La otra guerra
Hay una mala noticia. El Presidente no ha desistido de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006. La pelea entre el primer mandatario y la Corte Suprema se sigue fraguando y puede ser desastrosa para el país.
Fecha: 07/05/2008 -1366
La noticia del rescate de Íngrid y otros 14 secuestrados ha tenido un efecto de película -en el sentido más literal- sobre el choque de colosos que se estaba dando entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Álvaro Uribe. La imagen es sencilla: es como si estuvieran a punto de chocar dos planetas y de repente alguien oprimiera el botón de pausa. Así, la hecatombe que se presagiaba quedó en suspenso.

Pero sólo por el momento. La película de la crisis institucional empezará a rodar de nuevo en cualquier instante porque los motivos siguen intactos.

Mucha gente pensó que la decisión que tomó la Corte Constitucional, el miércoles del "rescate perfecto", había desactivado la pelea. Cuando caía la noche, y mientras el país seguía embriagado de júbilo, la Corte Constitucional dijo que no reabriría el estudio de la reforma que permitió la reelección del Presidente. Como ese caso había sido el 'florero de Llorente' que llevó a los dos poderes a lanzarse frases cargadas de dinamita, al ser borrado de tajo por la Corte Constitucional ya no tenía sentido la guerra.

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Muchos creían que las acusaciones quedaban en el olvido. La de la Corte Suprema, en el sentido de que la compra del voto a la congresista Yidis Medina, por parte de funcionarios del alto gobierno, era una "clara desviación de poder", que la motivó a enviar copia del fallo a la Corte Constitucional para que esta decidiera si debía volver a revisar la legalidad del acto legislativo que autorizó la reelección. Y la del presidente Uribe, que respondió diciendo que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante" y en un evidente desafío -al estilo de 'a ver quién es más guapo'- anunció que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.

Pero la mala noticia es que la Casa de Nariño no ha descartado el referendo, un procedimiento costoso no sólo en recursos, sino por su impacto en el orden institucional. Según explican altas fuentes del gobierno, el Presidente no quedaría satisfecho con que la Corte Constitucional despache el tema con argumentos de forma como que el asunto ya hizo tránsito a cosa juzgada. A Uribe no le sirve esa salida porque considera que quedaría un manto de duda sobre la legitimidad de su elección.

El primer mandatario no está de acuerdo con las voces que le dicen que su elección no está en tela de juicio y que le explican que la Corte Suprema sólo cuestionó la norma que permitió la reelección, pero no ésta en sí misma. De todas maneras, la palabra final en este punto se conocerá cuando la Corte Constitucional publique el auto respectivo.

Hay quienes creen que más allá de las implicaciones políticas, el Presidente ha usado el asunto para cabalgar sobre su abultada popularidad en detrimento del prestigio de la Corte Suprema. Y hay datos que les darían la razón. Entre otros, la encuesta que se publica en esta edición, según la cual el 69 por ciento cree que el Presidente tiene razón en el caso de Yidis, frente al 28 por ciento que le cree a la Corte.

Para los partidarios de la Corte, toda la pelea se debe a la investigación que el alto tribunal ha hecho del escándalo de la para-política, que hoy tiene en problemas a más de 50 congresistas de la bancada uribista, incluido el primo del Presidente. Además, dicen, porque es el único de los poderes del Estado cuya independencia del Ejecutivo parece haber sobrevivido tras seis años de gobierno.

El argumento de la Casa de Nariño es el contrario. El presidente Uribe y sus escuderos tienen sospechas de que algunos magistrados de la Corte Suprema están aliados con paramilitares y guerrilleros. Y que su propósito sería socavar, a punta de decisiones, como en el caso de la yidis-política, la autoridad del Presidente. Sin embargo, a pesar de señalamientos tan graves, el gobierno no ha hecho denuncia alguna ante las autoridades y, en un estilo que no se compadece con lo delicado del tema, ha sembrado el rumor y lo ha dejado correr.

Varios magistrados de la Corte han dicho que esas acusaciones se caen de su peso porque, por ejemplo, el supuesto infiltrado de los paramilitares, que sería Giorgio Sale, no logró que ésta fallara nada en su favor, ni en el de su socio Salvatore Mancuso. Y añaden que, por el contrario, la Corte ha dado su visto bueno a todas las extradiciones de paramilitares y no se ha prestado para permitir, como le ha pedido el gobierno, que los 19.000 paramilitares rasos sean considerados responsables sólo de delitos políticos. En las oficinas del Palacio de Justicia tienen la impresión además de que desde sectores del gobierno estarían participando en montajes, como el de'Tasmania', para desprestigiar a la Corte y doblegar su independencia.

'Tasmania' es el paramilitar que en septiembre pasado firmó una carta en la que afirma que un magistrado auxiliar de la Corte Suprema le ofreció beneficios jurídicos para que declarara que Uribe le ordenó matar a otro paramilitar del suroeste antioqueño. El mismo 'Tasmania' se retractó en las últimas semanas de esa carta. Y aún la justicia no ha resuelto qué hay detrás de ese montaje.

¿Que viene ahora? Todo indica que se vienen por lo menos tres cargas de profundidad para la Corte Suprema. Y si bien cada una de ellas está sustentada en estricto sentido jurídico, desde el punto de vista político no es equivocado pensar que son parte del enfrentamiento con el Presidente.

En primer lugar, en pocos días se debe conocer el fallo de la Corte Constitucional, ya anunciado hace varias semanas, que prácticamente paralizaría el trabajo de la Suprema y en particular las investigaciones de la para-política. En él, la Corte Constitucional declara inexequible la manera como la Corte Suprema investiga y juzga a los congresistas y le pide al Congreso que modifique el mecanismo.

El fallo se ajusta a los estándares mundiales, pues en ningún país del mundo civilizado el mismo investigador es el que juzga, como lo hace la Corte Suprema. Pero lo que llama la atención es que sólo ahora, 17 años después de promulgada la Constitución y tras más de cinco años de sistema acusatorio, se decida el cambio. No sólo los congresistas implicados en la para-política podrían lograr, vía tutela, que sus procesos se caigan, sino que mientras el Congreso decide cómo debe funcionar la Corte, ésta quedaría inoperante en asuntos penales.

En segundo lugar, el nuevo ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció al posesionarse que el plato fuerte de su administración sería una reforma a la justicia. Y según fuentes del alto gobierno, quiere reformar varios aspectos de la Corte Suprema, entre otros, la elección de los magistrados. Sin conocer los detalles, el alto tribunal está en desacuerdo. Y sin duda, la reforma es por lo menos inoportuna cuando las diferencias con Palacio están al rojo vivo y cuando la Corte está investigando al 20 por ciento de los integrantes del Congreso que la reformaría.

Y en tercer lugar, sigue su curso en la Comisión de Acusación de la Cámara la denuncia que interpuso Uribe contra el ex presidente de la Corte Suprema César Julio Valencia. A pesar de los cuestionamientos que ha tenido ese órgano del Congreso, es necesario esperar a ver cómo se desarrolla el proceso.

Ante este panorama, la Corte Suprema ha dado señales de no estar dispuesta a doblegarse. En su último comunicado, el martes pasado, en respuesta a la convocatoria de referendo que anunció el Presidente, le pidió al gobierno "acatar las decisiones" de la justicia. Y todo indica que en los próximos días tomará nuevas decisiones sobre congresistas vinculados a la para-política, lo cual demostraría que el caso sigue adelante.

Por ahora se ve difícil que ceda el 'choque de titanes'. Y lo peor es que no se sabe hasta dónde puede llegar y qué tanto daño pueda causar al país.


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