaventura.
“Se ha descubierto que en el estero que queda debajo del puente del Piñal, a la entrada de la ciudad, abordan una lancha que los dirige hacia Juradó, en el Chocó”, indica.
El trayecto puede superar las 18 horas según las condiciones climáticas y la cantidad de viajeros por embarcación.
Una vez en Juradó o cercanías se abordan planchones o barcos medianos que usualmente tienen bandera panameña y que desembarcan en zonas de manglar para no ser descubiertos.
“El viaje sigue por tierra para la mayoría, pero hay quienes se arriesgan a seguir por mar hasta Estados Unidos. Es una aventura sufrida que puede terminar con la muerte”, dice Vasco.
Pese a las detenciones y deportaciones, estos inmigrantes parecen no desistir de intentar alcanzar la ‘tierra prometida’. Es por eso que cada cierto tiempo habrá quien, en un paraje cualquiera encuentre un grupo de gente muy pálida y de ojos rasgados que está de paso por Colombia, pero que está lejos de ser turista.
Antecedentes
# La primera presencia masiva de ciudadanos chinos en el país se remonta a marzo de 1854.
# En esa época 700 chinos provenientes de Cantón arribaron a Panamá (perteneciente a Colombia en ese entonces), para trabajar en la construcción de un ferrocarril. Algunos regresaron a su lugar de origen, pero otros se quedaron en la región.
# En el 2007 la Fiscalía acusó de manera oficial al ex consul de Colombia en Tulcán, Gerardo Dorado Dávila, por la expedición ilegal de visas a ocho ciudadanos chinos que ingresaron al país en el año 2005.
# El Gobierno de China ha reconocido en varias oportunidades el problema de la inmigración ilegal de sus naturales.
# En una oportunidad, el ex gobernador de la provincia de Fujian, Xi Jinping, señaló que el gobierno estaba combatiendo esta inmigración y que para ello solicitaba la cooperación de los demás países.
# “Ha de castigarse severamente a los ‘cabeza de serpiente’, como se conoce a los jefes de la mafia de la emigración ilegal y hay que despertar a la gente de sus sueños de buscar el oro en el extranjero”, precisó Xi Jinping.
# Además de Estados Unidos, los principales destinos de los chinos son Japón, Canadá, Inglaterra y Corea del Sur.
http://www.elpais. com.co/paisonlin e/notas/Agosto03 2008/chinos. html
Chinos, esclavos de traficantes de personas
Redacción de El País
Regreso. Con las esperanzas rotas y con US$20.000 menos (lo que se paga a los coyotes), regresan los chinos encontrados en Colombia en situación de ilegalidad. AFP / Él País
El último mes fueron deportados de Colombia 140 orientales. Ecuador se convirtió en el ‘hueco’ por donde se cuela la migracion ilegal.
Iban cubiertos con un plástico negro, apiñados en una rústica barca de madera que usualmente se usa para transportar carga. Pero esta era una ‘carga’ muy especial: 25 personas, y lo que había afuera del tendido de polietileno era la pertinaz lluvia del Pacífico.
Venían desde su China natal en tránsito hacia el ‘sueño americano’, sólo que para llegar a él estaban haciendo una intrincada travesía por tierra, aire y mar.
Con más de 50 horas de viaje, casi ninguna pertenencia y el silencio de quien no entiende nada de lo que los demás hablan, fueron detenidos en aguas de la bahía de Buenaventura el pasado mes de julio.
Era otro grupo de chinos ilegales descubiertos en Colombia. Otro que se sumaba a los que han sido encontrados hacinados en fincas, amontonados en camiones, escondidos en casas de alquiler o, simplemente, perdidos en una tierra extraña, a miles de kilómetros de su casa.
¿A qué vienen?
Aunque en una oportunidad uno de estos orientales detenidos argumentó que venía al país “de turismo y porque aquí el aire es más fresco”, hay motivos de sobra para dudarlo. La migración de estos extranjeros al país ha tenido ya algunas oleadas y la que se presenta ahora es una de las más grandes.
Olga Davila, del Centro de Antención a Víctimas de Trata de Personas de la Acnur, explica que es claro que se trata de una red de tráfico que busca llevar a estos grupos a otros destinos, especialmente a Estados Unidos. Y allí, Colombia entra a ser un lugar de tránsito estratégico para empezar a ascender hacia el norte, usando cualquier alternativa ilegal de transporte.
Aunque, según las autoridades, se trata de una situación que se ha presentado “desde siempre”, la decisión del Gobierno Nacional de eximir de visa a los ciudadanos chinos, tomada en el 2006 con el fin de promover el turismo, se convirtió en el mejor incentivo para que los traficantes usaran el territorio nacional como trampolín para que estos orientales llegasen a Estados Unidos.
La resolución 5525, que tuvo una vigencia de seis meses, abrió en ese entonces la puerta a una masiva migración de orientales que llegaban a los aeropuertos locales y luego emprendían sus viajes clandestinos. Las autoridades lograron capturar y deportar durante ese periodo a 89 personas, pero, según el DAS, fueron muchos los que lograron su cometido de seguir atravesando fronteras hacia centro y Norteamérica.
Se estima que durante ese año ingresaron al país 2.500 chinos.
Ante el elevado flujo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pronto volvió a reestablecer la restricción del visado, reconociendo que se había detectado el funcionamiento de una supuesta red de tráfico de personas que usufructuó con fines ilegales esa medida.
Hasta el año pasado, explican fuentes del DAS, la mayoría de los migrantes provenían de la provincia de Fujian y entraban por Venezuela, Perú y Ecuador.
Sin embargo, desde el pasado mes de junio el grueso de estos viajeros está ingresando al país por la frontera con Ecuador, gracias a que este país ya no exige visa a los chinos, con el mismo propósito de estimular el turismo.
Pero los esfuerzos por fortalecer esta actividad económica en el vecino país no se han limitado a la eliminación del trámite, pues tras numerosas gestiones diplomáticas China declaró a Ecuador como “Destino turístico aprobado” y se proyectó que el número de visitantes podría crecer en un año cerca del 20%.
El detective Óscar Vasco, director de Extranjería del DAS en Cali explicó que tras esa medida de Ecuador la ‘explosión’ de redes de tráfico de chinos que pasa a Colombia ha sido fuerte. Esto queda en evidencia tan sólo con el número de deportados del último mes en todo el país: 140 personas de esa nacionalidad.
En ese panorama, el Valle del Cauca tiene un peso significativo, pues hace parte del corredor que acostumbran adoptar las redes (hacia Buenaventura o el Chocó).
Las difíciles condiciones económicas y la falta de empleo son algunas de las causas principales que generan las migraciones desde China hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos. Para controlar el tráfico de personas, el DAS, está desarrollando el sistema de ‘fronteras inteligentes’, para saber en tiempo real quienes están ingresando al país.
Por eso es que en los tres últimos tres meses han sido deportados desde esta región 53 ciudadanos chinos.
Una de las novedades, explica el detective Vasco, es que ahora gran parte de los orientales proviene de otra región, Guangdong, que tiene como capital a Cantón. Hace dos años, el ‘boom’ se dio desde la provincia de Fujian.
Un viaje hacia lo incierto
Liu Shin, uno de los siete detenidos en mayo pasado en Pizarro, Chocó, relató en un precario español que era experto en sistemas, pero que no tenía los recursos suficientes para mantener a su familia. Por eso, a sus 30 años decidió arrojarse a la aventura de cruzar el mundo para llegar a Estados Unidos.
Su historia coincide con la descripción que hacen las autoridades del perfil de este tipo de viajero chino.
Según funcionarios del DAS, en Buenaventura, donde se realizan la mayoría de las capturas, pocos viajeros pasan de los 30 años y cada vez es más común encontrar en los grupos mujeres y menores de edad.
En esta ciudad de la costa pacífica han sido detenidos 47 de estos ilegales en lo que va corrido del año.
“Por lo poco que hemos podido hablar con ellos nos hemos dado cuenta que en su mayoría son profesionales con alguna especializació n, que buscan algún futuro en norteamérica”, dice uno de los detectives en el Puerto.
Cada viajero le paga a la red de traficantes entre US$20.000 y US$23.000 por llevarlos a Estados Unidos.
Dicha organización tiene tentáculos en cada país donde hace estación, para ayudar a estas personas a cruzar las fronteras.
Además, contratan los servicios de transporte local. En Buenaventura, por ejemplo, ya fueron judicializadas dos personas implicadas en esta movilización de extranjeros.
“Son dos porteños que podrían recibir penas entre 10 y 15 años, pues además se les sindica de trata de personas y de menores, debido a que entre los pasajeros que llevaban iban dos menores de edad”, señaló José Cruz, funcionario de inmigración de Buenaventura.
Las avanzadas desde China se realizan con una frecuencia mensual y contemplan las acciones más extremas para llevar a cabo su objetivo: largas caminatas, movilización en la mayor incomodidad e, incluso, el riesgo de quedar abandonados, como ya aconteció con el grupo que quedó a su suerte en Pizarro.
También han corrido rumores de que en travesías marinas algunas personas han sido lanzadas al mar por estar enfermas o por el sobrepeso de la nave.
Las rutas
Óscar Vasco, de extranjería del DAS, afirma que una vez en territorio ecuatoriano, las rutas de los traficantes son diversas.
Un gran porcentaje de quienes parte en embarcaciones hace su primera estación en esteros de Tumaco y de allí arriba a improvisados puertos en inmediaciones de Buenaventura.
“Se ha descubierto que en el estero que queda debajo del puente del Piñal, a la entrada de la ciudad, abordan una lancha que los dirige hacia Juradó, en el Chocó”, indica.
El trayecto puede superar las 18 horas según las condiciones climáticas y la cantidad de viajeros por embarcación.
Una vez en Juradó o cercanías se abordan planchones o barcos medianos que usualmente tienen bandera panameña y que desembarcan en zonas de manglar para no ser descubiertos.
“El viaje sigue por tierra para la mayoría, pero hay quienes se arriesgan a seguir por mar hasta Estados Unidos. Es una aventura sufrida que puede terminar con la muerte”, dice Vasco.
Pese a las detenciones y deportaciones, estos inmigrantes parecen no desistir de intentar alcanzar la ‘tierra prometida’. Es por eso que cada cierto tiempo habrá quien, en un paraje cualquiera encuentre un grupo de gente muy pálida y de ojos rasgados que está de paso por Colombia, pero que está lejos de ser turista.
Antecedentes
# La primera presencia masiva de ciudadanos chinos en el país se remonta a marzo de 1854.
# En esa época 700 chinos provenientes de Cantón arribaron a Panamá (perteneciente a Colombia en ese entonces), para trabajar en la construcción de un ferrocarril. Algunos regresaron a su lugar de origen, pero otros se quedaron en la región.
# En el 2007 la Fiscalía acusó de manera oficial al ex consul de Colombia en Tulcán, Gerardo Dorado Dávila, por la expedición ilegal de visas a ocho ciudadanos chinos que ingresaron al país en el año 2005.
# El Gobierno de China ha reconocido en varias oportunidades el problema de la inmigración ilegal de sus naturales.
# En una oportunidad, el ex gobernador de la provincia de Fujian, Xi Jinping, señaló que el gobierno estaba combatiendo esta inmigración y que para ello solicitaba la cooperación de los demás países.
# “Ha de castigarse severamente a los ‘cabeza de serpiente’, como se conoce a los jefes de la mafia de la emigración ilegal y hay que despertar a la gente de sus sueños de buscar el oro en el extranjero”, precisó Xi Jinping.
# Además de Estados Unidos, los principales destinos de los chinos son Japón, Canadá, Inglaterra y Corea del Sur.
http://www.elpais. com.co/paisonlin e/notas/Agosto03 2008/chinos. html
¿Buscan arrinconar a la Sala Penal de la Corte Suprema?
En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
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En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
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