'Proceso de desmovilización paramilitar: lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos'

'Proceso de desmovilización paramilitar: lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos'
Esa es la lúgubre conclusión, palabras más, palabras menos, de un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La CIDH, que evaluó la aplicación de las leyes que lo rigen y el acceso de las víctimas a la reparación, dice que esto está sembrando graves incertidumbres de cara al futuro.

En el reporte, de 28 páginas (descárguelo en formato PDF), se le reconocen como acierto al gobierno algunas decisiones; sin embargo, se trata de un detallado balance sobre lo que no ha funcionado -ni va a funcionar- en el delicado proceso.

La CIDH basa sus observaciones en una serie de visitas 'al terreno' y entrevistas que realizó para darle seguimiento a la Misión de Acompañamiento al Proceso Premilitar (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Beneficios económicos

El primero de los bloques del reporte se dedica a evaluar el proceso de entrega de armas y primeras diligencias judiciales que se hicieron con miembros del Bloque Norte II y III, liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40'; y del Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón alias 'El Alemán'.

Según la CIDH, se pudo observar, por ejemplo, como muchas de las personas que se acercaron no parecían ser parte de los grupos paramilitares sino incentivadas por los beneficios económicos que ofrecía el estado.

"En la zona de ubicación se ventiló información indicando que, en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno. También observó, en el departamento del Cesar, que numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes", dice el reporte tras indicar que el Estado niega la situación.

De acuerdo con el órgano hemisférico, se pudo constatar que no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos.

Primeras diligencias judiciales

El reporte critica también al grupo de fiscales que tomó las primeras versiones libre de los desmovilizados pues, dice, eran comisionados "horas antes de su partida", no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó y dejó escapar una valiosa oportunidad para el esclarecimiento de la verdad.

"En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la AUC que participaron de la desmovilización", dice el reporte.

Según el Estado, cuya repuesta es mencionada en el informe, a los fiscales se les dio una guía, pero eso no los limitaba en sus funciones de ampliar la pesquisa.

Para la Comisión, esa "oportunidad perdida" es lamentable, pues "dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras armadas". Y da este otro dato: El 90 por ciento de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil) no aportaron datos relevantes sobre sus acciones.

De acuerdo con el reporte, la Comisión también constató que en muchos casos los paras entregaron armas que parecían viejas y en mal estado, cuando las escoltas de los líderes sí portaban otras relucientes, y que luego aparecieron depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados.

Vacíos jurídicos

La comisión menciona como algunos decretos e interpretaciones de las leyes que rigen el proceso han provocado vacíos e incertidumbre.

Cita la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 para decir que podría usarse para impedir instaurar procesos judiciales contra personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual podría conducir a la impunidad de graves crímenes.

Aunque advierte que no deberían existir obstáculos que bloqueen la apertura posterior de investigaciones por la comisión de otros delitos, distintos al de concierto para delinquir, añade que esta interpretación dependerá del curso de acción que los funcionarios judiciales adopten respecto de cada caso.

También menciona que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 que, según dice, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.

"Para la CIDH está claro que más allá de la discusión sobre el alcance temporal de la decisión de la Corte, ésta ha establecido que la permanencia en la zona de concentración no puede asimilarse a un período de pena cumplida. Esta interpretación constitucional sobre qué debe entenderse por pena en el sistema legal colombiano debería ser decisiva para los jueces al momento de determinar el cómputo de las penas alternativas a aplicar para aquellas personas que hubieran logrado acceder a este beneficio.

De lo contrario, por la vía de una disposición reglamentaria, se estarían introduciendo nuevas reformas al marco normativo, en sentido contrario a la decisión de la Corte y en un aspecto sustancial para el examen de la legalidad internacional y constitucional del sistema de Justicia y Paz, como es la posibilidad de nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas", dice la Comisión.

La Comisión también resalta que la reparación colectiva que prevé el decreto 3391, es decir la entrega de bienes de los desmovilizados destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, "puede generar o agravar tensiones entre la población civil y los desmovilizados en vista del temor a represalias que perdura en vastas zonas del país".

El reporte dedica a su vez una gran porción a la participación de las víctimas en el proceso y el modelo de reparación que se ha diseñado.

Sostiene, por ejemplo, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona por que se hace a través de medios que no llegan a las zonas rurales, donde están localizadas en su mayoría y recomienda usar emisoras locales y periódicos regionales.

Subraya que otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".

La comisión también expresa preocupación por las restricciones de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales y por las amenazas y asesinatos (caso Yolanda Izquierdo, entre otros) de las que han sido objeto.

Si bien es loable insistir que los responsables de los crímenes paguen por el costo de la reparación, añade, es el Estado, que cuenta con los recursos, y nos las víctimas, el que debe asumir el costo de la recuperación y distribución de esos bienes. Para la CIDH, el Estado está asumiendo un rol marginal en el proceso cuando debería ser protagónico.

Para terminar la CIDH dedica un segmento a la reincorporación a la vida civil de los 'paras', que dice es baja -unos 4.200 que han ingresado a la fuerza laboral-, ante el volumen de la desmovilización (41.000 aproximadamente).

Así mismo hace un comentario sobre el rearme de grupos paras y aparición de nuevas bandas en la que sostiene que pese a la advertencia del gobierno de que perderán los beneficios si retornan a la ilegalidad, estas consecuencias sólo afectarán a aquellos desmovilizados que hayan postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que constituyen solo un 8,7 por ciento del total de los desmovilizados.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington