Álvaro Uribe hasta hace poco tiempo había sido considerado un iluminado político. Con su cara de seminarista, su hablado lleno de diminutivos y su empaque de auténtico paisa, se ha ganado un puesto único en el corazón de los colombianos. Esa habilidad de ser cercano al pueblo lo ha convertido en el Presidente más popular de los últimos 50 años. Y la combinación de paternalismo, microgerencia y mano dura hicieron de él un fenómeno poco común: un Presidente tan querido por el pueblo como por la clase dirigente.
Pero todo eso ha venido cambiando gradualmente en los últimos días. La prolongada ambigüedad sobre su reelección ha disminuido el entusiasmo por la misma. Por otra parte, el desgaste que produce el ejercicio del poder durante ocho años comienza a hacer mella.
Uribe es todavía un Presidente muy popular, pero por lo menos la clase dirigente ya no lo ve como un genio político. Colombia ha sido tradicionalmente un país de instituciones, lo cual es considerado por la opinión calificada como un patrimonio nacional. La elite económica, política e intelectual rechaza el caudillismo, tan común en la mayoría de los países del continente. El concepto del hombre fuerte o providencial no ha tenido arraigo en el país. Para su primera reelección, el Presidente había logrado neutralizar este sentimiento anticaudillista con sus triunfos contra la guerrilla. A esto se sumaba el argumento generalizado de que un período único de cuatro años era demasiado corto y por lo tanto valía la pena una reforma constitucional que solucionara el problema.
Estas consideraciones no son válidas en lo que se refiere a la segunda reelección. La experiencia de los sistemas presidencialistas han demostrado que ocho años es un período de gobierno más adecuado que 12. Reformar la Constitución por segunda vez con nombre propio carece de todo sentido en términos institucionales. Su única justificación sería la del hombre providencial, con lo cual se estarían invocando factores emocionales del líder y de las masas, consideraciones totalmente ajenas a un Estado desarrollado contemporáneo. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno.
Hasta la semana pasada se podía argumentar que todos estos arrebatos reeleccionistas eran el producto de una corte de áulicos que auténticamente creían que Álvaro Uribe era un hombre irreemplazable para la Nación. El Presidente se hacía el desentendido, pero se esperaba que su realismo y su sentido de autocrítica no estuvieran comprometidos en esa aventura. Con la declaración del Ministro del Interior y de Justicia la semana pasada de que al gobierno le gustaba el referendo, esa esperanza se desvaneció.
Y también se desvaneció la majestad de la Presidencia por la forma como se sacó a la brava el decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso para volver realidad esa reelección. Siempre se había pensado que por simples razones de pudor político el Presidente no permitiría que se convocara a sesiones extraordinarias solamente para perpetuarse en el poder. El hecho de que se hiciera dejó en evidencia que la ambigüedad de Uribe sobre el tema no obedecía a una estrategia de gobernabilidad, transitoria como se había especulado, sino a un interés concreto de aferrarse al cargo.
Ese destape se hizo de una forma lamentable. Una reforma constitucional de esa envergadura debería ser objeto de un tratamiento digno de su estatura. Lo que se vio la semana pasada fue más el producto de una aprobación a pupitrazo por parte de unas mayorías autoritarias que de un consenso nacional. La pretensión de que el referendo era un acto de iniciativa popular hecho a las espaldas del Presidente quedó borrada. El referendo de Luis Guillermo Giraldo quedó convertido en el referendo del gobierno. Seis ministros estuvieron presentes en el Congreso respaldando la iniciativa. Se ubicaron como guardia pretoriana alrededor del presidente de la Cámara para controlar todas sus palabras y sus movimientos. Una asesora del secretario General de Presidencia, lista en mano, tomaba nota de los parlamentarios presentes. "Está aquí para contarle al doctor Bernardo Moreno si hemos votado o no para que de pronto el gobierno tome represalias contra nosotros", denunció un congresista. Y otras dos asesoras se ubicaron en la puerta para evitar que se escapara cualquier voto clave. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que comenzó como la voluntad del constituyente primario, acabó convertida en un gol de la mayoría uribista en el Congreso arriada por el gobierno.
Lo sorprendente de todo este proceso es que tendría más sentido si la segunda reelección de Álvaro Uribe estuviera asegurada. Pero no lo está. Hasta ahora lo único que ha sucedido es que de los cuatro debates requeridos para darle vida al referendo, se aprobaron dos, los de la Cámara de Representantes. De ahí en adelante falta la aprobación en otros dos debates del Senado, uno en la comisión primera y otro en la plenaria. Además de eso, la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que todos los trámites del proceso, incluida la financiación, se ajustan a la ley. Después de esto se requiere el aval jurídico de la Corte Constitucional. Y, como si fuera poco, luego hay que conseguir que 7,3 millones de colombianos voten para que Uribe tenga el derecho de presentarse a una segunda reelección.
Cada una de las anteriores etapas tiene obstáculos propios. La aprobación en los dos debates que faltan en el Senado será más difícil de obtener de lo que fue en la Cámara. En privado, la mayoría de los senadores de la coalición que apoyan la reelección en público, ya no cree en esta. Por otra parte, el certificado de pureza en el proceso del referendo que debe dar el Consejo Nacional Electoral no se ve nada fácil si se tiene en cuenta la falta de claridad en las cuentas. El magistrado encargado del caso ha detectado de manera preliminar triangulación en la contabilidad y poco respeto por los topes exigidos por la ley.
En la Corte Constitucional la situación no es menos complicada. Cada vez que un actual o futuro miembro expresa su apoyo a la Constitución de 1991 está implícitamente dejando claro que se opone a un tercer período de Álvaro Uribe. Y hasta ahora son pocos los magistrados que no han enviado este mensaje. Si bien el gobierno puede incidir en las decisiones de la Corte, su campo de acción es limitado frente al que tiene en el Congreso. La Corte sin duda tendrá magistrados uribistas, pero estos son conscientes de que la independencia de este organismo y el prestigio como jurista de cada uno de ellos dependerán de la forma como se defina ese asunto.
Además, para que la Corte le dé luz verde a la segunda reelección de Uribe tendría que cambiar la jurisprudencia de ese mismo organismo, según la cual para resguardar el equilibrio de poderes, sólo podría haber una reelección inmediata.
Y si se llega a esta penúltima etapa, queda el obstáculo de los 7.300.000 votos que hay que producir. No es evidente que haya ese número de uribistas dispuestos a salir a la calle ese día. Tal vez ayude un hecho hasta ahora no tenido en cuenta por la opinión y es que se está pensando en hacer coincidir el referendo de la reelección con los otros dos referendos que están sobre el tapete -el de la cadena perpetua para quienes abusen de los niños y el del derecho al agua potable-. Empaquetado con dos causas tan populares, el de la reelección podría lograr una mayor participación.
A todo lo anterior se suma el problema de 2014. Ni a las 4.300.000 personas que firmaron a favor del referendo, ni al propio Uribe, les interesa que éste se retire del poder en 2010 y que deje una puerta abierta, por si el país lo necesita en el futuro. Sin embargo, el texto del referendo quedó mal escrito y no es seguro que ese error pueda ser corregido. El gobierno va a tratar en los dos debates que se avecinan en el Senado de cambiar la fecha por la de 2010. Pero ese intento ya lo hizo en la Cámara y fracasó. Como la mayoría de los parlamentarios uribistas en el fondo ya no cree en la segunda reelección, la forma de quedar bien con Dios y con el diablo es apoyar el texto original que fue presentado para las firmas. Con esa fórmula se puede argumentar que si bien pudo haber sido un error, legalmente no se puede modificar lo que quedó aprobado. Y esa disculpa santanderista para atajar la reelección puede ser invocada no sólo por el Congreso sino también por la Corte Constitucional, varios de cuyos miembros tienen las mismas reservas de los parlamentarios uribistas.
La realidad es que el referendo está siendo tramitado a la brava y que buena parte de quienes lo está apoyando en el Congreso y en la Corte lo están haciendo más por razones de lealtad que de convicción. Y ese mismo escepticismo se extiende no sólo a los gremios económicos, sino a varios de los más importantes funcionarios de este gobierno. Personajes como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes de dientes para afuera tienen que profesar su apoyo al tercer período, para sus adentros ruegan que la iniciativa fracase lo más pronto posible para lanzar sus candidaturas.
En la opinión pública la tendencia tampoco es muy favorable. Según la última encuesta de Gallup, el número de personas que quiere que el primer mandatario se pueda presentar de nuevo a las elecciones en 2010 ha disminuido significativamente. En sólo cuatro meses ha caído 14 puntos el porcentaje de los que están de acuerdo con la reelección. Pasaron del 69 por ciento en el Gallup Poll de agosto al 55 por ciento en el del viernes pasado (ver gráficas).
Como todas las consideraciones anteriores son evidentes, la insistencia de seguir adelante con el referendo deja la impresión de que el presidente Álvaro Uribe está un poco desfasado frente a realidades políticas y económicas que han surgido en 2008. Su popularidad es todavía muy grande, pero la clase dirigente ya quiere un relevo. Es verdad que se puede ganar una elección con el apoyo de las masas y el escepticismo de la clase dirigente. Pero esto no sería un comienzo fresco ni un buen augurio para la gobernabilidad de ahí en adelante.
Y no hay que descartar del todo que pueda suceder lo impensable: que después de una fuerte recesión en 2009 y en medio de unas circunstancias económicas adversas, el hombre providencial sea derrotado en las urnas. Le sucedió a Churchill inmediatamente después de haberle ganado la guerra a Hitler. Y le sucedió a Enrique Peñalosa en Colombia este año. Ninguno de estos desenlaces sería una buena forma de cerrar con broche de oro una de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.
Publicado en
www.semana.com
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