Secuestro de concejales: ¿nuevo botín de guerra?

Luís Amger Murguía

“Los concejales son matables y no canjeables”, argumentó hace unos meses un guerrillero desmovilizado durante una audiencia en la que estaba presente Fabio Estrada, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon.

Pese a la contundencia de la frase, la realidad en torno a la importancia política que las Farc le atribuyen a los legisladores locales parece que sufrió un cambio abrupto en las últimas semanas. Al menos así se desprende de las recientes acciones criminales en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, convirtieron en objetivo a los concejales de los 1.100 municipios del país.

La más reciente prueba de ese viraje se ratificó durante el fin de semana tras la desaparición de Marcos Baquero, presidente del Concejo de San José del Guaviare. El presunto plagio del edil se produjo durante un ataque del frente séptimo de las Farc a la comitiva del alcalde de esa localidad y en la que iba el concejal. En el acto resultó herido un diputado.

De confirmarse el secuestro de Baquero, se convertiría en el segundo concejal plagiado por las Farc en menos de un mes y los únicos en poder de esa guerrilla. El primer caso se produjo el pasado 29 de mayo en una cinematográfica incursión de diez guerrilleros a la sede de la alcaldía de Garzón, Huila, donde además operan el Palacio de Justicia y el Concejo. El saldo de ese atentado criminal que comparan con el secuestro de los doce diputados del Valle, fueron cuatro muertos y el plagio del edil conservador Armando Acuña. Al parecer, el objetivo de los insurgentes era raptar a los 15 legisladores del municipio.

No cabe duda que ambos hechos representan un duro golpe a las entrañas de la Seguridad Democrática. Prueba de ello es que posterior a los hechos en Huila, el propio presidente Álvaro Uribe dijo durante un acto público que “el rescate del concejal es una razón de honor”. Y no mentía. La molestia de Uribe tenía motivos de peso. Primero, porque justo en ese municipio el Ejército cuenta con dos bases militares a menos de cinco kilómetros del casco urbano. Y segundo porque Huila es históricamente el departamento más golpeado por los insurgentes. En 2001 las Farc, en especial la columna Teófilo Forero, secuestraron a 20 personas en esa región, entre ellos tres congresistas.

Blanco fácil

Pero ahora que se develó el macabro propósito de la guerrilla contra los legisladores locales, muchos se preguntan si estamos ad portas de una nueva estrategia de guerra, cuyo insumo serán los cabildantes, y con ellos insistir en el canje humanitario de civiles por guerrilleros presos. Tampoco se puede perder de vista que los concejales son el primer eslabón dentro de la pirámide para el manejo y control del potencial electoral que brindan las regiones.

También hay que recordar que tras las recientes liberaciones unilaterales, las Farc ya no tenían a civiles como rehenes políticos y la lista se redujo a 22 uniformados a la espera de un intercambio.

Para el politólogo Rafael Nieto, lo único claro por ahora es “que las Farc no han abandonado el secuestro de civiles con fines políticos”. Sin embargo, hay quienes creen que existen razones de peso para pensar en una nueva arremetida, no por el valor político de los concejales, sino por su vulnerabilidad. “Los ediles son un blanco fácil, pues más del 90% viven en municipios apartados”, explicó el director ejecutivo de Fenacon.

De hecho, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en Colombia hay 12.600 ediles, de los cuales 2.000 se encuentran amenazados y por lo menos 1.442 bajo medidas de protección del Estado, que se resumen en un auxilio para transporte, un Avantel y en algunos casos un chaleco antibalas.

En los últimos diez años en el país fueron asesinados 432 concejales, este año van cinco casos. La guerrilla aparece como ejecutor del 58% del total de esos crímenes. Históricamente, Antioquia con 27 casos, Huila y Tolima con 21, Valle con 19 y Caquetá con 18 crímenes, son las más golpeadas. “En medio de este conflicto la cuerda siempre se revienta por la hebra más delgada”, manifestó Martha Cortés, concejala presidenta de Fenacon, en Caquetá, una de las regiones más golpeada por la guerrilla.

El crimen más reciente contra ediles sucedió hace dos semanas en El Banco, Magdalena, donde sicarios acribillaron a Luis Evelio Quintanilla. Pero eso no es todo. Valle, con 517 concejales tiene al 10% de ellos amenazados por la guerrilla o bandas criminales como Los Rastrojos.

Incluso en Tuluá, en el Valle, el concejal Saúl Vela sesiona desde la clandestinidad por Internet, después de ser objeto de un atentado en contra de su vida, el año pasado. “Él tiene un correo electrónico a través del cual vota o interviene en los sesiones”, dijo Orlando Gallego, concejal que también amenazado este año.

Lo que muestra la tendencia de las Farc frente a los ediles ha sido el que las autoridades llaman “plan pistola”, práctica que hizo carrera en Huila y Caquetá, dos de las regiones azotadas.

Si en el Valle llueve, en Cauca no escampa. Según Mauricio Medina, presidente de Fenacon en esa región, la Farc no cesa sus hostilidades contra los legisladores municipales, “Hoy tenemos a 40 concejales intimidados y muchos a través de panfletos”, dijo tras precisar que la gran dificultad para protegerlos es que el 80% de los 517 legisladores de Cauca viven en la zona rural.

Ante semejante panorama, José Silva, concejal de Garzón, Huila, quien se salvó de ser plagiado por las Farc durante la incursión de mayo pasado, no duda en afirmar que “entre el secuestro o que nos sigan matando, preferimos lo primero”.



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