Macabra orden de asesinato contra investigadores sociales
El plan buscaba atentar contra los autores de la investigación académica sobre parapolítica de la Corporación Nuevo Arco Iris que ha dado soporte a varios procesos penales. También han buscado amedrentarlos con amenazas y robos.
Fecha: 04/30/2008 -
El IPC de Medelllín difundió un comunicado de prensa según el cual la “Oficina de Envigado” tiene la orden, al parecer desde hace unos meses, de asesinar a los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, quienes adelantaron el trabajo académico sobre las relaciones entre grupos paramilitares y políticos regionales, y que hoy tiene en la cárcel a varios de ellos.

“Me parece muy grave todo esto”, le dijo a la Agencia de Prensa del IPC, León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y columnista de diversos diarios del país. Por referencias de una fuente a la que le da entero crédito, conoció que la orden de asesinarlo a él y a una de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Laura Bonilla, quienes junto a Claudia López adelantaron el trabajo sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase política en el país, proviene de la llamada “Oficina de Envigado”.

Esta organización criminal actúa desde esa localidad del sur del Valle de Aburrá, hace más de una década y estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna, ahora en el proceso de Justicia y Paz y recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

Según diversas autoridades, desde el año pasado Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio maneja esta Oficina en coordinación con grupos criminales de Itagüí al sur de Medellín.

En conversación con la Agencia de Prensa IPC, el investigador explicó que una persona de su confianza, hermano de un desaparecido, se acercó el pasado 4 de abril a un paramilitar relacionado con la Oficina de Envigado a buscar información sobre su familiar. Éste le dijo que no tenía mayor información y de manera espontánea le comentó que “la situación se iba a poner muy dura, pues había orden de asesinar a León Valencia, y a Laura Bonilla”.

“Nosotros nos enteramos por terceras personas que esa organización tenía una orden de asesinato contra nosotros. Nos enteramos por pura casualidad, lo que es preocupante”, expresó Valencia.

La corporación ya había venido recibiendo amenazas por correos electrónicos y llamadas. Además les robaron los computadores de su sede en Bogotá. Estas agresiones se hicieron más frecuentes, luego de que este centro de pensamiento difundiera los resultados de la investigación sobre el nuevo mapa político en Colombia, en cuya redefinición tuvieron alta injerencia los grupos paramilitares, y en especial cuando reveló las votaciones atípicas que obtuvieron políticos en Antioquia, en territorios dominados por el paramilitarismo.

La Agencia del IPC también señaló que el hecho de que sea tan peligroso aún hoy desentrañar los nexos entre paramilitares y políticos en ese departamento revela que en el Valle de Aburrá permanecen activas poderosas estructuras armadas ilegales.

“Los propios paramilitares están confesando, la gente está señalando a los políticos, entonces no entiendo por qué nos amenazan a nosotros, que hicimos una investigación social y académica sobre el tema. Es una posición un poco extraña”, dijo a Prensa del IPC León Valencia de la Corporación, pues reconoce que hay un proceso de paz con el gobierno, pero que algunos sectores del paramilitarismo sigue delinquiendo.

La Presidencia de la República señaló que la labor investigativa de la Corporación es legitima, así sea controversial y crítica del gobierno; y también hay un compromiso de las autoridades para mejorar la protección de las personas que están amenazadas si deciden quedarse en el país.

Es urgente que en efecto, el gobierno actúe con celeridad para proteger al equipo de la Corporación que está haciendo un aporte fundamental para blindar a las instituciones democráticas de la injerencia de los paramilitares y delincuentes.


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