Venezuela adquirirá coches, alimentos, productos textiles y maquinaria pesada
MAYE PRIMERA - Caracas - 12/08/2009
Los empresarios argentinos han sido los más favorecidos por la última crisis bilateral entre Caracas y Bogotá. Después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, congelara las relaciones diplomáticas y comerciales con la Administración colombiana de Álvaro Uribe el 28 de julio, el Gobierno venezolano ha anunciado que comprará a Argentina todo lo que solía importar a Colombia: desde alimentos hasta maquinaria pesada.
La primera transacción fue acordada el lunes, en la víspera de la visita de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó ayer a Caracas para estrechar lazos políticos y consolidar nuevos negocios. Venezuela comprará ahora a Buenos Aires los 10.000 vehículos de carga, transporte público y coches familiares que anualmente le suministraba Bogotá, según informó el ministro de Comercio venezolano, Eduardo Samán.
"Vamos a comprarle a la industria automotriz de Argentina, que es de muy buena calidad. Esos 10.000 carros [coches] que nosotros le íbamos a comprar a Colombia, que se los compre Obama", dijo Samán el lunes, tras un encuentro con más de 70 empresarios argentinos que llegaron a Caracas un día antes que la comitiva de Cristina Fernández y que están interesados en exportar al mercado venezolano desde maquinaria pesada hasta champú.
La mercancía que antes tardaba 25 días en llegar a Venezuela por vía terrestre desde las ciudades de Cali, Medellín o Bogotá, ahora se demorará al menos 52 días en llegar en barco desde Buenos Aires. En las cuentas del ministro de Comercio venezolano, "los fletes por barco son más baratos que los fletes por carretera desde Colombia".
Tanto para los empresarios argentinos como para su presidenta, la nacionalización por parte de Chávez de la siderúrgica Sidor, de la que era accionista mayoritario el grupo argentino Techint, ya es una historia superada. Ahora, la agenda entre Venezuela y Argentina, afirmó Cristina Fernández al llegar ayer al Palacio de Miraflores, se centra en "mejorar la calidad de vida de nuestros hombres. Estamos trabajando en ese sentido pese a que sectores con grandes poderes y privilegios creen que es posible retrotraer la historia".
Este domingo, a través de su programa Aló, Presidente, Chávez también anunció la suspensión del suministro de gasolina a precios preferenciales a los departamentos colombianos de la Guajira y el Norte de Santander, ambos fronterizos con Venezuela. "Este tema del suministro de combustible a Colombia, ¡que se acabe ya! [...] Que lo compren al precio que es, porque nosotros le suministramos gasolina más barata, millones de litros y derivados del petróleo", vociferó Chávez, después de argumentar que "no se puede estar favoreciendo al Gobierno de Uribe", que lanza "agresiones y provocaciones" contra Venezuela. El acuerdo, mediante el cual la empresa estatal colombiana Ecopetrol compraba a la estatal Petróleos de Venezuela unos 4,5 millones de galones de gasolina mensuales, vence el próximo 21 de agosto.
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sábado, 21 de noviembre de 2009
Suramérica se pone en estado de alerta
La crisis por el uso de bases colombianas por EE UU fuerza a Unasur a convocar una cumbre de emergencia.- Chávez insiste en que soplan vientos de guerra en la zona
PAÚL MENA - Quito - 10/08/2009
La preocupación de la región por la decisión de Colombia de permitir el uso de siete de sus bases a militares de Estados Unidos disparó las alarmas en la cumbre de este lunes de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito. El tema es tan polémico que el grupo decidió convocar una nueva cumbre de mandatarios en Buenos Aires, pero esta vez con la presencia de Álvaro Uribe, el presidente colombiano, que no acudió a la capital ecuatoriana por las malas relaciones que hay entre ambos países.
Bolivia llegó a proponer una resolución de rechazo al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, pero la iniciativa no logró el apoyo de la mayoría y se decidió convocar una reunión de ministros de Defensa y Exteriores del grupo el 24 de agosto en Quito para volver a tratar el tema, antes de la cita bonaerense. La mayoría de los jefes de Estado intentó tener un tono conciliador con Colombia. Todos menos el venezolano Hugo Chávez.
Cuando la cita estaba a punto de concluir, Chávez advirtió de que el uso de bases colombianas por parte de Estados Unidos "puede ser el comienzo de una tragedia para la región". Añadió que su país se siente amenazado por el acuerdo y Venezuela no permitirá que tropas colombianas irrumpan en su territorio como ocurrió en Ecuador. "Hay dignidad en Venezuela; yo no voy a permitir que a Venezuela le hagan lo que a Ecuador le hicieron... Venezuela está preparándose, porque nos tienen en la mira. Y la razón es una... el petróleo", dijo Chávez. E insistió en que "vientos de guerra comienzan a soplar" en Suramérica.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, coincidió en que el uso estadounidense de bases militares en Colombia representa "una provocación para la región". Recordó que Ecuador ha sufrido durante muchos años los efectos de la guerra colombiana contra la guerrilla y el narcotráfico, y afirmó que el tema de las bases no significa un problema de soberanía de un país, sino un asunto de seguridad y estabilidad regional.
Los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay lanzaron un mensaje más prudente. "No concibo la posibilidad de aumentar los conflictos en la región en un momento en que todo lleva a creer que cuanta más paz tengamos, más oportunidad tendremos de recuperar el tiempo perdido y dar a nuestros pueblos lo que necesitan", dijo el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. "Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre el futuro de Unasur, porque si no hay esta relación amistosa entre nosotros, estamos creando en lugar de una institución de integración, un club de amigos rodeados de enemigos", añadió. Tras la cita de presidentes en Argentina, se prevé organizar una reunión con Barack Obama, para, a propuesta de Lula, sacar adelante un debate profundo sobre la relación estadounidense con Suramérica.
Ante la ausencia del presidente Uribe, la viceministra colombiana de Exteriores, Clemencia Forero, afirmó que "no ha habido ni habrá bases militares extranjeras en Colombia", y aseguró que con EE UU "se implementaría un acceso limitado para realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico y el terrorismo". Forero pidió que en las discusiones de Unasur se incluyan "otras situaciones de tensión en la región, como el tráfico ilícito de armas, la actividad de los grupos armados ilegales y la carrera armamentística", en clara alusión a Venezuela.
La cita de Unasur en Quito se produce cuando existe un ambiente tenso en las fronteras de Colombia con Venezuela y con Ecuador. Días antes de la reunión, Chávez denunció que militares colombianos se habían introducido en territorio venezolano como parte de un plan de provocaciones por parte de Bogotá.
La confrontación se vio alimentada tras las acusaciones de presuntos nexos del Gobierno de Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un vídeo en el que aparece Mono Jojoy, uno de los jefes militares de las FARC, y un supuesto diario de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido por militares colombianos en territorio ecuatoriano, hablan de relaciones de cercanos a Correa con la guerrilla, incluyéndose la presunta financiación a la campaña de la gubernamental Alianza País.
La reacción del Gobierno de Correa ha incluido una ruptura de las relaciones con Colombia en respuesta a la intromisión del país vecino en territorio ecuatoriano durante el bombardeo en el que resultaron muertos Reyes y otros guerrilleros. El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, ha rechazado "la intención de Colombia de aplicar la teoría de la extraterritorialidad; esto es, el derecho a atacar a cualquier otro país soberano a nombre del combate al terrorismo". Correa ha añadido que hay "una orquestación internacional que trata de hacerle daño" a su Gobierno, y ha advertido que "si [los colombianos] nos vuelven a bombardear habrá guerra".
En lo que sí encontró consenso la cita de Unasur fue en su condena del golpe de Estado en Honduras y en su decisión de no reconocer "ninguna convocatoria electoral por parte del Gobierno de hecho". En Quito, el destituido presidente del país, Manuel Zelaya, calificó de tibias las medidas de Washington en contra de los golpistas.
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PAÚL MENA - Quito - 10/08/2009
La preocupación de la región por la decisión de Colombia de permitir el uso de siete de sus bases a militares de Estados Unidos disparó las alarmas en la cumbre de este lunes de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito. El tema es tan polémico que el grupo decidió convocar una nueva cumbre de mandatarios en Buenos Aires, pero esta vez con la presencia de Álvaro Uribe, el presidente colombiano, que no acudió a la capital ecuatoriana por las malas relaciones que hay entre ambos países.
Bolivia llegó a proponer una resolución de rechazo al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, pero la iniciativa no logró el apoyo de la mayoría y se decidió convocar una reunión de ministros de Defensa y Exteriores del grupo el 24 de agosto en Quito para volver a tratar el tema, antes de la cita bonaerense. La mayoría de los jefes de Estado intentó tener un tono conciliador con Colombia. Todos menos el venezolano Hugo Chávez.
Cuando la cita estaba a punto de concluir, Chávez advirtió de que el uso de bases colombianas por parte de Estados Unidos "puede ser el comienzo de una tragedia para la región". Añadió que su país se siente amenazado por el acuerdo y Venezuela no permitirá que tropas colombianas irrumpan en su territorio como ocurrió en Ecuador. "Hay dignidad en Venezuela; yo no voy a permitir que a Venezuela le hagan lo que a Ecuador le hicieron... Venezuela está preparándose, porque nos tienen en la mira. Y la razón es una... el petróleo", dijo Chávez. E insistió en que "vientos de guerra comienzan a soplar" en Suramérica.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, coincidió en que el uso estadounidense de bases militares en Colombia representa "una provocación para la región". Recordó que Ecuador ha sufrido durante muchos años los efectos de la guerra colombiana contra la guerrilla y el narcotráfico, y afirmó que el tema de las bases no significa un problema de soberanía de un país, sino un asunto de seguridad y estabilidad regional.
Los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay lanzaron un mensaje más prudente. "No concibo la posibilidad de aumentar los conflictos en la región en un momento en que todo lleva a creer que cuanta más paz tengamos, más oportunidad tendremos de recuperar el tiempo perdido y dar a nuestros pueblos lo que necesitan", dijo el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. "Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre el futuro de Unasur, porque si no hay esta relación amistosa entre nosotros, estamos creando en lugar de una institución de integración, un club de amigos rodeados de enemigos", añadió. Tras la cita de presidentes en Argentina, se prevé organizar una reunión con Barack Obama, para, a propuesta de Lula, sacar adelante un debate profundo sobre la relación estadounidense con Suramérica.
Ante la ausencia del presidente Uribe, la viceministra colombiana de Exteriores, Clemencia Forero, afirmó que "no ha habido ni habrá bases militares extranjeras en Colombia", y aseguró que con EE UU "se implementaría un acceso limitado para realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico y el terrorismo". Forero pidió que en las discusiones de Unasur se incluyan "otras situaciones de tensión en la región, como el tráfico ilícito de armas, la actividad de los grupos armados ilegales y la carrera armamentística", en clara alusión a Venezuela.
La cita de Unasur en Quito se produce cuando existe un ambiente tenso en las fronteras de Colombia con Venezuela y con Ecuador. Días antes de la reunión, Chávez denunció que militares colombianos se habían introducido en territorio venezolano como parte de un plan de provocaciones por parte de Bogotá.
La confrontación se vio alimentada tras las acusaciones de presuntos nexos del Gobierno de Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un vídeo en el que aparece Mono Jojoy, uno de los jefes militares de las FARC, y un supuesto diario de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido por militares colombianos en territorio ecuatoriano, hablan de relaciones de cercanos a Correa con la guerrilla, incluyéndose la presunta financiación a la campaña de la gubernamental Alianza País.
La reacción del Gobierno de Correa ha incluido una ruptura de las relaciones con Colombia en respuesta a la intromisión del país vecino en territorio ecuatoriano durante el bombardeo en el que resultaron muertos Reyes y otros guerrilleros. El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, ha rechazado "la intención de Colombia de aplicar la teoría de la extraterritorialidad; esto es, el derecho a atacar a cualquier otro país soberano a nombre del combate al terrorismo". Correa ha añadido que hay "una orquestación internacional que trata de hacerle daño" a su Gobierno, y ha advertido que "si [los colombianos] nos vuelven a bombardear habrá guerra".
En lo que sí encontró consenso la cita de Unasur fue en su condena del golpe de Estado en Honduras y en su decisión de no reconocer "ninguna convocatoria electoral por parte del Gobierno de hecho". En Quito, el destituido presidente del país, Manuel Zelaya, calificó de tibias las medidas de Washington en contra de los golpistas.
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Diario, mentiras y video
SEMANA revela las historias del video del 'Mono' y el supuesto diario de 'Raúl Reyes'. Las dos confirman la entrega de dinero de las Farc a la campaña de Rafael Correa. La pregunta es si fue a sus espaldas.
En las últimas dos semanas se conocieron dos piezas fundamentales para demostrar el alto grado de penetración de las Farc en Ecuador: el video del 'Mono Jojoy' y un presunto diario de 'Raúl Reyes'. El primero fue encontrado por autoridades colombianas. El otro, por el gobierno ecuatoriano.
Esas dos nuevas pruebas se conocieron con escasos ocho días de diferencia y aunque fueron objeto de polémica y cuestionamientos, la realidad es que tanto el video como el diario terminan finalmente por validar no sólo el contenido de los PC de 'Reyes', sino que, por encima de esto, dejan al descubierto y reconfirman el complejo entramado que las Farc tenían con miembros del gobierno de Rafael Correa.
La primera reacción de Correa y altos funcionarios de su país fue afirmar que el video era un montaje, ya que según los ecuatorianos, entre otras irregularidades se notaba que el video estaba editado. El video, difundido por la agencia AP, dura un poco menos de 15 minutos. Había sido encontrado en poder de una guerrillera conocida con el alias de 'Camila' en una operación adelantada por la Policía que terminó con la captura de esta importante subversiva el 30 de mayo pasado en Bogotá. Le encontraron tres PC y varias memorias USB. El volumen de información que tenía la guerrillera era de 526 gigas. Los computadores de 'Reyes' tenían 600 gigas, lo cual habla por sí solo de la cantidad de material que tenía la mujer detenida.
Siguiendo los protocolos internacionales de informática forense, las autoridades colombianas empezaron a desencriptar la información. Entre muchos valiosos datos apareció el video de 'Jojoy'. La intervención completa del jefe guerrillero dura una hora y seis minutos. El video no está almacenado en un solo archivo. De hecho está fraccionado en 16 partes, las cuales estaban guardadas en los diferentes computadores encontrados a la guerrillera. La única parte que conoce la opinión pública fue la revelada por AP, que fue la primera en ser entregada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por parte de las autoridades colombianas.
En un comienzo el funcionario dijo que al video entregado le "falta una parte al comienzo y otra al final". Esa declaración dio pie a que los ecuatorianos insistieran en la versión del montaje. Sin embargo, las autoridades colombianas le dieron a Insulza los otros 15 fragmentos, que no habían sido anexados inicialmente, pues el más relevante fue el primero en ser entregado. Aparte de aportar a la OEA la totalidad de los videos de 'Jojoy', también se entregaron todos los protocolos de informática forense usados por el FBI, Europol, Interpol, entre otros, que permiten establecer con total certeza que la información no fue alterada de ninguna forma.
SEMANA conoció la totalidad de los 16 videos entregados a la OEA y la secuencia es completamente lógica al ver el video "de corrido" y ensamblado. Es comprensible el por qué no se divulgaron ni entregaron a la OEA en un primer momento los otros fragmentos. La razón es simple. Son irrelevantes para ese organismo internacional, ya que 'Jojoy' trata temas internos de las Farc que no tienen relación con otros países.
Por ejemplo, en uno de los cortes, que dura cerca de cinco minutos y viene después del que reveló AP, 'Jojoy' lee a sus hombres una carta de 'Alfonso Cano' dirigida al Secretariado. Tras lamentar la muerte de 'Tirofijo' y hacer una semblanza del jefe de las Farc, el escrito de Cano comienza por decir que hay que pensar en la sucesión y afirma en un aparte "propongo que el nuevo comandante sea Jorge" ('Jojoy').
Después habla de los retos de las Farc y de recuperarse de los golpes recibidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Al terminar de leer esa carta, 'Jojoy' comienza a leer su respuesta a Cano. "Alfonso, usted llegó primero que yo al Secretariado, pero yo llegué primero a las Farc. Pero eso no importa. Las Farc son una organización monolítica y a diferencia de la oligarquía, acá no peleamos por quién es el primero. Por eso propongo al Secretariado que usted sea el nuevo comandante de las Farc...".
En otro de los 16 pedazos del video de 'Jojoy', el guerrillero lee otra carta, esta de 'Timochenko', en la cual también habla de la muerte de 'Tirofijo'. "La historia de Manuel Marulanda es la historia de las Farc que arranca en 1964 con 47 campesinos... sobrevivió al plan Lazo, la operación Sonora, Casa Verde y la operación Destructor uno y dos..." Durante 22 minutos más 'Jojoy' lee esa comunicación, la cual básicamente es un recuento de la vida de 'Tirofijo'.
El viernes 24 de julio el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, recibió y vio los 16 cortes completos. "No soy un experto, si usted me dice si dice lo que dice, sí, los labios se mueven al unísono con la voz que se escucha, es verdad, ahora seguramente lo van a analizar muchos especialistas, pero el video está ahí, el señor es el señor Briceño y está diciendo lo que está diciendo", dijo el Secretario general de la OEA a los periodistas el martes pasado, tras anunciar que también entregó todo el material a Ecuador. Para ese momento la veracidad del video estaba fuera de discusión. Era incontrovertible y lo que empezó a ser cuestionado por Correa ya no era la autenticidad, sino el contenido, especialmente la recepción de dinero a su campaña por parte de las Farc.
El miércoles de la semana pasada, un día después del visto bueno informal por parte de la OEA al video de 'Jojoy', el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, y el canciller de ese país, Fander Falconí, convocaron una rueda de prensa para anunciar que había sido encontrado un documento manuscrito que sería el diario de 'Raúl Reyes'.
Los funcionarios no revelaron el origen del documento y se limitaron a decir que "llegó a manos del gobierno" y que era producto de la investigación adelantada por la inteligencia ecuatoriana. Anunciaron que el supuesto diario, que fue entregado a los medios, también había sido remitido a la Fiscalía de ese país y a la OEA. Ese documento desató una crisis interna en Ecuador.
En varios apartes aparecen seriamente comprometidos quienes fueron hombres de máxima confianza y cercanía de Correa, especialmente el ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno Ignacio Chauvín. Estos dos ex funcionarios han estado en el ojo del huracán desde cuando se conoció el contenido del PC de 'Reyes' en marzo del año pasado, ya que quedaron en evidencia sus estrechos vínculos de amistad y colaboración con las Farc.
En el presunto diario de 'Reyes' ellos dos terminan muy 'salpicados'. "Larrea, Brito (coronel ecuatoriano retirado) y el doctor Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga, y para tener vía libre en sus líneas, colaboran con la CIA. Para ellos yo (Reyes) soy el verdadero botín y entregarme será su mayor negocio", dice uno de los apartes del supuesto diario. En algunas hojas del documento que, según Ecuador, es de 'Reyes', el abatido guerrillero afirma que las Farc entregaron dinero a la campaña de Correa, pero que él nunca estuvo enterado y que, básicamente, ese dinero se perdió.
El documento es particularmente duro con Larrea y Chauvín, lo cual resulta curioso, ya que en Ecuador son justamente dos personajes de los cuales Correa ha puesto distancia. El primero es investigado allá por sus reuniones con las Farc, las cuales él ha aceptado. Chauvín, por su parte, estuvo preso y es investigado por sus vínculos con narcos aliados de las Farc y también ha reconocido públicamente su amistad y múltiples reuniones con 'Reyes'.
Curiosamente, el diario tiene apartes en los cuales supuestamente 'Reyes' dice que Correa lo traicionó y da a entender que nunca estuvo al tanto de la ayuda que recibió de la guerrilla. "Confiar en Correa fue un suicidio. Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa no sirvieron ni para un carajo", dice otro de los apartes del presunto diario.
Independientemente de las dudas sobre la autenticidad del diario, el hecho de que haya sido revelado por los ecuatorianos es de suma importancia. Principalmente porque el contenido corrobora lo que hay en los correos de 'Reyes' y lo que dijo 'Jojoy' en su video: sí hubo aportes de dinero de las Farc a la campaña presidencial de Correa. Con base en el supuesto diario, los ecuatorianos ya no niegan los aportes de las Farc. Lo que falta por determinar es si fue a espaldas del presidente Correa, como lo han dicho.
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En las últimas dos semanas se conocieron dos piezas fundamentales para demostrar el alto grado de penetración de las Farc en Ecuador: el video del 'Mono Jojoy' y un presunto diario de 'Raúl Reyes'. El primero fue encontrado por autoridades colombianas. El otro, por el gobierno ecuatoriano.
Esas dos nuevas pruebas se conocieron con escasos ocho días de diferencia y aunque fueron objeto de polémica y cuestionamientos, la realidad es que tanto el video como el diario terminan finalmente por validar no sólo el contenido de los PC de 'Reyes', sino que, por encima de esto, dejan al descubierto y reconfirman el complejo entramado que las Farc tenían con miembros del gobierno de Rafael Correa.
La primera reacción de Correa y altos funcionarios de su país fue afirmar que el video era un montaje, ya que según los ecuatorianos, entre otras irregularidades se notaba que el video estaba editado. El video, difundido por la agencia AP, dura un poco menos de 15 minutos. Había sido encontrado en poder de una guerrillera conocida con el alias de 'Camila' en una operación adelantada por la Policía que terminó con la captura de esta importante subversiva el 30 de mayo pasado en Bogotá. Le encontraron tres PC y varias memorias USB. El volumen de información que tenía la guerrillera era de 526 gigas. Los computadores de 'Reyes' tenían 600 gigas, lo cual habla por sí solo de la cantidad de material que tenía la mujer detenida.
Siguiendo los protocolos internacionales de informática forense, las autoridades colombianas empezaron a desencriptar la información. Entre muchos valiosos datos apareció el video de 'Jojoy'. La intervención completa del jefe guerrillero dura una hora y seis minutos. El video no está almacenado en un solo archivo. De hecho está fraccionado en 16 partes, las cuales estaban guardadas en los diferentes computadores encontrados a la guerrillera. La única parte que conoce la opinión pública fue la revelada por AP, que fue la primera en ser entregada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por parte de las autoridades colombianas.
En un comienzo el funcionario dijo que al video entregado le "falta una parte al comienzo y otra al final". Esa declaración dio pie a que los ecuatorianos insistieran en la versión del montaje. Sin embargo, las autoridades colombianas le dieron a Insulza los otros 15 fragmentos, que no habían sido anexados inicialmente, pues el más relevante fue el primero en ser entregado. Aparte de aportar a la OEA la totalidad de los videos de 'Jojoy', también se entregaron todos los protocolos de informática forense usados por el FBI, Europol, Interpol, entre otros, que permiten establecer con total certeza que la información no fue alterada de ninguna forma.
SEMANA conoció la totalidad de los 16 videos entregados a la OEA y la secuencia es completamente lógica al ver el video "de corrido" y ensamblado. Es comprensible el por qué no se divulgaron ni entregaron a la OEA en un primer momento los otros fragmentos. La razón es simple. Son irrelevantes para ese organismo internacional, ya que 'Jojoy' trata temas internos de las Farc que no tienen relación con otros países.
Por ejemplo, en uno de los cortes, que dura cerca de cinco minutos y viene después del que reveló AP, 'Jojoy' lee a sus hombres una carta de 'Alfonso Cano' dirigida al Secretariado. Tras lamentar la muerte de 'Tirofijo' y hacer una semblanza del jefe de las Farc, el escrito de Cano comienza por decir que hay que pensar en la sucesión y afirma en un aparte "propongo que el nuevo comandante sea Jorge" ('Jojoy').
Después habla de los retos de las Farc y de recuperarse de los golpes recibidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Al terminar de leer esa carta, 'Jojoy' comienza a leer su respuesta a Cano. "Alfonso, usted llegó primero que yo al Secretariado, pero yo llegué primero a las Farc. Pero eso no importa. Las Farc son una organización monolítica y a diferencia de la oligarquía, acá no peleamos por quién es el primero. Por eso propongo al Secretariado que usted sea el nuevo comandante de las Farc...".
En otro de los 16 pedazos del video de 'Jojoy', el guerrillero lee otra carta, esta de 'Timochenko', en la cual también habla de la muerte de 'Tirofijo'. "La historia de Manuel Marulanda es la historia de las Farc que arranca en 1964 con 47 campesinos... sobrevivió al plan Lazo, la operación Sonora, Casa Verde y la operación Destructor uno y dos..." Durante 22 minutos más 'Jojoy' lee esa comunicación, la cual básicamente es un recuento de la vida de 'Tirofijo'.
El viernes 24 de julio el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, recibió y vio los 16 cortes completos. "No soy un experto, si usted me dice si dice lo que dice, sí, los labios se mueven al unísono con la voz que se escucha, es verdad, ahora seguramente lo van a analizar muchos especialistas, pero el video está ahí, el señor es el señor Briceño y está diciendo lo que está diciendo", dijo el Secretario general de la OEA a los periodistas el martes pasado, tras anunciar que también entregó todo el material a Ecuador. Para ese momento la veracidad del video estaba fuera de discusión. Era incontrovertible y lo que empezó a ser cuestionado por Correa ya no era la autenticidad, sino el contenido, especialmente la recepción de dinero a su campaña por parte de las Farc.
El miércoles de la semana pasada, un día después del visto bueno informal por parte de la OEA al video de 'Jojoy', el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, y el canciller de ese país, Fander Falconí, convocaron una rueda de prensa para anunciar que había sido encontrado un documento manuscrito que sería el diario de 'Raúl Reyes'.
Los funcionarios no revelaron el origen del documento y se limitaron a decir que "llegó a manos del gobierno" y que era producto de la investigación adelantada por la inteligencia ecuatoriana. Anunciaron que el supuesto diario, que fue entregado a los medios, también había sido remitido a la Fiscalía de ese país y a la OEA. Ese documento desató una crisis interna en Ecuador.
En varios apartes aparecen seriamente comprometidos quienes fueron hombres de máxima confianza y cercanía de Correa, especialmente el ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno Ignacio Chauvín. Estos dos ex funcionarios han estado en el ojo del huracán desde cuando se conoció el contenido del PC de 'Reyes' en marzo del año pasado, ya que quedaron en evidencia sus estrechos vínculos de amistad y colaboración con las Farc.
En el presunto diario de 'Reyes' ellos dos terminan muy 'salpicados'. "Larrea, Brito (coronel ecuatoriano retirado) y el doctor Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga, y para tener vía libre en sus líneas, colaboran con la CIA. Para ellos yo (Reyes) soy el verdadero botín y entregarme será su mayor negocio", dice uno de los apartes del supuesto diario. En algunas hojas del documento que, según Ecuador, es de 'Reyes', el abatido guerrillero afirma que las Farc entregaron dinero a la campaña de Correa, pero que él nunca estuvo enterado y que, básicamente, ese dinero se perdió.
El documento es particularmente duro con Larrea y Chauvín, lo cual resulta curioso, ya que en Ecuador son justamente dos personajes de los cuales Correa ha puesto distancia. El primero es investigado allá por sus reuniones con las Farc, las cuales él ha aceptado. Chauvín, por su parte, estuvo preso y es investigado por sus vínculos con narcos aliados de las Farc y también ha reconocido públicamente su amistad y múltiples reuniones con 'Reyes'.
Curiosamente, el diario tiene apartes en los cuales supuestamente 'Reyes' dice que Correa lo traicionó y da a entender que nunca estuvo al tanto de la ayuda que recibió de la guerrilla. "Confiar en Correa fue un suicidio. Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa no sirvieron ni para un carajo", dice otro de los apartes del presunto diario.
Independientemente de las dudas sobre la autenticidad del diario, el hecho de que haya sido revelado por los ecuatorianos es de suma importancia. Principalmente porque el contenido corrobora lo que hay en los correos de 'Reyes' y lo que dijo 'Jojoy' en su video: sí hubo aportes de dinero de las Farc a la campaña presidencial de Correa. Con base en el supuesto diario, los ecuatorianos ya no niegan los aportes de las Farc. Lo que falta por determinar es si fue a espaldas del presidente Correa, como lo han dicho.
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Fabio León Vélez Correa, alias 'Nito', tercero al mando de 'Oficina de Envigado', negocia con E.U.
Julio 30 de 2009
El enlace de esa estructura criminal con los carteles mexicanos de la droga, acaba de contactar a la DEA para su sometimiento a la justicia de ese país, confirmaron autoridades extranjeras.
Las mismas fuentes agregaron que Vélez Correa buscó primero a miembros de la Unidad Antimafia de la Fiscalía General para conocer los delitos por los que se le investiga en Colombia.
Alias 'Nito, quedó como tercero al mando de la 'Oficina de Envigado', después de la extradición de Diego Murillo Bejarano, alias 'Berna'.
Pero, tras la captura de José Leonardo Muñoz, alias 'Douglas'; y el sometimiento a la justicia gringa de Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio', y de Mauricio López Cardona, alias 'Yiyo', quedó como tercero en la línea de mando.
'Nito' maneja bandas en Medellín y grupos de delincuentes en municipios como Cereté, Lorica, San Antero (Córdoba), Coveñas y Tolú (Sucre), que se encargan de garantizar el envío de coca a E.U. por el golfo de Morrosquillo.
Otras entregas
EL TIEMPO también estableció que Dagoberto Giraldo Pérez, alias 'Percherón' -padre de un joven y conocido cantante de música popular-, está en una cárcel de Filadelfia (E.U.), desde febrero pasado.
Según expedientes federales, 'Percherón' -quien posaba como un respetable ganadero- fue socio de Nicolás Bergonzoli, Ramiro 'Cuco' Vanoy y de alias 'Rogelio'.
Entre 1996 y 1998 habría realizado más de 13 envíos de droga en asocio con Bergonzoli y con Vanoy.
Giraldo Pérez cayó cuando intentaba ingresar a Washington por el aeropuerto internacional Dulles.
Hoy está siendo procesado por narcotráfico y manipulación de testigos. La evidencia en su contra son los propios ex 'paras que lo apuntaron en varios embarques de droga.
'Memo' S. Mesa, alias 'Colorete', también hace fila para las entregas.
Un hijo de alias 'Colorete' es prófugo de la justicia tras un incidente en el que murió un familiar de Alirio de Jesús Rendón, alias 'el Cebollero'.
El rearme
De manera paralela a este reacomodamiento, las nuevas cabezas de la 'Oficina de Envigado' se están rearmando.
En un informe de policía judicial conocido por EL TIEMPO, se asegura que hace tres semanas les llegaron chalecos antibalas y fusiles.
El nuevo arsenal se distribuyó entre miembros de las bandas de 'los Triana', 'los Pacheli', 'los Mondongueros', 'la Unión' y 'Calatrava'.
El mismo informe señala a Gustavo A. Téllez, alias 'el Gordo', como una de las nuevas cabezas del grupo comandado por alias 'Nito'.
'El Gordo' está asociado a Rafael Álvarez Pineda, alias 'Chepe', quien se apropió de cerca de 50 mil millones de pesos de los hijos de Ramiro 'Cuco' Vanoy, luego de tenerlos varios días secuestrados en diciembre del 2008.
También se indaga la existencia de un nuevo cementerio clandestino de la 'Oficina de Envigado' en el que habría cadáveres de varias guerras: con el narcotraficante Pablo Escobar, con la banda 'la Terraza' y con otras facciones de esa organización.
El cementerio fue ubicado por testigos en una cementera del barrio Nariño, en la comuna 13 de Medellín, entre los barrios La Loma y El Salado, occidente de esa capital.
Se espera que con esta información, la Fiscalía disponga de un grupo de técnicos para que ubiquen fosas y cadáveres.
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El enlace de esa estructura criminal con los carteles mexicanos de la droga, acaba de contactar a la DEA para su sometimiento a la justicia de ese país, confirmaron autoridades extranjeras.
Las mismas fuentes agregaron que Vélez Correa buscó primero a miembros de la Unidad Antimafia de la Fiscalía General para conocer los delitos por los que se le investiga en Colombia.
Alias 'Nito, quedó como tercero al mando de la 'Oficina de Envigado', después de la extradición de Diego Murillo Bejarano, alias 'Berna'.
Pero, tras la captura de José Leonardo Muñoz, alias 'Douglas'; y el sometimiento a la justicia gringa de Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio', y de Mauricio López Cardona, alias 'Yiyo', quedó como tercero en la línea de mando.
'Nito' maneja bandas en Medellín y grupos de delincuentes en municipios como Cereté, Lorica, San Antero (Córdoba), Coveñas y Tolú (Sucre), que se encargan de garantizar el envío de coca a E.U. por el golfo de Morrosquillo.
Otras entregas
EL TIEMPO también estableció que Dagoberto Giraldo Pérez, alias 'Percherón' -padre de un joven y conocido cantante de música popular-, está en una cárcel de Filadelfia (E.U.), desde febrero pasado.
Según expedientes federales, 'Percherón' -quien posaba como un respetable ganadero- fue socio de Nicolás Bergonzoli, Ramiro 'Cuco' Vanoy y de alias 'Rogelio'.
Entre 1996 y 1998 habría realizado más de 13 envíos de droga en asocio con Bergonzoli y con Vanoy.
Giraldo Pérez cayó cuando intentaba ingresar a Washington por el aeropuerto internacional Dulles.
Hoy está siendo procesado por narcotráfico y manipulación de testigos. La evidencia en su contra son los propios ex 'paras que lo apuntaron en varios embarques de droga.
'Memo' S. Mesa, alias 'Colorete', también hace fila para las entregas.
Un hijo de alias 'Colorete' es prófugo de la justicia tras un incidente en el que murió un familiar de Alirio de Jesús Rendón, alias 'el Cebollero'.
El rearme
De manera paralela a este reacomodamiento, las nuevas cabezas de la 'Oficina de Envigado' se están rearmando.
En un informe de policía judicial conocido por EL TIEMPO, se asegura que hace tres semanas les llegaron chalecos antibalas y fusiles.
El nuevo arsenal se distribuyó entre miembros de las bandas de 'los Triana', 'los Pacheli', 'los Mondongueros', 'la Unión' y 'Calatrava'.
El mismo informe señala a Gustavo A. Téllez, alias 'el Gordo', como una de las nuevas cabezas del grupo comandado por alias 'Nito'.
'El Gordo' está asociado a Rafael Álvarez Pineda, alias 'Chepe', quien se apropió de cerca de 50 mil millones de pesos de los hijos de Ramiro 'Cuco' Vanoy, luego de tenerlos varios días secuestrados en diciembre del 2008.
También se indaga la existencia de un nuevo cementerio clandestino de la 'Oficina de Envigado' en el que habría cadáveres de varias guerras: con el narcotraficante Pablo Escobar, con la banda 'la Terraza' y con otras facciones de esa organización.
El cementerio fue ubicado por testigos en una cementera del barrio Nariño, en la comuna 13 de Medellín, entre los barrios La Loma y El Salado, occidente de esa capital.
Se espera que con esta información, la Fiscalía disponga de un grupo de técnicos para que ubiquen fosas y cadáveres.
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Son cinco los lanzacohetes incautados a las Farc por las Fuerzas Militares
Julio 30 de 2009
John '40' habría negociado al menos cinco lanzacohetes suecos AT-4, tres de los cuales fueron encontrados en una caleta a 15 kilómetros de su campamento, bombardeado el 3 de septiembre del año pasado.
Dos similares fueron ubicados en una caleta en las selvas del Yarí (Caquetá) en el 2004, cuando inició el Plan Patriota. Son de la misma serie, pero se desconoce si, como los otros tres, fueron vendidos a Venezuela hace 20 años por una empresa sueca.
"Hay que hablar con la gente del hombre de la CH porque las pepas no se van a poder meter por San Rafael. Que la gente de Cadete baje hasta Venturosa que no hay riesgo. Son 60 mil". Este correo, enviado el 4 de mayo del año pasado por el abatido jefe del frente 43, 'Camilo Tabaco', al jefe del frente séptimo de las Farc es una de las evidencias que los organismos de inteligencia tuvieron sobre la venta de armamento, de algún contacto venezolano, a la guerrilla colombiana.
EL TIEMPO conoció correos que estaban en el computador de 'Jhon 40', dueño del campamento donde murió 'Camilo', y el hombre que en los últimos años fue el sustento económico del bloque Oriental por sus millonarios negocios de narcotráfico.
Según el análisis de los hombres de Inteligencia Militar, 'Camilo' se refiere en el correo a dos puntos fronterizos con Venezuela en el departamento del Vichada. Como en otros correos, 'el hombre de la CH' sería una referencia a Venezuela.
"Lo de la CH es una referencia para indicar que gente de ese país es la que les tiene que enviar las 'pepas', que son municiones para fusil", le indicó a este diario uno de los hombres que participó en la operación contra 'Jhon 40'.
Este dato del correo coincide con el hallazgo que los militares de la Omega hicieron, el 10 de octubre del año pasado, en una de esas caletas, en la que había por lo menos 58 mil proyectiles para fusil AK-47.
El hallazgo
El descubrimiento del armamento no se dio en medio del bombardeo, sino un mes después. "Cuando las tropas de tierra entraron al campamento de '40', siete hombres de su anillo de seguridad lograron huir, dos de ellos heridos. De inmediato se hizo un envolvimiento y después de presionar logramos capturar a alias 'Saúl', uno de los de confianza de 'Jhon 40'", contó uno de los oficiales de la operación.
Este hombre, identificado como Luis Fernando Gallego, era el encargado de manejar las caletas de la organización. Se desmovilizó y fue él quien entregó los sitios exactos a los que llegó la tropa.
Lo que siguió después fue toda una sorpresa para los militares. En mes y medio, a lo largo del río Cafre, entre Meta y Guaviare, la Fuerza de Tarea Omega ubicó diez caletas con armamento, explosivos, variedad de municiones y tres lanzacohetes AT-4. Los
RPG (rockets) estaban en la tercera caleta, al sur del municipio de Vista Hermosa (Meta).
"De inmediato se llevaron a un análisis técnico para saber su procedencia y de ahí salió el estudio que ahora se conoce", agregó el oficial.
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John '40' habría negociado al menos cinco lanzacohetes suecos AT-4, tres de los cuales fueron encontrados en una caleta a 15 kilómetros de su campamento, bombardeado el 3 de septiembre del año pasado.
Dos similares fueron ubicados en una caleta en las selvas del Yarí (Caquetá) en el 2004, cuando inició el Plan Patriota. Son de la misma serie, pero se desconoce si, como los otros tres, fueron vendidos a Venezuela hace 20 años por una empresa sueca.
"Hay que hablar con la gente del hombre de la CH porque las pepas no se van a poder meter por San Rafael. Que la gente de Cadete baje hasta Venturosa que no hay riesgo. Son 60 mil". Este correo, enviado el 4 de mayo del año pasado por el abatido jefe del frente 43, 'Camilo Tabaco', al jefe del frente séptimo de las Farc es una de las evidencias que los organismos de inteligencia tuvieron sobre la venta de armamento, de algún contacto venezolano, a la guerrilla colombiana.
EL TIEMPO conoció correos que estaban en el computador de 'Jhon 40', dueño del campamento donde murió 'Camilo', y el hombre que en los últimos años fue el sustento económico del bloque Oriental por sus millonarios negocios de narcotráfico.
Según el análisis de los hombres de Inteligencia Militar, 'Camilo' se refiere en el correo a dos puntos fronterizos con Venezuela en el departamento del Vichada. Como en otros correos, 'el hombre de la CH' sería una referencia a Venezuela.
"Lo de la CH es una referencia para indicar que gente de ese país es la que les tiene que enviar las 'pepas', que son municiones para fusil", le indicó a este diario uno de los hombres que participó en la operación contra 'Jhon 40'.
Este dato del correo coincide con el hallazgo que los militares de la Omega hicieron, el 10 de octubre del año pasado, en una de esas caletas, en la que había por lo menos 58 mil proyectiles para fusil AK-47.
El hallazgo
El descubrimiento del armamento no se dio en medio del bombardeo, sino un mes después. "Cuando las tropas de tierra entraron al campamento de '40', siete hombres de su anillo de seguridad lograron huir, dos de ellos heridos. De inmediato se hizo un envolvimiento y después de presionar logramos capturar a alias 'Saúl', uno de los de confianza de 'Jhon 40'", contó uno de los oficiales de la operación.
Este hombre, identificado como Luis Fernando Gallego, era el encargado de manejar las caletas de la organización. Se desmovilizó y fue él quien entregó los sitios exactos a los que llegó la tropa.
Lo que siguió después fue toda una sorpresa para los militares. En mes y medio, a lo largo del río Cafre, entre Meta y Guaviare, la Fuerza de Tarea Omega ubicó diez caletas con armamento, explosivos, variedad de municiones y tres lanzacohetes AT-4. Los
RPG (rockets) estaban en la tercera caleta, al sur del municipio de Vista Hermosa (Meta).
"De inmediato se llevaron a un análisis técnico para saber su procedencia y de ahí salió el estudio que ahora se conoce", agregó el oficial.
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Oro y Plomo
En la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran. Investigación especial de Semana.com.
Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.
Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro).
No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.
Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión.
Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).
Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.
Los mineros artesanales
Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.
Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.
Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas.
Fusilado y sin registro
Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol.
Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.
El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.
Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).
“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares.
Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército).
La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros)
Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado.
Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso.
Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.
La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar).
Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe)
Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.
Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First). El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados.
En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola.
La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.
Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
Además, según explicaron voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas.
La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar. Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país.
La AngloGold no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia.
Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.
Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región.
El caso García
Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).
El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras.
El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar. El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc.
La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.
Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación.
Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración)
En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias.
Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47.
Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto.
Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército).
Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video)
Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.
La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.
A juzgar por los hechos aquí descritos, hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.
Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.
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Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.
Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro).
No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.
Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión.
Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).
Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.
Los mineros artesanales
Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.
Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.
Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas.
Fusilado y sin registro
Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol.
Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.
El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.
Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).
“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares.
Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército).
La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros)
Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado.
Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso.
Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.
La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar).
Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe)
Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.
Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First). El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados.
En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola.
La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.
Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
Además, según explicaron voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas.
La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar. Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país.
La AngloGold no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia.
Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.
Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región.
El caso García
Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).
El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras.
El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar. El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc.
La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.
Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación.
Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración)
En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias.
Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47.
Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto.
Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército).
Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video)
Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.
La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.
A juzgar por los hechos aquí descritos, hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.
Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.
Publicado en
www.semana.com
Asesinado Juan Manuel Gaviria Vásquez, testigo 'estrella' de E.U. contra clan de Los Mellizos
Julio 29 de 2009
Según fuentes antimafia, Gaviria Vásquez fue clave para la llegada de un grupo élite de la Dijín al campamento de Víctor Mejía, en Tarazá (Antioquia), en mayo del 2008, cuando resultó abatido.
También colaboró en la captura de Miguel Mejía, una semana después.
El pasado sábado, dos hombres fueron asesinados en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Luis, en Antioquia. La Policía de Carreteras halló los cadáveres en dos carros, en la vereda Valle Sol, a 50 minutos de San Luis.
"Uno de los carros tenía 70 impactos", le dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
Cuando las autoridades indagaron la identidad de los dos hombres se llevaron una doble sorpresa: se trataba del policía Luis Jairo Guerrero, de 29 años; y de Juan Manuel Gaviria Vásquez, de 45, antiguo socio del clan 'Los Mellizos', que conformaban Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera y el informante estrella de Estados Unidos.
Fuentes de la Dirección de la Policía confirmaron que el uniformado había sido designado para brindarle seguridad mientras estaba en Colombia, a donde llegó hace unos días, procedente de Centroamérica, donde recibía el apoyo de E.U., en el programa de protección de testigos.
Según las autoridades, tras la caída de 'Los Mellizos', un grupo de narcos -que trabajaba con los Mejía- le puso precio a la cabeza de Gaviria: 3 millones de dólares.
Lo acusaban no sólo de la muerte y captura de los hermanos, sino de presionar a las esposas de los Mejía para quedarse con bienes, varios de los cuales están relacionados en un computador, con sus respectivos testaferros.
Cuñados de los Mejía habrían sido raptados y fotografiados para presionar la entrega de bienes y dinero, incluida una caleta con 20 millones de euros. En el sitio donde ocurrió el crimen, la Policía encontró una camioneta blindada de placa BIZ 670, la cual jalaba un remolque sobre el cual iban dos motocicletas Harley Davidson y que era conducida por Guerrero. Unos metros adelante, en un camión de placas UNJ 457 que llevaba varios caballos finos, iba Gaviria. En los vehículos hallaron papelería de una embajada.
Gaviria habría regresado al país al perder parte de los beneficios que le estaba dando el gobierno de E.U., pero se desconocen las razones. Así mismo, se sabe que una vez volvió, intentó comunicarse con Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', sucesor de Varela y jefe de la banda 'Los Rastrojos', en busca de protección.
Sin embargo, éste se negó a prestársela. La Policía lo custodiaba porque aún hacía parte del programa de testigos.
Según fuentes antimafia, Gaviria Vásquez fue clave para la llegada de un grupo élite de la Dijín al campamento de Víctor Mejía, en Tarazá (Antioquia), en mayo del 2008, cuando resultó abatido.
También colaboró en la captura de Miguel Mejía, una semana después.
El pasado sábado, dos hombres fueron asesinados en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Luis, en Antioquia. La Policía de Carreteras halló los cadáveres en dos carros, en la vereda Valle Sol, a 50 minutos de San Luis.
"Uno de los carros tenía 70 impactos", le dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
Cuando las autoridades indagaron la identidad de los dos hombres se llevaron una doble sorpresa: se trataba del policía Luis Jairo Guerrero, de 29 años; y de Juan Manuel Gaviria Vásquez, de 45, antiguo socio del clan 'Los Mellizos', que conformaban Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera y el informante estrella de Estados Unidos.
Fuentes de la Dirección de la Policía confirmaron que el uniformado había sido designado para brindarle seguridad mientras estaba en Colombia, a donde llegó hace unos días, procedente de Centroamérica, donde recibía el apoyo de E.U., en el programa de protección de testigos.
Según las autoridades, tras la caída de 'Los Mellizos', un grupo de narcos -que trabajaba con los Mejía- le puso precio a la cabeza de Gaviria: 3 millones de dólares.
Lo acusaban no sólo de la muerte y captura de los hermanos, sino de presionar a las esposas de los Mejía para quedarse con bienes, varios de los cuales están relacionados en un computador, con sus respectivos testaferros.
Cuñados de los Mejía habrían sido raptados y fotografiados para presionar la entrega de bienes y dinero, incluida una caleta con 20 millones de euros. En el sitio donde ocurrió el crimen, la Policía encontró una camioneta blindada de placa BIZ 670, la cual jalaba un remolque sobre el cual iban dos motocicletas Harley Davidson y que era conducida por Guerrero. Unos metros adelante, en un camión de placas UNJ 457 que llevaba varios caballos finos, iba Gaviria. En los vehículos hallaron papelería de una embajada.
Gaviria habría regresado al país al perder parte de los beneficios que le estaba dando el gobierno de E.U., pero se desconocen las razones. Así mismo, se sabe que una vez volvió, intentó comunicarse con Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', sucesor de Varela y jefe de la banda 'Los Rastrojos', en busca de protección.
Sin embargo, éste se negó a prestársela. La Policía lo custodiaba porque aún hacía parte del programa de testigos.
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