Calma chicha
La campaña electoral en el sur del Cesar se libra en medio de una nueva guerra por el negocio de la droga proveniente del Catatumbo y el sur de Bolívar.
Amedia mañana, como si fuera una película, ocurre una escena frenética en la plaza central de Aguachica: llegan raudas dos camionetas con vidrios oscuros. De ellas baja un grupo de hombres armados y una mujer a la que protegen. Se trata de la alcaldesa Luz Irina Pérez, quien llega a trabajar a las 10 de la mañana. Su ingreso parece más el operativo de rescate de un secuestrado que el inicio de la jornada laboral de un funcionario.

Los habitantes de este pueblo, a quienes llaman morrocoyeros, ven la escena desde hace más de un año. Y ahora se repite con la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, sin importar los más de 35 grados de temperatura, se confunden con las coloridas vallas de las campañas y las melodías que los cantantes vallenatos han compuesto por encargo de los políticos y que retumban a toda hora en las puertas de las sedes de las campañas y en los carros que recorren todo el municipio.

Ese ambiente festivo se frenó, pero no del todo, en plena fiesta del cumpleaños de Aguachica, cuando asesinaron al líder político Anuar Yaver Cortés. El pleno de la dirigencia liberal, partido al que pertenecía Yaver, anunció que retiraría a todos sus candidatos, y José Luis Urón, el presidente del directorio departamental, recordó que desde junio está denunciando un plan para asesinar a los dirigentes liberales en el departamento. "Pero faltó un muerto para que miraran al Cesar", dijo. Abandonaron la idea de retirarse luego de que el gobierno les ofreció mayor seguridad.

Paradójicamente, la situación de zozobra hoy tiene unidos a liberales y conservadores, que por años tuvieron enconadas diferencias políticas, pero que ahora lucen como minoría frente a las nuevas fuerzas políticas en el departamento. Son los únicos que admiten las amenazas y los seguimientos, en contraste con los candidatos de otros grupos políticos que aseguran que no hay riesgo ni amenazas, como lo han reiterado en diferentes reuniones. Según el registrador municipal, Pablo Gómez, desde comienzo de año han realizado seis comités de seguimiento electoral y en ninguno de ellos se escucharon voces intimidadas. Él asegura que "no es miedo sino prevención originada en la historia de violencia del pueblo".

Este optimismo desconoce la realidad en la que ha vivido la región en los últimos años. Aguachica es el eje de la violencia en el sur del Cesar. Fue el municipio donde se encontraron el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte de las autodefensas y decidieron mandar ambos. Así era en las elecciones de los últimos 10 años, cuando los políticos debían tener la venia de estos grupos armados para participar y, una vez elegidos, estaban obligados a rendir cuentas.

La guerra de hoy en el sur del Cesar tiene una razón: se rompió el acuerdo que durante años mantuvieron los líderes del Bloque Norte y el BCB para el manejo de la droga que proviene del sur de Bolívar y del Catatumbo. Luego de la desmovilización, los mellizos Mejía Múnera se quedaron con la parte que controlaba el Bloque Norte de 'Jorge 40'. Al parecer, eso no le cayó muy bien al BCB, liderado por alias 'Macaco', y después de intentos de acuerdo, la guerra se declaró. En el centro quedó Aguachica. El personero, David Ramos, asegura que los muertos por esos días, entre marzo y junio, llegaron a 60. Hubo días en que se contaron hasta siete.

Con la campaña electoral todo pareciera indicar que la guerra de narcos está asomando su cabeza en la política.

Días antes de su crimen, Yaver Cortés le reclamó a un noticiero de Radio Guatapurí, por difundir una información según la cual su precandidatura liberal a la Alcaldía era apoyada por las Águilas Negras. "Con esta información ustedes me están poniendo una lápida en el pecho", dijo Yaver en ese momento. Hoy muchos dicen que la sentencia se cumplió. Las autoridades militares de la zona se apartan de esa hipótesis y dicen que al parecer el atentado no iba contra el dirigente liberal, sino contra su acompañante.

No hay claridad aún sobre el crimen. Mientras tanto, el pasado jueves la candidata a la Asamblea de Cesar por el Partido Conservador, Jacqueline Galván Lobo, por poco es asesinada en una calle llena de gente en Aguachica. Mientras compraba un obsequio, unos hombres en una motocicleta intentaron infructuosamente alcanzarla con sus armas. Unos vecinos le avisaron y la salvaron.

Es un ataque más contra los conservadores. El candidato a la Alcaldía por ese partido, Alfredo Vega, denunció ante el gobierno que varios hombres lo perseguían para matarlo. "Hay una orden de asesinar políticos morrocoyeros", dijo recientemente, frente a varias autoridades nacionales, en el lanzamiento del programa del Gobierno Voto Limpio. Hoy hace parte del programa de protección del Ministerio del Interior y hace su campaña protegido por seis escoltas. Según dijo Vega a Votebien, quienes intentan matarlo son actores políticos."Hay candidatos que hacen alianzas con el diablo y el demonio para poder hacerse con el poder".

Otro de los candidatos, que pidió que se omitiera su nombre, asegura que "se recrudeció la violencia de manera tenebrosa. Hasta ahora, se estaban matando sólo entre ellos". Pero con el crimen de Yaver Cortés cambió el panorama y parece que metió la guerra de los grupos emergentes en el predio de los políticos. Antes de que comenzara la campaña electoral, la guerra había pasado de lado. Incluso, el debate pintaba más político y apasionado, como suelen defender sus ideas los dirigentes de esta zona del país. De ahí que estén inscritos siete candidatos a la Alcaldía y 140 al Concejo.

La pregunta es ¿por qué la guerra de los narcos se metió con la política? "Las campañas son más bien empresas electorales. No es una puja de ideas sino de financiación", asegura Moisés Álvarez, coordinador del núcleo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Para el registrador municipal, por lo menos hay garantías electorales. Pero eso no es suficiente. Las medidas de seguridad van más allá de los chalecos blindados e implican el control de las actividades de los narcotraficantes. Los aspirantes y los ciudadanos tienen derecho a una campaña con garantías de seguridad y en la que se pueda hacer proselitismo a partir de las ideas.