La lista negra de las Auc en Barranca

Viernes, 19 de Diciembre de 2008 10:25
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.

En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.

En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.

Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.

Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.

Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.

A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.

Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.

La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.

En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.

Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.

En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.

Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.

De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.

Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.

Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.

Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.

“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.

Negó amenazas…

El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.

Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.

A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.

Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.

La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.



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