La cifra habría sido por la 'venta' de la Notaria 67. Por eso, el organismo de control pidió la condena contra el político conservador.
La petición se conoce dos semanas después de que el procurador Alejandro Ordóñez absolvió al ministro Diego Palacio y al embajador Sabas Pretelt por uno de los capítulos de la 'Ydispolítica': la confesión de Yidis Medina ante la Corte.
El procurador delegado en lo penal, Jorge Alberto González Vásquez, sorprendió al pedir condena contra Avendaño por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
En este caso, dijo el procurador González, "no hubo ninguna calamidad doméstica para que el representante Avendaño se ausentara del recinto de la Cámara en momentos en que se votaba el proyecto de reelección". Y aseguró que el congresista "fue el eslabón de una acción criminal".
Para el Ministerio Público, la ausencia del ex congresista y el cambio de postura de Yidis Medina al dar su voto a favor fueron determinantes para cumplir los propósitos de aprobar la reelección presidencial en momentos en que el futuro del proyecto estaba seriamente comprometido en la comisión Primera de la Cámara.
"Yidis se retracta de su propuesta de archivo y Teodolindo no vota, omitiendo los deberes de su cargo, por haber recibido promesas remuneratorias", afirmó el procurador González al sustentar su concepto.
Según el representante del Ministerio Público, meses después, el patrimonio de Teodolindo aumentó de manera extraña. De sólo contar con su sueldo de pensionado, empezó a recibir en sus cuentas, y en las de su esposa, consignaciones desde Bogotá,
Barranquilla y Bucaramanga por sumas que iban de los nueve a los 20 millones de pesos entre los años 2005 al 2007. "Ese fue el precio del delito", agregó.
También se refirió a los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Teodolindo y a las declaraciones del ex congresista en el proceso, como "una pirámide de mentiras".
A su juicio, las explicaciones dadas por Avendaño para ausentarse del Congreso en el momento de la votación para atender el accidente automovilístico que sufrió uno de sus hijos no son ciertas al establecer que el conductor no sufrió ninguna lesión, el siniestro ocurrió cinco días antes de la votación en el Congreso y el vehículo estaba asegurado.
"El acusado quiere que la honorable Corte crea que era muy importante su presencia en Cali para arreglar el transporte en taxi de su nuera, quien era propietaria del carro accidentado, pedía que la indemnizaran mientras el vehículo salía del taller. La versión de la calamidad doméstica y la inmensa angustia de la que habla el defensor caen de su base", dijo a los magistrados.
Para el procurador González resulta extraño que a pesar de la angustia que tuvo por el accidente de su hijo, Teodolindo viajó a la ciudad de Armenia, llegó primero a su casa en Caicedonia (Valle) y tres días después arribó a Cali para atender el asunto.
"Ni una sola vez llamó a su hijo para estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos".
El representante del Ministerio Público tampoco cree que un político "avezado" como el fallecido representante a la Cámara Roberto Camacho le dijera a Teodolindo que saliera inmediatamente a atender a su familia en momentos en que la reelección en la Comisión Primera de la Cámara estaba comprometida.
Frente a las explicaciones dadas por el ex congresista para justificar el dinero que recibió como un préstamo de Yidis Medina para financiar su campaña política al Congreso en el 2006, el Procurador le dijo a los magistrados que hay que tener en cuenta que Yidis no tenía capacidad económica para prestar 200 millones de pesos y que a ella no le interesaba apoyar una candidatura del Valle del Cauca si no era una región de su influencia.
"¿Será que Yidis iba a pedirle a un hombre que no era joven, con mujer e hijos, tamaña suma sin un sólo documentos que respaldara la deuda y sin intereses? ¿Será que le iba a prestar porque sí a un hombre de 73 años y con herederos?", se preguntó el representante del Ministerio Público en su intervención.
Para el procurador, las anotaciones encontradas en varias agendas en la que tenía una relación de varias notarías y el ingreso mensual que producían, el nombre de Luis
Camilo O¿meara con su número de cédula y de teléfono, y las llamadas que recibió de su celular del entre los años 2006 y 2008, son prueba suficiente para determinar que si se negoció la Notaría 67.
También le dio credibilidad al testimonio de Nelly Magda Núñez Rodríguez, la empleada de servicio de la Notaría 67, quien aseguró en el juicio haber visto varias veces a Teodolindo en ese despacho entrevistándose con el notario O'meara. "Lo que dice ella está apoyado con otras pruebas, como las consignaciones que ella misma hizo", señaló el procurador González.
De otro lado, dijo que la llamada interceptada por las autoridades a Gilberto Avendaño, uno de los hijos del ex congresista, en la que imparte instrucciones para ocultar pruebas, establece que el pagaré que firmó su padre para respaldar la deuda por la Notaría si existe.
Finalmente dijo que en lo referente a los altos funcionarios del Gobierno que participaron en los hechos, de acuerdo con lo declarado por Yidis Medina, eso lo debe definir la Fiscalía.
El concepto es un campanazo para los funcionarios del Gobierno que están investigados disciplinariamente porque supuestamente participaron en la entrega de la Notaría 67 a Teodolindo.
Durante la audiencia, el abogado de Teodolindo Avendaño, Pablo Salah, renunció a la representación del político. Sin embargo, la Corte le aclaró que hasta que Avendaño no consiga otro abogado, no podrá dejar el caso.
Salah, como argumento para renunciar, aduce que no tiene garantías para ejercer la defensa de Teodolindo.
Publicado en
www.eltiempo.com
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