Al declararse culpable de narcotráfico en una corte de Miami, este narcotráficante logró que el fiscal le levantara algunos de los demás cargos que pesaban contra él.
Además de declararse culpable y recibir menos pena, el acuerdo contempla la indemnización de 500 mil dólares a la familia de Jairo García, que fue secuestrado torturado y asesinado por la organización narcotraficante que lideraba ‘Don Diego’.
Diego León Montoya Sánchez, conocido en el mundo de la mafia colombiana como alias ‘Don Diego’, se declaró culpable de conspiración para importar cocaína, asociación ilícita y obstrucción de la justicia, luego de que las autoridades comprobaran que ingresó a Estados Unidos calculada en 10.000 millones de dólares.
Como parte de un acuerdo, los fiscales consolidaron acusaciones en Miami y Washington y levantaron varios cargos contra el narcotraficante, quien fue uno de los más poderosos jefes del cartel del Norte del Valle.
Según las investigaciones, Montoya fue responsable de exportar 1.200.000 libras de cocaína a lo largo de la última década. En un momento llegó a integrar la lista de los más buscados por el FBI, y las autoridades colombianas lo culpan de unas 1.500 muertes vinculadas con las drogas.
Montoya, de 48 años, compareció con cadenas en los pies y un uniforme carcelario. Escuchó las traducciones al español del procedimiento con auriculares y formuló una breve declaración.
Agradeció al juez por permitirle iniciar "un nuevo capítulo" de su vida, ofreció disculpas a su familia y a otras familias a las que afectó, como también a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. “Gracias a ustedes, y que Dios acompañe mis pasos para que pueda reparar el daño que hice”, dijo.
Las autoridades calculan que en su mejor momento, el cartel controlaba un 60% del comercio de la cocaína en Colombia. A partir de principios de los 90, tomó la posta de los anteriores carteles de Cali y Medellín.
Montoya fue capturado en Colombia en septiembre del 2007 después de una intensa cacería y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre del 2008. Sin embargo, un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos impide que Montoya sea sentenciado a cadena perpetua.
Por estos delitos, la Fiscalía pedirá una pena de al menos 45 años, pero hasta el 21 de octubre se conocerá su condena que la dará a conocer la jueza Cecilia Altonaga, que se calcula en mínimo 10 años.
Dos hermanos de Montoya ya se habían declarado culpables de cargos de drogas en Estados Unidos. Eugenio Montoya, que manejaba las finanzas del cartel y el lavado de dinero, cumple una condena a 30 años. Juan Carlos Montoya fue sentenciado a 22 años.
Con información de AP.
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viernes, 4 de diciembre de 2009
Ecuador condiciona diálogo a que Colombia abandone el principio de extraterritorialidad
El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, afirmó este lunes que un principio básico que su país pide a Colombia es que "rechace explícitamente" esa tesis "perversa".
Según Falconí, Colombia debe "dejar expreso" que se abstiene de "intervenir en terceros países si es que considera que hay algún tipo de amenaza a su seguridad", dijo Falconí a Radio Sonorama.
Las declaraciones del canciller responden a las excusas que pidió el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el pasado viernes por el bombardeo que el Ejército de su país realizó en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, contra un campamento clandestino de la guerrilla las Farc.
Ese ataque produjo la muerte de 26 personas, entre ellas el entonces número dos de la organización, alias "Raúl Reyes", y la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia por parte de Ecuador, en respuesta a la violación de su soberanía territorial.
Según Falconí, ese rechazo público a la tesis de xtraterritorialidad sería "la base, el inicio de cualquier proceso de diálogo", que, para él, al menos en una primera parte debe enmarcarse en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Recordó también que Ecuador estableció un conjunto de requisitos a Colombia para restablecer los lazos diplomáticos, sin cuyo cumplimiento, dijo Falconí, "no es posible en este momento" reanudarlos.
Entre esos requisitos está que Colombia compense a Ecuador por los daños del ataque de marzo de 2008 y adquiera "un compromiso en materia de seguridad" en la zona de la frontera común.
También contemplan la entrega de información sobre el operativo militar, el tipo de tecnología usado o si hubo intervención de terceros países y que "se termine con la campaña de desprestigio al que han sido sometidas las autoridades de Ecuador".
Asimismo, se pide de Colombia un trabajo "humanitario, en materia de refugio internacional, dado el enorme esfuerzo que está realizando Ecuador en esta materia", añadió Falconí.
Comentó que esos requerimientos se tratarían en "procesamientos bilaterales" de diálogo, en los que se demuestre "realmente la voluntad política de seguridad, operativa, de avanzar" en la reconciliación.
Para ello, destacó que habría que crear una serie de "comisiones" y una "metodología" que abordara "cada uno de los puntos que ha planteado el Gobierno de Ecuador".
Señaló que en el diálogo podría intervenir "un centro de mediación internacional que procese todos los elementos".
"Ecuador es un territorio de paz, jamás nos hemos negado a dialogar con Colombia", aseveró, pero fue enfático en indicar que el conjunto de principios y requisitos que se piden a Colombia "no están en discusión".
"Hay que ir procesando ese conjunto de requisitos y que en cada uno haya una hoja de ruta que se puede establecer de una forma definida", afirmó.
Quito
Con EFE.
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Según Falconí, Colombia debe "dejar expreso" que se abstiene de "intervenir en terceros países si es que considera que hay algún tipo de amenaza a su seguridad", dijo Falconí a Radio Sonorama.
Las declaraciones del canciller responden a las excusas que pidió el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el pasado viernes por el bombardeo que el Ejército de su país realizó en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, contra un campamento clandestino de la guerrilla las Farc.
Ese ataque produjo la muerte de 26 personas, entre ellas el entonces número dos de la organización, alias "Raúl Reyes", y la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia por parte de Ecuador, en respuesta a la violación de su soberanía territorial.
Según Falconí, ese rechazo público a la tesis de xtraterritorialidad sería "la base, el inicio de cualquier proceso de diálogo", que, para él, al menos en una primera parte debe enmarcarse en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Recordó también que Ecuador estableció un conjunto de requisitos a Colombia para restablecer los lazos diplomáticos, sin cuyo cumplimiento, dijo Falconí, "no es posible en este momento" reanudarlos.
Entre esos requisitos está que Colombia compense a Ecuador por los daños del ataque de marzo de 2008 y adquiera "un compromiso en materia de seguridad" en la zona de la frontera común.
También contemplan la entrega de información sobre el operativo militar, el tipo de tecnología usado o si hubo intervención de terceros países y que "se termine con la campaña de desprestigio al que han sido sometidas las autoridades de Ecuador".
Asimismo, se pide de Colombia un trabajo "humanitario, en materia de refugio internacional, dado el enorme esfuerzo que está realizando Ecuador en esta materia", añadió Falconí.
Comentó que esos requerimientos se tratarían en "procesamientos bilaterales" de diálogo, en los que se demuestre "realmente la voluntad política de seguridad, operativa, de avanzar" en la reconciliación.
Para ello, destacó que habría que crear una serie de "comisiones" y una "metodología" que abordara "cada uno de los puntos que ha planteado el Gobierno de Ecuador".
Señaló que en el diálogo podría intervenir "un centro de mediación internacional que procese todos los elementos".
"Ecuador es un territorio de paz, jamás nos hemos negado a dialogar con Colombia", aseveró, pero fue enfático en indicar que el conjunto de principios y requisitos que se piden a Colombia "no están en discusión".
"Hay que ir procesando ese conjunto de requisitos y que en cada uno haya una hoja de ruta que se puede establecer de una forma definida", afirmó.
Quito
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Inmunidad a medias en Colombia
El acuerdo militar entre Bogotá y Washington suscita dudas sobre el blindaje jurídico del que pueden beneficiarse los soldados estadounidenses
PILAR LOZANO - Bogotá - 17/08/2009
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? La respuesta sólo se ha ofrecido a medias por parte del Gobierno colombiano.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? La respuesta sólo se ha ofrecido a medias por parte del Gobierno colombiano. El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, declaró ayer a El Colombiano, que Bogotá podrá solicitar que se levante la inmunidad "en los casos que considere". Y añadió que esta inmunidad sólo cobijará a los militares de Estados Unidos, no a los contratistas.
"No habrá jurisdicción norteamericana en territorio colombiano", agregó Bermúdez. Los estadounidenses podrán ser juzgados por jueces norteamericanos en su embajada y en sus consulados. Pero las palabras del ministro no han despejado las dudas de muchos colombianos, incluso de algunos que apoyan sin reparos el acuerdo militar con Washington. No se conoce la letra menuda de lo negociado y las preguntas persisten: ¿a qué tipo de delitos estará limitada la inmunidad de los soldados? Se ha dicho que será para casos de "extrema gravedad", pero sin especificar cuáles.
La analista Laura Gil recuerda que Colombia debe tener la dignidad de exigir una cláusula estándar -vigente desde 1951- de inmunidad limitada, por la que los soldados estadounidenses en suelo extranjero sólo se libran de ser juzgados por el país que los acoge cuando se trata de crímenes conectados con actos de servicio.
El tema del fuero militar es uno de los que despierta más inquietud en Colombia, el tercer país en la lista de los que reciben ayuda militar de Estados Unidos. Se espera que el acuerdo militar, que ha provocado inquietud en varios países latinoamericanos, sea firmado en los próximos días y que los aviones, equipos y personal norteamericano empiecen a llegar en un mes.
El pasado miércoles los senadores uribistas impidieron que la madre de una niña -hoy tiene 14 años- violada hace dos por militares estadounidenses contara su drama. Gustavo Petro, senador del opositor Polo Democrático Alternativo, expuso el caso: la madre denunció el caso ante la fiscalía y desde entonces le llueven las amenazas. "Intentaron asesinarlas hace poco", denunció Petro, quien señaló también que los militares tenían un negocio de vídeos pornográficos. La madre y sus dos hijas huyeron de la población cercana a Bogotá donde ocurrieron los hechos. Los dos soldados regresaron a su país impunemente.
"En materia de inmunidad llegamos a algo mejor que lo pactado en el Plan Colombia", dijo a este periódico la ex ministra de Relaciones Exteriores María Emma Mejía, miembro de la comisión asesora en este tema, convocada por el Gobierno el pasado jueves para analizar la tensa situación que ha generado en la región la mayor presencia militar estadounidense en Colombia. Según Mejía, la fiscalía colombiana colaborará en la investigación de los posibles procesos judiciales contra los uniformados extranjeros.
Desde 2000, con el Plan Colombia (inicialmente centrado contra el tráfico de drogas y dos años después ampliado a la lucha contra la guerrilla) se estableció un tope de 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos que podían estar en suelo colombiano. El tope se mantendrá y Colombia tendrá control sobre el personal que trabaje en el país.
La mayoría de los sectores políticos y económicos del país apoyan el acuerdo con Washington; sienten que el país no puede librar, sin la ayuda de EE UU, la guerra contra las drogas. La voz disidente es la del izquierdista Polo. Este partido cree que el camino para luchar contra el narcotráfico no es la represión; está de acuerdo con la despenalización. Y creen que el Ejército está preparado para combatir a la guerrilla sin ayuda del exterior.
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PILAR LOZANO - Bogotá - 17/08/2009
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? La respuesta sólo se ha ofrecido a medias por parte del Gobierno colombiano.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? La respuesta sólo se ha ofrecido a medias por parte del Gobierno colombiano. El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, declaró ayer a El Colombiano, que Bogotá podrá solicitar que se levante la inmunidad "en los casos que considere". Y añadió que esta inmunidad sólo cobijará a los militares de Estados Unidos, no a los contratistas.
"No habrá jurisdicción norteamericana en territorio colombiano", agregó Bermúdez. Los estadounidenses podrán ser juzgados por jueces norteamericanos en su embajada y en sus consulados. Pero las palabras del ministro no han despejado las dudas de muchos colombianos, incluso de algunos que apoyan sin reparos el acuerdo militar con Washington. No se conoce la letra menuda de lo negociado y las preguntas persisten: ¿a qué tipo de delitos estará limitada la inmunidad de los soldados? Se ha dicho que será para casos de "extrema gravedad", pero sin especificar cuáles.
La analista Laura Gil recuerda que Colombia debe tener la dignidad de exigir una cláusula estándar -vigente desde 1951- de inmunidad limitada, por la que los soldados estadounidenses en suelo extranjero sólo se libran de ser juzgados por el país que los acoge cuando se trata de crímenes conectados con actos de servicio.
El tema del fuero militar es uno de los que despierta más inquietud en Colombia, el tercer país en la lista de los que reciben ayuda militar de Estados Unidos. Se espera que el acuerdo militar, que ha provocado inquietud en varios países latinoamericanos, sea firmado en los próximos días y que los aviones, equipos y personal norteamericano empiecen a llegar en un mes.
El pasado miércoles los senadores uribistas impidieron que la madre de una niña -hoy tiene 14 años- violada hace dos por militares estadounidenses contara su drama. Gustavo Petro, senador del opositor Polo Democrático Alternativo, expuso el caso: la madre denunció el caso ante la fiscalía y desde entonces le llueven las amenazas. "Intentaron asesinarlas hace poco", denunció Petro, quien señaló también que los militares tenían un negocio de vídeos pornográficos. La madre y sus dos hijas huyeron de la población cercana a Bogotá donde ocurrieron los hechos. Los dos soldados regresaron a su país impunemente.
"En materia de inmunidad llegamos a algo mejor que lo pactado en el Plan Colombia", dijo a este periódico la ex ministra de Relaciones Exteriores María Emma Mejía, miembro de la comisión asesora en este tema, convocada por el Gobierno el pasado jueves para analizar la tensa situación que ha generado en la región la mayor presencia militar estadounidense en Colombia. Según Mejía, la fiscalía colombiana colaborará en la investigación de los posibles procesos judiciales contra los uniformados extranjeros.
Desde 2000, con el Plan Colombia (inicialmente centrado contra el tráfico de drogas y dos años después ampliado a la lucha contra la guerrilla) se estableció un tope de 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos que podían estar en suelo colombiano. El tope se mantendrá y Colombia tendrá control sobre el personal que trabaje en el país.
La mayoría de los sectores políticos y económicos del país apoyan el acuerdo con Washington; sienten que el país no puede librar, sin la ayuda de EE UU, la guerra contra las drogas. La voz disidente es la del izquierdista Polo. Este partido cree que el camino para luchar contra el narcotráfico no es la represión; está de acuerdo con la despenalización. Y creen que el Ejército está preparado para combatir a la guerrilla sin ayuda del exterior.
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Las mentiras de Chávez
Nación SEMANA revela la verdadera historia de los lanzacohetes vendidos por Suecia a Venezuela que terminaron en manos de las Farc.
De Hugo Chávez se pueden decir muchas cosas, pero no se puede negar que es un genio de la comunicación y extraordinariamente carismático. En la cumbre de Unasur la semana pasada fue el protagonista. Su astucia, su calor humano y su chequera lo han convertido en el líder de la región. Antes de la llegada de Chávez al escenario los jefes de Estado se referían los unos a los otros como "señor Presidente". Hoy todos parecen una familia y las cumbres se han convertido en una reunión de primos que se llaman los unos a los otros por los nombres: Cristina, Rafael, Hugo, Evo. Muchos de los primos son de izquierda y los que no lo son le tienen tanto cariño al primo mayor, que le siguen la corriente o, por lo menos, no lo contradicen. La oveja negra de esa familia es Álvaro Uribe Vélez, que es un 'nerd', juicioso, sin sentido del humor y que en lugar de la frescura y el carisma tropical de los otros, es más serio y tiene una posición ideológica antagónica de la de sus primos revolucionarios.
Lo que sorprende de esta descripción es que la preeminencia de Chávez se haya podido mantener después de la revelación de hechos gravísimos que en épocas anteriores lo habrían convertido en la oveja negra. El 'comandante' es tan hábil, que ha logrado generar dudas sobre su complicidad con las Farc. Correa, Evo Morales y Daniel Ortega sin duda alguna le tienen simpatía y hasta solidaridad a esa organización guerrillera y no la consideran terrorista. Pero no tienen una complicidad tan evidente. Sus pecados pueden ser más por omisión que por acción, cosa que no ocurre en el caso de Chávez.
En su ofensiva mediática de la semana pasada, Chávez desplegó toda su brillantez como comunicador ante Vicky Dávila y posteriormente en La W radio y en El Tiempo. El objetivo principal de esas entrevistas era desvirtuar el tema de los lanzacohetes AT-4 que podían haber sido entregados por su gobierno a la guerrilla. Lo que es increíble es que casi todo lo que dijo sobre ese tema era falso.
Mentiras y cohetes
Uno de los primeros argumentos de Chávez presentado el pasado 5 de mayo durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores era que los lanzacohetes encontrados en un campamento de las Farc el año pasado habían sido robados en 1995 por la guerrilla en ataque a una base de la infantería de marina venezolana en Cararabo, en el estado fronterizo de Apure. Sin embargo, tres días más tarde, durante la entrevista con Vicky Dávila, la periodista le hizo caer en la cuenta al mandatario de que el ataque al que se refería había sido efectuado por el ELN y no por las Farc. Chávez no pudo explicar por qué si quienes robaron los lanzacohetes eran guerrilleros del ELN, esos artefactos acabaron en poder de las Farc.
Otro de los argumentos que no cuadran en las explicaciones de Chávez tiene que ver con el número de lanzacohetes perdidos. El Presidente venezolano mostró a la prensa un documento con la relación de las armas robadas durante el ataque de 1995, entre las cuales, según él, estaban cinco rockets robados por la guerrilla. Esa afirmación tampoco es verdad. En algunos medios de comunicación venezolanos varios ex militares, políticos y funcionarios judiciales que hicieron la investigación por el ataque a la base en 1995 coinciden en afirmar que en ese lugar no había lanzacohetes. Uno de ellos fue el vicealmirante retirado de la armada venezolana Carlos Ramos, quien en declaraciones al diario El Nacional, de Caracas, afirmó que "en ese destacamento no había AT-4. Los irregulares se llevaron fusiles y municiones, pero no más. En esa clase de puesto militar, un armamento de ese tipo no es útil". Lo mismo dijo el general venezolano Gonzalo García, quien fue uno de los primeros en llegar a la base atacada por el ELN hace 14 años: "Allí sólo se encontraron ametralladoras, fusiles y un lanzacohetes similar al AT-4 denominado Carl Gustav". Al quedar claro que fue el ELN y no las Farc las que realizaron el ataque, y que no había lanzacohetes en el lugar, la versión de Chávez queda desvirtuada.
Pero estos no son los únicos argumentos que evidenciarían mentiras, ni los más comprometedores. Durante la rueda de prensa y en las diferentes entrevistas de Chávez en las últimas semanas, siempre afirmó que los lanzacohetes encontrados a las Farc eran unos artefactos obsoletos, inservibles y básicamente unos tubos viejos. Esto es otra falsedad. El 25 de septiembre del año pasado el ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, convocó una rueda de prensa en Caracas en donde mostró un lanzacohetes AT-4, idéntico al encontrado a las Farc, con el cual supuestamente se iba a realizar un atentado contra el presidente Chávez. En ese momento, hace menos de un año, las autoridades venezolanas explicaron con lujo de detalles el gran poder destructivo y el alto peligro de ese tipo de lanzacohetes. Resulta curioso, por decir lo menos, que esos mismos rockets que fueron considerados por los propios venezolanos como muy efectivos cuando el supuesto atentado es contra Chávez, acaban siendo inservibles y chatarra cuando aparecen en manos de las Farc.
Además de esta contradicción del propio gobierno venezolano, desafía la lógica creer que una guerrilla experimentada como la de 'Tirofijo' y 'Jojoy' tenga a sus hombres cargando durante 14 años en la selva y al rayo del sol unos tubos inservibles.
Los otros 'rockets'
Pero esto no es lo más grave. Hasta ahora Chávez ha asegurado que son cinco los lanzacohetes supuestamente robados en la base fluvial de Cararabo. Pero la realidad es que la cifra de estos artefactos en poder de las Farc que hasta ahora se ha encontrado por las autoridades colombianas es de siete (ver fotos). Y lo peor es que, aunque Chávez afirma que son obsoletos, esos lanzacohetes ya han sido utilizados por las Farc en territorio colombiano. Y lo más increíble es que uno de estos fue disparado ni más ni menos que contra el avión del presidente Álvaro Uribe.
Esto ocurrió el 21 de octubre de 2003, cuando guerrilleros de las Farc dispararon un rocket que cayó cerca de los hangares de la base militar de Catam en Bogotá, poco antes que aterrizara el avión con el presidente Uribe. La reacción de las autoridades impidió que un segundo artefacto fuera disparado desde una casa cerca de la pista, pero el lanzacohete fue incautado por las autoridades. Ese atentado fue registrado en su momento por los medios de comunicación, pero no se conoció inmediatamente el origen de las armas. Posteriormente, los números de serie de los artefactos decomisados fueron enviados a la Interpol y a la Agencia contra el Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para identificar su origen. Las investigaciones de las autoridades internacionales permitieron establecer que los que habían sido utilizados en el atentado contra Uribe eran AT-4 de fabricación sueca vendidos al Ejército de Venezuela.
En mayo de ese mismo año, 2003, las autoridades ya habían incautado en una vereda del Guamo, Tolima, otros dos lanzacohetes que estaban en poder de la columna Teófilo Forero. Los números de serie de esos rockets también fueron enviados a autoridades internacionales y también resultaron ser AT-4 pertenecientes al mismo lote del atentado contra el avión presidencial. Ese lote es el mismo de los tres lanzacohetes que dieron origen al conflicto actual entre Colombia y Venezuela.
Aunque en 2004 ya las autoridades colombianas sabían que esos primeros cuatro lanzacohetes habían sido vendidos por Suecia a Venezuela, en ese momento no había certeza sobre la forma como habían terminado en manos de las Farc, razón por la cual el gobierno nacional optó por guardar un prudente silencio. No obstante, en marzo del año pasado, después del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes', aparecieron comprometedores correos electrónicos hallados en su PC los cuales empezaron a dar preocupantes indicios sobre la entrega de armas por parte del gobierno de Chávez a la guerrilla.
Una de las comunicaciones más comprometedoras es del 4 de enero de 2007. 'Iván Márquez' le envió un correo electrónico a 'Reyes' y otros miembros del Secretariado en el cual les da un reporte con varios puntos. "Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales (Cliver) Alcalá y (Hugo) Carvajal (ambos generales venezolanos), hablamos de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo (Timochenko) y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor". Pocos días después de esa comunicación, el 20 de enero de 2007, 'Márquez' envió un nuevo correo dirigido a 'Tirofijo' y al Secretariado. Allí les confirmó, entre otras cosas, que "los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos". 'Márquez' afirma en su comunicación que los venezolanos "de nuevo plantearon la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a Farc. Sin asentir ni negar dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando". En otras palabras, los generales de Chávez les ofrecieron a las Farc camuflar su armamento con el del gobierno venezolano.
Estos, entre muchos otros correos, alertaron a las autoridades colombianas sobre la posibilidad de que al menos dos de los generales más cercanos a Chávez estuvieran entregando armas a las Farc. Las alarmas se dispararon en octubre del año pasado cuando el Ejército encontró los tres lanzacohetes en el campamento de las Farc, los cuales coinciden con las características de los descritos en los correos de 'Iván Márquez'. A mediados de este año, el gobierno de Suecia confirmó a Colombia que esos lanzacohetes habían sido vendidos al Ejército de Venezuela. Con esta verificación Colombia entregó en junio pasado al gobierno de Chávez la información y solicitó las explicaciones del caso. Lo mismo hizo el gobierno sueco sin obtener ninguna respuesta oficial por parte de Chávez, quien se ha limitado a dar entrevistas a medios de comunicación repletas de desinformación sobre el tema.
Como si todo lo anterior fuera poco, hace tres semanas el diario estadounidense The New York Times registró en un artículo publicado en la primera página cómo después de haber sido pillado en el computador de 'Reyes' entregándoles equipo militar a las Farc, el Presidente de Venezuela había seguido con la intención de armar a esa guerrilla. De acuerdo con lo revelado por ese diario, funcionarios de ese país "apoyaron en territorio venezolano a los miembros de la guerrilla en negociaciones de armas y les expidieron documentos de identidad para que se movieran de un sitio a otro".
Dice el Times que la información revelada proviene "de un material de computador incautado a los rebeldes hace algunos meses y que está siendo analizado por agencias de inteligencia occidentales". El prestigioso diario afirma que tuvo acceso a comunicaciones entre miembros del Secretariado, entre ellos un mensaje de 'Iván Márquez' en el que se "describe el plan de las Farc de comprar en Venezuela misiles tierra-aire, rifles para francotiradores, y radios".
El artículo de Times afirma que la negociación, tal como escribió 'Márquez', contaba con la ayuda del entonces director de la Policía de Inteligencia venezolana, el general Henry Rangel Silva. Otro alto funcionario venezolano que supo de la compra de armas que se pensaba llevar a cabo, según el diario, "cerca del Río Negro en el estado de Amazonas", era el ex ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín.
Es totalmente escandaloso que un ex ministro de Chávez, su jefe de inteligencia y dos de sus más cercanos generales estén comprometidos en el proyecto de armar a la guerrilla colombiana. Pero tal vez más desconcertante es que con un acervo probatorio de esa magnitud, se haya logrado confundir a la opinión internacional.
Es difícil establecer si Hugo Chávez es un cínico o un mitómano. Cínico es el que miente con tal convicción que no se le nota. Mitómano es que el que se cree sus propias mentiras. Sea cual sea el rasgo dominante de su personalidad, lo que es increíble es que los que están en el banquillo en este momento son Álvaro Uribe y Colombia.
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De Hugo Chávez se pueden decir muchas cosas, pero no se puede negar que es un genio de la comunicación y extraordinariamente carismático. En la cumbre de Unasur la semana pasada fue el protagonista. Su astucia, su calor humano y su chequera lo han convertido en el líder de la región. Antes de la llegada de Chávez al escenario los jefes de Estado se referían los unos a los otros como "señor Presidente". Hoy todos parecen una familia y las cumbres se han convertido en una reunión de primos que se llaman los unos a los otros por los nombres: Cristina, Rafael, Hugo, Evo. Muchos de los primos son de izquierda y los que no lo son le tienen tanto cariño al primo mayor, que le siguen la corriente o, por lo menos, no lo contradicen. La oveja negra de esa familia es Álvaro Uribe Vélez, que es un 'nerd', juicioso, sin sentido del humor y que en lugar de la frescura y el carisma tropical de los otros, es más serio y tiene una posición ideológica antagónica de la de sus primos revolucionarios.
Lo que sorprende de esta descripción es que la preeminencia de Chávez se haya podido mantener después de la revelación de hechos gravísimos que en épocas anteriores lo habrían convertido en la oveja negra. El 'comandante' es tan hábil, que ha logrado generar dudas sobre su complicidad con las Farc. Correa, Evo Morales y Daniel Ortega sin duda alguna le tienen simpatía y hasta solidaridad a esa organización guerrillera y no la consideran terrorista. Pero no tienen una complicidad tan evidente. Sus pecados pueden ser más por omisión que por acción, cosa que no ocurre en el caso de Chávez.
En su ofensiva mediática de la semana pasada, Chávez desplegó toda su brillantez como comunicador ante Vicky Dávila y posteriormente en La W radio y en El Tiempo. El objetivo principal de esas entrevistas era desvirtuar el tema de los lanzacohetes AT-4 que podían haber sido entregados por su gobierno a la guerrilla. Lo que es increíble es que casi todo lo que dijo sobre ese tema era falso.
Mentiras y cohetes
Uno de los primeros argumentos de Chávez presentado el pasado 5 de mayo durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores era que los lanzacohetes encontrados en un campamento de las Farc el año pasado habían sido robados en 1995 por la guerrilla en ataque a una base de la infantería de marina venezolana en Cararabo, en el estado fronterizo de Apure. Sin embargo, tres días más tarde, durante la entrevista con Vicky Dávila, la periodista le hizo caer en la cuenta al mandatario de que el ataque al que se refería había sido efectuado por el ELN y no por las Farc. Chávez no pudo explicar por qué si quienes robaron los lanzacohetes eran guerrilleros del ELN, esos artefactos acabaron en poder de las Farc.
Otro de los argumentos que no cuadran en las explicaciones de Chávez tiene que ver con el número de lanzacohetes perdidos. El Presidente venezolano mostró a la prensa un documento con la relación de las armas robadas durante el ataque de 1995, entre las cuales, según él, estaban cinco rockets robados por la guerrilla. Esa afirmación tampoco es verdad. En algunos medios de comunicación venezolanos varios ex militares, políticos y funcionarios judiciales que hicieron la investigación por el ataque a la base en 1995 coinciden en afirmar que en ese lugar no había lanzacohetes. Uno de ellos fue el vicealmirante retirado de la armada venezolana Carlos Ramos, quien en declaraciones al diario El Nacional, de Caracas, afirmó que "en ese destacamento no había AT-4. Los irregulares se llevaron fusiles y municiones, pero no más. En esa clase de puesto militar, un armamento de ese tipo no es útil". Lo mismo dijo el general venezolano Gonzalo García, quien fue uno de los primeros en llegar a la base atacada por el ELN hace 14 años: "Allí sólo se encontraron ametralladoras, fusiles y un lanzacohetes similar al AT-4 denominado Carl Gustav". Al quedar claro que fue el ELN y no las Farc las que realizaron el ataque, y que no había lanzacohetes en el lugar, la versión de Chávez queda desvirtuada.
Pero estos no son los únicos argumentos que evidenciarían mentiras, ni los más comprometedores. Durante la rueda de prensa y en las diferentes entrevistas de Chávez en las últimas semanas, siempre afirmó que los lanzacohetes encontrados a las Farc eran unos artefactos obsoletos, inservibles y básicamente unos tubos viejos. Esto es otra falsedad. El 25 de septiembre del año pasado el ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, convocó una rueda de prensa en Caracas en donde mostró un lanzacohetes AT-4, idéntico al encontrado a las Farc, con el cual supuestamente se iba a realizar un atentado contra el presidente Chávez. En ese momento, hace menos de un año, las autoridades venezolanas explicaron con lujo de detalles el gran poder destructivo y el alto peligro de ese tipo de lanzacohetes. Resulta curioso, por decir lo menos, que esos mismos rockets que fueron considerados por los propios venezolanos como muy efectivos cuando el supuesto atentado es contra Chávez, acaban siendo inservibles y chatarra cuando aparecen en manos de las Farc.
Además de esta contradicción del propio gobierno venezolano, desafía la lógica creer que una guerrilla experimentada como la de 'Tirofijo' y 'Jojoy' tenga a sus hombres cargando durante 14 años en la selva y al rayo del sol unos tubos inservibles.
Los otros 'rockets'
Pero esto no es lo más grave. Hasta ahora Chávez ha asegurado que son cinco los lanzacohetes supuestamente robados en la base fluvial de Cararabo. Pero la realidad es que la cifra de estos artefactos en poder de las Farc que hasta ahora se ha encontrado por las autoridades colombianas es de siete (ver fotos). Y lo peor es que, aunque Chávez afirma que son obsoletos, esos lanzacohetes ya han sido utilizados por las Farc en territorio colombiano. Y lo más increíble es que uno de estos fue disparado ni más ni menos que contra el avión del presidente Álvaro Uribe.
Esto ocurrió el 21 de octubre de 2003, cuando guerrilleros de las Farc dispararon un rocket que cayó cerca de los hangares de la base militar de Catam en Bogotá, poco antes que aterrizara el avión con el presidente Uribe. La reacción de las autoridades impidió que un segundo artefacto fuera disparado desde una casa cerca de la pista, pero el lanzacohete fue incautado por las autoridades. Ese atentado fue registrado en su momento por los medios de comunicación, pero no se conoció inmediatamente el origen de las armas. Posteriormente, los números de serie de los artefactos decomisados fueron enviados a la Interpol y a la Agencia contra el Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para identificar su origen. Las investigaciones de las autoridades internacionales permitieron establecer que los que habían sido utilizados en el atentado contra Uribe eran AT-4 de fabricación sueca vendidos al Ejército de Venezuela.
En mayo de ese mismo año, 2003, las autoridades ya habían incautado en una vereda del Guamo, Tolima, otros dos lanzacohetes que estaban en poder de la columna Teófilo Forero. Los números de serie de esos rockets también fueron enviados a autoridades internacionales y también resultaron ser AT-4 pertenecientes al mismo lote del atentado contra el avión presidencial. Ese lote es el mismo de los tres lanzacohetes que dieron origen al conflicto actual entre Colombia y Venezuela.
Aunque en 2004 ya las autoridades colombianas sabían que esos primeros cuatro lanzacohetes habían sido vendidos por Suecia a Venezuela, en ese momento no había certeza sobre la forma como habían terminado en manos de las Farc, razón por la cual el gobierno nacional optó por guardar un prudente silencio. No obstante, en marzo del año pasado, después del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes', aparecieron comprometedores correos electrónicos hallados en su PC los cuales empezaron a dar preocupantes indicios sobre la entrega de armas por parte del gobierno de Chávez a la guerrilla.
Una de las comunicaciones más comprometedoras es del 4 de enero de 2007. 'Iván Márquez' le envió un correo electrónico a 'Reyes' y otros miembros del Secretariado en el cual les da un reporte con varios puntos. "Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales (Cliver) Alcalá y (Hugo) Carvajal (ambos generales venezolanos), hablamos de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo (Timochenko) y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor". Pocos días después de esa comunicación, el 20 de enero de 2007, 'Márquez' envió un nuevo correo dirigido a 'Tirofijo' y al Secretariado. Allí les confirmó, entre otras cosas, que "los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos". 'Márquez' afirma en su comunicación que los venezolanos "de nuevo plantearon la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a Farc. Sin asentir ni negar dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando". En otras palabras, los generales de Chávez les ofrecieron a las Farc camuflar su armamento con el del gobierno venezolano.
Estos, entre muchos otros correos, alertaron a las autoridades colombianas sobre la posibilidad de que al menos dos de los generales más cercanos a Chávez estuvieran entregando armas a las Farc. Las alarmas se dispararon en octubre del año pasado cuando el Ejército encontró los tres lanzacohetes en el campamento de las Farc, los cuales coinciden con las características de los descritos en los correos de 'Iván Márquez'. A mediados de este año, el gobierno de Suecia confirmó a Colombia que esos lanzacohetes habían sido vendidos al Ejército de Venezuela. Con esta verificación Colombia entregó en junio pasado al gobierno de Chávez la información y solicitó las explicaciones del caso. Lo mismo hizo el gobierno sueco sin obtener ninguna respuesta oficial por parte de Chávez, quien se ha limitado a dar entrevistas a medios de comunicación repletas de desinformación sobre el tema.
Como si todo lo anterior fuera poco, hace tres semanas el diario estadounidense The New York Times registró en un artículo publicado en la primera página cómo después de haber sido pillado en el computador de 'Reyes' entregándoles equipo militar a las Farc, el Presidente de Venezuela había seguido con la intención de armar a esa guerrilla. De acuerdo con lo revelado por ese diario, funcionarios de ese país "apoyaron en territorio venezolano a los miembros de la guerrilla en negociaciones de armas y les expidieron documentos de identidad para que se movieran de un sitio a otro".
Dice el Times que la información revelada proviene "de un material de computador incautado a los rebeldes hace algunos meses y que está siendo analizado por agencias de inteligencia occidentales". El prestigioso diario afirma que tuvo acceso a comunicaciones entre miembros del Secretariado, entre ellos un mensaje de 'Iván Márquez' en el que se "describe el plan de las Farc de comprar en Venezuela misiles tierra-aire, rifles para francotiradores, y radios".
El artículo de Times afirma que la negociación, tal como escribió 'Márquez', contaba con la ayuda del entonces director de la Policía de Inteligencia venezolana, el general Henry Rangel Silva. Otro alto funcionario venezolano que supo de la compra de armas que se pensaba llevar a cabo, según el diario, "cerca del Río Negro en el estado de Amazonas", era el ex ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín.
Es totalmente escandaloso que un ex ministro de Chávez, su jefe de inteligencia y dos de sus más cercanos generales estén comprometidos en el proyecto de armar a la guerrilla colombiana. Pero tal vez más desconcertante es que con un acervo probatorio de esa magnitud, se haya logrado confundir a la opinión internacional.
Es difícil establecer si Hugo Chávez es un cínico o un mitómano. Cínico es el que miente con tal convicción que no se le nota. Mitómano es que el que se cree sus propias mentiras. Sea cual sea el rasgo dominante de su personalidad, lo que es increíble es que los que están en el banquillo en este momento son Álvaro Uribe y Colombia.
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La Iglesia colombiana confirma contactos con el jefe de FARC sobre una propuesta de paz
El cardenal Darío Castrillón hizo el anuncio a la salida de una reunión con el presidente Álvaro Uribe
EFE - Bogotá - 12/08/2009
La Iglesia católica colombiana ha confirmado hoy que ha tenido contactos telefónicos con el máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, y otro líder guerrillero, los cuales están interesados en presentar una propuesta de paz al Gobierno de Álvaro Uribe.
El cardenal Darío Castrillón, ex presidente de la congregación del clero y de la pontificia comisión Ecclesia Dei, señaló que ha hablado con los rebeldes en virtud de la autorización para mediar ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que les dio a los obispos el presidente colombiano, Alvaro Uribe.
El prelado hizo el anuncio a la salida de una reunión con el presidente Uribe, en la que analizaron varios temas, entre ellos los contactos con Alfonso Cano y la supuesta iniciativa de paz que propugna. Uribe señaló en abril pasado que los únicos autorizados para establecer contactos con las FARC para concretar la entrega de rehenes en poder de esa guerrilla son la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, dos meses después autorizó a la congresista de oposición Piedad Córdoba a participar también en la entrega de los rehenes que los rebeldes anunciaron que iban a liberar.
Las FARC anunciaron en abril que dejarán en libertad al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, quien lleva casi 12 años secuestrado, y a otro soldado, y los entregarán a Córdoba. Además, prometieron entregar el cadáver de un policía que murió en cautiverio.
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EFE - Bogotá - 12/08/2009
La Iglesia católica colombiana ha confirmado hoy que ha tenido contactos telefónicos con el máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, y otro líder guerrillero, los cuales están interesados en presentar una propuesta de paz al Gobierno de Álvaro Uribe.
El cardenal Darío Castrillón, ex presidente de la congregación del clero y de la pontificia comisión Ecclesia Dei, señaló que ha hablado con los rebeldes en virtud de la autorización para mediar ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que les dio a los obispos el presidente colombiano, Alvaro Uribe.
El prelado hizo el anuncio a la salida de una reunión con el presidente Uribe, en la que analizaron varios temas, entre ellos los contactos con Alfonso Cano y la supuesta iniciativa de paz que propugna. Uribe señaló en abril pasado que los únicos autorizados para establecer contactos con las FARC para concretar la entrega de rehenes en poder de esa guerrilla son la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, dos meses después autorizó a la congresista de oposición Piedad Córdoba a participar también en la entrega de los rehenes que los rebeldes anunciaron que iban a liberar.
Las FARC anunciaron en abril que dejarán en libertad al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, quien lleva casi 12 años secuestrado, y a otro soldado, y los entregarán a Córdoba. Además, prometieron entregar el cadáver de un policía que murió en cautiverio.
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Uribe apremia a su partido para sacar adelante la ley que permita su reelección
El ministro de Interior y Justicia colombiano dice que se aprobará el miércoles
PILAR LOZANO - Bogotá - 13/08/2009
El Gobierno de Colombia está empeñado en sacar adelante el proyecto de ley del referéndum que le abriría las puertas al presidente Álvaro Uribe para un tercer mandato. El jefe del Ejecutivo colombiano se pasó el martes de reunión en reunión con los miembros de su bancada en el Congreso, y ayer continuó con estos encuentros. Por primera vez, les pidió abiertamente que se involucren en esta iniciativa y la saquen adelante. El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ya le puso fecha a la votación final: el próximo miércoles.
Algunos de los asistentes a estas reuniones salieron con la convicción de que Uribe quiere seguir en la presidencia, aunque no lo ha dicho públicamente. Otros, sus más fieles escuderos, lo aclararon rápidamente ante la prensa. "Nos dijo que lo menos importante es su nombre", aseguró Luis Carlos Restrepo, presidente del partido más uribista de los siete que conforman la coalición. Y aseguró que la idea del primer mandatario sigue siendo la misma: garantizar la continuidad de su política de seguridad democrática.
La única vez que Uribe se ha pronunciado sobre su posible reelección fue durante un foro empresarial organizado por la prestigiosa revista británica The Economist en mayo. "Lo veo inconveniente por perpetuar al presidente, porque el país tiene muchos buenos líderes", dijo entonces Uribe. "Y en lo personal, porque no quisiera la amargura de que las nuevas generaciones me vieran como alguien apegado al poder".
El referéndum hace agua desde hace un tiempo y está enredado en el último trámite: una conciliación, ya que las dos Cámaras -debido a un error inicial de redacción- aprobaron textos distintos. Unos apoyan la reelección para 2014, otros para 2010.
"El Gobierno le está poniendo toda la gasolina para sacarlo adelante, ha sido más explícito con sus amigos y declaró que si lo aprueban será candidato", aseguró a EL PAÍS el senador y precandidato liberal Héctor Helí Rojas. A pesar de la división que el tema ha generado en el Ejecutivo, tienen los votos necesarios para sacar el proyecto de ley adelante.
El ministro Valencia Cossio ha dedicado también todas sus energías a buscarle una salida a otro de los problemas que tiene estancada la conciliación: la Corte Suprema de Justicia ha llamado a declarar a 86 legisladores por haber votado el referéndum sin que existiera claridad sobre la financiación de la campaña de recogida de firmas. Pueden haber incurrido en prevaricación. Los conservadores, uno de los partidos de la coalición, ya encontraron la fórmula para hacerle el quite: no acatarán el llamamiento.
Este renovado interés por la reelección puede estar ligado a la situación de conflicto que vive Colombia con sus vecinos Venezuela y Ecuador, según el senador Rojas. "Uribe, Chávez y Correa aprovechan la situación para mostrarse como líderes nacionales que deben permanecer en el poder".
Una vez aprobado en el Congreso, el referéndum deberá superar varios escollos: el visto bueno de la Corte Constitucional, que siete millones y medio de colombianos acudan a las urnas, y que más del 50% vote sí. Rojas cree que el proyecto se hundirá en la Corte. "Es difícil que los magistrados pasen por alto todos los vicios que han enlodado el proceso". Los más graves, los enredos de la financiación y la convocatoria de Uribe a sesiones extra, el 16 de diciembre de 2008, a media noche, cuando el referéndum se hundía en la Cámara de Representantes. "Fue una intervención abusiva del presidente", según Rojas.
En estos días decisivos para la iniciativa, el ambiente político del país está alborotado. El martes, el jefe del Partido Liberal y ex presidente, César Gaviria, se expresó con dureza. "El país no necesita caudillos que se generan del convencimiento de que un hombre puede ser la fuente de solución de todos los problemas". Y los uribistas, defensores a ultranza del actual mandatario, han afinado sus tácticas para vender la idea de que el pueblo está con la reelección. Su argumento es que cinco millones de personas respaldaron la iniciativa popular para reformar la Constitución y permitir la segunda reelección.
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PILAR LOZANO - Bogotá - 13/08/2009
El Gobierno de Colombia está empeñado en sacar adelante el proyecto de ley del referéndum que le abriría las puertas al presidente Álvaro Uribe para un tercer mandato. El jefe del Ejecutivo colombiano se pasó el martes de reunión en reunión con los miembros de su bancada en el Congreso, y ayer continuó con estos encuentros. Por primera vez, les pidió abiertamente que se involucren en esta iniciativa y la saquen adelante. El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ya le puso fecha a la votación final: el próximo miércoles.
Algunos de los asistentes a estas reuniones salieron con la convicción de que Uribe quiere seguir en la presidencia, aunque no lo ha dicho públicamente. Otros, sus más fieles escuderos, lo aclararon rápidamente ante la prensa. "Nos dijo que lo menos importante es su nombre", aseguró Luis Carlos Restrepo, presidente del partido más uribista de los siete que conforman la coalición. Y aseguró que la idea del primer mandatario sigue siendo la misma: garantizar la continuidad de su política de seguridad democrática.
La única vez que Uribe se ha pronunciado sobre su posible reelección fue durante un foro empresarial organizado por la prestigiosa revista británica The Economist en mayo. "Lo veo inconveniente por perpetuar al presidente, porque el país tiene muchos buenos líderes", dijo entonces Uribe. "Y en lo personal, porque no quisiera la amargura de que las nuevas generaciones me vieran como alguien apegado al poder".
El referéndum hace agua desde hace un tiempo y está enredado en el último trámite: una conciliación, ya que las dos Cámaras -debido a un error inicial de redacción- aprobaron textos distintos. Unos apoyan la reelección para 2014, otros para 2010.
"El Gobierno le está poniendo toda la gasolina para sacarlo adelante, ha sido más explícito con sus amigos y declaró que si lo aprueban será candidato", aseguró a EL PAÍS el senador y precandidato liberal Héctor Helí Rojas. A pesar de la división que el tema ha generado en el Ejecutivo, tienen los votos necesarios para sacar el proyecto de ley adelante.
El ministro Valencia Cossio ha dedicado también todas sus energías a buscarle una salida a otro de los problemas que tiene estancada la conciliación: la Corte Suprema de Justicia ha llamado a declarar a 86 legisladores por haber votado el referéndum sin que existiera claridad sobre la financiación de la campaña de recogida de firmas. Pueden haber incurrido en prevaricación. Los conservadores, uno de los partidos de la coalición, ya encontraron la fórmula para hacerle el quite: no acatarán el llamamiento.
Este renovado interés por la reelección puede estar ligado a la situación de conflicto que vive Colombia con sus vecinos Venezuela y Ecuador, según el senador Rojas. "Uribe, Chávez y Correa aprovechan la situación para mostrarse como líderes nacionales que deben permanecer en el poder".
Una vez aprobado en el Congreso, el referéndum deberá superar varios escollos: el visto bueno de la Corte Constitucional, que siete millones y medio de colombianos acudan a las urnas, y que más del 50% vote sí. Rojas cree que el proyecto se hundirá en la Corte. "Es difícil que los magistrados pasen por alto todos los vicios que han enlodado el proceso". Los más graves, los enredos de la financiación y la convocatoria de Uribe a sesiones extra, el 16 de diciembre de 2008, a media noche, cuando el referéndum se hundía en la Cámara de Representantes. "Fue una intervención abusiva del presidente", según Rojas.
En estos días decisivos para la iniciativa, el ambiente político del país está alborotado. El martes, el jefe del Partido Liberal y ex presidente, César Gaviria, se expresó con dureza. "El país no necesita caudillos que se generan del convencimiento de que un hombre puede ser la fuente de solución de todos los problemas". Y los uribistas, defensores a ultranza del actual mandatario, han afinado sus tácticas para vender la idea de que el pueblo está con la reelección. Su argumento es que cinco millones de personas respaldaron la iniciativa popular para reformar la Constitución y permitir la segunda reelección.
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