Cuando por fin despierten del misterioso trance hipnótico en que están sumidos, van a ser muchos los que sientan vergüenza de haber sido uribistas
Antonio Caballero
Hace ya más de ochenta años escribió Curzio Malaparte un librito muy leído entonces, titulado La técnica del golpe de Estado. Consideraba en él varios ejemplos, desde el 18 Brumario de Bonaparte hasta el incendio del Reichstag por Hitler, pasando por el Octubre Rojo de Lenin y Trotsky y por la Marcha sobre Roma de Mussolini. No registró otro método, que es el que estamos viendo ahora en Colombia practicado por Álvaro Uribe en su empeño de tercera elección presidencial consecutiva: la compra por cuotas.
Primero se compraron las firmas que piden el referendo reeleccionista, volándose los topes establecidos por la ley y con el añadido pintoresco de confiar el transporte de las valiosas papeletas al cuidado de la 'pirámide' ilegal de David Murcia. A continuación, y para que aceptaran la 'conciliación' sobre la alteración ilegítima de la pregunta, hubo que comprar también los votos de los parlamentarios. Así se hizo con notarías, con contratos, con consulados y embajadas, hasta con plata en rama. Falta la venia de la Corte Constitucional. Hace cuatro años aceptó la dudosa legalidad de la reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe, también comprada por cohecho; los magistrados tuvieron miedo de torear la culebra del uribismo armado, y se inclinaron. Y esta Corte de ahora está más amansada que la de entonces, de modo que, tras una ficción de forcejeo para la galería, declarará exequible constitucionalmente el engendro referendario.
Sólo faltan los votos.
Se parte, desde luego, de un núcleo de uribismo de convicción, ciego a la realidad. Unos cuantos millones de personas que se empeñan en creer que los gobiernos de Uribe han traído o al menos están trayendo la paz a Colombia, negándose a ver que, por el contrario, han agravado la guerra y sus secuelas de desplazamiento forzoso y consiguiente inseguridad en las ciudades en donde se refugian los que huyen de la violencia del campo. Unos cuantos millones de personas que no quieren ver el fracaso general de todas las políticas emprendidas en estos últimos siete años: el crecimiento de la violencia y de la inseguridad, de la pobreza y de la indigencia absoluta, del desempleo, del despilfarro, de la corrupción. Cuando por fin despierten del misterioso trance hipnótico en que están sumidos, de esa morbosa fascinación por el abismo en el que están hundiéndose, van a ser muchos los que sientan vergüenza retrospectiva de haber sido uribistas. Hablo de la gente común. Que los políticos comprados o los empresarios premiados con gabelas tributarias sean uribistas, se entiende: su interés está ahí. Pero no que lo sea la gente común, digo, que no le debe nada a Uribe, sino la agravación de todos sus problemas.
Pero el caso es que siguen faltando votos.
Ya se han comprado muchos, claro. Esos voticos ya amarrados de los millones de empleados públicos que creen que Uribe va a seguir por lo menos cuatro años más, y así ayudan a que siga. Los de las dos millones setecientas mil 'familias en acción' que reciben mensualmente su ayuda pecuniaria. Los de los favorecidos por los cheques y los créditos que Uribe reparte personalmente a puñados en sus consejos comunitarios retransmitidos por la televisión, como un Niño Dios que trae regalos. Y cuenta la prensa, enternecida (o tal vez comprada también ella por el espejismo prometido de un Tercer Canal), que Uribe, pese a estar recluido en su cuarto de enfermo, presidió 'virtualmente', por teleconferencia, la piñata de cuatro mil millones de pesos en créditos del Fondo Nacional de Ahorro feriados el jueves por la noche en el Palacio de los Deportes.
Y sin embargo los estrategas de la reelección uribista no las tienen todas consigo. Recoger siete millones trescientos mil votos no es tarea fácil, y menos aún cuando existe la previa convicción entre los electores de que Uribe ya ganó. Por eso se les ocurren nuevas estratagemas: hacer votar el mismo día el referendo contra los violadores (para que la gente, confundida, vote de paso por el violador de la Constitución). Sumar además las elecciones parlamentarias, para movilizar también los clientelismos regionales y locales. Y, finalmente, reformar el censo electoral, para reducir la masa de votos necesarios para que sea aprobado el referendo.
Y si pese a todo la cosa no funciona, en el librito de Malaparte hay más recetas.
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sábado, 26 de diciembre de 2009
El aspirante a capo
Un hombre que hace 20 años era el niño sicario favorito de 'Don Berna' intenta a sangre y fuego convertirse en el nuevo jefe del narcotráfico en Antioquia y la Costa.
Maximiliano Bonilla tenía escasos 13 años cuando su padre fue asesinado en una balacera en Medellín, y quedó sólo en la vida. Era el año 1985. El jefe de su papá lo adoptó como si fuera su propio hijo y lo llevó a trabajar con él. Pero lo que hace diferente esta historia es que el hombre que lo apadrinó era nada más y nada menos que Diego Murillo, alias 'Don Berna' quien para la época era el jefe de la temida banda de sicarios conocida como La Terraza.
El adolescente empezó a trabajar en el 'negocio' de su padrino y antes de cumplir los 15 años se había convertido en uno de los más efectivos, letales y consentidos sicarios de 'Don Berna'.
Esa historia ocurrió hace mas de 20 años. Pero a diferencia de la mayoría de quienes estuvieron al lado de 'Don Berna' en las guerras mafiosas de las últimas dos décadas, Bonilla es uno de los pocos que aún está vivo. En la actualidad es el hombre que está detrás de una de las más sangrientas oleadas de violencia en el mundo del crimen organizado que ha dejado centenares de muertos en el último año. Bonilla, conocido como 'Valenciano', es el principal responsable de la vendetta que tiene azotada a Medellín y que en los últimos seis meses se ha extendido a zonas del bajo Cauca antioqueño, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería.
La estrategia que ha desplegado 'Valenciano' es tan simple como macabra: a sangre y fuego busca consolidarse como el nuevo capo del narcotráfico en Colombia. Para lograrlo ha acudido a la táctica sencilla pero efectiva de apoderarse de los territorios, las rutas y los negocios de muchos de los narcos y paramilitares extraditados o presos. Para lograrlo está dispuesto, y así lo ha hecho, a hacer la guerra contra quien sea necesario, lo que hoy tiene disparados los índices de asesinatos en varias regiones del país.
Aunque es un completo desconocido para la opinión pública, el alias de 'Valenciano' es muy popular entre los criminales y los organismos de seguridad. Como jefe de seguridad de 'Don Berna' 'Valenciano' siempre estuvo en la línea de sucesión del ahora extraditado jefe de la 'oficina' de Envigado. Cuando 'Don Berna' se desmovilizó y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, personajes como los alias 'Danielito', 'Rogelio' y 'Yiyo', entre otros, asumieron el control de esa estructura criminal, y 'Valenciano' permaneció al lado de ellos. Pero en los últimos tres años algunos fueron asesinados, otros se entregaron a la justicia norteamericana y algunos fueron capturados y extraditados, todo lo cual le despejó el camino a 'Valenciano' para apoderarse de la 'oficina'.
Junto con viejos socios como alias 'Nito' y 'Sebastián' comenzó una impresionante y rápida estrategia expansionista a punta de bala. Luego de que 'Jorge 40' y Hernán Giraldo se desmovilizaron, 'Valenciano' se apoderó de los territorios de esos jefes paramilitares en La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Se quedó con tierras y rutas de 'Los Mellizos' en Córdoba, y parte del Urabá antioqueño quedó bajo su control tras la captura de 'Don Mario'.
En poco tiempo, menos de dos años, 'Valenciano' concentró mucho poder, pero también muchos enemigos y cada vez se hizo más visible e importante para las autoridades colombianas y extranjeras. Siguiendo las recomendaciones de antiguos jefes de la 'oficina' que se han entregado a la justicia estadounidense, como 'Rogelio', algunos socios de 'Valenciano' empezaron acercamientos con agencias de Estados Unidos para negociar y someterse. Pero 'Valenciano', que nunca ha considerado esa posibilidad, decidió no correr el riesgo de ser delatado y desde comienzos de este año empezó a asesinar a sus socios.
Eso desató la guerra interna que ha dejado decenas de muertos en el Valle de Aburrá. El más reciente de esos asesinatos ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando fue acribillado 'Nito', el antiguo aliado de 'Valenciano'. El viernes la Policía dio un duro golpe que sin duda alguna será de gran ayuda para tratar de controlar la ola de crímenes en Antioquia. Más de 30 personas de la estructura de 'Valenciano', 'Sebastián' y 'Nito' fueron arrestadas en varias operaciones simultáneas que afectaron a las estructuras involucradas en esta guerra. Ahora la cacería se concentra en 'Valenciano', el aspirante a capo que se refugia en la costa del Caribe.
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Maximiliano Bonilla tenía escasos 13 años cuando su padre fue asesinado en una balacera en Medellín, y quedó sólo en la vida. Era el año 1985. El jefe de su papá lo adoptó como si fuera su propio hijo y lo llevó a trabajar con él. Pero lo que hace diferente esta historia es que el hombre que lo apadrinó era nada más y nada menos que Diego Murillo, alias 'Don Berna' quien para la época era el jefe de la temida banda de sicarios conocida como La Terraza.
El adolescente empezó a trabajar en el 'negocio' de su padrino y antes de cumplir los 15 años se había convertido en uno de los más efectivos, letales y consentidos sicarios de 'Don Berna'.
Esa historia ocurrió hace mas de 20 años. Pero a diferencia de la mayoría de quienes estuvieron al lado de 'Don Berna' en las guerras mafiosas de las últimas dos décadas, Bonilla es uno de los pocos que aún está vivo. En la actualidad es el hombre que está detrás de una de las más sangrientas oleadas de violencia en el mundo del crimen organizado que ha dejado centenares de muertos en el último año. Bonilla, conocido como 'Valenciano', es el principal responsable de la vendetta que tiene azotada a Medellín y que en los últimos seis meses se ha extendido a zonas del bajo Cauca antioqueño, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería.
La estrategia que ha desplegado 'Valenciano' es tan simple como macabra: a sangre y fuego busca consolidarse como el nuevo capo del narcotráfico en Colombia. Para lograrlo ha acudido a la táctica sencilla pero efectiva de apoderarse de los territorios, las rutas y los negocios de muchos de los narcos y paramilitares extraditados o presos. Para lograrlo está dispuesto, y así lo ha hecho, a hacer la guerra contra quien sea necesario, lo que hoy tiene disparados los índices de asesinatos en varias regiones del país.
Aunque es un completo desconocido para la opinión pública, el alias de 'Valenciano' es muy popular entre los criminales y los organismos de seguridad. Como jefe de seguridad de 'Don Berna' 'Valenciano' siempre estuvo en la línea de sucesión del ahora extraditado jefe de la 'oficina' de Envigado. Cuando 'Don Berna' se desmovilizó y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, personajes como los alias 'Danielito', 'Rogelio' y 'Yiyo', entre otros, asumieron el control de esa estructura criminal, y 'Valenciano' permaneció al lado de ellos. Pero en los últimos tres años algunos fueron asesinados, otros se entregaron a la justicia norteamericana y algunos fueron capturados y extraditados, todo lo cual le despejó el camino a 'Valenciano' para apoderarse de la 'oficina'.
Junto con viejos socios como alias 'Nito' y 'Sebastián' comenzó una impresionante y rápida estrategia expansionista a punta de bala. Luego de que 'Jorge 40' y Hernán Giraldo se desmovilizaron, 'Valenciano' se apoderó de los territorios de esos jefes paramilitares en La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Se quedó con tierras y rutas de 'Los Mellizos' en Córdoba, y parte del Urabá antioqueño quedó bajo su control tras la captura de 'Don Mario'.
En poco tiempo, menos de dos años, 'Valenciano' concentró mucho poder, pero también muchos enemigos y cada vez se hizo más visible e importante para las autoridades colombianas y extranjeras. Siguiendo las recomendaciones de antiguos jefes de la 'oficina' que se han entregado a la justicia estadounidense, como 'Rogelio', algunos socios de 'Valenciano' empezaron acercamientos con agencias de Estados Unidos para negociar y someterse. Pero 'Valenciano', que nunca ha considerado esa posibilidad, decidió no correr el riesgo de ser delatado y desde comienzos de este año empezó a asesinar a sus socios.
Eso desató la guerra interna que ha dejado decenas de muertos en el Valle de Aburrá. El más reciente de esos asesinatos ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando fue acribillado 'Nito', el antiguo aliado de 'Valenciano'. El viernes la Policía dio un duro golpe que sin duda alguna será de gran ayuda para tratar de controlar la ola de crímenes en Antioquia. Más de 30 personas de la estructura de 'Valenciano', 'Sebastián' y 'Nito' fueron arrestadas en varias operaciones simultáneas que afectaron a las estructuras involucradas en esta guerra. Ahora la cacería se concentra en 'Valenciano', el aspirante a capo que se refugia en la costa del Caribe.
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Y ahora qué sigue
Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
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Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
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Ejército colombiano intercepta pruebas de vida de rehenes de las FARC
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Un hombre capturado por los militares llevaba grabadas las pruebas en una memoria USB
EFE - Bogotá - 07/09/2009
El Ejército colombiano se ha incautado de pruebas de vida de varios rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras capturar a un hombre que las llevaba registradas en una memoria USB, informaron hoy fuentes oficiales. Las pruebas de vida son fotografías de 11 de los 23 militares y policías que esta guerrilla tiene cautivos, explicó hoy el fiscal general, Guillermo Mendoza. Son "fotografías y detalles de un personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra secuestrado", precisó Mendoza en una conferencia de prensa celebrada en Bogotá.
Mendoza dio también detalles sobre la detención de Ramiro Valbuena Ospina, acusado de ser el correo de los rebeldes, ocurrida el pasado sábado cuando viajaba en una motocicleta por la carretera entre la ciudad de Villavicencio (centro) y Bogotá. Valbuena, que presuntamente pertenece al Frente 44 de las FARC, llevaba una memoria USB con pruebas de vida de cuatro militares y seis policías, algunos de ellos secuestrados desde 1998. "Esas son pruebas que están contenidas en medios electrónicos", indicó el fiscal general, quien matizó que "lo que se encontró fue una USB". Los documentos han pasado al juez de control de garantías que se hizo cargo del caso de Valbuena, a quien la fiscalía tenía previsto imputar por rebelión y secuestro.
Las autoridades colombianas capturaron este fin de semana en Bogotá a una destacada coordinadora urbana de la guerrilla de las FARC, conocida con el alias de La Reina, que podría estar vinculada a las pruebas de vida de los rehenes. Su captura fue posible tras un operativo de inteligencia militar que se desarrolló durante varios meses en el departamento de Guaviare (sur) que permitieron establecer sus desplazamientos y detenerla el domingo en un populoso sector de la capital colombiana.
Además, la senadora opositora Piedad Córdoba hizo públicas hace una semana pruebas de vida de 13 secuestrados, entre las que había mensajes de vídeo de nueve policías y militares en poder de los rebeldes.
El Ejército y la fiscalía también capturaron en noviembre de 2007 a tres personas en el sur de Bogotá que traían pruebas de vida de los secuestrados y que iban a ser entregadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, entonces mediador ante las FARC para la liberación de secuestrados. Entre esas pruebas estaba la de la entonces rehén Ingrid Betancourt, quien fue rescatada el 2 de julio de 2008 junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares secuestrados.
El padre de un secuestrado se 'crucifica' en Bogotá
El padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace casi 12 años, llegó ayer a Bogotá tras una caminata de más de 100 kilómetros y de manera simbólica se crucificó con la cruz de guadua (planta similar al bambú) que cargó durante su larga marcha. El profesor Gustavo Moncayo, conocido también como El caminante por la paz, concluyó en la capital colombiana la última de sus marchas para pedir por la liberación de su hijo y de todos los demás secuestrados en poder de las FARC.
Moncayo llegó a la histórica Plaza de Bolívar acompañado de su hermano Carlos, pero por disposiciones administrativas no pudo permanecer en ese sitio y fue llevado a una iglesia cercana en el centro de Bogotá, donde permanecerá en vigilia por lo menos una semana. "Estoy haciendo el mismo trabajo y pidiendo por la liberación de los secuestrados. Hoy, exigiéndole ese derecho al Gobierno", dijo tras la larga marcha.
Moncayo realizó ante decenas de personas el acto simbólico de crucificarse, como había afirmado que haría al iniciar el lunes pasado una marcha desde la localidad de Melgar, distante unos 100 kilómetros al sur de Bogotá. Los médicos que observaron a Moncayo tras su larga caminata le recomendaron permanecer en calma por unos días.
El profesor pidió de nuevo al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que reciba a la senadora opositora Piedad Córdoba para acordar la logística de la liberación de su hijo. "Ahora el problema no es de la guerrilla, sino del Gobierno", dijo el profesor. Las FARC anunciaron el pasado abril su intención de entregar a Córdoba de manera unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo y el cadáver de un capitán de la policía que murió en cautiverio, pero no se ha concretado esa liberación por la negativa de Uribe a recibir a la congresista.
Moncayo fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en un puesto de comunicaciones del Ejército ubicado en una zona montañosa del suroeste de Colombia Las FARC tienen en su poder a 23 policías y militares que pretenden canjear por su hombres presos a través de un intercambio humanitario.
EFE
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Un hombre capturado por los militares llevaba grabadas las pruebas en una memoria USB
EFE - Bogotá - 07/09/2009
El Ejército colombiano se ha incautado de pruebas de vida de varios rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras capturar a un hombre que las llevaba registradas en una memoria USB, informaron hoy fuentes oficiales. Las pruebas de vida son fotografías de 11 de los 23 militares y policías que esta guerrilla tiene cautivos, explicó hoy el fiscal general, Guillermo Mendoza. Son "fotografías y detalles de un personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra secuestrado", precisó Mendoza en una conferencia de prensa celebrada en Bogotá.
Mendoza dio también detalles sobre la detención de Ramiro Valbuena Ospina, acusado de ser el correo de los rebeldes, ocurrida el pasado sábado cuando viajaba en una motocicleta por la carretera entre la ciudad de Villavicencio (centro) y Bogotá. Valbuena, que presuntamente pertenece al Frente 44 de las FARC, llevaba una memoria USB con pruebas de vida de cuatro militares y seis policías, algunos de ellos secuestrados desde 1998. "Esas son pruebas que están contenidas en medios electrónicos", indicó el fiscal general, quien matizó que "lo que se encontró fue una USB". Los documentos han pasado al juez de control de garantías que se hizo cargo del caso de Valbuena, a quien la fiscalía tenía previsto imputar por rebelión y secuestro.
Las autoridades colombianas capturaron este fin de semana en Bogotá a una destacada coordinadora urbana de la guerrilla de las FARC, conocida con el alias de La Reina, que podría estar vinculada a las pruebas de vida de los rehenes. Su captura fue posible tras un operativo de inteligencia militar que se desarrolló durante varios meses en el departamento de Guaviare (sur) que permitieron establecer sus desplazamientos y detenerla el domingo en un populoso sector de la capital colombiana.
Además, la senadora opositora Piedad Córdoba hizo públicas hace una semana pruebas de vida de 13 secuestrados, entre las que había mensajes de vídeo de nueve policías y militares en poder de los rebeldes.
El Ejército y la fiscalía también capturaron en noviembre de 2007 a tres personas en el sur de Bogotá que traían pruebas de vida de los secuestrados y que iban a ser entregadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, entonces mediador ante las FARC para la liberación de secuestrados. Entre esas pruebas estaba la de la entonces rehén Ingrid Betancourt, quien fue rescatada el 2 de julio de 2008 junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares secuestrados.
El padre de un secuestrado se 'crucifica' en Bogotá
El padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace casi 12 años, llegó ayer a Bogotá tras una caminata de más de 100 kilómetros y de manera simbólica se crucificó con la cruz de guadua (planta similar al bambú) que cargó durante su larga marcha. El profesor Gustavo Moncayo, conocido también como El caminante por la paz, concluyó en la capital colombiana la última de sus marchas para pedir por la liberación de su hijo y de todos los demás secuestrados en poder de las FARC.
Moncayo llegó a la histórica Plaza de Bolívar acompañado de su hermano Carlos, pero por disposiciones administrativas no pudo permanecer en ese sitio y fue llevado a una iglesia cercana en el centro de Bogotá, donde permanecerá en vigilia por lo menos una semana. "Estoy haciendo el mismo trabajo y pidiendo por la liberación de los secuestrados. Hoy, exigiéndole ese derecho al Gobierno", dijo tras la larga marcha.
Moncayo realizó ante decenas de personas el acto simbólico de crucificarse, como había afirmado que haría al iniciar el lunes pasado una marcha desde la localidad de Melgar, distante unos 100 kilómetros al sur de Bogotá. Los médicos que observaron a Moncayo tras su larga caminata le recomendaron permanecer en calma por unos días.
El profesor pidió de nuevo al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que reciba a la senadora opositora Piedad Córdoba para acordar la logística de la liberación de su hijo. "Ahora el problema no es de la guerrilla, sino del Gobierno", dijo el profesor. Las FARC anunciaron el pasado abril su intención de entregar a Córdoba de manera unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo y el cadáver de un capitán de la policía que murió en cautiverio, pero no se ha concretado esa liberación por la negativa de Uribe a recibir a la congresista.
Moncayo fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en un puesto de comunicaciones del Ejército ubicado en una zona montañosa del suroeste de Colombia Las FARC tienen en su poder a 23 policías y militares que pretenden canjear por su hombres presos a través de un intercambio humanitario.
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Cae jefe de las Farc que sembró el terror en Landázuri
Carlos Peña, conocido con el alias de ‘Alberto Chaparro’, fue capturado en el oriente de Bogotá por la Policía. Llevaba 19 años en la organización guerrillera y su área de influencia era el sur de Santander.
Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
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Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
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La violencia se ceba con los awá
Tras la matanza de 12 miembros de su comunidad, líderes indígenas protestan por la violencia que se ha cobrado 78 muertes en este año
PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
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PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
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Las FARC entregan pruebas de vida de nueve secuestrados
La guerrilla colombiana entregó los vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba
AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
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AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
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