El Dueño de Medellín

El terror, mecanismo de dominación de "don Berna"
Así fue como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, el narcoparamilitar que ahora está frente a un juez de Justicia y Paz, impuso su reinado de miedo
Por Instituto Popular de Capacitación
Ni a "don Berna" le tembló la voz para decidir el sometimiento a sangre y fuego de bandas, combos, milicias y otros paramilitares, ni a los hombres bajo su mando les faltaron arrestos para retener, torturar, desterrar, descuartizar o desaparecer a todos aquellos sobre los que se tuviera la más mínima sospecha de su relación con las milicias de la subversión o se opusiera a las órdenes de su "patrón".

El terror fue impuesto como mecanismo de dominación por los hombres de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderados por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "don Berna" o "Adolfo Paz", para alcanzar la hegemonía armada en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño entre los años 2001 y 2005.

A través de la subordinación de combos y bandas barriales, el pago por servicios a la delincuencia organizada y la conformación de grupos contrainsurgentes, todo coordinado por la llamada “Oficina de Envigado”, alias “don Berna” consolidó su proyecto paramilitar para luchar contra las milicias de la subversión y todo aquello que “oliera” a izquierda, así como atacar toda institución, dependencia u organismo que intentara oponerse a su “proyecto” militar, social y político, e investigarlo como narcotraficante, razón por la cual está solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

Sus efectos han sido tan duraderos y su presencia en los barrios aún hoy tan permanente que decenas de familiares de las víctimas que dejaron las acciones de estos bloques tomaron la decisión de no asistir a las audiencias de versión libre que, a partir de ese lunes, comenzará a rendir en Medellín alias “don Berna” ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Los efectos

Versiones recogidas por fiscales especializados de Medellín entre algunos reinsertados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, muestran cómo, desde finales del año 2002, los paramilitares en la comuna 13 sacaron de sus casas y lugares de trabajo a decenas de personas sobre las que había sospechas de integrar, auxiliar o simpatizar con las guerrillas, que tuvieron presencia en esa populosa zona de la ciudad durante la década del 90.

“En la comuna 13 el medio de desaparición que utilizábamos era la fosa. A la gente la picábamos con machetes o cuchillos”, narra Jorge*, un desmovilizado del bloque Héroes de Granada, quien antes de estar en este grupo integró el bloque Cacique Nutibara y participó en la recuperación de los barrios de esa comuna durante una operación paralela a la Operación Orión, que adelantó la fuerza pública en esa zona en octubre de 2002.

Una de esas víctimas fue identificada como Oscar Alexander Morales Tangarife, un joven de 22 años de edad habitante del barrio 20 de Julio, quien fue retenido por paramilitares el 29 de noviembre de 2002. Su cuerpo fue hallado el 31 de julio de 2003 en una fosa común en la finca Bellavista, corregimiento San Cristóbal.

Según la ficha realizada en el momento de la exhumación por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, “se observan restos óseos esparcidos en toda la fosa, con amputación de piernas y cráneo”.

Por relatos de un reinsertado se conoció que alias “el calvo”, quien comandó la unidad de contraguerrilla del bloque Cacique Nutibara en la comuna 13 durante los años 2002 y 2003, tenía especial predilección por el descuartizamiento de las víctimas: “él operó en todas las zonas, las comunas 7, 13 y la Nororiental, también en el Oriente antioqueño. Él entró al Cacique Nutibara en el 2001, al barrio Castilla. En un 50% era el descuartizador, lo hacía con cuchillo. Él era el comandante y le gustaba, era poco lo que le dejaba a sus hombres”.

De acuerdo con la versión de otro desmovilizado dada a la Fiscalía en Medellín, la orden que tenían tras capturar a alguna persona que calificara como miliciana de la subversión o auxiliadora “era cogerla, y si daba información se dejaba en la organización y si no se mandaba matar. Esa orden venía de los altos mandos, de los Castaño, y en el Cacique del comandante Adolfo Paz. Y la orden era seguir con la misma política de las desapariciones”.

Una de ellas fue la de un menor de 13 años, también habitante del barrio 20 de Julio, ocurrida el 30 de noviembre de 2002. Su madre, Elvira*, contó lo ocurrido: “Un día nosotros nos fuimos para el centro como a las tres de la tarde y cuando llegamos como a las siete a él ya se lo habían llevado. Los vecinos nos contaron que eran tres hombres, que eran paramilitares y que buscaban armas dentro de la casa que porque a ellos les habían dicho que él las guardaba”.

Su cuerpo fue hallado el 31 de julio 2003 en una fosa común cerca de la Oscar Alexander Morales Tangarife. La descripción realizada durante la exhumación dice: “observamos restos óseos, en avanzado estado de descomposición y presencia de tejido blando, estos restos esparcidos en toda la fosa, con cráneo fracturado y cortadas sus extremidades inferiores sobre la base del fémur”.

Sin casas ni negocios

Además de estas atrocidades, las comunidades de diversas barriadas de Medellín, tanto en las laderas occidentales como orientales, tuvieron que soportar la pérdida de sus casas y negocios, y el destierro, medidas de fuerza impuestas por las Auc.

Ejemplo de ello es Alba*. En la noche del 6 de diciembre de 2002 su esposo fue sacado de su negocio y asesinado posteriormente. En abril de 2003, hombres de las Auc se apoderaron del negocio y la señora se tuvo que ir de la zona.

“Cada vez que les reclamaba para que me devolvieran mi negocio, me decían que no porque de ahí sacaron a un guerrillero. Supuestamente por eso mataron a mi esposo”, relató la señora.

La situación fue de tal magnitud que cuando las Auc nombraban un nuevo comandante barrial o zonal, le entregaban un inventario de las casas tomadas y la responsabilidad sobre los alquileres.

“Cuando uno recibe el cargo le entregan todo lo que estaba a cargo de la otra persona. A mí me entregaron, en tres barrios, 26 casas, por las cuales cobraba, mensualmente, unos cuatrocientos mil pesos”, le confesó un reinsertado a la Fiscalía en noviembre de 2005.

La excusa de los paramilitares siempre fue la misma: las propiedades eran de milicianos de la guerrilla, de sus auxiliadores o de sus simpatizantes. De estas acciones se tenían referencias judiciales por lo menos desde noviembre de 2003: “Ellos quitan las casas donde hallan vivido milicianos, las hacen desocupar. Uno iba y decía que la tenían que desocupar porque era orden del comandante”, explicó un desmovilizado.

En octubre del año pasado, la Corporación Democracia coordinó la devolución a sus dueños de 23 viviendas ubicadas en la comuna 13. Sin embargo, el problema aún persiste y en ello coinciden tanto la Alcaldía de Medellín como las propias comunidades, sin que sea claro ni el número de propiedades afectadas ni su ubicación.

Sobre las atrocidades

Al vincular a alias “don Berna” al proceso penal por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravad y desplazamiento forzado, la Fiscalía General de la Nación conceptuó en octubre de 2005 que éste “decide poner en funcionamiento una máquina de guerra – bloque Cacique Nutibara – y contrata peones del terror – comandantes y patrulleros – a quienes con división del trabajo los envía a hacer la guerra y a realizar crímenes de lesa humanidad como la desaparición. Empodera a algunos de ellos a quienes les da la calidad de comandantes de zona, pero no por esta división del trabajo podría decirse que Murillo Bejarano es absolutamente ajeno a este fenómeno de desapariciones y posteriores homicidios”.

En su defensa, estos mecanismos de terror fueron descritos por alias "don Berna" como “excesos” y para evitarlos jurídicamente diluyó su responsabilidad como comandante en sus hombres: “En una organización tan grande es inevitable que sucedan ciertas situaciones y, especialmente, en una organización irregular. Se dan casos en el Ejército o la Policía, donde hay mayor control, ahora a nosotros nos queda más difícil controlar cierto tipo de situaciones. Según nuestro manual de convivencia, no se puede inculpar a todo el grupo por las faltas que cometen algunos de sus miembros”.

En mayo de 2006, cuando la Fiscalía profiere medida de aseguramiento en su contra, establece que “sí existía una efectiva relación de mando y unas instrucciones concretas por parte de “don Berna” a los cabecillas y patrulleros de las autodefensas de la comuna 13 y zonas aledañas, y éste sabía lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo [...] por lo tanto le son atribuibles en su carácter de comandante”.

*Algunos nombres fueron cambiados y otros omitidos por razones de seguridad

Publicado en www.semana.com