Tiempos de crisis en el partido de La U

Tiempos de crisis en el partido de La U por los avales otorgados a candidatos sospechosos
El principal bastión del gobierno en el Congreso está en crisis por los avales de Carlos García, su presidente, a candidatos inhabilitados o señalados de tener vínculos con los paramilitares. ¿Quiénes son esos aspirantes que están bajo la lupa?
Por Élber Gutiérrez Roa
Decir que el Partido de la U está dividido o en crisis no parece novedoso. Desde su gestación misma como colectivo salieron a flote las tremendas diferencias entre los sectores políticos que lo integran y analistas de todas las tendencias advirtieron sobre los riesgos de meter en un mismo saco a dirigentes con tan profundas diferencias conceptuales en torno a la política. Nada tenían en común, se dijo entonces, los viejos caciques con los sectores renovadores, ni los denunciantes de la infiltración paramilitar con los señalados de beneficiarse de ella, ni los defensores del uribismo por convicción con quienes llegaron en paracaídas a la bancada.

Cada nueva tormenta en el partido insignia del presidente Álvaro Uribe parece ser definitiva. Desde las peleas de Juan Manuel Santos, en sus épocas de coordinador de la bancada, con congresistas reacios a obedecer sus instrucciones, como Zulema Jattin. O desde la asamblea del 25 de noviembre de 2006, en la que el senador Carlos García se hizo a la presidencia del partido con el apoyo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez y en contra del de Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Se dijo entonces que el partido podría sobrevivir pese al cisma, pero no de por vida.

La nueva pelea parece ser ese momento definitivo. No se trata ya de un grupo disidente acusando a las directivas de burlar el reglamento e imponer presidente. El Consejo Electoral ya le dio el aval a dicha elección y, aunque la división persiste, hasta el bando perdedor reconoce que se equivocó por falta de manejo de eso que los congresistas de vieja data llaman “la mecánica política”.

En esta ocasión lo que está en juego es la razón de ser misma del partido, que por un lado se inclina por el pragmatismo electoral y por el otro privilegia los criterios éticos antes que los votos.

Según el grupo de los “disidentes”, García está abusando de su poder y violando los estatutos para conceder avales a personas salpicadas por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política. García sostiene que mientras no le demuestren que las personas señaladas tienen condena judicial, no está obligado a excluirlas de los listados de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

Según la senadora Parody, no se puede permitir que un partido que se autoproclama como la nueva opción política siga reivindicando relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su molestia se debe al aval concedido por García a la candidatura de Alfonso López Cossio para la gobernación de Bolívar. López Cossio fue llamado a declarar por la Corte en el proceso por la parapolítica para que explique por qué asistió a una reunión con las AUC del sur de Bolívar, en 2004. Parody también señala a López Cossio de ser aliado de Carlos Alfonso López, hijo de Enilse López, ‘La Gata’, polémica empresaria del chance a quien la Fiscalía puso en prisión por enriquecimiento ilícito.

Pero los avales controversiales de García no terminan ahí. También le dio vía libre a la candidatura de Jorge (‘Tuto’) Barraza Farak a la gobernación de Sucre. La reacción no se hizo esperar. Desde dentro y fuera del partido hubo cuestionamientos al candidato y a quien le permitió la inscripción. Incluso dirigentes como Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Congreso, enviaron cartas al propio García para deplorar el aval a Barraza. En la misiva de Guerra, fechada el 13 de agosto, se hace énfasis en que Barraza fue suplente del senador Álvaro García Romero, hoy llamado a juicio como determinador de la masacre de Macayepo (Bolívar) y por sus nexos con las autodefensas.
Otro apoyo cuestionado es el brindado a Reynaldo Mora Valderrama para la alcaldía de Astrea, Cesar. El candidato es padre de Reynaldo Mora Crespo, reinsertado del Bloque Norte de las AUC.

A García le asiste razón cuando dice que sus candidatos no han sido condenados y que las responsabilidades penales son individuales. Lo que no le queda bien es salir a decir que sus contradictores “ante la falta de ideas” le montaron una persecución.

El tema de los avales debe ser preocupación principal para los presidentes de los partidos. En el caso del liberalismo, por ejemplo, el ex presidente César Gaviria adoptó una medida especial y ha vetado candidaturas de personas con supuestos nexos con paramilitares, incluso si dichos nexos no han sido causa de condena judicial. Gaviria ejerció su derecho al veto y decidió prevenir en vez de curar. García, parece preferir el riesgo derivado de su pragmatismo.

Como si fuera poco con la tormenta por la parapolítica, García también debe resolver el futuro de 25 candidatos avalados por el Partido de La U que figuran en el listado de inhabilitados de la Procuraduría. Entre ellos figuran tres candidatos a alcaldías (Hemel de Jesús Leal, José Fernando Suárez y Hernando Suárez), 15 aspirantes a Concejos y siete a ediles.

Los candidatos cuestionados para Concejos son Edwin Fernando Villegas, Fabricio Torres, Gilman Maldonado Grajales, Jesús Aurelio Díaz, Jhony Castaño, Jorge Antonio Villegas, Jorge Enrique Solano, Jorge Luis Castillo, José Favier Ortiz, Luis Eduardo Jurado, Miguel Darío Calderón, Óber Antonio Benítez, Olivo Ariza, Pedro Jacob Pacheco y Víctor Jesús Arévalo. Los que buscan llegar a ediles, Alain Flórez, Carlos Arturo Zapata, Luis Guillermo Cardona, Óscar Antonio Torres, Pedro Ignacio Toro, Yesid Dávila y Sergio Iván Gallego. Casi todos tienen inhabilidad por sentencia condenatoria por delito doloso.

No la tiene fácil el presidente de La U, quien por ahora se da el lujo de imponer candidatos pese a las advertencias de las autoridades y sus compañeros de bancada. Su apuesta es muy arriesgada. No sólo se arriesga a perder las elecciones con candidatos cuestionados sino que, aun ganando, se expone al escenario de demandas futuras contra las credenciales de los inhabilitados o de los escándalos contra los que hayan tenido vínculos con las AUC.